La experiencia de Cuba demuestra que los principios y disposiciones consagrados en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales (UNDROP) pueden traducirse de manera concreta en políticas públicas, marcos jurídicos e iniciativas orientadas a garantizar y promover los derechos de las comunidades campesinas. El presente informe recoge los avances alcanzados y las principales iniciativas desarrolladas en este sentido, poniendo de relieve el compromiso del Estado y de los propios titulares de derechos con la promoción y protección de los derechos campesinos.

Esta experiencia constituye, asimismo, una referencia de interés para otros países y contextos. Demuestra que, incluso en condiciones de vulnerabilidad debida a una ofensiva imperialista continua, y frente a desafíos enormes debido a la guerra economica externa, es posible avanzar en la implementación de los derechos reconocidos en la UNDROP cuando existe voluntad política, un marco institucional favorable y una participación activa y movilización de las organizaciones y comunidades de base.

Más allá de sus particularidades nacionales, el caso cubano ofrece aprendizajes y elementos de inspiración para otros países que buscan fortalecer sus políticas públicas y marcos jurídicos en favor de los derechos de las personas que viven y trabajan en las zonas rurales.

A continuación, encontrará el informe completo:

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Tras la reciente aprobación de la «Ley para el Fortalecimiento y Protección del Sector Agroindustrial, Proyectos de Energía, Turismo, Ganadería y Pequeños Productores Agrícolas de Honduras», que promueve y protege los intereses del agronegocio, se han emitido 1.000 órdenes de desalojo contra comunidades campesinas. Esta ley agrava un contexto ya marcado por la violencia, la criminalización y la intimidación que sufren numerosos movimientos campesinos que luchan por su derecho histórico a la tierra, a la alimentación y a la soberanía alimentaria. Entre los hechos más graves se encuentra la masacre ocurrida el 21 de mayo de 2026 en la comunidad de Rigores, departamento de Colón, que dejó un saldo de 20 campesinos asesinados.

Defendiendo los Derechos Campesinos expresa su solidaridad con los pueblos y las comunidades de Honduras, en particular con las organizaciones campesinas, indígenas y afrodescendientes que actualmente enfrentan desalojos y otras formas de violencia. Asimismo, respaldamos las demandas de estas organizaciones para garantizar el acceso a la justicia en los ámbitos local, nacional e internacional, y hacemos un llamado a que se protejan y se respeten los derechos consagrados en la Declaracion de la ONU sobre los derechos de los campesinos y de otras personas que trabajan en zonas rurales.

Les invitamos a leer los comunicados elaborados por La Vía Campesina Honduras sobre estos recientes acontecimientos:

La Vía Campesina Honduras expresa enérgico rechazo frente a órdenes de desalojos masivos: https://viacampesina.org/es/la-via-campesina-honduras-expresa-energico-rechazo-frente-a-ordenes-de-desalojos-masivos/

La Vía Campesina Honduras denuncia masacre de campesinxs en la comunidad Colón: https://viacampesina.org/es/la-via-campesina-honduras-denuncia-masacre-de-campesinxs-en-la-comunidad-colon/

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Las protestas han logrado unificar a una impresionante coalición de organizaciones campesinas y de trabajadores rurales y urbanos. En el centro de esta movilización se encuentran poderosas organizaciones campesinas, como la Federación Tupac Katari, la Federación de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia «Bartolina Sisa» y la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), que se han movilizado en todo el país para resistir, hacer frente y exigir el respeto de sus derechos fundamentales.

La lucha actual demuestra la enorme fuerza política de las organizaciones campesinas en Bolivia. Las protestas no se limitan a la tierra o a los subsidios a los combustibles; representan un profundo rechazo a un modelo político y económico dominante que es percibido como una violación de los derechos del campesinado, de los principios de la soberanía alimentaria y como un factor de marginación de las comunidades rurales e indígenas.

Les invitamos a leer las siguientes tres declaraciones de solidaridad con la lucha del pueblo boliviano:

CLOC–La Vía Campesina
https://viacampesina.org/en/2026/06/bolivia-cloc-la-via-campesina-rejects-the-divisive-and-polarizing-actions-promoted-by-rodrigo-paz/

Federación Bartolina Sisa (organización boliviana miembro de La Vía Campesina)
https://viacampesina.org/en/2026/06/bolivia-the-bartolina-sisa-organization-reaffirms-unity-denounces-government-attempts-at-division-and-co-optation/

CETIM
https://www.cetim.ch/bolivia-solidarity-with-popular-struggles-for-food-sovereignty-and-social-justice/

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La decisión del gobierno de Sri Lanka de establecer plantas de energía solar en Hambantota ha provocado una fuerte reacción de sindicatos campesinos y grupos ambientalistas. Más de 1.000 acres de bosque (un hábitat crítico para elefantes y zona de biodiversidad) han sido talados para dar paso a la llamada iniciativa de energía verde liderada por 17 empresas solares. Más de 5.000 familias agricultoras en áreas como Mayurapura y Gonnooruwa enfrentan ahora un aumento del conflicto entre humanos y elefantes, lo que amenaza su seguridad, sus cultivos y su soberanía alimentaria.

Reproducimos un llamamiento de MONLAR en el que se solicita a sus aliados de la comunidad internacional que escriban al Presidente de Sri Lanka para denunciar esta medida y exigir la suspensión inmediata de las operaciones de desmonte en curso.

A los miembros de la comunidad internacional de la sociedad civil y del activismo

Les escribimos como el Movimiento por la Reforma Agraria y de la Tierra para llamar su atención urgente sobre una grave crisis de derechos humanos y ambiental que se está desarrollando en el distrito de Hambantota, en Sri Lanka, y que está siendo deliberadamente disfrazada como una iniciativa de energía “verde”.

Las comunidades agrícolas de Hambantota no son ajenas a la lucha. Pasaron meses protestando y defendiendo sus derechos para lograr la oficialización del corredor de elefantes, una protección legal histórica para las rutas ancestrales de los elefantes asiáticos en peligro y los medios de vida de las comunidades que comparten ese territorio. Tras esa misma victoria, 17 empresas solares han intervenido, despejando las tierras que esas comunidades lucharon por proteger. Su lucha está siendo borrada.

Esta no es la primera vez que la población de Hambantota enfrenta el despojo.

La región ya ha soportado el peso de la Iniciativa de la Franja y la Ruta, incluyendo el controvertido arrendamiento del Puerto de Hambantota y una urbanización agresiva que las comunidades rechazaron firmemente, lo que ha provocado desplazamientos forzados y proyectos de desarrollo impuestos sin transparencia ni consentimiento. La actual expansión solar sigue el mismo patrón: un desarrollo irregular que avanza en contra de la ley y de los derechos de las comunidades, con consecuencias tanto para las personas como para los animales.

Aunque se presenta como energía renovable, esta expansión solar masiva está devastando más de 1.000 acres de bosque dentro de la Reserva de Elefantes Gestionada de Hambantota (MER), utilizando maquinaria pesada y fuego intencional para despejar corredores críticos de vida silvestre, apropiándose “verde” de tierras que sostienen tanto a elefantes en peligro como a comunidades agrícolas locales.

El impacto

• Conflicto humano-elefante: Al bloquear corredores ancestrales de movimiento (como Sanakku Gala y Kapapu Wewa) con cercas eléctricas, el proyecto está empujando a los elefantes hacia las aldeas.
• Crisis de medios de vida: Más de 5.000 familias agricultoras en zonas como Mayurapura y Gonnooruwa enfrentan un aumento del conflicto entre humanos y elefantes, lo que pone en riesgo su seguridad, sus cultivos y su seguridad alimentaria.
• Fallos de gobernanza: Los informes indican que estos proyectos han eludido las Evaluaciones de Impacto Ambiental (EIA) obligatorias y han ignorado las protestas de las comunidades locales y de los conservacionistas.
• Acción climática contraproducente: Como señalan expertos locales, la tala y quema de bosques de zonas secas libera carbono almacenado y altera los patrones locales de lluvia, socavando los objetivos de reducción de emisiones que el proyecto solar afirma perseguir.

Una transición justa debe ser inclusiva, transparente y ecológicamente sostenible. Si la energía renovable se construye sobre las ruinas de la biodiversidad y el desplazamiento de las poblaciones rurales empobrecidas, reproduce la misma lógica extractiva de la era de los combustibles fósiles que pretende eliminar.

LLAMADO A LA SOLIDARIDAD INTERNACIONAL

Solicitamos a su organización que muestre solidaridad con las comunidades afectadas de Hambantota mediante el envío de una carta formal al Presidente de Sri Lanka. Su posicionamiento internacional puede ejercer la presión necesaria para:

1. La paralización inmediata de todas las actividades de desmonte dentro de la Reserva de Elefantes Gestionada.
2. El estricto cumplimiento de la ley, garantizando que se realicen y se hagan públicas Evaluaciones de Impacto Ambiental (EIA) completas y Evaluaciones de Impacto Arqueológico.
3. La priorización de la energía solar en techos y en tierras degradadas (como minas abandonadas), en lugar de bosques primarios y tierras agrícolas productivas, tal como recomiendan los defensores ambientales locales.

Nos honraría contar con su voz junto a la nuestra para exigir una transición que sea verdaderamente justa tanto para las personas como para el planeta.

En solidaridad,
EQUIPO MONLAR

La plantilla de correo electrónico que debe ser enviada por movimientos y organizaciones al Presidente de Sri Lanka puede encontrarse a continuación. Por favor, lea las instrucciones para completar la plantilla en la página 2 del documento:

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Desde su llegada al poder mediante un golpe de Estado en septiembre de 2022, el capitán Ibrahim Traoré ejerce la presidencia de Burkina Faso sin dejar a nadie indiferente: para algunos, encarna un giro histórico que marca una ruptura con el orden neocolonial y el inicio de una revolución panafricana popular; para otros, se trata de un nuevo golpe de fuerza despótico orquestado por un régimen militar. Este artículo intenta aportar una perspectiva original, a la luz de las correlaciones de fuerzas existentes, dando voz a los movimientos sociales burkineses —en particular a las y los campesinos.

Burkina Faso enfrenta desde hace años una situación de guerra, principalmente en el norte, bajo la amenaza yihadista, y desde 2022 sufre una presión internacional creciente, que se ha manifestado mediante regímenes de sanciones impuestos por Francia, el Banco Mundial, la Unión Europea y la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO). Heredero de un largo pasado colonial y de una deuda ilegítima, el gobierno de Traoré busca restaurar la soberanía nacional e inscribirse en una nueva dinámica panafricana.

Junto con sus socios de la Alianza de los Estados del Sahel —Malí y Níger—, el país cuestiona el franco CFA y contempla una moneda independiente o común, al tiempo que se desvincula progresivamente del FMI, del Banco Mundial y del BCEAO (Banco Central de los Estados de África Occidental). El rechazo a nuevos préstamos occidentales marca una voluntad de salir de la dependencia financiera.

En el plano económico, Burkina Faso ha emprendido una dinámica de nacionalización de sectores estratégicos. En 2023, el Estado retomó el control de las grandes minas de oro. Un nuevo código minero adoptado en 2024 refuerza la soberanía sobre los recursos, aumenta la participación estatal en las empresas mineras, impone la transformación local y crea una reserva estratégica de oro. En 2025, se inauguró un centro de tratamiento de residuos mineros.

La reconquista económica también abarca el sector agroalimentario, mediante nacionalizaciones e industrialización de fábricas en los ámbitos de la producción azucarera, la transformación láctea y la producción/transformación del tomate, un sector clave del país. A pesar de un contexto regional conflictivo, estas decisiones constituyen palancas esenciales para consolidar una soberanía real y reforzar la capacidad del Estado para financiar políticas sociales.

La palabra al campesinado

En Burkina Faso, el 80% de la población activa trabaja en la agricultura (alrededor del 32% del PIB nacional) y cerca del 90% de las explotaciones son familiares de menos de cinco hectáreas, lo que caracteriza la predominancia de una agricultura de subsistencia. Esto muestra hasta qué punto los pequeños productores de alimentos, campesinas/os, nómadas, ganaderos y comunidades de pescadores artesanales son actores centrales de la sociedad.

A la luz de esto, el gobierno lanzó su “Ofensiva agropastoral y pesquera 2023-2025”, con el objetivo de alcanzar la autosuficiencia y la soberanía alimentaria. En este marco, se han realizado numerosas inversiones: equipos agrícolas, infraestructuras de transformación local, apoyo a las cadenas de cereales, arroz y horticultura. Los resultados son palpables: la producción de tomate, arroz y maíz aumentó considerablemente entre 2022 y 2024 y, desde entonces, el éxodo rural ha disminuido¹.

Más allá de las cifras, impresiona el compromiso de las comunidades rurales. Durante mucho tiempo marginadas, constituyen el núcleo del nuevo proyecto de sociedad, ahora reconocidas como sujetos políticos del cambio. Dos líderes de base, el Sr. Alassane Nakande (figura clave de la Convergencia de luchas por la tierra y el agua de África Occidental² y director ejecutivo del Movimiento Africano por los Derechos Ambientales) y la Sra. Ouédraogo Ouandegma (presidenta de la Coordinación Burkinesa de Organizaciones Campesinas, miembro de La Vía Campesina y del Sindicato de Trabajadores Agropastorales), dan testimonio de los profundos cambios en curso. Estos avances permiten promover una agenda campesina conforme a los principios de la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Campesinos y otras personas que trabajan en zonas rurales (UNDROP), que reconoce derechos fundamentales como el derecho a la tierra y a las semillas.

Fortalecimiento de la producción campesina local

Para la Sra. Ouandegma, la iniciativa de protección y promoción de la producción local “es positiva, ya que acompaña concretamente a las organizaciones campesinas en la consolidación de sus medios de producción, cadenas productivas, cooperativas y mercados locales”. La representante destaca los “esfuerzos gubernamentales”, que han “permitido acceder a herramientas y materiales de producción y transformación agrícola (unidades de transformación de arroz, tractores…)”. Gracias a esta iniciativa, “son los pequeños productores y cooperativas quienes suministran directamente sus productos a hospitales, ayuntamientos, comedores escolares, prisiones… lo que ha permitido implementar circuitos cortos, abrir los mercados a los pequeños productores y promover los productos locales”.

Política agraria y derecho a la tierra

Históricamente, Burkina Faso ha enfrentado grandes oleadas de acaparamiento de tierras por operadores privados y financieros que se han beneficiado de un marco legal impreciso y permisivo. Frente a esto, el Sr. Nakande subraya que “gracias a la voluntad de las autoridades de abordar este fenómeno mediante la revisión de leyes favorables al acaparamiento, se está haciendo posible una mejor redistribución de la tierra”. Añade que estos cambios legislativos están “acompañados de medidas de apoyo, especialmente kits de instalación para jóvenes agricultores”. El proceso se inscribe en una lógica más amplia de fortalecimiento de la seguridad y soberanía alimentaria, con otras iniciativas en curso —investigación-acción, estudios de viabilidad y medidas concretas— destinadas a “valorizar el papel de los productores agrícolas y devolverles un lugar central en las políticas públicas”.

Por su parte, la Sra. Ouandegma afirma que la política agraria “refuerza la seguridad y el reconocimiento jurídico de los derechos de uso de la tierra para campesinos y campesinas”. También celebra el compromiso del gobierno de otorgar al menos el 30% de los títulos de propiedad a mujeres productoras.

Políticas agroecológicas

En el ámbito de la agroecología —concepto clave impulsado por el movimiento campesino internacional—, el Sr. Nakande señala que “a nivel de la Asamblea Nacional y del Senado se ha creado una comisión conjunta para abordar los desafíos relacionados con la promoción de la agroecología. En la misma línea, se ha aprobado una ley que promueve el uso de insumos biológicos”.

En su estrategia nacional (SND-AE 2023-2027), el gobierno apoya la intensificación de prácticas agroecológicas en colaboración con organizaciones campesinas, con el fin de garantizar de forma sostenible la seguridad alimentaria y nutricional en un contexto marcado por crisis climáticas: disminución de las lluvias, degradación de suelos y recursos hídricos, pérdida de biodiversidad, sequías, inundaciones, etc.

Otro gran eje es la demanda de abandono progresivo de pesticidas químicos impulsada por actores rurales. Para ello, se han abierto nuevos espacios de diálogo y negociación. La Sra. Ouandegma destaca una “voluntad compartida, tanto del movimiento rural como de las autoridades, de orientar decididamente al país hacia una transición agroecológica tangible”.

Protección de las semillas campesinas

En cuanto a los recursos fitogenéticos y la protección de las semillas campesinas, el Sr. Nakande observa avances positivos. En primer lugar, la “creación de una comisión dedicada a los recursos fitogenéticos, que ofrece un marco político para promover las propuestas campesinas”. En segundo lugar, la adopción de una nueva ley agropastoral que reconoce el estatus de agricultor/campesino y refuerza la protección del derecho a las semillas. “Esta ley sienta las bases de un marco favorable para la conservación de semillas, en particular mediante la creación de una base de datos dedicada”. Según él, se trata de un verdadero salto cualitativo: “a partir de ahora, cada campesina/o podrá participar activamente en la preservación del sistema alimentario local y en el mantenimiento de la biodiversidad”.

Una dialéctica en curso

Es evidente que el campesinado debe constituir una fuerza política central en el proceso de transformación social, económica y política de Burkina Faso. Este proceso se hará con él o no se hará. Sin embargo, todo proceso de transformación política conlleva inevitablemente trayectorias dialécticas, marcadas por tensiones internas y contradicciones constantes, más aún en un país como Burkina Faso. No obstante, la mayoría de los análisis externos tienden a ignorar esta complejidad, en favor de juicios simplistas, descontextualizados y a menudo eurocéntricos.

Todo proceso político transformador que aspire a ser progresista necesita debate democrático. Las críticas internas y externas —si son constructivas y no responden a lógicas imperialistas— pueden y deben contribuir a orientar este proceso hacia una verdadera emancipación popular y a corregir el rumbo si es necesario. Lo que ocurre en Burkina Faso es un intento inédito de renovación panafricana, centrado en un modelo de desarrollo autocentrado y autodeterminado, en un continente que sigue sufriendo el yugo neocolonial. En este contexto, el gobierno de Traoré cuenta con un apoyo popular considerable, especialmente de movimientos sociales rurales y de la juventud, que rechazan la fatalidad neocolonial y reclaman soberanía nacional y popular.

No se trata de idealizar. Pero, en un mundo aún estructurado por profundas relaciones de dominación neocolonial, todo intento de liberación nacional merece ser examinado y acompañado, especialmente si está impulsado por las clases populares y los movimientos sociales de base. En este tipo de procesos, la única garantía real contra retrocesos es un diálogo pedagógico entre las fuerzas populares y el gobierno. El desafío permanente, para el CETIM, es seguir siendo una plataforma para la soberanía popular, arraigada en el apoyo de las masas y no aislada de ellas.

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La Red de Mujeres Rurales del Ecuador se ha propuesto analizar las realidades que afectan la vida en sus territorios a la luz de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Campesinas, los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en Zonas Rurales (UNDROP). Esta declaración constituye una herramienta sustantiva para las mujeres rurales, en tanto garantiza derechos fundamentales que habilitan condiciones adecuadas para sostener una vida digna en los territorios donde ellas cuidan y reproducen la vida. Contar con este instrumento resulta particularmente imprescindible en el actual contexto adverso que atraviesa el país.

Los trabajos remunerados y no remunerados que las mujeres rurales realizan generan las condiciones adecuadas para que la vida humana, la naturaleza y la capacidad organizativa continúen reproduciéndose. En consecuencia, cuando ellas ejercen plenamente los derechos reconocidos en la UNDROP y en la Constitución de la República del Ecuador (CRE) y, cuentan con las condiciones de dignidad requeridas, esa dignidad se traslada también a los espacios en los que intervienen cotidianamente. Las mujeres rurales son abridoras de caminos; con su trabajo “arando la tierra”, de múltiples maneras, hacen posible que la vida permanezca y siga brotando en sus entornos, aun en medio de las adversidades estructurales y coyunturales. Por esta razón, es imperativo que sean reconocidas como sujetas de especial protección: las mujeres rurales deben ser plenamente reconocidas como sujetas de derechos.

Este informe fue elaborado por la Red de Mujeres Rurales del Ecuador mediante un proceso colectivo y participativo, con el propósito de visibilizar y denunciar las vulneraciones que enfrentan; se trata de un ejercicio para nombrar, denunciar y amplificar violencias comúnmente acalladas, así como para construir espacios de fortalecimiento, reflexión y unidad organizativa. A partir de sus voces, conocimientos y experiencias, las mujeres rurales priorizaron el análisis de cuatro derechos consagrados en la UNDROP que se encuentran gravemente afectados y comprometen su capacidad de subsistencia: 1) tierra y territorio; 2) alimentación y nutrición adecuada; 3) no discriminación; y 4) ambiente y agua.

El documento se estructura en cuatro apartados: primero, un breve análisis de contexto; segundo, una argumentación respecto al carácter vinculante de la UNDROP en el marco de la CRE; tercero, el examen de los cuatro derechos priorizados, que incluye una contextualización de su situación y un análisis del marco jurídico aplicable en la UNDROP y en la CRE; y finalmente, un conjunto de recomendaciones dirigidas al Estado ecuatoriano.

En la elaboración de este informe participaron organizaciones de la Red de Mujeres Rurales del Ecuador, con el apoyo de FIAN Ecuador en la facilitación y sistematización del proceso.

Informe completo:

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El 5 de junio de 2025, el Consejo Nacional de Derechos Humanos (CNDH), tras ser instado por organizaciones campesinas brasileñas de La Vía Campesina, publicó la Recomendación n.º 5/2025, en la que «recomienda la adopción de las medidas necesarias para la observancia, divulgación y cumplimiento de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos por parte del Estado brasileño». Este documento constituye un marco normativo y político de extrema relevancia para la efectividad de los derechos campesinos en Brasil, en la medida en que reconoce, de forma explícita, la centralidad de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos, las Campesinas y las Personas que Trabajan en las Zonas Rurales (UNDROP) como parámetro indispensable para la actuación del Estado brasileño. Este avance normativo constituye igualmente una buena práctica en la promoción y aplicación de la UNDROP a nivel nacional, y puede —y debe— inspirar a las organizaciones campesinas y a las autoridades públicas de otros países.

Para comprender la relevancia de esta Recomendación, es importante recordar el contexto en el que se aprobó la Declaración en 2018, cuando Brasil estaba bajo un gobierno de extrema derecha y, debido a su política exterior e interior, se abstuvo de votar a favor del texto. Las consecuencias de esta postura hicieron que la Declaración no se incluyera en las políticas internas del Estado brasileño, lo que obstaculizó su implementación.

En este sentido, el CNDH, como institución autónoma y con el mandato de actuar en la promoción y defensa de los derechos humanos en Brasil, y a partir de su comisión permanente sobre «Derechos de los Pueblos Indígenas, los Quilombolas, los Pueblos y Comunidades Tradicionales, de las Poblaciones Afectadas por Grandes Emprendimientos y de los Trabajadores y Trabajadoras Rurales Involucrados en Conflictos Fundiarios», recomendó una serie de medidas que deben adoptar los tres poderes del Estado brasileño para colmar esta laguna e implementar políticas de protección de los derechos de las comunidades campesinas y demás trabajadores del campo, de conformidad con la Declaración. Entre estas medidas, se recomendó al Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil que manifestara ante el Secretario General de las Naciones Unidas el apoyo de Brasil a la UNDROP.

Al publicar la recomendación, la CNDH se basó en el panorama de la política de derechos humanos en Brasil y en las constantes denuncias recibidas que revelan un historial de invisibilización y vulnerabilidad de los pueblos del campo. El hecho es que la Comisión mencionada recibe casi la mitad de las denuncias de violaciones de derechos humanos en todo el Consejo, lo que refuerza la importancia de que el Estado brasileño adopte medidas eficaces para la promoción y aplicación de la UNDROP y los derechos humanos de los pueblos del campo.

Al afirmar la necesidad de observar, dar a conocer y cumplir la UNDROP, el CNDH busca contribuir a superar la brecha existente entre los compromisos internacionales asumidos por Brasil en el ámbito de los derechos humanos y su efectiva implementación a nivel interno. Se trata de un instrumento que reafirma que los derechos campesinos no se limitan a políticas sectoriales o asistenciales, sino que forman parte del núcleo de los derechos humanos fundamentales, abarcando derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales.

Además, la Recomendación explicita la relación estructural entre la negación de derechos en el campo y la persistencia de la violencia en el campo, los conflictos por la tierra, el trabajo esclavo y la criminalización de los defensores y defensoras de los derechos humanos. Al reconocer las reiteradas condenas de Brasil por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en casos relacionados con la violencia en el campo, el documento refuerza el deber del Estado de prevenir, responsabilizar a los autores y reparar íntegramente a las víctimas y sus familiares, incluso cuando las violaciones y los abusos son cometidos por particulares con la connivencia u omisión de los poderes públicos.

Otro aspecto central es la valoración del papel de los campesinos y las campesinas en la garantía de la soberanía y la seguridad alimentaria, la preservación de la biodiversidad y la lucha contra la crisis climática. La Recomendación reconoce que las prácticas agroecológicas y los conocimientos tradicionales de los pueblos del campo son fundamentales para la construcción de modelos de desarrollo social y ambientalmente sostenibles, rompiendo con la lógica de la explotación intensiva de la tierra y los bienes naturales que históricamente ha producido desigualdades y violaciones de derechos .

La Recomendación de la CNDH también tiene relevancia institucional al proponer medidas concretas para la implementación de la UNDROP, como la creación de un Grupo de Trabajo interinstitucional, la articulación entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial y la participación activa de la sociedad civil organizada. Estas directrices refuerzan la idea de que la efectividad de los derechos campesinos exige políticas de Estado, con mecanismos de seguimiento, evaluación y participación social, y no acciones puntuales o discontinuas.Por último, al orientar a los órganos del sistema judicial, como el Consejo Nacional de Justicia, el Ministerio Público y las Defensorías Públicas, la Recomendación refuerza la incorporación de la perspectiva de los derechos humanos de los campesinos y las campesinas en las decisiones judiciales y administrativas, contribuyendo a ampliar el acceso a la justicia y a superar la impunidad de los delitos cometidos en el campo. En este sentido, el documento reafirma que la democracia brasileña y la justicia social pasan necesariamente por el reconocimiento de la dignidad, la autonomía y los derechos territoriales de los campesinos y campesinas. En este sentido, es importante señalar que la CNDH ha recibido respuestas de instituciones informando de la incorporación de la Declaración en su ámbito jurídico orientativo. Cabe destacar las publicaciones del Tribunal de Justicia de Sergipe y del Tribunal de Justicia de Paraná, de la Justicia Federal de Bahía y del Tribunal Regional Federal de la 5.ª Región.

La Recomendación n.º 05/2025 de la CNDH representa un instrumento estratégico para la efectividad de los derechos de los pueblos del campo en Brasil, al alinear el ordenamiento jurídico y las políticas públicas nacionales con los más altos parámetros internacionales de derechos humanos, promoviendo la justicia social, la lucha contra la violencia en el campo y el fortalecimiento de la democracia, con la participación directa de los movimientos sociales del campo.

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París, Ginebra, 15 de enero de 2026. La Confédération paysanne y el Centro Europa – Tercer Mundo (CETIM) presentaron hoy una denuncia oficial ante varios Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, tras el arresto y la detención policial de 52 campesinos y campesinas, ocurrido ayer 14 de enero de 2026, durante una manifestación en París.

Durante esta movilización, alrededor de 150 campesinos y campesinas se dirigieron al Ministerio de Agricultura en París. La acción se desarrolló sin violencia: las y los manifestantes ingresaron a pie al vestíbulo de la Dirección General de la Performance Económica y Medioambiental de las Empresas (DGPE), desplegaron pancartas y ocuparon el lugar con el fin de hacer oír sus reivindicaciones.

La manifestación fue organizada para interpelar a las autoridades sobre la gestión de la crisis de la dermatitis nodular contagiosa (DNC), las amenazas vinculadas al acuerdo UE–Mercosur y, de manera más general, para denunciar políticas agrícolas estructuralmente desfavorables para la campesinado. A pesar de la ausencia de violencia, las fuerzas del orden procedieron a un cerco y a arrestos masivos, dirigidos en particular contra responsables sindicales nacionales e internacionales.

El informe presentado ante las Naciones Unidas documenta graves vulneraciones de las libertades fundamentales, en particular la libertad de asociación y de reunión pacífica, la libertad de opinión y de expresión, la libertad sindical, así como los derechos específicos de los campesinos y campesinas, tal como están consagrados en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales (UNDROP).

Mediante esta acción, la Confédération paysanne y el CETIM solicitan a los mecanismos de la ONU que intervengan con carácter de urgencia ante las autoridades competentes para que Francia respete sus obligaciones internacionales, ponga fin a la criminalización de las movilizaciones campesinas y garantice el ejercicio efectivo de los derechos de los campesinos y campesinas.

Leer también el comunicado de prensa de la Confédération paysanne:
https://www.confederationpaysanne.fr/actu.php?id=16339

Contactos:

Confédération paysanne – Emilie Deligny, Secretaria general+33 6 36 58 17 26, edeligny@confederationpaysanne.fr

CETIM – Raffaele Morgantini, Representante del CETIM ante la ONU+41 79 660 65 14, raffaele@cetim.ch

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Defendiendo los Derechos Campesinos traduce y republica el comunicado de prensa emitido por el Grupo de Trabajo de Expertos de la ONU sobre UNDROP, del 11 de diciembre de 2025 (disponible en inglés aquí).

GINEBRA – Expertos de la ONU celebraron hoy un fallo histórico del Tribunal Superior de Kenia que declaró inconstitucionales las disposiciones de la Ley de Semillas y Variedades de Plantas que criminalizaban la conservación, el uso, el intercambio y la venta de semillas indígenas y semillas conservadas por los campesinos y las campesinas.*

“Este fallo reconoce correctamente que el intercambio de semillas no es un delito, sino un elemento fundamental de la identidad, la resiliencia y la contribución de los campesinos y las campesinas a los sistemas alimentarios nacionales”, afirmó el Grupo de Trabajo.

El Tribunal Superior de Kenia determinó que la ley, que otorgaba derechos exclusivos de comercialización y propiedad sobre las semillas a los criadores y a las empresas semilleras, y exponía a los campesinos y campesinas a posibles penas de hasta dos años de prisión por conservar o compartir semillas, violaba los derechos de estas personas a la vida, al sustento y a la alimentación. El Tribunal subrayó que las prácticas de intercambio de semillas, que se han mantenido durante siglos, constituyen la columna vertebral de la seguridad alimentaria y del patrimonio cultural de Kenia.

“Esta decisión es una afirmación significativa de que los derechos humanos de los/as campesinos/as y los imperativos de la seguridad alimentaria y la biodiversidad deben prevalecer sobre regímenes de propiedad intelectual excesivamente restrictivos”, señaló el Grupo de Trabajo.

Los expertos señalaron que disposiciones similares, a menudo basadas en la Ley de 1991 de la Unión Internacional para la Protección de Nuevas Variedades de Plantas (UPOV), se han incorporado a las leyes nacionales en muchos países, criminalizando prácticas ancestrales en la agricultura indígena y campesina.

“El fallo keniano envía un mensaje claro y oportuno: las obligaciones en materia de derechos humanos no pueden estar subordinadas a monopolios comerciales de semillas ni a interpretaciones restrictivas de los derechos de los obtentores de plantas”, afirmó el Grupo de Trabajo.

La decisión es coherente con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales (UNDROP), en particular el artículo 19, que reconoce el derecho a las semillas, incluyendo el derecho a conservar, usar, intercambiar y vender semillas conservadas por los/as campesinos/as o material de propagación. Los expertos recordaron su Documento Informativo sobre el Derecho a las Semillas**, que aclara que los Estados deben garantizar que las políticas de semillas, los esquemas de certificación y los marcos de propiedad intelectual se diseñen y apliquen de manera que respeten, protejan y cumplan estos derechos, y que los sistemas de semillas gestionados por campesinos/as sean legalmente reconocidos y apoyados activamente.

“Los tribunales desempeñan un papel crítico para garantizar que las leyes nacionales cumplan con las normas internacionales de derechos humanos”, señaló el Grupo de Trabajo. “Cuando los marcos legislativos han criminalizado los sistemas tradicionales de semillas o restringido las prácticas consuetudinarias campesinas, la revisión judicial ofrece una salvaguarda esencial para restaurar la primacía de los derechos humanos y el derecho a la alimentación.”

Los expertos elogiaron el coraje y la perseverancia de los/as campesinos/as, pueblos indígenas y actores de la sociedad civil de Kenia que se movilizaron para garantizar los derechos sobre las semillas ante el Tribunal. “Su determinación es una inspiración para los movimientos campesinos de todo el mundo y demuestra que, cuando los tribunales defienden los derechos humanos, protegen no solo los medios de vida de los pequeños agricultores y los pueblos indígenas, sino también el futuro de sistemas alimentarios diversos, resilientes y soberanos”, afirmaron.

“El fallo de Kenia debería inspirar interpretaciones similares basadas en derechos humanos de las leyes sobre semillas y los regímenes de protección de variedades vegetales en otras jurisdicciones”, concluyó el Grupo de Trabajo.

*El Grupo de Trabajo sobre Derechos Campesinos y otras personas que trabajan en zonas rurales está compuesto por cinco expertos independientes de todas las regiones del mundo. El Presidente-Rapporteur es Carlos Duarte (Colombia), y los otros miembros son Geneviève Savigny (Francia); Shalmali Guttal (India), Uche Ewelukwa Ofodile (Nigeria) y Davit Hakobyan (Armenia).

**Documento informativo sobre el derecho a las semillas, emitido por el Grupo de Trabajo en relación con la Undécima Sesión del Órgano Rector del Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura (TIRFAA), celebrada del 24 al 29 de noviembre de 2025, detalla cómo los Estados pueden integrar las obligaciones de la UNDROP bajo el derecho a las semillas para proteger las prácticas tradicionales de los/as campesinos/as y los Pueblos Indígenas, así como la biodiversidad.

Los Relatores Especiales / Expertos Independientes / Grupos de Trabajo son expertos en derechos humanos independientes nombrados por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. En conjunto, estos expertos se conocen como los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Los expertos de Procedimientos Especiales trabajan de manera voluntaria; no son personal de la ONU y no reciben salario por su labor. Si bien la oficina de Derechos Humanos de la ONU actúa como secretaría de los Procedimientos Especiales, los expertos ejercen su función a título individual y son independientes de cualquier gobierno u organización, incluida la ACNUDH y la ONU. Cualquier opinión o punto de vista presentado es únicamente del autor y no representa necesariamente a la ONU ni a la ACNUDH.

Las observaciones y recomendaciones específicas por país de los mecanismos de derechos humanos de la ONU, incluidos los procedimientos especiales, los órganos de tratados y el Examen Periódico Universal, se pueden consultar en el Índice Universal de Derechos Humanos https://uhri.ohchr.org/es/

Página de país de Derechos Humanos de la ONU – Kenia

Para consultas y solicitudes de medios, contactar a: Jamshid GAZIYEV, Secretario del Grupo de Trabajo sobre campesinos y trabajadores/as rurales (jamshid.gaziyev@un.org).

Para consultas de medios relacionadas con otros expertos independientes de la ONU, contactar a Maya Derouaz (maya.derouaz@un.org) o Dharisha Indraguptha (dharisha.indraguptha@un.org)

Siga las noticias relacionadas con los expertos independientes en derechos humanos de la ONU en X: @UN_SPExperts.

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El 27 de noviembre de 2025, el Tribunal Superior de Kenia en Machakos dictó una sentencia muy esperada en el marco de un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley sobre semillas y variedades vegetales interpuesto por un grupo de campesinos y campesinas. El Tribunal dio la razón a los demandantes en todos los puntos, anulando varias secciones de la ley y sus reglamentos.

Como se indicó anteriormente en otro articulo del sitioweb “Defendiendo los derechos campesinos”, el recurso constitucional contra la Ley sobre semillas y variedades vegetales fue presentado en 2022 por quince campesinos y campesinas de la Seeds Savers Network contra la agencia gubernamental encargada de la aplicación de la ley.

Revisada en 2012, la Ley keniana sobre semillas y variedades vegetales es una ley draconiana que prohíbe a los campesinos y las campesinas conservar, compartir, intercambiar y vender semillas bajo pena de sanciones penales. En su decisión, la jueza declaró que varias disposiciones de la ley eran contrarias a la Constitución de Kenia, al Tratado sobre los Recursos Fitogenéticos de la FAO y a la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales (UNDROP). La jueza consideró que la Constitución debía interpretarse a la luz del artículo 9 del Tratado sobre los Recursos Fitogenéticos y del artículo 19 de la UNDROP, y que Kenia estaba obligada a cumplir sus obligaciones en virtud del derecho internacional en general y de los derechos humanos en particular.

Más concretamente, la jueza consideró que la sección de la ley que otorga a los inspectores la facultad de incautar y destruir semillas cuando tienen «motivos razonables» para creer que se ha infringido una disposición de la ley vulnera el derecho de los campesinos y las campesinas a la intimidad, al respeto de su domicilio y a la protección de sus bienes, tal y como se consagran en la Constitución. La jueza señaló que la falta de definición del término «motivos razonables» y de un mecanismo de control independiente podía dar lugar a abusos y decisiones arbitrarias.

Es importante señalar que la jueza declaró que varias disposiciones de la ley son inconstitucionales, ya que vulneran el derecho de los campesinos y las campesinas a conservar, utilizar, compartir, intercambiar y vender semillas conservadas en la explotación. Estas disposiciones penalizan la venta de semillas, salvo que se trate de semillas certificadas vendidas por comerciantes registrados, y limitan los derechos de los campesinos y las campesinas sobre sus cosechas procedentes de variedades protegidas.

La jueza consideró que, al restringir el derecho cultural a conservar, compartir e intercambiar semillas, estas disposiciones son contrarias a la Constitución, que afirma que el Estado debe reconocer el papel de la ciencia y las tecnologías indígenas, así como reconocer y proteger la propiedad de las semillas y variedades vegetales indígenas, sus diversas características y su uso por parte de las comunidades de Kenia. Teniendo en cuenta la importante contribución de los campesinos y las campesinas a la producción de alimentos, la jueza consideró que estas disposiciones también violaban el derecho a la alimentación garantizado por la Constitución y la obligación de Kenia de adoptar medidas legislativas, políticas y de otro tipo para garantizar su realización progresiva. Por último, la jueza también consideró que los exorbitantes gastos de registro, asociados a los estrictos requisitos de registro, constituían una discriminación indirecta contra los campesinos y campesinas.

En cuanto al derecho a la participación, la jueza observó que muchas de las cuestiones planteadas en la demanda podrían haberse evitado si el Gobierno hubiera garantizado el derecho a una participación adecuada y significativa de los campesinos y campesinas, las partes interesadas y el público en el proceso de elaboración de la legislación. La jueza ordenó al Gobierno que garantizara el derecho a la participación en el proceso de modificación de la ley para cumplir con la sentencia.

Aún no se sabe si el Gobierno de Kenia apelará esta decisión. En cualquier caso, esta decisión judicial cambia las reglas del juego para millones de campesinos y campesinas kenianos y sienta un importante precedente para los derechos consagrados en la UNDROP y, en particular, el derecho a las semillas a escala mundial.

***

Sentencia del Tribunal Superior de Kenia, disponible aquí (en inglés):
https://new.kenyalaw.org/akn/ke/judgment/kehc/2025/18166/eng@2025-11-27

Constitución de Kenia (en particular los artículos 11, 21(2) y 43(1)):
https://kenyalaw.org/kl/fileadmin/pdfdownloads/TheConstitutionOfKenya.pdf

Ley de Kenia sobre semillas y variedades vegetales:
https://upovlex.upov.int/en/legislation/text/506145

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Hace apenas unos momentos, las fuerzas de ocupación israelíes lanzaron un asalto militar contra la Unidad de Multiplicación del Banco de Semillas de la UAWC en el área de Hebrón, utilizando bulldozers y maquinaria pesada para demoler las instalaciones de almacenamiento e infraestructura esenciales para las operaciones de la unidad.
El ataque resultó en la destrucción de instalaciones críticas utilizadas para almacenar materiales e insumos agrícolas, constituyendo un asalto directo a la soberanía alimentaria palestina, los esfuerzos para preservar semillas ancestrales, y una continuación del ataque dirigido contra la Unión misma. Hacemos un llamado a todos los aliados, amigos y socios internacionales para que actúen urgentemente para detener estas violaciones y hacer responsables a la ocupación israelí por sus crímenes contra la tierra, las personas y las semillas.
Instamos además a aumentar la solidaridad y el apoyo a los agricultores palestinos y su derecho a permanecer en su tierra.

31 de julio de 2025

Unión de Comités de Trabajo Agrícola (UAWC), organización miembro de La Vía Campesina en Palestina.

El asalto resultó en los siguientes daños y pérdidas:

• Destrucción completa de la caravana principal, que servía como instalación de almacenamiento para materiales y herramientas agrícolas utilizadas en la multiplicación, procesamiento y preservación de semillas.
• Destrucción de toda la red eléctrica, lo que llevó a la suspensión total de las operaciones diarias dentro de la unidad.
• Daños severos a la infraestructura de agua, causando un corte completo de agua. Esto ha puesto en riesgo toda el área cultivada de 16 dunums, ya que los cultivos ahora están amenazados con la deshidratación y la muerte.
• Riesgo de perder toda la temporada agrícola, ya que los cultivos actualmente bajo cultivo representan aproximadamente el 80% del stock de semillas destinado a ser depositado en el Banco de Semillas principal en Hebrón, que estaba programado para ser distribuido a cientos de agricultores en la próxima temporada de siembra.
• Destrucción y pérdida de grandes cantidades de insumos agrícolas esenciales, incluyendo redes de riego, fertilizantes orgánicos, y equipos y herramientas agrícolas de uso diario.
• La amenaza más inmediata y crítica es la pérdida total de la temporada actual debido a la interrupción del agua, lo que podría socavar gravemente los esfuerzos nacionales de soberanía de semillas e impactar la seguridad alimentaria de los pequeños agricultores.

Una evaluación completa de daños está en curso, y un informe detallado será publicado en los próximos días.

Imágenes disponibles hasta ahora del sitio atacado:

Fuente de la imagen: UAWC

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Defending Peasants Rights condena enérgicamente este ataque dirigido contra una infraestructura civil dedicada a la soberanía alimentaria y la preservación de semillas campesinas en Palestina.

La destrucción de esta instalación no es un acto aislado, sino parte de una estrategia deliberada no solo para erradicar los medios de vida de los campesinos palestinos y la población palestina, sino también para destrozar los recursos agrícolas palestinos y la tierra fértil. Expresamos nuestra absoluta solidaridad con los miembros de la UAWC y hacemos un llamado a los Estados, así como a todos los movimientos sociales, sindicales y populares, a movilizarse para denunciar estas violaciones y defender los derechos fundamentales del pueblo palestino.

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La Vía Campesina Brasil presentó una contribución escrita (disponible en inglés y portugués) en respuesta al llamado del Grupo de Trabajo de la ONU sobre la UNDROP, delineando los principales desafíos del campesinado brasileño. Elaborado colectivamente tras la realización de una formación sobre la UNDROP para organizaciones brasileñas de la LVC, el texto también presenta una visión colectiva sobre el estado actual del derecho a la participación de los campesinos y campesinas en Brasil.

Durante los meses de enero y marzo de 2025, se realizó una formación sobre la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Campesinos y de las Campesinas (UNDROP) para organizaciones miembro de La Vía Campesina en Brasil, con el apoyo de la organización de derechos humanos Terra de Direitos y del CETIM. Esta fue la primera formación sobre la UNDROP dirigida a movimientos sociales y organizaciones rurales de base en Brasil, siendo un ejemplo práctico de la implementación de la estrategia de La Vía Campesina Internacional de realizar capacitaciones sobre la Declaración para sus bases en los más diversos países.

El objetivo de la formación no fue solo dar a conocer la UNDROP entre sus titulares de derechos, sino también facilitar y fomentar una apropiación popular de esta Declaración en sus luchas políticas y jurídicas a nivel local, nacional, regional e internacional. La formación también tuvo como objetivo central la elaboración de un plan estratégico para incidir en diversas instancias gubernamentales, jurídicas y políticas, buscando la implementación de la Declaración con la participación activa de campesinos, campesinas y otros pueblos rurales cuyos derechos están consagrados en la UNDROP.

En el marco de esta primera formación en Brasil, las y los participantes de los diversos movimientos sociales que integran La Vía Campesina Brasil estudiaron la historia del proceso de construcción de la UNDROP y el contenido del instrumento, destacando los derechos a la tierra, a la biodiversidad, a las semillas y a la soberanía alimentaria. En un segundo momento, discutieron casos concretos de violaciones a los derechos establecidos por la UNDROP ocurridos en territorio nacional, perpetrados principalmente por empresas transnacionales y terratenientes del agronegocio.

Aprovechando el capital político de los movimientos sociales presentes, impulsar la implementación de la UNDROP desde una perspectiva popular es crucial en el arduo y prolongado trabajo por la justicia social, la reforma agraria y la soberanía alimentaria en el medio rural brasileño. En este sentido, el plan estratégico elaborado colectivamente durante la formación aportó una importante claridad sobre el camino a seguir para promover e implementar la UNDROP en Brasil y traducir sus disposiciones tanto en el ámbito legal como en las políticas públicas.

Entre las diversas iniciativas a realizar, se encuentra la incidencia ante las Naciones Unidas (ONU), especialmente ante su recién creado Grupo de Trabajo (GT) sobre la UNDROP. Al participar en los debates del GT y colaborar con su trabajo, las organizaciones campesinas y rurales alrededor del mundo pueden utilizar este mecanismo internacional para avanzar en la implementación de la UNDROP en sus respectivos países. Después de todo, una de las funciones del GT es precisamente recomendar, apoyar y acompañar a los países miembros de la ONU en la implementación de la Declaración, para que esta pueda ser un vector directo en la elaboración de políticas públicas, programas y leyes que realmente reparen las desigualdades en el campo.

En marzo de 2025, el GT lanzó una convocatoria pública para que organizaciones campesinas y rurales, así como gobiernos y otras instituciones, colaborarán con sus próximos dos estudios, en los que se abordarán los siguientes temas: i. tendencias globales en los desafíos que afectan a los campesinos y las campesinas; ii. derecho de los campesinos y campesinas a la participación equitativa. Así, La Vía Campesina Brasil, a través de la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT), el Movimiento de los Pequeños Agricultores (MPA), el Movimiento de los Afectados por Represas (MAB), el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST), junto con Terra de Direitos y con el apoyo técnico del CETIM, presentó un documento para contribuir a los estudios del GT desde los desafíos del campesinado brasileño. El documento, disponible aquí (en inglés y portugués), presenta una perspectiva colectiva sobre la actual coyuntura de los desafíos de los pueblos rurales en Brasil, cuya síntesis se presenta a continuación:

Los campesinos, las campesinas, pescadores artesanales, pueblos tradicionales y trabajadores rurales en Brasil enfrentan desafíos estructurales que amenazan sus modos de vida y derechos fundamentales. La concentración de tierras y los conflictos agrarios se agravan por la falta de reforma agraria y la privatización de áreas comunes, llevando a violencias e impunidad. Además, el acceso a políticas públicas es limitado por la burocracia, la falta de asistencia técnica e infraestructura, mientras que la crisis climática y los grandes proyectos, como represas, desplazan comunidades y degradan el medio ambiente. La identidad cultural campesina también es amenazada por el avance del agronegocio, que sustituye prácticas sostenibles por monocultivos e intensifica el uso de agrotóxicos. La criminalización de las luchas por derechos territoriales y la falta de acceso a la justicia también perpetúan la vulnerabilidad de estas poblaciones, especialmente indígenas, quilombolas y comunidades extractivistas, que sufren violencias y exclusión social.

El derecho a la participación de campesinos y trabajadores rurales en decisiones políticas aún enfrenta barreras significativas en Brasil. La exclusión de estos grupos se manifiesta en la falta de acceso a información, la dificultad de representación política efectiva y la ausencia de consultas previas, libres e informadas, especialmente en procesos de licenciamiento ambiental y formulación de políticas públicas. Comunidades tradicionales, como indígenas y quilombolas, frecuentemente ven sus derechos violados, sin canales adecuados para influir en decisiones que impactan sus territorios y modos de vida. Además, la marginalización política se agrava por la predominancia del agronegocio, que concentra poder y recursos, limitando la voz de la agricultura familiar y los pequeños productores en espacios decisorios nacionales e internacionales.

A pesar de estos desafíos, existen mecanismos y políticas que buscan ampliar la participación rural, como los Consejos de desarrollo agrícola (CONDRAF), foros de discusión y programas de fortalecimiento de la agricultura familiar. La Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Campesinos y las Campesinas (UNDROP) y el Convenio 169 de la OIT ofrecen bases legales para exigir consultas participativas. Sin embargo, la efectividad de estos instrumentos depende de la presión social, el acceso a la justicia y el compromiso del Estado en garantizar que las voces del campo sean escuchadas. Los movimientos sociales han desempeñado un papel crucial en esta lucha, promoviendo marchas, ocupaciones de tierras e incidencia política para asegurar que los derechos participativos no sean solo formales, sino concretos y transformadores.

Al igual que La Vía Campesina Brasil, la realización de procesos formativos sobre la UNDROP a nivel nacional y/o regional, la elaboración de un plan estratégico por parte de los movimientos locales para su promoción y la participación en el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Derechos Campesinos son pasos esenciales para implementar la UNDROP. Este es un camino fundamental para dar vida a la Declaración desde las bases, mediante la apropiación de sus derechos por los y las titulares de derechos y la incorporación de la UNDROP en sus luchas políticas y jurídicas por la justicia social y los derechos humanos de los pueblos del campo.

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