La decisión del gobierno de Sri Lanka de establecer plantas de energía solar en Hambantota ha provocado una fuerte reacción de sindicatos campesinos y grupos ambientalistas. Más de 1.000 acres de bosque (un hábitat crítico para elefantes y zona de biodiversidad) han sido talados para dar paso a la llamada iniciativa de energía verde liderada por 17 empresas solares. Más de 5.000 familias agricultoras en áreas como Mayurapura y Gonnooruwa enfrentan ahora un aumento del conflicto entre humanos y elefantes, lo que amenaza su seguridad, sus cultivos y su soberanía alimentaria.

Reproducimos un llamamiento de MONLAR en el que se solicita a sus aliados de la comunidad internacional que escriban al Presidente de Sri Lanka para denunciar esta medida y exigir la suspensión inmediata de las operaciones de desmonte en curso.

A los miembros de la comunidad internacional de la sociedad civil y del activismo

Les escribimos como el Movimiento por la Reforma Agraria y de la Tierra para llamar su atención urgente sobre una grave crisis de derechos humanos y ambiental que se está desarrollando en el distrito de Hambantota, en Sri Lanka, y que está siendo deliberadamente disfrazada como una iniciativa de energía “verde”.

Las comunidades agrícolas de Hambantota no son ajenas a la lucha. Pasaron meses protestando y defendiendo sus derechos para lograr la oficialización del corredor de elefantes, una protección legal histórica para las rutas ancestrales de los elefantes asiáticos en peligro y los medios de vida de las comunidades que comparten ese territorio. Tras esa misma victoria, 17 empresas solares han intervenido, despejando las tierras que esas comunidades lucharon por proteger. Su lucha está siendo borrada.

Esta no es la primera vez que la población de Hambantota enfrenta el despojo.

La región ya ha soportado el peso de la Iniciativa de la Franja y la Ruta, incluyendo el controvertido arrendamiento del Puerto de Hambantota y una urbanización agresiva que las comunidades rechazaron firmemente, lo que ha provocado desplazamientos forzados y proyectos de desarrollo impuestos sin transparencia ni consentimiento. La actual expansión solar sigue el mismo patrón: un desarrollo irregular que avanza en contra de la ley y de los derechos de las comunidades, con consecuencias tanto para las personas como para los animales.

Aunque se presenta como energía renovable, esta expansión solar masiva está devastando más de 1.000 acres de bosque dentro de la Reserva de Elefantes Gestionada de Hambantota (MER), utilizando maquinaria pesada y fuego intencional para despejar corredores críticos de vida silvestre, apropiándose “verde” de tierras que sostienen tanto a elefantes en peligro como a comunidades agrícolas locales.

El impacto

• Conflicto humano-elefante: Al bloquear corredores ancestrales de movimiento (como Sanakku Gala y Kapapu Wewa) con cercas eléctricas, el proyecto está empujando a los elefantes hacia las aldeas.
• Crisis de medios de vida: Más de 5.000 familias agricultoras en zonas como Mayurapura y Gonnooruwa enfrentan un aumento del conflicto entre humanos y elefantes, lo que pone en riesgo su seguridad, sus cultivos y su seguridad alimentaria.
• Fallos de gobernanza: Los informes indican que estos proyectos han eludido las Evaluaciones de Impacto Ambiental (EIA) obligatorias y han ignorado las protestas de las comunidades locales y de los conservacionistas.
• Acción climática contraproducente: Como señalan expertos locales, la tala y quema de bosques de zonas secas libera carbono almacenado y altera los patrones locales de lluvia, socavando los objetivos de reducción de emisiones que el proyecto solar afirma perseguir.

Una transición justa debe ser inclusiva, transparente y ecológicamente sostenible. Si la energía renovable se construye sobre las ruinas de la biodiversidad y el desplazamiento de las poblaciones rurales empobrecidas, reproduce la misma lógica extractiva de la era de los combustibles fósiles que pretende eliminar.

LLAMADO A LA SOLIDARIDAD INTERNACIONAL

Solicitamos a su organización que muestre solidaridad con las comunidades afectadas de Hambantota mediante el envío de una carta formal al Presidente de Sri Lanka. Su posicionamiento internacional puede ejercer la presión necesaria para:

1. La paralización inmediata de todas las actividades de desmonte dentro de la Reserva de Elefantes Gestionada.
2. El estricto cumplimiento de la ley, garantizando que se realicen y se hagan públicas Evaluaciones de Impacto Ambiental (EIA) completas y Evaluaciones de Impacto Arqueológico.
3. La priorización de la energía solar en techos y en tierras degradadas (como minas abandonadas), en lugar de bosques primarios y tierras agrícolas productivas, tal como recomiendan los defensores ambientales locales.

Nos honraría contar con su voz junto a la nuestra para exigir una transición que sea verdaderamente justa tanto para las personas como para el planeta.

En solidaridad,
EQUIPO MONLAR

La plantilla de correo electrónico que debe ser enviada por movimientos y organizaciones al Presidente de Sri Lanka puede encontrarse a continuación. Por favor, lea las instrucciones para completar la plantilla en la página 2 del documento:

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Desde su llegada al poder mediante un golpe de Estado en septiembre de 2022, el capitán Ibrahim Traoré ejerce la presidencia de Burkina Faso sin dejar a nadie indiferente: para algunos, encarna un giro histórico que marca una ruptura con el orden neocolonial y el inicio de una revolución panafricana popular; para otros, se trata de un nuevo golpe de fuerza despótico orquestado por un régimen militar. Este artículo intenta aportar una perspectiva original, a la luz de las correlaciones de fuerzas existentes, dando voz a los movimientos sociales burkineses —en particular a las y los campesinos.

Burkina Faso enfrenta desde hace años una situación de guerra, principalmente en el norte, bajo la amenaza yihadista, y desde 2022 sufre una presión internacional creciente, que se ha manifestado mediante regímenes de sanciones impuestos por Francia, el Banco Mundial, la Unión Europea y la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO). Heredero de un largo pasado colonial y de una deuda ilegítima, el gobierno de Traoré busca restaurar la soberanía nacional e inscribirse en una nueva dinámica panafricana.

Junto con sus socios de la Alianza de los Estados del Sahel —Malí y Níger—, el país cuestiona el franco CFA y contempla una moneda independiente o común, al tiempo que se desvincula progresivamente del FMI, del Banco Mundial y del BCEAO (Banco Central de los Estados de África Occidental). El rechazo a nuevos préstamos occidentales marca una voluntad de salir de la dependencia financiera.

En el plano económico, Burkina Faso ha emprendido una dinámica de nacionalización de sectores estratégicos. En 2023, el Estado retomó el control de las grandes minas de oro. Un nuevo código minero adoptado en 2024 refuerza la soberanía sobre los recursos, aumenta la participación estatal en las empresas mineras, impone la transformación local y crea una reserva estratégica de oro. En 2025, se inauguró un centro de tratamiento de residuos mineros.

La reconquista económica también abarca el sector agroalimentario, mediante nacionalizaciones e industrialización de fábricas en los ámbitos de la producción azucarera, la transformación láctea y la producción/transformación del tomate, un sector clave del país. A pesar de un contexto regional conflictivo, estas decisiones constituyen palancas esenciales para consolidar una soberanía real y reforzar la capacidad del Estado para financiar políticas sociales.

La palabra al campesinado

En Burkina Faso, el 80% de la población activa trabaja en la agricultura (alrededor del 32% del PIB nacional) y cerca del 90% de las explotaciones son familiares de menos de cinco hectáreas, lo que caracteriza la predominancia de una agricultura de subsistencia. Esto muestra hasta qué punto los pequeños productores de alimentos, campesinas/os, nómadas, ganaderos y comunidades de pescadores artesanales son actores centrales de la sociedad.

A la luz de esto, el gobierno lanzó su “Ofensiva agropastoral y pesquera 2023-2025”, con el objetivo de alcanzar la autosuficiencia y la soberanía alimentaria. En este marco, se han realizado numerosas inversiones: equipos agrícolas, infraestructuras de transformación local, apoyo a las cadenas de cereales, arroz y horticultura. Los resultados son palpables: la producción de tomate, arroz y maíz aumentó considerablemente entre 2022 y 2024 y, desde entonces, el éxodo rural ha disminuido¹.

Más allá de las cifras, impresiona el compromiso de las comunidades rurales. Durante mucho tiempo marginadas, constituyen el núcleo del nuevo proyecto de sociedad, ahora reconocidas como sujetos políticos del cambio. Dos líderes de base, el Sr. Alassane Nakande (figura clave de la Convergencia de luchas por la tierra y el agua de África Occidental² y director ejecutivo del Movimiento Africano por los Derechos Ambientales) y la Sra. Ouédraogo Ouandegma (presidenta de la Coordinación Burkinesa de Organizaciones Campesinas, miembro de La Vía Campesina y del Sindicato de Trabajadores Agropastorales), dan testimonio de los profundos cambios en curso. Estos avances permiten promover una agenda campesina conforme a los principios de la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Campesinos y otras personas que trabajan en zonas rurales (UNDROP), que reconoce derechos fundamentales como el derecho a la tierra y a las semillas.

Fortalecimiento de la producción campesina local

Para la Sra. Ouandegma, la iniciativa de protección y promoción de la producción local “es positiva, ya que acompaña concretamente a las organizaciones campesinas en la consolidación de sus medios de producción, cadenas productivas, cooperativas y mercados locales”. La representante destaca los “esfuerzos gubernamentales”, que han “permitido acceder a herramientas y materiales de producción y transformación agrícola (unidades de transformación de arroz, tractores…)”. Gracias a esta iniciativa, “son los pequeños productores y cooperativas quienes suministran directamente sus productos a hospitales, ayuntamientos, comedores escolares, prisiones… lo que ha permitido implementar circuitos cortos, abrir los mercados a los pequeños productores y promover los productos locales”.

Política agraria y derecho a la tierra

Históricamente, Burkina Faso ha enfrentado grandes oleadas de acaparamiento de tierras por operadores privados y financieros que se han beneficiado de un marco legal impreciso y permisivo. Frente a esto, el Sr. Nakande subraya que “gracias a la voluntad de las autoridades de abordar este fenómeno mediante la revisión de leyes favorables al acaparamiento, se está haciendo posible una mejor redistribución de la tierra”. Añade que estos cambios legislativos están “acompañados de medidas de apoyo, especialmente kits de instalación para jóvenes agricultores”. El proceso se inscribe en una lógica más amplia de fortalecimiento de la seguridad y soberanía alimentaria, con otras iniciativas en curso —investigación-acción, estudios de viabilidad y medidas concretas— destinadas a “valorizar el papel de los productores agrícolas y devolverles un lugar central en las políticas públicas”.

Por su parte, la Sra. Ouandegma afirma que la política agraria “refuerza la seguridad y el reconocimiento jurídico de los derechos de uso de la tierra para campesinos y campesinas”. También celebra el compromiso del gobierno de otorgar al menos el 30% de los títulos de propiedad a mujeres productoras.

Políticas agroecológicas

En el ámbito de la agroecología —concepto clave impulsado por el movimiento campesino internacional—, el Sr. Nakande señala que “a nivel de la Asamblea Nacional y del Senado se ha creado una comisión conjunta para abordar los desafíos relacionados con la promoción de la agroecología. En la misma línea, se ha aprobado una ley que promueve el uso de insumos biológicos”.

En su estrategia nacional (SND-AE 2023-2027), el gobierno apoya la intensificación de prácticas agroecológicas en colaboración con organizaciones campesinas, con el fin de garantizar de forma sostenible la seguridad alimentaria y nutricional en un contexto marcado por crisis climáticas: disminución de las lluvias, degradación de suelos y recursos hídricos, pérdida de biodiversidad, sequías, inundaciones, etc.

Otro gran eje es la demanda de abandono progresivo de pesticidas químicos impulsada por actores rurales. Para ello, se han abierto nuevos espacios de diálogo y negociación. La Sra. Ouandegma destaca una “voluntad compartida, tanto del movimiento rural como de las autoridades, de orientar decididamente al país hacia una transición agroecológica tangible”.

Protección de las semillas campesinas

En cuanto a los recursos fitogenéticos y la protección de las semillas campesinas, el Sr. Nakande observa avances positivos. En primer lugar, la “creación de una comisión dedicada a los recursos fitogenéticos, que ofrece un marco político para promover las propuestas campesinas”. En segundo lugar, la adopción de una nueva ley agropastoral que reconoce el estatus de agricultor/campesino y refuerza la protección del derecho a las semillas. “Esta ley sienta las bases de un marco favorable para la conservación de semillas, en particular mediante la creación de una base de datos dedicada”. Según él, se trata de un verdadero salto cualitativo: “a partir de ahora, cada campesina/o podrá participar activamente en la preservación del sistema alimentario local y en el mantenimiento de la biodiversidad”.

Una dialéctica en curso

Es evidente que el campesinado debe constituir una fuerza política central en el proceso de transformación social, económica y política de Burkina Faso. Este proceso se hará con él o no se hará. Sin embargo, todo proceso de transformación política conlleva inevitablemente trayectorias dialécticas, marcadas por tensiones internas y contradicciones constantes, más aún en un país como Burkina Faso. No obstante, la mayoría de los análisis externos tienden a ignorar esta complejidad, en favor de juicios simplistas, descontextualizados y a menudo eurocéntricos.

Todo proceso político transformador que aspire a ser progresista necesita debate democrático. Las críticas internas y externas —si son constructivas y no responden a lógicas imperialistas— pueden y deben contribuir a orientar este proceso hacia una verdadera emancipación popular y a corregir el rumbo si es necesario. Lo que ocurre en Burkina Faso es un intento inédito de renovación panafricana, centrado en un modelo de desarrollo autocentrado y autodeterminado, en un continente que sigue sufriendo el yugo neocolonial. En este contexto, el gobierno de Traoré cuenta con un apoyo popular considerable, especialmente de movimientos sociales rurales y de la juventud, que rechazan la fatalidad neocolonial y reclaman soberanía nacional y popular.

No se trata de idealizar. Pero, en un mundo aún estructurado por profundas relaciones de dominación neocolonial, todo intento de liberación nacional merece ser examinado y acompañado, especialmente si está impulsado por las clases populares y los movimientos sociales de base. En este tipo de procesos, la única garantía real contra retrocesos es un diálogo pedagógico entre las fuerzas populares y el gobierno. El desafío permanente, para el CETIM, es seguir siendo una plataforma para la soberanía popular, arraigada en el apoyo de las masas y no aislada de ellas.

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La Red de Mujeres Rurales del Ecuador se ha propuesto analizar las realidades que afectan la vida en sus territorios a la luz de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Campesinas, los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en Zonas Rurales (UNDROP). Esta declaración constituye una herramienta sustantiva para las mujeres rurales, en tanto garantiza derechos fundamentales que habilitan condiciones adecuadas para sostener una vida digna en los territorios donde ellas cuidan y reproducen la vida. Contar con este instrumento resulta particularmente imprescindible en el actual contexto adverso que atraviesa el país.

Los trabajos remunerados y no remunerados que las mujeres rurales realizan generan las condiciones adecuadas para que la vida humana, la naturaleza y la capacidad organizativa continúen reproduciéndose. En consecuencia, cuando ellas ejercen plenamente los derechos reconocidos en la UNDROP y en la Constitución de la República del Ecuador (CRE) y, cuentan con las condiciones de dignidad requeridas, esa dignidad se traslada también a los espacios en los que intervienen cotidianamente. Las mujeres rurales son abridoras de caminos; con su trabajo “arando la tierra”, de múltiples maneras, hacen posible que la vida permanezca y siga brotando en sus entornos, aun en medio de las adversidades estructurales y coyunturales. Por esta razón, es imperativo que sean reconocidas como sujetas de especial protección: las mujeres rurales deben ser plenamente reconocidas como sujetas de derechos.

Este informe fue elaborado por la Red de Mujeres Rurales del Ecuador mediante un proceso colectivo y participativo, con el propósito de visibilizar y denunciar las vulneraciones que enfrentan; se trata de un ejercicio para nombrar, denunciar y amplificar violencias comúnmente acalladas, así como para construir espacios de fortalecimiento, reflexión y unidad organizativa. A partir de sus voces, conocimientos y experiencias, las mujeres rurales priorizaron el análisis de cuatro derechos consagrados en la UNDROP que se encuentran gravemente afectados y comprometen su capacidad de subsistencia: 1) tierra y territorio; 2) alimentación y nutrición adecuada; 3) no discriminación; y 4) ambiente y agua.

El documento se estructura en cuatro apartados: primero, un breve análisis de contexto; segundo, una argumentación respecto al carácter vinculante de la UNDROP en el marco de la CRE; tercero, el examen de los cuatro derechos priorizados, que incluye una contextualización de su situación y un análisis del marco jurídico aplicable en la UNDROP y en la CRE; y finalmente, un conjunto de recomendaciones dirigidas al Estado ecuatoriano.

En la elaboración de este informe participaron organizaciones de la Red de Mujeres Rurales del Ecuador, con el apoyo de FIAN Ecuador en la facilitación y sistematización del proceso.

Informe completo:

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El 5 de junio de 2025, el Consejo Nacional de Derechos Humanos (CNDH), tras ser instado por organizaciones campesinas brasileñas de La Vía Campesina, publicó la Recomendación n.º 5/2025, en la que «recomienda la adopción de las medidas necesarias para la observancia, divulgación y cumplimiento de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos por parte del Estado brasileño». Este documento constituye un marco normativo y político de extrema relevancia para la efectividad de los derechos campesinos en Brasil, en la medida en que reconoce, de forma explícita, la centralidad de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos, las Campesinas y las Personas que Trabajan en las Zonas Rurales (UNDROP) como parámetro indispensable para la actuación del Estado brasileño. Este avance normativo constituye igualmente una buena práctica en la promoción y aplicación de la UNDROP a nivel nacional, y puede —y debe— inspirar a las organizaciones campesinas y a las autoridades públicas de otros países.

Para comprender la relevancia de esta Recomendación, es importante recordar el contexto en el que se aprobó la Declaración en 2018, cuando Brasil estaba bajo un gobierno de extrema derecha y, debido a su política exterior e interior, se abstuvo de votar a favor del texto. Las consecuencias de esta postura hicieron que la Declaración no se incluyera en las políticas internas del Estado brasileño, lo que obstaculizó su implementación.

En este sentido, el CNDH, como institución autónoma y con el mandato de actuar en la promoción y defensa de los derechos humanos en Brasil, y a partir de su comisión permanente sobre «Derechos de los Pueblos Indígenas, los Quilombolas, los Pueblos y Comunidades Tradicionales, de las Poblaciones Afectadas por Grandes Emprendimientos y de los Trabajadores y Trabajadoras Rurales Involucrados en Conflictos Fundiarios», recomendó una serie de medidas que deben adoptar los tres poderes del Estado brasileño para colmar esta laguna e implementar políticas de protección de los derechos de las comunidades campesinas y demás trabajadores del campo, de conformidad con la Declaración. Entre estas medidas, se recomendó al Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil que manifestara ante el Secretario General de las Naciones Unidas el apoyo de Brasil a la UNDROP.

Al publicar la recomendación, la CNDH se basó en el panorama de la política de derechos humanos en Brasil y en las constantes denuncias recibidas que revelan un historial de invisibilización y vulnerabilidad de los pueblos del campo. El hecho es que la Comisión mencionada recibe casi la mitad de las denuncias de violaciones de derechos humanos en todo el Consejo, lo que refuerza la importancia de que el Estado brasileño adopte medidas eficaces para la promoción y aplicación de la UNDROP y los derechos humanos de los pueblos del campo.

Al afirmar la necesidad de observar, dar a conocer y cumplir la UNDROP, el CNDH busca contribuir a superar la brecha existente entre los compromisos internacionales asumidos por Brasil en el ámbito de los derechos humanos y su efectiva implementación a nivel interno. Se trata de un instrumento que reafirma que los derechos campesinos no se limitan a políticas sectoriales o asistenciales, sino que forman parte del núcleo de los derechos humanos fundamentales, abarcando derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales.

Además, la Recomendación explicita la relación estructural entre la negación de derechos en el campo y la persistencia de la violencia en el campo, los conflictos por la tierra, el trabajo esclavo y la criminalización de los defensores y defensoras de los derechos humanos. Al reconocer las reiteradas condenas de Brasil por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en casos relacionados con la violencia en el campo, el documento refuerza el deber del Estado de prevenir, responsabilizar a los autores y reparar íntegramente a las víctimas y sus familiares, incluso cuando las violaciones y los abusos son cometidos por particulares con la connivencia u omisión de los poderes públicos.

Otro aspecto central es la valoración del papel de los campesinos y las campesinas en la garantía de la soberanía y la seguridad alimentaria, la preservación de la biodiversidad y la lucha contra la crisis climática. La Recomendación reconoce que las prácticas agroecológicas y los conocimientos tradicionales de los pueblos del campo son fundamentales para la construcción de modelos de desarrollo social y ambientalmente sostenibles, rompiendo con la lógica de la explotación intensiva de la tierra y los bienes naturales que históricamente ha producido desigualdades y violaciones de derechos .

La Recomendación de la CNDH también tiene relevancia institucional al proponer medidas concretas para la implementación de la UNDROP, como la creación de un Grupo de Trabajo interinstitucional, la articulación entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial y la participación activa de la sociedad civil organizada. Estas directrices refuerzan la idea de que la efectividad de los derechos campesinos exige políticas de Estado, con mecanismos de seguimiento, evaluación y participación social, y no acciones puntuales o discontinuas.Por último, al orientar a los órganos del sistema judicial, como el Consejo Nacional de Justicia, el Ministerio Público y las Defensorías Públicas, la Recomendación refuerza la incorporación de la perspectiva de los derechos humanos de los campesinos y las campesinas en las decisiones judiciales y administrativas, contribuyendo a ampliar el acceso a la justicia y a superar la impunidad de los delitos cometidos en el campo. En este sentido, el documento reafirma que la democracia brasileña y la justicia social pasan necesariamente por el reconocimiento de la dignidad, la autonomía y los derechos territoriales de los campesinos y campesinas. En este sentido, es importante señalar que la CNDH ha recibido respuestas de instituciones informando de la incorporación de la Declaración en su ámbito jurídico orientativo. Cabe destacar las publicaciones del Tribunal de Justicia de Sergipe y del Tribunal de Justicia de Paraná, de la Justicia Federal de Bahía y del Tribunal Regional Federal de la 5.ª Región.

La Recomendación n.º 05/2025 de la CNDH representa un instrumento estratégico para la efectividad de los derechos de los pueblos del campo en Brasil, al alinear el ordenamiento jurídico y las políticas públicas nacionales con los más altos parámetros internacionales de derechos humanos, promoviendo la justicia social, la lucha contra la violencia en el campo y el fortalecimiento de la democracia, con la participación directa de los movimientos sociales del campo.

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París, Ginebra, 15 de enero de 2026. La Confédération paysanne y el Centro Europa – Tercer Mundo (CETIM) presentaron hoy una denuncia oficial ante varios Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, tras el arresto y la detención policial de 52 campesinos y campesinas, ocurrido ayer 14 de enero de 2026, durante una manifestación en París.

Durante esta movilización, alrededor de 150 campesinos y campesinas se dirigieron al Ministerio de Agricultura en París. La acción se desarrolló sin violencia: las y los manifestantes ingresaron a pie al vestíbulo de la Dirección General de la Performance Económica y Medioambiental de las Empresas (DGPE), desplegaron pancartas y ocuparon el lugar con el fin de hacer oír sus reivindicaciones.

La manifestación fue organizada para interpelar a las autoridades sobre la gestión de la crisis de la dermatitis nodular contagiosa (DNC), las amenazas vinculadas al acuerdo UE–Mercosur y, de manera más general, para denunciar políticas agrícolas estructuralmente desfavorables para la campesinado. A pesar de la ausencia de violencia, las fuerzas del orden procedieron a un cerco y a arrestos masivos, dirigidos en particular contra responsables sindicales nacionales e internacionales.

El informe presentado ante las Naciones Unidas documenta graves vulneraciones de las libertades fundamentales, en particular la libertad de asociación y de reunión pacífica, la libertad de opinión y de expresión, la libertad sindical, así como los derechos específicos de los campesinos y campesinas, tal como están consagrados en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales (UNDROP).

Mediante esta acción, la Confédération paysanne y el CETIM solicitan a los mecanismos de la ONU que intervengan con carácter de urgencia ante las autoridades competentes para que Francia respete sus obligaciones internacionales, ponga fin a la criminalización de las movilizaciones campesinas y garantice el ejercicio efectivo de los derechos de los campesinos y campesinas.

Leer también el comunicado de prensa de la Confédération paysanne:
https://www.confederationpaysanne.fr/actu.php?id=16339

Contactos:

Confédération paysanne – Emilie Deligny, Secretaria general+33 6 36 58 17 26, edeligny@confederationpaysanne.fr

CETIM – Raffaele Morgantini, Representante del CETIM ante la ONU+41 79 660 65 14, raffaele@cetim.ch

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Defendiendo los Derechos Campesinos traduce y republica el comunicado de prensa emitido por el Grupo de Trabajo de Expertos de la ONU sobre UNDROP, del 11 de diciembre de 2025 (disponible en inglés aquí).

GINEBRA – Expertos de la ONU celebraron hoy un fallo histórico del Tribunal Superior de Kenia que declaró inconstitucionales las disposiciones de la Ley de Semillas y Variedades de Plantas que criminalizaban la conservación, el uso, el intercambio y la venta de semillas indígenas y semillas conservadas por los campesinos y las campesinas.*

“Este fallo reconoce correctamente que el intercambio de semillas no es un delito, sino un elemento fundamental de la identidad, la resiliencia y la contribución de los campesinos y las campesinas a los sistemas alimentarios nacionales”, afirmó el Grupo de Trabajo.

El Tribunal Superior de Kenia determinó que la ley, que otorgaba derechos exclusivos de comercialización y propiedad sobre las semillas a los criadores y a las empresas semilleras, y exponía a los campesinos y campesinas a posibles penas de hasta dos años de prisión por conservar o compartir semillas, violaba los derechos de estas personas a la vida, al sustento y a la alimentación. El Tribunal subrayó que las prácticas de intercambio de semillas, que se han mantenido durante siglos, constituyen la columna vertebral de la seguridad alimentaria y del patrimonio cultural de Kenia.

“Esta decisión es una afirmación significativa de que los derechos humanos de los/as campesinos/as y los imperativos de la seguridad alimentaria y la biodiversidad deben prevalecer sobre regímenes de propiedad intelectual excesivamente restrictivos”, señaló el Grupo de Trabajo.

Los expertos señalaron que disposiciones similares, a menudo basadas en la Ley de 1991 de la Unión Internacional para la Protección de Nuevas Variedades de Plantas (UPOV), se han incorporado a las leyes nacionales en muchos países, criminalizando prácticas ancestrales en la agricultura indígena y campesina.

“El fallo keniano envía un mensaje claro y oportuno: las obligaciones en materia de derechos humanos no pueden estar subordinadas a monopolios comerciales de semillas ni a interpretaciones restrictivas de los derechos de los obtentores de plantas”, afirmó el Grupo de Trabajo.

La decisión es coherente con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales (UNDROP), en particular el artículo 19, que reconoce el derecho a las semillas, incluyendo el derecho a conservar, usar, intercambiar y vender semillas conservadas por los/as campesinos/as o material de propagación. Los expertos recordaron su Documento Informativo sobre el Derecho a las Semillas**, que aclara que los Estados deben garantizar que las políticas de semillas, los esquemas de certificación y los marcos de propiedad intelectual se diseñen y apliquen de manera que respeten, protejan y cumplan estos derechos, y que los sistemas de semillas gestionados por campesinos/as sean legalmente reconocidos y apoyados activamente.

“Los tribunales desempeñan un papel crítico para garantizar que las leyes nacionales cumplan con las normas internacionales de derechos humanos”, señaló el Grupo de Trabajo. “Cuando los marcos legislativos han criminalizado los sistemas tradicionales de semillas o restringido las prácticas consuetudinarias campesinas, la revisión judicial ofrece una salvaguarda esencial para restaurar la primacía de los derechos humanos y el derecho a la alimentación.”

Los expertos elogiaron el coraje y la perseverancia de los/as campesinos/as, pueblos indígenas y actores de la sociedad civil de Kenia que se movilizaron para garantizar los derechos sobre las semillas ante el Tribunal. “Su determinación es una inspiración para los movimientos campesinos de todo el mundo y demuestra que, cuando los tribunales defienden los derechos humanos, protegen no solo los medios de vida de los pequeños agricultores y los pueblos indígenas, sino también el futuro de sistemas alimentarios diversos, resilientes y soberanos”, afirmaron.

“El fallo de Kenia debería inspirar interpretaciones similares basadas en derechos humanos de las leyes sobre semillas y los regímenes de protección de variedades vegetales en otras jurisdicciones”, concluyó el Grupo de Trabajo.

*El Grupo de Trabajo sobre Derechos Campesinos y otras personas que trabajan en zonas rurales está compuesto por cinco expertos independientes de todas las regiones del mundo. El Presidente-Rapporteur es Carlos Duarte (Colombia), y los otros miembros son Geneviève Savigny (Francia); Shalmali Guttal (India), Uche Ewelukwa Ofodile (Nigeria) y Davit Hakobyan (Armenia).

**Documento informativo sobre el derecho a las semillas, emitido por el Grupo de Trabajo en relación con la Undécima Sesión del Órgano Rector del Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura (TIRFAA), celebrada del 24 al 29 de noviembre de 2025, detalla cómo los Estados pueden integrar las obligaciones de la UNDROP bajo el derecho a las semillas para proteger las prácticas tradicionales de los/as campesinos/as y los Pueblos Indígenas, así como la biodiversidad.

Los Relatores Especiales / Expertos Independientes / Grupos de Trabajo son expertos en derechos humanos independientes nombrados por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. En conjunto, estos expertos se conocen como los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Los expertos de Procedimientos Especiales trabajan de manera voluntaria; no son personal de la ONU y no reciben salario por su labor. Si bien la oficina de Derechos Humanos de la ONU actúa como secretaría de los Procedimientos Especiales, los expertos ejercen su función a título individual y son independientes de cualquier gobierno u organización, incluida la ACNUDH y la ONU. Cualquier opinión o punto de vista presentado es únicamente del autor y no representa necesariamente a la ONU ni a la ACNUDH.

Las observaciones y recomendaciones específicas por país de los mecanismos de derechos humanos de la ONU, incluidos los procedimientos especiales, los órganos de tratados y el Examen Periódico Universal, se pueden consultar en el Índice Universal de Derechos Humanos https://uhri.ohchr.org/es/

Página de país de Derechos Humanos de la ONU – Kenia

Para consultas y solicitudes de medios, contactar a: Jamshid GAZIYEV, Secretario del Grupo de Trabajo sobre campesinos y trabajadores/as rurales (jamshid.gaziyev@un.org).

Para consultas de medios relacionadas con otros expertos independientes de la ONU, contactar a Maya Derouaz (maya.derouaz@un.org) o Dharisha Indraguptha (dharisha.indraguptha@un.org)

Siga las noticias relacionadas con los expertos independientes en derechos humanos de la ONU en X: @UN_SPExperts.

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El 27 de noviembre de 2025, el Tribunal Superior de Kenia en Machakos dictó una sentencia muy esperada en el marco de un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley sobre semillas y variedades vegetales interpuesto por un grupo de campesinos y campesinas. El Tribunal dio la razón a los demandantes en todos los puntos, anulando varias secciones de la ley y sus reglamentos.

Como se indicó anteriormente en otro articulo del sitioweb “Defendiendo los derechos campesinos”, el recurso constitucional contra la Ley sobre semillas y variedades vegetales fue presentado en 2022 por quince campesinos y campesinas de la Seeds Savers Network contra la agencia gubernamental encargada de la aplicación de la ley.

Revisada en 2012, la Ley keniana sobre semillas y variedades vegetales es una ley draconiana que prohíbe a los campesinos y las campesinas conservar, compartir, intercambiar y vender semillas bajo pena de sanciones penales. En su decisión, la jueza declaró que varias disposiciones de la ley eran contrarias a la Constitución de Kenia, al Tratado sobre los Recursos Fitogenéticos de la FAO y a la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales (UNDROP). La jueza consideró que la Constitución debía interpretarse a la luz del artículo 9 del Tratado sobre los Recursos Fitogenéticos y del artículo 19 de la UNDROP, y que Kenia estaba obligada a cumplir sus obligaciones en virtud del derecho internacional en general y de los derechos humanos en particular.

Más concretamente, la jueza consideró que la sección de la ley que otorga a los inspectores la facultad de incautar y destruir semillas cuando tienen «motivos razonables» para creer que se ha infringido una disposición de la ley vulnera el derecho de los campesinos y las campesinas a la intimidad, al respeto de su domicilio y a la protección de sus bienes, tal y como se consagran en la Constitución. La jueza señaló que la falta de definición del término «motivos razonables» y de un mecanismo de control independiente podía dar lugar a abusos y decisiones arbitrarias.

Es importante señalar que la jueza declaró que varias disposiciones de la ley son inconstitucionales, ya que vulneran el derecho de los campesinos y las campesinas a conservar, utilizar, compartir, intercambiar y vender semillas conservadas en la explotación. Estas disposiciones penalizan la venta de semillas, salvo que se trate de semillas certificadas vendidas por comerciantes registrados, y limitan los derechos de los campesinos y las campesinas sobre sus cosechas procedentes de variedades protegidas.

La jueza consideró que, al restringir el derecho cultural a conservar, compartir e intercambiar semillas, estas disposiciones son contrarias a la Constitución, que afirma que el Estado debe reconocer el papel de la ciencia y las tecnologías indígenas, así como reconocer y proteger la propiedad de las semillas y variedades vegetales indígenas, sus diversas características y su uso por parte de las comunidades de Kenia. Teniendo en cuenta la importante contribución de los campesinos y las campesinas a la producción de alimentos, la jueza consideró que estas disposiciones también violaban el derecho a la alimentación garantizado por la Constitución y la obligación de Kenia de adoptar medidas legislativas, políticas y de otro tipo para garantizar su realización progresiva. Por último, la jueza también consideró que los exorbitantes gastos de registro, asociados a los estrictos requisitos de registro, constituían una discriminación indirecta contra los campesinos y campesinas.

En cuanto al derecho a la participación, la jueza observó que muchas de las cuestiones planteadas en la demanda podrían haberse evitado si el Gobierno hubiera garantizado el derecho a una participación adecuada y significativa de los campesinos y campesinas, las partes interesadas y el público en el proceso de elaboración de la legislación. La jueza ordenó al Gobierno que garantizara el derecho a la participación en el proceso de modificación de la ley para cumplir con la sentencia.

Aún no se sabe si el Gobierno de Kenia apelará esta decisión. En cualquier caso, esta decisión judicial cambia las reglas del juego para millones de campesinos y campesinas kenianos y sienta un importante precedente para los derechos consagrados en la UNDROP y, en particular, el derecho a las semillas a escala mundial.

***

Sentencia del Tribunal Superior de Kenia, disponible aquí (en inglés):
https://new.kenyalaw.org/akn/ke/judgment/kehc/2025/18166/eng@2025-11-27

Constitución de Kenia (en particular los artículos 11, 21(2) y 43(1)):
https://kenyalaw.org/kl/fileadmin/pdfdownloads/TheConstitutionOfKenya.pdf

Ley de Kenia sobre semillas y variedades vegetales:
https://upovlex.upov.int/en/legislation/text/506145

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Hace apenas unos momentos, las fuerzas de ocupación israelíes lanzaron un asalto militar contra la Unidad de Multiplicación del Banco de Semillas de la UAWC en el área de Hebrón, utilizando bulldozers y maquinaria pesada para demoler las instalaciones de almacenamiento e infraestructura esenciales para las operaciones de la unidad.
El ataque resultó en la destrucción de instalaciones críticas utilizadas para almacenar materiales e insumos agrícolas, constituyendo un asalto directo a la soberanía alimentaria palestina, los esfuerzos para preservar semillas ancestrales, y una continuación del ataque dirigido contra la Unión misma. Hacemos un llamado a todos los aliados, amigos y socios internacionales para que actúen urgentemente para detener estas violaciones y hacer responsables a la ocupación israelí por sus crímenes contra la tierra, las personas y las semillas.
Instamos además a aumentar la solidaridad y el apoyo a los agricultores palestinos y su derecho a permanecer en su tierra.

31 de julio de 2025

Unión de Comités de Trabajo Agrícola (UAWC), organización miembro de La Vía Campesina en Palestina.

El asalto resultó en los siguientes daños y pérdidas:

• Destrucción completa de la caravana principal, que servía como instalación de almacenamiento para materiales y herramientas agrícolas utilizadas en la multiplicación, procesamiento y preservación de semillas.
• Destrucción de toda la red eléctrica, lo que llevó a la suspensión total de las operaciones diarias dentro de la unidad.
• Daños severos a la infraestructura de agua, causando un corte completo de agua. Esto ha puesto en riesgo toda el área cultivada de 16 dunums, ya que los cultivos ahora están amenazados con la deshidratación y la muerte.
• Riesgo de perder toda la temporada agrícola, ya que los cultivos actualmente bajo cultivo representan aproximadamente el 80% del stock de semillas destinado a ser depositado en el Banco de Semillas principal en Hebrón, que estaba programado para ser distribuido a cientos de agricultores en la próxima temporada de siembra.
• Destrucción y pérdida de grandes cantidades de insumos agrícolas esenciales, incluyendo redes de riego, fertilizantes orgánicos, y equipos y herramientas agrícolas de uso diario.
• La amenaza más inmediata y crítica es la pérdida total de la temporada actual debido a la interrupción del agua, lo que podría socavar gravemente los esfuerzos nacionales de soberanía de semillas e impactar la seguridad alimentaria de los pequeños agricultores.

Una evaluación completa de daños está en curso, y un informe detallado será publicado en los próximos días.

Imágenes disponibles hasta ahora del sitio atacado:

Fuente de la imagen: UAWC

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Defending Peasants Rights condena enérgicamente este ataque dirigido contra una infraestructura civil dedicada a la soberanía alimentaria y la preservación de semillas campesinas en Palestina.

La destrucción de esta instalación no es un acto aislado, sino parte de una estrategia deliberada no solo para erradicar los medios de vida de los campesinos palestinos y la población palestina, sino también para destrozar los recursos agrícolas palestinos y la tierra fértil. Expresamos nuestra absoluta solidaridad con los miembros de la UAWC y hacemos un llamado a los Estados, así como a todos los movimientos sociales, sindicales y populares, a movilizarse para denunciar estas violaciones y defender los derechos fundamentales del pueblo palestino.

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La Vía Campesina Brasil presentó una contribución escrita (disponible en inglés y portugués) en respuesta al llamado del Grupo de Trabajo de la ONU sobre la UNDROP, delineando los principales desafíos del campesinado brasileño. Elaborado colectivamente tras la realización de una formación sobre la UNDROP para organizaciones brasileñas de la LVC, el texto también presenta una visión colectiva sobre el estado actual del derecho a la participación de los campesinos y campesinas en Brasil.

Durante los meses de enero y marzo de 2025, se realizó una formación sobre la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Campesinos y de las Campesinas (UNDROP) para organizaciones miembro de La Vía Campesina en Brasil, con el apoyo de la organización de derechos humanos Terra de Direitos y del CETIM. Esta fue la primera formación sobre la UNDROP dirigida a movimientos sociales y organizaciones rurales de base en Brasil, siendo un ejemplo práctico de la implementación de la estrategia de La Vía Campesina Internacional de realizar capacitaciones sobre la Declaración para sus bases en los más diversos países.

El objetivo de la formación no fue solo dar a conocer la UNDROP entre sus titulares de derechos, sino también facilitar y fomentar una apropiación popular de esta Declaración en sus luchas políticas y jurídicas a nivel local, nacional, regional e internacional. La formación también tuvo como objetivo central la elaboración de un plan estratégico para incidir en diversas instancias gubernamentales, jurídicas y políticas, buscando la implementación de la Declaración con la participación activa de campesinos, campesinas y otros pueblos rurales cuyos derechos están consagrados en la UNDROP.

En el marco de esta primera formación en Brasil, las y los participantes de los diversos movimientos sociales que integran La Vía Campesina Brasil estudiaron la historia del proceso de construcción de la UNDROP y el contenido del instrumento, destacando los derechos a la tierra, a la biodiversidad, a las semillas y a la soberanía alimentaria. En un segundo momento, discutieron casos concretos de violaciones a los derechos establecidos por la UNDROP ocurridos en territorio nacional, perpetrados principalmente por empresas transnacionales y terratenientes del agronegocio.

Aprovechando el capital político de los movimientos sociales presentes, impulsar la implementación de la UNDROP desde una perspectiva popular es crucial en el arduo y prolongado trabajo por la justicia social, la reforma agraria y la soberanía alimentaria en el medio rural brasileño. En este sentido, el plan estratégico elaborado colectivamente durante la formación aportó una importante claridad sobre el camino a seguir para promover e implementar la UNDROP en Brasil y traducir sus disposiciones tanto en el ámbito legal como en las políticas públicas.

Entre las diversas iniciativas a realizar, se encuentra la incidencia ante las Naciones Unidas (ONU), especialmente ante su recién creado Grupo de Trabajo (GT) sobre la UNDROP. Al participar en los debates del GT y colaborar con su trabajo, las organizaciones campesinas y rurales alrededor del mundo pueden utilizar este mecanismo internacional para avanzar en la implementación de la UNDROP en sus respectivos países. Después de todo, una de las funciones del GT es precisamente recomendar, apoyar y acompañar a los países miembros de la ONU en la implementación de la Declaración, para que esta pueda ser un vector directo en la elaboración de políticas públicas, programas y leyes que realmente reparen las desigualdades en el campo.

En marzo de 2025, el GT lanzó una convocatoria pública para que organizaciones campesinas y rurales, así como gobiernos y otras instituciones, colaborarán con sus próximos dos estudios, en los que se abordarán los siguientes temas: i. tendencias globales en los desafíos que afectan a los campesinos y las campesinas; ii. derecho de los campesinos y campesinas a la participación equitativa. Así, La Vía Campesina Brasil, a través de la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT), el Movimiento de los Pequeños Agricultores (MPA), el Movimiento de los Afectados por Represas (MAB), el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST), junto con Terra de Direitos y con el apoyo técnico del CETIM, presentó un documento para contribuir a los estudios del GT desde los desafíos del campesinado brasileño. El documento, disponible aquí (en inglés y portugués), presenta una perspectiva colectiva sobre la actual coyuntura de los desafíos de los pueblos rurales en Brasil, cuya síntesis se presenta a continuación:

Los campesinos, las campesinas, pescadores artesanales, pueblos tradicionales y trabajadores rurales en Brasil enfrentan desafíos estructurales que amenazan sus modos de vida y derechos fundamentales. La concentración de tierras y los conflictos agrarios se agravan por la falta de reforma agraria y la privatización de áreas comunes, llevando a violencias e impunidad. Además, el acceso a políticas públicas es limitado por la burocracia, la falta de asistencia técnica e infraestructura, mientras que la crisis climática y los grandes proyectos, como represas, desplazan comunidades y degradan el medio ambiente. La identidad cultural campesina también es amenazada por el avance del agronegocio, que sustituye prácticas sostenibles por monocultivos e intensifica el uso de agrotóxicos. La criminalización de las luchas por derechos territoriales y la falta de acceso a la justicia también perpetúan la vulnerabilidad de estas poblaciones, especialmente indígenas, quilombolas y comunidades extractivistas, que sufren violencias y exclusión social.

El derecho a la participación de campesinos y trabajadores rurales en decisiones políticas aún enfrenta barreras significativas en Brasil. La exclusión de estos grupos se manifiesta en la falta de acceso a información, la dificultad de representación política efectiva y la ausencia de consultas previas, libres e informadas, especialmente en procesos de licenciamiento ambiental y formulación de políticas públicas. Comunidades tradicionales, como indígenas y quilombolas, frecuentemente ven sus derechos violados, sin canales adecuados para influir en decisiones que impactan sus territorios y modos de vida. Además, la marginalización política se agrava por la predominancia del agronegocio, que concentra poder y recursos, limitando la voz de la agricultura familiar y los pequeños productores en espacios decisorios nacionales e internacionales.

A pesar de estos desafíos, existen mecanismos y políticas que buscan ampliar la participación rural, como los Consejos de desarrollo agrícola (CONDRAF), foros de discusión y programas de fortalecimiento de la agricultura familiar. La Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Campesinos y las Campesinas (UNDROP) y el Convenio 169 de la OIT ofrecen bases legales para exigir consultas participativas. Sin embargo, la efectividad de estos instrumentos depende de la presión social, el acceso a la justicia y el compromiso del Estado en garantizar que las voces del campo sean escuchadas. Los movimientos sociales han desempeñado un papel crucial en esta lucha, promoviendo marchas, ocupaciones de tierras e incidencia política para asegurar que los derechos participativos no sean solo formales, sino concretos y transformadores.

Al igual que La Vía Campesina Brasil, la realización de procesos formativos sobre la UNDROP a nivel nacional y/o regional, la elaboración de un plan estratégico por parte de los movimientos locales para su promoción y la participación en el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Derechos Campesinos son pasos esenciales para implementar la UNDROP. Este es un camino fundamental para dar vida a la Declaración desde las bases, mediante la apropiación de sus derechos por los y las titulares de derechos y la incorporación de la UNDROP en sus luchas políticas y jurídicas por la justicia social y los derechos humanos de los pueblos del campo.

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La sentencia de la Corte Constitucional de Colombia establece una nueva jurisprudencia que permite avanzar en el proceso de protección de los derechos de los campesinos a nivel nacional y que consolida a la UNDROP como el instrumento de referencia en la materia.

El caso que originó esta sentencia se centraba en una pareja de ancianos campesinos de Saravena, en el departamento de Arauca, que vivían en su granja “El Paraíso”. Después de varias inundaciones causadas por el desbordamiento del río Bojabá, su casa se volvió inhabitable, y desde entonces viven de manera precaria en casa de su hijo, sin reconocimiento alguno como desplazados internos por parte de las autoridades y sin recibir ayuda alguna por parte del Estado colombiano. La Corte consideró que se había violado el derecho de la pareja a una vida digna y que el Estado tenía la obligación de garantizarles una protección apropiada.

Para dictar la sentencia, la Corte se basó en el artículo 64 de la Constitución enmendado en 2023, el cual reconoce a los campesinos como sujetos de derecho e impone al Estado otorgarles una protección especial, además de recalcar la importancia del campesinado en la construcción del territorio, la soberanía alimentaria y la diversidad cultural. Fue sobre estas bases que la Corte afirmó que las personas desplazadas debido a causas medioambientales, cuando sean campesinas, deberán recibir una protección especial.

Aunque no se mencione explícitamente a la UNDROP en la sentencia, su influencia es patente, porque fue dicha Declaración la que se utilizó como referencia para la reforma del artículo 64. La UNDROP reconoce los derechos específicos de los campesinos, tales como el derecho a la tierra, a un entorno sano y a la participación política. También recalca la necesidad de un tratamiento diferente para las poblaciones rurales en situación de vulnerabilidad. Respecto a los desplazamientos por la fuerza, la UNDROP establece medidas específicas para proteger a los campesinos y campesinas contra esa práctica:

Artículo 12.5 (derecho a la justicia): Los Estados proporcionarán a los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales mecanismos eficaces para prevenir y resarcir todo acto que tenga por objeto o consecuencia vulnerar sus derechos humanos, despojarlos arbitrariamente de sus tierras y recursos naturales o privarlos de sus medios de subsistencia y de su integridad, y toda forma de sedentarización o desplazamiento de población por la fuerza.

Artículo 17.4 (derecho a la tierra): Los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales tienen derecho a estar protegidos contra todo desplazamiento arbitrario e ilegal que los aleje de su tierra, de su lugar de residencia habitual o de otros recursos naturales que utilicen en sus actividades y necesiten para poder disfrutar de condiciones de vida adecuadas. Los Estados incorporarán en la legislación nacional medidas de protección contra los desplazamientos que sean compatibles con el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Los Estados prohibirán los desalojos forzosos arbitrarios e ilegales, la destrucción de zonas agrícolas y la confiscación o expropiación de tierras y otros recursos naturales, en particular como medida punitiva o como medio o método de guerra.

Artículo 24.3 (derecho al alojamiento): Los Estados no obligarán arbitraria o ilegalmente a campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales a abandonar su hogar o la tierra que ocupen en contra de su voluntad, sea de forma temporal o permanentemente, sin proporcionarles protección jurídica o de otro tipo o permitirles que accedan a esta. Cuando el desalojo sea inevitable, el Estado proporcionará una indemnización justa y equitativa por las pérdidas materiales o de otro tipo que se ocasionen o velará por que se conceda.

La sentencia de la Corte demuestra que la UNDROP puede producir efectos concretos mediante el derecho nacional: al inspirar a la Constitución colombiana, ha permitido crear una base jurídica sólida sobre la cual la Corte puede apoyarse para proteger a los campesinos y campesinas, además de permitir ampliar la noción de desplazamiento interno para cubrir otras causas además de los conflictos armados, tales como el impacto de las catástrofes naturales.

En su sentencia, la Corte hace un llamado a las autoridades a elaborar una política pública específica que responda a las situaciones de desplazamiento medioambiental, e insiste en la importancia de tomar en cuenta las diferentes realidades de las zonas rurales y de las poblaciones campesinas, las cuales frecuentemente acumulan diferentes formas de vulnerabilidad.

La sentencia T-123/24 abre definitivamente el camino para una aplicación más amplia de los derechos de los campesinos en Colombia. Mediante la influencia de la UNDROP – que ha sido movilizada por el movimiento campesino colombiano frente a sus instituciones nacionales – el campesinado de ese país disfruta actualmente de un mayor reconocimiento de sus derechos, en especial frente a los efectos del cambio climático y la insuficiencia de las respuestas institucionales. Esta jurisprudencia podría representar un precedente importante para la consolidación de una justicia social y medioambiental en los entornos rurales en la cual podrían inspirarse los sistemas judiciales de los demás países miembros de la ONU.

Para obtener más información sobre los derechos de lxs campesinxs en Colombia, consulte en este enlace nuestro artículo sobre el reconocimiento de los campesinos y campesinas en la Constitución colombiana.

La entrada Colombia: una sentencia de la Corte Constitucional protege a los campesinos y campesinas desplazados por las catástrofes naturales se publicó primero en Defending Peasants' Rights.

El Movimiento para la Reforma Agraria y Agrícola (MONLAR), que representa a más de 5.000 trabajadores campesinxs de Sri Lanka, presentó recientemente una solicitud al gobierno en la que enumera varios casos de violación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos Campesinos y Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales, de la que Sri Lanka es signataria. También instó al Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Declaración a iniciar una evaluación sobre cómo las condiciones del FMI, otras instituciones financieras internacionales y la arquitectura global de la deuda violan los derechos humanos de campesinxs y trabajadores. La solicitud, de la que se reproduce un extracto a continuación, también revela cómo las instituciones financieras globales han implementado reformas económicas que han transferido la carga de la estabilización económica a los sectores más pobres de la sociedad mediante medidas de austeridad.

1,65 millones de campesinxs y pequeños productores de alimentos de Sri Lanka trabajan en menos de 2 hectáreas cada uno y, sin embargo, producen el 80% de los alimentos del país. Pero las políticas económicas impulsadas por la deuda y defendidas por el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial y el Banco Asiático de Desarrollo (BAD) han acabado con la autonomía de campesinxs y pescadores en la producción de alimentos y con su capacidad para garantizar la soberanía alimentaria. A través de diversos programas de ajuste estructural, las Instituciones Financieras Internacionales (IFI) empujan a Sri Lanka a dar prioridad a los cultivos comerciales para la exportación frente a los alimentos para el consumo interno. Las reformas agrícolas orientadas a la exportación, que integraron la agricultura intensiva en capital, han favorecido a las agroindustrias y debilitado a campesinxs y pequeños pescadores al hacerlos dependientes del mercado para insumos como semillas, fertilizantes, redes de pesca y embarcaciones. Como consecuencia del creciente coste de la producción de alimentos, campesinxs y pescadores están profundamente endeudados, desposeídos de sus tierras, convertidos en jornaleros agrícolas en sus tierras y emigrando a zonas industriales locales o al extranjero como trabajadores en régimen de servidumbre.

El fracaso del actual sistema agrícola a la hora de crear medios de vida dignos para campesinxs y otros trabajadores de las zonas rurales queda patente en los altísimos niveles de concentración de la pobreza en las zonas rurales y de plantaciones, donde vive más del 80% de los pobres de Sri Lanka.

Sri Lanka se enfrentó a una de las peores crisis económicas en 2022 al incumplir el pago de su deuda externa en abril de 2022. La crisis económica tuvo un impacto devastador en las comunidades rurales, provocando la duplicación de los índices de pobreza. El FMI, otras IFI y acreedores privados han utilizado la crisis y el impago de la deuda para empujar a Sri Lanka a su 17º programa con el FMI, un Servicio Ampliado del Fondo de 48 meses por valor de unos 3.000 millones de dólares.

El Movimiento por la Reforma Agraria y de la Tierra (MONLAR), que representa a más de 5.000 trabajadores campesinos de Sri Lanka, presentó recientemente al gobierno un escrito en el que enumera varios casos de violación de la Declaración de la ONU sobre los derechos de los campesinos y otras personas que trabajan en zonas rurales, de la que Sri Lanka es signataria.

La presentación, de la que reproducimos un extracto a continuación, también revela cómo las instituciones financieras mundiales han impuesto reformas económicas que han transferido la carga de la estabilización económica a los sectores más pobres de la sociedad a través de medidas de austeridad.

Violación del Artículo 2: Responsabilidad del Estado

Dos días antes de las elecciones presidenciales de septiembre de 2024, Sri Lanka se vio obligada a firmar un acuerdo con acreedores internacionales para reestructurar su deuda con prestamistas privados. Este acuerdo, que no se hizo público ni se debatió con el público, ni siquiera en el Parlamento de Sri Lanka, obligó al país a priorizar el pago de la deuda sobre los derechos de la población de Sri Lanka. Afectará gravemente a la capacidad del gobierno para invertir en la producción de alimentos, el desarrollo de los medios de subsistencia rurales y la seguridad social de las comunidades rurales.

Violación del artículo 4: No discriminación contra la mujer

A pesar de que su contribución no se reconoce ni se refleja en los marcos políticos nacionales, la participación de las campesinas en la producción alimentaria de Sri Lanka es fundamental. Las campesinas se enfrentan a numerosas barreras que les impiden alcanzar su pleno potencial: la falta de acceso y control sobre los recursos naturales, los mercados, los servicios financieros, la tecnología y las responsabilidades de cuidado. Sin embargo, las campesinas apoyan la producción de alimentos como miembros no remunerados de la familia, trabajadoras agrícolas o a través de huertos domésticos. Sin embargo, no se les reconoce ni se les da importancia en el gasto público a nivel macro. Por lo tanto, están excluidas a dos niveles: como mujeres y como pequeñas productoras de alimentos.

Violación del artículo 15: derecho a la alimentación y soberanía alimentaria

La desnutrición y la malnutrición han sido siempre motivo de grave preocupación en Sri Lanka, donde el 32,6% de las mujeres de entre 15 y 49 años padecen anemia y el 15,9% de la niñez presentan deficiencias por bajo peso al nacer. La situación ha empeorado entre las familias de los trabajadores agrícolas del sector de las plantaciones. A pesar de ser considerado un país “agrícola”, Sri Lanka depende en gran medida de la importación de alimentos. La vulnerabilidad de nuestra seguridad alimentaria se pone de manifiesto durante crisis como la pandemia, conflictos geopolíticos como la guerra entre Ucrania y Rusia, y la escasez de divisas.

La crisis económica de 2022 ha empeorado aún más la situación. Según el Programa Mundial de Alimentos, en enero de 2023, 6,3 millones de personas, es decir, más del 30% de la población de Sri Lanka, sufrían “inseguridad alimentaria” y necesitaban ayuda humanitaria. De ellas, unos 5,3 millones reducían o se saltaban comidas, y al menos 65.600 personas padecían inseguridad alimentaria grave. El aumento del IVA también disparó la inflación de los alimentos.

Violación del Artículo 16: Derecho a unos ingresos y medios de vida dignos y a los medios de producción

Las reformas económicas aplicadas a través del 17º programa del FMI han transferido la carga de la estabilización económica a los sectores más pobres de la sociedad a través de medidas de austeridad. La aplicación de los precios de la energía con recuperación de costes recomendados por el FMI casi ha triplicado los precios del combustible y la electricidad, lo que ha tenido efectos devastadores en los medios de subsistencia de los campesinos y la pesca. Los impuestos sobre equipos, semillas e insumos químicos han aumentado los costes de producción, sumiendo a los campesinos en la pobreza y el endeudamiento.

El endeudamiento de campesinxs y pescadores está vinculado principalmente a la expansión de la agricultura intensiva en capital y a la proliferación de los préstamos con ánimo de lucro por parte de bancos y sociedades financieras, como los préstamos de microfinanciación. Con la retirada del Estado de la concesión de créditos agrarios, el endeudamiento se ha convertido en una característica permanente en la vida de campesinxs y pescadores. Los suicidios entre campesinxs en la década de 1990 y entre las campesinas después de 2015 ilustran el carácter prolongado del endeudamiento en el sector agrario. Según las estadísticas nacionales de 2019, el endeudamiento es más frecuente en el sector rural y en el sector de las fincas que en el sector urbano. El 60,9% y el 64,4% de los hogares de los sectores rural y de las fincas, respectivamente, están endeudados. Vavuniya y Polonnaruwa, zonas predominantemente agrícolas, situadas también cerca de los mayores molinos arroceros propiedad de particulares, registraron las mayores incidencias de endeudamiento, con un 76,1% y un 70,3% de hogares endeudados.

Violación del Artículo 17: Derecho a la tierra

Las IFI, como el FMI y el Banco Mundial, abogan desde hace tiempo por privatizar los mercados de tierras en Sri Lanka. Los títulos de propiedad de la tierra se distribuyen a lxs agricultores levantando las restricciones para que lxs campesinxs vendan sus tierras proporcionadas por el Estado a personas ajenas a él, lo que ha sido una antigua exigencia de estas IFI. Con el actual programa del FMI, esta exigencia ha vuelto a la palestra, y el gobierno ha introducido un nuevo programa para proporcionar títulos de propiedad de la tierra a lxs campesinxs. Con la actual crisis económica y el endeudamiento de lxs campesinxs, MONLAR y muchas otras organizaciones temen que esta medida conduzca al despojo a gran escala de las tierras de lxs campesinxs.

En la actualidad, el Estado no reconoce el derecho consuetudinario a la tierra, por lo que muchos campesinxs han perdido las tierras que han cultivado y en las que han vivido durante generaciones. Debido a la falta de reconocimiento de la tenencia, muchas comunidades se ven desplazadas cuando llegan a sus pueblos proyectos y urbanizaciones a gran escala.

Aunque han pasado 15 años desde el final de la guerra, grandes extensiones de tierra en el Norte siguen bajo ocupación militar. Las comunidades minoritarias han utilizado estas tierras durante generaciones, antes y durante la guerra, y ocupan un lugar clave en sus medios de vida y su cultura. Algunos de los residentes de estas tierras son desplazados internos, mientras que otros siguen viviendo en campos de desplazados internos.

Violación del artículo 24: derecho a la vivienda

Incluso después de 200 años, los descendientes de las personas traídas a Sri Lanka desde el sur de la India como trabajadores contratados (comunidad Malaiyaga) en las plantaciones de té y caucho de Sri Lanka no son propietarios de sus viviendas ni de sus tierras. Se vieron obligados a vivir en las tierras de las plantaciones (propiedad del Estado y de empresas privadas) en viviendas de muy baja calidad. Carecen de acceso a la tierra para su producción alimentaria y siguen siendo vulnerables a los desalojos por parte de los terratenientes: las empresas de las plantaciones.

Recomendaciones al Gobierno de Sri Lanka

1. Salir inmediatamente de los acuerdos en curso con el FMI y de reestructuración de la deuda, ya que son desfavorables y perjudiciales. El gobierno debe negociar nuevos acuerdos que garanticen el desarrollo económico sostenible del país y los derechos socioeconómicos de campesinos, trabajadores y otras comunidades pobres y vulnerables.
2. Introducir las reformas necesarias en el marco jurídico y político local para hacer valer los derechos consagrados en el UNDROP. Algunas acciones inmediatas pueden ser:

• Revisar las leyes actuales relativas a la tierra, las semillas, el agua, la biodiversidad y otros recursos naturales para garantizar los derechos de lxs campesinos y otros trabajadores de las zonas rurales.
• Codificación de una nueva Constitución que integre los derechos sociales, económicos y culturales de campesinxs, trabajadores y otros como derechos humanos fundamentales.
• Reconocer la soberanía alimentaria y los derechos de lxs campesinxs y trabajadores rurales como prioridades clave en la formulación de su política agrícola, de desarrollo y económica.
• Realizar una auditoría de la deuda agraria y proporcionar alivio de la deuda, incluida su condonación.
• Reconocer a las mujeres como actores clave en la agricultura, la producción de alimentos y la economía rural. Asignar recursos a través de los presupuestos nacionales y locales para garantizar que las mujeres tengan acceso a recursos financieros accesibles y justos. El gobierno debe apoyar las acciones colectivas de las campesinas en los sistemas de producción, transformación, comercialización y ahorro de alimentos.
• Liberar todas las tierras ocupadas por los militares en el Norte y el Este a sus propietarios originales, y apoyar a los campesinos y otros productores de alimentos para que vuelvan a ganarse la vida en esas tierras.
• Reconocer y cumplir la demanda de la comunidad Malaiyaga de asignar tierras para su vivienda y la producción de alimentos.

MONLAR también pidió al Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Declaración de los Derechos Campesinos y Otras Personas que Trabajan en Zonas Rurales que inicie una evaluación de cómo las condiciones del FMI, otras IFI y la arquitectura de la deuda mundial violan los derechos humanos de los campesinos y trabajadores, y también que inicie un estudio entre países para examinar el impacto de la microfinanciación en las mujeres y el desarrollo rural.

La entrada Sri Lanka: MONLAR pide al gobierno de reformar la ley interna para adaptarla a la UNDROP se publicó primero en Defending Peasants' Rights.

El campesinado es sujeto de derechos y de especial protección, tiene un particular relacionamiento con la tierra basado en la producción de alimentos en garantía de la soberanía alimentaria, sus formas de territorialidad campesina, condiciones geográficas, demográficas, organizativas y culturales que lo distingue de otros grupos sociales.

Articulo 64 §2 Constitución política de Colombia

Este reconocimiento es la culminación de una larga lucha por parte de lxs campesinxs y sus organizaciones representativas. Para entender a fondo la importancia de este cambio en la Constitución, cómo se logró, el papel de UNDROP en este nuevo logro y los próximos pasos a seguir, entrevistamos a Martha Elena Huertas Moya, de la organización campesina FENACOA.

Puedes presentarte a ti mismo y a tu organización

Gracias, soy Martha Elena Huertas Moya, campesina, nacida en la zona rural de Bogotá, y con vínculos permanentes con su comunidad. Hago parte de la Federación Nacional de Cooperativas Agropecuarias, FENACOA, desde su fundación hace 40 años, como educadora y en la última década como integrante del Consejo de Administración.

FENACOA, es una organización de segundo nivel, agrupa a las cooperativas y asociaciones de la economía social y comunitaria, en algunas regiones del país, como Guaviare, Meta, Cundinamarca, Tolima, Cauca y Caldas.

Somos una organización todavía no reconocida como víctima de la violencia sociopolítica (estructural) y el conflicto social y armado en Colombia. En los años 90s, fueron asesinados 2 gerentes en funciones, y otros líderes de la mayoría de nuestras organizaciones, judicializados (encarcelados) otra parte de la dirigencia, amenazados y exiliados tanto líderes como asociados.

También somos una organización integrante de CLOC LVC, desde el inicio, e integrante de varias plataformas de lucha por la reforma agraria integral en Colombia.

El objetivo principal como sector cooperativo agropecuario, y en particular en la coyuntura actual del gobierno de Colombia con su plan de desarrollo “potencia mundial de la vida”, es aportar a la reactivación económica del país del sector primario, aportar a las transiciones agroecológicas, energéticas y las transformaciones sociales y políticas necesarias parra el ejercicio pleno de los derechos del campesinado colombiano. De hecho, este ultimo fue reconocido como sujeto de especial protección que gracias a la lucha global liderada por el movimiento de La Vía Campesina.

¿Podrías hablarnos de la situación de los derechos de los campesinos en Colombia, en particular tras la elección del presidente Petro?

El presidente Petro, y su programa de gobierno representan para el campesinado colombiano la oportunidad de

a) ser reconocidos en la constitución política nacional como sujetos políticos de derecho, con especial protección, de modo a acceder al ejercicio de los derechos contemplados en la Declaración de la ONU sobre derechos campesinos.

b) retomar la implementación del acuerdo de paz, que contemplaba entre otras cosas la implementación de la reforma rural integral, mediante metas concretas como la compra de 3.000.000 de hectáreas para adjudicación, formalización, restitución y reparación al campesinado.

c) hacer las transformaciones sociales y políticas necesarias que se requieren para que el campesinado y trabajadores rurales, tengan vida digna.

¿Habéis visto algún progreso, en términos de reforma agraria por ejemplo?

Los cambios y progresos constatados desde la toma de la administración de Gustavo Petro son claramente observables, no solo en las medidas jurídicas y constitucionales (marcos normativos y reglamentarios, leyes, decretos, resoluciones, etc.), si no también a nivel de las propuestas de reformas de la ley agraria, las cuales son obstaculizadas y negadas en el Congreso de la República por la mayoría parlamentaria, representante de los intereses latifundistas. Pese a esos obstáculos, se están ejecutando por primera vez importantes acciones políticas como entregas masivas de tierras, financiación de proyectos productivos, reconocimiento de territorialidades campesinas (zonas de reserva campesina, territorios agroalimentarios, entre otros). Es necesario subrayar ademas que estas iniciativas se toman a través del prisma de respeto del medio ambiente y de los derechos de la naturaleza, elementos centrales requeridos ante las crisis climáticas actuales.

Además, todas las organizaciones de agricultores se unieron para formar la Agenda Nacional del Agricultor. Este grupo se movilizó para plantear objetivos y propuestas comunes, que desembocaron en la firma de un acuerdo con el gobierno. El acuerdo firmado en julio de 2024 contempla la puesta en marcha de la reforma agraria, el desarrollo rural, la reactivación económica, proyectos productivos, la sustitución de cultivos de coca y otros temas.

Estos acuerdos firmados el 10 de julio 2024, ratifican el trabajo conjunto y articulado entre el gobierno y el movimiento campesino colombiano en materia de implementacion de la Reforma Agraria, de desarrollo rural, reactivacion economica, proyectos productivas, sustitución de los cultivos de coca y otros.

Las organizaciones campesinas reclaman una «reforma agraria integral y popular», ¿qué significa para vosotros frente a la reforma agraria «clásica»?

La reforma agraria es el concepto más amplio y significativo para el campesinado. Se trata de tener acceso a tierra, a titularidad de esa tierra, en un país donde la propiedad y tenencia de la tierra es de latifundistas, y de gremios productores de alimentos bajo el esquema de la agroindustria (monocultivo, agrotóxicos, etc.). Colombia es un país donde la más eficaz (contra)reforma agraria la hizo el latifundio y el narcotráfico mediante una estrategia de expulsión del campesinado de sus tierras, mediante el despojo y otras prácticas de ocupación de tierras y territorios campesinos, ademas con el apoyo critico por parte de las bandas paramilitares.

Para el campesinado, la reforma agraria es integral en la medida que garantice tener las condiciones materiales e inmateriales necesarias para el desarrollo de sus proyectos de vida, de acuerdo con sus características culturales y sociales. Este objetivo se teje en la perspectiva de poder producir, transformar y comercializar los alimentos para el autoconsumo y el abastecimiento de alimentos a la población en su totalidad

La reforma integral, en consecuencia: refiere a todos esos cambios y transformaciones estructurales (modelo económico, modelo de producción agraria, modelo del sistema asistencialista de la política pública) para devolverle al campesinado la autonomía y soberanía para producir los alimentos desde los postulados de la agricultura orgánica, ecológica. Esto pasa también por supuesto por el manejo de sus semillas, de la producción de todos los bioinsumos necesarios. En conclusión, la reforma tiene que ser integral en el sentido de poder garantir de los derechos fundamentales como a la vida, a la educación, a la salud, a la protección social, etc., etc.

¿Puede explicar la importancia de la inclusión de lxs campesinxs como sujeto político en la Constitución?

ARTÍCULO 64. 

Es deber del Estado promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra del campesinado y de los trabajadores agrarios, en forma individual o asociativa.

El campesinado es sujeto de derechos y de especial protección, tiene un particular relacionamiento con la tierra basado en la producción de alimentos en garantía de la soberanía alimentaria, sus formas de territorialidad campesina, condiciones geográficas, demográficas, organizativas y culturales que lo distingue de otros grupos sociales.

El Estado reconoce la dimensión económica, social, cultural, política y ambiental del campesinado, así como aquellas que le sean reconocidas y velará por la protección, respeto y garantía de sus derechos individuales y colectivos, con el objetivo de lograr la igualdad material desde Un enfoque de género, etario y territorial, el acceso a bienes y derechos cono a la educación de calidad con pertinencia, la vivienda, la salud, los servicios públicos domiciliarios, vías terciarias, la tierra, el territorio, un ambiente sano, el acceso e intercambio de semillas, los recursos naturales y la diversidad biológica, el agua, la participación reforzada, la conectividad digital, la mejora de la infraestructura rural, la extensión agropecuaria y empresarial, asistencia técnica y tecnológica para generar valor agregado y medios de comercialización para sus productos.

Los campesinos y las campesinas son libres e iguales a todas las demás poblaciones y tienen derecho a no ser objeto de ningún tipo de discriminación en el ejercicio de sus derechos, en particular las fundadas en su situación económica, social, cultural y política.

En 1991, la carta política colombiana aportó cambios significativos para garantir su esencia de Estado social de derecho, (la principal conquista durante décadas era superar el estado de sitio y lograr una apertura democrática). A partir de allí, las principales libertadas democráticas eran por fin posibles, dando inicio a un largo proceso hacia la justicia social dentro de un pais con los mayores indices de desigualdad social, de mayor concentración de la propiedad de la tierra, y con indicadores alarmantes de crisis humanitaria.

La Constitución de 1991 reconoció a los pueblos originarios y pueblos afrodescendientes, rom y palenqueros, reconoció los derechos de las minorías étnicas. Sin embargo, el campesinado fue lamentablemente excluido. En los territorios este desconocimiento tuvo graves afectaciones en el ejercicio de los derechos culturales, sociales, económicos y políticos del campesinado, sobretodo como sector subordinado, explotado y marginado por el clasismo y el racismo estructurales. El ser reconocidos también como sujetos de especial protección, nos posicionó en paridad para ser otra minoría con derechos, y estos ajustes son los que se están armonizando dentro de la política pública.

¿Cuáles fueron las claves para lograr este cambio y, más en general, para aplicar los derechos campesinos

Para FENACOA, el logro de este reconocimiento se debe a varios factores:

1) la incorporación de los acuerdos incumplidos del acuerdo de la Havana en la agenda pública del Estado (más allá del gobierno);

2) ser parte activa del movimiento social del gobierno del Cambio

3) haber mantenido un posicionamiento como mayor sector social con deuda política pendiente, al igual de ser considerado la principal víctima de la violencia del conflicto social y armado, y también de la violencia sociopolítica.

4) haber hecho incidencia en los espacios públicos, sociales y comunitarios con la Declaración de los derechos campesinos, y tener este pendiente necesario como parte de la reforma agraria integral.

5) tener un acumulado de luchas por la reforma agraria integral

Ahora que ha tenido este cambio, ¿cuáles crees que son los próximos pasos principales para implementar la UNDROP a nivel nacional?

Las derechas políticas colombianas han instalado magistrados, congresistas y funcionarios que, durante décadas, han impidedio, y siguen impidiendo, cambios a favor del campesinado colombiano. En esta coyuntura, estos altos funcionarios están a la vanguardia de bloquear avances significativos de la política agraria.

Tenemos dificultades a nivel de las altas cortes (poder judicial), y la Corte constitucional en particular, la cual está revisando el articulado de los derechos campesinos, en un abierto y claro desafío contra el gobierno de Petro (poder ejecutivo) y bajo mandato de las derechas latifundistas que hacen parte del Congreso (poder legislativo). El objetivo es cerrarle el paso al ejercicio pleno de los derechos reconocidos. De cara a esto, tenemos que hacer permanente movilización social, comunicativa y política para impedir que reversen estos derechos y para asegurar que se avance en la agenda de la Declaración.

Un segundo escenario es la Corte suprema de justicia, donde los representantes latifundistas requieren la revisión de la jurisdicción agraria por mano de esta corte, para que haya jueces agrarios que diriman los conflictos de manera directa. Esta nuevamente es una jugada de la derecha latifundista para impedir que el campesino resuelva por vía directa los distintos conflictos que puedan presentar por tierras, títulos, servidumbres, litigios por agua, por linderos, entre otros.

Algunas organizaciones de CLOC-LVC Colombia lanzaron una amplia movilización social, como integrantes de la Agenda Nacional Campesina, en seno de la cual se firmó un acuerdo para avanzar en la implementación y ejecución de los derechos campesinos.

El disfrute pleno de los derechos campesinos y de los trabajadores rurales, pasa por cambios estructurales, esa seguirá siendo la lucha del campesinado y demás organizaciones sociales y populares. Recordamos que el capitalismo neoliberal cada día más retrasa todo intento democrático y social en América latina.

¿Y cuáles son los principales retos futuros para la promoción de los derechos campesinos y la soberanía alimentaria ?

Por parte del gobierno nacional, a corto plazo, los retos principales son:

• Primeramente, implementar una comisión mixta, como mecanismo de consulta permanente entre el Estado y el campesinado colombiano, necesaria para armonizar las políticas públicas y las estructuras administrativas gubernamentales en modo de atender la implementación de la reforma rural integral.
• Secundariamente, ejecutar el programa de gobierno que atienda las necesidades, demandas y expectativas del sector campesino, esto pasa por cumplir los acuerdos, actas, etc. de gobiernos anteriores.

De mediano plazo:

• Poner en marcha todo el sistema interinstitucional para atender las transformaciones requeridas por la implementación de la reforma rural integral.
• Crear las condiciones para blindar los actuales avances, frente a otros gobiernos que pretendan echar a bajo todos estos cambios y transformaciones.

Es necesario resaltar igualmente a los retos que incumben al movimiento campesino. En particular, la necesaria consolidacion e interlocución entre las diferentes organizaciones campesinas, y también a nivel de gestión y ejecución de proyectos productivos, de transformación, comercialización, etc. de la economía campesina, social, solidaria y comunitaria.

Este reto de consolidación incumbe también las estrategias y relaciones de alianzas con otros secotres, con los procesos sociales, comunitarios y de consumidores, asegurando una articulación permanente con todos los sectores sociales del país, de modo a contribuir al fortalecimiento de la base social que contribuya a los cambios y transformaciones políticas que requiere el país.

La entrada Colombia: Reconocimiento de lxs campesinxs en la Constitución – Entrevista con Martha Elena Huertas Moya se publicó primero en Defending Peasants' Rights.