La entrada Boletín Nyeleni nº 59 de marzo de 2025 – Oleadas de resistencia: Las comunidades pesqueras en defensa de la soberanía alimentaria se publicó primero en Defending Peasants' Rights.

Este vídeo se incluyó en un artículo de Capire sobre Defendiendo los Derechos Campesinos que puedes encontrar aquí. Capire es un medio feminista internacional en línea que destaca y difunde las voces de las luchas feministas en todo el mundo.

La entrada En defensa de los derechos de las mujeres campesinas y del feminismo popular campesino – Palabras de las mujeres campesinas de La Vía Campesina se publicó primero en Defending Peasants' Rights.

La organización de pueblos indígenas nómadas Wamip, que encontrarás a lo largo de este boletín, participó activamente en el proceso de negociación de UNDROP en el Consejo de Derechos Humanos junto a La Vía Campesina. Wamip pide que 2026 sea declarado Año Internacional de los Pastizales y de los Pastores, y aquí reproducimos su llamamiento.

«Nuestro modo de vida ha existido desde tiempos inmemoriales, evolucionando junto con el paisaje. Pero hoy en día, el pastoralismo está más amenazado que nunca por la industrialización forzada de la ganadería. Tenemos que detener la pérdida de tierras de pastoreo, el “acaparamiento de tierras” y las restricciones a la movilidad que impiden mantener un sistema de pastoreo viable. Actualmente estamos definiendo una posible campaña sobre los Derechos de los Pastores.«

La entrada Boletín Nyeleni n°46 – Presentando el mensaje de las comunidades de pastores, una voz del campo se publicó primero en Defending Peasants' Rights.

En primer lugar, para ponernos en contexto, ¿podría describirnos el panorama general de la agricultura en Canadá?

Las políticas agrícolas han vinculado cada vez más la agricultura a un sistema corporativo en Canadá. Ejemplos recientes refieren a la reducción de la supervisión gubernamental de las semillas y las plantas modificadas genéticamente. El gobierno canadiense ha puesto su fe en la agroindustria y las corporaciones biotecnológicas en lugar de en la ciencia y el interés público. Esto asusta mucho a los agricultores, especialmente a los ecológicos, como yo, que podemos sufrir las consecuencias económicas, sanitarias y ecológicas de la creciente apropiación de las semillas por parte de las empresas y del desmantelamiento de la investigación y el desarrollo de semillas financiados con fondos públicos.

El COVID-19 ha mostrado las grietas y las desigualdades profundamente arraigadas que mantienen la tierra inaccesible, a las comunidades rurales sin recursos y a los agricultores endeudados y dependientes de las empresas que venden insumos y productos químicos. También ha mostrado la dependencia de un suministro constante de trabajadores migrantes que sufren abusos de los derechos humanos. Sin embargo, ha sido una época de enormes aumentos de beneficios para las empresas del sector. Encima tenemos la crisis climática y la crisis de ingresos, con rentas estancadas desde hace años y muchos agricultores dependiendo del trabajo fuera de la granja para llegar a fin de mes. Las políticas agrícolas están empezando a despertar a las realidades de la crisis climática, con más fondos disponibles para la adaptación climática en las explotaciones, pero la crisis de ingresos sigue prevaleciendo para las explotaciones familiares y de pequeña escala, que son la columna vertebral del sistema alimentario.

Por último, si hablamos de la agricultura en Canadá, tenemos que reconocer que se basa en la colonización y el robo de tierras. La Unión Nacional de Agricultores (NFU) está entablando conversaciones entre los agricultores y los pueblos indígenas, conversaciones sobre la equidad de la tierra, la devolución de la tierra y la soberanía alimentaria, pero esto es sólo el principio. Nuestra agricultura se basa en una violencia colonial que aún no se ha reconciliado. Los agricultores tienen un papel fundamental que desempeñar tanto en el reconocimiento de nuestra relación con la tierra como en la búsqueda de vías para avanzar hacia unas relaciones justas con los pueblos indígenas.

En este panorama agrícola tenemos una pluralidad de perspectivas con respecto a cómo deben desarrollarse las políticas agrícolas y qué objetivos pretenden alcanzar. Es posible que algunas de las organizaciones agrícolas más grandes hayan tenido históricamente más influencia sobre los responsables políticos, pero la NFU y otros activistas de la soberanía alimentaria están ganando terreno, especialmente a nivel local y regional.

En 2020, el Tribunal Superior de Justicia de Ontario emitió una decisión basada en UNDROP en defensa de un grupo de trabajadores agrícolas migrantes durante la pandemia de COVID-19. ¿Puede hablarnos más de esta decisión?

Este caso muestra el potencial legal de la UNDROP, creo que la acción legal es una vía para que los países que no han aprobado la Declaración en Naciones Unidas incorporen sus artículos y sienten precedentes legales. En 2020, en plena pandemia de COVID-19, los Abogados Canadienses por los Derechos Humanos Internacionales utilizaron el artículo 23 de la UNDROP en un tribunal provincial en defensa de un grupo de trabajadores migrantes que se enfrentaban a condiciones de vida peligrosas y de hacinamiento.

Para dar un poco de contexto, las granjas canadienses emplean a casi medio millón de trabajadores agrícolas a través de un programa federal. A lo largo de los años, este programa ha estado plagado de acusaciones de violación de los derechos humanos: malas condiciones de vida, salarios bajos y ausencia de vías para obtener la residencia permanente. Al mismo tiempo, Canadá depende de su mano de obra para garantizar el suministro de alimentos.

En marzo de 2020, justo después de que se anunciara el estado de emergencia, el gobierno federal ordenó un periodo de aislamiento de 14 días para todos los trabajadores extranjeros temporales que entraran en Canadá, al tiempo que garantizaba que los trabajadores sometidos a aislamiento en grupo tuvieran al menos 2 metros por persona en todo momento y limitaba el número de trabajadores que viven juntos en un alojamiento.

Cuando se impuso esta política, una importante granja industrial de Ontario (centro de Canadá) que emplea a trabajadores migrantes presentó dos planes de autoaislamiento inadecuados antes de solicitar una audiencia sobre la orden de salud pública que limitaba el número de trabajadores agrícolas en un alojamiento. En la audiencia, la empresa alegó que el requisito de tres trabajadores agrícolas por alojamiento era arbitrario y no reconocía la importancia de los trabajadores agrícolas migrantes para el suministro de alimentos de Canadá. Alegaron que no habían podido traer a tantos migrantes como lo harían normalmente, y que esto ponía en peligro su producción de alimentos.

El Tribunal Superior de Justicia de Ontario respondió que: «para reducir las desigualdades sanitarias, tal como exigen las directrices, el número de trabajadores que pueden aislarse juntos debe ser tal que el riesgo para su salud sea comparable al del resto de la población cuando están en cuarentena. Permitir que un mayor número de trabajadores se aíslen juntos expone a los trabajadores agrícolas migrantes a un nivel de riesgo no tolerado para otros miembros de la comunidad, aumentando así la vulnerabilidad de un grupo ya de por sí vulnerable.«

Para llegar a este resultado, el Tribunal citó la UNDROP por primera vez en Canadá. La forma en que lo citaron es importante: «[…] además, la UNDROP forma parte del conjunto de leyes y normas de derechos humanos a las que pueden recurrir los juzgadores canadienses para interpretar las obligaciones legales o de derecho consuetudinario y para revisar las decisiones administrativas». Citaron el artículo 23.1, que establece: «Los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales tienen derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental«.

Así que el contexto y el resultado del caso son demostrativos de la aplicabilidad de la Declaración en el contexto canadiense. Promover este caso es algo que tenemos que seguir haciendo. Es estratégico ampliar la red de abogados de derechos humanos que conocen UNDROP y darles este ejemplo.

Ahora que tienen esta jurisprudencia, ¿cuáles son los siguientes pasos?

Creo que la primera consideración es elegir el nivel adecuado en el que trabajar. A mi modo de ver, primero hay que hacer análisis críticos y establecer vínculos a nivel local, y es muy valioso crear capacidades a nivel local y luego ampliarlas y ampliarlas. Aunque UNDROP es una herramienta que podemos utilizar a cualquier escala, a veces puede ser más aplicable a nivel local.

En Canadá, muchas políticas agrícolas se elaboran a nivel provincial (a excepción de la política comercial y de semillas, por ejemplo). A este nivel, los agricultores suelen comprender mejor cuáles son sus necesidades colectivas y tienen más capacidad para abogar por cambios políticos tangibles. Creo que hay potencial en la aplicación de derechos muy específicos a situaciones muy concretas, en lugar de intentar aplicar el UNDROP a nivel nacional.

Podemos hacer la conexión aquí en casa respecto a cómo aplicarlo a nuestro contexto. El eslabón que falta aquí es la educación política: necesitamos herramientas de educación popular atractivas y pertinentes para demostrar la conectividad entre esta Declaración de la ONU un tanto esotérica y las realidades de los agricultores del Canadá rural. Creo que la NFU está haciendo un buen trabajo conectando nuestro trabajo actual de política agrícola con la UNDROP, lo cual es un primer paso fundamental para que la gente simplemente conozca su existencia.

A nivel nacional, esta jurisprudencia sobre los derechos de los trabajadores migrantes podría tener mucho peso en términos de precedente, pero nos enfrentamos a obstáculos como a nivel local en términos de ampliar la comprensión básica del UNDROP más allá de los miembros de la NFU y los abogados de derechos humanos. En Canadá, yo diría que el conocimiento de los derechos humanos -especialmente los relacionados con la agricultura- es escaso. Cuanto más eduquemos al público sobre la necesidad de orientar la política agrícola en una dirección basada en los derechos, más probabilidades tendremos de que el UNDROP se utilice más en contextos jurídicos y políticos por igual.

¿Cuáles diría que podrían ser los otros derechos en los que centrarse para la aplicación del UNDROP en Canadá?

La cuestión de la tierra requiere una seria consideración en Canadá. El UNDROP ofrece un texto sobre el derecho a la tierra que supone una ruptura radical con la forma en que la tenencia de la tierra y la política están establecidas aquí. Sin embargo, no podemos extralimitarnos ni contradecir el trabajo que están realizando los defensores de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indigenos (UNDRIP). Sería necesaria una seria coordinación para garantizar que los derechos sobre la tierra de la UNDRIP y del UNDROP se apliquen de forma complementaria.

Los jóvenes de la NFU nos hablan mucho de la tierra. Cuando hablan de cuáles son sus necesidades en términos de apoyo técnico, el acceso a la tierra y al capital son las cuestiones fundamentales que identifican como barreras para entrar en la agricultura. También está la crisis de sucesión: tenemos una población de agricultores que envejece rápidamente, la edad media es ahora de 55 años. Un problema, entre otros muchos, es que en el pasado no ha habido ningún tipo de ayuda a las pensiones de los agricultores, por lo que al jubilarse muchos de ellos venden sus tierras de cultivo al mejor postor con el fin de tener una jubilación digna. Eso ha puesto enormes trabas a los jóvenes que no disponen de mucho capital, sobre todo a los que no proceden de familias de agricultores.

También tenemos que plantearnos quién se va a hacer cargo de las explotaciones de cereales y productos básicos cuando esos agricultores se jubilen. Los agricultores jóvenes de primera generación están empezando nuevas explotaciones, pero la mayoría son de pequeña escala debido a los requisitos de capital de las grandes explotaciones. Temo la consolidación empresarial que seguirá produciéndose si esta generación y la siguiente no pueden permitirse explotar explotaciones más grandes.

Así que, teniendo en cuenta la crisis múltiple, tenemos que hablar de soluciones alternativas tangibles para la tenencia de la tierra que tengan en cuenta las necesidades de las comunidades indígenas y de los agricultores de todas las edades que nos rodean. Estamos pensando en formas creativas de acceder a la tierra, ya sea en modelos de cooperativa o de fideicomiso de tierras, pero también necesitamos abogar por ayudas gubernamentales que refuercen nuestros esfuerzos. Hay muchas preguntas y pocas respuestas sobre la sucesión de tierras y eso es algo en lo que, como Joven Presidente de la NFU, quiero trabajar. Utilizar el UNDROP como marco aspiracional para los derechos sobre la tierra en este país podría ser un concepto unificador si podemos ampliar la comprensión de su relevancia para el contexto canadiense.

Otro ámbito especialmente relevante para el contexto canadiense es el de las semillas. La NFU tiene un largo historial de trabajo en favor de la soberanía de las semillas. La utilización del artículo 19 es muy oportuna, ya que la soberanía de las semillas está hoy más amenazada que nunca. El gobierno federal ha dado, esencialmente, vía libre a las empresas biotecnológicas en el sistema alimentario. Esta vez, lo han hecho eliminando los controles de seguridad de la ciencia corporativa y negando la transparencia al público. El Ministro de Agricultura anunció que Canadá eximirá a las plantas modificadas genéticamente de la reglamentación y la notificación pública obligatoria a menos que contengan ADN extraño o sean tolerantes a los herbicidas.

Para todos los demás cambios en una planta modificada genéticamente, las empresas decidirán si su producto debe ser evaluado por un organismo federal. Así pues, las empresas biotecnológicas tendrán la última palabra sobre si sus productos pueden causar daños medioambientales, y el público no sabrá nada sobre la calidad de las evaluaciones que decidan hacer o si las hacen. Algo aterrador.

Antes teníamos un sistema público de semillas muy sólido, pero se ha desmantelado en las dos últimas décadas. Hemos visto cómo las semillas pasaban cada vez más al control de las empresas, pero sabemos que un buen sistema público es posible. Esto es lo que la NFU está impulsando. Cuanto más arraigada esté la agenda de las semillas corporativas en nuestras políticas agrícolas, más difícil será salir de este lío. Ahora incluso tenemos un conglomerado de cuatro corporaciones de semillas, Seeds Con, que ha cambiado su nombre por el de Seeds Canada, que suena como un organismo gubernamental. Estos cambios están sucediendo rápidamente, es aterrador. El público debería alzarse en armas contra la consolidación corporativa de las semillas y utilizar UNDROP como base es un buen lugar para empezar a presionar por el cambio.

Las semillas son uno de los recursos más preciados y profundamente culturales que tenemos. El artículo 19 refuerza el Convenio sobre la Diversidad Biológica y el Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura. Canadá ha firmado ambos. También ha firmado y ratificado la DNUDPI, que también hace referencia directa al derecho indígena a las semillas. Hay argumentos de peso para afirmar que lo que está ocurriendo ahora va en contra de lo que Canadá ya ha firmado, y el hecho de que no haya firmado la UNDROP no debería eliminarlo de la lista de razones por las que deberíamos cuestionar lo que el gobierno está permitiendo hacer a gusto a los gigantes corporativos.

¿Cuáles cree que son los principales obstáculos para aplicar el UNDROP?

Uno de los principales obstáculos es el lenguaje utilizado en el UNDROP. Es difícil que los responsables políticos presten atención a la palabra campesino y al campesinado como grupo social, ya que no se entiende bien en Canadá, ni en la lengua inglesa en general, porque a menudo se utiliza de forma peyorativa. Hay argumentos de peso para utilizar el término campesino en el ámbito político, pero cuando se trata de la elaboración de políticas y la defensa de los intereses de los campesinos, sigue habiendo muchas desconexiones.

Aquí, la política agrícola está orientada hacia la agricultura industrial corporativa y el término campesino podría denotar una identidad política o social, contraria a lo que la agricultura canadiense está tratando de ser percibida en el país o en el extranjero. “Campesino» se opone a «empresario» y da la impresión de atraso a quienes no están familiarizados con él en un sentido político. Del mismo modo, creo que una de las razones por las que el gobierno votó en contra del UNDROP en la ONU es que no pueden verse a sí mismos con este término o cómo podría aplicarse en este contexto. En definitiva, queda mucho trabajo por hacer para que todo el mundo se ponga de acuerdo sobre la aplicabilidad de este tipo de lenguaje en el contexto canadiense.

Entonces, ¿cómo salvar esa brecha para los agricultores que son campesinos en un sentido global?

Nettie Wiebe, una persona a la que admiro mucho y considero mi mentora, es una antigua presidenta de la NFU y miembro del ICC de LVC. Fue citada diciendo que cuando piensa en la palabra campesino para ella significa gente de la tierra. Esto resuena en mí: Me considero una «persona de la tierra» porque trabajo con ella, la cuido, intento vivir en armonía con ella y no extraer de ella. Ella cree que es muy importante recuperar ese lenguaje, decir que somos campesinos porque es nuestra relación con la tierra y los alimentos lo que nos distingue como grupo social, que no formamos parte de la maquinaria capitalista. Podemos funcionar dentro de un sistema capitalista, pero no buscamos necesariamente fines capitalistas, si eso tiene sentido.

Como mencionaste anteriormente, Canadá finalmente ha adoptado la UNDRIP, después de haber votado en contra en la Asamblea General de las Naciones Unidas, ¿cómo podría esto influir y ayudar a la implementación de UNDROP?

Lo que necesitamos desesperadamente en los espacios de soberanía alimentaria y agroecología de todo el país es crear coaliciones y redes de solidaridad. Tenemos que salir y hablar con agricultores que quizá no tengan la misma política ni los mismos valores fundamentales, ni hablen el mismo idioma, pero que en el fondo tienen las mismas necesidades y los mismos derechos. Tenemos que tender puentes entre los agricultores y las personas que han sido desposeídas de sus tierras, como los pueblos indígenas y la gente de color. Tenemos que tender la mano y encontrar formas de asegurarnos de que nuestro movimiento crece. Sólo con ese tipo de crecimiento y la construcción de nuestra red vamos a tener la capacidad de hacer el tipo de organización que se logró en la ratificación de la DNUDPI en Canadá.

Sé que tenemos una base sólida, pero también necesitamos ampliarla y expandirla, y eso tiene que venir acompañado de un toque humano. Tenemos que salir a nuestras comunidades y mantener conversaciones abiertas con otros agricultores y personas de la tierra que tal vez no se sientan vinculados a una comunidad agrícola o a una comunidad más progresista como la NFU, pero que tal vez lo acogerían con agrado si se les diera la oportunidad y alguien les tendiera la mano.

Hablar de las necesidades básicas de la gente y de su deseo de formar parte de una comunidad que avanza unida puede ser más importante que cualquier opinión política concreta. La mayoría de los agricultores forman parte de la organización agraria dominante, no de la NFU, y depende de nosotros ser creativos y llegar a donde están, no a donde desearíamos que estuvieran, políticamente. A través de la construcción de esta comunidad ampliada y extendida podemos utilizar UNDROP como bloque de construcción, pero a nivel de base es donde debe ocurrir.

La entrada Entrevista a Jessie MacInnis, pequeña agricultora canadiense y activista por los derechos de los campesinos se publicó primero en Defending Peasants' Rights.

Con motivo del Día Internacional de las Luchas Campesinas, La Vía Campesina y Defendiendo los Derechos Campesinos organizaron un seminario web sobre los usos de la UNDROP en las luchas campesinas desde su adopción. En todo el mundo, los miembros de La Vía Campesina están utilizando la UNDROP en sus luchas, el objetivo del webinario era presentar estos ejemplos para inspirar a otros. Para ello, ocho campesinos vinieron a presentar cómo su movimiento utiliza UNDROP en su lucha. A continuación encontrarás los vídeos de cada una de estas presentaciones.

Zainal Arafin Fuad – SPI – Indonesia

Zainal Arafin Fuad es miembro del sindicato indonesio de campesinos Serikat Petani Indonesia. También es miembro del Comité de Coordinación Internacional de La Vía Campesina. Zainal participó en gran parte de las negociaciones para la Declaración. En este vídeo, nos cuenta los progresos realizados en Indonesia desde la adopción de la Declaración, en particular la puesta en marcha de zonas de soberanía alimentaria por parte de su sindicato.

Nury Martinez – FENSUAGRO – Colombia

Nury Martinez es miembra de la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria. En su presentación, hace un recorrido por el proceso de incorporación de los campesinos como sujetos de derechos en la Constitución colombiana.

Jessie MacInnis – National Farmers Union of Canada – Canada

Jessie MacInnis es la Presidenta Joven de la Unión Nacional de Agricultores de Canadá. También es miembra del grupo de jóvenes de La Vía Campesina. En su discurso, explicó una sentencia judicial canadiense basada, entre otras cosas, en UNDROP.

David Cidi Otieno – Kenyan Peasants League – Kenia

David Cidi Otieno es coordinador nacional de la Kenyan Peasants League. En su intervención describe, entre otras cosas, la lucha de su organización por mantener la prohibición de los OMG en Kenia y el uso de UNDROP en este contexto.

Hortense Kinkodila – CNOP-Congo – Congo

Hortense Kinkodilla es miembra de la Coordination Nationale des Organisations Paysannes et des Producteurs Agricoles. Nos habla de las iniciativas tomadas por su organización para transmitir la Declaración a los campesinos del Congo y de su participación en las negociaciones sobre la próxima Ley de Orientación Agrícola.

Ramona Dominiciou – Ecoruralis – Rumanía

Ramona Dominiciou es miembra de la organización Ecoruralis. Ha participado en negociaciones para la UNDROP en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y a escala europea. En su discurso, hace un repaso de las luchas de varios países de Europa del Este: Rumanía, Moldavia y Ucrania. También habló de los esfuerzos concertados de los campesinos de esta región en la FAO.

Pramesh Pokharel – All Nepal Peasant’s Federation – Nepal

Pramesh Pokharel es Presidente de la All Nepal Peasant’s Federation . También es miembro del Comité Internacional de Coordinación de Jóvenes de La Vía Campesina. Nos habla de los progresos realizados en favor de los derechos de los campesinos en Nepal y de la lucha en curso para la aprobación de una ley de protección de los derechos de los campesinos, ley obtenida tras tres años de negociaciones en comisión.

Alberto Silva – Uniterre – Suiza

Alberto Silva es miembro del sindicato de campesinos Uniterre. Nos habla de la creación de la coalición Los Amigos de la Declaración en Suiza y del trabajo de esta coalición de organizaciones para implementar la Declaración.

La entrada Vídeos de nuestro webinario: La UNDROP viva y coleando, los derechos campesinos en práctica – Perspectivas regionales se publicó primero en Defending Peasants' Rights.

En febrero de 2020, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió una sentencia en la que reconocía los derechos tanto de los pueblos indígenas como de los campesinos. Ordenó que se restituyera el derecho de los pueblos indígenas a sus tierras y que se les devolviera su territorio, pero al mismo tiempo se basó en la Declaración de los Derechos de los Campesinos para proteger los derechos de los campesinos no indígenas que tendrán que ser desplazados. De este modo, logra un equilibrio entre los derechos de estas dos comunidades, dándonos el primer ejemplo de un vínculo exitoso entre las dos declaraciones de derechos de la ONU.

Por primera vez en un caso contencioso, la Corte analizó los derechos a un medio ambiente sano, a la alimentación adecuada, al agua y a la identidad cultural en forma autónoma a partir del artículo 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos, ordenando medidas de reparación específicas para la restitución de esos derechos, incluyendo acciones para el acceso al agua y a la alimentación, para la recuperación de recursos forestales y para la recuperación de la cultura indígena. El caso se vincula con el reclamo de reconocimiento de la propiedad de sus tierras de parte de las Comunidades Indígenas pertenecientes a los pueblos Wichí (Mataco), Iyjwaja (Chorote), Komlek (Toba), Niwackle (Chulupí) y Tapy’y (Tapiete) dentro de la Provincia de Salta, Argentina (en el límite con Paraguay y Bolivia). Dichas tierras han sido también ocupadas por otros pobladores y se construyó un puente internacional sin previa consulta por parte del Estado. En la zona se ha constatado presencia indígena de modo constante, al menos desde 1629.

En su sentencia, la Corte determinó que el Estado violó el derecho de propiedad comunitaria, al no dotar de seguridad jurídica a la misma y permitir que se mantenga la presencia de pobladore «criollos”, no indígenas, en el territorio. Lo anterior, pese a que el reclamo indígena de propiedad lleva más de 28 años. También concluyó que Argentina no cuenta con normativa adecuada para garantizar en forma suficiente el derecho de propiedad comunitaria.

En referencia a la Declaración sobre los derechos de los campesinos y otras personas que trabajan en áreas Rurales (UNDROP, por su sigla en inglés), esta sentencia es interesante, ya que el conflicto incluye a familias campesinas que fueron durante décadas asentándose en los territorios indígenas propiciado por funcionarios públicos, pretendiendo interferir en el territorio de las comunidades indígenas utilizando la reivindicación de tierras.

A pesar de eso, las familias campesinas (criollas, según la denominación en el fallo) también son vulnerables y padecen violaciones a sus derechos. En ese contexto la sentencia caracteriza estas familias según la definición que expresa la UNDROP y, citándola, establece las pautas para construir un dialogo y una política que avance hacia la relocalización de esas familias y sus cultivos y animales, de manera de que el estado pueda cumplir con su obligación de reconocimiento y efectivización de la propiedad comunitaria de las familias indígenas, pero cuidando en el proceso de garantizar los derechos establecidos en la UNDROP.

La Corte ordenó al Estado, en un plazo no mayor a seis meses, la titulación, delimitación y demarcación de 400.000 ha reclamadas dentro de los lotes 14 y 55 en un solo título colectivo a nombre de todas las comunidades indígenas habitantes de dichos lotes; y la erradicación de la totalidad de los alambrados y que se tomen las medidas necesarias para prevenir el levantamiento de nuevos cercos, inclusive la confección e implementación, en consulta con las comunidades.

En referencia a la relocalización de las familias campesinas esta sentencia expresa en su inciso 136 :

“Los señalamientos estatales sobre los pobladores criollos que habitan los lotes 14 y 55 son acordes a las consideraciones que, en el ámbito de las Naciones Unidas, se han hecho respecto de campesinos, a través de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales (en adelante “Declaración sobre campesinos”).”

En el inciso 138, se señala que “en general los campesinos “sufren de manera desproporcionada pobreza, hambre y malnutrición”; tienen o suelen tener, por “varios factores”, “dificultades para hacerse oír y defender sus derechos humanos”, inclusive para “acceder a los tribunales, los agentes de policía, los fiscales y los abogados”. En particular, la Declaración sobre campesinos señala que el “acceso” a la tierra y recursos naturales “es cada vez más difícil” para los “habitantes de zonas rurales”, y que hay diversos “factores que dificultan” que esas personas puedan “defender […] sus derechos de tenencia y garantizar el uso sostenible de los recursos naturales de los que dependen”. La Declaración sobre campesinos expresa que las “normas y principios internacionales de derechos humanos” deben “interpretarse y aplicarse de forma coherente” con la “necesidad de que se proteja mejor los derechos de los campesinos”. La Corte aclara que no está evaluando la responsabilidad estatal con base en la Declaración sobre campesinos, sino que hace alusión a la misma sólo como una referencia complementaria que, en línea con los señalamientos de Argentina sobre la vulnerabilidad de la población criolla, muestra la pertinencia de tener en cuenta la situación particular de dicha población a fin de resguardar sus derechos.

Ademas en el inciso 138 aclara: “Ahora bien, como ya se ha dicho, no está en duda la propiedad de las comunidades indígenas sobre 400.000 ha de los lotes 14 y 55. El Estado, a fin de garantizar ese derecho, ha debido concretar el deslinde de la propiedad indígena, así como adoptar acciones para concretar el traslado o reubicación de población criolla (Campesina) fuera de la misma. Sin perjuicio de ello, no puede hacerse caso omiso al modo en que el Estado tiene que cumplir con su obligación. En ese sentido, Argentina debe actuar observando los derechos de la población criolla ( población campesina) (infra, párr. 329 d), y nota a pie de página 323 de la sentencia)

Mas allá de que este proceso en la CIDH esta fundamentalmente basado en los derechos de los pueblos indígenas, es importante destacar el hecho de que al desarrollar los temas que tienen que ver con la comunidad campesina en el territorio, la corte se apoya en la UNDROP para salvaguardar derechos y administrar los procedimientos de las medidas y acciones que le exige al estado Argentino.

Podemos entonces aseverar, que a pesar de que el estado Argentino se abstuvo en la votación de la Asamblea General de Naciones Unidas cuando la misma adoptó la declaración, la UNDROP es ya una normativa internacional de nuevos derechos para la CIDH, y por tanto próximas demandas referentes a violaciones a derechos campesinos en ese país, podrán elevarse a esa instancia con expectativas positivas para los campesinos y campesinas cuyos derechos son vulnerados.

Pueden acceder a la sentencia completa o su resumen en los siguientes sitios:

• Resumen: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/resumen_400_esp.pdf
• Sentencia completa: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_400_esp.pdf

Diego Montón

MNCI Somos Tierra

Colectivo de Derechos Campesinos de Via campesina Internacional

La entrada Corte Interamericana de Derechos Humanos: primera jurisprudencia sobre los vínculos entre las Declaraciones sobre los Derechos de los Campesinos y de los Pueblos Indígenas se publicó primero en Defending Peasants' Rights.

Download

La entrada La transición hacia sistemas alimentarios libres de pesticidas: Las luchas y la imaginación de los pueblos se publicó primero en Defending Peasants' Rights.