El estudio examina la creciente tendencia de las contrarreformas agrarias en América Latina y el Caribe y su impacto sobre los derechos a la tierra garantizados por procesos anteriores de reforma agraria. Muestra cómo los recientes cambios legales, institucionales y administrativos están contribuyendo a una renovada concentración de la tierra y a una creciente presión sobre lxs campesinxs, los Pueblos Indígenas, las comunidades afrodescendientes y otras poblaciones rurales. El informe también identifica las principales formas que adoptan estas contrarreformas (reformas legales, financiarización de la tierra, acaparamiento verde impulsado por corporaciones y despojo promovido por el Estado) y analiza sus implicaciones para la justicia territorial y el desarrollo rural.

Asimismo, analiza los patrones actuales de concentración de la tierra en toda la región, destacando cómo las desigualdades históricas están siendo reforzadas por la financiarización y las adquisiciones de tierras a gran escala, condiciones estructurales que constituyen el trasfondo de las contrarreformas contemporáneas. A partir de estudios de caso de Bolivia, Argentina, Brasil, El Salvador, Guatemala, Honduras, Ecuador, así como de países del Caribe, explora una serie de medidas legales e institucionales que han debilitado las protecciones sobre la tierra, incluyendo la reclasificación administrativa, la desregulación, las políticas territoriales restrictivas, los procedimientos acelerados de expropiación, la criminalización de los conflictos relacionados con la tierra y la revocación de títulos de propiedad.

Además, identifica tendencias regionales más amplias y las evalúa a la luz de las normas internacionales de derechos humanos, argumentando que estas reformas reflejan un cambio más amplio en la gobernanza de la tierra que favorece la concentración económica mientras erosiona las protecciones reconocidas en los instrumentos internacionales, especialmente en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales (UNDROP).

El estudio concluye destacando una contradicción apremiante del actual momento agrario: mientras se logran avances significativos en el reconocimiento formal de los derechos de los pueblos rurales, los mecanismos administrativos, procedimentales y económicos necesarios para hacer efectivos esos derechos se están debilitando de manera constante a través de una arquitectura jurídica global que considera la tierra, los territorios y los recursos naturales como meros activos financieros.

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Este estudio ofrece el primer mapeo regional de las leyes que reconocen a lxs campesinxs y otras poblaciones rurales en América Latina. Analiza 170 disposiciones legales vigentesa en 23 países entre 1917 y 2025, ofreciendo una visión comparativa de cómo los derechos campesinos son reconocidos en los sistemas jurídicos nacionales.

Los hallazgos muestran que el reconocimiento legal de lxs campesinxs está ampliamente extendido en la región. Casi la mitad de las leyes analizadas reconocen explícitamente los derechos campesinos, mientras que el 88% contiene alguna forma de reconocimiento o protección para las poblaciones rurales. Brasil cuenta con el mayor número de instrumentos legales relevantes, mientras que Colombia y Panamá destacan por la solidez de sus marcos legales. Más de la mitad de todas las normas identificadas fueron adoptadas entre 2010 y 2025, lo que demuestra una creciente atención política a las cuestiones campesinas.

Los temas más comunes son la agricultura familiar, el acceso a la tierra, la reforma agraria y la soberanía alimentaria. Sin embargo, aún persisten importantes brechas en áreas como los derechos de las mujeres rurales, la agroecología, el derecho a las semillas y la participación política.

El estudio también examina la relación entre las leyes nacionales y la UNDROP. Aunque solo cuatro instrumentos legales hacen referencia explícita a la Declaración, muchas leyes incorporan sus principios. Colombia, Ecuador y Bolivia ofrecen algunos de los ejemplos más sólidos de alineación con la UNDROP.

El informe concluye que América Latina se ha convertido en un referente global para el reconocimiento legal de lxs campesinxs, al tiempo que destaca la necesidad de una implementación más sólida de la UNDROP mediante el reconocimiento constitucional, una mayor protección de las mujeres rurales, un mayor apoyo a la agroecología y al derecho a las semillas, y mejores mecanismos de participación política.

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Una nueva iniciativa de comunicación ha sido lanzada recientemente en Colombia con el objetivo de acercar el conocimiento académico al público en general. Se trata de una serie de podcasts impulsada por el Instituto de Estudios Interculturales y la especialización en Jurisdicción Agraria de la Universidad Javeriana de Cali, en alianza con el Observatorio de Tierras Rurales. La propuesta busca transformar investigaciones recientes en contenidos accesibles y atractivos, ampliando el alcance de debates clave sobre los derechos de los pueblos rurales.

Al aire desde hace aproximadamente un mes, el proyecto apuesta por un lenguaje claro y formatos multimedia para dialogar con organizaciones campesinas, trabajadores rurales, pueblos indígenas, pastores y pescadores. La iniciativa pública alrededor de dos contenidos mensuales, combinando audio y texto, lo que facilita el acceso a información especializada para públicos diversos.

Las temáticas abordadas parten del contexto colombiano, pero trascienden las fronteras nacionales. Los episodios incluyen reflexiones relevantes para América Latina y el Caribe, así como análisis de alcance global, como la concentración de la tierra y sus implicaciones sociales, económicas y políticas. De este modo, el podcast se consolida como un espacio de circulación de conocimiento crítico sobre problemáticas agrarias contemporáneas.

Lectores e interesados de distintas regiones están invitados a conocer y seguir esta iniciativa. Los episodios, disponibles en español e inglés, pueden escucharse en https://soundcloud.com/carlos-duarte-44 y https://www.observatoriodetierras.org/podcast/, mientras que las publicaciones escritas están disponibles en https://www.observatoriodetierras.org/publicaciones/. Se trata de una oportunidad valiosa para acceder a debates actuales en formatos más inclusivos y comprensibles.

Destacamos particularmente el último episodio lanzado sobre el estado de la discusión actual en torno a la gobernanza, el acceso y la desigualdad en el acceso a la tierra a nivel global, desagregado por regiones analíticas. Disponible en español e inglés.

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En un escenario regional atravesado por una crisis multidimensional —marcada por el avance del agronegocio, la criminalización de las luchas populares y el debilitamiento de los derechos colectivos— el campesinado continúa siendo uno de los sujetos más vulnerados y, al mismo tiempo, uno de los más estratégicos para la soberanía alimentaria, la defensa de los territorios y la justicia social. En este contexto, la implementación efectiva de la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales (UNDROP) se vuelve una tarea urgente y profundamente política.

Con el objetivo de fortalecer este proceso, la CLOC–Vía Campesina ha impulsado la creación de un Observatorio de derechos campesinos, una iniciativa pensada como herramienta de articulación, monitoreo, visibilización y apoyo a las luchas rurales en América Latina y el Caribe.

En esta entrevista, Diego Monton, dirigente y referente del Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI)-Somos Tierra de Argentina y de la CLOC–Vía Campesina, profundiza en los objetivos, alcances y desafíos de este nuevo instrumento colectivo, así como en su potencial para respaldar las luchas campesinas, incidir en las políticas públicas y fortalecer la organización popular.

¿Cuáles son los objetivos centrales de este nuevo Observatorio? ¿Y cómo esperan pueda fortalecer las luchas populares en las zonas rurales e influir en las políticas públicas en materia de derechos campesinos en América Latina y el Caribe?

El Observatorio es una iniciativa que pretende ser un instrumento fundamentalmente de la CLOC y de La Via Campesina en América Latina, pero también de otras organizaciones aliadas. Además, queremos que sea también un insumo para el propio Grupo de trabajo de expertos de la ONU sobre UNDROP, en tanto ponga a disposición información relevante de lo que va corriendo en cada uno de los países.

El objetivo central es por ende, por un lado, visibilizar las situaciones de vulneración de derechos campesinos en los países y en la región, pero también hacer hincapié en las experiencias positivas, en dos niveles. Por un lado, en torno a legislaciones y políticas públicas que se basan en la UNDROP y van convirtiendo los derechos planteados en acciones concretas de los Estados. Por otro lado, visibilizando las iniciativas propias de las organizaciones rurales, como acciones concretas y que permiten garantizar derechos al campesinado.

El Observatorio, además, quiere ofrecer una herramienta de consulta para las organizaciones: un espacio en el que se pongan a disposición, desde la perspectiva de la propia Declaración, diversos estudios e informes. Queremos producir información y proporcionar análisis y conocimientos que sean de rápido acceso y que sirvan como base para la formulación de políticas públicas y legislaciones. A través de la construcción de nexos entre las organizaciones, el colectivo de derechos campesinos de la CLOC y el propio Grupo de expertos de la ONU, el Observatorio servirá a dar un seguimiento sistematizado del proceso de promoción e implementación de la UNDROP.

En un contexto de crisis multidimensional sistémica, marcada por una ofensiva frontal de las élites dominantes que copan con el auge del neofascismo, la situación en las zonas rurales es de más en más conflictiva: ¿cómo contribuirá el Observatorio a visibilizar y defender los derechos campesinos frente a prácticas depredadoras del agronegocio (acaparamiento de tierras, los transgénicos o la criminalización de protestas)?

El Observatorio tiene que poder dialogar con las luchas campesinas y contribuir a fortalecerlas. De hecho, en estos contextos de crisis, la estrategia de algunos Estados o del propio capital financiero del agronegocio es estigmatizar la vida y el trabajo campesino.

La UNDROP permite legitimar el papel del campesinado, no sólo consagrando sus derechos, sino reconociendo el papel que cumple en favor de la soberanía alimentaria, contra el cambio climático y el fenómeno de la migración.

Más derechos campesinos significa también más derechos para las y los trabajadores de todos los países y nos proponemos contribuir desde la comunicación y el acceso a información, de manera a fortalecer los espacios de negociación de las organizaciones. Estamos convencidos de que el principal instrumento que tiene el campesinado en América Latina es la movilización, la lucha y la organización activa. El Observatorio pretende justamente acompañar esos procesos, pero también acompañar a aquellas instituciones públicas que tienen buenas intenciones y que van a poder encontrar, además de información específica, experiencias concretas sobre las cuales poder crear o desarrollar nuevas iniciativas.

Además, vamos a tener círculos académicos aportando y nutriéndose del Observatorio. Y como dije antes, el propio Grupo de trabajo de expertos de la ONU sobre la UNDROP se ha comprometido a contribuir con informes y artículos para el Observatorio, y a utilizar sus informes para alimentar la incidencia a nivel internacional.

¿Qué estructura y cuáles herramientas y metodologías presenta el Observatorio para monitorear y documentar? Y también, ¿qué tipo de datos o indicadores considerarán clave para su evaluación?

Bueno, en esta primera etapa la estructura es muy sencilla, con un staff reducido en términos de la coordinación del Observatorio y algunas personas sistematizadoras. Se está trabajando en articulación con la CLOC, en función de distintas experiencias de investigación participativa, en articulación con la Alianza Biodiversidad, organizaciones de derechos humanos de la región y otras redes.

La apuesta es que sea un trabajo en red cooperativa que permita sumar esfuerzos y visibilizar muchas cosas que se están haciendo y publicando en varios espacios.

Hay agencias de noticias de la situación en el campo en distintos países que van haciendo sus trabajos y apuntamos a poder sistematizar y centralizar, de una manera complementaria, todo ese trabajo que se viene haciendo en paralelo.

También estamos trabajando para fortalecer la parte financiera del Observatorio, de manera a poder establecer un grupo de investigación propio que permita identificar las principales experiencias de las cuales nos vamos nutriendo, para poder profundizar el nivel de investigación y contar después con un buen manual de políticas públicas asociadas a la UNDROP. Esto tiene que permitir que cada vez que hayan avances en términos institucionales, se puedan obtener rápidamente ideas y protocolos de acción para avanzar en una implementación institucional de la UNDROP, como así también para el trabajo parlamentario en todos aquellos países que todavía necesitan profundizar y adaptar su legislación a la misma.

¿De qué manera las organizaciones rurales y sus aliados — como el sitio web Defendiendo los Derechos Campesinos — pueden colaborar con este nuevo observatorio?

Hay una dirección de correo electrónico, observatorioderechoscampesinos@gmail.com, en la cual se puede entrar en contacto con la coordinación del observatorio y enviar informes, artículos y propuestas.

Además de eso, en América Latina, dentro del colectivo de derechos campesinos, se ha ido construyendo una red para que los agregados de los países estén trabajando en poner el Observatorio en línea. O sea que la propia orgánica de la CLOC también es un mecanismo.

Esperamos también que podamos construir una colaboración fructuosa con el sitio web Defendiendo los Derechos Campesinos, para reforzarse mutuamente y avanzar hacia la realización de los derechos fundamentales de los pueblos del campo.

La entrada El Observatorio de derechos campesinos: una herramienta clave para la implementación de la UNDROP en América Latina se publicó primero en Defending Peasants' Rights.

La Red de Mujeres Rurales del Ecuador se ha propuesto analizar las realidades que afectan la vida en sus territorios a la luz de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Campesinas, los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en Zonas Rurales (UNDROP). Esta declaración constituye una herramienta sustantiva para las mujeres rurales, en tanto garantiza derechos fundamentales que habilitan condiciones adecuadas para sostener una vida digna en los territorios donde ellas cuidan y reproducen la vida. Contar con este instrumento resulta particularmente imprescindible en el actual contexto adverso que atraviesa el país.

Los trabajos remunerados y no remunerados que las mujeres rurales realizan generan las condiciones adecuadas para que la vida humana, la naturaleza y la capacidad organizativa continúen reproduciéndose. En consecuencia, cuando ellas ejercen plenamente los derechos reconocidos en la UNDROP y en la Constitución de la República del Ecuador (CRE) y, cuentan con las condiciones de dignidad requeridas, esa dignidad se traslada también a los espacios en los que intervienen cotidianamente. Las mujeres rurales son abridoras de caminos; con su trabajo “arando la tierra”, de múltiples maneras, hacen posible que la vida permanezca y siga brotando en sus entornos, aun en medio de las adversidades estructurales y coyunturales. Por esta razón, es imperativo que sean reconocidas como sujetas de especial protección: las mujeres rurales deben ser plenamente reconocidas como sujetas de derechos.

Este informe fue elaborado por la Red de Mujeres Rurales del Ecuador mediante un proceso colectivo y participativo, con el propósito de visibilizar y denunciar las vulneraciones que enfrentan; se trata de un ejercicio para nombrar, denunciar y amplificar violencias comúnmente acalladas, así como para construir espacios de fortalecimiento, reflexión y unidad organizativa. A partir de sus voces, conocimientos y experiencias, las mujeres rurales priorizaron el análisis de cuatro derechos consagrados en la UNDROP que se encuentran gravemente afectados y comprometen su capacidad de subsistencia: 1) tierra y territorio; 2) alimentación y nutrición adecuada; 3) no discriminación; y 4) ambiente y agua.

El documento se estructura en cuatro apartados: primero, un breve análisis de contexto; segundo, una argumentación respecto al carácter vinculante de la UNDROP en el marco de la CRE; tercero, el examen de los cuatro derechos priorizados, que incluye una contextualización de su situación y un análisis del marco jurídico aplicable en la UNDROP y en la CRE; y finalmente, un conjunto de recomendaciones dirigidas al Estado ecuatoriano.

En la elaboración de este informe participaron organizaciones de la Red de Mujeres Rurales del Ecuador, con el apoyo de FIAN Ecuador en la facilitación y sistematización del proceso.

Informe completo:

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El 5 de junio de 2025, el Consejo Nacional de Derechos Humanos (CNDH), tras ser instado por organizaciones campesinas brasileñas de La Vía Campesina, publicó la Recomendación n.º 5/2025, en la que «recomienda la adopción de las medidas necesarias para la observancia, divulgación y cumplimiento de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos por parte del Estado brasileño». Este documento constituye un marco normativo y político de extrema relevancia para la efectividad de los derechos campesinos en Brasil, en la medida en que reconoce, de forma explícita, la centralidad de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos, las Campesinas y las Personas que Trabajan en las Zonas Rurales (UNDROP) como parámetro indispensable para la actuación del Estado brasileño. Este avance normativo constituye igualmente una buena práctica en la promoción y aplicación de la UNDROP a nivel nacional, y puede —y debe— inspirar a las organizaciones campesinas y a las autoridades públicas de otros países.

Para comprender la relevancia de esta Recomendación, es importante recordar el contexto en el que se aprobó la Declaración en 2018, cuando Brasil estaba bajo un gobierno de extrema derecha y, debido a su política exterior e interior, se abstuvo de votar a favor del texto. Las consecuencias de esta postura hicieron que la Declaración no se incluyera en las políticas internas del Estado brasileño, lo que obstaculizó su implementación.

En este sentido, el CNDH, como institución autónoma y con el mandato de actuar en la promoción y defensa de los derechos humanos en Brasil, y a partir de su comisión permanente sobre «Derechos de los Pueblos Indígenas, los Quilombolas, los Pueblos y Comunidades Tradicionales, de las Poblaciones Afectadas por Grandes Emprendimientos y de los Trabajadores y Trabajadoras Rurales Involucrados en Conflictos Fundiarios», recomendó una serie de medidas que deben adoptar los tres poderes del Estado brasileño para colmar esta laguna e implementar políticas de protección de los derechos de las comunidades campesinas y demás trabajadores del campo, de conformidad con la Declaración. Entre estas medidas, se recomendó al Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil que manifestara ante el Secretario General de las Naciones Unidas el apoyo de Brasil a la UNDROP.

Al publicar la recomendación, la CNDH se basó en el panorama de la política de derechos humanos en Brasil y en las constantes denuncias recibidas que revelan un historial de invisibilización y vulnerabilidad de los pueblos del campo. El hecho es que la Comisión mencionada recibe casi la mitad de las denuncias de violaciones de derechos humanos en todo el Consejo, lo que refuerza la importancia de que el Estado brasileño adopte medidas eficaces para la promoción y aplicación de la UNDROP y los derechos humanos de los pueblos del campo.

Al afirmar la necesidad de observar, dar a conocer y cumplir la UNDROP, el CNDH busca contribuir a superar la brecha existente entre los compromisos internacionales asumidos por Brasil en el ámbito de los derechos humanos y su efectiva implementación a nivel interno. Se trata de un instrumento que reafirma que los derechos campesinos no se limitan a políticas sectoriales o asistenciales, sino que forman parte del núcleo de los derechos humanos fundamentales, abarcando derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales.

Además, la Recomendación explicita la relación estructural entre la negación de derechos en el campo y la persistencia de la violencia en el campo, los conflictos por la tierra, el trabajo esclavo y la criminalización de los defensores y defensoras de los derechos humanos. Al reconocer las reiteradas condenas de Brasil por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en casos relacionados con la violencia en el campo, el documento refuerza el deber del Estado de prevenir, responsabilizar a los autores y reparar íntegramente a las víctimas y sus familiares, incluso cuando las violaciones y los abusos son cometidos por particulares con la connivencia u omisión de los poderes públicos.

Otro aspecto central es la valoración del papel de los campesinos y las campesinas en la garantía de la soberanía y la seguridad alimentaria, la preservación de la biodiversidad y la lucha contra la crisis climática. La Recomendación reconoce que las prácticas agroecológicas y los conocimientos tradicionales de los pueblos del campo son fundamentales para la construcción de modelos de desarrollo social y ambientalmente sostenibles, rompiendo con la lógica de la explotación intensiva de la tierra y los bienes naturales que históricamente ha producido desigualdades y violaciones de derechos .

La Recomendación de la CNDH también tiene relevancia institucional al proponer medidas concretas para la implementación de la UNDROP, como la creación de un Grupo de Trabajo interinstitucional, la articulación entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial y la participación activa de la sociedad civil organizada. Estas directrices refuerzan la idea de que la efectividad de los derechos campesinos exige políticas de Estado, con mecanismos de seguimiento, evaluación y participación social, y no acciones puntuales o discontinuas.Por último, al orientar a los órganos del sistema judicial, como el Consejo Nacional de Justicia, el Ministerio Público y las Defensorías Públicas, la Recomendación refuerza la incorporación de la perspectiva de los derechos humanos de los campesinos y las campesinas en las decisiones judiciales y administrativas, contribuyendo a ampliar el acceso a la justicia y a superar la impunidad de los delitos cometidos en el campo. En este sentido, el documento reafirma que la democracia brasileña y la justicia social pasan necesariamente por el reconocimiento de la dignidad, la autonomía y los derechos territoriales de los campesinos y campesinas. En este sentido, es importante señalar que la CNDH ha recibido respuestas de instituciones informando de la incorporación de la Declaración en su ámbito jurídico orientativo. Cabe destacar las publicaciones del Tribunal de Justicia de Sergipe y del Tribunal de Justicia de Paraná, de la Justicia Federal de Bahía y del Tribunal Regional Federal de la 5.ª Región.

La Recomendación n.º 05/2025 de la CNDH representa un instrumento estratégico para la efectividad de los derechos de los pueblos del campo en Brasil, al alinear el ordenamiento jurídico y las políticas públicas nacionales con los más altos parámetros internacionales de derechos humanos, promoviendo la justicia social, la lucha contra la violencia en el campo y el fortalecimiento de la democracia, con la participación directa de los movimientos sociales del campo.

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Este artículo proporciona un resumen de un artículo académico escrito por Romberg de Sá Gondim (disponible en inglés aquí).

Introducción

Dado que las herramientas digitales tienden a incorporar un enfoque vertical mercantil/capitalista, estas tecnologías se han asimilado muy rápidamente en granjas de escala industrial, en especial durante la Revolución Verde (Shelton et al., 2022). Por otro lado, los campesinos y los agricultores a pequeña escala tienen que lidiar con oportunidades de acceso desiguales y con capacidades reducidas de búsqueda, obtención y recepción de los beneficios de dichas tecnologías (McCampbell et al., 2025). La complejidad y el enfoque tecnócrata de las tecnologías también puede provocar una disminución de la participación, autonomía y cocreación del conocimiento por parte de los campesinos mediante la replicación (Hilbeck y Tiselli, 2020) y hasta el remplazo de las antiguas interacciones sociales horizontales e inclusivas entre los agricultores a pequeña escala, los campesinos y las comunidades rurales, lo cual amenaza una de las piedras angulares de la agroecología (Shelton et al., 2022). Aunque la alfabetización, la participación y el acceso a la tecnología por parte de los campesinos no son asuntos nuevos en los estudios agroecológicos, la revolución digital les aporta nuevos matices, de manera específica sobre cómo las tecnologías digitales emergentes se consideran o no como principios agroecológicos (Ajena et al., 2020). Esta dinámica plantea preguntas fundamentales sobre los derechos de los campesinos, en especial el derecho a desarrollar prácticas agroecológicas, que se consagran en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los campesinos y de otras personas que trabajan en las zonas rurales (UNDROP).

Los efectos de la digitalización en los derechos de los campesinos

Los efectos de la digitalización en la cocreación del conocimiento y la autonomía campesinas en la agroecología no se han establecido con claridad, no solamente en la literatura especializada, sino también entre las mismas comunidades campesinas y los activistas agroecológicos (Silva, 2022). Hay tensión entre los enfoques agrotecnológicos y agroecológicos, ya que el primero muchas veces replica las ideas y prácticas de la Revolución Verde, que se consideran como contradictorias a los enfoques agroecológicos y los derechos del campesinado. El uso de herramientas digitales se ha vinculado a la devaluación de los sistemas tradicionales del conocimiento, la normalización de las prácticas mediante la conversión o aplicación de datos (datafication) (Ajena et al., 2022; Shelton et al., 2022) y el surgimiento de dinámicas de robo de propiedad intelectual, tales como el secuenciado digital del germoplasma (Vogliano et al., 2021). Estas prácticas no solamente contradicen los valores agroecológicos, sino que infringen cláusulas importantes de la UNDROP, en especial el artículo 19 sobre el derecho a las semillas, el artículo 20 sobre la biodiversidad y el artículo 26 sobre los conocimientos tradicionales. Sin embargo, otros estudiosos afirman que la agroecología y las tecnologías digitales no son fundamentalmente incompatibles y que dichas tecnologías pueden impulsar el crecimiento a escala de la agroecología (Rotz et al., 2019), lo cual puede crear también problemas de desigualdad, ya que el acceso diferenciado a estas herramientas puede exacerbar desigualdades entre los campesinos y generar incrementos asimétricos en la productividad que beneficien a los que las adopten y excluyan a los que no las utilicen (Brunori, 2024).

Al tomar en cuenta la compleja dinámica entre la digitalización, la agroecología y la autonomía y participación campesinas, el ensayo de investigación explora estos temas mediante la siguiente pregunta central: ¿hasta qué punto las herramientas digitales permiten o limitan una participación significativa en las transiciones agroecológicas a nivel territorial? Para responderla, nos planteamos un conjunto de tres subpreguntas: i) ¿Qué tensiones y oportunidades emergen en la digitalización de la agricultura para los agricultores a pequeña escala? ii) ¿Cómo se apegan las herramientas digitales a los principios agroecológicos, tales como la cocreación de conocimientos y la gobernanza adaptable, o cómo entran en conflicto con ellos? iii) ¿Cuáles son las partes interesadas que participan en el diseño y gobernanza de las herramientas digitales agroecológicas y cómo afectan sus enfoques participativos a la autonomía y la inclusión campesinas?

Para responder a estas preguntas, el ensayo se estructuró en tres partes: la primera es un estado de la cuestión para resolver las subpreguntas mediante artículos académicos, resúmenes de políticas e informes de programas sobre la digitalización de la agroecología. Esto incluye un análisis descriptivo de un conjunto de datos sobre cómo las herramientas digitales incorporan los elementos agroecológicos y de inclusión social (tomado de Dittmer et al., 2022a). En la segunda parte, un primer estudio monográfico analizó las herramientas digitales como un vehículo de cocreación y transmisión de conocimientos, con un enfoque en la aplicación Solis desarrollada en Pará (Brasil) mediante el componente de Herramientas digitales inclusivas (ADTD) del Programa de Transiciones Agroecológicas para Crear Sistemas Agrícolas y Alimentarios Inclusivos y Adaptables (TRANSITIONS), financiado por la Unión Europea; el segundo estudio monográfico analizó las perspectivas de gobernanza a partir de entrevistas semiestructuradas realizadas por el autor a activistas agroecológicos de La Vía Campesina en Brasil y Paraguay, junto con ideas obtenidas de las entrevistas de TRANSITIONS a agricultores a pequeña escala y apartes interesadas técnicas y de políticas antes del despliegue de la aplicación Solis (Freixêdas et al., 2022). Para finalizar, la conclusión reflexiona sobre los hallazgos y limitaciones de la literatura existente y cómo los estudios monográficos responden las preguntas de investigación.

A continuación, se presentan los hallazgos principales y las conclusiones clave del ensayo. Para obtener más información, tal como referencias adicionales a las entrevistas con los líderes de La Vía Campesina en América del Sur, Perla Álvarez (CONAMURI, Paraguay) and Marciano Toledo (MPA, Brasil), véase el artículo completo [añadir nuevamente el enlace].

Estudios monográficos

En primer lugar, una sección sobre el codiseño y despliegue de Solis, una aplicación diseñada para incrementar la autonomía digital de los campesinos en la cría de ganado de pequeña talla, en un primer momento en las ciudades de Novo Repartimento, Anapú y Pacajá (estado de Pará, Brasil septentrional). Esta sección resalta cómo se incluyó a los agricultores de pequeña escala y los retos a los que se enfrentan durante y después del proceso, mediante el análisis de informes y presentaciones sobre el programa. Una segunda sesión se enfocó en los problemas de gobernanza que surgen al incluir a los campesinos y los elementos agroecológicos en la digitalización de la agricultura en Brasil. Con este objetivo, el análisis documental de publicaciones y entrevistas realizadas por el Programa TRANSITIONS en Brasil con agentes en ministerios, agencias gubernamentales, gobiernos estatales, cooperativas, desarrolladores, el sector privado y las ONG (Freixêdas et al., 2022) se complementará con entrevistas realizadas por el autor a campesinos y activistas sociales en La Via Camponesa Internacional en Brasil y Paraguay (mientras representaba a la Coordinación Latinoamericana de Organizaciones del Campo, CLOC).

La aplicación Solis, un proyecto desarrollado en la región brasileña de Pará, es un excelente ejemplo de cómo las herramientas digitales pueden diseñarse para apegarse a los principios agroecológicos. La organización de la sociedad civil Solidaridad Latinoamérica se asoció con campesinos con poco acceso a la ayuda técnica pero que ya estaban familiarizados con los teléfonos inteligentes y redes sociales tales como Whatsapp. En vez de presentarles un producto terminado, el proyecto utilizó métodos tales como talleres de cocreación y visitas in situ para involucrar a los campesinos en el proceso de diseño desde su comienzo. Este enfoque fue fundamental para adaptar la aplicación a las necesidades locales: por ejemplo, las aportaciones campesinas transformaron el concepto inicial de la aplicación y llevaron a la creación de una comunidad de aprendizaje digital en la que los usuarios podían compartir videos y contenido sobre las prácticas agroecológicas locales. Este intercambio intercampesino de conocimientos, uno de los conceptos clave de la agroecología, se convirtió en una característica principal de la aplicación. El proceso de codiseño se apega a los artículos 10 y 18 de la UNDROP, los cuales estipulan los derechos de los campesinos a una participación significativa en la toma de decisiones y el control de sus recursos.

La aplicación demuestra que las herramientas digitales inclusivas pueden empoderar a los campesinos y ayudarlos en la transición hacia modelos más agroecológicos. Sin embargo, también destaca ciertos retos mayúsculos: el amplio proceso de diseño participativo retrasó un año el lanzamiento de la aplicación y la necesidad de mantener la gratuidad de la herramienta para los campesinos crea dificultades financieras para sus desarrolladores. Esto planea preguntas adicionales: ¿cómo pueden mantenerse e incrementarse estas iniciativas centradas en los campesinos sin poner en peligro sus principios fundamentales?

Por otra parte, aunque las iniciativas locales como Solis demuestran un tremendo potencial, el panorama de la gobernanza en Brasil y en Latinoamérica en general es mucho más complejo: las entrevistas a representantes gubernamentales y de la industria llevadas a cabo por el equipo de Solis revelaron que muchas herramientas digitales están diseñadas con un enfoque “unitalla” o universal que no toma en cuenta las diferentes necesidades de los campesinos y de los agricultores de pequeña escala. Aunque algunos funcionarios reconocieron la necesidad de obtener la colaboración del campesinado, muchas veces sus definiciones de la “participación” se limitaban a consultar a los campesinos o comunicarles las políticas existentes, mientras que la idea de considerarlos como codesarrolladores o participantes en la gobernanza administrativa apenas se mencionó.

Estas lagunas son una preocupación mayúscula para los movimientos agroecológicos como La Vía Campesina. Las entrevistas realizadas por el autor con activistas brasileños y paraguayos revelaron un cierto escepticismo respecto a la agricultura digital, el cual no surge como un rechazo de la tecnología en sí, sino del enfoque vertical y mercantil/capitalista de muchas herramientas digitales que causan los mismos problemas que la Revolución Verde. Algo interesante es que las herramientas demostraron la existencia de una relación entre la posesión de los datos y ciertas formas previas de privatización de recursos, tales como la apropiación y patentado de variedades locales de cultivos por parte de sociedades mercantiles o de capital. A esto se añaden actualmente las preocupaciones de “¿qué harán con mis datos” y “¿cómo se van a utilizar?”, lo cual refuerza la importancia de la UNDROP en recalcar los derechos de los campesinos de controlar sus propios recursos y conocimientos tradicionales. Además, otros retos presentes en el entorno latinoamericano, tales como la falta de acceso seguro a la tierra, una situación de políticas públicas fragmentadas y opacas y las luchas actuales sobre los derechos a las semillas, son una prioridad para los movimientos sociales, los cuales distraen su atención a los debates actuales sobre la digitalización.

En última instancia, nuestra investigación demuestra una brecha evidente entre el potencial de las herramientas digitales para impulsar la agroecología y la realidad de cómo se diseñan y administran actualmente. Aunque los esfuerzos de base (tales como la aplicación Solis) están creando alternativas inclusivas, en realidad operan de manera paralela a un entorno de políticas más amplio que en general excluye a los movimientos campesinos y no logra resolver los problemas fundamentales del poder, la participación y la soberanía de los datos.

Conclusión

Este ensayo buscaba entender hasta qué punto las tecnologías digitales permiten o limitan una participación constructiva en las transiciones agroecológicas a nivel territorial. Estos hallazgos refuerzan muchas preocupaciones fundamentales mencionadas en la literatura especializada, la cual menciona la posibilidad de la cocreación de herramientas digitales con objetivos agroecológicos, pero la mayoría de las herramientas actuales todavía están muy lejos de incorporar los principios agroecológicos y la inclusión social en sus diseños (Dittmer et al., 2022a). Por ende, el enfoque dominante vertical mercantilista/capitalista podría seguir enmarcando el desarrollo de la mayor parte de las herramientas agrícolas digitales e incrustándolas en las ideologías de normalización y productividad relacionadas con la Revolución Verde (Klerkx y Rose, 2020; Shelton et al., 2022). Estos modelos tienden a marginalizar a los pequeños terratenientes, excluyen los conocimientos tradicionales e incrementan el riesgo de aumentar las desigualdades. Aunque se recalcan las relaciones de poder en la literatura especializada, apenas se menciona la autonomía de los movimientos campesinos en la digitalización de la agricultura más allá de las preocupaciones (muy válidas) sobre la propiedad campesina de sus datos y la visión mercantilista que apoya el desarrollo de estas herramientas. Su compromiso con la cocreación de herramientas digitales horizontales todavía no está claro.

Las investigaciones futuras deberán ampliar su campo y sus análisis en temas tales como el financiamiento de las herramientas digitales en la agroecología, para poder comprender su modelo operativo y cómo se incorporan los conocimientos de los campesinos, los rendimientos de las inversiones y la identificación de los diferentes mecanismos financieros que puedan relacionarse con elementos agroecológicos adicionales y la realización de la inclusión social, a saber, más participación. Adicionalmente, las investigaciones deberían enfocarse en el papel de los movimientos campesinos en la cocreación, despliegue y hasta resistencia a las tecnologías digitales, y en la comprensión de cómo estas partes interesadas influyen en la gobernanza a nivel local o nacional, de manera institucionalizada o no, y en los valores inherentes a las tecnologías digitales, lo cual es fundamental para una transición digital democrática. Debido a la fecha de publicación, este artículo no incorporó las actividades más recientes, tales como el proyecto “Inteligência Artificial da Reforma Agrária e Agroecologia” (IARAA), coordinado por el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra y la Marcha Mundial de las Mujeres.

En última instancia, si la agroecología deberá fungir como una alternativa a la agricultura industrial y productivista, su interacción con las herramientas digitales no debería replicar las mismas estructuras que desea reemplazar: en vez de ello, debe concebirse desde la base, anclada en la autonomía campesina, el conocimiento colectivo y la gobernanza equitativa (Laurens et al., 2023; McCampbell et al., 2025; Sheldon et al., 2022), para así respetar los derechos reconocidos en la UNDROP. Esto comprende el diseño inclusivo, pero va más allá de él, para poder entender mejor las dinámicas de poder y gobernanza (Rosset et al., 2025; Rotz et al., 2019). Conforme se integran rápidamente las tecnologías digitales en los sistemas agrícolas y alimentarios, este artículo recalca que el reto no es simplemente tecnológico, sino que tiene que ver de manera fundamental con el poder, la participación y el futuro de la agroecología, junto con sus prácticas, principios y partes interesadas.

Para consultar las referencias bibliográficas citadas en este artículo, por favor consulte el artículo completo que se proporciona a continuación.

Sobre este tema, leer también: 

1.) https://www.eurovia.org/es/publicaciones/los-retos-de-la-digitalizacion-para-la-agroecologia-campesina/

2.) https://defendingpeasantsrights.org/los-desafios-de-los-movimientos-campesinos-frente-a-la-digitalizacion-de-la-agricultura/

La entrada ¿Tender puentes o excluir? Participación campesina en la digitalización de la agroecología se publicó primero en Defending Peasants' Rights.

Nota del editor:

La visita de los expertos, inicialmente planificada del 4 al 14 de noviembre de 2025, fue pospuesta a pesar de su momento crucial, tras las recientes protestas en Ecuador que fueron respondidas con un estado de excepción y medidas de represión en las que organizaciones indígenas, rurales y ambientales — entre los principales representantes de los/las titulares de derechos amparados por la UNDROP— fueron acusadas de «terrorismo» y vieron congeladas sus cuentas bancarias. Estas manifestaciones encendieron alarmas urgentes sobre problemas apremiantes directamente vinculados a la UNDROP, como los derechos a la tierra, al agua y a un medio ambiente sano, los cuales se vieron amenazados por la eliminación de los subsidios a los combustibles y el avance de proyectos mineros en territorios indígenas.

En este contexto, los expertos explicaron que una visita habría brindado una oportunidad vital para trabajar con el Gobierno a fin de encontrar respuestas basadas en los derechos humanos a estas preocupaciones.

Subrayaron que Ecuador ha reafirmado repetidamente su compromiso con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales (UNDROP). Los expertos también recalcaron que esta declaración ofrece un marco claro para abordar las desigualdades profundas que enfrentan las comunidades rurales y puede ayudar a moldear políticas públicas que promuevan la soberanía alimentaria, la preservación ambiental y la justicia social.

Leer la declaración completa:

5 de noviembre de 2025

GINEBRA – Un grupo de expertos en derechos humanos* ha anunciado hoy que su visita a Ecuador, prevista del 4 al 14 de noviembre de 2025, ha sido cancelada después de que el Gobierno solicitara reprogramarla para la segunda mitad de 2026.

«Las recientes protestas en todo el país reflejan preocupaciones profundas sobre los derechos a la tierra y al agua, la degradación medioambiental, así como el aumento del coste de la vida y la creciente inseguridad y violencia», ha declarado el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre los derechos de los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales.

«Una visita al país en este momento nos habría permitido colaborar con el Gobierno para identificar soluciones de derechos humanos a estas cuestiones urgentes».

Los expertos señalaron que la visita habría sido una oportunidad valiosa para entablar un diálogo constructivo con el Gobierno y las comunidades para la promoción de los derechos de los campesinos y los trabajadores rurales en Ecuador.

«La visita al país habría brindado una plataforma importante para identificar enfoques basados en los derechos humanos frente a los desafíos urgentes que enfrentan actualmente las comunidades campesinas e indígenas en Ecuador», afirmó el Grupo de Trabajo. «A la luz de las recientes protestas y la respuesta del Gobierno a las mismas, este diálogo habría sido especialmente relevante para debatir formas de abordar las causas subyacentes de los conflictos y fortalezer la confianza entre las comunidades y las instituciones».

Los expertos reiteraron que el reconocimiento progresivo por parte de Ecuador de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales (UNDROP) ofrece una hoja de ruta concreta y basada en principios para abordar las desigualdades e injusticias estructurales que afectan a las comunidades campesinas, los pueblos indígenas, los pescadores artesanales y los trabajadores rurales.

«Seguimos convencidos de que la implementación de la UNDROP puede ayudar a orientar las políticas públicas para garantizar la soberanía alimentaria, la protección del medio ambiente y la justicia social», señalaron los expertos, expresando asimismo su disposición a apoyar y cooperar con las autoridades ecuatorianas en la promoción de los derechos de los campesinos y los trabajadores rurales en el país.

El Grupo de Trabajo sobre los Campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales está compuesto por cinco expertos independientes de todas las regiones del mundo. El presidente-relator es Carlos Duarte (Colombia) y los demás miembros son Geneviève Savigny (Francia), Shalmali Guttal (India), Uche Ewelukwa Ofodile (Nigeria) y Davit Hakobyan (Armenia).

Los relatores especiales, expertos independientes y grupos de trabajo son expertos independientes en derechos humanos nombrados por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. En conjunto, estos expertos se denominan «procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos». Los expertos de los procedimientos especiales trabajan de forma voluntaria; no son funcionarios de las Naciones Unidas y no reciben un salario por su trabajo. Si bien la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas actúa como secretaría de los procedimientos especiales, los expertos actúan a título individual y son independientes de cualquier gobierno u organización, incluidos el ACNUDH y las Naciones Unidas. Las opiniones o puntos de vista expresados son exclusivamente los del autor y no representan necesariamente los de las Naciones Unidas o el ACNUDH.

Las observaciones y recomendaciones específicas por país de los mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas, incluidos los procedimientos especiales, los órganos creados en virtud de tratados y el Examen Periódico Universal, pueden consultarse en el Índice Universal de Derechos Humanos https://uhri.ohchr.org/en/.

Página de la ONU sobre derechos humanos, página del país: https://www.ohchr.org/es/countries/ecuador

Para consultas y solicitudes de los medios de comunicación, póngase en contacto con: Jamshid GAZIYEV, Secretario del Grupo de Trabajo sobre los campesinos y los trabajadores rurales (jamshid.gaziyev@un.org ).

Para consultas de los medios de comunicación relacionadas con otros expertos independientes de las Naciones Unidas, póngase en contacto con Maya Derouaz (maya.derouaz@un.org ) o Dharisha Indraguptha (dharisha.indraguptha@un.org )

Siga las noticias relacionadas con los expertos independientes en derechos humanos de las Naciones Unidas en X: @UN_SPExperts.

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Entre otros objetivos, este evento pretendía poner de relieve los múltiples retos a los que se enfrentan actualmente las comunidades rurales en todo el mundo. También tenía como objetivo explorar cómo la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales (UNDROP) puede influir en los marcos jurídicos y en las políticas publicas para proteger mejor a estas comunidades, reforzar sus derechos y promover la justicia social. Por último, el evento permitió destacar la movilización de los movimientos campesinos y las organizaciones rurales de toda América Latina, que trabajan a todos los niveles para promover y aplicar la UNDROP.

Como moderadora, Sibylle Dirren, representante de FIAN Internacional ante la ONU, destacó el papel crucial de la UNDROP como poderosa herramienta para defender y promover los derechos de las comunidades rurales.

Carlos Duarte, presidente del Grupo de Trabajo de Expertos de la ONU sobre los derechos campesinos y otras personas que trabajan en zonas rurales, recordó la crítica situación de las comunidades rurales, que se enfrentan al despojo, la falta de acceso a la tierra y al agua, así como al acaparamiento de los recursos naturales. Lamentó las dificultades de las organizaciones campesinas para hacerse oír en los foros internacionales, como las COP o el Convenio Mundial sobre la Diversidad Biológica, a pesar de que estas comunidades se ven directamente concernidas por la protección de la biodiversidad y los retos climáticos. El Sr. Duarte también señaló la persecución y la represión de que son víctimas lxs líderxs campesinxs en muchas regiones del mundo. Por último, insistió en la necesidad de reforzar la participación de las mujeres rurales, a menudo invisibilizadas a pesar de ser «la columna vertebral del mundo campesino».

Alfonzo Simon Raylan, representante del Sindicato de Trabajadores del Mar (SITRAMAR), organización miembro del Foro Mundial de Pueblos Pescadores, dio la voz de alarma sobre la situación de las comunidades pescadoras artesanales de la región indígena de Ngöbe-Buglé (Panamá). Desde 2010, con el pretexto de la conservación del medio ambiente, una prohibición de la pesca priva a estas comunidades de su principal fuente de subsistencia, lo que agrava la pobreza y el hambre. Las poblaciones viven en condiciones difíciles, con acceso limitado a la educación, la atención sanitaria y los servicios básicos. El Sr. Raylan denunció la falta de apoyo del Estado y la violenta represión que sufren los pueblos indígenas cuando defienden sus derechos.

Tres representantes de La Vía Campesina del continente latinoamericano compartieron sus experiencias a través de mensajes vídeo. Martha Huertas Moya, miembro de FENACOA/La Vía Campesina Colombia, presentó un balance alentador para el campesinado colombiano, marginado durante mucho tiempo. El reconocimiento de los derechos campesinos en la Constitución del país y en las políticas públicas ha permitido una mejor distribución de la tierra y la garantía de derechos antes inaccesibles. No obstante, insistió en la necesidad de crear una jurisdicción agraria y rural y de aumentar los presupuestos asignados al mundo campesino para consolidar estos avances. Arturo Aliaga, miembro de la ANAP/La Vía Campesina Cuba, destacó los avances concretos en materia de derechos campesinos, soberanía alimentaria y agroecología en el país. El representante campesino declaró que, gracias a la voluntad política afirmada de las autoridades publicas y a la capacidad de la ANAP de participar directamente en la elaboración de políticas y en la creación de marcos legislativos en la materia, la promoción y la aplicación de la UNDROP son ahora una realidad. Anderson Amaro, representante del MPA/La Vía Campesina Brasil, presentó la forma en que los movimientos sociales rurales brasileños movilizan la UNDROP en su lucha por unas condiciones de vida y de trabajo dignas. Más concretamente, el líder campesino se refirió a la estrategia de promoción en curso, cuyo objetivo es integrar la Declaración en la labor de los actores del sistema judicial nacional, los ministerios competentes y la agenda parlamentaria nacional y departamental.

Adriana Fillol Mazo, profesora de la Universidad de Sevilla y de la Academia de Ginebra, presentó la UNDROP como una herramienta jurídica concreta para proteger a las comunidades rurales. Sin embargo, señaló la existencia de varias amenazas, como la digitalización y las tecnologías agrícolas, que pueden aumentar la dependencia y la exclusión. La falta de relevo generacional también fragiliza el futuro de la agricultura campesina. Las mujeres rurales también se enfrentan a importantes obstáculos para acceder a la tierra y a una vida digna. A esto se suman la presión económica, la violencia y la incertidumbre climática, que están provocando una crisis silenciosa de salud mental en las zonas rurales. Concluyó haciendo un llamamiento para que se considere a lxs campesinxs, pescadorxs y pueblos indígenas no como problemas que hay que gestionar, sino como socios estratégicos esenciales para construir sistemas alimentarios justos, resilientes y sostenibles.

Raffaele Morgantini, representante del CETIM ante la ONU, clausuró el evento con una nota de esperanza para las comunidades rurales, gracias al surgimiento de jurisprudencias progresistas. De hecho, en varios sistemas judiciales están apareciendo sentencias favorables a los derechos campesinos. En Honduras, la Corte Suprema invocó la UNDROP para proteger las semillas campesinas contra la «ley Monsanto», una ley aprobada por el Parlamento que favorecía las semillas industriales y que, por lo tanto, fue derogada. En Colombia, la Corte Constitucional concedió su protección a una pareja de campesinos obligados a abandonar sus tierras tras repetidas inundaciones. En febrero de 2020, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó una sentencia en la que ordenaba el restablecimiento de una población indígena en sus tierras ancestrales, utilizando de manera complementaria la UNDROP y la UNDRIP (Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas). Existen otros ejemplos en Kenia o Canadá, que abarcan derechos relacionados con las semillas y la salud. El Sr. Morgantini destacó que estos avances no habrían sido posibles sin las sólidas alianzas entre los movimientos campesinos, lxs defensorxs de los derechos humanos, lxs juristas, lxs académicxs y el compromiso de las autoridades públicas. Estas colaboraciones permiten transformar los principios en acciones concretas en las comunidades rurales, los tribunales y las políticas nacionales.

Leer también nuestra entrevista exclusiva al Presidente del Grupo de trabajo Carlos Duarte y nuestro articulo sobre el informe de dicho Grupo de trabajo presentado ante la 60a sesion del Consejo de los derechos humanos

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Fue en esta dinámica que nació el proyecto Tierra Viva, que propone un programa de formación anclado en una pedagogía popular, feminista, intercultural y decolonial. Desde 2022, Tierra Viva teje una red de difusión de la UNDROP a través de talleres y seminarios web, en vínculo con organizaciones campesinas, indígenas y defensoras de los derechos humanos, principalmente en América Latina (pero también en Madagascar, 2022). El enfoque es decididamente colectivo: se trata de armar las luchas con saberes jurídicos y políticos, nutrir las resistencias locales, fortalecer las capacidades de las personas participantes en cuanto al análisis de su contexto (de lo local a lo global), finalmente, de crear puentes entre diversas experiencias, y de favorecer la transmisión de los derechos como herramientas de transformación.

Formaciones al servicio de territorios en resistencia

Todo comenzó en México, en el estado de Guerrero, con la organización de cinco talleres en comunidades rurales comprometidas con la defensa del maíz nativo, la producción de café o también la soberanía alimentaria y la agroecología. Estas comunidades fueron identificadas en colaboración con la sección FIAN México. Muy pronto, la dificultad logística para desplazarse por estos territorios aislados, combinada con la precariedad de los medios disponibles, impulsó el desarrollo de formaciones en línea como complemento: más accesibles y menos costosas, ellas también permiten una circulación regional más amplia. Los encuentros virtuales de participantes de diferentes regiones permiten además intercambios más ricos, promueven el diálogo intercultural y la apertura de perspectivas, y favorecen el tejido de lazos. Estos webinarios o talleres constituyen así una de las pocas oportunidades de formación en las comunidades, especialmente para las mujeres, quienes aún con demasiada frecuencia no tienen acceso a este tipo de espacios.

El formato elegido —webinarios temáticos interactivos, seguidos a menudo de debates e intercambios sobre las luchas locales— ha tenido un éxito claro. Estas formaciones tienen por objeto no solo dar a conocer los textos, sino también relacionarlos con contextos específicos, con el fin de favorecer la apropiación y la acción, al servicio de las luchas en el terreno.

Las formaciones se han extendido a otras regiones: Yucatán, Campeche, Quintana Roo, luego Perú, Ecuador, Guatemala y Nicaragua. La mayoría de las personas participantes son mujeres rurales, muchas activas en procesos de agroecología o de defensa del territorio o de semillas nativas. No obstante, el público se ha diversificado cada vez más con la participación de hombres, estudiantes y agroecólogos latinoamericanos en los webinarios.

Cada ciclo comprende unos diez módulos que cubren los grandes derechos reconocidos por la UNDROP: el derecho a la tierra, al agua, a las semillas campesinas, a la biodiversidad, a la información y a la libertad de asociación y expresión, de participación. En este sentido, las referencias a convenciones tales como la CEDAW, la Convención sobre Diversidad Biológica, el Tratado de Escazú, la UNDRIP y el Convenio 169 de la OIT ofrecen un espectro más amplio de los derechos existentes, todos complementarios e interdependientes, equipando aún más a las personas participantes en su resistencia e inscribiendo la UNDROP en un enfoque basado en derechos humanos, orientado hacia un proceso de empoderamiento desde la base. También abordamos los derechos culturales y los saberes tradicionales, lo que en 2025 dio lugar a profundizar los conocimientos sobre los modos de vida y cosmovisiones andina, maya y amazónica, gracias a la intervención de guías y liderazgos indígenas. Estos espacios de intercambio tienen efectivamente como fin dar voz a los actores de las luchas, traducir la UNDROP a su realidad cotidiana, poner en evidencia sus desafíos y valorar su cultura, su enfoque y su resiliencia.

Los derechos como lenguaje común de las luchas

En todas partes, las reacciones son fuertes. Las personas participantes descubren la existencia de la UNDROP, muchas veces por primera vez. Muchas expresan un sentimiento de reconocimiento y legitimación, al enterarse de que existe un instrumento jurídico internacional que nombra, valora y protege sus prácticas e identidades.

Los intercambios permiten también poner en palabras realidades difíciles: el éxodo y la migración rural de jóvenes, la pérdida de los saberes ancestrales, la desposesión, el colapso de los ecosistemas, las violencias de género, la represión de líderes comunitarios, la corrupción y la influencia del narcotráfico sobre los territorios.

El proyecto Tierra Viva insiste en que estos derechos no están reservados a los campesinos ni a quienes viven en zonas rurales, sino que conciernen a toda la sociedad. La transformación del sistema alimentario, el modo de producción y consumo, la deforestación, la regeneración de los suelos, la supervivencia de los patrimonios culturales, la regulación de las multinacionales, la justicia climática, la conservación del planeta: son tantos desafíos. Todos tenemos una parte de responsabilidad y un papel que desempeñar.

Lo que viene: transmitir, relayer, multiplicar

Las perspectivas son numerosas: ampliar aún más las formaciones, traducir los materiales a otras lenguas locales, reforzar las alianzas, valorizar los retornos de experiencia.

Uno de los objetivos también es lograr que estas formaciones sean reconocidas, en particular por organizaciones locales, universidades, redes campesinas, para luego establecer colaboraciones. Un avance pudo realizarse en este sentido en 2025 pues varios socios de Tierra Viva emitieron certificados para los participantes, asociando su logotipo al del proyecto Tierra Viva. Dar visibilidad al trabajo realizado permitiría fortalecer el arraigo, alcanzar nuevos públicos, establecer colaboraciones con más socios, redes y asociaciones en los distintos países, al mismo tiempo que estimular la motivación de los participantes, y eventualmente obtener mayor apoyo logístico. Y el sitio Defending Peasant Rights tiene un rol que jugar en esta circulación.

Redes Tierra Viva

Youtube : https://www.youtube.com/@TierraVivaMPS/videos

Email : tierraviva.mundo@gmail.com

Contact: +32485169934 (whatsapp)

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Este artículo tiene el objetivo de ilustrar las sinergias y complementariedades entre la agroecología y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales (UNDROP), a través del ejemplo de Brasil.

¿Qué queremos decir realmente con agroecología? En resumen, se podría decir que la agroecología es un proyecto de vida, de armonía con la naturaleza. Sin embargo, ahora también hay muchas reinterpretaciones de este concepto. La agroecología parece haberse puesto de moda en todo el mundo, especialmente después de que el brasileño José Graziano da Silva, como Director General de la FAO, abriera «una ventana en la catedral de la Revolución Verde» a través de dicho concepto. ¿Cuál es el problema de que un término esté de moda? Que la gente intenta usarlo para casi cualquier cosa. Si, por ejemplo, la agroecología se reduce a la ciencia, entonces existe el peligro de descuidarla como práctica agrícola y como movimiento social. ¡Podríamos imaginarla entonces como algo que surge más de la actividad académica! Así se reduce a una materia de ciencia agrícola, y podría también llamarse de otra manera.

Para nosotros, sin embargo, la agroecología es ante todo una práctica agrícola. Y si la agroecología puede ser un camino hacia la soberanía alimentaria, entonces debemos preguntarnos claramente si esto es con o sin el campesinado. Después de todo, la agroecología surgió en América Latina como una respuesta campesina a los efectos negativos de la llamada Revolución Verde. Por lo tanto, las y los campesinos deben tener un papel central en la agroecología.

La UNDROP afirma claramente la obligación de los Estados de promover la producción agroecológica (Artículo 16.4), de adoptar medidas apropiadas para la conservación y el uso sostenible de la tierra y de los recursos naturales a través de la agroecología (Artículo 17.7), y de proteger y promover los conocimientos tradicionales de las comunidades rurales, en particular las prácticas agroecológicas esenciales para conservar y utilizar de manera sostenible la biodiversidad (Artículo 20.2). También defiende el derecho de las y los campesinos y otras personas rurales a recibir formación adecuada adaptada a sus contextos agroecológicos, socioculturales y económicos específicos (Artículo 25.1).

La soberanía alimentaria –consagrada como derecho de los pueblos rurales en el Artículo 15.4 de la UNDROP– trata sobre la producción de alimentos. La agroecología se centra en el campesinado y, en consecuencia, en la agricultura. Sin embargo, la agricultura no debe reducirse a la economía. La agricultura también es cultura, es decir, agri-cultura. Y la cultura es conocimiento. Es alimento. Es historia. ¡Y es vida! Y aquí es donde entra en juego el problema de la ciencia agrícola. Es necesario recordar que las y los campesinos y los pueblos indígenas aún ven el mundo como un todo. Cuando un campesino cultiva todo tipo de plantas, ¡también es porque puede alimentarse de ellas! Es importante darse cuenta de que las y los campesinos han existido por 10,000 años y que muchos de ellos y ellas han logrado ser autosuficientes.

Entonces, si todo lo demás sale mal, ¡esta población aún tiene su propia comida! Es la única profesión que puede reclamar esto. ¿O acaso un zapatero comerá zapatos, por ejemplo? ¿O un sastre comerá ropa? No. Solo el campesinado tiene esta autonomía. ¿Pero qué significa eso? Debe significar que este sector decida qué se produce, quién lo produce, para quién se produce, cómo se produce (algunas personas piensan que la agroecología solo trata sobre el «cómo») y por qué se produce algo.

Si controlamos las respuestas a estas cinco preguntas (es decir, qué, quién, para quién, cómo y por qué), entonces tenemos soberanía alimentaria. Es poder local. Es autodeterminación. ¿Puede la agroecología ayudar a fortalecer los derechos campesinos y la soberanía alimentaria? ¡Sí, puede!

Presentaré diez razones por las que el campesinado y todos los pequeños productores de alimentos deberían practicar la agroecología en Brasil y en otros países, y establecer vínculos con los derechos establecidos en la UNDROP.

1. La agroecología reduce los costos de producción en la agricultura. Ya hemos visto que los costos operativos se reducen hasta en un 40 por ciento en la agricultura orgánica. Esto contribuye directamente a un aumento en el ingreso final para el campesinado, en línea con el derecho a un ingreso digno reconocido en el Artículo 16 de la UNDROP.

2. La agroecología aumenta la conservación de los recursos naturales. En 1713, Hans Carl von Carlowitz escribió un libro titulado Sylvicultura Oeconomica. Carlowitz creía que la sostenibilidad significaba no extraer más madera de un bosque de la que este pudiera regenerar. Esta idea de que los silvicultores no deben sacar más de un bosque de lo que puede volver a crecer es la misma que la de los pescadores que saben que no deben capturar más peces de los que la naturaleza puede reponer. ¡Esto corresponde a la filosofía de sostenibilidad de la mayoría de los pueblos indígenas!

¿Por qué es relevante este ejemplo para la agroecología? Porque la idea de la agroforestería nos permite ir más allá de la agroecología. Pienso que el modelo que más se acerca a la naturaleza es el bosque. Pero, por favor, ¡no monocultivos de pino o eucalipto! Los bosques son diversos. Y la agricultura industrial no puede utilizar los recursos naturales de manera sostenible. Según este modelo, todo debe producirse lo más rápido y en la mayor cantidad posible. Así, la naturaleza se sobrecarga y se destruye. ¿Y qué pasa entonces? Entonces se hacen inversiones en otros lugares. Conservar los recursos naturales significa considerar el agua, el suelo y la vida en el suelo como esenciales para la agricultura, que también son derechos campesinos establecidos en los Artículos 17 (derecho a la tierra), 18 (derecho al medio ambiente) y 21 (derecho al agua) de la UNDROP. Toda familia campesina quiere que su hijo, nieto y bisnieto continúen cultivando. Así, no necesariamente pensarán que están plantando un árbol para usarlo de inmediato. En 100 años, puede ser su nieto quien lo use. Esa es la idea detrás de preservar los recursos naturales. ¡Una agricultura adecuada para los nietos!

3. La agroecología es capaz de recompensar mejor el trabajo de las personas en las zonas rurales. Pero ¿cómo se puede lograr esto? En primer lugar, el uso de tecnología agrícola que ahorra trabajo aumenta la cantidad de tiempo no laboral, porque la dependencia de la naturaleza significa que el tiempo de producción en la agricultura está separado del tiempo de trabajo necesario. Si se requiere menos trabajo para la producción pero el tiempo de espera hasta la cosecha sigue siendo el mismo, esto crea tiempo libre o más tiempo para otras actividades. ¿Y cómo usarán las familias campesinas este tiempo? Como mínimo, la producción tendrá que diversificarse. Con agroecología, es imposible practicar monocultivo. El éxito de la agroecología está, por lo tanto, estrechamente ligado al concepto de multifuncionalidad en la agricultura, lo que significa que se puede pagar más por el trabajo. Una mejor remuneración por el trabajo significa que las y los campesinos finalmente reciben más por su esfuerzo. Normalmente ni siquiera incluyen estos costos. ¿Pero no es precisamente el trabajo lo que crea el valor de los bienes? ¿Y si preservas la naturaleza, no deberías recibir más por ello? ¡Sí! Ya hay lugares en el mundo donde las y los campesinos son recompensados por esto. Son remunerados por la sociedad porque, por ejemplo, una agricultura amigable con la naturaleza significa menores costos para la salud pública. Cada comunidad puede hacer esto. Si usamos menos pesticidas, si evitamos los transgénicos, tendremos menos problemas de salud y menores gastos públicos. Entonces, sí: es posible remunerar mejor a quienes trabajan con la agroecología, de acuerdo con el Artículo 16 de la UNDROP, que protege el derecho de las y los campesinos a un ingreso digno y a un nivel de vida adecuado. Pero eso requiere más conocimiento, y ese es otro desafío. El tiempo liberado por la agroecología también puede dedicarse a desarrollar conocimiento.

4. La agroecología es una forma de optimizar los ecosistemas agrícolas. Es posible reducir los insumos externos en la agricultura a través de la agroecología. Con la agroecología, la producción es cada vez más local y en ciclos cerrados con menos desperdicio de energía, reduciendo la dependencia de largas rutas de transporte. Esto reduce el impacto negativo en el medio ambiente, en línea con el Artículo 18 de la UNDROP. Con la agroecología es posible reducir la erosión, el lavado del suelo y la desertificación.

5. La agroecología permite aumentar la producción, lo cual es importante para cumplir con los Artículos 15 y 16 de la UNDROP. Por ejemplo, mediante el policultivo, que prospera particularmente bien en climas tropicales. En Brasil, por ejemplo, cultivar maíz y frijoles en el mismo campo finalmente rinde más que solo maíz. El policultivo produce mayores rendimientos en la misma superficie de tierra. La intensificación ecológica es una solución, especialmente en países con tierras cultivables limitadas. Y esta solución ya se practica en muchos lugares, incluso por la FAO. Eso nos da una ventaja. Pero debemos tener un poco de cuidado, porque la productividad puede disminuir en los primeros años. Primero debe restablecerse el equilibrio. Es necesario acumular humus en el suelo y priorizar plantas con raíces diversas que permitan circular agua, aire y materia orgánica. Entonces el suelo se regenerará. En estos primeros años, los gobiernos deberían ayudar a las y los campesinos. Porque a corto plazo, la agroecología puede llevar a una baja productividad. Pero a mediano y largo plazo, puede realmente producir más que el modelo industrial. Hay muchos informes de campesinos en Brasil que ya lo han demostrado.

6. Jóvenes y mujeres son protagonistas en el proceso agroecológico. Y eso es muy importante cuando se trata de los derechos de las personas en las zonas rurales y su futuro. Entonces, cuando hablamos de campesinado, también debemos hablar de jóvenes –y especialmente de jóvenes mujeres campesinas– de acuerdo con el Artículo 4 de la UNDROP sobre los derechos de las mujeres rurales.

7. Hay otro aspecto de la pequeña agricultura que es consistente con el concepto de agroecología: es la relación especial que las familias campesinas tienen con el conocimiento. Las familias campesinas intercambian sus descubrimientos, comparten su conocimiento, lo transmiten. En lugar de guardarlo para sí mismos, las y los campesinos difunden su conocimiento dentro de una comunidad, y al hacerlo cumplen con el Artículo 26 de la UNDROP sobre el derecho a la cultura y al conocimiento tradicional.

8. Hay varias formas de hacer la transición hacia la agroecología, y los Estados deben tomar medidas apropiadas para garantizar que sus programas y políticas contribuyan efectivamente a la transición hacia modelos agrícolas sostenibles, como lo estipula el Artículo 16.4 de la UNDROP. La agroecología puede servir como un paraguas bajo el cual se promueven diversas formas de agricultura –muchas de las cuales aún no conocemos porque todavía no hemos entrado en contacto con muchos pueblos indígenas que practican la agricultura. Este tipo de agricultura puede señalarse como parte de lo que solemos llamar «agroecológica». Es un tipo que podría describirse como tradicional, pero no es solo eso. También es innovadora. Y nos ayudará a alcanzar estas 10 metas que presentamos aquí, y a realizar la soberanía alimentaria.

9. Una innovación importante que necesitamos implementar es garantizar el acceso a los mercados (consagrado en los artículos 2.6e y 16.3 de la UNDROP) – junto con la educación sobre los mercados (artículo 25) y la información (artículo 11). En el pasado, las y los campesinos no pudieron lograr esta innovación por sí mismos. Pero tenemos buenos ejemplos de esto en Brasil con programas gubernamentales. Por ejemplo, con el programa de comidas escolares y las compras públicas, a través de las cuales los alimentos se compran directamente a organizaciones campesinas locales y regionales. Estas iniciativas llevaron a que Brasil fuera retirado del mapa del hambre de la ONU en 2014. Sin embargo, después de seis años de gobiernos conservadores que desmantelaron estas políticas, el hambre regresó en cifras alarmantes en 2022, con más del 15% de la población sufriendo hambre aguda –¡la mayoría en áreas rurales! Más recientemente, gracias a los esfuerzos renovados del gobierno actual, Brasil volvió a ser retirado del mapa del hambre en 2025.

Estos mercados institucionales apoyan la transición agroecológica. La organización entre campesinos y consumidores también permite que los alimentos orgánicos lleguen a las mesas de la gente, lo cual es un elemento de soberanía alimentaria. Entonces, no se trata solo de seguridad alimentaria, porque la seguridad alimentaria puede significar que alguien más te alimente. Por supuesto, si alguien pasa hambre, debe recibir alimentos. Pero eso es una emergencia. Nadie debe depender de eso. Sería aún peor hacer que las familias campesinas dependan de ello. Si podemos producir, procesar y comercializar alimentos lo más cerca posible de donde se producen, las familias campesinas también estarán mejor alimentadas. Y eso ya aumenta la soberanía alimentaria. Cuando producen para la región, también aumenta la disponibilidad de alimentos locales. Eso es lo que puede lograr la agroecología. La seguridad alimentaria significa la disponibilidad de alimentos en términos de cantidad, calidad y regularidad a lo largo del año. ¡Pero eso no es todo! También debemos saber ¿quién producirá estos alimentos? ¿Qué tipos de alimentos se producirán? ¿Con qué tecnología? ¿Con el uso de pesticidas y de ingeniería genética, o no? La agricultura sin personas tampoco es agroecología. La agroecología es agricultura con personas y para personas en armonía con la naturaleza.

10. Pero para hacer esto, debemos usar los últimos hallazgos científicos. Pero cuidado: hay intereses detrás de la ciencia moderna. ¡No es neutral en valores! Cuando se trata de ciencia que sirve a la agroecología, debemos recordar que sin la ciencia moderna que hemos tenido hasta ahora, la industrialización de la agricultura no hubiera sido posible. Así que no es inocente. La ciencia que debe servir a la agroecología debe ser diferente. Debe depender del contexto y ser transdisciplinaria, uniendo el conocimiento tradicional y el científico.

Esta ciencia no debe ser opresiva ni prejuiciosa, y sobre todo, no debe desplazar a las personas de su tierra y su hogar. Debemos evitar esto, así como pandemias, hambrunas, crisis climáticas –todo eso. La verdadera respuesta a esto está conectada con nuestra comida, la comida adecuada y la soberanía alimentaria.

La agroecología trata sobre alimentos reales producidos por campesinos, agricultura orgánica y pueblos tradicionales. La UNDROP refuerza los múltiples principios de la agroecología y la soberanía alimentaria. Confirma la primacía de los derechos campesinos y otras comunidades rurales, y recuerda a los Estados su obligación de respetar, proteger y cumplir con estos derechos. ¿Por qué es importante? Porque queremos que la humanidad siga existiendo después de nosotros.

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La Vía Campesina Brasil presentó una contribución escrita (disponible en inglés y portugués) en respuesta al llamado del Grupo de Trabajo de la ONU sobre la UNDROP, delineando los principales desafíos del campesinado brasileño. Elaborado colectivamente tras la realización de una formación sobre la UNDROP para organizaciones brasileñas de la LVC, el texto también presenta una visión colectiva sobre el estado actual del derecho a la participación de los campesinos y campesinas en Brasil.

Durante los meses de enero y marzo de 2025, se realizó una formación sobre la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Campesinos y de las Campesinas (UNDROP) para organizaciones miembro de La Vía Campesina en Brasil, con el apoyo de la organización de derechos humanos Terra de Direitos y del CETIM. Esta fue la primera formación sobre la UNDROP dirigida a movimientos sociales y organizaciones rurales de base en Brasil, siendo un ejemplo práctico de la implementación de la estrategia de La Vía Campesina Internacional de realizar capacitaciones sobre la Declaración para sus bases en los más diversos países.

El objetivo de la formación no fue solo dar a conocer la UNDROP entre sus titulares de derechos, sino también facilitar y fomentar una apropiación popular de esta Declaración en sus luchas políticas y jurídicas a nivel local, nacional, regional e internacional. La formación también tuvo como objetivo central la elaboración de un plan estratégico para incidir en diversas instancias gubernamentales, jurídicas y políticas, buscando la implementación de la Declaración con la participación activa de campesinos, campesinas y otros pueblos rurales cuyos derechos están consagrados en la UNDROP.

En el marco de esta primera formación en Brasil, las y los participantes de los diversos movimientos sociales que integran La Vía Campesina Brasil estudiaron la historia del proceso de construcción de la UNDROP y el contenido del instrumento, destacando los derechos a la tierra, a la biodiversidad, a las semillas y a la soberanía alimentaria. En un segundo momento, discutieron casos concretos de violaciones a los derechos establecidos por la UNDROP ocurridos en territorio nacional, perpetrados principalmente por empresas transnacionales y terratenientes del agronegocio.

Aprovechando el capital político de los movimientos sociales presentes, impulsar la implementación de la UNDROP desde una perspectiva popular es crucial en el arduo y prolongado trabajo por la justicia social, la reforma agraria y la soberanía alimentaria en el medio rural brasileño. En este sentido, el plan estratégico elaborado colectivamente durante la formación aportó una importante claridad sobre el camino a seguir para promover e implementar la UNDROP en Brasil y traducir sus disposiciones tanto en el ámbito legal como en las políticas públicas.

Entre las diversas iniciativas a realizar, se encuentra la incidencia ante las Naciones Unidas (ONU), especialmente ante su recién creado Grupo de Trabajo (GT) sobre la UNDROP. Al participar en los debates del GT y colaborar con su trabajo, las organizaciones campesinas y rurales alrededor del mundo pueden utilizar este mecanismo internacional para avanzar en la implementación de la UNDROP en sus respectivos países. Después de todo, una de las funciones del GT es precisamente recomendar, apoyar y acompañar a los países miembros de la ONU en la implementación de la Declaración, para que esta pueda ser un vector directo en la elaboración de políticas públicas, programas y leyes que realmente reparen las desigualdades en el campo.

En marzo de 2025, el GT lanzó una convocatoria pública para que organizaciones campesinas y rurales, así como gobiernos y otras instituciones, colaborarán con sus próximos dos estudios, en los que se abordarán los siguientes temas: i. tendencias globales en los desafíos que afectan a los campesinos y las campesinas; ii. derecho de los campesinos y campesinas a la participación equitativa. Así, La Vía Campesina Brasil, a través de la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT), el Movimiento de los Pequeños Agricultores (MPA), el Movimiento de los Afectados por Represas (MAB), el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST), junto con Terra de Direitos y con el apoyo técnico del CETIM, presentó un documento para contribuir a los estudios del GT desde los desafíos del campesinado brasileño. El documento, disponible aquí (en inglés y portugués), presenta una perspectiva colectiva sobre la actual coyuntura de los desafíos de los pueblos rurales en Brasil, cuya síntesis se presenta a continuación:

Los campesinos, las campesinas, pescadores artesanales, pueblos tradicionales y trabajadores rurales en Brasil enfrentan desafíos estructurales que amenazan sus modos de vida y derechos fundamentales. La concentración de tierras y los conflictos agrarios se agravan por la falta de reforma agraria y la privatización de áreas comunes, llevando a violencias e impunidad. Además, el acceso a políticas públicas es limitado por la burocracia, la falta de asistencia técnica e infraestructura, mientras que la crisis climática y los grandes proyectos, como represas, desplazan comunidades y degradan el medio ambiente. La identidad cultural campesina también es amenazada por el avance del agronegocio, que sustituye prácticas sostenibles por monocultivos e intensifica el uso de agrotóxicos. La criminalización de las luchas por derechos territoriales y la falta de acceso a la justicia también perpetúan la vulnerabilidad de estas poblaciones, especialmente indígenas, quilombolas y comunidades extractivistas, que sufren violencias y exclusión social.

El derecho a la participación de campesinos y trabajadores rurales en decisiones políticas aún enfrenta barreras significativas en Brasil. La exclusión de estos grupos se manifiesta en la falta de acceso a información, la dificultad de representación política efectiva y la ausencia de consultas previas, libres e informadas, especialmente en procesos de licenciamiento ambiental y formulación de políticas públicas. Comunidades tradicionales, como indígenas y quilombolas, frecuentemente ven sus derechos violados, sin canales adecuados para influir en decisiones que impactan sus territorios y modos de vida. Además, la marginalización política se agrava por la predominancia del agronegocio, que concentra poder y recursos, limitando la voz de la agricultura familiar y los pequeños productores en espacios decisorios nacionales e internacionales.

A pesar de estos desafíos, existen mecanismos y políticas que buscan ampliar la participación rural, como los Consejos de desarrollo agrícola (CONDRAF), foros de discusión y programas de fortalecimiento de la agricultura familiar. La Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Campesinos y las Campesinas (UNDROP) y el Convenio 169 de la OIT ofrecen bases legales para exigir consultas participativas. Sin embargo, la efectividad de estos instrumentos depende de la presión social, el acceso a la justicia y el compromiso del Estado en garantizar que las voces del campo sean escuchadas. Los movimientos sociales han desempeñado un papel crucial en esta lucha, promoviendo marchas, ocupaciones de tierras e incidencia política para asegurar que los derechos participativos no sean solo formales, sino concretos y transformadores.

Al igual que La Vía Campesina Brasil, la realización de procesos formativos sobre la UNDROP a nivel nacional y/o regional, la elaboración de un plan estratégico por parte de los movimientos locales para su promoción y la participación en el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Derechos Campesinos son pasos esenciales para implementar la UNDROP. Este es un camino fundamental para dar vida a la Declaración desde las bases, mediante la apropiación de sus derechos por los y las titulares de derechos y la incorporación de la UNDROP en sus luchas políticas y jurídicas por la justicia social y los derechos humanos de los pueblos del campo.

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