Hace apenas unos momentos, las fuerzas de ocupación israelíes lanzaron un asalto militar contra la Unidad de Multiplicación del Banco de Semillas de la UAWC en el área de Hebrón, utilizando bulldozers y maquinaria pesada para demoler las instalaciones de almacenamiento e infraestructura esenciales para las operaciones de la unidad.
El ataque resultó en la destrucción de instalaciones críticas utilizadas para almacenar materiales e insumos agrícolas, constituyendo un asalto directo a la soberanía alimentaria palestina, los esfuerzos para preservar semillas ancestrales, y una continuación del ataque dirigido contra la Unión misma. Hacemos un llamado a todos los aliados, amigos y socios internacionales para que actúen urgentemente para detener estas violaciones y hacer responsables a la ocupación israelí por sus crímenes contra la tierra, las personas y las semillas.
Instamos además a aumentar la solidaridad y el apoyo a los agricultores palestinos y su derecho a permanecer en su tierra.

31 de julio de 2025

Unión de Comités de Trabajo Agrícola (UAWC), organización miembro de La Vía Campesina en Palestina.

El asalto resultó en los siguientes daños y pérdidas:

• Destrucción completa de la caravana principal, que servía como instalación de almacenamiento para materiales y herramientas agrícolas utilizadas en la multiplicación, procesamiento y preservación de semillas.
• Destrucción de toda la red eléctrica, lo que llevó a la suspensión total de las operaciones diarias dentro de la unidad.
• Daños severos a la infraestructura de agua, causando un corte completo de agua. Esto ha puesto en riesgo toda el área cultivada de 16 dunums, ya que los cultivos ahora están amenazados con la deshidratación y la muerte.
• Riesgo de perder toda la temporada agrícola, ya que los cultivos actualmente bajo cultivo representan aproximadamente el 80% del stock de semillas destinado a ser depositado en el Banco de Semillas principal en Hebrón, que estaba programado para ser distribuido a cientos de agricultores en la próxima temporada de siembra.
• Destrucción y pérdida de grandes cantidades de insumos agrícolas esenciales, incluyendo redes de riego, fertilizantes orgánicos, y equipos y herramientas agrícolas de uso diario.
• La amenaza más inmediata y crítica es la pérdida total de la temporada actual debido a la interrupción del agua, lo que podría socavar gravemente los esfuerzos nacionales de soberanía de semillas e impactar la seguridad alimentaria de los pequeños agricultores.

Una evaluación completa de daños está en curso, y un informe detallado será publicado en los próximos días.

Imágenes disponibles hasta ahora del sitio atacado:

Fuente de la imagen: UAWC

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Defending Peasants Rights condena enérgicamente este ataque dirigido contra una infraestructura civil dedicada a la soberanía alimentaria y la preservación de semillas campesinas en Palestina.

La destrucción de esta instalación no es un acto aislado, sino parte de una estrategia deliberada no solo para erradicar los medios de vida de los campesinos palestinos y la población palestina, sino también para destrozar los recursos agrícolas palestinos y la tierra fértil. Expresamos nuestra absoluta solidaridad con los miembros de la UAWC y hacemos un llamado a los Estados, así como a todos los movimientos sociales, sindicales y populares, a movilizarse para denunciar estas violaciones y defender los derechos fundamentales del pueblo palestino.

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Hola a todos. Me llamo Shalmali Guttal. Soy miembro del Grupo de Trabajo sobre la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los campesinos y otros trabajadores rurales. Me uno a ustedes desde la India.

La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos (UNDROP) fue adoptada por el Consejo de Derechos Humanos (CDH) y la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2018, mientras que el Grupo de trabajo para su aplicación se estableció en abril de 2024.

Es un honor doble para mí que me hayan invitado a dirigirme a ustedes en esta conmemoración en Indonesia, cuyos líderes crearon e impulsaron la Conferencia Asia-África en Bandung en 1955, y la UNDROP varias décadas después. Hay algunos paralelismos considerables entre la Conferencia y la Declaración que quisiera recalcar:

Fue un líder indonesio, Ali Sastroamidjojo, quien propuso una conferencia de líderes de países recién descolonizados en Asia y África, la cual se llevó a cabo como la Conferencia Asia-África del 18 al 24 de abril de 1955, tras una reunión preparatoria en Bogor en diciembre de 1954. La Conferencia de Bandung dio como resultado la creación del Movimiento de Países No Alineados, la creación del G77 y un nuevo espíritu de solidaridad y cooperación entre todas las regiones del Sur Global.

Fue otro líder indonesio, Henry Saragih, de la Federación de Campesinos de Indonesia (Serikat Petani Indonesia, SPI), quien lanzó los debates, a principios de los años 90 del pasado siglo, con los movimientos sociales y las organizaciones de la sociedad civil sobre la importancia de articular, llevar a cabo y defender los derechos campesinos. Dichos debates se intensificaron en los años siguientes en La Vía Campesina (LVC) y dieron como resultado una carta de los derechos del campesinado elaborada por SPI en 2002, para luego elaborar una declaración más amplia sobre los derechos campesinos redactada de manera conjunta por otras organizaciones miembro de LVC: ésta presentó la declaración al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en agosto de 2008.

A partir de ese año, SPI y LVC establecieron alianzas y obtuvieron el apoyo de muchos otros movimientos sociales, organizaciones de la sociedad civil, expertos en derechos humanos y Estados del Sur Global miembros de la ONU. Tras un periodo de negociaciones muy intensas en el seno del Consejo de Derechos Humanos de la ONU del 2013 al 2018, el CDH y la Asamblea General adoptaron la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos en 2018.

Se considera que la UNDROP es una “declaración de la ONU” al haber recibido el respaldo de dicha organización, pero sigue siendo fundamentalmente una “carta de derechos campesinos”: no fueron los Estados los que lanzaron el proceso, sino el mismo campesinado con el apoyo de sus organizaciones representativas; y no fueron los Estados los que dieron forma a su contenido, sino las y los campesinos y su conocimiento de primera mano sobre la discriminación, opresión y exclusión social que han sufrido y sufren a diario. Esto es patente en la inclusión de los conceptos de la soberanía alimentaria, la agroecología, la regulación de los mercados, la protección de los trabajadores rurales y migrantes sin importar su condición, los derechos de las mujeres rurales, el derecho a las semillas y a la biodiversidad, a la tierra, el agua y los recursos naturales, a la participación, a la justicia y muchos otros derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales en la UNDROP.

El Grupo de trabajo de la Declaración agradece calurosamente a todos los movimientos sociales que se han involucrado en el proceso de negociación de la UNDROP por su apego y claridad de miras: la Declaración no habría visto la luz sin su compromiso inquebrantable con la aplicación igualitaria y efectiva de los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos los individuos y grupos que viven y trabajan en las áreas rurales. Es en esta línea que el grupo de trabajo eligió a nuestra primera Presidenta-relatora, la señora Geneviève Savigny, quien es también campesina y participó muy activamente en las negociaciones que dieron como resultado la adopción de la UNDROP.

De la misma manera que las 29 naciones independientes representadas en la Conferencia de Bandung de 1955 albergaban a más de la mitad de la población del mundo, los titulares de los derechos de la UNDROP también representan a más de la mitad de la población mundial actual, entre los cuales se cuentan campesinos, pescadores, pueblos indígenas, pueblos nómadas rurales, pueblos selváticos, pastores, trabajadores migrantes y rurales en sistemas alimentarios y agrícolas y mujeres rurales y sus familias. El artículo 1 de la UNDROP establece la amplitud y diversidad de los derechohabientes de la Declaración, y las mujeres rurales sobresalen como una categoría que se enfrenta a discriminación interseccional y a continuas violaciones de sus derechos.

El “espíritu de Bandung” se convirtió y sigue siendo un estandarte para las ideas del anticolonialismo, el antiimperialismo, la paz, la soberanía, la autodeterminación, la solidaridad y la cooperación Sur-Sur para crear economías internas robustas basadas en la igualdad, la justicia y la dignidad para todos los pueblos.

Estos ideales no los concibieron los líderes nacionales que participaron en la Conferencia de Bandung, sino que emergieron y se formaron a partir de los esfuerzos de los pueblos africanos y asiáticos en primera línea de la lucha por la liberación del colonialismo y la resistencia al imperialismo y que dieron sus vidas por la libertad. Entre ellos hubo campesinos, pueblos indígenas, pescadores, obreros y las clases trabajadoras, intelectuales, mujeres de diferentes clases y condiciones, comerciantes locales, abogados y muchos más.

Por desgracia, los héroes del espíritu de Bandung no estuvieron presentes en la Conferencia de 1955: fue notoria la ausencia de las mujeres incluso entre los líderes, cuando tantas de ellas estuvieron a la cabeza de la lucha por la libertad en sus propios países. Algo incluso más lamentable es que las décadas después de Bandung no trajeron consigo la paz, la liberación del colonialismo y la autodeterminación para todos: en muchos países, los beneficios de la liberación y la independencia quedaron circunscritos a clases, castas, razas, etnias y religiones particulares, y las mujeres quedaron con frecuencia relegadas.

A medida que las antiguas potencias colonizadoras se reagruparon en las décadas siguientes, el espíritu de Bandung se vio minado por la satanización y la persecución política, la penalización de las ideologías de la liberación y el uso de políticas financieras y económicas (tales como el comercio y el crédito) como armas que recreaban estructuras mundiales de colonialismo, imperialismo y esclavitud. Los ideales de Bandung de cooperación Asia-África en materia de agricultura, desarrollo rural, transferencia de tecnologías e industrialización se dejaron de lado, mientras que los modelos de desarrollo nacionales se vieron afectados por el neoliberalismo y la expansión del poder de las empresas transnacionales en la economía, las finanzas y el gobierno. Los países del Sur Global se han reagrupado mediante los BRICS y las organizaciones regionales, pero la competición ha reemplazado a la cooperación y a la solidaridad: los intereses geopolíticos y geoeconómicos han secuestrado y reinterpretado los diez principios de Bandung.

Revivir el espíritu de Bandung en el contexto actual exige una atención urgente a asuntos pendientes desde hace tiempo: la reforma agraria y los derechos de las clases trabajadoras rurales a la tierra, al agua y a sus territorios; la seguridad alimentaria y el derecho a la alimentación y a la nutrición; empleos estables y seguros y los derechos de los trabajadores; la protección social y un acceso seguro a los bienes y servicios fundamentales; sistemas económicos y políticos que sirvan y respondan a las necesidades de las personas vulnerables y que resuelvan las condiciones estructurales de la vulnerabilidad para impedir que se repitan los círculos viciosos de la pobreza y la carencia; proteger los ecosistemas, la biodiversidad y el medioambiente; enfrentarse a la deuda y al cambio climático mediante los principios de la justicia y la responsabilidad histórica; desmantelar las estructuras de discriminación histórica entre las etnias y los géneros y poner fin a la colonización y a las actividades de extracción abusiva que siguen dejando a los pueblos en la miseria.

La UNDROP y demás instrumentos internacionales de derechos humanos son herramientas importantes para reconstruir el espíritu de Bandung en las coyunturas política, económica y medioambiental actuales. Conforme el mismísimo multilateralismo cede terreno frente a la presión de diferentes sectores y partes interesadas, de medidas unilaterales por parte de un puñado de entidades influyentes y de alianzas cínicas entre ciertos países, la arquitectura internacional de los derechos humanos le ofrece a todos los pueblos del mundo la capacidad de reconstruir un multilateralismo popular basado en la justicia, la igualdad, la no discriminación, la paz, la dignidad y la autodeterminación. La UNDROP y demás instrumentos de derechos humanos pueden fungir como normas éticas y como criterios para evaluar las leyes, normativas, instituciones y medidas nacionales, regionales e internacionales.

En la coyuntura actual, las personas en primera línea en las luchas por la liberación de las innumerables crisis interrelacionadas de nuestro tiempo (el hambre, la pobreza, la desigualdad, el cambio climático, la pérdida de la biodiversidad, el autoritarismo, los conflictos y la ocupación militar, la violencia y la injusticia sociocultural y basada en género y la extracción abusiva de recursos) son las clases trabajadoras, los campesinos y los proveedores de alimentos a pequeña escala, los trabajadores, los pueblos indígenas, las mujeres, los estudiantes, los periodistas, los abogados, los profesores universitarios, los parlamentarios y las organizaciones de la sociedad civil.

A pesar de enfrentarse a la persecución por parte de regímenes autoritarios, fascistas, patriarcales y oligárquicos, los héroes modernos (al igual que los héroes que lucharon por nuestra liberación del yugo colonial) no abandonan el campo de batalla: la UNDROP y demás instrumentos de derechos humanos les dan visibilidad, les permiten proteger sus vidas y sus esfuerzos y les proporcionan cimientos sobre los cuales reconstruir el espíritu de Bandung.

Para los miembros del Grupo de trabajo, la UNDROP representa un nuevo comienzo, un cambio de paradigmas hacia una sociedad más inclusiva que reconozca y valore la contribución fundamental del campesinado y de las personas que trabajan en áreas rurales en la lucha contra la pobreza, el hambre, la explotación y la persecución en todas sus formas y dimensiones, en la protección del medioambiente contra la polución y la destrucción, en el cuidado y regeneración de la biodiversidad fundamental para la vida en la Tierra, en el progreso económico y social de nuestras sociedades y en el logro de vivir en países justos, inclusivos y pacíficos en donde se protejan los derechos de todos por igual.

En nombre del Grupo de trabajo de la UNDROP, exhorto a los gobiernos, a los movimientos sociales, a la sociedad civil, a las universidades, a los parlamentarios y a toda persona comprometida con la igualdad, la justicia, la paz, la dignidad, los derechos humanos y la autodeterminación a apoyarnos en la aplicación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos.

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Introducción

En los campos abiertos del valle del Jordán y a lo largo de las laderas rocosas del sur de Hebrón, los agricultores palestinos luchan por sobrevivir. Aquí, la agricultura es un acto diario de supervivencia bajo un sistema colonial arraigado que despliega la ley, la violencia y el estrangulamiento económico para separar a las personas de sus tierras.

Desde octubre de 2023, Cisjordania ha entrado en una nueva fase de intensificación del despojo. Nada es arbitrario. Las órdenes de demolición se ejecutan con precisión burocrática, la violencia de los colonos se expande con plena protección militar y los recursos vitales, como el agua, los pastos y la movilidad, se cortan bajo el pretexto de la «soberanía». En una declaración reveladora y sin complejos, el ministro de Finanzas israelí, Bezalel Smotrich, se jactó hace unos días de que 2024 marcó un año récord en demoliciones de casas y estructuras palestinas, celebrándolo como una imposición exitosa del control israelí sobre el Área C. En un entorno tan abiertamente hostil, la noción de desarrollo se vuelve absurda, e incluso la estabilidad básica parece estar fuera de nuestro alcance.

Esta violencia no es incidental, es estructural. Los agricultores palestinos no son vistos como individuos que violan las regulaciones, sino como obstáculos geográficos que deben eliminarse. En lugares como Wadi al-Seeq y Khan al-Ahmar, los beduinos y las comunidades rurales se enfrentan a ataques metódicos: se queman cultivos, se envenenan pozos, se roba ganado y se bloquea la circulación. Forman parte de una estrategia deliberada para crear condiciones inhabitables y forzar el desplazamiento sin una sola orden oficial de expulsión.

En el frente económico, la agricultura está siendo asfixiada. La ocupación israelí controla el 85% de los recursos hídricos de Cisjordania, mientras que a los palestinos se les niega el permiso para perforar o mantener pozos. Según datos del Banco Mundial, la productividad agrícola palestina ha disminuido al menos un 35% en los últimos seis meses. En marcado contraste, los asentamientos agrícolas israelíes cercanos prosperan con acceso sin restricciones al agua, la infraestructura y los mercados internacionales, lo que pone de relieve la marcada desigualdad incrustada en la tierra.

Ver al agricultor palestino únicamente como un símbolo de resistencia o nostalgia es perder el punto. Hoy en día, el agricultor es el defensor de primera línea de la soberanía, la justicia ambiental y el derecho a la vida misma. La lucha no se trata de una sola cosecha, se trata de salvaguardar la posibilidad misma de una presencia palestina continua en la tierra, más allá de los guetos urbanos y los enclaves fragmentados.

Este artículo busca exponer el brutal sistema de violencia que se esconde detrás de estas violaciones, y amplificar las voces de los agricultores (mujeres y hombres) que continúan cultivando sus tierras en desafío, en memoria y con la firme creencia de que la tierra perdurará más allá del régimen que busca borrarlas.

Borrando comunidades a través del robo de tierras y la expulsión

La política de décadas de confiscación de tierras y desplazamientos forzados en Cisjordania llevada a cabo por la ocupación israelí se ha intensificado drásticamente desde el 7 de octubre de 2023, transformándose en una operación a gran escala destinada a redibujar la realidad demográfica de la región. La estrategia que subyace a este proceso ya no se limita a actos aislados de desposesión, sino que se ha convertido en una campaña sistemática de borrado territorial e ingeniería demográfica, dirigida contra los cimientos mismos de la vida agrícola palestina.

Según la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), Israel se ha apoderado de más de 50.000 dunams de tierras agrícolas palestinas en los meses posteriores a octubre de 2023, lo que supone la mayor ola de confiscaciones en más de dos décadas. Estos acaparamientos de tierras se concentran en regiones agrícolas críticas, como el norte del Valle del Jordán, las colinas del sur de Hebrón y los cinturones rurales que rodean Nablus y Salfit. Estas áreas no son elegidas arbitrariamente, representan el corazón agrícola de Palestina y los últimos espacios que quedan donde las prácticas agrícolas tradicionales persisten a pesar de la expansión de los colonos y el control militar.

Paralelamente, la tasa de desplazamiento forzado ha aumentado. Más de 180 familias de agricultores han sido expulsadas de sus hogares, principalmente en la Zona C, donde Israel conserva plena autoridad civil y militar. Estas expulsiones suelen ir precedidas de una doble embestida, en primer lugar, la emisión de órdenes de demolición o desalojo en virtud de marcos jurídicos opacos, y en segundo lugar, un aluvión de violencia por parte de los colonos, que va desde el incendio provocado de cosechas y el robo de ganado hasta los ataques con munición real y la quema de viviendas. Por lo general, estos actos se llevan a cabo con impunidad y bajo la vigilancia o protección de las fuerzas militares israelíes.

Aldeas como Al-Zubeidat y Ein al-Hilweh, en el valle del Jordán, y Masafer Yatta, en las colinas del sur de Hebrón, han sido las más afectadas por esta agresión. En estas y otras comunidades rurales, las milicias de colonos respaldadas por la Policía Fronteriza y armadas con armas de uso militar invaden regularmente tierras de cultivo, intimidan a los residentes y destruyen propiedades. El objetivo es claro: hacer que estas zonas sean inhabitables para los palestinos, obligándolos a reubicarse y allanando el camino para una mayor expansión de los colonos. Amnistía Internacional y B’Tselem han documentado decenas de estos ataques coordinados entre octubre de 2023 y marzo de 2024.

La expansión de los asentamientos es la columna vertebral de esta estrategia. Desde octubre, el gobierno israelí ha avanzado en planes para más de 13.000 nuevas unidades de asentamiento en Cisjordania, un aumento del 40% con respecto a años anteriores. Estos proyectos van acompañados de la construcción de nuevas carreteras de circunvalación exclusivas para los colonos y puestos de control militares, que dividen las tierras palestinas en enclaves inconexos. En muchas zonas, los palestinos deben ahora pasar a través de puertas electrónicas u obtener permisos militares para acceder a sus propias tierras de cultivo. El efecto es un estrangulamiento lento pero deliberado de la vida rural palestina, donde el movimiento, el cultivo y la cohesión comunitaria se ven socavados progresivamente.

Más allá del impacto material, estas acciones erosionan el tejido social de las comunidades agrícolas. Cuando una sola carretera separa a una aldea de su mercado o cuando una incursión de los colonos de una noche resulta en la pérdida de las cosechas de toda una temporada, el golpe no es solo económico sino también psicológico. Los agricultores se ven empujados a una elección imposible: soportar una vida bajo constante amenaza o abandonar la tierra que ha sostenido a sus familias durante generaciones. A medida que se derrumban los medios de vida agrícolas, las familias no tienen otra alternativa que buscar trabajos precarios en los asentamientos israelíes o emigrar a los centros urbanos, lo que afianza aún más la dependencia económica de las mismas fuerzas que las desposeen.

Esta campaña de despojo coincide con uno de los episodios más mortíferos de la historia palestina moderna, el genocidio en curso en Gaza, donde más de 160.000 personas han resultado muertas o heridas. Mientras la atención mundial se centra en la guerra en Gaza, la ocupación israelí está acelerando silenciosamente su proyecto de transformación demográfica en Cisjordania. Según un informe de Blinx de 2025, el año en curso ya ha establecido un récord de demoliciones de viviendas en Cisjordania, un reflejo asombroso del intento de Israel de borrar comunidades palestinas enteras bajo el radar del sistema internacional.

En resumen, la confiscación de tierras y el desplazamiento forzado en la Ribera Occidental son instrumentos de ingeniería étnica. Estas políticas están diseñadas para establecer «hechos sobre el terreno» irreversibles, fragmentar la geografía palestina y destruir la posibilidad de un Estado palestino viable y contiguo. En esencia, representan un ataque a la existencia misma, convirtiendo a cada agricultor palestino en un defensor de primera línea de la identidad, la dignidad y la supervivencia.

Escalada de ataques de colonos

Los últimos meses han sido testigos de una peligrosa transformación de la violencia de los colonos en toda la Ribera Occidental. Ya no se limita a ataques aislados, sino que se ha convertido en una campaña organizada y sostenida de limpieza étnica, dirigida deliberadamente contra los agricultores palestinos y sus comunidades. Los grupos de colonos armados, que operan cada vez con mayor coordinación e impunidad, a menudo bajo la vigilancia o protección de las fuerzas militares israelíes, son ahora fundamentales para una estrategia más amplia destinada a limpiar la Palestina rural de su población autóctona y reforzar el control colonial sobre la tierra. Según Amnistía Internacional (2024), se han documentado más de 410 ataques contra agricultores palestinos en los cuatro meses posteriores al estallido de la guerra genocida en Gaza, lo que representa un aumento del 75% en comparación con el mismo período del año anterior. Estos ataques son metódicos, coordinados y ejecutados con un objetivo claro: cortar la relación entre los palestinos y su tierra.

Las tácticas utilizadas son tanto violentas como simbólicas. En las zonas de Ramallah y Nablus, especialmente en aldeas como Turmus Ayya, Al-Mughayyir y Madama, los colonos han destruido más de 6.200 olivos, muchos de ellos centenarios. El olivo, símbolo del arraigo palestino y de la supervivencia económica, está siendo desarraigado de la identidad cultural y económica del pueblo. Más allá del sabotaje agrícola, los ataques han adquirido un carácter más militarizado. Human Rights Watch (2024) informó de 45 ataques incendiarios contra viviendas, instalaciones de almacenamiento y silos de grano en aldeas cercanas a los asentamientos, llevados a cabo tras redadas coordinadas de colonos bajo la protección del ejército israelí. A menudo se impidió a los bomberos palestinos acceder a las zonas, lo que permitió que los incendios consumieran infraestructuras esenciales y activos ganaderos.

Quizás el desarrollo más alarmante es el aumento de las agresiones físicas directas. B’Tselem (2024) ha documentado 380 incidentes violentos, incluyendo golpizas, fuego real y expulsión forzada de familias mientras trabajaban en sus tierras. Al menos 10 agricultores han muerto y decenas han sufrido lesiones graves, y muchos han quedado discapacitados permanentemente y no pueden volver a las labores agrícolas.

Esta forma de violencia colonial debe ser vista como lo que es: una campaña respaldada por el Estado para desmantelar la economía rural palestina, fracturar la cohesión comunitaria y transformar por la fuerza a los productores agrícolas independientes en una fuerza laboral dependiente de los mercados y salarios israelíes.

Estos incidentes forman parte de una política sistémica más amplia. En tan solo unos meses, los colonos se han apoderado de 270 parcelas agrícolas palestinas, y estas tomas rara vez, si es que alguna vez, son impugnadas por las autoridades israelíes. Por el contrario, más del 85% de las denuncias legales presentadas por palestinos en relación con los ataques de los colonos han sido desestimadas sin investigación, lo que indica la complicidad oficial en el proceso de limpieza étnica. Una de las características más alarmantes de la actual violencia de los colonos es la coordinación directa y visible entre los colonos armados y las fuerzas de la «Guardia Fronteriza» israelí. En zonas como Masafer Yatta, Qusra y Al-Zubeidat, los colonos suelen llegar en convoyes organizados, muchos de ellos con armas automáticas visibles, mientras que el ejército israelí se mantiene al margen o ayuda activamente restringiendo el movimiento palestino, emitiendo órdenes de evacuación arbitrarias o cerrando las carreteras de acceso. Este paisaje militarizado ha llevado a comunidades agrícolas enteras al borde del abismo. Desde octubre de 2023, más de 180 familias palestinas han sido desplazadas forzosamente debido a una combinación de ataques de colonos y aislamiento impuesto por el ejército. La violencia en curso está asfixiando el sistema agrícola palestino, socavando su viabilidad al generar miedo, sabotear la infraestructura esencial y negar a los agricultores el acceso a sus tierras y agua. Se trata de una estrategia deliberada de borrado gradual y sistémico.

La comunidad internacional, si bien está preocupada por el catastrófico genocidio que se está desarrollando en Gaza, no debe pasar por alto este proceso paralelo en Cisjordania, un proceso que utiliza las herramientas de la expansión colonial, la imposición del apartheid y el terror de los colonos para desarraigar a los palestinos de sus tierras, negarles su derecho a la alimentación y destruir los cimientos de su existencia rural.

La política de agua convertida en un arma y la fragmentación de la agricultura palestina

En Cisjordania, la escasez de agua es un resultado directo de la política israelí destinada a controlar recursos vitales y debilitar la resistencia agrícola palestina. Desde el 7 de octubre de 2023, las autoridades israelíes han intensificado las restricciones al acceso al agua, profundizando un sistema de control hidropolítico de décadas de antigüedad diseñado para erosionar la autosuficiencia palestina y consolidar la expansión colonial de los asentamientos.

Según Amnistía Internacional (2024), la ocupación israelí ejerce control sobre más del 85% de los recursos hídricos de Cisjordania, al tiempo que niega sistemáticamente a los palestinos los permisos para perforar pozos o reparar los sistemas existentes. Desde la escalada de la guerra, las fuerzas israelíes han destruido o sellado más de 240 pozos agrícolas, lo que supone un aumento del 20% con respecto al año anterior (OCHA, 2024). Estos pozos, particularmente concentrados en el valle del Jordán y las colinas del sur de Hebrón, eran esenciales para irrigar las tierras de cultivo. Su pérdida ha contribuido a una caída del 32% en las tierras agrícolas de regadío y al casi colapso de la producción de hortalizas y cítricos en gran parte de Cisjordania (FAO, 2024).

La escasez de agua se ve agravada por el aumento de los costes: el precio del agua transportada ha aumentado un 65% desde finales de 2023, lo que hace que el riego sea inasequible para la mayoría de los pequeños agricultores. En zonas como Salfit, Tubas y Qalqilya, muchas familias han optado por cereales tolerantes a la sequía o han abandonado la agricultura por completo, lo que ha provocado una pérdida generalizada de ingresos y empleos.

Las fuerzas israelíes también han atacado infraestructuras básicas de agua. B’Tselem (2024) relata numerosos casos en los que unidades militares confiscaron tanques de agua utilizados para el riego, especialmente en comunidades agrícolas remotas que carecían de redes de tuberías. Paralelamente, más de 75 manantiales naturales que alguna vez fueron vitales para los pastores palestinos han sido confiscados o convertidos en parques exclusivos para los colonos y sitios recreativos, lo que limita aún más el acceso de la comunidad a las fuentes de agua esenciales.

Las consecuencias económicas son graves. El Banco Mundial (2024) señala que la inflación de los alimentos en Cisjordania ha superado el 41%, como resultado directo de la interrupción de la producción y la disminución de la oferta local. Esta crisis afecta de manera desproporcionada a los hogares rurales y de bajos ingresos, que ahora se enfrentan a una doble carga: la disminución de los ingresos agrícolas y los precios inasequibles de los alimentos básicos. Al mismo tiempo, el colapso de los sistemas alimentarios locales ha afianzado la dependencia palestina de los mercados israelíes y de la ayuda internacional.

En Gaza, el panorama es aún más catastrófico. El bloqueo y la guerra en curso han paralizado toda la infraestructura hídrica. Más del 70% de los invernaderos y sistemas de riego han sido destruidos, y el 98,1% de los hogares sin acceso al agua afirman haber dejado de cultivar por completo (FSALWG, 2025). El acceso al agua potable se ha vuelto casi imposible, con el aumento de los riesgos de contaminación y la prohibición de entrada a los suministros esenciales de purificación de agua.

El artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) consagra el derecho a una alimentación adecuada y a no padecer hambre, mientras que la Observación General Nº 15 reconoce explícitamente que el acceso al agua es fundamental para la dignidad y la salud humanas. La denegación sistemática de agua a los palestinos, incluida la destrucción de pozos y los regímenes de permisos discriminatorios, constituye una clara violación de estas obligaciones.

Estas dinámicas no son casuales, representan una estrategia deliberada de desestabilización agrícola. Al cortar el agua, restringir la reparación de infraestructuras y favorecer el acceso de los colonos, Israel está implementando un sistema de apartheid estructural del agua que viola el derecho internacional. En el contexto palestino, el agua es un arma política. La política hídrica de la ocupación se ha convertido en un mecanismo central para desarraigar la vida rural palestina, desmantelar los cimientos de la soberanía alimentaria y profundizar la dependencia económica y territorial. Por lo tanto, la lucha por el agua es inseparable de la lucha más amplia por la tierra, la dignidad y la autodeterminación.

La soberanía alimentaria como práctica desafiante contra el borrado estructural

Hoy en día, los agricultores palestinos cultivan en condiciones que superan con creces los límites de la penuria. Sus campos están rodeados de asentamientos, monitoreados por torres de vigilancia militar y bajo constante amenaza de demolición o incautación. En este contexto, la agricultura ha dejado de ser un medio de vida rutinario, sino que se ha convertido en un acto con carga política. Cada parcela cultivada, cada cosecha extraída de suelos amenazados, es un testimonio de persistencia y de rechazo a la desaparición. Enfrentados al aislamiento, la destrucción y la exclusión, los agricultores insisten en quedarse, plantar, cuidar y renovar su conexión con la tierra como parte de la lucha palestina más amplia por la libertad y la autodeterminación.

Esta resistencia cotidiana se extiende más allá de las restricciones militares para incluir la denegación de acceso, la destrucción de infraestructura, la confiscación de herramientas y la obstrucción de los mercados. Según el Instituto de Estudios de Oriente Medio (IMES, 2024), más del 70% de los agricultores de la Zona C declararon haber enfrentado obstáculos directos o ataques que interrumpieron o dañaron su trabajo durante el año pasado.

En respuesta a la creciente presión y la privación sistémica, muchas comunidades agrícolas palestinas están volviendo a los conocimientos agrícolas tradicionales arraigados en generaciones de experiencia. Un elemento central de esta reactivación es el banco de semillas establecido por la Unión de Comités de Trabajo Agrícola (UAWC), que preserva y distribuye variedades de semillas locales resistentes a la sequía. Estas semillas guardadas, intercambiadas y cultivadas fuera del alcance del control corporativo israelí y multinacional se han convertido en símbolos vivientes de soberanía alimentaria y desafío, lo que permite a los agricultores palestinos reclamar el control sobre lo que cultivan y cómo lo cultivan. Al hacerlo, se resisten a la dependencia impuesta de los sistemas de insumos externos y afirman un futuro agrícola impulsado localmente y basado en la resiliencia, la memoria y la autonomía.

Junto con estos esfuerzos, los agricultores están recuperando la recolección de agua de lluvia, la agricultura de secano, las terrazas de piedra y los métodos agroecológicos de bajo costo. Se trata de respuestas estratégicas y regenerativas a las restricciones israelíes sobre el agua. Según el Instituto Internacional para el Medio Ambiente y el Desarrollo (IIED, 2024), el 44% de los agricultores palestinos en áreas restringidas o cerradas han adoptado al menos una técnica tradicional en el último año, no solo para sobrevivir sino para seguir cultivando bajo asedio.

La soberanía alimentaria en el contexto palestino no es un eslogan. Es una afirmación vivida y cotidiana que desafía los sistemas de desplazamiento y borrado, reconecta a las comunidades con sus tierras y redefine la supervivencia no a pesar de la ocupación, sino en resistencia a ella.

La agricultura como primera línea en la lucha por la liberación

En Palestina, la agricultura se lleva a cabo bajo asedio, a la sombra de excavadoras y en medio de la amenaza diaria de la explanación. Lo que se está desarrollando en las comunidades rurales es un esfuerzo calculado para separar a la gente de sus tierras, para vaciar el campo de sus habitantes y para quebrar la voluntad colectiva a través de las herramientas coordinadas de la incautación, el incendio provocado, el bloqueo y el hambre.

Sin embargo, la tierra sigue siendo cultivada como un acto de determinación. Quienes siembran hoy no están simplemente persiguiendo una cosecha, sino que se están aferrando a un linaje, afirmando con su trabajo que la tierra no se mide en hectáreas sino en dignidad, memoria y vida misma. Cada estación labrada por manos palestinas escribe una nueva línea en la historia continua de desafío.

Dentro de este panorama, la Unión de Comités de Trabajo Agropecuario (UAWC) está construyendo una realidad diferente. Su trabajo defiende los recursos, reclama tierras, fortalece la soberanía alimentaria y reteje la vida agrícola en un marco de resistencia y supervivencia. Ya sea a través de la preservación de semillas nativas, el apoyo a la producción agroecológica o la creación de cooperativas dirigidas por agricultores, UAWC ayuda a las comunidades a perdurar con estructura, fuerza y propósito.

La agricultura en Palestina es una decisión deliberada y diaria de permanecer arraigado. Todo acto de cultivo bajo ocupación declara que la tierra no será abandonada, incluso cuando sea cercada, bombardeada o confiscada. En esta lucha, la agricultura se convierte en algo más que producción de alimentos, se convierte en política, protección y un camino a seguir.

Los palestinos están plantando su futuro, se mantienen firmes y desafían al mundo a ver cómo es realmente la resistencia arraigada. Y en eso, hay un llamado no solo a la solidaridad, sino al compromiso compartido.

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La entrada Boletín Nyeleni nº 59 de marzo de 2025 – Oleadas de resistencia: Las comunidades pesqueras en defensa de la soberanía alimentaria se publicó primero en Defending Peasants' Rights.

El objetivo de este evento era conversar sobre el impacto del sistema político y económico neoliberal, racista y (neo)colonial sobre la vida de las comunidades rurales, y entender cómo las organizaciones campesinas conciben la lucha contra este sistema opresor. Para ello contamos con la presencia de seis panelistas, miembros de La Vía Campesina de países del Sur (Níger, Colombia, Haití, Palestina) y del Norte (Suiza y Francia), quienes compartieron su visión y su experiencia.

Raffaele Morgantini de CETIM inició la discusión recordando que «el capitalismo y el colonialismo son las dos caras de la misma moneda», así como el impacto del sistema capitalista y neocolonial actual en los pueblos del Sur Global y, en especial, en la vida de los campesinos y de las campesinas. Así, «la lucha anticapitalista pasa necesariamente por la lucha anticolonial, dos luchas en las que el mundo rural está en primera línea».

Colombia

Joana Pinzón en representación de la Asociación Nacional Campesina José Antonio Galán Zorro (ASONALCA) y del Coordinador Nacional Agrario, una de las organizaciones miembro de LVC en Colombia,, empezó mencionando la división internacional del trabajo, que relega a Colombia al rol empobrecedor de productor de materias primas (en concreto en la industria minera), lo cual causa estragos tanto en el medio ambiente como entre las poblaciones campesinas y autóctonas.

De hecho, estas poblaciones están atrincheradas en los territorios más hostiles, mientras que los ricos terratenientes acaparan la mayoría de las tierras. Por eso hace falta una reforma agraria integral y popular, pero nunca se ha implementado porque va en contra de los intereses capitalistas de las élites dominantes. El control de las tierras es el principal desafío del país y, de hecho, el conflicto armado del que las principales víctimas son las comunidades rurales y autóctonas surgió por esta razón; tanto actores privados como públicos llevan a cabo una guerra sucia contra ellas. Luchar contra el acaparamiento de tierras y los proyectos económicos destructores es sinónimo de poner su propia vida en peligro: las comunidades y los movimientos sociales sufren persecuciones, amenazas de muerte, encarcelamientos, desplazamientos forzados, exilio y asesinatos.

«Cuando me hablan de ‘desarrollo’, lo que oigo es la palabra ‘muerte’, porque las compañías privadas han destrozado muchísimas cosas en nombre del desarrollo.»

Joana defiende que «otro mundo es posible» e insiste en la importancia de la movilización social, dando ejemplos de escuelas populares, proyectos de salud pública, empresas locales y otros servicios públicos creados en el nordeste del país (en las regiones de Santander y Casanare). Termina su intervención diciendo que «si queremos el cambio, tenemos que crearlo nosotros-mismos».

Níger

El representante de la Plataforma Campesina de Níger, organización miembro de LVC, recuerda los numerosos maltratos que ha sufrido el continente africano y el hecho de que, a pesar de la independencia arrancada hace 60 años, África sigue estando en una situación de dependencia.

«Nos han quitado las cadenas, pero nos siguen controlando de otras maneras. Hoy soplan vientos de soberanía en la mente de todos los africanos, que han comprendido que hay que luchar por ella, sobre todo por la soberanía alimentaria». El panorama de los numerosos frenos al desarrollo de la agricultura nigerina es denso: el doble discurso no permite a los pequeños productores y productoras competir con la agroindustria. Los fertilizantes químicos fabricados en Europa empobrecen los suelos y los vuelve dependientes, debilitando de esta manera a las organizaciones campesinas. Una vez más, la división internacional del trabajo relega a África al papel de proveedor de materias primas, que se exportan y procesan en Occidente, para después revenderlas más caras. «No nos dan los medios para acceder a la transformación de los productos y, cuando queremos exportar productos procesados, nos chocamos con las así llamadas normativas europeas ‘de calidad’». Esto agrava la pobreza de nuestras explotaciones. Nuestros productores venden a precios de ganga los mismos productos que, en otros lugares, se venden más caros», lamenta este representante nigerino. Además, como la soberanía alimentaria no puede existir sin soberanía económica, «gastamos mucho para tener acceso a muy poco (…). Esta economía nos mantiene en la pobreza», añade. A esto, sumémosle que cada pedido estatal de maquinaria agrícola, semillas y abono tiene que pasar por el Banco de Francia.

Otro problema es el del relevo campesino. «Los jóvenes abandonan las granjas familiales, se suben a un barco y se mueren en el mar por el sueño europeo. Piensan que Europa es El Dorado, que el éxito se resume en tener estudios superiores, una oficina y una corbata. Tenemos que volver a nuestros valores africanos».

La inseguridad que generan los grupos armados como Boko Haram también perjudican al campesinado nigerino, que se confronta con su violencia. «Hace diez años éramos pobres, pero por lo menos teníamos paz».

Por último, después del golpe de Estado del 26 de julio de 2023, el Níger fue víctima de medidas coercitivas unilaterales que han tenido consecuencias graves en el país. Los productos campesinos se bloquearon en la frontera, por lo que los campesinos y las campesinas tuvieron que venderlos por debajo del precio de producción y acudir a las ya insuficientes reservas de alimentos.

Palestina

Yasmeen El-Hasan, de la Unión de Comités de Trabajadores Agrícolas (UAWC, Palestina), también miembro de LVC, realizó su intervención por videoconferencia, trazando un panorama desolador de la situación en Gaza, declarando que los palestinos y las palestinas que no han muerto en los bombardeos morirán de hambre, por la falta de agua y de atención médica. Denunció el uso de la hambruna como arma en el genocidio que se está llevando a cabo: «Israel ha orquestado una operación hambruna, destruyendo los sistemas alimentarios palestinos de Gaza y Cisjordania». Sin embargo, la soberanía nacional y alimentaria es intrínseca al derecho de autodeterminación. «Nuestra relación con nuestra tierra no es solo simbólica, es también simbiótica. No se trata solo de lo que nos da ella, sino de qué le damos a cambio. Somos los nativos y los guardianes de esta tierra», recuerda Yasmeen, quien considera que no es una opción volver al statu quo colonialista y que hay que trabajar conjuntamente para crear un sistema justo para todo el mundo.

Para más información, véase el artículo del CETIM “Palestina: no hay soberanía alimentaria sin soberanía nacional”.

Haití

Micherline Islanda Aduel, representante de Tet Kole Ti Peyizan Ayisyen, miembro de LVC en Haití, tenía previsto unirse a la delegación campesina en Ginebra, pero no pudo salir de la isla debido a la proclamación del estado de emergencia declarado tras la toma del control del tejido social e institucional del país por parte de violentas bandas criminales. Ella también realizó su intervencion a distancia, denunciando la situación actual: «Los oligarcas han destrozado la producción local mediante la importación de productos norteamericanos y la protección de las multinacionales. Las bandas y los cómplices locales han sembrado el caos; el pueblo haitiano vive presa de la inseguridad, de los asesinatos políticos dirigidos, de la delincuencia gubernamental sin complejos y de los secuestros planificados. Urge poner fin al apoyo que confieren los Estados Unidos, Canadá y Francia a los gobiernos criminales que los pueblos rechazan». La soberanía, la independencia y la integridad del territorio de Haití están en peligro debido al Core Groupe, grupo intergubernamental creado por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en 2004, que incluye también a los Estados Unidos, a Canadá, Inglaterra, Alemania y Francia. Con el apoyo de dicho “Core-Group”, el gobierno provisional actual, con el Primer Ministro Ariel Henry a la cabeza, gobierna de facto Haití en contra de la voluntad de su pueblo.

A la luz de todo esto, combatir la crisis alimentaria y reactivar la producción agrícola aplicando la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los Campesinos y de las Personas que trabajan en Zonas Rurales es una prioridad para los campesinos y las campesinas de Haití.

Para mas informaciones sobre la situación en la isla, véase el informe sometido al Consejo de derechos humanos de la ONU por CETIM y las organizaciones campesinas de Haití.

Suiza

Alberto Silva, representante de UNITERRE, organización suiza miembro de LVC, denuncia el papel que desempeña su país en las dinámicas imperialistas y neocoloniales, aunque Suiza –al contrario de Francia– no tenga un pasado colonial. «Ginebra es un verdadero eje comercial para las materias primas. Todo se negocia aquí, la especulación es importante e influye en los precios en Suiza y en el resto del mundo». El método es el siguiente: comprar lo más barato posible, almacenar y esperar que los precios suban para vender lo más caro posible. Así es como muchos se aprovechan y se benefician de la guerra en Ucrania y del genocidio en Palestina. La especulación se lleva a cabo a costa de las poblaciones vulnerables, alterando los mercados agrícolas. Los bancos y las multinacionales se orientan cada vez más hacia la producción de alimentos y, para ello, acaparan tierras cultivables en los países del Sur. Esto ejerce más presión en las poblaciones locales que practican una agricultura de subsistencia y aumenta la dependencia de los alimentos extranjeros importados. De esta manera, Suiza participa activamente en el neocolonialismo y en la opresión de los países del Sur Global a través de sus bancos, sus empresas y sus inversores. El sistema económico actual de competencia generalizada entre los campesinos y campesinas del mundo contribuye a la desaparición del campesinado a nivel local y genera crisis sociales con consecuencias catastróficas. Los acuerdos de la OMC también contribuyen a esta desregulación generalizada.

Ante esta situación, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de las Personas que trabajan en Zonas Rurales es de gran importancia. «El desarrollo de nuestra soberania alimentaria no debe realizarse en detrimento de la de otros países», concluye Alberto.

Francia

Pierre Maison, representante de La Confédération Paysanne, organización miembro de LVC en Francia, declara que el imperialismo francés y la “Francáfrica” todavía existen. «Francia denuncia los golpes de Estado mientras apoya las democracias de fachada e incluso los regímenes autoritarios. Según él, el objetivo es mantener el control sobre las riquezas de estos países». Los sistemas alimentarios africanos se ven socavados por Europa; un ejemplo claro de ello es la leche en polvo que se vende en África: «En realidad, se trata de un polvo de leche desnatada, al que se le añade aceite de palma porque sale más barato. Le hemos preguntado a la Comisión Europea y hemos protestado contra la especulación y el dumping de esta leche almacenada. Nuestros excedentes destruyen su agricultura», se lamenta. Igualmente, el fomento de la competencia entre sistemas agrícolas que no se rigen por las mismas normativas perjudica gravemente a las y los agricultores familiares africanos, quienes compiten con sus homólogos europeos que reciben subvenciones de la PAC (Política Agrícola Común). El mercado mundial solo se basa en el lucro y enriquece a las grandes empresas que exportan sin condiciones, generando así dependencia en los llamados «países en desarrollo». Para protegerse, estos países deberían tener la libertad de imponer aranceles, pero desde los acuerdos de libre comercio eso ya no es posible. En Europa oímos a los partidarios del productivismo declarar que Europa tiene que alimentar al mundo. ¿Pero por qué, por quién?»

Además, la industria de las semillas está en manos de un puñado de multinacionales que imponen las semillas estériles y los OGM en los países africanos para volverlos dependientes, puesto que esas semillas funcionan con pesticidas y fertilizantes que hay que volver a comprar cada año. Todo este sistema intenta imponerse, mientras que las semillas campesinas africanas están perfectamente adaptadas a su territorio. En Europa prácticamente ya no quedan semillas campesinas, aunque sean las que pueden adaptarse a los territorios y al cambio climático. Otro mal es el sistema de créditos de carbono: las empresas de los países del Norte compran tierras cultivables en África con la complicidad de los estados, expulsan a los campesinos y campesinas para plantar bosques, para poder seguir contaminando en Europa y para que las empresas parezcan neutras en sus emisiones de carbono, lo cual es completamente falso», añade Pierre.

Después de estas declaraciones se abrió un fructífero debate con la sala, que se cerró con un bufé con productos campesinos locales.

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El campesinado palestino ha sido destruido constantemente por Israel desde la Nakba. Hoy, más que nunca, la esperanza de soberanía alimentaria para el pueblo palestino parece imposible. Así que, modestamente, contribuimos difundiendo las palabras de solidaridad e indignación de La Vía Campesina y otros.

Declaración de La Vía Campesina a propósito de la histórica sentencia de la CIJ sobre el genocidio en Gaza

Por La Via Campesina

(Bagnolet, 26 de enero de 2024) El día de hoy marca un hito importante en la búsqueda de la justicia y la rendición de cuentas, ya que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) emitió un fallo histórico en respuesta a una petición del Gobierno de Sudáfrica. El fallo investiga las acusaciones de genocidio cometidas por la ocupación israelí contra lxs palestinxs en la Franja de Gaza durante la guerra en curso, que trágicamente ha causado más de 26.000 víctimas palestinas, incluyendo más de 64.000 heridos y miles de desaparecidxs, predominantemente mujeres y niños.

La Vía Campesina acoge con satisfacción esta decisión fundamental de la CIJ, considerándola una victoria histórica para los derechos del pueblo palestino y un primer paso crucial para que la ocupación israelí rinda cuentas por sus persistentes crímenes y la evasión del castigo. Para más información, hacer clic aquí.

El Genocidio en Gaza: ¡Un llamado a la acción global inmediata!

Por La Via Campesina

Declaración de solidaridad de La Vía Campesina. Bagnolet, 26 de enero de 2024.

A medida que la guerra emprendida por la ocupación israelí en la Franja de Gaza entra en sus 106 días, La Vía Campesina se solidariza con el pueblo de Gaza, que está soportando una crisis humanitaria inimaginable. Esta guerra de aniquilación tiene un saldo de más de 25.000 víctimas mortales, más de 62.000 personas heridas y más de 8.000 desaparecidas; lo que representa un asombroso 4% de la población total de Gaza. Esta alarmante estadística dibuja un panorama espeluznante de la situación en Gaza, una región en la que los elementos esenciales de la vida han desaparecido, dejando a su población en una búsqueda incesante de seguridad. Para más información, hacer clic aquí.

Acceso a los alimentos en Gaza: La desoladora intersección entre el genocidio y la inaccesibilidad a los alimentos

Informe emitido por La Unión de Comités de Trabajo Agrícola (UAWC). Fecha: 21/10/2023.

La Franja de Gaza, un estrecho enclave costero que sirve de hogar a aproximadamente 2,1 millones de almas -incluidos 1,7 millones de refugiados palestinos- ha sufrido una trayectoria constante de deterioro socioeconómico durante más de una década. Este declive no es una simple estadística, sino una realidad viva para la mayoría de sus habitantes.

Los orígenes de este deterioro se remontan a diversas imposiciones estructurales y externas, entre las que destaca el bloqueo impuesto por Israel en 2007 como medida especialmente debilitadora. El bloqueo, un completo cerco terrestre, aéreo y marítimo, no solo ha limitado la circulación de personas, sino también, y de forma crítica, el flujo de bienes, suministros esenciales y oportunidades hacia y dese toda la Franja de Gaza.  Esto ha tenido una reacción en cascada sobre la economía, la sanidad, las infraestructuras y, sobre todo, la seguridad alimentaria de Gaza. Para más información, hacer clic aquí.

Agrarian Annihilation: Israel’s war on Gaza is war upon both land and people

By Paul Kohlbry

As of this writing, Israel’s war on Gaza has killed more than 23,000 Palestinians. The bombing and ground invasion has displaced 1.9 million people, accounting for 85% of Gaza’s population, and damaged or destroyed 40,000 structures,18% of all structures in the territory. The assault is making the Gaza Strip truly uninhabitable, with some Israeli officials openly expressing their hope to permanently remove as many Palestinians as possible from Gaza and resettle them elsewhere. This is a genocidal war, one in which a second Palestinian Nakba (‘catastrophe’) is well underway.

This is war upon both land and people. According to UN analysis of satellite imagery, 18% of Gaza’s arable land has “experienced a substantial decline in health and density” as a result of the bombardment. In North Gaza, where the first phase of the assault has been concentrated, 39% of arable land has been damaged. The destruction of entire neighborhoods is likely wiping out home gardens, rooftop farms, and agroecological experiments in Gaza’s dense urban areas. The war has shattered Gaza’s food system, with 93% of the population “facing crisis levels of hunger, with insufficient food and high levels of malnutrition.” To read more on Agrarian Conversations click here.

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La entrada URGENTE: ¡ACTÚA AHORA POR PALESTINA! – Petición internacional de La Vía Campesina se publicó primero en Defending Peasants' Rights.

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