La sentencia de la Corte Constitucional de Colombia establece una nueva jurisprudencia que permite avanzar en el proceso de protección de los derechos de los campesinos a nivel nacional y que consolida a la UNDROP como el instrumento de referencia en la materia.

El caso que originó esta sentencia se centraba en una pareja de ancianos campesinos de Saravena, en el departamento de Arauca, que vivían en su granja “El Paraíso”. Después de varias inundaciones causadas por el desbordamiento del río Bojabá, su casa se volvió inhabitable, y desde entonces viven de manera precaria en casa de su hijo, sin reconocimiento alguno como desplazados internos por parte de las autoridades y sin recibir ayuda alguna por parte del Estado colombiano. La Corte consideró que se había violado el derecho de la pareja a una vida digna y que el Estado tenía la obligación de garantizarles una protección apropiada.

Para dictar la sentencia, la Corte se basó en el artículo 64 de la Constitución enmendado en 2023, el cual reconoce a los campesinos como sujetos de derecho e impone al Estado otorgarles una protección especial, además de recalcar la importancia del campesinado en la construcción del territorio, la soberanía alimentaria y la diversidad cultural. Fue sobre estas bases que la Corte afirmó que las personas desplazadas debido a causas medioambientales, cuando sean campesinas, deberán recibir una protección especial.

Aunque no se mencione explícitamente a la UNDROP en la sentencia, su influencia es patente, porque fue dicha Declaración la que se utilizó como referencia para la reforma del artículo 64. La UNDROP reconoce los derechos específicos de los campesinos, tales como el derecho a la tierra, a un entorno sano y a la participación política. También recalca la necesidad de un tratamiento diferente para las poblaciones rurales en situación de vulnerabilidad. Respecto a los desplazamientos por la fuerza, la UNDROP establece medidas específicas para proteger a los campesinos y campesinas contra esa práctica:

Artículo 12.5 (derecho a la justicia): Los Estados proporcionarán a los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales mecanismos eficaces para prevenir y resarcir todo acto que tenga por objeto o consecuencia vulnerar sus derechos humanos, despojarlos arbitrariamente de sus tierras y recursos naturales o privarlos de sus medios de subsistencia y de su integridad, y toda forma de sedentarización o desplazamiento de población por la fuerza.

Artículo 17.4 (derecho a la tierra): Los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales tienen derecho a estar protegidos contra todo desplazamiento arbitrario e ilegal que los aleje de su tierra, de su lugar de residencia habitual o de otros recursos naturales que utilicen en sus actividades y necesiten para poder disfrutar de condiciones de vida adecuadas. Los Estados incorporarán en la legislación nacional medidas de protección contra los desplazamientos que sean compatibles con el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Los Estados prohibirán los desalojos forzosos arbitrarios e ilegales, la destrucción de zonas agrícolas y la confiscación o expropiación de tierras y otros recursos naturales, en particular como medida punitiva o como medio o método de guerra.

Artículo 24.3 (derecho al alojamiento): Los Estados no obligarán arbitraria o ilegalmente a campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales a abandonar su hogar o la tierra que ocupen en contra de su voluntad, sea de forma temporal o permanentemente, sin proporcionarles protección jurídica o de otro tipo o permitirles que accedan a esta. Cuando el desalojo sea inevitable, el Estado proporcionará una indemnización justa y equitativa por las pérdidas materiales o de otro tipo que se ocasionen o velará por que se conceda.

La sentencia de la Corte demuestra que la UNDROP puede producir efectos concretos mediante el derecho nacional: al inspirar a la Constitución colombiana, ha permitido crear una base jurídica sólida sobre la cual la Corte puede apoyarse para proteger a los campesinos y campesinas, además de permitir ampliar la noción de desplazamiento interno para cubrir otras causas además de los conflictos armados, tales como el impacto de las catástrofes naturales.

En su sentencia, la Corte hace un llamado a las autoridades a elaborar una política pública específica que responda a las situaciones de desplazamiento medioambiental, e insiste en la importancia de tomar en cuenta las diferentes realidades de las zonas rurales y de las poblaciones campesinas, las cuales frecuentemente acumulan diferentes formas de vulnerabilidad.

La sentencia T-123/24 abre definitivamente el camino para una aplicación más amplia de los derechos de los campesinos en Colombia. Mediante la influencia de la UNDROP – que ha sido movilizada por el movimiento campesino colombiano frente a sus instituciones nacionales – el campesinado de ese país disfruta actualmente de un mayor reconocimiento de sus derechos, en especial frente a los efectos del cambio climático y la insuficiencia de las respuestas institucionales. Esta jurisprudencia podría representar un precedente importante para la consolidación de una justicia social y medioambiental en los entornos rurales en la cual podrían inspirarse los sistemas judiciales de los demás países miembros de la ONU.

Para obtener más información sobre los derechos de lxs campesinxs en Colombia, consulte en este enlace nuestro artículo sobre el reconocimiento de los campesinos y campesinas en la Constitución colombiana.

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El Movimiento para la Reforma Agraria y Agrícola (MONLAR), que representa a más de 5.000 trabajadores campesinxs de Sri Lanka, presentó recientemente una solicitud al gobierno en la que enumera varios casos de violación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos Campesinos y Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales, de la que Sri Lanka es signataria. También instó al Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Declaración a iniciar una evaluación sobre cómo las condiciones del FMI, otras instituciones financieras internacionales y la arquitectura global de la deuda violan los derechos humanos de campesinxs y trabajadores. La solicitud, de la que se reproduce un extracto a continuación, también revela cómo las instituciones financieras globales han implementado reformas económicas que han transferido la carga de la estabilización económica a los sectores más pobres de la sociedad mediante medidas de austeridad.

1,65 millones de campesinxs y pequeños productores de alimentos de Sri Lanka trabajan en menos de 2 hectáreas cada uno y, sin embargo, producen el 80% de los alimentos del país. Pero las políticas económicas impulsadas por la deuda y defendidas por el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial y el Banco Asiático de Desarrollo (BAD) han acabado con la autonomía de campesinxs y pescadores en la producción de alimentos y con su capacidad para garantizar la soberanía alimentaria. A través de diversos programas de ajuste estructural, las Instituciones Financieras Internacionales (IFI) empujan a Sri Lanka a dar prioridad a los cultivos comerciales para la exportación frente a los alimentos para el consumo interno. Las reformas agrícolas orientadas a la exportación, que integraron la agricultura intensiva en capital, han favorecido a las agroindustrias y debilitado a campesinxs y pequeños pescadores al hacerlos dependientes del mercado para insumos como semillas, fertilizantes, redes de pesca y embarcaciones. Como consecuencia del creciente coste de la producción de alimentos, campesinxs y pescadores están profundamente endeudados, desposeídos de sus tierras, convertidos en jornaleros agrícolas en sus tierras y emigrando a zonas industriales locales o al extranjero como trabajadores en régimen de servidumbre.

El fracaso del actual sistema agrícola a la hora de crear medios de vida dignos para campesinxs y otros trabajadores de las zonas rurales queda patente en los altísimos niveles de concentración de la pobreza en las zonas rurales y de plantaciones, donde vive más del 80% de los pobres de Sri Lanka.

Sri Lanka se enfrentó a una de las peores crisis económicas en 2022 al incumplir el pago de su deuda externa en abril de 2022. La crisis económica tuvo un impacto devastador en las comunidades rurales, provocando la duplicación de los índices de pobreza. El FMI, otras IFI y acreedores privados han utilizado la crisis y el impago de la deuda para empujar a Sri Lanka a su 17º programa con el FMI, un Servicio Ampliado del Fondo de 48 meses por valor de unos 3.000 millones de dólares.

El Movimiento por la Reforma Agraria y de la Tierra (MONLAR), que representa a más de 5.000 trabajadores campesinos de Sri Lanka, presentó recientemente al gobierno un escrito en el que enumera varios casos de violación de la Declaración de la ONU sobre los derechos de los campesinos y otras personas que trabajan en zonas rurales, de la que Sri Lanka es signataria.

La presentación, de la que reproducimos un extracto a continuación, también revela cómo las instituciones financieras mundiales han impuesto reformas económicas que han transferido la carga de la estabilización económica a los sectores más pobres de la sociedad a través de medidas de austeridad.

Violación del Artículo 2: Responsabilidad del Estado

Dos días antes de las elecciones presidenciales de septiembre de 2024, Sri Lanka se vio obligada a firmar un acuerdo con acreedores internacionales para reestructurar su deuda con prestamistas privados. Este acuerdo, que no se hizo público ni se debatió con el público, ni siquiera en el Parlamento de Sri Lanka, obligó al país a priorizar el pago de la deuda sobre los derechos de la población de Sri Lanka. Afectará gravemente a la capacidad del gobierno para invertir en la producción de alimentos, el desarrollo de los medios de subsistencia rurales y la seguridad social de las comunidades rurales.

Violación del artículo 4: No discriminación contra la mujer

A pesar de que su contribución no se reconoce ni se refleja en los marcos políticos nacionales, la participación de las campesinas en la producción alimentaria de Sri Lanka es fundamental. Las campesinas se enfrentan a numerosas barreras que les impiden alcanzar su pleno potencial: la falta de acceso y control sobre los recursos naturales, los mercados, los servicios financieros, la tecnología y las responsabilidades de cuidado. Sin embargo, las campesinas apoyan la producción de alimentos como miembros no remunerados de la familia, trabajadoras agrícolas o a través de huertos domésticos. Sin embargo, no se les reconoce ni se les da importancia en el gasto público a nivel macro. Por lo tanto, están excluidas a dos niveles: como mujeres y como pequeñas productoras de alimentos.

Violación del artículo 15: derecho a la alimentación y soberanía alimentaria

La desnutrición y la malnutrición han sido siempre motivo de grave preocupación en Sri Lanka, donde el 32,6% de las mujeres de entre 15 y 49 años padecen anemia y el 15,9% de la niñez presentan deficiencias por bajo peso al nacer. La situación ha empeorado entre las familias de los trabajadores agrícolas del sector de las plantaciones. A pesar de ser considerado un país “agrícola”, Sri Lanka depende en gran medida de la importación de alimentos. La vulnerabilidad de nuestra seguridad alimentaria se pone de manifiesto durante crisis como la pandemia, conflictos geopolíticos como la guerra entre Ucrania y Rusia, y la escasez de divisas.

La crisis económica de 2022 ha empeorado aún más la situación. Según el Programa Mundial de Alimentos, en enero de 2023, 6,3 millones de personas, es decir, más del 30% de la población de Sri Lanka, sufrían “inseguridad alimentaria” y necesitaban ayuda humanitaria. De ellas, unos 5,3 millones reducían o se saltaban comidas, y al menos 65.600 personas padecían inseguridad alimentaria grave. El aumento del IVA también disparó la inflación de los alimentos.

Violación del Artículo 16: Derecho a unos ingresos y medios de vida dignos y a los medios de producción

Las reformas económicas aplicadas a través del 17º programa del FMI han transferido la carga de la estabilización económica a los sectores más pobres de la sociedad a través de medidas de austeridad. La aplicación de los precios de la energía con recuperación de costes recomendados por el FMI casi ha triplicado los precios del combustible y la electricidad, lo que ha tenido efectos devastadores en los medios de subsistencia de los campesinos y la pesca. Los impuestos sobre equipos, semillas e insumos químicos han aumentado los costes de producción, sumiendo a los campesinos en la pobreza y el endeudamiento.

El endeudamiento de campesinxs y pescadores está vinculado principalmente a la expansión de la agricultura intensiva en capital y a la proliferación de los préstamos con ánimo de lucro por parte de bancos y sociedades financieras, como los préstamos de microfinanciación. Con la retirada del Estado de la concesión de créditos agrarios, el endeudamiento se ha convertido en una característica permanente en la vida de campesinxs y pescadores. Los suicidios entre campesinxs en la década de 1990 y entre las campesinas después de 2015 ilustran el carácter prolongado del endeudamiento en el sector agrario. Según las estadísticas nacionales de 2019, el endeudamiento es más frecuente en el sector rural y en el sector de las fincas que en el sector urbano. El 60,9% y el 64,4% de los hogares de los sectores rural y de las fincas, respectivamente, están endeudados. Vavuniya y Polonnaruwa, zonas predominantemente agrícolas, situadas también cerca de los mayores molinos arroceros propiedad de particulares, registraron las mayores incidencias de endeudamiento, con un 76,1% y un 70,3% de hogares endeudados.

Violación del Artículo 17: Derecho a la tierra

Las IFI, como el FMI y el Banco Mundial, abogan desde hace tiempo por privatizar los mercados de tierras en Sri Lanka. Los títulos de propiedad de la tierra se distribuyen a lxs agricultores levantando las restricciones para que lxs campesinxs vendan sus tierras proporcionadas por el Estado a personas ajenas a él, lo que ha sido una antigua exigencia de estas IFI. Con el actual programa del FMI, esta exigencia ha vuelto a la palestra, y el gobierno ha introducido un nuevo programa para proporcionar títulos de propiedad de la tierra a lxs campesinxs. Con la actual crisis económica y el endeudamiento de lxs campesinxs, MONLAR y muchas otras organizaciones temen que esta medida conduzca al despojo a gran escala de las tierras de lxs campesinxs.

En la actualidad, el Estado no reconoce el derecho consuetudinario a la tierra, por lo que muchos campesinxs han perdido las tierras que han cultivado y en las que han vivido durante generaciones. Debido a la falta de reconocimiento de la tenencia, muchas comunidades se ven desplazadas cuando llegan a sus pueblos proyectos y urbanizaciones a gran escala.

Aunque han pasado 15 años desde el final de la guerra, grandes extensiones de tierra en el Norte siguen bajo ocupación militar. Las comunidades minoritarias han utilizado estas tierras durante generaciones, antes y durante la guerra, y ocupan un lugar clave en sus medios de vida y su cultura. Algunos de los residentes de estas tierras son desplazados internos, mientras que otros siguen viviendo en campos de desplazados internos.

Violación del artículo 24: derecho a la vivienda

Incluso después de 200 años, los descendientes de las personas traídas a Sri Lanka desde el sur de la India como trabajadores contratados (comunidad Malaiyaga) en las plantaciones de té y caucho de Sri Lanka no son propietarios de sus viviendas ni de sus tierras. Se vieron obligados a vivir en las tierras de las plantaciones (propiedad del Estado y de empresas privadas) en viviendas de muy baja calidad. Carecen de acceso a la tierra para su producción alimentaria y siguen siendo vulnerables a los desalojos por parte de los terratenientes: las empresas de las plantaciones.

Recomendaciones al Gobierno de Sri Lanka

1. Salir inmediatamente de los acuerdos en curso con el FMI y de reestructuración de la deuda, ya que son desfavorables y perjudiciales. El gobierno debe negociar nuevos acuerdos que garanticen el desarrollo económico sostenible del país y los derechos socioeconómicos de campesinos, trabajadores y otras comunidades pobres y vulnerables.
2. Introducir las reformas necesarias en el marco jurídico y político local para hacer valer los derechos consagrados en el UNDROP. Algunas acciones inmediatas pueden ser:

• Revisar las leyes actuales relativas a la tierra, las semillas, el agua, la biodiversidad y otros recursos naturales para garantizar los derechos de lxs campesinos y otros trabajadores de las zonas rurales.
• Codificación de una nueva Constitución que integre los derechos sociales, económicos y culturales de campesinxs, trabajadores y otros como derechos humanos fundamentales.
• Reconocer la soberanía alimentaria y los derechos de lxs campesinxs y trabajadores rurales como prioridades clave en la formulación de su política agrícola, de desarrollo y económica.
• Realizar una auditoría de la deuda agraria y proporcionar alivio de la deuda, incluida su condonación.
• Reconocer a las mujeres como actores clave en la agricultura, la producción de alimentos y la economía rural. Asignar recursos a través de los presupuestos nacionales y locales para garantizar que las mujeres tengan acceso a recursos financieros accesibles y justos. El gobierno debe apoyar las acciones colectivas de las campesinas en los sistemas de producción, transformación, comercialización y ahorro de alimentos.
• Liberar todas las tierras ocupadas por los militares en el Norte y el Este a sus propietarios originales, y apoyar a los campesinos y otros productores de alimentos para que vuelvan a ganarse la vida en esas tierras.
• Reconocer y cumplir la demanda de la comunidad Malaiyaga de asignar tierras para su vivienda y la producción de alimentos.

MONLAR también pidió al Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Declaración de los Derechos Campesinos y Otras Personas que Trabajan en Zonas Rurales que inicie una evaluación de cómo las condiciones del FMI, otras IFI y la arquitectura de la deuda mundial violan los derechos humanos de los campesinos y trabajadores, y también que inicie un estudio entre países para examinar el impacto de la microfinanciación en las mujeres y el desarrollo rural.

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En esta ficha formativa de CETIM, encontrará una presentación de todos los derechos «económicos, sociales y culturales» consagrados en UNDROP:

• Art. 5 : Derecho a los recursos naturales
• Art. 13 : Derecho al trabajo
• Art. 14 :Derecho a un medio ambiente laboral seguro y saludable
• Art. 21 : Derecho al agua y a los sistemas de abastecimiento y de saneamiento
• Art. 23 : Derecho a la salud y a la farmacopea tradiciona
• Art. 24 : Derecho a la vivienda
• Art. 25 : Derecho a la educación y a la formación
• Art. 26 : Derechos culturales y a los conocimientos tradicionales

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En primer lugar, para ponernos en contexto, ¿podría describirnos el panorama general de la agricultura en Canadá?

Las políticas agrícolas han vinculado cada vez más la agricultura a un sistema corporativo en Canadá. Ejemplos recientes refieren a la reducción de la supervisión gubernamental de las semillas y las plantas modificadas genéticamente. El gobierno canadiense ha puesto su fe en la agroindustria y las corporaciones biotecnológicas en lugar de en la ciencia y el interés público. Esto asusta mucho a los agricultores, especialmente a los ecológicos, como yo, que podemos sufrir las consecuencias económicas, sanitarias y ecológicas de la creciente apropiación de las semillas por parte de las empresas y del desmantelamiento de la investigación y el desarrollo de semillas financiados con fondos públicos.

El COVID-19 ha mostrado las grietas y las desigualdades profundamente arraigadas que mantienen la tierra inaccesible, a las comunidades rurales sin recursos y a los agricultores endeudados y dependientes de las empresas que venden insumos y productos químicos. También ha mostrado la dependencia de un suministro constante de trabajadores migrantes que sufren abusos de los derechos humanos. Sin embargo, ha sido una época de enormes aumentos de beneficios para las empresas del sector. Encima tenemos la crisis climática y la crisis de ingresos, con rentas estancadas desde hace años y muchos agricultores dependiendo del trabajo fuera de la granja para llegar a fin de mes. Las políticas agrícolas están empezando a despertar a las realidades de la crisis climática, con más fondos disponibles para la adaptación climática en las explotaciones, pero la crisis de ingresos sigue prevaleciendo para las explotaciones familiares y de pequeña escala, que son la columna vertebral del sistema alimentario.

Por último, si hablamos de la agricultura en Canadá, tenemos que reconocer que se basa en la colonización y el robo de tierras. La Unión Nacional de Agricultores (NFU) está entablando conversaciones entre los agricultores y los pueblos indígenas, conversaciones sobre la equidad de la tierra, la devolución de la tierra y la soberanía alimentaria, pero esto es sólo el principio. Nuestra agricultura se basa en una violencia colonial que aún no se ha reconciliado. Los agricultores tienen un papel fundamental que desempeñar tanto en el reconocimiento de nuestra relación con la tierra como en la búsqueda de vías para avanzar hacia unas relaciones justas con los pueblos indígenas.

En este panorama agrícola tenemos una pluralidad de perspectivas con respecto a cómo deben desarrollarse las políticas agrícolas y qué objetivos pretenden alcanzar. Es posible que algunas de las organizaciones agrícolas más grandes hayan tenido históricamente más influencia sobre los responsables políticos, pero la NFU y otros activistas de la soberanía alimentaria están ganando terreno, especialmente a nivel local y regional.

En 2020, el Tribunal Superior de Justicia de Ontario emitió una decisión basada en UNDROP en defensa de un grupo de trabajadores agrícolas migrantes durante la pandemia de COVID-19. ¿Puede hablarnos más de esta decisión?

Este caso muestra el potencial legal de la UNDROP, creo que la acción legal es una vía para que los países que no han aprobado la Declaración en Naciones Unidas incorporen sus artículos y sienten precedentes legales. En 2020, en plena pandemia de COVID-19, los Abogados Canadienses por los Derechos Humanos Internacionales utilizaron el artículo 23 de la UNDROP en un tribunal provincial en defensa de un grupo de trabajadores migrantes que se enfrentaban a condiciones de vida peligrosas y de hacinamiento.

Para dar un poco de contexto, las granjas canadienses emplean a casi medio millón de trabajadores agrícolas a través de un programa federal. A lo largo de los años, este programa ha estado plagado de acusaciones de violación de los derechos humanos: malas condiciones de vida, salarios bajos y ausencia de vías para obtener la residencia permanente. Al mismo tiempo, Canadá depende de su mano de obra para garantizar el suministro de alimentos.

En marzo de 2020, justo después de que se anunciara el estado de emergencia, el gobierno federal ordenó un periodo de aislamiento de 14 días para todos los trabajadores extranjeros temporales que entraran en Canadá, al tiempo que garantizaba que los trabajadores sometidos a aislamiento en grupo tuvieran al menos 2 metros por persona en todo momento y limitaba el número de trabajadores que viven juntos en un alojamiento.

Cuando se impuso esta política, una importante granja industrial de Ontario (centro de Canadá) que emplea a trabajadores migrantes presentó dos planes de autoaislamiento inadecuados antes de solicitar una audiencia sobre la orden de salud pública que limitaba el número de trabajadores agrícolas en un alojamiento. En la audiencia, la empresa alegó que el requisito de tres trabajadores agrícolas por alojamiento era arbitrario y no reconocía la importancia de los trabajadores agrícolas migrantes para el suministro de alimentos de Canadá. Alegaron que no habían podido traer a tantos migrantes como lo harían normalmente, y que esto ponía en peligro su producción de alimentos.

El Tribunal Superior de Justicia de Ontario respondió que: «para reducir las desigualdades sanitarias, tal como exigen las directrices, el número de trabajadores que pueden aislarse juntos debe ser tal que el riesgo para su salud sea comparable al del resto de la población cuando están en cuarentena. Permitir que un mayor número de trabajadores se aíslen juntos expone a los trabajadores agrícolas migrantes a un nivel de riesgo no tolerado para otros miembros de la comunidad, aumentando así la vulnerabilidad de un grupo ya de por sí vulnerable.«

Para llegar a este resultado, el Tribunal citó la UNDROP por primera vez en Canadá. La forma en que lo citaron es importante: «[…] además, la UNDROP forma parte del conjunto de leyes y normas de derechos humanos a las que pueden recurrir los juzgadores canadienses para interpretar las obligaciones legales o de derecho consuetudinario y para revisar las decisiones administrativas». Citaron el artículo 23.1, que establece: «Los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales tienen derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental«.

Así que el contexto y el resultado del caso son demostrativos de la aplicabilidad de la Declaración en el contexto canadiense. Promover este caso es algo que tenemos que seguir haciendo. Es estratégico ampliar la red de abogados de derechos humanos que conocen UNDROP y darles este ejemplo.

Ahora que tienen esta jurisprudencia, ¿cuáles son los siguientes pasos?

Creo que la primera consideración es elegir el nivel adecuado en el que trabajar. A mi modo de ver, primero hay que hacer análisis críticos y establecer vínculos a nivel local, y es muy valioso crear capacidades a nivel local y luego ampliarlas y ampliarlas. Aunque UNDROP es una herramienta que podemos utilizar a cualquier escala, a veces puede ser más aplicable a nivel local.

En Canadá, muchas políticas agrícolas se elaboran a nivel provincial (a excepción de la política comercial y de semillas, por ejemplo). A este nivel, los agricultores suelen comprender mejor cuáles son sus necesidades colectivas y tienen más capacidad para abogar por cambios políticos tangibles. Creo que hay potencial en la aplicación de derechos muy específicos a situaciones muy concretas, en lugar de intentar aplicar el UNDROP a nivel nacional.

Podemos hacer la conexión aquí en casa respecto a cómo aplicarlo a nuestro contexto. El eslabón que falta aquí es la educación política: necesitamos herramientas de educación popular atractivas y pertinentes para demostrar la conectividad entre esta Declaración de la ONU un tanto esotérica y las realidades de los agricultores del Canadá rural. Creo que la NFU está haciendo un buen trabajo conectando nuestro trabajo actual de política agrícola con la UNDROP, lo cual es un primer paso fundamental para que la gente simplemente conozca su existencia.

A nivel nacional, esta jurisprudencia sobre los derechos de los trabajadores migrantes podría tener mucho peso en términos de precedente, pero nos enfrentamos a obstáculos como a nivel local en términos de ampliar la comprensión básica del UNDROP más allá de los miembros de la NFU y los abogados de derechos humanos. En Canadá, yo diría que el conocimiento de los derechos humanos -especialmente los relacionados con la agricultura- es escaso. Cuanto más eduquemos al público sobre la necesidad de orientar la política agrícola en una dirección basada en los derechos, más probabilidades tendremos de que el UNDROP se utilice más en contextos jurídicos y políticos por igual.

¿Cuáles diría que podrían ser los otros derechos en los que centrarse para la aplicación del UNDROP en Canadá?

La cuestión de la tierra requiere una seria consideración en Canadá. El UNDROP ofrece un texto sobre el derecho a la tierra que supone una ruptura radical con la forma en que la tenencia de la tierra y la política están establecidas aquí. Sin embargo, no podemos extralimitarnos ni contradecir el trabajo que están realizando los defensores de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indigenos (UNDRIP). Sería necesaria una seria coordinación para garantizar que los derechos sobre la tierra de la UNDRIP y del UNDROP se apliquen de forma complementaria.

Los jóvenes de la NFU nos hablan mucho de la tierra. Cuando hablan de cuáles son sus necesidades en términos de apoyo técnico, el acceso a la tierra y al capital son las cuestiones fundamentales que identifican como barreras para entrar en la agricultura. También está la crisis de sucesión: tenemos una población de agricultores que envejece rápidamente, la edad media es ahora de 55 años. Un problema, entre otros muchos, es que en el pasado no ha habido ningún tipo de ayuda a las pensiones de los agricultores, por lo que al jubilarse muchos de ellos venden sus tierras de cultivo al mejor postor con el fin de tener una jubilación digna. Eso ha puesto enormes trabas a los jóvenes que no disponen de mucho capital, sobre todo a los que no proceden de familias de agricultores.

También tenemos que plantearnos quién se va a hacer cargo de las explotaciones de cereales y productos básicos cuando esos agricultores se jubilen. Los agricultores jóvenes de primera generación están empezando nuevas explotaciones, pero la mayoría son de pequeña escala debido a los requisitos de capital de las grandes explotaciones. Temo la consolidación empresarial que seguirá produciéndose si esta generación y la siguiente no pueden permitirse explotar explotaciones más grandes.

Así que, teniendo en cuenta la crisis múltiple, tenemos que hablar de soluciones alternativas tangibles para la tenencia de la tierra que tengan en cuenta las necesidades de las comunidades indígenas y de los agricultores de todas las edades que nos rodean. Estamos pensando en formas creativas de acceder a la tierra, ya sea en modelos de cooperativa o de fideicomiso de tierras, pero también necesitamos abogar por ayudas gubernamentales que refuercen nuestros esfuerzos. Hay muchas preguntas y pocas respuestas sobre la sucesión de tierras y eso es algo en lo que, como Joven Presidente de la NFU, quiero trabajar. Utilizar el UNDROP como marco aspiracional para los derechos sobre la tierra en este país podría ser un concepto unificador si podemos ampliar la comprensión de su relevancia para el contexto canadiense.

Otro ámbito especialmente relevante para el contexto canadiense es el de las semillas. La NFU tiene un largo historial de trabajo en favor de la soberanía de las semillas. La utilización del artículo 19 es muy oportuna, ya que la soberanía de las semillas está hoy más amenazada que nunca. El gobierno federal ha dado, esencialmente, vía libre a las empresas biotecnológicas en el sistema alimentario. Esta vez, lo han hecho eliminando los controles de seguridad de la ciencia corporativa y negando la transparencia al público. El Ministro de Agricultura anunció que Canadá eximirá a las plantas modificadas genéticamente de la reglamentación y la notificación pública obligatoria a menos que contengan ADN extraño o sean tolerantes a los herbicidas.

Para todos los demás cambios en una planta modificada genéticamente, las empresas decidirán si su producto debe ser evaluado por un organismo federal. Así pues, las empresas biotecnológicas tendrán la última palabra sobre si sus productos pueden causar daños medioambientales, y el público no sabrá nada sobre la calidad de las evaluaciones que decidan hacer o si las hacen. Algo aterrador.

Antes teníamos un sistema público de semillas muy sólido, pero se ha desmantelado en las dos últimas décadas. Hemos visto cómo las semillas pasaban cada vez más al control de las empresas, pero sabemos que un buen sistema público es posible. Esto es lo que la NFU está impulsando. Cuanto más arraigada esté la agenda de las semillas corporativas en nuestras políticas agrícolas, más difícil será salir de este lío. Ahora incluso tenemos un conglomerado de cuatro corporaciones de semillas, Seeds Con, que ha cambiado su nombre por el de Seeds Canada, que suena como un organismo gubernamental. Estos cambios están sucediendo rápidamente, es aterrador. El público debería alzarse en armas contra la consolidación corporativa de las semillas y utilizar UNDROP como base es un buen lugar para empezar a presionar por el cambio.

Las semillas son uno de los recursos más preciados y profundamente culturales que tenemos. El artículo 19 refuerza el Convenio sobre la Diversidad Biológica y el Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura. Canadá ha firmado ambos. También ha firmado y ratificado la DNUDPI, que también hace referencia directa al derecho indígena a las semillas. Hay argumentos de peso para afirmar que lo que está ocurriendo ahora va en contra de lo que Canadá ya ha firmado, y el hecho de que no haya firmado la UNDROP no debería eliminarlo de la lista de razones por las que deberíamos cuestionar lo que el gobierno está permitiendo hacer a gusto a los gigantes corporativos.

¿Cuáles cree que son los principales obstáculos para aplicar el UNDROP?

Uno de los principales obstáculos es el lenguaje utilizado en el UNDROP. Es difícil que los responsables políticos presten atención a la palabra campesino y al campesinado como grupo social, ya que no se entiende bien en Canadá, ni en la lengua inglesa en general, porque a menudo se utiliza de forma peyorativa. Hay argumentos de peso para utilizar el término campesino en el ámbito político, pero cuando se trata de la elaboración de políticas y la defensa de los intereses de los campesinos, sigue habiendo muchas desconexiones.

Aquí, la política agrícola está orientada hacia la agricultura industrial corporativa y el término campesino podría denotar una identidad política o social, contraria a lo que la agricultura canadiense está tratando de ser percibida en el país o en el extranjero. “Campesino» se opone a «empresario» y da la impresión de atraso a quienes no están familiarizados con él en un sentido político. Del mismo modo, creo que una de las razones por las que el gobierno votó en contra del UNDROP en la ONU es que no pueden verse a sí mismos con este término o cómo podría aplicarse en este contexto. En definitiva, queda mucho trabajo por hacer para que todo el mundo se ponga de acuerdo sobre la aplicabilidad de este tipo de lenguaje en el contexto canadiense.

Entonces, ¿cómo salvar esa brecha para los agricultores que son campesinos en un sentido global?

Nettie Wiebe, una persona a la que admiro mucho y considero mi mentora, es una antigua presidenta de la NFU y miembro del ICC de LVC. Fue citada diciendo que cuando piensa en la palabra campesino para ella significa gente de la tierra. Esto resuena en mí: Me considero una «persona de la tierra» porque trabajo con ella, la cuido, intento vivir en armonía con ella y no extraer de ella. Ella cree que es muy importante recuperar ese lenguaje, decir que somos campesinos porque es nuestra relación con la tierra y los alimentos lo que nos distingue como grupo social, que no formamos parte de la maquinaria capitalista. Podemos funcionar dentro de un sistema capitalista, pero no buscamos necesariamente fines capitalistas, si eso tiene sentido.

Como mencionaste anteriormente, Canadá finalmente ha adoptado la UNDRIP, después de haber votado en contra en la Asamblea General de las Naciones Unidas, ¿cómo podría esto influir y ayudar a la implementación de UNDROP?

Lo que necesitamos desesperadamente en los espacios de soberanía alimentaria y agroecología de todo el país es crear coaliciones y redes de solidaridad. Tenemos que salir y hablar con agricultores que quizá no tengan la misma política ni los mismos valores fundamentales, ni hablen el mismo idioma, pero que en el fondo tienen las mismas necesidades y los mismos derechos. Tenemos que tender puentes entre los agricultores y las personas que han sido desposeídas de sus tierras, como los pueblos indígenas y la gente de color. Tenemos que tender la mano y encontrar formas de asegurarnos de que nuestro movimiento crece. Sólo con ese tipo de crecimiento y la construcción de nuestra red vamos a tener la capacidad de hacer el tipo de organización que se logró en la ratificación de la DNUDPI en Canadá.

Sé que tenemos una base sólida, pero también necesitamos ampliarla y expandirla, y eso tiene que venir acompañado de un toque humano. Tenemos que salir a nuestras comunidades y mantener conversaciones abiertas con otros agricultores y personas de la tierra que tal vez no se sientan vinculados a una comunidad agrícola o a una comunidad más progresista como la NFU, pero que tal vez lo acogerían con agrado si se les diera la oportunidad y alguien les tendiera la mano.

Hablar de las necesidades básicas de la gente y de su deseo de formar parte de una comunidad que avanza unida puede ser más importante que cualquier opinión política concreta. La mayoría de los agricultores forman parte de la organización agraria dominante, no de la NFU, y depende de nosotros ser creativos y llegar a donde están, no a donde desearíamos que estuvieran, políticamente. A través de la construcción de esta comunidad ampliada y extendida podemos utilizar UNDROP como bloque de construcción, pero a nivel de base es donde debe ocurrir.

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