La semilla es el primer eslabón de toda cadena alimentaria. Sin embargo, aquello que durante milenios fue un bien común custodiado por comunidades campesinas se encuentra hoy en el centro de una disputa global entre los derechos humanos, la soberanía alimentaria y la propiedad intelectual.

Un nuevo informe presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sostiene que la gobernanza internacional de las semillas se inclina cada vez más hacia la mercantilización, la concentración corporativa y la criminalización de prácticas ancestrales como conservar, intercambiar o vender semillas campesinas.

El documento, titulado El derecho a las semillas: custodia, cercamiento y resistencia, fue elaborado por el Grupo de Trabajo sobre los derechos de los campesinos y de otras personas que trabajan en las zonas rurales. Su presentación estuvo a cargo de Shamlali Guttal, presidenta del Grupo de Trabajo, quien también presentó el informe sobre la visita oficial realizada a Ghana del 5 al 14 de mayo de 2026.

El diagnóstico es contundente: las semillas están siendo progresivamente transformadas de patrimonio biocultural en mercancías sometidas a regímenes de propiedad intelectual, certificación comercial y control corporativo.

De bien común a propiedad privada

El informe identifica dos modelos enfrentados. El primero concibe las semillas como bienes comunes que sustentan la soberanía alimentaria, la biodiversidad y los derechos colectivos de los pueblos rurales. El segundo las considera activos económicos sujetos a patentes, certificados de obtentor y reglas comerciales globales.

Según el Grupo de Trabajo, el equilibrio entre ambas visiones se ha roto claramente en favor de la segunda.

Durante la presentación del informe, Shamlali Guttal recordó que las semillas no son simples mercancías para los campesinos y los pueblos indígenas.

“Las semillas son el comienzo de cada comida, la memoria de cada cosecha y la esperanza de la vida futura. Son una herencia viva, desarrollada durante generaciones mediante la selección, el intercambio y la adaptación a distintos suelos, ecosistemas y climas”.

Guttal también subrayó que el artículo 19 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos reconoce el derecho de los campesinos a conservar, utilizar, controlar, proteger y desarrollar sus propias semillas. En consecuencia, los Estados tienen la obligación de respetar, proteger y hacer efectivo ese derecho.

Las normas internacionales sobre propiedad intelectual, los acuerdos comerciales y los sistemas de certificación han generado restricciones crecientes para quienes conservan, intercambian o venden semillas fuera de los circuitos comerciales. Lo que durante siglos constituyó una práctica campesina habitual comienza a ser tratado como una infracción legal en numerosos países.

La concentración del mercado mundial

La privatización de las semillas avanza paralelamente a una concentración sin precedentes de la industria. El informe señala que cuatro empresas —Bayer, Corteva, Syngenta y BASF— controlan más de la mitad del mercado mundial de semillas comerciales.

Esta concentración no solo afecta los precios. También orienta la investigación genética, condiciona las políticas agrícolas y favorece variedades homogéneas diseñadas para sistemas agrícolas intensivos, dependientes de fertilizantes y pesticidas.

Ello erosiona la diversidad agrícola y aumenta la dependencia de los agricultores respecto de las grandes empresas proveedoras de semillas e insumos.

Frente a esta tendencia, el informe destaca la importancia de los sistemas de semillas gestionados por los propios agricultores. En algunas regiones de África y Asia, estos sistemas proporcionan hasta el 90 % de las semillas utilizadas en los cultivos alimentarios.

Durante su intervención, Guttal explicó que estos sistemas tradicionales son el principal reservorio de diversidad genética agrícola y constituyen una base fundamental para la soberanía alimentaria y la resiliencia frente al cambio climático.

El Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura reconoce los derechos de los agricultores y establece un sistema multilateral de acceso y participación en los beneficios. Sin embargo, el Grupo de Trabajo advirtió que estos compromisos se aplican de manera desigual y que los recursos destinados al fondo de beneficios siguen siendo insuficientes.

Cuando guardar semillas se convierte en delito

Uno de los aspectos más alarmantes del informe es la descripción de un proceso creciente de criminalización de las prácticas tradicionales relacionadas con las semillas.

En distintos países, agricultores han sido perseguidos judicialmente por intercambiar, reutilizar o vender material de siembra conservado en sus explotaciones. El informe documenta casos en África, Asia, América Latina y Europa, con sanciones que incluyen multas elevadas e incluso penas de prisión.

Los regímenes de protección de variedades vegetales, especialmente los inspirados en el Acta de 1991 del Convenio de la UPOV, amplían los derechos exclusivos de los obtentores sobre el material de reproducción. En algunos países, las restricciones pueden alcanzar prácticas tan habituales como guardar semillas de una cosecha para utilizarlas en la siguiente.

El documento también alerta sobre el uso creciente de tecnologías de vigilancia, marcadores genéticos, drones e imágenes satelitales para detectar presuntas infracciones vinculadas a semillas protegidas.

Para el Grupo de Trabajo, existe una paradoja evidente: mientras los sistemas campesinos continúan proporcionando entre el 70 % y el 90 % de las semillas utilizadas en numerosos países, son precisamente estos sistemas los que enfrentan mayores restricciones legales.

Guttal advirtió además sobre la expansión de las patentes sobre secuencias genéticas y sobre la utilización de información obtenida de bases de datos digitales.

“Las secuencias genéticas pueden ser registradas o patentadas sin que se haya utilizado físicamente la semilla. Esta práctica puede permitir que los recursos genéticos sean utilizados sin respetar las obligaciones de participación en los beneficios”.

Las guardianas invisibles

El informe dedica una atención particular al papel de las mujeres rurales. Las identifica como principales custodias de la diversidad genética y como responsables de la selección, conservación y transmisión de conocimientos sobre semillas en gran parte del mundo.

Sin embargo, las políticas agrícolas y los marcos regulatorios suelen invisibilizar esta contribución. La privatización de las semillas y la imposición de sistemas de certificación afectan de manera desproporcionada a las mujeres, ya que restringen prácticas fundamentales para su autonomía económica y alimentaria.

La erosión de los sistemas tradicionales no implica únicamente la pérdida de biodiversidad. También reduce el margen de acción de quienes históricamente han sostenido la seguridad alimentaria a nivel local.

Por ello, el Grupo de Trabajo pide que los Estados garanticen la igualdad de las mujeres rurales en la gobernanza de las semillas mediante una tenencia segura de la tierra, una representación efectiva en los órganos de decisión y el reconocimiento de sus conocimientos tradicionales y de su papel como principales custodias de las semillas.

Biodiversidad amenazada

Para la ONU, la disputa por las semillas es inseparable de la crisis ecológica global. La pérdida acelerada de diversidad genética vegetal aparece como una de las señales más preocupantes de la agricultura industrial contemporánea.

El informe señala que aproximadamente tres cuartas partes de la diversidad genética de los cultivos se perdieron durante el siglo XX, a medida que las variedades locales, adaptadas a sus territorios, fueron sustituidas por un número cada vez más reducido de variedades comerciales.

La expansión de los organismos genéticamente modificados y de las nuevas tecnologías de edición genética incrementa además los riesgos de contaminación genética y de apropiación privada de recursos desarrollados históricamente por comunidades campesinas e indígenas.

El documento recoge casos de contaminación de variedades autóctonas de maíz y algodón con material genéticamente modificado no autorizado en América Latina. También denuncia demandas contra agricultores que no habían plantado conscientemente semillas patentadas, pero cuyos campos contenían plantas procedentes de ese material.

El informe advierte asimismo sobre nuevas formas de biopiratería asociadas a la digitalización de secuencias genéticas. Gracias a estas tecnologías, empresas e instituciones pueden registrar y patentar características biológicas derivadas de variedades tradicionales sin acceder físicamente a las semillas de origen.

Esta práctica debilita los mecanismos de reparto de beneficios y puede facilitar la apropiación de conocimientos desarrollados por comunidades campesinas e indígenas.

Por esa razón, Guttal pidió que las nuevas técnicas genómicas sean sometidas a evaluaciones independientes de riesgo y a requisitos de trazabilidad y etiquetado antes de cualquier proceso de desregulación.

Semillas, territorio y conflictos

La defensa de las semillas no puede separarse de la defensa de la tierra. El informe subraya que los sistemas tradicionales dependen de territorios vivos donde las comunidades puedan cultivar, intercambiar y transmitir conocimientos entre generaciones.

Por ello, los desplazamientos forzados, los acaparamientos de tierras, los megaproyectos agroindustriales, los conflictos armados y la degradación ambiental constituyen amenazas directas para el derecho a las semillas.

La pérdida de territorios implica también la pérdida de conocimientos, variedades adaptadas localmente y redes comunitarias de intercambio que sostienen la resiliencia de los sistemas alimentarios.

En este sentido, el Grupo de Trabajo recomendó que, en situaciones de conflicto armado, ocupación u otras crisis, las semillas campesinas y las infraestructuras relacionadas con ellas sean reconocidas como bienes civiles esenciales para la supervivencia de la población.

Resistencia campesina y victorias judiciales

Frente a estas tendencias, el documento recoge numerosas experiencias de resistencia. Cooperativas, bancos comunitarios de semillas, ferias de intercambio y programas de fitomejoramiento participativo continúan sosteniendo una parte esencial de la biodiversidad agrícola mundial.

Guttal destacó que estas iniciativas no deben ser tratadas como actividades marginales, sino como bienes públicos que merecen el mismo apoyo que los programas formales de mejoramiento de semillas.

El Grupo de Trabajo también destaca varias experiencias jurídicas y políticas. Entre ellas se encuentra la Ley Modelo Africana para la Protección de los Derechos de las Comunidades Locales, los Agricultores y los Mejoradores, desarrollada mediante el Protocolo de Arusha de la ARIPO, que ofrece una alternativa compatible con los derechos humanos frente al modelo de la UPOV de 1991.

La legislación de la India protege expresamente el derecho de los agricultores a conservar, utilizar, intercambiar y vender semillas guardadas en sus explotaciones, junto con los derechos de los obtentores.

En Brasil, el Programa de Adquisición de Alimentos orienta la contratación pública hacia semillas tradicionales y agroecológicas.

El informe recoge además varias victorias judiciales. En 2021, la Corte Suprema de Honduras declaró inconstitucional la ley nacional de protección de variedades vegetales, invocando el artículo 19 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos.

En Kenia, tanto la Corte Suprema como el Tribunal Superior han reconocido la protección constitucional de las prácticas consuetudinarias campesinas de intercambio de semillas. En noviembre de 2025, el Tribunal Superior sostuvo que “compartir semillas no es un delito”, una decisión cuyo alcance, según el Grupo de Trabajo, supera las fronteras del país.

Estas experiencias muestran que otra gobernanza de las semillas es posible, basada en los derechos humanos, la soberanía alimentaria y la conservación de la biodiversidad.

Una disputa sobre el futuro de la alimentación

Más allá de la cuestión agrícola, el informe plantea una interrogante política fundamental: ¿quién controla los recursos que permiten producir alimentos?

La conclusión del Grupo de Trabajo es inequívoca. Las semillas no pueden reducirse a simples mercancías. Constituyen la base material de derechos fundamentales como la alimentación, la salud, la cultura y un medio ambiente sano.

Considerarlas exclusivamente como objetos de propiedad privada no solo amenaza la biodiversidad y la soberanía alimentaria, sino que profundiza la dependencia económica de millones de agricultores en todo el mundo.

Por ello, el Grupo de Trabajo insta a los Estados a reconocer y proteger los sistemas de semillas campesinos, fortalecer la agroecología y garantizar el derecho de las comunidades rurales a conservar, intercambiar, desarrollar y vender sus propias semillas.

En palabras de Shamlali Guttal, proteger las semillas significa proteger también a las comunidades que las han cuidado durante generaciones: sus derechos, sus territorios, sus conocimientos y su capacidad de hacer frente al cambio climático y a otras crisis.

En otras palabras, devolver a las semillas su condición original: patrimonio vivo de los pueblos antes que mercancía de los mercados.

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(Ginebra, 16 de septiembre de 2026) — La Vía Campesina, con el apoyo de CETIM y FIAN Internacional, se encuentra en Ginebra del 12 al 19 de septiembre para participar en el 63.º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (CDH), que se celebra del 7 de septiembre al 7 de octubre de 2026.

Este 63.º período de sesiones es especialmente importante para nosotrxs, como campesinado, ya que los Estados miembros de la ONU examinarán la renovación del mandato del Grupo de Trabajo de Expertos sobre los Derechos de los Campesinos y Otras Personas que Trabajan en Zonas Rurales. El mandato de tres años del Grupo de Trabajo, que comenzó en 2023, llega a su fin en octubre.

Por lo tanto, es fundamental que los Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos apoyen y voten a favor de la renovación del mandato.

¿Por qué es importante para nosotrxs la UNDROP?

La UNDROP es muy importante para nosotrxs porque luchamos por su adopción para proteger los derechos y el papel del campesinado y otras personas que trabajan en zonas rurales. Son quienes alimentan a la población, preservan la biodiversidad, protegen los ecosistemas y sostienen las economías y culturas locales.

La UNDROP proporciona un marco de derechos humanos reconocido internacionalmente que respalda medidas como la reforma agraria integral, la protección y el fortalecimiento de los sistemas tradicionales de semillas y la promoción de la producción alimentaria local. Refuerza la legitimidad de los Estados a la hora de adoptar políticas que protejan al campesinado y respalden la soberanía alimentaria.

La Declaración permite también alzar la voz a los países y comunidades cuyas economías siguen siendo en gran medida rurales.

Como explica Elizabeth Mpofu, campesina de Zimbabue:

«Las comunidades rurales y el campesinado producen más del 80 % de los alimentos que consumimos. Es más, nosotras, especialmente las mujeres, somos la columna vertebral de los mercados locales de alimentos, ya que suministramos una amplia diversidad de productos que no se encuentra en los supermercados ni en las tiendas. Esto permite a nuestros gobiernos estar más libres para centrarse en otras necesidades urgentes de desarrollo social, físico y económico. A través de nuestros sistemas de semillas campesinas, hemos creado economías rurales dinámicas, generado empleo para millones de personas y educado a nuestrxs hijxs.

Mi historia es la historia de miles de millones de mujeres rurales que desempeñan un papel importante en la reproducción social del trabajo y en la lucha contra el hambre, la malnutrición, el desempleo y la pobreza en todo el mundo.»

Nuestra misión en Ginebra

Nuestra misión aquí es continuar con la labor de incidencia que iniciamos hace casi treinta años, cuando pusimos en marcha este proceso de reconocimiento de los derechos campesinos a escala internacional.

La delegación de LVC se reunirá con las misiones de los Estados miembros del CDH de la ONU y colaborará con ellas para abogar por la renovación del mandato del Grupo de Trabajo de Expertos sobre la UNDROP.

El Grupo de Trabajo es fundamental para garantizar la continuidad de los esfuerzos internacionales destinados a impulsar la aplicación de la UNDROP. Fomenta el diálogo, la cooperación y la capacitación entre los Estados, lxs expertxs independientes y lxs titulares de derechos de la UNDROP.

El Grupo de Trabajo también garantiza que las realidades y las luchas del campesinado y otras personas que trabajan en las zonas rurales sigan estando representadas en el sistema de la ONU. Su labor refuerza la lucha por la soberanía y la seguridad alimentarias.

Defensa del derecho a las semillas

Durante su estancia en Ginebra, los delegados de LVC participarán y contribuirán a un evento paralelo y una conferencia pública sobre el derecho a las semillas, tras la presentación, hoy mismo, del informe del Grupo de Trabajo de la UNDROP sobre el Derecho a las Semillas ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

Consulta aquí el informe

El Derecho a las Semillas es fundamental para la lucha por los derechos campesinos, la soberanía alimentaria y la agroecología. Los sistemas de semillas campesinas, construidos a lo largo de generaciones de conocimiento, intercambio y gestión colectiva, son esenciales para proteger la biodiversidad, mantener los sistemas alimentarios locales y reforzar la autonomía de las comunidades rurales.

Para La Vía Campesina, renovar el mandato del Grupo de Trabajo no se trata simplemente de mantener un mecanismo de la ONU. Se trata de garantizar que las voces, los derechos y las luchas de los campesinos sigan siendo visibles y reconocidos dentro del sistema internacional de derechos humanos.

¡Globalicemos la lucha! ¡Globalicemos la esperanza!

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Objetivo: Proporcionar información al Grupo de Trabajo sobre los derechos de los campesinos y de las campesinas en el marco de su visita a Paraguay.

Plazo: 14 de septiembre de 2026

Antecedentes

El Grupo de Trabajo sobre los derechos de los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales, establecido en virtud de la resolución 54/9 del Consejo de Derechos Humanos, realizará una visita al país en Paraguay del 16 al 27 de noviembre de 2026, por invitación del Gobierno de Paraguay.

La visita tendrá como objetivo realizar una evaluación independiente, imparcial y objetiva de los avances logrados en la implementación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales (UNDROP) en Paraguay. El Grupo de Trabajo emitirá una declaración detallada al término de su misión el 27 de noviembre de 2026 y presentará un informe final al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en 2027.

El Grupo de Trabajo invita a personas y organizaciones, incluidos campesinos y campesinas, pescadores y pescadoras de pequeña escala, trabajadores y trabajadoras rurales, organizaciones de la sociedad civil, activistas y académicos y académicas, a compartir información sobre las cuestiones que se detallan a continuación, con el fin de contribuir a la preparación de la visita.

Principales preguntas y tipos de aportes/comentarios solicitados

Todos los aportes son bienvenidos. Las preguntas que figuran a continuación sirven como guía y no constituyen una lista exhaustiva. Responda únicamente a aquellas que sean más pertinentes para su vida, trabajo o experiencia.

1. ¿Qué avances ha logrado Paraguay en la protección de los derechos de los campesinos, las comunidades rurales y los trabajadores y trabajadoras rurales? Comparta buenas prácticas, leyes o políticas pertinentes.
2. ¿Cuáles son los principales desafíos para la implementación de la UNDROP y la protección de los derechos de los campesinos y trabajadores rurales en Paraguay? ¿Qué lecciones aprendidas puede compartir?
3. ¿Qué medidas legislativas, judiciales, administrativas o de política pública ha adoptado Paraguay —o no ha adoptado— para hacer efectivos los derechos de los campesinos y trabajadores rurales establecidos en la UNDROP? ¿Hay alguna medida que considere progresiva o regresiva?
4. ¿Cuáles son los principales desafíos sociales, económicos, políticos y ambientales que afectan a las comunidades campesinas, los pueblos indígenas y los trabajadores rurales?
5. ¿Cuáles son las principales tendencias y actores que influyen en los medios de vida de los campesinos y trabajadores rurales, así como en su acceso a la tierra, el agua y los recursos naturales y productivos?
6. ¿Qué cuestiones afectan específicamente a las mujeres y niñas rurales?
7. ¿Qué desafíos enfrentan en Paraguay los trabajadores y trabajadoras de la agricultura, la acuicultura y la silvicultura, así como los pescadores y pescadoras artesanales?
8. ¿Qué lugares, organizaciones o comunidades debería visitar el Grupo de Trabajo para conocer estas cuestiones de primera mano?
9. Comparta cualquier informe, investigación u otro documento pertinente.

¿Cómo se utilizarán los aportes?

El Grupo de Trabajo agradece enormemente el esfuerzo dedicado a realizar estos aportes y espera poder revisar todas las contribuciones recibidas.

Siéntase libre de difundir ampliamente esta convocatoria para aportes en sus redes.

Confidencialidad de los aportes

Todos los aportes recibidos serán publicados en nuestro sitio web, salvo que se solicite lo contrario, y contribuirán a la preparación de la visita al país y del informe posterior.

Próximos pasos

Los aportes/comentarios pueden enviarse por correo electrónico. Deberán recibirse a más tardar el 15 de septiembre de 2026 a las 09:00 (hora de Ginebra).

Se pueden incluir enlaces a materiales adicionales de apoyo, como informes, estudios académicos y otros documentos de referencia, en el cuerpo del envío o adjuntarlos al mismo.

El Grupo de Trabajo agradece enormemente el esfuerzo dedicado a realizar estos aportes y espera poder revisar todas las contribuciones recibidas.

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Confidencialidad de los aportes

Todos los aportes recibidos serán publicados en nuestro sitio web, salvo que se solicite lo contrario, y contribuirán a la preparación de la visita al país y del informe posterior.

Correo electrónico: hrc-wg-peasants@un.org

Asunto del correo: Submission on the Visit to Paraguay

Límite de palabras/páginas:
2.000 palabras

Formatos de archivo aceptados:
Word, PDF

Idiomas aceptados:
Inglés, francés, español

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La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales (UNDROP) se está convirtiendo cada vez más en un instrumento normativo y político clave para transformar los sistemas alimentarios y agrícolas, en particular en el Sur Global. En un contexto de creciente concentración corporativa, mercantilización y dependencias externas, la UNDROP ofrece un marco para fortalecer los derechos campesinos, la soberanía alimentaria y el control democrático sobre el desarrollo rural.

Su creciente influencia es el resultado tanto de la apropiación por parte de las bases, en el seno de las organizaciones campesinas y rurales, como de su progresiva integración en los marcos jurídicos internacionales y nacionales. Los mecanismos de derechos humanos de la ONU, los tribunales, los órganos legislativos y las instituciones públicas recurren cada vez más a la UNDROP para interpretar derechos y elaborar políticas relativas a la tierra, las semillas, la alimentación, la salud, el clima y los medios de vida rurales. Los recientes avances en países como Honduras, Colombia, Kenia, Ecuador y Brasil ilustran este giro hacia la aplicación práctica.

Para el Sur Global, la UNDROP ofrece una oportunidad estratégica para fortalecer la soberanía alimentaria y agrícola, apoyar las vías agroecológicas, proteger la biodiversidad y las prácticas tradicionales, y reducir la dependencia de los mercados mundiales. Su aplicación efectiva requiere una movilización política sostenida, un compromiso institucional y una mayor cooperación entre los Estados, los organismos de derechos humanos, las y los profesionales del derecho y titulares de derechos.

En la coyuntura internacional actual, marcada por una crisis sistémica y multidimensional, los sistemas alimentarios y agrícolas se han convertido en espacios estratégicos donde los actores económicos dominantes (las empresas transnacionales, el sector del agronegocio y los agentes financieros), aprovechando una arquitectura jurídica internacional asimétrica que rige el comercio y la propiedad intelectual, persiguen estrategias destinadas a consolidar su influencia y control sobre las cadenas alimentarias. Estas estrategias tienen como objetivo principal asegurar el acceso a los recursos y mercados dentro de un marco más amplio de mercantilización generalizada y maximización de los beneficios. Dentro de este complejo panorama internacional, sin embargo, también existen motivos para un prudente optimismo. En particular, una tendencia perceptible y creciente señala la progresiva consolidación de la UNDROP como una referencia normativa clave tanto a nivel nacional como internacional. Si bien los desafíos para su aplicación integral y efectiva siguen siendo considerables, es igualmente evidente que la UNDROP se está convirtiendo en un punto de anclaje crucial para decisiones, leyes, políticas públicas, debates e incluso negociaciones en diversos mecanismos y espacios multilaterales. Esta creciente relevancia no es casual; es el resultado de un proceso dinámico de socialización, promoción y desarrollo de capacidades que va más allá del respaldo formal, transformando la Declaración en una herramienta viva para promover los derechos que consagra.

Apropiación social y legitimidad desde las bases

Uno de los principales motores de este progreso es el proceso de apropiación de la UNDROP por parte de sus propios titulares de derechos. Esto ha fortalecido su legitimidad y ha garantizado que la Declaración funcione como una palanca tanto jurídica como política para reclamar derechos, monitorear situaciones y entablar un diálogo significativo con las autoridades públicas a fin de orientar las leyes nacionales y las políticas públicas.

Lejos de ser un instrumento abstracto, la UNDROP es utilizada activamente por las comunidades campesinas y las organizaciones rurales como un marco normativo para estructurar sus demandas y estrategias. Esta dinámica refuerza su carácter transformador y su capacidad para influir en realidades concretas y marcos institucionales. Así, los derechos humanos dejan de ser nociones abstractas y se convierten en herramientas prácticas para la acción, fundamentadas en las realidades vividas, los conocimientos y las formas colectivas de organización de las comunidades.

El papel de los mecanismos y órganos internacionales de protección de los derechos humanos

El Grupo de Trabajo de Expertos de las Naciones Unidas sobre la UNDROP ha desempeñado un papel central en la promoción de la Declaración, en la clarificación y el avance de su aplicación. A través del diálogo con los Estados y otros actores, la elaboración de orientaciones interpretativas y la difusión de su narrativa en los espacios multilaterales pertinentes, este mecanismo de la ONU ha contribuido de manera significativa a posicionar la Declaración dentro del sistema internacional de derechos humanos.

Más allá del Grupo de Trabajo de Expertos, varios mecanismos de derechos humanos de la ONU han contribuido a fortalecer la interpretación y visibilidad de la UNDROP. Por ejemplo, los Relatores Especiales sobre el derecho a la alimentación han desempeñado un papel clave en la integración de los principios de la Declaración en debates más amplios sobre los sistemas alimentarios, enfatizando los derechos a la tierra, a las semillas y a la soberanía alimentaria (https://www.ohchr.org/en/special-procedures/sr-food/annual-thematic-reports). De manera similar, el Relator Especial sobre los derechos humanos y el medio ambiente ha destacado la relevancia de la UNDROP en el contexto del cambio climático y la protección ambiental, reforzando el papel del campesinado, de las comunidades pesqueras artesanales, de los pastores, las comunidades nómadas y los Pueblos Indígenas como guardianes de los recursos naturales.

Los órganos creados en virtud de los tratados de la ONU también han impulsado este proceso. En particular, la Observación General No. 26 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales sobre la tierra refleja principios fundamentales de la UNDROP, incluyendo el acceso seguro y equitativo a la tierra y el reconocimiento de los sistemas de tenencia consuetudinarios (https://www.ohchr.org/en/documents/general-comments-and-recommendations/ec12gc26-general-comment-no-26-2022-land-and). En un sentido más amplio, las observaciones finales abordan cada vez más cuestiones centrales de la Declaración, contribuyendo a su consolidación normativa dentro del sistema internacional de derechos humanos.

De igual forma, la labor del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) ilustra un avance gradual hacia la convergencia entre los derechos de las mujeres y los derechos de las mujeres rurales. Aunque la Recomendación General No. 34 sobre las mujeres rurales (2016) precedió a la adopción de la UNDROP en 2018, anticipa en gran medida sus preocupaciones al enfatizar el derecho a la tierra, el acceso a los recursos naturales y la seguridad alimentaria para las mujeres rurales. Desde la adopción de la UNDROP, la CEDAW ha recurrido cada vez más a este instrumento en sus observaciones finales dirigidas a los Estados. En estas instancias, la UNDROP sirve como un marco interpretativo complementario para fortalecer las obligaciones de los Estados con respecto a la no discriminación, particularmente en lo que respecta al acceso de las mujeres rurales a la tierra, a los medios de vida y a la participación en los procesos de toma de decisiones. Por lo tanto, la UNDROP se está integrando gradualmente en la práctica de la CEDAW como un instrumento de referencia, contribuyendo a una comprensión ampliada de los derechos de las mujeres rurales.

De la retórica a la práctica: avances jurisprudenciales y legislativos

Un número creciente de Estados reconoce el valor de la UNDROP como una herramienta práctica para proteger a las poblaciones rurales y cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos. Esta creciente apertura está creando condiciones favorables para su progresiva integración en los marcos jurídicos y las políticas públicas.

Jurisprudencia y casos legales
La consolidación de la UNDROP se refleja en desarrollos jurisprudenciales concretos en diferentes países. Los tribunales nacionales utilizan cada vez más la Declaración como una fuente normativa legítima para interpretar la legislación nacional y respaldar las decisiones judiciales. Estas prácticas institucionales positivas demuestran cómo los aparatos estatales en su conjunto están alineando sus marcos nacionales con las normas internacionales de derechos humanos para proteger los derechos campesinos, la alimentación, la biodiversidad, la salud, entre otros (https://defendingpeasantsrights.org/en/home/).

La decisión de 2018 de la Corte Suprema de Honduras representa un hito en este sentido. Al declarar inconstitucional la llamada «Ley Monsanto», la Corte se basó explícitamente en el artículo 19 de la UNDROP (el derecho a las semillas), afirmando que los sistemas campesinos de semillas están protegidos por las normas internacionales de derechos humanos. El fallo enfatizó que criminalizar la conservación y el intercambio de semillas socava tanto las prácticas culturales como la soberanía alimentaria, marcando una de las primeras aplicaciones judiciales directas de la Declaración (https://defendingpeasantsrights.org/en/honduras-supreme-court-uses-undrop-article-19-on-the-right-to-seeds-to-declare-unconstitutional-the-monsanto-law/).

Esta tendencia jurisprudencial ha continuado y se ha expandido. En 2020, la Corte Interamericana de Derechos Humanos comenzó a articular la complementariedad entre los derechos de los Pueblos Indígenas y los de las y los campesinos en Argentina, señalando una importante evolución hacia una comprensión más inclusiva de los derechos colectivos en contextos rurales. Este caso marca un hito a este respecto, ya que la Corte utilizó explícitamente tanto la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas como la UNDROP, estableciendo puentes interpretativos entre ambos marcos (https://defendingpeasantsrights.org/en/inter-american-court-of-human-rights-first-case-law-on-the-links-between-the-declarations-on-the-rights-of-peasants-and-indigenous-peoples/).

En Canadá, un desarrollo importante ilustra otro caso de cómo la UNDROP se utiliza como una herramienta interpretativa persuasiva. En 2020, el Tribunal Superior de Justicia de Ontario se basó en el artículo 23 de la Declaración (derecho a la salud) en un caso relacionado con trabajadores agrícolas migrantes expuestos a condiciones de vida inseguras y de hacinamiento durante la pandemia de COVID-19. De manera significativa, el Tribunal reconoció a la UNDROP como parte del cuerpo más amplio de normas de derechos humanos que pueden informar la interpretación del derecho interno. Este caso demuestra la relevancia jurídica práctica de la Declaración incluso en Estados que no la han apoyado y destaca su potencial para respaldar el litigio estratégico destinado a fortalecer la protección de las y los trabajadores rurales (https://defendingpeasantsrights.org/en/interview-of-jessie-macinnis/).

En Colombia, la Corte Constitucional ha abierto nuevos caminos al vincular los derechos campesinos con el cambio climático y la vulnerabilidad ambiental. En una decisión histórica de 2025 relativa a personas campesinas desplazadas por desastres naturales, la Corte los reconoció como sujetos de especial protección constitucional y destacó la obligación del Estado de adoptar medidas diferenciadas que aborden sus vulnerabilidades específicas (https://defendingpeasantsrights.org/en/colombia-constitutional-court-decision-protects-peasants-displaced-by-natural-disasters/).

Finalmente, en Kenia, una decisión histórica de la Corte Suprema en noviembre de 2025 anuló disposiciones de la legislación nacional sobre semillas que en la práctica criminalizaban las prácticas tradicionales de semillas. La Corte concluyó que estas medidas violaban las protecciones constitucionales y eran incompatibles con los estándares internacionales, incluida la UNDROP (artículo 19). Es importante destacar que el fallo reconoció a los sistemas campesinos de semillas no simplemente como actividades económicas, sino como parte integral de la identidad cultural, la biodiversidad y la resiliencia (https://defendingpeasantsrights.org/en/landmark-victory-for-kenyan-peasants-and-seed-sovereignty/).

Innovaciones legislativas y de políticas públicas
En el ámbito legislativo y de las políticas públicas, la UNDROP sirve cada vez más como referencia para el desarrollo de marcos jurídicos innovadores.

En Colombia, la reforma constitucional del artículo 64 adoptada en julio de 2023 representa un hito histórico. Si bien mantiene la obligación del Estado de apoyar el acceso a la tierra y el desarrollo rural, la reforma va más allá al reconocer explícitamente al campesinado como sujeto de derecho y de especial protección. Afirma su identidad distintiva, arraigada en su relación con la tierra, la producción de alimentos y la territorialidad, y lo reconoce como sujeto político. Este logro, resultado de una larga movilización de las organizaciones campesinas, crea un mandato constitucional para alinear progresivamente las leyes y políticas nacionales con las disposiciones reflejadas en la UNDROP (https://defendingpeasantsrights.org/en/colombia-recognition-of-peasants-as-subjects-of-rights-interview-with-martha-elena-huertas-moya/).

En Ecuador, la ratificación de la UNDROP por parte de la Asamblea Nacional en 2023, tras una labor de incidencia sostenida por parte de los movimientos campesinos e indígenas, ha fortalecido su papel como marco orientador para los procesos legislativos. Este reconocimiento facilita la integración de los derechos campesinos en las políticas públicas y refuerza la legitimidad de la Declaración dentro del ordenamiento jurídico interno (https://defendingpeasantsrights.org/en/ecuadorian-peasants-win-ratification-of-undrop-by-their-legislative-assembly/).

En Brasil, el Consejo Nacional de Derechos Humanos adoptó en 2025 una importante resolución que reconoce a la UNDROP como una norma clave para la protección de las poblaciones rurales. La medida exige su aplicación transversal en todas las políticas públicas y alienta a las instituciones estatales a alinear sus acciones con la Declaración, marcando un paso importante hacia su institucionalización a nivel nacional (https://defendingpeasantsrights.org/en/brazil-national-council-for-human-rights-adopts-key-regulation-to-advance-the-implementation-of-undrop/).

En Cuba, diversas iniciativas adoptadas desde la Declaración reflejan un esfuerzo sistemático por traducir sus disposiciones en políticas públicas concretas (https://defendingpeasantsrights.org/en/report-on-the-promotion-and-implementation-of-the-undrop-in-cuba/). Procesos similares, a menudo impulsados desde las bases, también están surgiendo en países como Nepal, Indonesia, Níger, Congo y Senegal.

Una oportunidad estratégica para el Sur Global

En conjunto, estos desarrollos muestran que la UNDROP se está perfilando como un punto de referencia cada vez más influyente en la gobernanza de los derechos campesinos, rurales y agrarios.

Para los países del Sur Global, este desarrollo representa una oportunidad estratégica que va más allá del mero cumplimiento de los derechos humanos. Al integrar la UNDROP en los marcos jurídicos y las políticas públicas nacionales, los Estados pueden fortalecer la protección de los sistemas alimentarios locales y del campesinado, afirmando así una mayor soberanía sobre la producción de alimentos y las cadenas de valor agrícolas. En un contexto marcado por la creciente concentración del poder de mercado y las dependencias neocoloniales externas, promover la UNDROP como un principio rector para las políticas agrícolas y alimentarias ayudará a reducir la vulnerabilidad ante las crisis mundiales al ampliar el margen de maniobra de las políticas públicas nacionales. En otras palabras, el objetivo es movilizar este marco jurídico para avanzar en la realización del derecho al desarrollo, entendido aquí como el derecho de los pueblos a determinar sus propios sistemas y políticas de desarrollo rural, de manera autodeterminada (https://defendingpeasantsrights.org/en/the-right-to-development-a-leverage-for-food-sovereignty-and-the-un-declaration-on-the-rights-of-peasants-undrop/).

Al mismo tiempo, la UNDROP ofrece un marco coherente para promover vías de desarrollo agroecológico que sean más equitativas y sostenibles en las zonas rurales, en particular a través de sus disposiciones sobre el derecho a las semillas, el medio ambiente, el agua y la biodiversidad. Apoyar las prácticas y tradiciones rurales a pequeña escala no es solo una cuestión de justicia social, sino también una palanca estratégica para promover la protección ambiental y fomentar respuestas adaptativas a la crisis climática.

En este contexto, es importante promover los foros multilaterales como marcos para el diálogo estratégico entre los Estados, así como entre expertos independientes, mecanismos de la ONU y titulares de derechos, con el fin de fomentar el intercambio de experiencias y buenas prácticas. De hecho, es necesaria una dinámica política colectiva para elevar y fortalecer el estatus político de la UNDROP a nivel nacional, de modo que pueda servir de base para la interpretación judicial, particularmente a través de la capacitación de jueces, abogados y funcionarios públicos, así como la armonización de la legislación nacional y las políticas públicas con sus disposiciones.

En este sentido, podemos trazar vínculos directos entre la UNDROP y las demandas históricas más amplias de un Nuevo Orden Económico Internacional (NOEI) y el derecho al desarrollo. La realización de los derechos campesinos y de otras personas que trabajan en las zonas rurales requiere salvaguardar el espacio político de los Estados del Sur Global para que puedan proteger y fortalecer los sistemas alimentarios y agrícolas locales frente a los efectos distorsionadores de las exportaciones agrícolas altamente subsidiadas del Norte Global. Dicho espacio político abarca la capacidad de regular las importaciones, brindar apoyo público a pequeños productores, mantener reservas estratégicas de alimentos y aplicar políticas de desarrollo agrario y rural que respondan a las prioridades nacionales en lugar de a los imperativos del sector agroindustrial transnacional y de los mercados globales liberalizados.

Desde esta perspectiva, los movimientos sociales, las organizaciones de la sociedad civil y los Estados comprometidos pueden movilizar a la UNDROP no meramente como un marco legal de derechos humanos, sino también como una palanca que presupone un orden económico internacional capaz de hacer efectivos esos derechos. Muchas de las limitaciones estructurales identificadas por las y los defensores del NOEI, incluidos los términos de intercambio desiguales y las asimetrías en el poder de toma de decisiones, continúan dando forma a las condiciones bajo las cuales las comunidades rurales buscan ejercer sus derechos. Por lo tanto, la implementación de la UNDROP plantea cuestiones que se extienden más allá de la reforma legal interna hasta abarcar la arquitectura dominante del comercio internacional, la inversión y las finanzas. Sin abordar estas desigualdades estructurales, los derechos consagrados en la Declaración corren el riesgo de seguir siendo, en gran medida, aspiracionales.

Conclusión

La UNDROP ha dejado de ser un instrumento puramente declarativo para convertirse en una herramienta operativa en múltiples niveles. Su creciente uso en los tribunales, la legislación y las políticas públicas refleja un proceso de socialización e institucionalización progresiva que está redefiniendo el lugar de los derechos campesinos y de otras personas que trabajan en las zonas rurales dentro del derecho internacional contemporáneo.

La aplicación de la UNDROP es, por su propia naturaleza, un proceso profundamente político y colectivo. Es a través de la interacción entre la participación popular y la incidencia institucional como se forja una correlación de fuerzas favorable, necesaria para lograr cambios tangibles en el terreno. En este contexto, la UNDROP debe servir como una brújula esencial, una hoja de ruta colectiva, en apoyo de los esfuerzos para democratizar los sistemas alimentarios y agrícolas, pero solo con la condición de que las propias comunidades se apropien de ella y la defiendan activamente, a la luz de sus intereses concretos.

La entrada La creciente centralidad de la UNDROP en la gobernanza internacional de los derechos campesinos y de otras personas que trabajan en las zonas rurales se publicó primero en Defending Peasants' Rights.

El nuevo informe del Grupo de Trabajo de la ONU sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales analiza la creciente disputa en torno a las semillas desde la perspectiva de los derechos humanos, la soberanía alimentaria y la biodiversidad. En el centro de este debate se encuentra el derecho a las semillas: el derecho de los campesinos y las campesinas a desarrollar, conservar, utilizar, intercambiar y vender sus propias semillas y las semillas que han guardado de sus cosechas. El informe muestra cómo el poder corporativo, los regímenes de propiedad intelectual, la certificación de semillas y las normas comerciales están impulsando el cercamiento y la privatización de las semillas, criminalizando prácticas ancestrales y socavando la autonomía de las comunidades campesinas. Asimismo, pone de manifiesto las crecientes amenazas de la biopiratería y el deterioro de los sistemas tradicionales de semillas.

El informe también destaca importantes victorias de los pueblos rurales que resisten al control corporativo. En Honduras, los campesinos y las campesinas contribuyeron a la anulación de la llamada «Ley Monsanto», mientras que en Kenia, una sentencia judicial histórica confirmó que compartir semillas no constituye un delito. En Colombia y Zambia, campesinos, campesinas y sus aliados se han movilizado contra leyes restrictivas sobre las semillas. En todo el mundo, las comunidades están creando bancos de semillas, cooperativas y ferias de semillas, desarrollando programas participativos de mejoramiento y defendiendo sistemas agroecológicos. Estas luchas tienen lugar en un contexto en el que el cambio climático, la erosión genética, el desplazamiento, los conflictos y las nuevas biotecnologías intensifican la disputa por el control de los pilares de nuestros sistemas alimentarios. Para los movimientos campesinos y rurales, la lucha por las semillas forma parte de una lucha más amplia por la tierra, el agua, la biodiversidad, la autonomía y el derecho de los pueblos a decidir sobre sus propios sistemas alimentarios.

El Grupo de Trabajo pide un cambio decisivo de rumbo frente a las políticas que tratan las semillas como propiedad corporativa y como mercancías. Sobre la base del artículo 19 de la UNDROP, exige la protección de los derechos de los campesinos y las campesinas a conservar, intercambiar y vender semillas, así como apoyo público a los sistemas comunitarios de semillas y a la agroecología, y medidas para hacer frente a los regímenes restrictivos de propiedad intelectual y a la biopiratería. Les invitamos a leer el informe completo y a apoyar a los pueblos rurales que defienden las semillas como un bien común vivo, resisten su mercantilización corporativa y luchan por la soberanía alimentaria.

La entrada Nuevo informe del Grupo de Trabajo de la ONU sobre la UNDROP acerca del derecho a las semillas: defender los bienes comunes y resistir el control corporativo se publicó primero en Defending Peasants' Rights.

Publicado por: Relatora Especial sobre el derecho humano a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible

Plazo límite: 21 de agosto de 2026

Propósito: Informar la preparación del informe temático para el 64ºperíodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas

Antecedentes

Las personas defensoras de derechos humanos y del ambiente (personas defensoras ambientales) desempeñan un papel fundamental en la protección del derecho humano a un ambiente limpio, saludable y sostenible, así como de todos los demás derechos humanos. Su labor contribuye directamente a proteger los ecosistemas y la biodiversidad, asegurar un clima seguro, mejorar la calidad del aire, proteger el agua y las cuencas hidrográficas, promover alimentos producidos de forma saludable y sostenible, y lograr entornos libres de sustancias tóxicas. La labor de las personas defensoras ambientales es fundamental para el avance de los elementos procedimentales del derecho a un ambiente saludable: el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia. Estos son derechos humanos reconocidos y pilares fundamentales del Estado de derecho, la gobernanza democrática y las sociedades en paz.

El papel de las personas defensoras ambientales es especialmente vital hoy en día, ya que la humanidad se enfrenta las triples crisis planetarias de cambio climático, pérdida de biodiversidad y contaminación tóxica, agravada por las desigualdades sistémicas y la discriminación. En todo el mundo, las personas defensoras ambientales están identificando y aplicando activamente soluciones alternativas viables a las triples crisis planetarias, con soluciones que abarcan desde la protección de ecosistemas frágiles en tierra y en el océano hasta el fomento de las energías renovables y sostenibles. Esto contribuye a lograr la rendición de cuentas, al tiempo que apoya a los Estados en el cumplimiento de sus obligaciones. Si bien ha habido un mayor reconocimiento del papel crucial de las personas defensoras de los derechos humanos y del ambiente por parte de las instituciones, en general, los riesgos, la violencia y la represión a los que se siguen enfrentando estas personas defensoras están aumentando en todas las regiones. Estos riesgos se reflejan en el cierre de los espacios cívicos, la estigmatización, el acoso, la vigilancia, las demandas estratégicas contra la participación pública (SLAPP por sus siglas en inglés), la criminalización, las amenazas, los ataques e incluso los asesinatos y las desapariciones forzadas.

Las personas y los grupos en situaciones de marginación, incluidos los Pueblos Indígenas, el campesinado, las comunidades costeras y pesqueras, Afrodescendientes, las mujeres y las niñas, las infancias y la juventud, las personas mayores, las personas LGTBQ+ y quienes viven en zonas altamente contaminadas, se encuentran en situaciones especialmente vulnerables. Las personas defensoras de los derechos humanos en el terreno se enfrentan a mayores riesgos, agravados por los conflictos, la guerra y las economías ilegales, mientras que también se han documentado mayores riesgos para periodistas, abogadas y abogados e incluso científicas y científicos que trabajan por un ambiente saludable.

Comprender mejor la situación a la que se enfrentan las personas defensoras ambientales en todo el mundo y encontrar medidas eficaces para su protección es urgente e importante en sí mismo, pero también para resolver las triples crisis planetarias. Comprender la situación requiere tener en cuenta los impactos diferenciados a los que se enfrentan las personas defensoras ambientales según la región, el sector, el género y la edad, entre otros, con miras a la protección de sus derechos y a la aplicación efectiva del derecho a un ambiente saludable.

Objetivos

En este informe, la Relatora Especial examina la situación de las personas defensoras del ambiente, que trabajan en el contexto de las triples crisis planetarias, centrándose en cómo las violaciones de que son objeto afectan también a la realización del derecho humano a un ambiente limpio, saludable y sostenible. El informe describirá las obligaciones de los Estados y los actores no estatales, en virtud del derecho internacional y las normas de derechos humanos, de proteger a las personas defensoras ambientales, así como el deber de los Estados de proteger el ambiente y el sistema climático, evitando daños adicionales. Con ello, la Relatora Especial pretende contribuir a la comprensión de la situación de las personas defensoras ambientales desde una perspectiva individual y colectiva, reconociendo que, si bien muchos de ellos lideran y llevan a cabo acciones individuales, estas suelen formar parte de esfuerzos comunitarios o colectivos más amplios.

La Relatora Especial formulará recomendaciones concretas a los Estados y otras partes interesadas para garantizar la protección de las personas defensoras ambientales y la aplicación efectiva del derecho a un ambiente saludable, incluso en relación con medidas colectivas desde un enfoque interseccional.

Preguntas clave y tipos de contribuciones/comentarios solicitados

La Relatora Especial invita a los Estados, la sociedad civil, los Pueblos Indígenas, las personas Afrodescendientes, personas campesinas, niñas, niños y jóvenes, comunidades pesqueras artesanales, la academia, las empresas y otros actores interesados a presentar información sobre las siguientes cuestiones:

1. En relación con la situación de las personas defensoras de derechos humanos y del ambientePor favor, presentar información sobre:
   • Los riesgos específicos que se enfrentan las personas defensoras ambientales, incluidos los Pueblos Indígenas, las mujeres y las niñas, los niños y la juventud, personas campesinas, comunidades costeras, comunidades rurales, periodistas, abogadas y abogados, personas científicas, las personas LGTBQ+ y las personas que viven en zonas altamente contaminadas, entre otros. Por favor, describa los impactos de estos riesgos y ataques en sus comunidades, colectivos, trabajo y resultados en materia de protección ambiental, así como consideraciones específicas aplicables a regiones o sectores que puedan ser relevantes.
   • El uso de medidas legales para restringir, limitar u obstaculizar el trabajo de las personas defensoras ambientales, incluyendo el impacto en el espacio cívico, el uso de demandas estratégicas contra la participación pública (SLAPP), el uso del derecho penal u otros mecanismos para crear un «efecto disuasorio».
   • Tipos de repercusiones, incluidas las repercusiones psicosociales de las amenazas, la violencia y la represión sobre las personas defensoras ambientales. Por favor, detalle las formas en que estos ataques pueden generar o exacerbar conflictos internos dentro de las comunidades, las organizaciones y los movimientos sociales.
   • Factores que podrían estar contribuyendo al empeoramiento de la situación de las personas defensoras ambientales.
2. Políticas, legislación y otras medidas existentes de actores estatales y no estatales para la protección de las personas defensoras ambientalesPor favor, presentar información sobre:
   • Políticas, normativas y prácticas adoptadas por los Estados, las empresas y/o las instituciones financieras para identificar, mitigar, prevenir, perseguir y subsanar los riesgos e impactos sobre las personas defensoras ambientales, incluso en el contexto de sectores de alto riesgo como las industrias extractivas, la agroindustria, la energía y las infraestructuras, así como información sobre los obstáculos a la rendición de cuentas y al acceso a la justicia. Indique si los mecanismos contemplan la protección individual y colectiva e incluya ejemplos de su aplicación;
   • Ejemplos de medidas adoptadas por actores no estatales para garantizar una participación significativa de las personas defensoras ambientales afectadas o potencialmente afectadas, como personas, colectivos y comunidades, incluidos los Pueblos Indígenas y otros grupos en situaciones vulnerables, y medidas para evitar contribuir a amenazas, represalias o conflictos. Incluya información sobre el éxito o el fracaso de estas medidas;
   • Mecanismos de reclamación y procesos de reparación establecidos por actores no estatales que sean relevantes para la protección de las personas defensoras ambientales, incluyendo su accesibilidad, eficacia y aplicación en la práctica.
3. Otras medidas eficaces para la protección de las personas defensoras ambientales

Sírvase proporcionar información sobre:

• Ejemplos concretos de medidas eficaces más allá de los marcos jurídicos o las políticas, para garantizar un entorno seguro y propicio para las personas defensoras ambientales, incluidas medidas para la protección individual, colectiva y/o de las comunidades.
• Explicación de si estas medidas tienen en cuenta un enfoque interseccional y cómo se aplica, así como el proceso para concebir, planificar y aplicar dichas medidas.
• Ejemplos de medidas estructurales para la protección efectiva de las personas defensoras ambientales que garanticen un entorno seguro y propicio para el desempeño de su labor.

¿Cómo se utilizarán las contribuciones?

Le rogamos que su contribución sea concisa y se limite a un máximo de 5 páginas (o 2.500 palabras). Las contribuciones pueden abordar todas o algunas de las preguntas anteriores.

Las aportaciones deben enviarse únicamente en inglés, francés o español.

Agradecemos sus esfuerzos por enviar sus valiosas aportaciones para este informe, así como su colaboración y apoyo a la aplicación de este mandato. Si dispone de información que haya enviado con anterioridad a otros procedimientos especiales o mecanismos de derechos humanos y que pueda ser relevante, le instamos a que la señale para evitar duplicidades y coordinarnos de forma más eficaz.

Fecha límite de presentación: 21 de agosto de 2026.

La entrada Convocatoria de aportaciones : Personas defensoras de derechos humanos y del ambiente y el derecho a un ambiente saludable se publicó primero en Defending Peasants' Rights.

*Imagen: El mundo campesino. Elena Rusca

Entrevista con Geneviève Savigny, miembro del Grupo de Trabajo de la ONU sobre los Derechos de los Campesinos (UNDROP)

Ginebra, 25 de junio de 2026 — Elena Rusca

Mientras las crisis alimentarias, climáticas y geopolíticas se intensifican, los campesinos —quienes alimentan a la mayoría de la humanidad— siguen siendo de los más expuestos a la pobreza, la expropiación y la violencia. Desde 2018, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos (UNDROP) ofrece un marco inédito para proteger sus derechos colectivos, sus semillas, sus tierras y sus saberes. Pero su implementación sigue siendo frágil. Geneviève Savigny, miembro del Grupo de Trabajo encargado de la UNDROP, analiza los desafíos agrarios, semilleros y políticos que atraviesan hoy los campos del mundo —desde África Occidental hasta América Latina.

La UNDROP: un texto histórico nacido de las luchas campesinas

Adoptada en 2018 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, la Declaración de los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en Zonas Rurales es uno de los instrumentos más ambiciosos del sistema internacional. Fruto de casi veinte años de movilización impulsada por La Vía Campesina, busca proteger a quienes producen la mayor parte de los alimentos del planeta, pero que siguen siendo los más expuestos a la pobreza, la expropiación, la violencia y la marginación política.

La UNDROP reconoce derechos rara vez explicitados en otros textos internacionales:

• el derecho a la tierra,
• el derecho a las semillas,
• el derecho al agua,
• la protección contra los desalojos,
• la participación en las decisiones,
• los derechos colectivos y consuetudinarios,
• el reconocimiento de los saberes campesinos.

Para garantizar su implementación, el Consejo de Derechos Humanos creó en 2023 un Grupo de Trabajo compuesto por cinco expertos independientes. Geneviève Savigny, campesina y exmiembro de la Confederación Campesina y de La Vía Campesina, forma parte de él.

Un grupo de trabajo internacional para defender los derechos campesinos

— ¿Cómo se formó su grupo de trabajo?

G. Savigny: «El grupo de trabajo fue formado por el Consejo de Derechos Humanos después de que se adoptara una resolución en otoño de 2023. Fuimos seleccionados durante el invierno y nos encontramos cinco personas. Personalmente, soy campesina, exmiembro de la Confederación Campesina y de La Vía Campesina. También están Carlos, antropólogo y profesor en Colombia; David, profesor de derecho en Armenia; Shalmalee, exdirectora de la ONG Focus on Global South; y Uche, profesora de derecho nigeriana que trabaja en Estados Unidos.»

— ¿Cómo trabajan concretamente?

G. Savigny: «Nuestro grupo tiene dos sesiones anuales de cinco días presenciales, normalmente una en Ginebra y otra en Nueva York. Este año preferimos reemplazar la segunda sesión por visitas a países. Acabamos de hacer una visita a Ghana y otra está prevista en noviembre en Paraguay. Cada vez somos dos personas del grupo más nuestro equipo asalariado.»

— ¿Qué hacen durante estas visitas?

G. Savigny: «Nos reunimos con representantes de los distintos ministerios vinculados a la agricultura y la alimentación, y luego con representantes de campesinos, pescadores, pastores y mujeres rurales. En Ghana, las reuniones debían pasar por el gobierno o por autoridades locales para poder encontrarnos con los jefes de aldea. El objetivo es entender cómo se aplican los derechos campesinos, cuáles son los puntos fuertes y qué se puede mejorar. Luego elaboramos un informe que se presentará en otoño.»

La participación: un derecho esencial pero difícil de ejercer

— Publicaron un informe sobre el derecho a la participación. ¿Cuáles fueron sus conclusiones?

G. Savigny: «La participación es realmente indispensable para que la situación de los campesinos y campesinas sea tomada en cuenta y resuelta de la manera adecuada. Pero aún queda mucho por hacer, incluso por razones materiales: la traducción, la distancia, las dificultades para desplazarse a los lugares de poder.

En cuanto a las mujeres, existe una dificultad particular para liberarse de las tareas domésticas y del trabajo cotidiano para poder participar en las decisiones que les conciernen. Es un nivel de dificultad adicional en un mundo rural donde el trabajo es muy absorbente y a menudo aislado.»

Semillas: un desafío crucial frente a las multinacionales

— Este año trabajan sobre el derecho a las semillas. ¿Por qué es tan importante?

G. Savigny: «El artículo diecinueve de la UNDROP detalla cómo los campesinos deben tener derecho a mantener los sistemas de semillas campesinas: guardar, reproducir, intercambiar y vender semillas. El Estado también debe favorecer la existencia de este sistema. No siempre es así, ya que existe un sistema comercial muy dinámico, incluso agresivo, según cómo se mire.»

— ¿Los OGM influyen en esta problemática?

G. Savigny: «Sí, por supuesto. Con los avances tecnológicos, ahora tenemos formas mucho más fáciles y rápidas de hacer OGM. Para facilitar su difusión y comercialización, las empresas semilleras ya no quieren que se llamen OGM, sino NGT, Nuevas Técnicas Genómicas. Buscan que se reconozca que podrían aparecer en la naturaleza, por lo que no habría necesidad de etiquetarlos.

Pero ¡hay patentes depositadas sobre ellos! Y existe el temor de que los rasgos patentados, que no están etiquetados, puedan aparecer naturalmente en plantas de campesinos que los habían seleccionado durante años.»

— ¿Qué implica esto para los campesinos?

G. Savigny: «La patente del sistema CRISPR-Cas, por ejemplo, pertenece a una sola empresa. Hay una concentración cada vez mayor de derechos que determinan si se puede o no multiplicar las semillas. Frente a esto, muchas leyes semilleras imponen reglas estrictas para el reconocimiento y la comercialización de semillas, lo que entra en contradicción con el derecho campesino a las semillas.

Los campesinos deben reivindicar este derecho, y los Estados deben darse cuenta de que, incluso para la biodiversidad y la resiliencia de las plantas, no se debe detener la selección a pequeña escala que realizan los campesinos locales. Hay todo un sistema que preservar si queremos mantener una biodiversidad y una diversidad de cultivos importantes.»

Tierra y territorio: derechos colectivos por reconocer

— También trabajan sobre la cuestión de la tierra. ¿Cuál es el principal desafío?

G. Savigny: «Trabajamos sobre el artículo diecisiete de la declaración, sobre los derechos a la tierra y al territorio. De manera interesante, la UNDROP destaca la importancia de los derechos colectivos y consuetudinarios. Es importante porque en muchos lugares ahí está el problema: como no hay títulos de propiedad claros, se entra en una zona informal.»

— ¿Y en Suiza, cómo ve el acceso a la tierra?

G. Savigny: «Creo que el derecho a la tierra sirve para iluminar nuevas vías. Se necesita un acceso seguro a la tierra, no necesariamente la propiedad. Espero que en Suiza podamos desarrollar modos de alquiler o formas de propiedad colectiva que den seguridad a quienes la cultivan.

Hay un gran problema: toda una generación llega al final de su carrera con pensiones pequeñas y pocos recursos. A veces no quieren transmitir la tierra a los jóvenes. Es un problema social general. Si queremos una producción alimentaria de calidad, también debemos resolver el problema del acceso a la tierra.

Comprar es prohibitivo. Y hay que tener cuidado porque en algunos países, incluso en Europa, son empresas las que compran las tierras.»

América Latina: una campesinización atacada pero fundamental

— Para los lectores chilenos, ¿qué mirada tiene sobre la campesinización en América Latina?

G. Savigny: «En América Latina, la campesinización me parece fundamental. Junto con los pueblos indígenas, constituyen el núcleo de una agricultura que, al mismo tiempo, está completamente atacada por el desarrollo de una agricultura industrial muy intensiva.

Esto se refuerza con los acuerdos de libre comercio destinados a aumentar la exportación de productos y materias primas. Lo que dicen los campesinos de allá es que eso no va en el sentido de su protección.

Es un espacio que no conozco perfectamente, pero que parece tan rico y variado. Desde un punto de vista cultural, es campesino e indígena. En América Latina, el modo de producción artesanal sigue siendo muy importante. La calidad de la alimentación también proviene de poder comer verduras frescas en todas partes.»

— ¿Es también una lucha contra las transnacionales?

G. Savigny: «Por supuesto. A los pequeños campesinos hay que apoyarlos; a las transnacionales, hay que ponerles límites, porque tienen una tendencia natural —creo que es incluso su oficio— a expandirse, concentrarse y obtener más beneficios. Pero deben existir límites, porque si no, es destructivo tanto ambiental como socialmente.

No es nuestro mandato directo, pero nos enfrentamos a esta cuestión indirectamente. Nuestras recomendaciones al final de cada informe se dirigen a los Estados, a las entidades de la ONU, a otras instituciones y también a las entidades privadas, a quienes pedimos respetar la ley y la normativa internacional, y velar por los derechos humanos en todas las circunstancias.»

Los “procedimientos especiales” de la ONU: explicar el mandato

— ¿Puede explicar qué son los procedimientos especiales?

G. Savigny: «Los grupos de trabajo forman parte de los procedimientos especiales, como los relatores especiales. Se concentran en un aspecto particular de los derechos humanos, como el derecho a la alimentación o el derecho al agua. Nosotros somos un grupo de trabajo: en lugar de un solo relator especial, somos cinco, lo que corresponde a la diversidad y amplitud del tema.

Nuestro papel es implementar la Declaración de los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en Zonas Rurales, la UNDROP. Es un texto adoptado en 2018 por la Asamblea General de la ONU que reúne veintiocho artículos que resumen los derechos necesarios para la actividad campesina.

Precisa qué es un campesino, las obligaciones de los Estados, la no discriminación, los derechos de las mujeres, el derecho a los recursos, el derecho a la participación, a la información, a la educación, etc., detallado de manera adaptada al medio rural.»

El Grupo de Trabajo presentará sus informes sobre tierra y semillas en septiembre próximo en Ginebra. Estos documentos, que serán presentados ante la Asamblea General de la ONU, deberían aportar una luz crucial.

La entrada Sin tierra, sin semillas, no hay futuro campesino se publicó primero en Defending Peasants' Rights.

Las protestas han logrado unificar a una impresionante coalición de organizaciones campesinas y de trabajadores rurales y urbanos. En el centro de esta movilización se encuentran poderosas organizaciones campesinas, como la Federación Tupac Katari, la Federación de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia «Bartolina Sisa» y la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), que se han movilizado en todo el país para resistir, hacer frente y exigir el respeto de sus derechos fundamentales.

La lucha actual demuestra la enorme fuerza política de las organizaciones campesinas en Bolivia. Las protestas no se limitan a la tierra o a los subsidios a los combustibles; representan un profundo rechazo a un modelo político y económico dominante que es percibido como una violación de los derechos del campesinado, de los principios de la soberanía alimentaria y como un factor de marginación de las comunidades rurales e indígenas.

Les invitamos a leer las siguientes tres declaraciones de solidaridad con la lucha del pueblo boliviano:

CLOC–La Vía Campesina
https://viacampesina.org/en/2026/06/bolivia-cloc-la-via-campesina-rejects-the-divisive-and-polarizing-actions-promoted-by-rodrigo-paz/

Federación Bartolina Sisa (organización boliviana miembro de La Vía Campesina)
https://viacampesina.org/en/2026/06/bolivia-the-bartolina-sisa-organization-reaffirms-unity-denounces-government-attempts-at-division-and-co-optation/

CETIM
https://www.cetim.ch/bolivia-solidarity-with-popular-struggles-for-food-sovereignty-and-social-justice/

La entrada En solidaridad con las organizaciones campesinas e indígenas de Bolivia se publicó primero en Defending Peasants' Rights.

El estudio examina la creciente tendencia de las contrarreformas agrarias en América Latina y el Caribe y su impacto sobre los derechos a la tierra garantizados por procesos anteriores de reforma agraria. Muestra cómo los recientes cambios legales, institucionales y administrativos están contribuyendo a una renovada concentración de la tierra y a una creciente presión sobre lxs campesinxs, los Pueblos Indígenas, las comunidades afrodescendientes y otras poblaciones rurales. El informe también identifica las principales formas que adoptan estas contrarreformas (reformas legales, financiarización de la tierra, acaparamiento verde impulsado por corporaciones y despojo promovido por el Estado) y analiza sus implicaciones para la justicia territorial y el desarrollo rural.

Asimismo, analiza los patrones actuales de concentración de la tierra en toda la región, destacando cómo las desigualdades históricas están siendo reforzadas por la financiarización y las adquisiciones de tierras a gran escala, condiciones estructurales que constituyen el trasfondo de las contrarreformas contemporáneas. A partir de estudios de caso de Bolivia, Argentina, Brasil, El Salvador, Guatemala, Honduras, Ecuador, así como de países del Caribe, explora una serie de medidas legales e institucionales que han debilitado las protecciones sobre la tierra, incluyendo la reclasificación administrativa, la desregulación, las políticas territoriales restrictivas, los procedimientos acelerados de expropiación, la criminalización de los conflictos relacionados con la tierra y la revocación de títulos de propiedad.

Además, identifica tendencias regionales más amplias y las evalúa a la luz de las normas internacionales de derechos humanos, argumentando que estas reformas reflejan un cambio más amplio en la gobernanza de la tierra que favorece la concentración económica mientras erosiona las protecciones reconocidas en los instrumentos internacionales, especialmente en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales (UNDROP).

El estudio concluye destacando una contradicción apremiante del actual momento agrario: mientras se logran avances significativos en el reconocimiento formal de los derechos de los pueblos rurales, los mecanismos administrativos, procedimentales y económicos necesarios para hacer efectivos esos derechos se están debilitando de manera constante a través de una arquitectura jurídica global que considera la tierra, los territorios y los recursos naturales como meros activos financieros.

Escucha el pódcast sobre este estudio:

Lea el estudio completo aquí:

La entrada Contrarreformas Agrarias: Anatomía de un Despojo en Progreso se publicó primero en Defending Peasants' Rights.

Este estudio ofrece el primer mapeo regional de las leyes que reconocen a lxs campesinxs y otras poblaciones rurales en América Latina. Analiza 170 disposiciones legales vigentesa en 23 países entre 1917 y 2025, ofreciendo una visión comparativa de cómo los derechos campesinos son reconocidos en los sistemas jurídicos nacionales.

Los hallazgos muestran que el reconocimiento legal de lxs campesinxs está ampliamente extendido en la región. Casi la mitad de las leyes analizadas reconocen explícitamente los derechos campesinos, mientras que el 88% contiene alguna forma de reconocimiento o protección para las poblaciones rurales. Brasil cuenta con el mayor número de instrumentos legales relevantes, mientras que Colombia y Panamá destacan por la solidez de sus marcos legales. Más de la mitad de todas las normas identificadas fueron adoptadas entre 2010 y 2025, lo que demuestra una creciente atención política a las cuestiones campesinas.

Los temas más comunes son la agricultura familiar, el acceso a la tierra, la reforma agraria y la soberanía alimentaria. Sin embargo, aún persisten importantes brechas en áreas como los derechos de las mujeres rurales, la agroecología, el derecho a las semillas y la participación política.

El estudio también examina la relación entre las leyes nacionales y la UNDROP. Aunque solo cuatro instrumentos legales hacen referencia explícita a la Declaración, muchas leyes incorporan sus principios. Colombia, Ecuador y Bolivia ofrecen algunos de los ejemplos más sólidos de alineación con la UNDROP.

El informe concluye que América Latina se ha convertido en un referente global para el reconocimiento legal de lxs campesinxs, al tiempo que destaca la necesidad de una implementación más sólida de la UNDROP mediante el reconocimiento constitucional, una mayor protección de las mujeres rurales, un mayor apoyo a la agroecología y al derecho a las semillas, y mejores mecanismos de participación política.

Escucha el pódcast sobre este estudio:

Ver el estudio completo a continuación:

La entrada Reconocimiento del Campesinado en América Latina a Través de la UNDROP: Hallazgos Clave se publicó primero en Defending Peasants' Rights.

Este artículo fue publicado originalmente en la revista Lendemains Solidaires, disponible en francés aquí.

La soberanía alimentaria se define como el derecho de los pueblos a una alimentación sana y culturalmente apropiada, producida mediante métodos ecológicamente sostenibles, así como el derecho de los pueblos a definir su propio sistema alimentario y agrícola. La Vía Campesina (LVC) insiste en que los modos de producción agroecológicos diversificados, impulsados por el campesinado y basados en experiencias milenarias y conocimientos tradicionales, son esenciales para garantizar a todas y todos una alimentación sana, asegurando al mismo tiempo la armonía con los ecosistemas naturales. Este paradigma sitúa las aspiraciones y necesidades de quienes producen, distribuyen y consumen los alimentos en el centro de los sistemas y políticas alimentarias, en lugar de las exigencias de los mercados y del agronegocio. Se trata de un marco que defiende fundamentalmente los intereses de las futuras generaciones.

Contexto

La historia y el surgimiento del concepto de soberanía alimentaria, proclamado por La Vía Campesina en 1996, están vinculados al fracaso de la implementación del concepto de seguridad alimentaria promovido por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Este nuevo concepto buscaba responder a los desafíos del hambre y la malnutrición, que afectaban y siguen afectando particularmente, de manera paradójica, a las zonas rurales.

Durante la Cumbre Mundial sobre la Alimentación de 1996, La Vía Campesina acuñó el término soberanía alimentaria afirmando la centralidad de las y los pequeños productores de alimentos, la sabiduría acumulada por generaciones, la autonomía y la diversidad de las comunidades rurales y urbanas, así como la solidaridad entre los pueblos, como elementos esenciales para elaborar políticas alimentarias y agrícolas.

Debemos recordar que la única manera de hacer oír la voz de la campesinado es a través de la unión y construcción de amplias alianzas, más allá de todas las fronteras. Los movimientos sociales rurales y urbanos, los sindicatos, los actores de la sociedad civil, los gobiernos progresistas, las y los académicos y los científicos independientes deben unirse para defender esta visión común del futuro. Las mujeres rurales y las demás minorías de género oprimidas deben ocupar un lugar igualitario en las instancias de dirección de nuestro movimiento, en todos los niveles. Debemos sembrar las semillas de la solidaridad en nuestras comunidades y luchar contra todas las formas de discriminación que dividen a las sociedades rurales.

Con motivo de la conmemoración de los 25 años de La Vía Campesina, se afirmó que la soberanía alimentaria constituye un verdadero manifiesto para el futuro de nuestro planeta. Es una idea que une a la humanidad y nos pone al servicio de la Madre Tierra que nos alimenta.

"La soberanía alimentaria constituye un verdadero manifiesto para el futuro de nuestro planeta."

Vincular la soberanía alimentaria con el derecho al desarrollo

Vincular la soberanía alimentaria con el marco y el concepto del derecho al desarrollo es particularmente pertinente. En efecto, este último debe entenderse como el derecho de las poblaciones campesinas y rurales a concebir y construir sus propios modelos de desarrollo rural, en coherencia con los principios de la soberanía alimentaria.

El derecho al desarrollo se concibe como un proceso de empoderamiento que implica necesariamente la movilización social y la lucha. Se trata de un derecho programático que exige medidas estructurales y específicas por parte de las autoridades públicas en favor de las comunidades y de las trabajadoras y trabajadores rurales. El derecho al desarrollo es también un instrumento político y un marco jurídico para combatir las políticas perjudiciales de la globalización neoliberal que marginan al campesinado familiar.

La interrelación entre el derecho al desarrollo, la soberanía alimentaria y los derechos campesinos también se destaca durante las negociaciones del proyecto de Pacto sobre el Derecho al Desarrollo en el seno de la ONU[1]. Este proyecto busca reforzar jurídicamente y consolidar el marco del derecho al desarrollo, iniciado por la Declaración de las Naciones Unidas sobre el Derecho al Desarrollo (1986).

Así, el texto del proyecto de Pacto incluye una disposición específica que reconoce el derecho de las y los campesinos “a determinar y desarrollar prioridades y estrategias para ejercer su derecho al desarrollo”. Esta referencia explícita constituye un avance tanto jurídico como político. Refuerza la interpretación del derecho al desarrollo como un derecho colectivo perteneciente a los pueblos y comunidades, en particular a las poblaciones rurales históricamente excluidas de los procesos de toma de decisiones.

Al referirse explícitamente al campesinado y poblaciones rurales como actores clave del desarrollo, este futuro instrumento jurídico reforzará la centralidad de la autodeterminación en la definición de las prioridades agrícolas, económicas y territoriales. También consolidará la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales (UNDROP), la cual reconoce que las y los campesinos no deben ser simples beneficiarios de las políticas públicas, sino titulares de derechos capaces de concebir e implementar sus propios modelos de desarrollo (arts. 3 y 10 de la UNDROP).

¿Qué es el desarrollo rural para el campesinado?

Nuestra visión del desarrollo está centrada en el desarrollo de la agricultura campesina a través de la agroecología, única garantía de medios de vida y condiciones laborales dignas y justas para las poblaciones del mundo entero, especialmente en las zonas rurales. Es decir, los pueblos rurales como corazón de la producción alimentaria. Por eso La Vía Campesina propuso y finalmente logró, en 2018, la adopción de la UNDROP, que constituye una contribución a la realización de la soberanía alimentaria.

Para lograrlo, necesitamos políticas públicas que regulen los mercados agrícolas y alimentarios, ya que las y los campesinos generalmente no perciben ingresos dignos provenientes de sus actividades de producción de alimentos, lo que compromete sus medios de vida y la continuidad de la producción (artículo 16 de la UNDROP). Esto se debe a un sistema alimentario dominante basado en los mecanismos del mercado y controlado por el agronegocio.

Entre estos mecanismos de regulación, defendemos los precios mínimos garantizados (Minimum Support Prices – MSP), es decir, la obligación de los Estados de fijar precios que cubran los costos de producción campesina y garanticen un margen de ingresos equitativo. Este mecanismo invierte la lógica del dumping, que empuja los precios hacia abajo, y protege así la dignidad campesina.

También defendemos las compras públicas y las reservas alimentarias públicas. Exigimos la restauración de sistemas públicos de almacenamiento de alimentos para regular los mercados y estabilizar los precios. Las autoridades públicas deberían comprar las cosechas durante los períodos de recolección para garantizar precios mínimos, y luego liberarlas en períodos de escasez para evitar la especulación. Los precios mínimos garantizados, las compras públicas y las reservas públicas se implementan, por ejemplo, en Indonesia e India.

"Las autoridades públicas deberían comprar las cosechas durante los períodos de recolección para garantizar precios mínimos, y luego liberarlas en períodos de escasez para evitar la especulación."

Estos mecanismos son indispensables, ya que el modelo neoliberal ha desmantelado estas herramientas de regulación, exponiendo a las y los pequeños productores a la competencia de las grandes explotaciones agroindustriales fuertemente subsidiadas. Además, la especulación bursátil sobre los productos alimentarios provoca inestabilidades de precios a escala mundial y empuja a millones de personas a situaciones de precariedad alimentaria, en beneficio exclusivo de una minoría. La Vía Campesina llama a fortalecer las cadenas de suministro locales y regionales, afirmando que el comercio debe privilegiar los circuitos cortos antes que los flujos transcontinentales.

Reforma agraria, derecho a la tierra y derecho al desarrollo

La reforma agraria está vinculada al derecho a la tierra y al control de los territorios, reconocidos como derechos fundamentales inscritos en el derecho internacional de los derechos humanos, particularmente en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (art. 11) y en la UNDROP (art. 17). Muchas acciones del agronegocio violan o amenazan el derecho a la tierra: conflictos agrarios, criminalización, desalojos, acaparamiento de tierras, acaparamiento verde (“green grabbing”), concentración de la tierra impulsada por el agronegocio en favor de la agricultura industrial a gran escala (monocultivos), mercados de carbono, agrocombustibles y mecanismos de compensación de la biodiversidad, actividades mineras, así como los llamados proyectos de “desarrollo” como la construcción de autopistas, represas, etc. Por estas razones, La Vía Campesina lucha en todos los niveles por una reforma agraria integral, centrada en los intereses y derechos de los pueblos rurales.

Este enfoque va más allá de la simple titulación de tierras y llama a una redistribución efectiva y equitativa de la tierra. Incluye la fijación de límites claros al tamaño de la propiedad de la tierra, la prohibición de la venta de tierras a terceros y a entidades extranjeras, así como la expropiación de explotaciones basadas en trabajo ilegal o esclavo, especialmente en la agricultura industrial a gran escala y en las grandes plantaciones.

"Este enfoque va más allá de la simple titulación de tierras y llama a una redistribución efectiva y equitativa de la tierra."

Esta visión también se opone a las “contrarreformas” basadas en el mercado, promovidas por el Banco Mundial en los años noventa, que condujeron a la privatización de las tierras y a una nueva ola de concentración de la tierra en manos de una pequeña minoría depredadora, imponiendo un modelo único de desarrollo rural, arraigado en el neoliberalismo y favorable a los intereses del agronegocio.

La lucha por el derecho a la tierra mediante la implementación de la reforma agraria forma así parte integral del derecho al desarrollo: es una lucha por la autodeterminación y por el derecho a definir sus propios sistemas de tenencia de la tierra. Defendemos una comprensión política de la tierra como ecosistema social y productivo esencial para la vida y no como un simple activo financiero.

Agroecología, derecho a las semillas y derecho al desarrollo

En 2015, durante el segundo Foro Mundial sobre la Soberanía Alimentaria (Foro Nyéléni)[2], las delegaciones que representaban a diversas organizaciones y movimientos sociales de pequeños productores de alimentos y consumidores se reunieron para alcanzar una comprensión común de la agroecología como componente clave de la soberanía alimentaria.

La agroecología busca transformar y mejorar nuestra realidad material en los sistemas alimentarios, frente a un mundo rural devastado por la producción alimentaria industrial y, hoy en día, por las supuestas revoluciones verde y azul. La agroecología es, por tanto, también política: busca cuestionar y transformar las estructuras de poder en la sociedad. Coloca el control de las semillas, la biodiversidad, las tierras y territorios, las aguas, los conocimientos, la cultura y todos los bienes comunes en manos de los pueblos que alimentan al mundo.

El control de las semillas locales y autóctonas es un medio de producción clave frente a la ofensiva de las industrias semilleras, que buscan consolidar la agricultura química, al tiempo que amenazan la biodiversidad. Estas industrias desarrollan semillas basadas en organismos genéticamente modificados (OGM), al mismo tiempo que promueven las patentes (derechos de propiedad intelectual), en detrimento de las semillas locales y campesinas. Por ello, La Vía Campesina rechaza firmemente la mercantilización de la vida, particularmente a través de los OGM, las patentes, así como la privatización y comercialización de la biodiversidad.

En este sentido, el movimiento defiende el derecho colectivo e inalienable de las y los campesinos a conservar, utilizar, intercambiar y vender sus semillas, de conformidad con el Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura (art. 9.3) y la UNDROP (art. 19).

Frente a los intentos industriales de imponer la biología sintética, La Vía Campesina organiza intercambios de semillas y campañas para preservar los sistemas comunitarios tradicionales de gestión de la biodiversidad. Una vez más, la lucha por los derechos sobre las semillas se arraiga en el derecho al desarrollo y en el derecho del campesinado a concebir e implementar sus propios modelos de desarrollo semillero basados en sus conocimientos indígenas tradicionales.

La globalización neoliberal contra los derechos campesinos

Las instituciones financieras y comerciales internacionales son las principales fuerzas responsables de las violaciones de los derechos campesinos y del desmantelamiento de los sistemas alimentarios campesinos. El tríptico compuesto por la Organización Mundial del Comercio (OMC), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial impide a los gobiernos, especialmente a los del Sur global, implementar políticas públicas esenciales en favor de las poblaciones rurales, mediante mecanismos y condicionalidades coercitivas. Estos actores neoliberales han forzado la reducción del papel del Estado en la provisión de servicios públicos, al mismo tiempo que aumentaban el del sector privado (a través de las privatizaciones).

"Estos actores neoliberales han forzado la reducción del papel del Estado en la provisión de servicios públicos, al mismo tiempo que aumentaban el del sector privado."

En este sentido, es importante recordar que la integración de la agricultura en el régimen mundial de libre comercio a través del Acuerdo sobre la Agricultura de la OMC (1994) constituyó un punto de inflexión devastador. Esta política transformó los alimentos en una simple mercancía y desreguló sistemáticamente los sistemas agrícolas, desmantelando las herramientas de regulación de los mercados, como los precios mínimos de intervención y las reservas públicas. Las consecuencias fueron sistémicas: caída de los precios agrícolas, destrucción de los mercados campesinos locales, pérdida de autonomía sobre las semillas y expulsión de millones de campesinas y campesinos de sus territorios en beneficio de grandes terratenientes.

El acto trágico del campesino surcoreano Lee Kyung Hae, quien se quitó la vida en Cancún en 2003 llevando una pancarta que proclamaba “la OMC mata a los campesinos”, sigue siendo emblemático de la violencia de este sistema neoliberal y neocolonial-imperialista.

Sin embargo, el régimen comercial neoliberal no se limita a la OMC: también se caracteriza por la proliferación de acuerdos de libre comercio e inversión a niveles regional, multilateral y bilateral. Además, hoy en día también enfrentamos las políticas comerciales de Estados Unidos, que obligan a los países a abrir totalmente sus mercados, sin reciprocidad.

La lucha por un marco comercial alternativo

En respuesta a los daños causados por el Acuerdo sobre la Agricultura de la OMC, La Vía Campesina lanzó un proceso destinado a exigir urgentemente la creación de un nuevo marco comercial internacional basado en la soberanía alimentaria. Este nuevo marco debe basarse en la solidaridad, la cooperación internacional y la justicia social. Su objetivo principal es redefinir la función del comercio, ya no como una herramienta de maximización de las ganancias de las empresas transnacionales, sino como un instrumento que garantice los derechos humanos y la soberanía alimentaria.

Al afirmar que el comercio agrícola y alimentario debe respetar los derechos humanos y que la alimentación es un derecho humano fundamental y no una mercancía, La Vía Campesina aboga por un nuevo marco comercial que proteja los derechos campesinos y legitime medidas estatales como la protección de los mercados contra el dumping y la garantía de precios de apoyo para los productores.

"La Vía Campesina aboga por un nuevo marco comercial que proteja los derechos campesinos y legitime medidas estatales como la protección de los mercados contra el dumping y la garantía de precios de apoyo para los productores."

Con este fin, La Vía Campesina identifica a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) como el foro legítimo para construir este nuevo consenso multilateral, capaz de realinear las normas del comercio mundial con los derechos humanos.

Conclusión

El derecho al desarrollo, tal como lo entiende La Vía Campesina, constituye una respuesta integrada y radical a los fracasos sistémicos del modelo neoliberal. Se define por la realización de la justicia social, la sostenibilidad ecológica y el respeto de la dignidad de las poblaciones rurales.

Seguiremos luchando por nuestros derechos por todos los medios a nuestro alcance y, ante todo, mediante la movilización popular de nuestras bases. Seguiremos fortaleciendo nuestra incidencia a través de instrumentos jurídicos internacionales, como la UNDROP, para exigir la implementación de políticas públicas redistributivas y regulatorias capaces de concretar nuestro derecho al desarrollo, es decir, nuestro derecho a definir nuestros propios sistemas y modelos de desarrollo rural y agrícola, a la luz del paradigma de la soberanía alimentaria.

Al poner el énfasis en la autonomía y los saberes campesinos, y al situar a las mujeres rurales y a la juventud en el centro de la lucha, La Vía Campesina propone un camino que privilegia la protección de los ecosistemas y de las comunidades por encima de la acumulación de capital, reafirmando así su compromiso con una transformación sistémica del orden económico, comercial, financiero y social mundial.

[1] https://docs.un.org/es/A/HRC/54/50

[2] https://nyeleni.org/fr/

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Más que un acto conmemorativo, el webinario ofreció un espacio de intercambio entre organizaciones campesinas y rurales, así como movimientos sociales que trabajan en diversos contextos de Asia y África. Se centró en el intercambio de experiencias vividas de lucha y resistencia, al tiempo que examinó cómo los cambios geopolíticos y geoeconómicos en curso están afectando a las comunidades rurales. Entre los participantes se encontraban miembros de La Vía Campesina y organizaciones socias como SPI (Indonesia), CBOP (Burkina Faso), MONLAR (Sri Lanka), CAJF (Sudán) y PKRC (Pakistán). El evento también contó con la participación de Shalmali Guttal, miembro experta del Grupo de Trabajo de la ONU sobre la UNDROP para la región de Asia.

Mira el webinario completo a continuación (realizado en un formato multilingüe, con participantes que hablan en inglés, bahasa indonesia o francés):

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