Celebrado en el contexto del más reciente informe del Grupo de Trabajo de la ONU, centrado específicamente en el derecho a la participación de los pueblos rurales, el debate exploró cómo este derecho —lejos de ser una formalidad procedimental— constituye una piedra angular de la gobernanza democrática y un pilar central de los derechos civiles y políticos de los pueblos rurales. El webinario creó un espacio de intercambio entre actores de base y mecanismos internacionales de derechos humanos, fortaleciendo los puentes entre las luchas locales y la incidencia a nivel global.

El webinario situó en el centro del debate las conclusiones del informe del Grupo de Trabajo de la ONU, examinando:

• La importancia democrática y política de la participación en el marco de la UNDROP
• Los obstáculos que impiden a las comunidades rurales influir en la toma de decisiones públicas
• Las recomendaciones del Grupo de Trabajo a los Estados
• Estrategias prácticas y buenas prácticas que fortalecen una participación significativa
• El papel de la incidencia colectiva y la solidaridad en el avance de la implementación

Panelistas:

• Carlos Duarte, actual Presidente del Grupo de Trabajo de la ONU sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales
• Loupa Pius, Alianza Mundial de Pueblos Indígenas Móviles (WAMIP)
• Modesta Arévalos Ortiz, Federación Internacional de Movimientos Católicos de Adultos Rurales (FIMARC)
• Jones Spartegus, Foro Mundial de Pescadores y Trabajadores de la Pesca (WFFP)
• Norah Mlondobozi, Asamblea de Mujeres Rurales (RWA)
• Saúl Vicente, Unidad de la Fuerza Indígena y Campesina (UFIC – México)
• Paula Gioia, La Vía Campesina (LVC)

A través de sus intervenciones, las y los panelistas compartieron experiencias regionales, perspectivas comunitarias y estrategias de los movimientos para fortalecer la participación a nivel local, nacional e internacional.

Les invitamos a ver la grabación y a sumarse a este importante diálogo como parte del esfuerzo colectivo más amplio para garantizar que quienes alimentan al mundo y protegen sus ecosistemas estén plenamente incluidos en la definición de las políticas y decisiones que determinan su futuro.

Webinario celebrado el 10 de diciembre de 2025.

La entrada Video de nuestro webinario | Nada sobre nosotrxs sin nosotrxs – Hacer efectivo el derecho a la participación de los pueblos y personas trabajadoras rurales mediante la UNDROP se publicó primero en Defending Peasants' Rights.

Ginebra, 10 noviembre 2025

Los derechos de los campesinos y los trabajadores rurales en el centro de la justicia climática

Mientras los líderes mundiales y la sociedad civil se reúnen para la 30ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP30), el Grupo de Trabajo de la ONU sobre los Derechos de los Campesinos y Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales¹ pide un cambio claro en la política climática mundial. Los campesinos, los pueblos indígenas, los pescadores, los pastores y los trabajadores rurales ya no deben ser vistos solo como víctimas de la crisis climática, sino como líderes esenciales en la restauración de los ecosistemas, la alimentación de las comunidades y la construcción de la justicia social y económica.

Alrededor de 2 mil millones de campesinos, pueblos indígenas y productores cultivan más del 70 por ciento de los alimentos que se consumen en los países de ingresos bajos y medios. También protegen gran parte de la biodiversidad del mundo, mantienen vivas las semillas y razas tradicionales y mantienen los ecosistemas y paisajes que sustentan la vida y las economías rurales. Sin embargo, reciben menos del uno por ciento de la financiación climática mundial y a menudo están excluidos de las decisiones clave sobre el futuro de la alimentación y el clima. Este desequilibrio debe terminar.

1. Alinear la acción climática con los derechos humanos

El Acuerdo de París y los derechos humanos apuntan a lograr los mismos objetivos. Los gobiernos no pueden lograr un progreso climático real mientras ignoran su deber de proteger los derechos de quienes alimentan al mundo.

Los Estados deben incluir los principios contenidos en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales (UNDROP), especialmente los derechos a la tierra, las semillas, el agua, la biodiversidad y la participación, en sus planes climáticos nacionales y estrategias de adaptación. Las políticas climáticas que pasan por alto estos derechos corren el riesgo de aumentar la pobreza, el desplazamiento y el hambre.

2.  Dirigir el financiamiento climático a soluciones lideradas por campesinos

La mayor parte del financiamiento climático aún apoya a las grandes empresas agrícolas, proyectos orientados a la exportación y mecanismos de mercado que permiten las causas y los impulsores del cambio climático, en lugar de apoyar las capacidades de quienes están en la primera línea de los impactos y las acciones innovadoras para abordar el cambio climático. El Grupo de Trabajo pide canales de financiación especiales dentro de los fondos climáticos para apoyar directamente a los titulares de derechos de la UNDROP, que incluyen campesinos, pequeños agricultores, pastores, pescadores, trabajadores rurales, pueblos indígenas y mujeres rurales. Estos fondos deben proporcionar subvenciones, no préstamos, con reglas simples y supervisión comunitaria para que el dinero llegue a quienes lo necesitan directamente de manera oportuna.

Se debe tener especial cuidado para no penalizar doblemente al Sur global obligando a los Estados a tomar préstamos para hacer frente a los daños resultantes del cambio climático que fue impulsado predominantemente por las emisiones provenientes de los estados ricos. El financiamiento para la mitigación, la adaptación y las pérdidas y daños debe verse como una forma de reparación por parte de quienes se han beneficiado de las operaciones extractivas que impulsan la crisis climática.

Las inversiones deben centrarse en la agroecología, la agricultura diversa, los sistemas de pesca y pastoreo, la regeneración del suelo, el agua y la biodiversidad, y otros métodos locales que reduzcan las emisiones y protejan la naturaleza. Las mujeres campesinas rurales, que llevan gran parte del trabajo y la responsabilidad de la seguridad alimentaria, necesitan apoyo y reconocimiento específicos.

3.  Comparta la tecnología de manera justa y respete el conocimiento

Para que la adaptación sea efectiva, la tecnología debe servir a las comunidades, no controlarlas. Instamos a los gobiernos a que cumplan sus compromisos con la UNDROP facilitando la cooperación internacional, lo que lleva a compartir la ciencia y la tecnología, junto con la creación de capacidad local.

Los Estados y las organizaciones deben promover herramientas de código abierto y de propiedad comunitaria, El derecho a guardar, compartir y desarrollar semillas y razas tradicionales es fundamental para la soberanía alimentaria y la resiliencia climática, y los Estados deben garantizar que las leyes comerciales y de patentes no criminalicen el intercambio tradicional de semillas ni fomenten la biopiratería. El conocimiento indígena y campesino, desarrollado a través de generaciones, debe tratarse como una parte central de la innovación climática.

4.  Proteger la tierra, el agua y la biodiversidad

Los objetivos climáticos no se pueden cumplir mientras continúen el acaparamiento de tierras, la deforestación, la destrucción de los ecosistemas fluviales y marinos y la expansión de los monocultivos. El Grupo de Trabajo insta a garantizar los derechos a la tierra, los recursos y el territorio, la reforma agraria y de tierras integrales, y los modelos de propiedad colectiva y gobernanza que sostengan tanto a las personas como a la naturaleza.

La captura de mercado de paisajes y componentes naturales que sustentan la vida a través de economías verdes y azules debe evitarse y denunciarse públicamente cuando se ve.

Los gobiernos deben garantizar que los proyectos de conservación y créditos de carbono no afecten negativamente el derecho de los titulares de derechos a la tierra, las semillas o la autonomía productiva, ni afecten sus medios de vida. Todos los proyectos deben involucrar la participación de los titulares de derechos locales, y los beneficios deben compartirse con ellos.

5.  Garantizar una transición justa para la población rural

El cambio hacia sistemas alimentarios sostenibles debe proteger los medios de vida de los campesinos y trabajadores rurales. Todas las inversiones climáticas, públicas o privadas, deben respetar las obligaciones de derechos humanos para evitar la pérdida de tierras, territorios y biodiversidad, el abuso laboral y el daño ambiental.

Las agroempresas que se benefician de los fondos climáticos deben demostrar el cumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, en particular las de la UNDROP. Los campesinos y otros titulares de derechos, y sus organizaciones, deben tener una voz real en las delegaciones nacionales y en los organismos de la CMNUCC que dan forma a las políticas agrícolas y de adaptación.

6.  El camino a seguir

La COP30 ofrece una oportunidad única de conectar el derecho de los derechos humanos y la política climática. El Grupo de Trabajo exhorta a los Estados a:

1. Garantizar que todos los fondos, mecanismos, propuestas y soluciones respeten los derechos humanos individuales y colectivos de los titulares de derechos, tal como se definen en la UNDROP y otros instrumentos internacionales de derechos humanos.
2. Reformar todos los fondos e instalaciones internacionales y nacionales para el clima y la adaptación² para permitir el acceso directo a los titulares de derechos de la UNDROP, incluidos los campesinos, agricultores, pescadores, pastores, pueblos indígenas, trabajadores y mujeres rurales.
3. Apoyar la cooperación tecnológica basada en los derechos, asegurando que surjan soluciones de consultas previas, y el consentimiento informado y la participación significativa de los titulares de derechos.
4. Aumentar el compromiso entre los gobiernos, los movimientos campesinos, pesqueros y pastoriles, los grupos de mujeres, las organizaciones de trabajadores rurales y los pueblos indígenas para planificar transiciones justas, informadas por los derechos de la UNDROP.

«La crisis climática es inseparable de la crisis de la injusticia rural», dijo el presidente del Grupo de Trabajo. «Los campesinos y los trabajadores rurales alimentan al mundo y enfrían el planeta. Reconocer y proteger sus derechos no es caridad, es la base de una respuesta eficaz, responsable y justa al cambio climático».

FIN

*Los expertos:

El Grupo de Trabajo sobre Campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales está compuesto por cinco expertos independientes de todas las regiones del mundo. El Presidente- Relator es Carlos Duarte (Colombia) y los Vicepresidentes son Davit Hakobyan (Armenia) y Uche Ofodile (Nigeria); otros miembros son Shalmali Guttal (India) y Geneviève Savigny (Francia).

Los relatores especiales, expertos independientes y grupos de trabajo son expertos independientes en derechos humanos nombrados por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. En conjunto, estos expertos se denominan Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Los expertos de los procedimientos especiales trabajan de forma voluntaria; no son funcionarios de las Naciones Unidas y no reciben salario por su trabajo. Si bien la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas actúa como secretaría de los procedimientos especiales, los expertos actúan a título individual y son independientes de cualquier gobierno u organización, incluidos el ACNUDH y las Naciones Unidas. Las opiniones o puntos de vista expresados son exclusivamente los del autor y no representan necesariamente los de las Naciones Unidas o el ACNUDH.

Las observaciones y recomendaciones específicas por país de los mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas, incluidos los procedimientos especiales, los órganos creados en virtud de tratados y el Examen Periódico Universal, pueden consultarse en el Índice Universal de Derechos Humanos https://uhri.ohchr.org/en/

Para consultas y solicitudes de los medios de comunicación, póngase en contacto con: Jamshid GAZIYEV, secretario del Grupo de Trabajo sobre los campesinos y los trabajadores rurales (jamshid.gaziyev@un.org)

Para consultas de los medios de comunicación relacionadas con otros expertos independientes de las Naciones Unidas, póngase en contacto con Maya Derouaz (maya.derouaz@un.org) o Dharisha Indraguptha (dharisha.indraguptha@un.org)

Siga las noticias relacionadas con los expertos independientes en derechos humanos de las Naciones Unidas en Twitter: @UN_SPExperts.

1. La UNDROP y el Grupo de Trabajo se aplican a una gama muy amplia de personas, incluidas las
   personas dedicadas a la agricultura artesanal o en pequeña escala, la plantación de cultivos, la ganadería, el pastoreo, la pesca, la silvicultura, la caza o la recolección, y la artesanía relacionada con la agricultura o una ocupación relacionada en una zona rural, junto con los pueblos indígenas, los pueblos nómadas y los migrantes, como se explica con más detalle en su artículo 1. ︎
2. Incluyendo el Fondo Verde para el Clima de la CMNUCC, el Fondo de Adaptación del Protocolo de Kioto, los Servicios para el Medio Ambiente Mundial, los Fondos de Inversión Climática administrados por el Banco Mundial y los fondos nacionales de adaptación, entre otros. ︎

La entrada Declaración del Grupo de Trabajo de la ONU sobre los Derechos de los Campesinos y otras personas que trabajan en áreas rurales con motivo de la COP30, Belém, Brasil se publicó primero en Defending Peasants' Rights.

Nota del editor:

La visita de los expertos, inicialmente planificada del 4 al 14 de noviembre de 2025, fue pospuesta a pesar de su momento crucial, tras las recientes protestas en Ecuador que fueron respondidas con un estado de excepción y medidas de represión en las que organizaciones indígenas, rurales y ambientales — entre los principales representantes de los/las titulares de derechos amparados por la UNDROP— fueron acusadas de «terrorismo» y vieron congeladas sus cuentas bancarias. Estas manifestaciones encendieron alarmas urgentes sobre problemas apremiantes directamente vinculados a la UNDROP, como los derechos a la tierra, al agua y a un medio ambiente sano, los cuales se vieron amenazados por la eliminación de los subsidios a los combustibles y el avance de proyectos mineros en territorios indígenas.

En este contexto, los expertos explicaron que una visita habría brindado una oportunidad vital para trabajar con el Gobierno a fin de encontrar respuestas basadas en los derechos humanos a estas preocupaciones.

Subrayaron que Ecuador ha reafirmado repetidamente su compromiso con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales (UNDROP). Los expertos también recalcaron que esta declaración ofrece un marco claro para abordar las desigualdades profundas que enfrentan las comunidades rurales y puede ayudar a moldear políticas públicas que promuevan la soberanía alimentaria, la preservación ambiental y la justicia social.

Leer la declaración completa:

5 de noviembre de 2025

GINEBRA – Un grupo de expertos en derechos humanos* ha anunciado hoy que su visita a Ecuador, prevista del 4 al 14 de noviembre de 2025, ha sido cancelada después de que el Gobierno solicitara reprogramarla para la segunda mitad de 2026.

«Las recientes protestas en todo el país reflejan preocupaciones profundas sobre los derechos a la tierra y al agua, la degradación medioambiental, así como el aumento del coste de la vida y la creciente inseguridad y violencia», ha declarado el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre los derechos de los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales.

«Una visita al país en este momento nos habría permitido colaborar con el Gobierno para identificar soluciones de derechos humanos a estas cuestiones urgentes».

Los expertos señalaron que la visita habría sido una oportunidad valiosa para entablar un diálogo constructivo con el Gobierno y las comunidades para la promoción de los derechos de los campesinos y los trabajadores rurales en Ecuador.

«La visita al país habría brindado una plataforma importante para identificar enfoques basados en los derechos humanos frente a los desafíos urgentes que enfrentan actualmente las comunidades campesinas e indígenas en Ecuador», afirmó el Grupo de Trabajo. «A la luz de las recientes protestas y la respuesta del Gobierno a las mismas, este diálogo habría sido especialmente relevante para debatir formas de abordar las causas subyacentes de los conflictos y fortalezer la confianza entre las comunidades y las instituciones».

Los expertos reiteraron que el reconocimiento progresivo por parte de Ecuador de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales (UNDROP) ofrece una hoja de ruta concreta y basada en principios para abordar las desigualdades e injusticias estructurales que afectan a las comunidades campesinas, los pueblos indígenas, los pescadores artesanales y los trabajadores rurales.

«Seguimos convencidos de que la implementación de la UNDROP puede ayudar a orientar las políticas públicas para garantizar la soberanía alimentaria, la protección del medio ambiente y la justicia social», señalaron los expertos, expresando asimismo su disposición a apoyar y cooperar con las autoridades ecuatorianas en la promoción de los derechos de los campesinos y los trabajadores rurales en el país.

El Grupo de Trabajo sobre los Campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales está compuesto por cinco expertos independientes de todas las regiones del mundo. El presidente-relator es Carlos Duarte (Colombia) y los demás miembros son Geneviève Savigny (Francia), Shalmali Guttal (India), Uche Ewelukwa Ofodile (Nigeria) y Davit Hakobyan (Armenia).

Los relatores especiales, expertos independientes y grupos de trabajo son expertos independientes en derechos humanos nombrados por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. En conjunto, estos expertos se denominan «procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos». Los expertos de los procedimientos especiales trabajan de forma voluntaria; no son funcionarios de las Naciones Unidas y no reciben un salario por su trabajo. Si bien la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas actúa como secretaría de los procedimientos especiales, los expertos actúan a título individual y son independientes de cualquier gobierno u organización, incluidos el ACNUDH y las Naciones Unidas. Las opiniones o puntos de vista expresados son exclusivamente los del autor y no representan necesariamente los de las Naciones Unidas o el ACNUDH.

Las observaciones y recomendaciones específicas por país de los mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas, incluidos los procedimientos especiales, los órganos creados en virtud de tratados y el Examen Periódico Universal, pueden consultarse en el Índice Universal de Derechos Humanos https://uhri.ohchr.org/en/.

Página de la ONU sobre derechos humanos, página del país: https://www.ohchr.org/es/countries/ecuador

Para consultas y solicitudes de los medios de comunicación, póngase en contacto con: Jamshid GAZIYEV, Secretario del Grupo de Trabajo sobre los campesinos y los trabajadores rurales (jamshid.gaziyev@un.org ).

Para consultas de los medios de comunicación relacionadas con otros expertos independientes de las Naciones Unidas, póngase en contacto con Maya Derouaz (maya.derouaz@un.org ) o Dharisha Indraguptha (dharisha.indraguptha@un.org )

Siga las noticias relacionadas con los expertos independientes en derechos humanos de las Naciones Unidas en X: @UN_SPExperts.

La entrada Ecuador pospone la visita del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre los derechos de los campesinos se publicó primero en Defending Peasants' Rights.

El informe, que pide medidas concretas para la realización efectiva del derecho de participación de las poblaciones rurales, examina el papel central de los/las campesinos/as y los/as trabajadores/as rurales en los sistemas alimentarios mundiales y destaca la importancia de su participación significativa en los procesos de toma de decisiones. Además, describe cómo la garantía de los derechos legales de los/las campesinos, incluida la participación, es esencial para promover la justicia social, fomentar la gestión medioambiental y lograr el desarrollo sostenible.

Lea el informe completo:

Lea también la declaración pronunciada por el actual presidente del Grupo de Trabajo, Carlos Duarte, ante la Asamblea General de las Naciones Unidas al presentar este informe:

La entrada El derecho a la participación – 3er informe del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la UNDROP se publicó primero en Defending Peasants' Rights.

GINEBRA – 15 de octubre de 2025 – En el Día Internacional de las Mujeres Rurales, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre los Derechos de los Campesinos, Campesinas y Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales hizo un llamado urgente a la acción, exigiendo a los Estados y a las empresas que pongan fin a la discriminación sistémica, la violencia y la exclusión económica que enfrentan las mujeres rurales en todo el mundo. A pesar de producir más del 70 % de los alimentos del mundo en desarrollo y liderar los esfuerzos de adaptación al cambio climático, las mujeres campesinas y otras mujeres que trabajan en zonas rurales (mujeres rurales) siguen siendo uno de los grupos más marginados, enfrentando graves violaciones a sus derechos humanos fundamentales.

El llamado urgente a la acción destaca una serie de violaciones de derechos interrelacionadas que configuran las duras realidades que enfrentan las mujeres rurales en todo el mundo. El Grupo de Trabajo insta, por tanto, a los Estados, las instituciones multilaterales, el sector privado y la sociedad civil a respetar y garantizar los derechos de las mujeres rurales, tal como están consagrados en la UNDROP, mediante acciones concretas en sus respectivos ámbitos.

Ver declaración completa (en inglés) a continuación:

La entrada El Grupo de Trabajo de la ONU sobre la UNDROP exige una acción urgente para defender los derechos de las mujeres rurales. se publicó primero en Defending Peasants' Rights.

Entre otros objetivos, este evento pretendía poner de relieve los múltiples retos a los que se enfrentan actualmente las comunidades rurales en todo el mundo. También tenía como objetivo explorar cómo la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales (UNDROP) puede influir en los marcos jurídicos y en las políticas publicas para proteger mejor a estas comunidades, reforzar sus derechos y promover la justicia social. Por último, el evento permitió destacar la movilización de los movimientos campesinos y las organizaciones rurales de toda América Latina, que trabajan a todos los niveles para promover y aplicar la UNDROP.

Como moderadora, Sibylle Dirren, representante de FIAN Internacional ante la ONU, destacó el papel crucial de la UNDROP como poderosa herramienta para defender y promover los derechos de las comunidades rurales.

Carlos Duarte, presidente del Grupo de Trabajo de Expertos de la ONU sobre los derechos campesinos y otras personas que trabajan en zonas rurales, recordó la crítica situación de las comunidades rurales, que se enfrentan al despojo, la falta de acceso a la tierra y al agua, así como al acaparamiento de los recursos naturales. Lamentó las dificultades de las organizaciones campesinas para hacerse oír en los foros internacionales, como las COP o el Convenio Mundial sobre la Diversidad Biológica, a pesar de que estas comunidades se ven directamente concernidas por la protección de la biodiversidad y los retos climáticos. El Sr. Duarte también señaló la persecución y la represión de que son víctimas lxs líderxs campesinxs en muchas regiones del mundo. Por último, insistió en la necesidad de reforzar la participación de las mujeres rurales, a menudo invisibilizadas a pesar de ser «la columna vertebral del mundo campesino».

Alfonzo Simon Raylan, representante del Sindicato de Trabajadores del Mar (SITRAMAR), organización miembro del Foro Mundial de Pueblos Pescadores, dio la voz de alarma sobre la situación de las comunidades pescadoras artesanales de la región indígena de Ngöbe-Buglé (Panamá). Desde 2010, con el pretexto de la conservación del medio ambiente, una prohibición de la pesca priva a estas comunidades de su principal fuente de subsistencia, lo que agrava la pobreza y el hambre. Las poblaciones viven en condiciones difíciles, con acceso limitado a la educación, la atención sanitaria y los servicios básicos. El Sr. Raylan denunció la falta de apoyo del Estado y la violenta represión que sufren los pueblos indígenas cuando defienden sus derechos.

Tres representantes de La Vía Campesina del continente latinoamericano compartieron sus experiencias a través de mensajes vídeo. Martha Huertas Moya, miembro de FENACOA/La Vía Campesina Colombia, presentó un balance alentador para el campesinado colombiano, marginado durante mucho tiempo. El reconocimiento de los derechos campesinos en la Constitución del país y en las políticas públicas ha permitido una mejor distribución de la tierra y la garantía de derechos antes inaccesibles. No obstante, insistió en la necesidad de crear una jurisdicción agraria y rural y de aumentar los presupuestos asignados al mundo campesino para consolidar estos avances. Arturo Aliaga, miembro de la ANAP/La Vía Campesina Cuba, destacó los avances concretos en materia de derechos campesinos, soberanía alimentaria y agroecología en el país. El representante campesino declaró que, gracias a la voluntad política afirmada de las autoridades publicas y a la capacidad de la ANAP de participar directamente en la elaboración de políticas y en la creación de marcos legislativos en la materia, la promoción y la aplicación de la UNDROP son ahora una realidad. Anderson Amaro, representante del MPA/La Vía Campesina Brasil, presentó la forma en que los movimientos sociales rurales brasileños movilizan la UNDROP en su lucha por unas condiciones de vida y de trabajo dignas. Más concretamente, el líder campesino se refirió a la estrategia de promoción en curso, cuyo objetivo es integrar la Declaración en la labor de los actores del sistema judicial nacional, los ministerios competentes y la agenda parlamentaria nacional y departamental.

Adriana Fillol Mazo, profesora de la Universidad de Sevilla y de la Academia de Ginebra, presentó la UNDROP como una herramienta jurídica concreta para proteger a las comunidades rurales. Sin embargo, señaló la existencia de varias amenazas, como la digitalización y las tecnologías agrícolas, que pueden aumentar la dependencia y la exclusión. La falta de relevo generacional también fragiliza el futuro de la agricultura campesina. Las mujeres rurales también se enfrentan a importantes obstáculos para acceder a la tierra y a una vida digna. A esto se suman la presión económica, la violencia y la incertidumbre climática, que están provocando una crisis silenciosa de salud mental en las zonas rurales. Concluyó haciendo un llamamiento para que se considere a lxs campesinxs, pescadorxs y pueblos indígenas no como problemas que hay que gestionar, sino como socios estratégicos esenciales para construir sistemas alimentarios justos, resilientes y sostenibles.

Raffaele Morgantini, representante del CETIM ante la ONU, clausuró el evento con una nota de esperanza para las comunidades rurales, gracias al surgimiento de jurisprudencias progresistas. De hecho, en varios sistemas judiciales están apareciendo sentencias favorables a los derechos campesinos. En Honduras, la Corte Suprema invocó la UNDROP para proteger las semillas campesinas contra la «ley Monsanto», una ley aprobada por el Parlamento que favorecía las semillas industriales y que, por lo tanto, fue derogada. En Colombia, la Corte Constitucional concedió su protección a una pareja de campesinos obligados a abandonar sus tierras tras repetidas inundaciones. En febrero de 2020, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó una sentencia en la que ordenaba el restablecimiento de una población indígena en sus tierras ancestrales, utilizando de manera complementaria la UNDROP y la UNDRIP (Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas). Existen otros ejemplos en Kenia o Canadá, que abarcan derechos relacionados con las semillas y la salud. El Sr. Morgantini destacó que estos avances no habrían sido posibles sin las sólidas alianzas entre los movimientos campesinos, lxs defensorxs de los derechos humanos, lxs juristas, lxs académicxs y el compromiso de las autoridades públicas. Estas colaboraciones permiten transformar los principios en acciones concretas en las comunidades rurales, los tribunales y las políticas nacionales.

Leer también nuestra entrevista exclusiva al Presidente del Grupo de trabajo Carlos Duarte y nuestro articulo sobre el informe de dicho Grupo de trabajo presentado ante la 60a sesion del Consejo de los derechos humanos

La entrada Evento paralelo en la ONU: Desafíos y buenas prácticas en la promoción de los derechos campesinos y trabajadores rurales en América Latina se publicó primero en Defending Peasants' Rights.

La conversación tuvo lugar durante su visita a Ginebra, con motivo de la presentación ante el Consejo de Derechos Humanos del informe recién publicado sobre los desafíos sistémicos que enfrentan los pueblos rurales a nivel mundial. Duarte detalló el proceso de elaboración del documento — marcado por una destacada participación de la sociedad civil — y subrayó sus principales hallazgos y recomendaciones dirigidas a los Estados.

A lo largo de la entrevista, Duarte también reforzó el papel del Grupo de Trabajo que actualmente preside, destacando la importancia de fortalecer la articulación con organizaciones campesinas y rurales como una estrategia clave para avanzar en la implementación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en Zonas Rurales (UNDROP) a nivel global.

Lea la entrevista completa:

• ¿Podría recordarnos qué es el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Declaración UNDROP, ¿cuál es su mandato y cuáles son sus principales objetivos?

Nuestro objetivo principal es trabajar en la difusión de la Declaración a nivel mundial, acompañar técnicamente a los Estados y a la sociedad civil en la comprensión de este instrumento y en su debida implementación. Asimismo, nos interesa mucho, velar por que los derechos de nuestros titulares de derecho, lxs campesinxs y trabajadorxs rurales no sean infligidos por los Estados o por otros actores de la sociedad. Y cuando eso suceda, señalarlo en los mecanismos que tenemos dispuestos.

El Grupo de trabajo está compuesto por cinco expertos y expertas a nivel mundial. Tenemos una experta que tiene todo su trabajo en el proceso de la declaración y forma parte de la Vía Campesina que, es Geneviève Savigny. Ella representa a Europa Occidental, América del Norte, Australia y Japón. También están los representantes de Europa Oriental (Davit Hakobyan), de Asia (Shalmali Guttal) y de África (Uche Ewelukwa Ofodile).

Un poco agregando en el caso mío, yo fui elegido para América Latina y el Caribe.Para mi elección, tuve el apoyo de tres organizaciones campesinas grandes de Colombia que fueron el Coordinador Nacional Agrario, la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina y la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos. Estas tres organizaciones apoyaron mi candidatura y también al Ministerio de Agricultura de Colombia.

• Bajo su presidencia, el Grupo de Trabajo acaba de presentar ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU un informe sobre las tendencias y los riesgos emergentes que enfrentan los titulares de derechos de la UNDROP. ¿Cómo fue el proceso de elaboración de dicho informe?

Nosotros tenemos varias formas de relacionamiento tanto con los Estados como con la sociedad civil y nuestros titulares de derecho.

Quizás la herramienta más próxima que tenemos y que intentamos que se refleje directamente en nuestros informes son las contribuciones que recibimos de parte de la sociedad civil y de los Estados. Este informe se alimenta de contribuciones del año 2024 y 2025 para resaltar los principales retos que enfrentan las comunidades campesinas, así también como para recoger buenas prácticas que existen a nivel mundial. Esa es la herramienta más importante, pero no solamente tenemos esa. También tenemos llamamientos a comunicados que nos hace la sociedad civil, tenemos también visitas técnicas que hacemos tanto a los Estados como a la sociedad civil en apoyo a la implementación de la declaración.

Los diferentes colegas hemos venido acompañando y viajando a nuestras diferentes regiones para acompañar las organizaciones sociales. Y eso también ha sido un insumo importante para este informe. Asimismo, en no pocas ocasiones, organizaciones sociales o diferentes plataformas de ONGs nos invitan a ir a los países para trabajar en el terreno. Este año estuvimos acompañando discusiones alrededor de la alimentación en Argentina, de las semillas en Guatemala, del agua y de las mujeres rurales en Ecuador. Pero también hemos participado en eventos como el del Foro de Nyéléni, al que asistió la compañera Shalmali Guttal, y vamos a participar en el CFS en Roma con Geneviève Savigny. También hemos participado en la COP16 en Cali, donde intentamos mantenernos al tanto de lo que está pensando la sociedad civil y de los debates que se están dando.

También nos alimentamos de bibliografía especializada, de informes oficiales tanto de países como del sistema de Naciones Unidas, para generar un informe que tenga múltiples fuentes de entrada y que, en la medida de lo posible, se pueda cruzar y verificar la información que estamos aportando.

• ¿Cuáles fueron los principales hallazgos y retos identificados en el informe?

Este informe busca evaluar cuál es la situación de lxs campesinxs y trabajadorxs rurales en el mundo y, más extensamente, de todos las y los titulares de derechos. Hace más o menos 12 años, el Comité Consultivo del Consejo de Derechos Humanos de la ONU se encargó de realizar un balance que fue el que sirvió de insumo para generar la Declaración – al darse cuenta de que la situación del campesinado a nivel mundial era crítica. Nuestro objetivo fue ver cómo ha evolucionado la situación desde entonces.

Encontramos que lamentablemente la situación de las poblaciones rurales, de los sujetos de derecho, sigue siendo crítica en el mundo. Las brechas de desigualdad entre las poblaciones rurales y urbanas no han dejado de aumentar. Es más, incrementaron con la pandemia y con las serias inestabilidades, los conflictos y otros procesos asociados al cambio climático. Lamentablemente, tenemos que decir que las poblaciones rurales son las que más hambre experimentan en el mundo, lo cual es una paradoja absoluta. Porque pues, las personas que producen los alimentos son los que más hambre experimentan. Y, definitivamente, hemos notado tres elementos que aparecen transversales en nuestro informe.

Primero, existe una preocupación por la pérdida de territorios, tierra y los medios asociados a la naturaleza para la providencia de las comunidades rurales. Es decir, la tierra y las aguas han estado en constante ejercicio de privatización, tanto así que mencionamos que estamos a las puertas de una oleada de contrarreforma agraria en el mundo. Los índices de propiedad y de concentración de la propiedad han seguido aumentando, y en esa medida proponemos rescatar las políticas de reforma agraria como herramienta imprescindible para trabajar en la simetría de los derechos territoriales. Por otro lado, también proponemos ampliar el concepto de espacio territorial rural más allá de la tierra, incluyendo otras relaciones con la naturaleza, como los océanos y los ríos — territorios esenciales para las poblaciones pescadoras, su territorialidad por excelencia — así como otros espacios como los bosques. Además, es importante considerar a las poblaciones móviles, como los pueblos pastorales y los migrantes laborales.

Entonces, estamos pensando en que el sistema de los países, las Naciones Unidas, la FAO, etc., deberían incluir índices más complejos que solamente el de la propiedad de la tierra, y avanzar en percepciones mucho más territoriales para poder comprender de una mejor manera este fenómeno.

Un segundo elemento que fue muy evidente en las contribuciones fue la cuestión del papel de las mujeres rurales. Después de todos estos años, las mujeres rurales siguen experimentando unas brechas muy fuertes en su participación y en sus liderazgos políticos, pero no solamente en la participación, sino también en el acceso a titulaciones de propiedad o en mecanismos de financiamiento para proyectos de desarrollo rural. Se trata de un trabajo que necesita ser empujado transversalmente para poder cerrar las brechas con respecto a los hombres, que aún son muy importantes.

Un tercer elemento que destacamos tiene que ver con la cuestión de la persecución política o el despojo del campesinado de sus territorios. Es decir, todos los fenómenos de estigmatización continúan siendo asociados a los liderazgos campesinos-rurales, con problemáticas propias de los diferentes Estados y de los espacios rurales, como los actores políticos armados, legales e ilegales, las facciones tribales en algunos lugares, y las economías de uso ilícito. Los Estados tienden a estigmatizar a las poblaciones rurales en sus procesos, que, paradójicamente, son directamente responsabilidad de los propios Estados de control. De una u otra manera, responsabilizan estas comunidades por fenómenos que claramente están fuera de su órbita, y que normalmente ellos mismos sufren como víctimas de esos procesos. Entonces hemos visto que, a nivel mundial, los liderazgos y la defensa del medio ambiente que implementan los titulares de derechos de la UNDROP hace que recurrentemente sean objeto de persecución, criminalización y en no pocos casos de asesinatos y desapariciones forzadas.

Estos tres elementos son transversales en nuestro informe. Hay otras particularidades, pero que más o menos resumen la situación en la cual, si bien se ha avanzado en algunas cosas, la situación sigue siendo muy urgente y precaria para el campesinado y los trabajadores rurales a nivel mundial.

• ¿Qué medidas pueden adoptarse para fortalecer el diálogo y el trabajo colectivo con las organizaciones de los y las titulares de derechos, garantizando una participación efectiva desde las bases?

Yo creo que una de las acciones prioritarias para nosotros como Grupo de trabajo es dar a conocer la Declaración. Ciertamente, esta todavía no tiene el nivel de expansión del conocimiento que debiera tener. Hay múltiples factores que lo explican. Por ejemplo, en el caso africano, la Declaración no ha sido traducida a todos los idiomas tradicionales en África, ni tampoco a los idiomas indígenas de América Latina. Y eso es una restricción, porque no olvidemos que nuestra Declaración tiene que leerse en conjunto y en complementariedad con la UNDRIP (Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas), en la medida que la UNDROP y la UNDRIP son declaraciones complementarias, son declaraciones hermanas. Y tanto para nosotros en la Declaración de campesinado y trabajadores rurales, los Pueblos Indígenas también son sujetos de derecho que se incluyen en la Declaración.  La gente no puede alegar ni defender derechos, si no sabe que los tiene. Y si no conoce la Declaración, difícilmente podrá apropiarse de ella.

En segundo lugar, pensamos que para nosotros como expertxs es vital la invitación de los países y de la sociedad civil a encontrar los diferentes contextos regionales, nacionales, locales. Eso indudablemente le da mucha riqueza a nuestro trabajo. Nosotros como Grupo de trabajo no queremos ser un Grupo de trabajo encerrado en una oficina, sino que, en la medida de lo posible, buscamos estar en contacto con nuestros sujetos de derecho.

Igualmente, sabemos que la cuestión financiera es una restricción importante y tenemos que ser creativos para encontrar la manera de al menos tener el vínculo con las organizaciones sociales. Estamos trabajando con diferentes organizaciones sociales en el mundo, notablemente La Vía Campesina, para ver si podemos también organizar eventos paralelos o eventos virtuales para seguir aminorando el problema de la comunicación y superando también el problema del financiamiento para poder estar en contacto con las organizaciones y los titulares de derecho.

Indudablemente, como Grupo de trabajo, esperamos que la sociedad civil mantenga esa comunicación permanente con nosotros, bien sea a nivel de nuestra dirección mail — que nos llega a todos los miembros del Grupo de trabajo — o también a través de invitaciones que nos pueden hacer para asistir a cada uno de los países. Nosotros estamos absolutamente dispuestos, en la medida que la agenda lo permita, de visitar los diferentes países y comunidades a nivel mundial donde se nos invite. Si podemos lograr superar el financiamiento, tengan la seguridad que nosotros estaremos allá.

• A partir de los hallazgos de su informe, que además destaca algunas buenas prácticas, ¿cuáles serían sus principales recomendaciones para los Estados en la implementación de la UNDROP y en la superación de los desafíos identificados?

Para los Estados, primero que todo, la principal recomendación es avanzar en el conocimiento y en la comprensión de la Declaración. Y para eso, los Estados saben que pueden contar con el Grupo de trabajo. En segunda medida, trabajar en la implementación de la Declaración en sus países.

Hay diferentes mecanismos para implementarla. Se pueden adherir políticamente frente al Consejo de Derechos Humanos, pero lo que recomendamos, sobre todo, es su implementación práctica en las regulaciones y legislaciones nacionales. Creemos que es ahí donde la implementación de la UNDROP tiene mayor valor y potencia de materializarse, bien sea en las constituciones de los países o en decretos sectoriales que afecten directamente la vida de lxs campesinxs y poblaciones rurales.

Igualmente, me parece que una invitación importante para los Estados es pensar al campesinado y a las comunidades rurales no solamente como proveedores de alimentos —que ya por sí es una preocupación importante para las ciudades y para la seguridad y soberanía alimentaria de los países—, sino también de una manera integral. Es decir, lxs trabajadxres del campo y de las aguas no tienen solamente una dimensión económica que aporta alimentos, sino que también una dimensión cultural, territorial, ambiental y social, que es importante complementar. Deberían constituirse enfoques diferenciales en la política pública a diferentes niveles, para lograr que las comunidades rurales permanezcan en sus territorios y que tengan mejores niveles de vida digna

Otra recomendación tiene que ver específicamente con la protección y los derechos a la vida de las comunidades rurales. Esto puede sonar obvio, pero en muchos lugares hay un despojo sistemático debido a la informalidad de la propiedad o a intereses corporativos sobre la naturaleza y el territorio. Los Estados deben pensar que un despojo hoy para las y los campesinos es un peldaño que se afecta a la seguridad y la soberanía alimentaria de sus países.

También nos parece vital ampliar la participación del campesinado y de las comunidades rurales en los escenarios que le corresponden en la vida nacional. Es decir, las comunidades deberías ser consultadas sobre las decisiones que las afectan, tanto en planes, proyectos como en políticas.

• Dado el interés mostrado por países de diferentes regiones durante la presentación del informe, ¿cómo ve usted el papel de los Estados en avanzar hacia la implementación efectiva de la UNDROP en contextos nacionales e internacionales?

El compromiso fundamental de los Estados tiene que ser cumplir la Declaración en su propio país. Digamos que ese es el compromiso mínimo. Hay muchos países en los cuales el campesinado y el mundo rural es parte fundamental de su vida nacional. Muchos países en el mundo siguen siendo profundamente agrarios o rurales. Lo vimos en la presentación de los resultados de este informe: notablemente, todo el bloque africano estuvo muy interesado, así como gran parte de los países de América Latina y de Asia. Incluso países que, en apariencia, no dependen tanto de sus sociedades rurales muestran una preocupación evidente —como es el caso de Europa occidental o de organizaciones sociales de migrantes y trabajadores rurales en Estados Unidos o Canadá— donde la participación de lxs trabajadorxs rurales migrantes es fundamental para la producción de alimentos que se consumen en esos lugares.

Entonces, es una preocupación global. Si pensamos que el hambre es una de las metas del milenio, debemos entender que la protección del campesinado y de lxs trabajadorxs rurales es un pilar fundamental en la lucha contra el hambre en el mundo.

• ¿Cuáles son los próximos pasos y perspectivas futuras del Grupo de Trabajo para fortalecer la implementación y el impacto de la UNDROP?

El Grupo de trabajo tiene siempre una agenda bastante profusa. Afortunadamente, tenemos muchas invitaciones de los Estados y de la sociedad civil, sobre todo para acompañar técnicamente.

Vamos a tener nuestra primera visita a un país en noviembre: Ecuador. Es un contexto muy complejo, agridulce de alguna manera, porque es uno de los primeros países que adoptó la Declaración, ya que su Constitución eleva al mismo rango las Declaraciones y los tratados. Pero, al mismo tiempo, sabemos que hay una tensión social muy fuerte en Ecuador. Esperamos sinceramente poder acompañar al Estado en la comprensión de la Declaración y también a lxs campesinxs, y trabajadorxs rurales que tienen preocupaciones urgentes en este país.

Asimismo, tenemos una agenda de eventos donde pensamos que las preocupaciones del campesinado y del mundo rural deben ser escuchadas. Notablemente, el evento de alimentación en Roma, donde tendremos presencia. También estamos con agendas y con mucha esperanza en el segundo encuentro mundial de reforma agraria en Colombia el año que viene, así como en la COP 17 en Armenia y la COP 30 este año en Brasil. Son espacios importantes para seguir trabajando la dimensión ambiental del campesinado y su inclusión en el Convenio Global de Biodiversidad.

También tenemos varias visitas solicitadas por titulares de derechos. En el área que me corresponde más directamente, tengo compromisos para asistir a Paraguay, Panamá y diferentes lugares para seguir expandiendo el ejercicio. Notablemente, estamos totalmente a disposición de las organizaciones sociales para acompañar sus dudas y apoyarles en su interlocución con los Estados para comprender la Declaración.

• Por último, ¿cuáles son los próximos informes y temáticas que abordará el Grupo de Trabajo?

Una de las primeras actividades que tendremos este año, después de esta presentación del informe, será la presentación del segundo informe en la Asamblea de Nueva York. Este se centrará en un tema que consideramos vital: la participación política reforzada del campesinado y de todas las organizaciones rurales.

Este informe se presentará a mediados de octubre en Nueva York, y esperamos que sea un aporte a las discusiones que estamos llevando a cabo en diferentes escenarios nacionales e internacionales sobre la inclusión de las comunidades y trabajadorxs rurales en los procesos decisionales que lxs afectan.

Igualmente, ya hemos acordado dos temáticas para los informes del próximo año. El siguiente informe, en consonancia con las discusiones del segundo encuentro mundial de reforma agraria, será sobre tierra y territorialidad campesina-rural.

Y el informe de 2026 será sobre un aspecto vital para la reproducción de la vida campesina-rural: las semillas. Este tema tiene un artículo específico en la Declaración —el artículo 19— que esperamos sea un apoyo para muchas comunidades campesinas-rurales en las discusiones con el Convenio de la UPOV, que ha sido muy complejo en diferentes lugares. También será importante para comunidades y pueblos indígenas, para trabajar en consonancia el artículo 19 de la UNDROP y el artículo 25 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Creemos que ambos artículos van de la mano: tanto la propiedad intelectual de las semillas como su propiedad material.

En todos estos informes esperamos la participación de los Estados y de la sociedad civil, pero en especial de los titulares de derechos de la declaración: poblaciones campesinas, indígenas, pastoralistas, pescadores artesanales, asalariados agrícolas, migrantes legales e ilegales que también hacen parte de nuestra declaración. Esperamos contar con todas sus contribuciones, que sin duda enriquecen el debate, y tenerlas en cuenta en los informes que haremos el próximo año. Como hemos expresado anteriormente, para nosotros las contribuciones tanto de la sociedad civil como de los Estados son la principal fuente de trabajo. Se abrirán convocatorias para cada uno de estos informes y esperamos contar con un gran número de contribuciones, como en los informes de 2024 y 2025.

La entrada Entrevista exclusiva con Carlos Duarte (Presidente del Grupo de Trabajo de la ONU sobre la UNDROP) se publicó primero en Defending Peasants' Rights.

Siete años después de la adopción de la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos  Campesinos y otras personas que trabajan en zonas rurales (UNDROP), la situación sigue siendo desigual: algunos avances jurídicos y políticos son innegables, pero las violaciones y amenazas sistémicas persisten, e incluso se intensifican. Durante la 60.ª sesión del Consejo de Derechos Humanos, La Vía Campesina, representada por Alberto Silva por la organización suiza Uniterre y en nombre del CETIM, y FIAN, representada por Alfonzo Simón (Foro Mundial de Pescadores WFFP, organización panameña SITRAMAR), subrayaron la importancia de situar a lxs campesinxs y las comunidades rurales en el centro de las políticas públicas y de proteger sus derechos territoriales y de propiedad frente a las crecientes amenazas.

El segundo informe del Grupo de Trabajo de la ONU presentado ofrece un panorama impactante: acaparamiento de tierras y océanos, “green grabbing” en nombre de la compensación de carbono, violencia y criminalización de lxs defensores, discriminación persistente contra las mujeres rurales. Sin embargo, junto a estos desafíos, el informe también destaca experiencias positivas, donde reformas agrarias, mecanismos judiciales innovadores e iniciativas agroecológicas demuestran que es posible situar a lxs campesinxs en el corazón de las políticas públicas. Entre amenazas crecientes y buenas prácticas inspiradoras, este informe recuerda la urgencia de una acción colectiva para convertir la UNDROP en una verdadera hoja de ruta para la dignidad y la justicia social, económica y climática en las zonas rurales.

Síntesis del 2.º informe sobre la UNDROP: desafíos y recomendaciones

Desde el acaparamiento de tierras y océanos hasta la violencia, criminalización y represión de campesinxs y pescadores, pasando por las semillas, las crisis climáticas, la discriminación y la seguridad social, el último informe del Grupo de Trabajo ofrece un panorama de los desafíos sistémicos a los que se enfrentan las personas titulares de derechos previstos por la UNDROP.

El informe alerta especialmente sobre el aumento del “acaparamiento verde”, es decir, la apropiación de tierras con fines de compensación de carbono. Bajo el pretexto de la protección ambiental sostenible, gigantes de las energías fósiles como Shell continúan invirtiendo masivamente en proyectos de compensación, reforzando así el control de las sociedades transnacionales (STN) sobre las tierras y la financiarización de la naturaleza. Estas prácticas de “green grabbing” representan hoy alrededor del 20 % de todas las adquisiciones de tierras a gran escala, afectando directamente a las comunidades rurales. Lo mismo ocurre con el acaparamiento de los océanos; el programa de economía azul (con acuerdos comerciales y planificación del espacio marino) conduce a la mercantilización de los océanos y a la apropiación de los bienes comunes tradicionales por las STN.

«A nivel mundial, el 1 % de las explotaciones agrícolas hoy en día explotan el 70 % de las tierras agrícolas mundiales, mientras que el 84 % de las explotaciones agrícolas solo controlan el 12 % de las tierras agrícolas. El 10 % más rico de la población rural acapara el 60 % del valor de las tierras agrícolas, mientras que el 50 % más pobre solo acapara el 3 %.» cf. Informe A/HRC/60/33 del Grupo de Trabajo sobre los Derechos Campesinos, parte II.F. sobre la concentración de la propiedad de la tierra.

En un contexto de fuerte competencia por la tierra y los recursos, las comunidades rurales sufren violencia, desalojos forzosos, destrucción y represión.

Los derechos de las mujeres campesinas, en particular en materia de propiedad de la tierra, participación política y acceso a los recursos, siguen siendo ampliamente vulnerados debido a normas patriarcales, marcos legales discriminatorios y opresiones interseccionales relacionadas con el género, la ruralidad, la clase o la etnia. Las mujeres campesinas enfrentan exclusión de la toma de decisiones, privación de herencia y control agrícola, sobrecarga de trabajo doméstico no remunerado, violencia de género y acceso restringido a la educación y la atención sanitaria. Esta discriminación estructural aumenta la pobreza y la inseguridad alimentaria, revelando la urgencia de reformas legales, sociales y económicas para garantizar sus derechos y la justicia.

A pesar de ello, el informe también recoge buenas prácticas observadas en algunos Estados, entre ellas: en Mali, la nueva ley sobre tierras agrícolas, elaborada en el marco de una plataforma multi-actor, se cita como un buen ejemplo de participación adecuada y efectiva de los campesinos en los procesos políticos; en Colombia, la creación del tribunal agrícola tiene como objetivo asegurar la presencia de jueces y fiscales dedicados exclusivamente a la resolución rápida y simplificada de los conflictos agrarios; la ley de tierras de Ghana incluye una protección innovadora que anula cualquier decisión o práctica del régimen de tierras consuetudinarias que genere discriminación.

El Grupo de Trabajo recomienda, entre otras cosas, fortalecer el reconocimiento jurídico y la protección de las organizaciones campesinas, sindicatos, cooperativas y movimientos de defensa de los derechos de la tierra, así como de los derechos territoriales de todas las personas titulares de derechos. Llama a derogar las leyes antiterroristas y de orden público utilizadas para criminalizar las luchas campesinas, a llevar a cabo reformas agrarias equitativas, a eliminar prácticas discriminatorias hacia las mujeres rurales y a reorientar las políticas agrícolas. Los expertos insisten en la necesidad de que los Estados reconozcan la UNDROP, integren los derechos campesinos en sus marcos institucionales y jurídicos, así como en las estrategias climáticas, para garantizar que los financiamientos apoyen directamente sus soluciones, en lugar de los intereses comerciales de las STN.

Leer el informe: https://www.ohchr.org/en/documents/thematic-reports/ahrc6033-rights-peasants-and-other-people-working-rural-areas-report

El diálogo interactivo en la sesión plenaria del Consejo de Derechos Humanos de la ONU

El pasado miércoles 17 de septiembre de 2025, durante la 60.ª sesión del Consejo de Derechos Humanos, el Presidente del Grupo de Trabajo sobre Derechos Campesinos, Sr. Carlos Duarte, presentó el 2.º informe del Grupo en sesión plenaria. Si bien es motivo de alegría el creciente número de países que reconocen los Derechos Campesinos en sus Constituciones y legislaciones, también aumentan las amenazas y la violencia hacia las comunidades rurales e indígenas. Ante esto, Carlos Duarte recuerda que la UNDROP es una hoja de ruta clara y que es hora de actuar colectivamente para garantizar una vida digna a los campesinos.

Durante el diálogo interactivo, la mayoría de los Estados destacó que lxs campesinxs son esenciales en la lucha contra la pobreza y para la seguridad alimentaria. Se expresó gran preocupación por la concentración de tierras en manos de unos pocos y los problemas de acceso a la tierra. Los Estados insistieron en la necesidad de políticas rurales sostenibles, mejor acceso a la tierra, agua, crédito y mercados, y recordaron que lxs campesinxs deben participar directamente en las decisiones que les afectan. Varios países (Bolivia, Gambia, Ghana, Tanzania, Camerún, Malaui, Honduras, México, Sudán, Cuba, Venezuela) destacaron desafíos recurrentes: acaparamiento de tierras, criminalización de los defensores de derechos humanos, estigmatización, discriminación de género, violencia, efectos del cambio climático y conflictos armados. Insisten en la importancia de políticas agrícolas resilientes, prácticas sostenibles y financiamiento climático dirigido a soluciones campesinas más que comerciales. Muchos Estados reafirmaron su apoyo al Grupo de Trabajo y su voluntad de cooperación, y también llaman a proteger a los defensores de los derechos campesinos y a garantizar mecanismos de implementación más sólidos de la UNDROP.

Además, presentaron acciones emprendidas para promover e implementar los derechos campesinos: en materia de tierras, Colombia ha iniciado una Reforma Rural Integral derivada del acuerdo de paz, mientras que Côte d’Ivoire, Malaui, Togo, Burkina Faso e India han adoptado leyes o creado agencias para regularizar y asegurar el acceso a la tierra. Varios países destacaron iniciativas específicas a favor de las mujeres rurales: entrega de títulos de propiedad, programas de empoderamiento en Azerbaiyán, México, Malasia y Bangladesh. Otros han reforzado la protección social y los servicios básicos en las zonas rurales, como Portugal, España y Argelia, así como programas de apoyo económico y técnico a pequeños productores (Gambia, Camerún, Egipto, Irak). Por último, algunos Estados insistieron en medidas para aumentar la resiliencia frente al cambio climático mediante la promoción de prácticas agrícolas sostenibles, acceso a crédito e insumos resistentes (Bangladesh, Brasil, Indonesia, Irán).

Alberto Silva de La Via Campesina (representante de la organización suiza Uniterre) hablando en nombre del CETIM destacó que el informe del Grupo de Trabajo presenta experiencias positivas que pueden inspirar a todos los Estados miembros. “Estas demuestran que situar a los campesinos en el centro de las políticas públicas permite mejorar las condiciones de vida y trabajo en las zonas rurales”, además alertó sobre los desafíos existenciales a los que se enfrenta la humanidad: acaparamiento de tierras, erosión de la biodiversidad, amenaza sobre las semillas por la selección industrial y la degradación ambiental.

“Ante estas amenazas, la UNDROP es una herramienta jurídica y política eficaz y concreta, que permite fortalecer los marcos legislativos nacionales y abrir espacios de diálogo inclusivo. Llamó a los Estados a colaborar con lxs campesinxs y el Grupo de Trabajo para avanzar en los derechos campesinos consagrados en la UNDROP”.

Alfonzo Simón, del Foro Mundial de Pescadores WFFP (representante de la organización panameña SITRAMAR), hablando en nombre de FIAN, agradeció al Grupo de Trabajo por su informe, el cual reconoce la erosión de los derechos territoriales (tierra, ríos, aguas…).
Los pescadores, pueblos indígenas y comunidades rurales de Panamá enfrentan una fuerte represión cuando defienden sus derechos o resisten los desplazamientos forzados. Aunque son guardianes de la biodiversidad y de los sistemas alimentarios, sus modos de vida están cada vez más amenazados por la industria agroalimentaria y extractiva, así como por agendas de conservación como la iniciativa 30×30.

“Nosotros, los pescadores y pescadoras indígenas, no somos una amenaza para la biodiversidad, somos sus guardianes y guardianas. Nuestras voces deben ser escuchadas y nuestros derechos protegidos.”

Alfonzo vino desde Panamá para denunciar la situación urgente de los pescadores y pescadoras indígenas Ngäbe Buglé, quienes están siendo amenazados por el gobierno con la suspensión de la pesca en la isla Escudo de Veraguas, su último sitio ancestral de pesca.
Solicita al Grupo de Trabajo que inste al Estado panameño a poner fin a estas medidas, a la violencia, y que reconozca sus derechos (consagrados por la UNDRIP y la UNDROP), así como que garantice su participación en las decisiones que impactan su forma de vida.

Véase también la cartilla informativa sobre este informe, elaborada por el Instituto de Estudios Interculturales (Pontificia Universidad Javeriana de Cali) y el Observatorio de Tierras.

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El seminario web contó con el honor de la distinguida presencia de la Sra. Shalmali Guttal, miembro del Grupo de Trabajo de la ONU sobre la UNDROP, quien proporcionó no solo una visión general, sino también una interpretación del entendimiento del Grupo de Trabajo sobre el Artículo 1 de la declaración, que define a sus titulares de derechos.

Además, una pluralidad de sectores rurales –representados a través de sus movimientos/organizaciones globales– participó en el panel de titulares de derechos, aportando sus luchas en relación con nuestros esfuerzos compartidos para implementar los derechos de los pueblos rurales consagrados en la UNDROP, tanto a nivel internacional como nacional. Los siguientes movimientos y organizaciones ofrecieron valiosas contribuciones en esta importante reunión de titulares de derechos de la UNDROP:

• Alianza Mundial de Pueblos Indígenas Nómadas (WAMIP)
• Federación Internacional de Movimientos de Adultos Rurales Católicos (FIMARC)
• Foro Mundial de los Pueblos Pescadores (WFFP)
• Unión Internacional de Asociaciones de Trabajadores de la Alimentación, Agricultura, Hoteles, Restaurantes, Catering, Tabaco y Afines (UITA)
• Asamblea de Mujeres Rurales (RWA)
• La Vía Campesina (LVC)
• Grupo de Contacto de los Nómadas del Mar

Estructura del seminario web:

Introducción [Inicio – 17:23]: Defendiendo los Derechos Campesinos (defendingpeasantsrights.org) y FIAN Internacional

Comprendiendo el Artículo 1 de la UNDROP [17:23 – 33:13]: Sra. Shalmali Guttal – Grupo de Trabajo de la ONU sobre la UNDROP

Mesa redonda de titulares de derechos de la UNDROP [33:13 – 01:44:09]: Moderación a cargo de CETIM; Ponentes: Fernando García-Dory – WAMIP; Modesta Arevalo – FIMARC; Jones Thomas – WFFP; Sue Longley – UITA; Norah Mlondobozi – RWA; David Otieno – LVC; Henri Simarmata – Grupo de Contacto de los Nómadas del Mar

Comentarios finales [01:44:09 – Fin]: Academia de Ginebra de Derecho Internacional Humanitario y Derechos Humanos

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La Vía Campesina Brasil presentó una contribución escrita (disponible en inglés y portugués) en respuesta al llamado del Grupo de Trabajo de la ONU sobre la UNDROP, delineando los principales desafíos del campesinado brasileño. Elaborado colectivamente tras la realización de una formación sobre la UNDROP para organizaciones brasileñas de la LVC, el texto también presenta una visión colectiva sobre el estado actual del derecho a la participación de los campesinos y campesinas en Brasil.

Durante los meses de enero y marzo de 2025, se realizó una formación sobre la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Campesinos y de las Campesinas (UNDROP) para organizaciones miembro de La Vía Campesina en Brasil, con el apoyo de la organización de derechos humanos Terra de Direitos y del CETIM. Esta fue la primera formación sobre la UNDROP dirigida a movimientos sociales y organizaciones rurales de base en Brasil, siendo un ejemplo práctico de la implementación de la estrategia de La Vía Campesina Internacional de realizar capacitaciones sobre la Declaración para sus bases en los más diversos países.

El objetivo de la formación no fue solo dar a conocer la UNDROP entre sus titulares de derechos, sino también facilitar y fomentar una apropiación popular de esta Declaración en sus luchas políticas y jurídicas a nivel local, nacional, regional e internacional. La formación también tuvo como objetivo central la elaboración de un plan estratégico para incidir en diversas instancias gubernamentales, jurídicas y políticas, buscando la implementación de la Declaración con la participación activa de campesinos, campesinas y otros pueblos rurales cuyos derechos están consagrados en la UNDROP.

En el marco de esta primera formación en Brasil, las y los participantes de los diversos movimientos sociales que integran La Vía Campesina Brasil estudiaron la historia del proceso de construcción de la UNDROP y el contenido del instrumento, destacando los derechos a la tierra, a la biodiversidad, a las semillas y a la soberanía alimentaria. En un segundo momento, discutieron casos concretos de violaciones a los derechos establecidos por la UNDROP ocurridos en territorio nacional, perpetrados principalmente por empresas transnacionales y terratenientes del agronegocio.

Aprovechando el capital político de los movimientos sociales presentes, impulsar la implementación de la UNDROP desde una perspectiva popular es crucial en el arduo y prolongado trabajo por la justicia social, la reforma agraria y la soberanía alimentaria en el medio rural brasileño. En este sentido, el plan estratégico elaborado colectivamente durante la formación aportó una importante claridad sobre el camino a seguir para promover e implementar la UNDROP en Brasil y traducir sus disposiciones tanto en el ámbito legal como en las políticas públicas.

Entre las diversas iniciativas a realizar, se encuentra la incidencia ante las Naciones Unidas (ONU), especialmente ante su recién creado Grupo de Trabajo (GT) sobre la UNDROP. Al participar en los debates del GT y colaborar con su trabajo, las organizaciones campesinas y rurales alrededor del mundo pueden utilizar este mecanismo internacional para avanzar en la implementación de la UNDROP en sus respectivos países. Después de todo, una de las funciones del GT es precisamente recomendar, apoyar y acompañar a los países miembros de la ONU en la implementación de la Declaración, para que esta pueda ser un vector directo en la elaboración de políticas públicas, programas y leyes que realmente reparen las desigualdades en el campo.

En marzo de 2025, el GT lanzó una convocatoria pública para que organizaciones campesinas y rurales, así como gobiernos y otras instituciones, colaborarán con sus próximos dos estudios, en los que se abordarán los siguientes temas: i. tendencias globales en los desafíos que afectan a los campesinos y las campesinas; ii. derecho de los campesinos y campesinas a la participación equitativa. Así, La Vía Campesina Brasil, a través de la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT), el Movimiento de los Pequeños Agricultores (MPA), el Movimiento de los Afectados por Represas (MAB), el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST), junto con Terra de Direitos y con el apoyo técnico del CETIM, presentó un documento para contribuir a los estudios del GT desde los desafíos del campesinado brasileño. El documento, disponible aquí (en inglés y portugués), presenta una perspectiva colectiva sobre la actual coyuntura de los desafíos de los pueblos rurales en Brasil, cuya síntesis se presenta a continuación:

Los campesinos, las campesinas, pescadores artesanales, pueblos tradicionales y trabajadores rurales en Brasil enfrentan desafíos estructurales que amenazan sus modos de vida y derechos fundamentales. La concentración de tierras y los conflictos agrarios se agravan por la falta de reforma agraria y la privatización de áreas comunes, llevando a violencias e impunidad. Además, el acceso a políticas públicas es limitado por la burocracia, la falta de asistencia técnica e infraestructura, mientras que la crisis climática y los grandes proyectos, como represas, desplazan comunidades y degradan el medio ambiente. La identidad cultural campesina también es amenazada por el avance del agronegocio, que sustituye prácticas sostenibles por monocultivos e intensifica el uso de agrotóxicos. La criminalización de las luchas por derechos territoriales y la falta de acceso a la justicia también perpetúan la vulnerabilidad de estas poblaciones, especialmente indígenas, quilombolas y comunidades extractivistas, que sufren violencias y exclusión social.

El derecho a la participación de campesinos y trabajadores rurales en decisiones políticas aún enfrenta barreras significativas en Brasil. La exclusión de estos grupos se manifiesta en la falta de acceso a información, la dificultad de representación política efectiva y la ausencia de consultas previas, libres e informadas, especialmente en procesos de licenciamiento ambiental y formulación de políticas públicas. Comunidades tradicionales, como indígenas y quilombolas, frecuentemente ven sus derechos violados, sin canales adecuados para influir en decisiones que impactan sus territorios y modos de vida. Además, la marginalización política se agrava por la predominancia del agronegocio, que concentra poder y recursos, limitando la voz de la agricultura familiar y los pequeños productores en espacios decisorios nacionales e internacionales.

A pesar de estos desafíos, existen mecanismos y políticas que buscan ampliar la participación rural, como los Consejos de desarrollo agrícola (CONDRAF), foros de discusión y programas de fortalecimiento de la agricultura familiar. La Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Campesinos y las Campesinas (UNDROP) y el Convenio 169 de la OIT ofrecen bases legales para exigir consultas participativas. Sin embargo, la efectividad de estos instrumentos depende de la presión social, el acceso a la justicia y el compromiso del Estado en garantizar que las voces del campo sean escuchadas. Los movimientos sociales han desempeñado un papel crucial en esta lucha, promoviendo marchas, ocupaciones de tierras e incidencia política para asegurar que los derechos participativos no sean solo formales, sino concretos y transformadores.

Al igual que La Vía Campesina Brasil, la realización de procesos formativos sobre la UNDROP a nivel nacional y/o regional, la elaboración de un plan estratégico por parte de los movimientos locales para su promoción y la participación en el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Derechos Campesinos son pasos esenciales para implementar la UNDROP. Este es un camino fundamental para dar vida a la Declaración desde las bases, mediante la apropiación de sus derechos por los y las titulares de derechos y la incorporación de la UNDROP en sus luchas políticas y jurídicas por la justicia social y los derechos humanos de los pueblos del campo.

La entrada Desafíos del campesinado brasileño: La UNDROP como herramienta de lucha se publicó primero en Defending Peasants' Rights.

El Movimiento para la Reforma Agraria y Agrícola (MONLAR), que representa a más de 5.000 trabajadores campesinxs de Sri Lanka, presentó recientemente una solicitud al gobierno en la que enumera varios casos de violación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos Campesinos y Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales, de la que Sri Lanka es signataria. También instó al Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Declaración a iniciar una evaluación sobre cómo las condiciones del FMI, otras instituciones financieras internacionales y la arquitectura global de la deuda violan los derechos humanos de campesinxs y trabajadores. La solicitud, de la que se reproduce un extracto a continuación, también revela cómo las instituciones financieras globales han implementado reformas económicas que han transferido la carga de la estabilización económica a los sectores más pobres de la sociedad mediante medidas de austeridad.

1,65 millones de campesinxs y pequeños productores de alimentos de Sri Lanka trabajan en menos de 2 hectáreas cada uno y, sin embargo, producen el 80% de los alimentos del país. Pero las políticas económicas impulsadas por la deuda y defendidas por el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial y el Banco Asiático de Desarrollo (BAD) han acabado con la autonomía de campesinxs y pescadores en la producción de alimentos y con su capacidad para garantizar la soberanía alimentaria. A través de diversos programas de ajuste estructural, las Instituciones Financieras Internacionales (IFI) empujan a Sri Lanka a dar prioridad a los cultivos comerciales para la exportación frente a los alimentos para el consumo interno. Las reformas agrícolas orientadas a la exportación, que integraron la agricultura intensiva en capital, han favorecido a las agroindustrias y debilitado a campesinxs y pequeños pescadores al hacerlos dependientes del mercado para insumos como semillas, fertilizantes, redes de pesca y embarcaciones. Como consecuencia del creciente coste de la producción de alimentos, campesinxs y pescadores están profundamente endeudados, desposeídos de sus tierras, convertidos en jornaleros agrícolas en sus tierras y emigrando a zonas industriales locales o al extranjero como trabajadores en régimen de servidumbre.

El fracaso del actual sistema agrícola a la hora de crear medios de vida dignos para campesinxs y otros trabajadores de las zonas rurales queda patente en los altísimos niveles de concentración de la pobreza en las zonas rurales y de plantaciones, donde vive más del 80% de los pobres de Sri Lanka.

Sri Lanka se enfrentó a una de las peores crisis económicas en 2022 al incumplir el pago de su deuda externa en abril de 2022. La crisis económica tuvo un impacto devastador en las comunidades rurales, provocando la duplicación de los índices de pobreza. El FMI, otras IFI y acreedores privados han utilizado la crisis y el impago de la deuda para empujar a Sri Lanka a su 17º programa con el FMI, un Servicio Ampliado del Fondo de 48 meses por valor de unos 3.000 millones de dólares.

El Movimiento por la Reforma Agraria y de la Tierra (MONLAR), que representa a más de 5.000 trabajadores campesinos de Sri Lanka, presentó recientemente al gobierno un escrito en el que enumera varios casos de violación de la Declaración de la ONU sobre los derechos de los campesinos y otras personas que trabajan en zonas rurales, de la que Sri Lanka es signataria.

La presentación, de la que reproducimos un extracto a continuación, también revela cómo las instituciones financieras mundiales han impuesto reformas económicas que han transferido la carga de la estabilización económica a los sectores más pobres de la sociedad a través de medidas de austeridad.

Violación del Artículo 2: Responsabilidad del Estado

Dos días antes de las elecciones presidenciales de septiembre de 2024, Sri Lanka se vio obligada a firmar un acuerdo con acreedores internacionales para reestructurar su deuda con prestamistas privados. Este acuerdo, que no se hizo público ni se debatió con el público, ni siquiera en el Parlamento de Sri Lanka, obligó al país a priorizar el pago de la deuda sobre los derechos de la población de Sri Lanka. Afectará gravemente a la capacidad del gobierno para invertir en la producción de alimentos, el desarrollo de los medios de subsistencia rurales y la seguridad social de las comunidades rurales.

Violación del artículo 4: No discriminación contra la mujer

A pesar de que su contribución no se reconoce ni se refleja en los marcos políticos nacionales, la participación de las campesinas en la producción alimentaria de Sri Lanka es fundamental. Las campesinas se enfrentan a numerosas barreras que les impiden alcanzar su pleno potencial: la falta de acceso y control sobre los recursos naturales, los mercados, los servicios financieros, la tecnología y las responsabilidades de cuidado. Sin embargo, las campesinas apoyan la producción de alimentos como miembros no remunerados de la familia, trabajadoras agrícolas o a través de huertos domésticos. Sin embargo, no se les reconoce ni se les da importancia en el gasto público a nivel macro. Por lo tanto, están excluidas a dos niveles: como mujeres y como pequeñas productoras de alimentos.

Violación del artículo 15: derecho a la alimentación y soberanía alimentaria

La desnutrición y la malnutrición han sido siempre motivo de grave preocupación en Sri Lanka, donde el 32,6% de las mujeres de entre 15 y 49 años padecen anemia y el 15,9% de la niñez presentan deficiencias por bajo peso al nacer. La situación ha empeorado entre las familias de los trabajadores agrícolas del sector de las plantaciones. A pesar de ser considerado un país “agrícola”, Sri Lanka depende en gran medida de la importación de alimentos. La vulnerabilidad de nuestra seguridad alimentaria se pone de manifiesto durante crisis como la pandemia, conflictos geopolíticos como la guerra entre Ucrania y Rusia, y la escasez de divisas.

La crisis económica de 2022 ha empeorado aún más la situación. Según el Programa Mundial de Alimentos, en enero de 2023, 6,3 millones de personas, es decir, más del 30% de la población de Sri Lanka, sufrían “inseguridad alimentaria” y necesitaban ayuda humanitaria. De ellas, unos 5,3 millones reducían o se saltaban comidas, y al menos 65.600 personas padecían inseguridad alimentaria grave. El aumento del IVA también disparó la inflación de los alimentos.

Violación del Artículo 16: Derecho a unos ingresos y medios de vida dignos y a los medios de producción

Las reformas económicas aplicadas a través del 17º programa del FMI han transferido la carga de la estabilización económica a los sectores más pobres de la sociedad a través de medidas de austeridad. La aplicación de los precios de la energía con recuperación de costes recomendados por el FMI casi ha triplicado los precios del combustible y la electricidad, lo que ha tenido efectos devastadores en los medios de subsistencia de los campesinos y la pesca. Los impuestos sobre equipos, semillas e insumos químicos han aumentado los costes de producción, sumiendo a los campesinos en la pobreza y el endeudamiento.

El endeudamiento de campesinxs y pescadores está vinculado principalmente a la expansión de la agricultura intensiva en capital y a la proliferación de los préstamos con ánimo de lucro por parte de bancos y sociedades financieras, como los préstamos de microfinanciación. Con la retirada del Estado de la concesión de créditos agrarios, el endeudamiento se ha convertido en una característica permanente en la vida de campesinxs y pescadores. Los suicidios entre campesinxs en la década de 1990 y entre las campesinas después de 2015 ilustran el carácter prolongado del endeudamiento en el sector agrario. Según las estadísticas nacionales de 2019, el endeudamiento es más frecuente en el sector rural y en el sector de las fincas que en el sector urbano. El 60,9% y el 64,4% de los hogares de los sectores rural y de las fincas, respectivamente, están endeudados. Vavuniya y Polonnaruwa, zonas predominantemente agrícolas, situadas también cerca de los mayores molinos arroceros propiedad de particulares, registraron las mayores incidencias de endeudamiento, con un 76,1% y un 70,3% de hogares endeudados.

Violación del Artículo 17: Derecho a la tierra

Las IFI, como el FMI y el Banco Mundial, abogan desde hace tiempo por privatizar los mercados de tierras en Sri Lanka. Los títulos de propiedad de la tierra se distribuyen a lxs agricultores levantando las restricciones para que lxs campesinxs vendan sus tierras proporcionadas por el Estado a personas ajenas a él, lo que ha sido una antigua exigencia de estas IFI. Con el actual programa del FMI, esta exigencia ha vuelto a la palestra, y el gobierno ha introducido un nuevo programa para proporcionar títulos de propiedad de la tierra a lxs campesinxs. Con la actual crisis económica y el endeudamiento de lxs campesinxs, MONLAR y muchas otras organizaciones temen que esta medida conduzca al despojo a gran escala de las tierras de lxs campesinxs.

En la actualidad, el Estado no reconoce el derecho consuetudinario a la tierra, por lo que muchos campesinxs han perdido las tierras que han cultivado y en las que han vivido durante generaciones. Debido a la falta de reconocimiento de la tenencia, muchas comunidades se ven desplazadas cuando llegan a sus pueblos proyectos y urbanizaciones a gran escala.

Aunque han pasado 15 años desde el final de la guerra, grandes extensiones de tierra en el Norte siguen bajo ocupación militar. Las comunidades minoritarias han utilizado estas tierras durante generaciones, antes y durante la guerra, y ocupan un lugar clave en sus medios de vida y su cultura. Algunos de los residentes de estas tierras son desplazados internos, mientras que otros siguen viviendo en campos de desplazados internos.

Violación del artículo 24: derecho a la vivienda

Incluso después de 200 años, los descendientes de las personas traídas a Sri Lanka desde el sur de la India como trabajadores contratados (comunidad Malaiyaga) en las plantaciones de té y caucho de Sri Lanka no son propietarios de sus viviendas ni de sus tierras. Se vieron obligados a vivir en las tierras de las plantaciones (propiedad del Estado y de empresas privadas) en viviendas de muy baja calidad. Carecen de acceso a la tierra para su producción alimentaria y siguen siendo vulnerables a los desalojos por parte de los terratenientes: las empresas de las plantaciones.

Recomendaciones al Gobierno de Sri Lanka

1. Salir inmediatamente de los acuerdos en curso con el FMI y de reestructuración de la deuda, ya que son desfavorables y perjudiciales. El gobierno debe negociar nuevos acuerdos que garanticen el desarrollo económico sostenible del país y los derechos socioeconómicos de campesinos, trabajadores y otras comunidades pobres y vulnerables.
2. Introducir las reformas necesarias en el marco jurídico y político local para hacer valer los derechos consagrados en el UNDROP. Algunas acciones inmediatas pueden ser:

• Revisar las leyes actuales relativas a la tierra, las semillas, el agua, la biodiversidad y otros recursos naturales para garantizar los derechos de lxs campesinos y otros trabajadores de las zonas rurales.
• Codificación de una nueva Constitución que integre los derechos sociales, económicos y culturales de campesinxs, trabajadores y otros como derechos humanos fundamentales.
• Reconocer la soberanía alimentaria y los derechos de lxs campesinxs y trabajadores rurales como prioridades clave en la formulación de su política agrícola, de desarrollo y económica.
• Realizar una auditoría de la deuda agraria y proporcionar alivio de la deuda, incluida su condonación.
• Reconocer a las mujeres como actores clave en la agricultura, la producción de alimentos y la economía rural. Asignar recursos a través de los presupuestos nacionales y locales para garantizar que las mujeres tengan acceso a recursos financieros accesibles y justos. El gobierno debe apoyar las acciones colectivas de las campesinas en los sistemas de producción, transformación, comercialización y ahorro de alimentos.
• Liberar todas las tierras ocupadas por los militares en el Norte y el Este a sus propietarios originales, y apoyar a los campesinos y otros productores de alimentos para que vuelvan a ganarse la vida en esas tierras.
• Reconocer y cumplir la demanda de la comunidad Malaiyaga de asignar tierras para su vivienda y la producción de alimentos.

MONLAR también pidió al Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Declaración de los Derechos Campesinos y Otras Personas que Trabajan en Zonas Rurales que inicie una evaluación de cómo las condiciones del FMI, otras IFI y la arquitectura de la deuda mundial violan los derechos humanos de los campesinos y trabajadores, y también que inicie un estudio entre países para examinar el impacto de la microfinanciación en las mujeres y el desarrollo rural.

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Hola a todos. Me llamo Shalmali Guttal. Soy miembro del Grupo de Trabajo sobre la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los campesinos y otros trabajadores rurales. Me uno a ustedes desde la India.

La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos (UNDROP) fue adoptada por el Consejo de Derechos Humanos (CDH) y la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2018, mientras que el Grupo de trabajo para su aplicación se estableció en abril de 2024.

Es un honor doble para mí que me hayan invitado a dirigirme a ustedes en esta conmemoración en Indonesia, cuyos líderes crearon e impulsaron la Conferencia Asia-África en Bandung en 1955, y la UNDROP varias décadas después. Hay algunos paralelismos considerables entre la Conferencia y la Declaración que quisiera recalcar:

Fue un líder indonesio, Ali Sastroamidjojo, quien propuso una conferencia de líderes de países recién descolonizados en Asia y África, la cual se llevó a cabo como la Conferencia Asia-África del 18 al 24 de abril de 1955, tras una reunión preparatoria en Bogor en diciembre de 1954. La Conferencia de Bandung dio como resultado la creación del Movimiento de Países No Alineados, la creación del G77 y un nuevo espíritu de solidaridad y cooperación entre todas las regiones del Sur Global.

Fue otro líder indonesio, Henry Saragih, de la Federación de Campesinos de Indonesia (Serikat Petani Indonesia, SPI), quien lanzó los debates, a principios de los años 90 del pasado siglo, con los movimientos sociales y las organizaciones de la sociedad civil sobre la importancia de articular, llevar a cabo y defender los derechos campesinos. Dichos debates se intensificaron en los años siguientes en La Vía Campesina (LVC) y dieron como resultado una carta de los derechos del campesinado elaborada por SPI en 2002, para luego elaborar una declaración más amplia sobre los derechos campesinos redactada de manera conjunta por otras organizaciones miembro de LVC: ésta presentó la declaración al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en agosto de 2008.

A partir de ese año, SPI y LVC establecieron alianzas y obtuvieron el apoyo de muchos otros movimientos sociales, organizaciones de la sociedad civil, expertos en derechos humanos y Estados del Sur Global miembros de la ONU. Tras un periodo de negociaciones muy intensas en el seno del Consejo de Derechos Humanos de la ONU del 2013 al 2018, el CDH y la Asamblea General adoptaron la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos en 2018.

Se considera que la UNDROP es una “declaración de la ONU” al haber recibido el respaldo de dicha organización, pero sigue siendo fundamentalmente una “carta de derechos campesinos”: no fueron los Estados los que lanzaron el proceso, sino el mismo campesinado con el apoyo de sus organizaciones representativas; y no fueron los Estados los que dieron forma a su contenido, sino las y los campesinos y su conocimiento de primera mano sobre la discriminación, opresión y exclusión social que han sufrido y sufren a diario. Esto es patente en la inclusión de los conceptos de la soberanía alimentaria, la agroecología, la regulación de los mercados, la protección de los trabajadores rurales y migrantes sin importar su condición, los derechos de las mujeres rurales, el derecho a las semillas y a la biodiversidad, a la tierra, el agua y los recursos naturales, a la participación, a la justicia y muchos otros derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales en la UNDROP.

El Grupo de trabajo de la Declaración agradece calurosamente a todos los movimientos sociales que se han involucrado en el proceso de negociación de la UNDROP por su apego y claridad de miras: la Declaración no habría visto la luz sin su compromiso inquebrantable con la aplicación igualitaria y efectiva de los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos los individuos y grupos que viven y trabajan en las áreas rurales. Es en esta línea que el grupo de trabajo eligió a nuestra primera Presidenta-relatora, la señora Geneviève Savigny, quien es también campesina y participó muy activamente en las negociaciones que dieron como resultado la adopción de la UNDROP.

De la misma manera que las 29 naciones independientes representadas en la Conferencia de Bandung de 1955 albergaban a más de la mitad de la población del mundo, los titulares de los derechos de la UNDROP también representan a más de la mitad de la población mundial actual, entre los cuales se cuentan campesinos, pescadores, pueblos indígenas, pueblos nómadas rurales, pueblos selváticos, pastores, trabajadores migrantes y rurales en sistemas alimentarios y agrícolas y mujeres rurales y sus familias. El artículo 1 de la UNDROP establece la amplitud y diversidad de los derechohabientes de la Declaración, y las mujeres rurales sobresalen como una categoría que se enfrenta a discriminación interseccional y a continuas violaciones de sus derechos.

El “espíritu de Bandung” se convirtió y sigue siendo un estandarte para las ideas del anticolonialismo, el antiimperialismo, la paz, la soberanía, la autodeterminación, la solidaridad y la cooperación Sur-Sur para crear economías internas robustas basadas en la igualdad, la justicia y la dignidad para todos los pueblos.

Estos ideales no los concibieron los líderes nacionales que participaron en la Conferencia de Bandung, sino que emergieron y se formaron a partir de los esfuerzos de los pueblos africanos y asiáticos en primera línea de la lucha por la liberación del colonialismo y la resistencia al imperialismo y que dieron sus vidas por la libertad. Entre ellos hubo campesinos, pueblos indígenas, pescadores, obreros y las clases trabajadoras, intelectuales, mujeres de diferentes clases y condiciones, comerciantes locales, abogados y muchos más.

Por desgracia, los héroes del espíritu de Bandung no estuvieron presentes en la Conferencia de 1955: fue notoria la ausencia de las mujeres incluso entre los líderes, cuando tantas de ellas estuvieron a la cabeza de la lucha por la libertad en sus propios países. Algo incluso más lamentable es que las décadas después de Bandung no trajeron consigo la paz, la liberación del colonialismo y la autodeterminación para todos: en muchos países, los beneficios de la liberación y la independencia quedaron circunscritos a clases, castas, razas, etnias y religiones particulares, y las mujeres quedaron con frecuencia relegadas.

A medida que las antiguas potencias colonizadoras se reagruparon en las décadas siguientes, el espíritu de Bandung se vio minado por la satanización y la persecución política, la penalización de las ideologías de la liberación y el uso de políticas financieras y económicas (tales como el comercio y el crédito) como armas que recreaban estructuras mundiales de colonialismo, imperialismo y esclavitud. Los ideales de Bandung de cooperación Asia-África en materia de agricultura, desarrollo rural, transferencia de tecnologías e industrialización se dejaron de lado, mientras que los modelos de desarrollo nacionales se vieron afectados por el neoliberalismo y la expansión del poder de las empresas transnacionales en la economía, las finanzas y el gobierno. Los países del Sur Global se han reagrupado mediante los BRICS y las organizaciones regionales, pero la competición ha reemplazado a la cooperación y a la solidaridad: los intereses geopolíticos y geoeconómicos han secuestrado y reinterpretado los diez principios de Bandung.

Revivir el espíritu de Bandung en el contexto actual exige una atención urgente a asuntos pendientes desde hace tiempo: la reforma agraria y los derechos de las clases trabajadoras rurales a la tierra, al agua y a sus territorios; la seguridad alimentaria y el derecho a la alimentación y a la nutrición; empleos estables y seguros y los derechos de los trabajadores; la protección social y un acceso seguro a los bienes y servicios fundamentales; sistemas económicos y políticos que sirvan y respondan a las necesidades de las personas vulnerables y que resuelvan las condiciones estructurales de la vulnerabilidad para impedir que se repitan los círculos viciosos de la pobreza y la carencia; proteger los ecosistemas, la biodiversidad y el medioambiente; enfrentarse a la deuda y al cambio climático mediante los principios de la justicia y la responsabilidad histórica; desmantelar las estructuras de discriminación histórica entre las etnias y los géneros y poner fin a la colonización y a las actividades de extracción abusiva que siguen dejando a los pueblos en la miseria.

La UNDROP y demás instrumentos internacionales de derechos humanos son herramientas importantes para reconstruir el espíritu de Bandung en las coyunturas política, económica y medioambiental actuales. Conforme el mismísimo multilateralismo cede terreno frente a la presión de diferentes sectores y partes interesadas, de medidas unilaterales por parte de un puñado de entidades influyentes y de alianzas cínicas entre ciertos países, la arquitectura internacional de los derechos humanos le ofrece a todos los pueblos del mundo la capacidad de reconstruir un multilateralismo popular basado en la justicia, la igualdad, la no discriminación, la paz, la dignidad y la autodeterminación. La UNDROP y demás instrumentos de derechos humanos pueden fungir como normas éticas y como criterios para evaluar las leyes, normativas, instituciones y medidas nacionales, regionales e internacionales.

En la coyuntura actual, las personas en primera línea en las luchas por la liberación de las innumerables crisis interrelacionadas de nuestro tiempo (el hambre, la pobreza, la desigualdad, el cambio climático, la pérdida de la biodiversidad, el autoritarismo, los conflictos y la ocupación militar, la violencia y la injusticia sociocultural y basada en género y la extracción abusiva de recursos) son las clases trabajadoras, los campesinos y los proveedores de alimentos a pequeña escala, los trabajadores, los pueblos indígenas, las mujeres, los estudiantes, los periodistas, los abogados, los profesores universitarios, los parlamentarios y las organizaciones de la sociedad civil.

A pesar de enfrentarse a la persecución por parte de regímenes autoritarios, fascistas, patriarcales y oligárquicos, los héroes modernos (al igual que los héroes que lucharon por nuestra liberación del yugo colonial) no abandonan el campo de batalla: la UNDROP y demás instrumentos de derechos humanos les dan visibilidad, les permiten proteger sus vidas y sus esfuerzos y les proporcionan cimientos sobre los cuales reconstruir el espíritu de Bandung.

Para los miembros del Grupo de trabajo, la UNDROP representa un nuevo comienzo, un cambio de paradigmas hacia una sociedad más inclusiva que reconozca y valore la contribución fundamental del campesinado y de las personas que trabajan en áreas rurales en la lucha contra la pobreza, el hambre, la explotación y la persecución en todas sus formas y dimensiones, en la protección del medioambiente contra la polución y la destrucción, en el cuidado y regeneración de la biodiversidad fundamental para la vida en la Tierra, en el progreso económico y social de nuestras sociedades y en el logro de vivir en países justos, inclusivos y pacíficos en donde se protejan los derechos de todos por igual.

En nombre del Grupo de trabajo de la UNDROP, exhorto a los gobiernos, a los movimientos sociales, a la sociedad civil, a las universidades, a los parlamentarios y a toda persona comprometida con la igualdad, la justicia, la paz, la dignidad, los derechos humanos y la autodeterminación a apoyarnos en la aplicación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos.

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