El 5 de junio de 2025, el Consejo Nacional de Derechos Humanos (CNDH), tras ser instado por organizaciones campesinas brasileñas de La Vía Campesina, publicó la Recomendación n.º 5/2025, en la que «recomienda la adopción de las medidas necesarias para la observancia, divulgación y cumplimiento de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos por parte del Estado brasileño». Este documento constituye un marco normativo y político de extrema relevancia para la efectividad de los derechos campesinos en Brasil, en la medida en que reconoce, de forma explícita, la centralidad de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos, las Campesinas y las Personas que Trabajan en las Zonas Rurales (UNDROP) como parámetro indispensable para la actuación del Estado brasileño. Este avance normativo constituye igualmente una buena práctica en la promoción y aplicación de la UNDROP a nivel nacional, y puede —y debe— inspirar a las organizaciones campesinas y a las autoridades públicas de otros países.

Para comprender la relevancia de esta Recomendación, es importante recordar el contexto en el que se aprobó la Declaración en 2018, cuando Brasil estaba bajo un gobierno de extrema derecha y, debido a su política exterior e interior, se abstuvo de votar a favor del texto. Las consecuencias de esta postura hicieron que la Declaración no se incluyera en las políticas internas del Estado brasileño, lo que obstaculizó su implementación.

En este sentido, el CNDH, como institución autónoma y con el mandato de actuar en la promoción y defensa de los derechos humanos en Brasil, y a partir de su comisión permanente sobre «Derechos de los Pueblos Indígenas, los Quilombolas, los Pueblos y Comunidades Tradicionales, de las Poblaciones Afectadas por Grandes Emprendimientos y de los Trabajadores y Trabajadoras Rurales Involucrados en Conflictos Fundiarios», recomendó una serie de medidas que deben adoptar los tres poderes del Estado brasileño para colmar esta laguna e implementar políticas de protección de los derechos de las comunidades campesinas y demás trabajadores del campo, de conformidad con la Declaración. Entre estas medidas, se recomendó al Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil que manifestara ante el Secretario General de las Naciones Unidas el apoyo de Brasil a la UNDROP.

Al publicar la recomendación, la CNDH se basó en el panorama de la política de derechos humanos en Brasil y en las constantes denuncias recibidas que revelan un historial de invisibilización y vulnerabilidad de los pueblos del campo. El hecho es que la Comisión mencionada recibe casi la mitad de las denuncias de violaciones de derechos humanos en todo el Consejo, lo que refuerza la importancia de que el Estado brasileño adopte medidas eficaces para la promoción y aplicación de la UNDROP y los derechos humanos de los pueblos del campo.

Al afirmar la necesidad de observar, dar a conocer y cumplir la UNDROP, el CNDH busca contribuir a superar la brecha existente entre los compromisos internacionales asumidos por Brasil en el ámbito de los derechos humanos y su efectiva implementación a nivel interno. Se trata de un instrumento que reafirma que los derechos campesinos no se limitan a políticas sectoriales o asistenciales, sino que forman parte del núcleo de los derechos humanos fundamentales, abarcando derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales.

Además, la Recomendación explicita la relación estructural entre la negación de derechos en el campo y la persistencia de la violencia en el campo, los conflictos por la tierra, el trabajo esclavo y la criminalización de los defensores y defensoras de los derechos humanos. Al reconocer las reiteradas condenas de Brasil por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en casos relacionados con la violencia en el campo, el documento refuerza el deber del Estado de prevenir, responsabilizar a los autores y reparar íntegramente a las víctimas y sus familiares, incluso cuando las violaciones y los abusos son cometidos por particulares con la connivencia u omisión de los poderes públicos.

Otro aspecto central es la valoración del papel de los campesinos y las campesinas en la garantía de la soberanía y la seguridad alimentaria, la preservación de la biodiversidad y la lucha contra la crisis climática. La Recomendación reconoce que las prácticas agroecológicas y los conocimientos tradicionales de los pueblos del campo son fundamentales para la construcción de modelos de desarrollo social y ambientalmente sostenibles, rompiendo con la lógica de la explotación intensiva de la tierra y los bienes naturales que históricamente ha producido desigualdades y violaciones de derechos .

La Recomendación de la CNDH también tiene relevancia institucional al proponer medidas concretas para la implementación de la UNDROP, como la creación de un Grupo de Trabajo interinstitucional, la articulación entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial y la participación activa de la sociedad civil organizada. Estas directrices refuerzan la idea de que la efectividad de los derechos campesinos exige políticas de Estado, con mecanismos de seguimiento, evaluación y participación social, y no acciones puntuales o discontinuas.Por último, al orientar a los órganos del sistema judicial, como el Consejo Nacional de Justicia, el Ministerio Público y las Defensorías Públicas, la Recomendación refuerza la incorporación de la perspectiva de los derechos humanos de los campesinos y las campesinas en las decisiones judiciales y administrativas, contribuyendo a ampliar el acceso a la justicia y a superar la impunidad de los delitos cometidos en el campo. En este sentido, el documento reafirma que la democracia brasileña y la justicia social pasan necesariamente por el reconocimiento de la dignidad, la autonomía y los derechos territoriales de los campesinos y campesinas. En este sentido, es importante señalar que la CNDH ha recibido respuestas de instituciones informando de la incorporación de la Declaración en su ámbito jurídico orientativo. Cabe destacar las publicaciones del Tribunal de Justicia de Sergipe y del Tribunal de Justicia de Paraná, de la Justicia Federal de Bahía y del Tribunal Regional Federal de la 5.ª Región.

La Recomendación n.º 05/2025 de la CNDH representa un instrumento estratégico para la efectividad de los derechos de los pueblos del campo en Brasil, al alinear el ordenamiento jurídico y las políticas públicas nacionales con los más altos parámetros internacionales de derechos humanos, promoviendo la justicia social, la lucha contra la violencia en el campo y el fortalecimiento de la democracia, con la participación directa de los movimientos sociales del campo.

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El campesinado es sujeto de derechos y de especial protección, tiene un particular relacionamiento con la tierra basado en la producción de alimentos en garantía de la soberanía alimentaria, sus formas de territorialidad campesina, condiciones geográficas, demográficas, organizativas y culturales que lo distingue de otros grupos sociales.

Articulo 64 §2 Constitución política de Colombia

Este reconocimiento es la culminación de una larga lucha por parte de lxs campesinxs y sus organizaciones representativas. Para entender a fondo la importancia de este cambio en la Constitución, cómo se logró, el papel de UNDROP en este nuevo logro y los próximos pasos a seguir, entrevistamos a Martha Elena Huertas Moya, de la organización campesina FENACOA.

Puedes presentarte a ti mismo y a tu organización

Gracias, soy Martha Elena Huertas Moya, campesina, nacida en la zona rural de Bogotá, y con vínculos permanentes con su comunidad. Hago parte de la Federación Nacional de Cooperativas Agropecuarias, FENACOA, desde su fundación hace 40 años, como educadora y en la última década como integrante del Consejo de Administración.

FENACOA, es una organización de segundo nivel, agrupa a las cooperativas y asociaciones de la economía social y comunitaria, en algunas regiones del país, como Guaviare, Meta, Cundinamarca, Tolima, Cauca y Caldas.

Somos una organización todavía no reconocida como víctima de la violencia sociopolítica (estructural) y el conflicto social y armado en Colombia. En los años 90s, fueron asesinados 2 gerentes en funciones, y otros líderes de la mayoría de nuestras organizaciones, judicializados (encarcelados) otra parte de la dirigencia, amenazados y exiliados tanto líderes como asociados.

También somos una organización integrante de CLOC LVC, desde el inicio, e integrante de varias plataformas de lucha por la reforma agraria integral en Colombia.

El objetivo principal como sector cooperativo agropecuario, y en particular en la coyuntura actual del gobierno de Colombia con su plan de desarrollo “potencia mundial de la vida”, es aportar a la reactivación económica del país del sector primario, aportar a las transiciones agroecológicas, energéticas y las transformaciones sociales y políticas necesarias parra el ejercicio pleno de los derechos del campesinado colombiano. De hecho, este ultimo fue reconocido como sujeto de especial protección que gracias a la lucha global liderada por el movimiento de La Vía Campesina.

¿Podrías hablarnos de la situación de los derechos de los campesinos en Colombia, en particular tras la elección del presidente Petro?

El presidente Petro, y su programa de gobierno representan para el campesinado colombiano la oportunidad de

a) ser reconocidos en la constitución política nacional como sujetos políticos de derecho, con especial protección, de modo a acceder al ejercicio de los derechos contemplados en la Declaración de la ONU sobre derechos campesinos.

b) retomar la implementación del acuerdo de paz, que contemplaba entre otras cosas la implementación de la reforma rural integral, mediante metas concretas como la compra de 3.000.000 de hectáreas para adjudicación, formalización, restitución y reparación al campesinado.

c) hacer las transformaciones sociales y políticas necesarias que se requieren para que el campesinado y trabajadores rurales, tengan vida digna.

¿Habéis visto algún progreso, en términos de reforma agraria por ejemplo?

Los cambios y progresos constatados desde la toma de la administración de Gustavo Petro son claramente observables, no solo en las medidas jurídicas y constitucionales (marcos normativos y reglamentarios, leyes, decretos, resoluciones, etc.), si no también a nivel de las propuestas de reformas de la ley agraria, las cuales son obstaculizadas y negadas en el Congreso de la República por la mayoría parlamentaria, representante de los intereses latifundistas. Pese a esos obstáculos, se están ejecutando por primera vez importantes acciones políticas como entregas masivas de tierras, financiación de proyectos productivos, reconocimiento de territorialidades campesinas (zonas de reserva campesina, territorios agroalimentarios, entre otros). Es necesario subrayar ademas que estas iniciativas se toman a través del prisma de respeto del medio ambiente y de los derechos de la naturaleza, elementos centrales requeridos ante las crisis climáticas actuales.

Además, todas las organizaciones de agricultores se unieron para formar la Agenda Nacional del Agricultor. Este grupo se movilizó para plantear objetivos y propuestas comunes, que desembocaron en la firma de un acuerdo con el gobierno. El acuerdo firmado en julio de 2024 contempla la puesta en marcha de la reforma agraria, el desarrollo rural, la reactivación económica, proyectos productivos, la sustitución de cultivos de coca y otros temas.

Estos acuerdos firmados el 10 de julio 2024, ratifican el trabajo conjunto y articulado entre el gobierno y el movimiento campesino colombiano en materia de implementacion de la Reforma Agraria, de desarrollo rural, reactivacion economica, proyectos productivas, sustitución de los cultivos de coca y otros.

Las organizaciones campesinas reclaman una «reforma agraria integral y popular», ¿qué significa para vosotros frente a la reforma agraria «clásica»?

La reforma agraria es el concepto más amplio y significativo para el campesinado. Se trata de tener acceso a tierra, a titularidad de esa tierra, en un país donde la propiedad y tenencia de la tierra es de latifundistas, y de gremios productores de alimentos bajo el esquema de la agroindustria (monocultivo, agrotóxicos, etc.). Colombia es un país donde la más eficaz (contra)reforma agraria la hizo el latifundio y el narcotráfico mediante una estrategia de expulsión del campesinado de sus tierras, mediante el despojo y otras prácticas de ocupación de tierras y territorios campesinos, ademas con el apoyo critico por parte de las bandas paramilitares.

Para el campesinado, la reforma agraria es integral en la medida que garantice tener las condiciones materiales e inmateriales necesarias para el desarrollo de sus proyectos de vida, de acuerdo con sus características culturales y sociales. Este objetivo se teje en la perspectiva de poder producir, transformar y comercializar los alimentos para el autoconsumo y el abastecimiento de alimentos a la población en su totalidad

La reforma integral, en consecuencia: refiere a todos esos cambios y transformaciones estructurales (modelo económico, modelo de producción agraria, modelo del sistema asistencialista de la política pública) para devolverle al campesinado la autonomía y soberanía para producir los alimentos desde los postulados de la agricultura orgánica, ecológica. Esto pasa también por supuesto por el manejo de sus semillas, de la producción de todos los bioinsumos necesarios. En conclusión, la reforma tiene que ser integral en el sentido de poder garantir de los derechos fundamentales como a la vida, a la educación, a la salud, a la protección social, etc., etc.

¿Puede explicar la importancia de la inclusión de lxs campesinxs como sujeto político en la Constitución?

ARTÍCULO 64. 

Es deber del Estado promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra del campesinado y de los trabajadores agrarios, en forma individual o asociativa.

El campesinado es sujeto de derechos y de especial protección, tiene un particular relacionamiento con la tierra basado en la producción de alimentos en garantía de la soberanía alimentaria, sus formas de territorialidad campesina, condiciones geográficas, demográficas, organizativas y culturales que lo distingue de otros grupos sociales.

El Estado reconoce la dimensión económica, social, cultural, política y ambiental del campesinado, así como aquellas que le sean reconocidas y velará por la protección, respeto y garantía de sus derechos individuales y colectivos, con el objetivo de lograr la igualdad material desde Un enfoque de género, etario y territorial, el acceso a bienes y derechos cono a la educación de calidad con pertinencia, la vivienda, la salud, los servicios públicos domiciliarios, vías terciarias, la tierra, el territorio, un ambiente sano, el acceso e intercambio de semillas, los recursos naturales y la diversidad biológica, el agua, la participación reforzada, la conectividad digital, la mejora de la infraestructura rural, la extensión agropecuaria y empresarial, asistencia técnica y tecnológica para generar valor agregado y medios de comercialización para sus productos.

Los campesinos y las campesinas son libres e iguales a todas las demás poblaciones y tienen derecho a no ser objeto de ningún tipo de discriminación en el ejercicio de sus derechos, en particular las fundadas en su situación económica, social, cultural y política.

En 1991, la carta política colombiana aportó cambios significativos para garantir su esencia de Estado social de derecho, (la principal conquista durante décadas era superar el estado de sitio y lograr una apertura democrática). A partir de allí, las principales libertadas democráticas eran por fin posibles, dando inicio a un largo proceso hacia la justicia social dentro de un pais con los mayores indices de desigualdad social, de mayor concentración de la propiedad de la tierra, y con indicadores alarmantes de crisis humanitaria.

La Constitución de 1991 reconoció a los pueblos originarios y pueblos afrodescendientes, rom y palenqueros, reconoció los derechos de las minorías étnicas. Sin embargo, el campesinado fue lamentablemente excluido. En los territorios este desconocimiento tuvo graves afectaciones en el ejercicio de los derechos culturales, sociales, económicos y políticos del campesinado, sobretodo como sector subordinado, explotado y marginado por el clasismo y el racismo estructurales. El ser reconocidos también como sujetos de especial protección, nos posicionó en paridad para ser otra minoría con derechos, y estos ajustes son los que se están armonizando dentro de la política pública.

¿Cuáles fueron las claves para lograr este cambio y, más en general, para aplicar los derechos campesinos

Para FENACOA, el logro de este reconocimiento se debe a varios factores:

1) la incorporación de los acuerdos incumplidos del acuerdo de la Havana en la agenda pública del Estado (más allá del gobierno);

2) ser parte activa del movimiento social del gobierno del Cambio

3) haber mantenido un posicionamiento como mayor sector social con deuda política pendiente, al igual de ser considerado la principal víctima de la violencia del conflicto social y armado, y también de la violencia sociopolítica.

4) haber hecho incidencia en los espacios públicos, sociales y comunitarios con la Declaración de los derechos campesinos, y tener este pendiente necesario como parte de la reforma agraria integral.

5) tener un acumulado de luchas por la reforma agraria integral

Ahora que ha tenido este cambio, ¿cuáles crees que son los próximos pasos principales para implementar la UNDROP a nivel nacional?

Las derechas políticas colombianas han instalado magistrados, congresistas y funcionarios que, durante décadas, han impidedio, y siguen impidiendo, cambios a favor del campesinado colombiano. En esta coyuntura, estos altos funcionarios están a la vanguardia de bloquear avances significativos de la política agraria.

Tenemos dificultades a nivel de las altas cortes (poder judicial), y la Corte constitucional en particular, la cual está revisando el articulado de los derechos campesinos, en un abierto y claro desafío contra el gobierno de Petro (poder ejecutivo) y bajo mandato de las derechas latifundistas que hacen parte del Congreso (poder legislativo). El objetivo es cerrarle el paso al ejercicio pleno de los derechos reconocidos. De cara a esto, tenemos que hacer permanente movilización social, comunicativa y política para impedir que reversen estos derechos y para asegurar que se avance en la agenda de la Declaración.

Un segundo escenario es la Corte suprema de justicia, donde los representantes latifundistas requieren la revisión de la jurisdicción agraria por mano de esta corte, para que haya jueces agrarios que diriman los conflictos de manera directa. Esta nuevamente es una jugada de la derecha latifundista para impedir que el campesino resuelva por vía directa los distintos conflictos que puedan presentar por tierras, títulos, servidumbres, litigios por agua, por linderos, entre otros.

Algunas organizaciones de CLOC-LVC Colombia lanzaron una amplia movilización social, como integrantes de la Agenda Nacional Campesina, en seno de la cual se firmó un acuerdo para avanzar en la implementación y ejecución de los derechos campesinos.

El disfrute pleno de los derechos campesinos y de los trabajadores rurales, pasa por cambios estructurales, esa seguirá siendo la lucha del campesinado y demás organizaciones sociales y populares. Recordamos que el capitalismo neoliberal cada día más retrasa todo intento democrático y social en América latina.

¿Y cuáles son los principales retos futuros para la promoción de los derechos campesinos y la soberanía alimentaria ?

Por parte del gobierno nacional, a corto plazo, los retos principales son:

• Primeramente, implementar una comisión mixta, como mecanismo de consulta permanente entre el Estado y el campesinado colombiano, necesaria para armonizar las políticas públicas y las estructuras administrativas gubernamentales en modo de atender la implementación de la reforma rural integral.
• Secundariamente, ejecutar el programa de gobierno que atienda las necesidades, demandas y expectativas del sector campesino, esto pasa por cumplir los acuerdos, actas, etc. de gobiernos anteriores.

De mediano plazo:

• Poner en marcha todo el sistema interinstitucional para atender las transformaciones requeridas por la implementación de la reforma rural integral.
• Crear las condiciones para blindar los actuales avances, frente a otros gobiernos que pretendan echar a bajo todos estos cambios y transformaciones.

Es necesario resaltar igualmente a los retos que incumben al movimiento campesino. En particular, la necesaria consolidacion e interlocución entre las diferentes organizaciones campesinas, y también a nivel de gestión y ejecución de proyectos productivos, de transformación, comercialización, etc. de la economía campesina, social, solidaria y comunitaria.

Este reto de consolidación incumbe también las estrategias y relaciones de alianzas con otros secotres, con los procesos sociales, comunitarios y de consumidores, asegurando una articulación permanente con todos los sectores sociales del país, de modo a contribuir al fortalecimiento de la base social que contribuya a los cambios y transformaciones políticas que requiere el país.

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Si bien la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los campesinos y otras personas que trabajan en zonas rurales(UNDROP por sus siglas en inglés)fue aprobada por la asamblea general de Naciones Unidas a fines de 2018. La irrupción de la pandemia COVID-19 afectó la dinámica política institucional y también la capacidad de movilización e incidencia de las organizaciones campesinas, y por lo tanto, implicó inicialmente, una escasa repercusión a nivel nacional de esta valiosa herramienta.

Sin embargo, ya podemos empezar a ver movimientos y avances en la región latinoamericana al respecto. Un ejemplo de ello es lo acontecido en Ecuador a principios de este año. Inicialmente la CNC Eloy Alfaro (organización nacional ecuatoriana miembro de la CLOC y la Vía campesina) retomó la movilización en torno a la UNDROP articulando acciones con otras organizaciones, con actividades y un manifiesto (ver más abajo).

En enero de 2023 la organización presentó un pedido y propuesta al asambleísta por la provincia de Manabí Xavier Santos Sabando: “En ese marco queremos hacerle entrega de la “Declaración de los derechos campesinos y de otras personas que trabajan en las zonas rurales”, para que por su intermedio se impuse el tratamiento y ratificación de la declaratoria antes mencionada, ´por la Asamblea Nacional del Ecuador.” expresaba entre otras cosas la carta que le entregaron.

Este proceso institucional, acontece con un gobierno de derecha en el poder, sin embargo las movilizaciones indígenas y campesinas que acontecieron junio de 2022 fueron un elemento de presión que contribuyó a que la Asamblea Nacional ( principal parlamento legislativo ecuatoriano) treta el tema y apruebe una resolución favorable a los Derechos Campesinos. Organizaciones indígenas y campesinas organizaron una huelga de 18 días para exigir medidas contra la inflación y oponerse a la política del gobierno del presidente Guillaume Lasso. Durante estos paros, las manifestaciones fueron violentamente reprimidas y se declaró el estado de excepción en gran parte del país. Al cabo de 18 días, se levantó el estado de emergencia y se alcanzó un acuerdo que concedía al movimiento sus principales reivindicaciones.

La Resolución data del 18 de abril de 2023 y fue aprobada por 117 votos afirmativos, de un total de 137 asambleístas. Se trata de la Resolución “RL-2021-2023-156”.

La resolución tiene un un alarga explicación con considerandos y justificaciones y luego en sus principales artículos establece:

«Artículo 1.- Ratificar la importancia y transversalidad de la “Declaratoria de las Naciones Unidas de los Derechos de los Campesinos y de otras Personas que trabajan en las Zonas Rurales”; para los pueblos campesinos del Ecuador y del mundo.

Artículo 2.- Velar por el cumplimiento, a través de sus órganos y de las unidades técnicas de asesoría, de las comisiones especializadas permanentes y ocasionales, para impulsar, en estricto apego a los plazos y procesos establecidos en la Constitución de la República del Ecuador y Ley Orgánica de la Función Legislativa, iniciativas que promuevan el ejercicio de los derechos de las y los campesinos del país establecidos en la Declaratoria, especialmente en lo relacionados al acceso a crédito ágil, oportuno, con tasas de interés, plazos y períodos de gracia preferentes; educación, salud y seguridad social.

Artículo 3.- Declarar que la antedicha Declaración de Naciones Unidas se constituirá como insumo prioritario para la creación, reformas y propuestas de leyes generadas en la Asamblea Nacional del Ecuador.

Artículo 4.- Instar a todas las Funciones del Estado al cumplimiento de la Declaración, transversalizando los Derechos de los Campesinos y de otras Personas que trabajan en las Zonas Rurales en todas las políticas y programas públicos que estén vigentes y se generen por el Estado ecuatoriano.«

Esta ratificación es un paso importante en un Ecuador movilizado y con fuertes demandas del sector indígena y campesino al gobierno en cuestión de políticas agropecuarias populares.

Las organizaciones, están ahora en gestión para que la Corte Constitucional también se expida ratificando los derechos consagrados en la Declaración de Derechos Campesinos de ONU.

Ademas, se desarrolla una instancia de formación y difusión de la declaración ente organizaciones y dirigentes campesinos.

Como señalamos, la Declaración de Derechos Campesinos es un instrumento que surgió desde las luchas campesinas y llegó al seno de naciones unidas demandando el reconocimiento de derechos y la urgencia de políticas publicas para hacerlos efectivos. Ahora ese instrumento vuelve a las luchas como herramienta para las comunidades campesinas del mundo.

Por Diego Montón
MNC Somos Tierra Argentina
Colectivo de Derechos Campesinos de Via Campesina

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