Celebrado en el contexto del más reciente informe del Grupo de Trabajo de la ONU, centrado específicamente en el derecho a la participación de los pueblos rurales, el debate exploró cómo este derecho —lejos de ser una formalidad procedimental— constituye una piedra angular de la gobernanza democrática y un pilar central de los derechos civiles y políticos de los pueblos rurales. El webinario creó un espacio de intercambio entre actores de base y mecanismos internacionales de derechos humanos, fortaleciendo los puentes entre las luchas locales y la incidencia a nivel global.

El webinario situó en el centro del debate las conclusiones del informe del Grupo de Trabajo de la ONU, examinando:

• La importancia democrática y política de la participación en el marco de la UNDROP
• Los obstáculos que impiden a las comunidades rurales influir en la toma de decisiones públicas
• Las recomendaciones del Grupo de Trabajo a los Estados
• Estrategias prácticas y buenas prácticas que fortalecen una participación significativa
• El papel de la incidencia colectiva y la solidaridad en el avance de la implementación

Panelistas:

• Carlos Duarte, actual Presidente del Grupo de Trabajo de la ONU sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales
• Loupa Pius, Alianza Mundial de Pueblos Indígenas Móviles (WAMIP)
• Modesta Arévalos Ortiz, Federación Internacional de Movimientos Católicos de Adultos Rurales (FIMARC)
• Jones Spartegus, Foro Mundial de Pescadores y Trabajadores de la Pesca (WFFP)
• Norah Mlondobozi, Asamblea de Mujeres Rurales (RWA)
• Saúl Vicente, Unidad de la Fuerza Indígena y Campesina (UFIC – México)
• Paula Gioia, La Vía Campesina (LVC)

A través de sus intervenciones, las y los panelistas compartieron experiencias regionales, perspectivas comunitarias y estrategias de los movimientos para fortalecer la participación a nivel local, nacional e internacional.

Les invitamos a ver la grabación y a sumarse a este importante diálogo como parte del esfuerzo colectivo más amplio para garantizar que quienes alimentan al mundo y protegen sus ecosistemas estén plenamente incluidos en la definición de las políticas y decisiones que determinan su futuro.

Webinario celebrado el 10 de diciembre de 2025.

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El 5 de junio de 2025, el Consejo Nacional de Derechos Humanos (CNDH), tras ser instado por organizaciones campesinas brasileñas de La Vía Campesina, publicó la Recomendación n.º 5/2025, en la que «recomienda la adopción de las medidas necesarias para la observancia, divulgación y cumplimiento de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos por parte del Estado brasileño». Este documento constituye un marco normativo y político de extrema relevancia para la efectividad de los derechos campesinos en Brasil, en la medida en que reconoce, de forma explícita, la centralidad de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos, las Campesinas y las Personas que Trabajan en las Zonas Rurales (UNDROP) como parámetro indispensable para la actuación del Estado brasileño. Este avance normativo constituye igualmente una buena práctica en la promoción y aplicación de la UNDROP a nivel nacional, y puede —y debe— inspirar a las organizaciones campesinas y a las autoridades públicas de otros países.

Para comprender la relevancia de esta Recomendación, es importante recordar el contexto en el que se aprobó la Declaración en 2018, cuando Brasil estaba bajo un gobierno de extrema derecha y, debido a su política exterior e interior, se abstuvo de votar a favor del texto. Las consecuencias de esta postura hicieron que la Declaración no se incluyera en las políticas internas del Estado brasileño, lo que obstaculizó su implementación.

En este sentido, el CNDH, como institución autónoma y con el mandato de actuar en la promoción y defensa de los derechos humanos en Brasil, y a partir de su comisión permanente sobre «Derechos de los Pueblos Indígenas, los Quilombolas, los Pueblos y Comunidades Tradicionales, de las Poblaciones Afectadas por Grandes Emprendimientos y de los Trabajadores y Trabajadoras Rurales Involucrados en Conflictos Fundiarios», recomendó una serie de medidas que deben adoptar los tres poderes del Estado brasileño para colmar esta laguna e implementar políticas de protección de los derechos de las comunidades campesinas y demás trabajadores del campo, de conformidad con la Declaración. Entre estas medidas, se recomendó al Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil que manifestara ante el Secretario General de las Naciones Unidas el apoyo de Brasil a la UNDROP.

Al publicar la recomendación, la CNDH se basó en el panorama de la política de derechos humanos en Brasil y en las constantes denuncias recibidas que revelan un historial de invisibilización y vulnerabilidad de los pueblos del campo. El hecho es que la Comisión mencionada recibe casi la mitad de las denuncias de violaciones de derechos humanos en todo el Consejo, lo que refuerza la importancia de que el Estado brasileño adopte medidas eficaces para la promoción y aplicación de la UNDROP y los derechos humanos de los pueblos del campo.

Al afirmar la necesidad de observar, dar a conocer y cumplir la UNDROP, el CNDH busca contribuir a superar la brecha existente entre los compromisos internacionales asumidos por Brasil en el ámbito de los derechos humanos y su efectiva implementación a nivel interno. Se trata de un instrumento que reafirma que los derechos campesinos no se limitan a políticas sectoriales o asistenciales, sino que forman parte del núcleo de los derechos humanos fundamentales, abarcando derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales.

Además, la Recomendación explicita la relación estructural entre la negación de derechos en el campo y la persistencia de la violencia en el campo, los conflictos por la tierra, el trabajo esclavo y la criminalización de los defensores y defensoras de los derechos humanos. Al reconocer las reiteradas condenas de Brasil por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en casos relacionados con la violencia en el campo, el documento refuerza el deber del Estado de prevenir, responsabilizar a los autores y reparar íntegramente a las víctimas y sus familiares, incluso cuando las violaciones y los abusos son cometidos por particulares con la connivencia u omisión de los poderes públicos.

Otro aspecto central es la valoración del papel de los campesinos y las campesinas en la garantía de la soberanía y la seguridad alimentaria, la preservación de la biodiversidad y la lucha contra la crisis climática. La Recomendación reconoce que las prácticas agroecológicas y los conocimientos tradicionales de los pueblos del campo son fundamentales para la construcción de modelos de desarrollo social y ambientalmente sostenibles, rompiendo con la lógica de la explotación intensiva de la tierra y los bienes naturales que históricamente ha producido desigualdades y violaciones de derechos .

La Recomendación de la CNDH también tiene relevancia institucional al proponer medidas concretas para la implementación de la UNDROP, como la creación de un Grupo de Trabajo interinstitucional, la articulación entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial y la participación activa de la sociedad civil organizada. Estas directrices refuerzan la idea de que la efectividad de los derechos campesinos exige políticas de Estado, con mecanismos de seguimiento, evaluación y participación social, y no acciones puntuales o discontinuas.Por último, al orientar a los órganos del sistema judicial, como el Consejo Nacional de Justicia, el Ministerio Público y las Defensorías Públicas, la Recomendación refuerza la incorporación de la perspectiva de los derechos humanos de los campesinos y las campesinas en las decisiones judiciales y administrativas, contribuyendo a ampliar el acceso a la justicia y a superar la impunidad de los delitos cometidos en el campo. En este sentido, el documento reafirma que la democracia brasileña y la justicia social pasan necesariamente por el reconocimiento de la dignidad, la autonomía y los derechos territoriales de los campesinos y campesinas. En este sentido, es importante señalar que la CNDH ha recibido respuestas de instituciones informando de la incorporación de la Declaración en su ámbito jurídico orientativo. Cabe destacar las publicaciones del Tribunal de Justicia de Sergipe y del Tribunal de Justicia de Paraná, de la Justicia Federal de Bahía y del Tribunal Regional Federal de la 5.ª Región.

La Recomendación n.º 05/2025 de la CNDH representa un instrumento estratégico para la efectividad de los derechos de los pueblos del campo en Brasil, al alinear el ordenamiento jurídico y las políticas públicas nacionales con los más altos parámetros internacionales de derechos humanos, promoviendo la justicia social, la lucha contra la violencia en el campo y el fortalecimiento de la democracia, con la participación directa de los movimientos sociales del campo.

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Antecedentes

Las semillas son fundamentales para los sistemas alimentarios, la biodiversidad, la cultura y los medios de vida rurales. Constituyen el punto de partida de la producción de alimentos y son fundamentales para la forma en que los campesinos y los pueblos indígenas han desarrollado, preservado y transmitido a lo largo de generaciones los conocimientos agrícolas adaptados a las diversas condiciones ecológicas.

Las semillas desempeñan un papel fundamental en el mantenimiento de la biodiversidad agrícola, ya que encarnan la diversidad genética necesaria para mejorar la resiliencia frente a las plagas, las enfermedades, la degradación ambiental y la variabilidad climática. Más allá de su función biológica, las semillas también están estrechamente vinculadas al patrimonio cultural, las relaciones sociales y, en algunos contextos, las prácticas espirituales y ceremoniales.

Para los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales de todo el mundo, incluidos los pueblos indígenas, los pastores, los pescadores y los pueblos forestales, las semillas son inseparables de sus medios de vida y su autonomía. La capacidad de cultivar, cosechar, conservar, intercambiar y mejorar las semillas es la base de la seguridad alimentaria, la generación de ingresos, la autodeterminación y la sostenibilidad de las comunidades rurales. Los sistemas campesinos de semillas han sostenido históricamente una amplia diversidad de cultivos y variedades vegetales adaptados a los ecosistemas y las condiciones climáticas locales, contribuyendo a la soberanía alimentaria, la nutrición y la resiliencia.

La Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales (UNDROP) reconoce explícitamente el derecho a las semillas (artículo 19), incluido el derecho de los campesinos a conservar, utilizar, intercambiar y vender semillas y material de propagación conservados en las explotaciones agrícolas. La realización de este derecho está estrechamente relacionada con otros derechos reconocidos en la UNDROP, como el derecho a la alimentación y la soberanía alimentaria (artículo 15), los derechos a la tierra y otros recursos naturales (artículo 17), los derechos relacionados con la biodiversidad (artículo 20), el derecho a un medio ambiente seguro, limpio, saludable y sostenible (artículo 24) y el derecho a participar en los procesos de toma de decisiones que afectan a la vida de los campesinos (artículo 10). Del mismo modo, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (UNDRIP) reconoce los derechos de los pueblos indígenas a mantener, controlar, proteger y desarrollar sus conocimientos tradicionales, innovaciones y patrimonio cultural, incluidos los recursos genéticos y las semillas (artículo 31), en relación con sus derechos a las tierras, los territorios y los recursos, la libre determinación y el desarrollo.

Los marcos internacionales en materia de medio ambiente y agricultura refuerzan la protección de los sistemas campesinos de semillas. El Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) afirma la importancia de conservar la diversidad biológica, el uso sostenible de sus componentes y la distribución equitativa de los beneficios derivados de los recursos genéticos, al tiempo que reconoce los conocimientos y prácticas tradicionales de los pueblos indígenas y las comunidades locales. El Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura (TIRFAA) reconoce el papel fundamental de los agricultores en la conservación y mejora de los recursos fitogenéticos y afirma los derechos de los agricultores, incluida la protección de los conocimientos tradicionales, la distribución equitativa de los beneficios y la participación en la toma de decisiones sobre los recursos fitogenéticos.

A pesar de estos marcos normativos, los sistemas de semillas en todo el mundo se ven cada vez más condicionados por los avances jurídicos, económicos y tecnológicos, que en algunos contextos pueden socavar los sistemas campesinos de semillas. Entre ellos pueden figurar las leyes restrictivas sobre semillas y los regímenes de certificación, la protección de la propiedad intelectual, los acuerdos comerciales y de inversión, la concentración empresarial en el sector de las semillas y la digitalización de los recursos genéticos. Estos acontecimientos han suscitado preocupación por la marginación de las prácticas tradicionales, la erosión de la diversidad de semillas, la apropiación indebida de los conocimientos tradicionales y las desigualdades persistentes, incluida la discriminación estructural y por motivos de género.

En consonancia con su mandato de promover y supervisar la aplicación de la UNDROP, el Grupo de Trabajo sobre los Campesinos está preparando un informe temático para aclarar el contenido y el alcance del derecho a las semillas, evaluar los retos y las buenas prácticas en su aplicación y formular recomendaciones a los Estados y otros actores para garantizar que los marcos de gobernanza de las semillas sean compatibles con los derechos humanos, la conservación de la biodiversidad y la soberanía alimentaria.

El Grupo de Trabajo alienta a los Estados, las organizaciones internacionales y regionales, las instituciones nacionales de derechos humanos, las organizaciones de la sociedad civil, los movimientos campesinos, los pueblos indígenas, los académicos, los actores del sector privado y otras partes interesadas pertinentes a que presenten sus contribuciones. Se alienta especialmente a los titulares de derechos y a sus organizaciones representativas a que presenten sus contribuciones.

Preguntas clave y tipos de contribuciones/comentarios solicitados

Las semillas en su contexto: importancia y práctica

1. ¿Cuál es la importancia social, cultural, económica y medioambiental de las semillas en su contexto local, nacional o regional, incluyendo su contribución a la seguridad alimentaria, los medios de vida y la sostenibilidad medioambiental?
2. ¿Qué prácticas existen en su país y/o comunidad para cultivar, cosechar, conservar, intercambiar, compartir y mejorar las semillas?
3. ¿Cómo se distribuyen las funciones y responsabilidades relacionadas con las semillas dentro de las comunidades o sociedades, incluyendo entre mujeres, hombres, jóvenes, pueblos indígenas y otros grupos?

Marcos nacionales e internacionales

4. ¿Qué leyes, reglamentos o políticas nacionales rigen el almacenamiento, el uso, el intercambio y la venta de semillas campesinas, incluidas las medidas para su protección? ¿En qué medida son eficaces estos marcos para reconocer y defender el derecho a las semillas y apoyar la conservación de las semillas autóctonas y tradicionales?
5. ¿Cómo abordan los marcos jurídicos y políticos nacionales los intereses de los campesinos y las comunidades rurales en relación con los de los actores comerciales del sector de las semillas?
6. ¿Cómo se han reflejado en las leyes y políticas nacionales los instrumentos internacionales relacionados con los derechos de los campesinos, las semillas y la biodiversidad, incluidos la UNDROP, la UNDRIP, el CDB y el TIRFAA, y qué repercusiones o beneficios concretos han tenido para los campesinos y las comunidades rurales?

Desafíos, respuestas y buenas prácticas

1. ¿Cuáles son los principales desafíos o amenazas que se enfrentan en el ejercicio del derecho a las semillas, y cómo han respondido a ellos las comunidades, organizaciones o autoridades?
2. ¿Qué mecanismos nacionales, regionales o internacionales se han utilizado para promover o defender el derecho a las semillas, y cuál ha sido su eficacia?
3. ¿Qué lagunas siguen existiendo en la protección y el apoyo al derecho a las semillas? Comparta ejemplos de leyes, políticas, prácticas o iniciativas comunitarias que podrían reforzarse, replicarse o ampliarse.

Próximas etapas

Las contribuciones/comentarios pueden enviarse por correo electrónico. Deben recibirse antes del 19 de febrero de 2026.

Se pueden incluir materiales de apoyo adicionales, como informes, estudios académicos o documentos de referencia, como anexos o a través de enlaces web.

A menos que se especifique lo contrario por parte de quienes las envíen, las contribuciones se harán públicas en el sitio web del Grupo de Trabajo.

Dirección de correo electrónico: hrc-wg-peasants@un.org

Asunto del correo electrónico: Contribución al informe del CDH sobre las semillas

Límite de palabras o páginas:
1000 palabras

Formatos de archivo:
Word, PDF

Idiomas aceptados:
inglés, francés, español

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Antecedentes

El Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre los derechos de los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales, establecido por la resolución 54/9 del Consejo de Derechos Humanos, está preparando su cuarto informe temático, que aborda los territorios campesinos del mar y la tierra. Este informe analiza cómo el deterioro del derecho a la tierra, el agua y los bosques afecta a la dignidad, estabilidad y medios de vida de campesinos y trabajadores rurales.

El acceso a tierra, agua, bosques y territorios marinos es fundamental para la supervivencia, identidad y autonomía de las poblaciones rurales. Estos grupos, que incluyen campesinos, pueblos indígenas, pastores, nómadas, comunidades migrantes, trabajadores rurales y pescadores artesanales, son titulares de derechos reconocidos por la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y Otras Personas que Trabajan en Zonas Rurales (UNDROP).

Sin embargo, las «territorialidades campesinas», definidas como espacios socioecológicos y culturales donde se cruzan los estilos de vida, la producción sostenible y la gobernanza colectiva, enfrentan una presión creciente. La presión derivada de la concentración de recursos, la fragmentación, la privatización y la extracción no solo amenaza los medios de vida y la estabilidad, sino que también agrava los conflictos rurales y los desplazamientos forzados, conduciendo a menudo a violaciones sistémicas de los derechos humanos.

Este informe reconoce que los territorios campesinos no son meramente «contenedores» de recursos, sino espacios de vida material y simbólica, donde convergen los derechos a la alimentación, el agua, un entorno saludable, la participación y la autodeterminación. El informe considerará marcos internacionales como UNDROP, las Directrices Voluntarias sobre la Gobernanza Responsable de la Tenencia, el trabajo de los Órganos de Tratados, así como estándares de derechos indígenas y medioambientales, para abordar violaciones de los derechos de las partes interesadas de UNDROP.

Hay una tendencia creciente hacia la concentración de la propiedad rural y la captura corporativa de los recursos naturales. La expansión de la «economía azul» puede, sin las salvaguardas adecuadas, excluir a las comunidades pesqueras tradicionales. El “acaparamiento verde” (apropiación de territorios campesinos disfrazada de conservación) y el “acaparamiento azul” (apropiación de espacios costeros para turismo o proyectos energéticos), junto con conflictos armados y violencia estructural, suelen conducir a la desposesión.

Finalmente, el informe identificará buenas prácticas, desafíos estructurales y recomendaciones concretas para proteger los territorios campesinos rurales y costeros.

El Grupo de Trabajo invita a gobiernos, campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales, organizaciones internacionales y regionales, instituciones nacionales de derechos humanos, sociedad civil, académicos, empresas y cualquier otra persona u organización interesada a aportar aportaciones escritas.

Preguntas clave y tipos de contribuciones/comentarios solicitados

1. ¿Cómo se entiende el concepto de «territorio campesino» en su contexto local o regional?
2. ¿Qué instrumentos legales, políticos, culturales o consuetudinarios existen en su país o región que reconozcan o protejan los territorios campesinos (tierra, agua, bosques, mar)?
3. ¿Cómo se relaciona el Artículo 17 del UNDROP con los procesos de acceso a la tierra y la naturaleza en sus realidades locales?
   
   Concentración y acceso a los recursos
4. ¿Qué está causando la concentración de propiedades rurales en su región? ¿Hay datos disponibles sobre fragmentación o despojo de la tierra?
5. ¿Qué impacto tiene la privatización del agua o la explotación industrial de los bosques en las comunidades campesinas?
6. ¿Cómo afecta la economía marítima a las comunidades pesqueras y costeras? ¿Existen casos de despojo o exclusión?
7. ¿Cómo se cruzan las agendas de conservación de la naturaleza con las tierras campesinas y los procesos de reforma agraria?
   
   Retos y buenas prácticas
8. ¿Cuáles son los principales obstáculos que enfrentan las comunidades campesinas, étnicas o pesqueras para acceder, controlar y gestionar sus territorios?
9. ¿Qué estrategias, leyes, movimientos o iniciativas han tenido éxito en la defensa o recuperación de territorios? (Ejemplos: reformas agrarias, titulación colectiva, litigios estratégicos, resistencia comunitaria).
10. ¿Cómo se están tratando en su contexto los fenómenos de «acaparamiento verde” y “acaparamiento azul”?
11. ¿Qué papel desempeñan las mujeres campesinas y las jóvenes en la defensa y gestión de los territorios? ¿Existen buenas prácticas de empoderamiento y participación?
12. ¿Cómo afectan los conflictos armados o la violencia política al despojo territorial? ¿Hay ejemplos de recuperación tras un conflicto?
    
    Recomendaciones
13. ¿Qué acciones concretas deberían tomar los Estados, organizaciones internacionales (ONU, FAO, PNUD), organizaciones de la sociedad civil y las propias comunidades para proteger y fortalecer las territorialidades campesinas?
14. ¿Qué mecanismos de justicia, política pública o financiación son urgentes para revertir la concentración y garantizar un acceso equitativo a los recursos?

¿Cómo se utilizarán las contribuciones?

Por favor, envíe su contribución por correo electrónico a hrc-wg-peasants@un.org antes del 19 de febrero de 2025, con el asunto: Aportación para el Informe de la AGNU sobre Territorio.

Las contribuciones deben enviarse en formato WORD/PDF, en inglés, francés o español, con un máximo de 1.000 palabras. Por favor, indique sus datos (nombre, gobierno/institución/organización, datos de contacto) para cualquier consulta de seguimiento.

Materiales adicionales de apoyo, como informes, estudios académicos y otros materiales de contexto, pueden estar enlazados en el cuerpo de la presentación o anexados a la misma presentación.

Salvo que se especifique lo contrario, las propuestas se harán públicas en la página web del Grupo de Trabajo.

Por favor, siéntase libre de difundir esta convocatoria a contribuciones ampliamente en sus redes.

Próximas etapas

Las contribuciones/comentarios pueden enviarse por correo electrónico. Deben recibirse antes del 19 de febrero de 2026 a las 23:00 (hora de Ginebra).

Dirección de correo electrónico: hrc-wg-peasants@un.org

Asunto del correo electrónico: Aportación para el Informe de la AGNU sobre Territorio

Límite de palabras o páginas:
1000 palabras

Formatos de archivo:
Word, PDF

Idiomas aceptados:
inglés, francés, español

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El Grupo de Trabajo sobre los Derechos de los Campesinos y Otras Personas que Trabajan en Áreas Rurales ha publicado un documento informativo sobre el derecho de los campesinos a las semillas, en relación con la Décima Primera Sesión del Órgano Rector del Tratado Internacional de Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura (ITPGRFA), celebrada del 24 al 29 de noviembre de 2025 en Lima, Perú. El documento ofrece un resumen de los temas clave en la agenda, incluyendo los derechos de los agricultores bajo el Artículo 9 del Tratado, el funcionamiento del Sistema Multilateral, la información sobre secuencias digitales y los arreglos de distribución de beneficios. 

El documento expone cómo los sistemas de semillas de los campesinos y los pueblos indígenas se relacionan con las obligaciones vinculantes de derechos humanos reconocidas en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y Otras Personas que Trabajan en Áreas Rurales (UNDROP), con particular atención al derecho a las semillas en el Artículo 19. Resume las principales recomendaciones del Grupo de Trabajo para el OR 11, tales como el reconocimiento de la naturaleza colectiva de los derechos de los campesinos, la revisión de las leyes nacionales de semillas y propiedad intelectual, abordar la biopiratería digital, establecer un comité permanente sobre los derechos de los agricultores y redefinir la distribución de beneficios para fortalecer los sistemas de semillas comunitarios y la conservación de la agrobiodiversidad. 

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Defendiendo los Derechos Campesinos traduce y republica el comunicado de prensa emitido por el Grupo de Trabajo de Expertos de la ONU sobre UNDROP, del 11 de diciembre de 2025 (disponible en inglés aquí).

GINEBRA – Expertos de la ONU celebraron hoy un fallo histórico del Tribunal Superior de Kenia que declaró inconstitucionales las disposiciones de la Ley de Semillas y Variedades de Plantas que criminalizaban la conservación, el uso, el intercambio y la venta de semillas indígenas y semillas conservadas por los campesinos y las campesinas.*

“Este fallo reconoce correctamente que el intercambio de semillas no es un delito, sino un elemento fundamental de la identidad, la resiliencia y la contribución de los campesinos y las campesinas a los sistemas alimentarios nacionales”, afirmó el Grupo de Trabajo.

El Tribunal Superior de Kenia determinó que la ley, que otorgaba derechos exclusivos de comercialización y propiedad sobre las semillas a los criadores y a las empresas semilleras, y exponía a los campesinos y campesinas a posibles penas de hasta dos años de prisión por conservar o compartir semillas, violaba los derechos de estas personas a la vida, al sustento y a la alimentación. El Tribunal subrayó que las prácticas de intercambio de semillas, que se han mantenido durante siglos, constituyen la columna vertebral de la seguridad alimentaria y del patrimonio cultural de Kenia.

“Esta decisión es una afirmación significativa de que los derechos humanos de los/as campesinos/as y los imperativos de la seguridad alimentaria y la biodiversidad deben prevalecer sobre regímenes de propiedad intelectual excesivamente restrictivos”, señaló el Grupo de Trabajo.

Los expertos señalaron que disposiciones similares, a menudo basadas en la Ley de 1991 de la Unión Internacional para la Protección de Nuevas Variedades de Plantas (UPOV), se han incorporado a las leyes nacionales en muchos países, criminalizando prácticas ancestrales en la agricultura indígena y campesina.

“El fallo keniano envía un mensaje claro y oportuno: las obligaciones en materia de derechos humanos no pueden estar subordinadas a monopolios comerciales de semillas ni a interpretaciones restrictivas de los derechos de los obtentores de plantas”, afirmó el Grupo de Trabajo.

La decisión es coherente con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales (UNDROP), en particular el artículo 19, que reconoce el derecho a las semillas, incluyendo el derecho a conservar, usar, intercambiar y vender semillas conservadas por los/as campesinos/as o material de propagación. Los expertos recordaron su Documento Informativo sobre el Derecho a las Semillas**, que aclara que los Estados deben garantizar que las políticas de semillas, los esquemas de certificación y los marcos de propiedad intelectual se diseñen y apliquen de manera que respeten, protejan y cumplan estos derechos, y que los sistemas de semillas gestionados por campesinos/as sean legalmente reconocidos y apoyados activamente.

“Los tribunales desempeñan un papel crítico para garantizar que las leyes nacionales cumplan con las normas internacionales de derechos humanos”, señaló el Grupo de Trabajo. “Cuando los marcos legislativos han criminalizado los sistemas tradicionales de semillas o restringido las prácticas consuetudinarias campesinas, la revisión judicial ofrece una salvaguarda esencial para restaurar la primacía de los derechos humanos y el derecho a la alimentación.”

Los expertos elogiaron el coraje y la perseverancia de los/as campesinos/as, pueblos indígenas y actores de la sociedad civil de Kenia que se movilizaron para garantizar los derechos sobre las semillas ante el Tribunal. “Su determinación es una inspiración para los movimientos campesinos de todo el mundo y demuestra que, cuando los tribunales defienden los derechos humanos, protegen no solo los medios de vida de los pequeños agricultores y los pueblos indígenas, sino también el futuro de sistemas alimentarios diversos, resilientes y soberanos”, afirmaron.

“El fallo de Kenia debería inspirar interpretaciones similares basadas en derechos humanos de las leyes sobre semillas y los regímenes de protección de variedades vegetales en otras jurisdicciones”, concluyó el Grupo de Trabajo.

*El Grupo de Trabajo sobre Derechos Campesinos y otras personas que trabajan en zonas rurales está compuesto por cinco expertos independientes de todas las regiones del mundo. El Presidente-Rapporteur es Carlos Duarte (Colombia), y los otros miembros son Geneviève Savigny (Francia); Shalmali Guttal (India), Uche Ewelukwa Ofodile (Nigeria) y Davit Hakobyan (Armenia).

**Documento informativo sobre el derecho a las semillas, emitido por el Grupo de Trabajo en relación con la Undécima Sesión del Órgano Rector del Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura (TIRFAA), celebrada del 24 al 29 de noviembre de 2025, detalla cómo los Estados pueden integrar las obligaciones de la UNDROP bajo el derecho a las semillas para proteger las prácticas tradicionales de los/as campesinos/as y los Pueblos Indígenas, así como la biodiversidad.

Los Relatores Especiales / Expertos Independientes / Grupos de Trabajo son expertos en derechos humanos independientes nombrados por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. En conjunto, estos expertos se conocen como los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Los expertos de Procedimientos Especiales trabajan de manera voluntaria; no son personal de la ONU y no reciben salario por su labor. Si bien la oficina de Derechos Humanos de la ONU actúa como secretaría de los Procedimientos Especiales, los expertos ejercen su función a título individual y son independientes de cualquier gobierno u organización, incluida la ACNUDH y la ONU. Cualquier opinión o punto de vista presentado es únicamente del autor y no representa necesariamente a la ONU ni a la ACNUDH.

Las observaciones y recomendaciones específicas por país de los mecanismos de derechos humanos de la ONU, incluidos los procedimientos especiales, los órganos de tratados y el Examen Periódico Universal, se pueden consultar en el Índice Universal de Derechos Humanos https://uhri.ohchr.org/es/

Página de país de Derechos Humanos de la ONU – Kenia

Para consultas y solicitudes de medios, contactar a: Jamshid GAZIYEV, Secretario del Grupo de Trabajo sobre campesinos y trabajadores/as rurales (jamshid.gaziyev@un.org).

Para consultas de medios relacionadas con otros expertos independientes de la ONU, contactar a Maya Derouaz (maya.derouaz@un.org) o Dharisha Indraguptha (dharisha.indraguptha@un.org)

Siga las noticias relacionadas con los expertos independientes en derechos humanos de la ONU en X: @UN_SPExperts.

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El 27 de noviembre de 2025, el Tribunal Superior de Kenia en Machakos dictó una sentencia muy esperada en el marco de un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley sobre semillas y variedades vegetales interpuesto por un grupo de campesinos y campesinas. El Tribunal dio la razón a los demandantes en todos los puntos, anulando varias secciones de la ley y sus reglamentos.

Como se indicó anteriormente en otro articulo del sitioweb “Defendiendo los derechos campesinos”, el recurso constitucional contra la Ley sobre semillas y variedades vegetales fue presentado en 2022 por quince campesinos y campesinas de la Seeds Savers Network contra la agencia gubernamental encargada de la aplicación de la ley.

Revisada en 2012, la Ley keniana sobre semillas y variedades vegetales es una ley draconiana que prohíbe a los campesinos y las campesinas conservar, compartir, intercambiar y vender semillas bajo pena de sanciones penales. En su decisión, la jueza declaró que varias disposiciones de la ley eran contrarias a la Constitución de Kenia, al Tratado sobre los Recursos Fitogenéticos de la FAO y a la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales (UNDROP). La jueza consideró que la Constitución debía interpretarse a la luz del artículo 9 del Tratado sobre los Recursos Fitogenéticos y del artículo 19 de la UNDROP, y que Kenia estaba obligada a cumplir sus obligaciones en virtud del derecho internacional en general y de los derechos humanos en particular.

Más concretamente, la jueza consideró que la sección de la ley que otorga a los inspectores la facultad de incautar y destruir semillas cuando tienen «motivos razonables» para creer que se ha infringido una disposición de la ley vulnera el derecho de los campesinos y las campesinas a la intimidad, al respeto de su domicilio y a la protección de sus bienes, tal y como se consagran en la Constitución. La jueza señaló que la falta de definición del término «motivos razonables» y de un mecanismo de control independiente podía dar lugar a abusos y decisiones arbitrarias.

Es importante señalar que la jueza declaró que varias disposiciones de la ley son inconstitucionales, ya que vulneran el derecho de los campesinos y las campesinas a conservar, utilizar, compartir, intercambiar y vender semillas conservadas en la explotación. Estas disposiciones penalizan la venta de semillas, salvo que se trate de semillas certificadas vendidas por comerciantes registrados, y limitan los derechos de los campesinos y las campesinas sobre sus cosechas procedentes de variedades protegidas.

La jueza consideró que, al restringir el derecho cultural a conservar, compartir e intercambiar semillas, estas disposiciones son contrarias a la Constitución, que afirma que el Estado debe reconocer el papel de la ciencia y las tecnologías indígenas, así como reconocer y proteger la propiedad de las semillas y variedades vegetales indígenas, sus diversas características y su uso por parte de las comunidades de Kenia. Teniendo en cuenta la importante contribución de los campesinos y las campesinas a la producción de alimentos, la jueza consideró que estas disposiciones también violaban el derecho a la alimentación garantizado por la Constitución y la obligación de Kenia de adoptar medidas legislativas, políticas y de otro tipo para garantizar su realización progresiva. Por último, la jueza también consideró que los exorbitantes gastos de registro, asociados a los estrictos requisitos de registro, constituían una discriminación indirecta contra los campesinos y campesinas.

En cuanto al derecho a la participación, la jueza observó que muchas de las cuestiones planteadas en la demanda podrían haberse evitado si el Gobierno hubiera garantizado el derecho a una participación adecuada y significativa de los campesinos y campesinas, las partes interesadas y el público en el proceso de elaboración de la legislación. La jueza ordenó al Gobierno que garantizara el derecho a la participación en el proceso de modificación de la ley para cumplir con la sentencia.

Aún no se sabe si el Gobierno de Kenia apelará esta decisión. En cualquier caso, esta decisión judicial cambia las reglas del juego para millones de campesinos y campesinas kenianos y sienta un importante precedente para los derechos consagrados en la UNDROP y, en particular, el derecho a las semillas a escala mundial.

***

Sentencia del Tribunal Superior de Kenia, disponible aquí (en inglés):
https://new.kenyalaw.org/akn/ke/judgment/kehc/2025/18166/eng@2025-11-27

Constitución de Kenia (en particular los artículos 11, 21(2) y 43(1)):
https://kenyalaw.org/kl/fileadmin/pdfdownloads/TheConstitutionOfKenya.pdf

Ley de Kenia sobre semillas y variedades vegetales:
https://upovlex.upov.int/en/legislation/text/506145

La entrada Victoria histórica para los/as campesinos/as kenianos y la soberanía semillera se publicó primero en Defending Peasants' Rights.

Ginebra, 10 noviembre 2025

Los derechos de los campesinos y los trabajadores rurales en el centro de la justicia climática

Mientras los líderes mundiales y la sociedad civil se reúnen para la 30ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP30), el Grupo de Trabajo de la ONU sobre los Derechos de los Campesinos y Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales¹ pide un cambio claro en la política climática mundial. Los campesinos, los pueblos indígenas, los pescadores, los pastores y los trabajadores rurales ya no deben ser vistos solo como víctimas de la crisis climática, sino como líderes esenciales en la restauración de los ecosistemas, la alimentación de las comunidades y la construcción de la justicia social y económica.

Alrededor de 2 mil millones de campesinos, pueblos indígenas y productores cultivan más del 70 por ciento de los alimentos que se consumen en los países de ingresos bajos y medios. También protegen gran parte de la biodiversidad del mundo, mantienen vivas las semillas y razas tradicionales y mantienen los ecosistemas y paisajes que sustentan la vida y las economías rurales. Sin embargo, reciben menos del uno por ciento de la financiación climática mundial y a menudo están excluidos de las decisiones clave sobre el futuro de la alimentación y el clima. Este desequilibrio debe terminar.

1. Alinear la acción climática con los derechos humanos

El Acuerdo de París y los derechos humanos apuntan a lograr los mismos objetivos. Los gobiernos no pueden lograr un progreso climático real mientras ignoran su deber de proteger los derechos de quienes alimentan al mundo.

Los Estados deben incluir los principios contenidos en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales (UNDROP), especialmente los derechos a la tierra, las semillas, el agua, la biodiversidad y la participación, en sus planes climáticos nacionales y estrategias de adaptación. Las políticas climáticas que pasan por alto estos derechos corren el riesgo de aumentar la pobreza, el desplazamiento y el hambre.

2.  Dirigir el financiamiento climático a soluciones lideradas por campesinos

La mayor parte del financiamiento climático aún apoya a las grandes empresas agrícolas, proyectos orientados a la exportación y mecanismos de mercado que permiten las causas y los impulsores del cambio climático, en lugar de apoyar las capacidades de quienes están en la primera línea de los impactos y las acciones innovadoras para abordar el cambio climático. El Grupo de Trabajo pide canales de financiación especiales dentro de los fondos climáticos para apoyar directamente a los titulares de derechos de la UNDROP, que incluyen campesinos, pequeños agricultores, pastores, pescadores, trabajadores rurales, pueblos indígenas y mujeres rurales. Estos fondos deben proporcionar subvenciones, no préstamos, con reglas simples y supervisión comunitaria para que el dinero llegue a quienes lo necesitan directamente de manera oportuna.

Se debe tener especial cuidado para no penalizar doblemente al Sur global obligando a los Estados a tomar préstamos para hacer frente a los daños resultantes del cambio climático que fue impulsado predominantemente por las emisiones provenientes de los estados ricos. El financiamiento para la mitigación, la adaptación y las pérdidas y daños debe verse como una forma de reparación por parte de quienes se han beneficiado de las operaciones extractivas que impulsan la crisis climática.

Las inversiones deben centrarse en la agroecología, la agricultura diversa, los sistemas de pesca y pastoreo, la regeneración del suelo, el agua y la biodiversidad, y otros métodos locales que reduzcan las emisiones y protejan la naturaleza. Las mujeres campesinas rurales, que llevan gran parte del trabajo y la responsabilidad de la seguridad alimentaria, necesitan apoyo y reconocimiento específicos.

3.  Comparta la tecnología de manera justa y respete el conocimiento

Para que la adaptación sea efectiva, la tecnología debe servir a las comunidades, no controlarlas. Instamos a los gobiernos a que cumplan sus compromisos con la UNDROP facilitando la cooperación internacional, lo que lleva a compartir la ciencia y la tecnología, junto con la creación de capacidad local.

Los Estados y las organizaciones deben promover herramientas de código abierto y de propiedad comunitaria, El derecho a guardar, compartir y desarrollar semillas y razas tradicionales es fundamental para la soberanía alimentaria y la resiliencia climática, y los Estados deben garantizar que las leyes comerciales y de patentes no criminalicen el intercambio tradicional de semillas ni fomenten la biopiratería. El conocimiento indígena y campesino, desarrollado a través de generaciones, debe tratarse como una parte central de la innovación climática.

4.  Proteger la tierra, el agua y la biodiversidad

Los objetivos climáticos no se pueden cumplir mientras continúen el acaparamiento de tierras, la deforestación, la destrucción de los ecosistemas fluviales y marinos y la expansión de los monocultivos. El Grupo de Trabajo insta a garantizar los derechos a la tierra, los recursos y el territorio, la reforma agraria y de tierras integrales, y los modelos de propiedad colectiva y gobernanza que sostengan tanto a las personas como a la naturaleza.

La captura de mercado de paisajes y componentes naturales que sustentan la vida a través de economías verdes y azules debe evitarse y denunciarse públicamente cuando se ve.

Los gobiernos deben garantizar que los proyectos de conservación y créditos de carbono no afecten negativamente el derecho de los titulares de derechos a la tierra, las semillas o la autonomía productiva, ni afecten sus medios de vida. Todos los proyectos deben involucrar la participación de los titulares de derechos locales, y los beneficios deben compartirse con ellos.

5.  Garantizar una transición justa para la población rural

El cambio hacia sistemas alimentarios sostenibles debe proteger los medios de vida de los campesinos y trabajadores rurales. Todas las inversiones climáticas, públicas o privadas, deben respetar las obligaciones de derechos humanos para evitar la pérdida de tierras, territorios y biodiversidad, el abuso laboral y el daño ambiental.

Las agroempresas que se benefician de los fondos climáticos deben demostrar el cumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, en particular las de la UNDROP. Los campesinos y otros titulares de derechos, y sus organizaciones, deben tener una voz real en las delegaciones nacionales y en los organismos de la CMNUCC que dan forma a las políticas agrícolas y de adaptación.

6.  El camino a seguir

La COP30 ofrece una oportunidad única de conectar el derecho de los derechos humanos y la política climática. El Grupo de Trabajo exhorta a los Estados a:

1. Garantizar que todos los fondos, mecanismos, propuestas y soluciones respeten los derechos humanos individuales y colectivos de los titulares de derechos, tal como se definen en la UNDROP y otros instrumentos internacionales de derechos humanos.
2. Reformar todos los fondos e instalaciones internacionales y nacionales para el clima y la adaptación² para permitir el acceso directo a los titulares de derechos de la UNDROP, incluidos los campesinos, agricultores, pescadores, pastores, pueblos indígenas, trabajadores y mujeres rurales.
3. Apoyar la cooperación tecnológica basada en los derechos, asegurando que surjan soluciones de consultas previas, y el consentimiento informado y la participación significativa de los titulares de derechos.
4. Aumentar el compromiso entre los gobiernos, los movimientos campesinos, pesqueros y pastoriles, los grupos de mujeres, las organizaciones de trabajadores rurales y los pueblos indígenas para planificar transiciones justas, informadas por los derechos de la UNDROP.

«La crisis climática es inseparable de la crisis de la injusticia rural», dijo el presidente del Grupo de Trabajo. «Los campesinos y los trabajadores rurales alimentan al mundo y enfrían el planeta. Reconocer y proteger sus derechos no es caridad, es la base de una respuesta eficaz, responsable y justa al cambio climático».

FIN

*Los expertos:

El Grupo de Trabajo sobre Campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales está compuesto por cinco expertos independientes de todas las regiones del mundo. El Presidente- Relator es Carlos Duarte (Colombia) y los Vicepresidentes son Davit Hakobyan (Armenia) y Uche Ofodile (Nigeria); otros miembros son Shalmali Guttal (India) y Geneviève Savigny (Francia).

Los relatores especiales, expertos independientes y grupos de trabajo son expertos independientes en derechos humanos nombrados por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. En conjunto, estos expertos se denominan Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Los expertos de los procedimientos especiales trabajan de forma voluntaria; no son funcionarios de las Naciones Unidas y no reciben salario por su trabajo. Si bien la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas actúa como secretaría de los procedimientos especiales, los expertos actúan a título individual y son independientes de cualquier gobierno u organización, incluidos el ACNUDH y las Naciones Unidas. Las opiniones o puntos de vista expresados son exclusivamente los del autor y no representan necesariamente los de las Naciones Unidas o el ACNUDH.

Las observaciones y recomendaciones específicas por país de los mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas, incluidos los procedimientos especiales, los órganos creados en virtud de tratados y el Examen Periódico Universal, pueden consultarse en el Índice Universal de Derechos Humanos https://uhri.ohchr.org/en/

Para consultas y solicitudes de los medios de comunicación, póngase en contacto con: Jamshid GAZIYEV, secretario del Grupo de Trabajo sobre los campesinos y los trabajadores rurales (jamshid.gaziyev@un.org)

Para consultas de los medios de comunicación relacionadas con otros expertos independientes de las Naciones Unidas, póngase en contacto con Maya Derouaz (maya.derouaz@un.org) o Dharisha Indraguptha (dharisha.indraguptha@un.org)

Siga las noticias relacionadas con los expertos independientes en derechos humanos de las Naciones Unidas en Twitter: @UN_SPExperts.

1. La UNDROP y el Grupo de Trabajo se aplican a una gama muy amplia de personas, incluidas las
   personas dedicadas a la agricultura artesanal o en pequeña escala, la plantación de cultivos, la ganadería, el pastoreo, la pesca, la silvicultura, la caza o la recolección, y la artesanía relacionada con la agricultura o una ocupación relacionada en una zona rural, junto con los pueblos indígenas, los pueblos nómadas y los migrantes, como se explica con más detalle en su artículo 1. ︎
2. Incluyendo el Fondo Verde para el Clima de la CMNUCC, el Fondo de Adaptación del Protocolo de Kioto, los Servicios para el Medio Ambiente Mundial, los Fondos de Inversión Climática administrados por el Banco Mundial y los fondos nacionales de adaptación, entre otros. ︎

La entrada Declaración del Grupo de Trabajo de la ONU sobre los Derechos de los Campesinos y otras personas que trabajan en áreas rurales con motivo de la COP30, Belém, Brasil se publicó primero en Defending Peasants' Rights.

Nota del editor:

La visita de los expertos, inicialmente planificada del 4 al 14 de noviembre de 2025, fue pospuesta a pesar de su momento crucial, tras las recientes protestas en Ecuador que fueron respondidas con un estado de excepción y medidas de represión en las que organizaciones indígenas, rurales y ambientales — entre los principales representantes de los/las titulares de derechos amparados por la UNDROP— fueron acusadas de «terrorismo» y vieron congeladas sus cuentas bancarias. Estas manifestaciones encendieron alarmas urgentes sobre problemas apremiantes directamente vinculados a la UNDROP, como los derechos a la tierra, al agua y a un medio ambiente sano, los cuales se vieron amenazados por la eliminación de los subsidios a los combustibles y el avance de proyectos mineros en territorios indígenas.

En este contexto, los expertos explicaron que una visita habría brindado una oportunidad vital para trabajar con el Gobierno a fin de encontrar respuestas basadas en los derechos humanos a estas preocupaciones.

Subrayaron que Ecuador ha reafirmado repetidamente su compromiso con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales (UNDROP). Los expertos también recalcaron que esta declaración ofrece un marco claro para abordar las desigualdades profundas que enfrentan las comunidades rurales y puede ayudar a moldear políticas públicas que promuevan la soberanía alimentaria, la preservación ambiental y la justicia social.

Leer la declaración completa:

5 de noviembre de 2025

GINEBRA – Un grupo de expertos en derechos humanos* ha anunciado hoy que su visita a Ecuador, prevista del 4 al 14 de noviembre de 2025, ha sido cancelada después de que el Gobierno solicitara reprogramarla para la segunda mitad de 2026.

«Las recientes protestas en todo el país reflejan preocupaciones profundas sobre los derechos a la tierra y al agua, la degradación medioambiental, así como el aumento del coste de la vida y la creciente inseguridad y violencia», ha declarado el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre los derechos de los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales.

«Una visita al país en este momento nos habría permitido colaborar con el Gobierno para identificar soluciones de derechos humanos a estas cuestiones urgentes».

Los expertos señalaron que la visita habría sido una oportunidad valiosa para entablar un diálogo constructivo con el Gobierno y las comunidades para la promoción de los derechos de los campesinos y los trabajadores rurales en Ecuador.

«La visita al país habría brindado una plataforma importante para identificar enfoques basados en los derechos humanos frente a los desafíos urgentes que enfrentan actualmente las comunidades campesinas e indígenas en Ecuador», afirmó el Grupo de Trabajo. «A la luz de las recientes protestas y la respuesta del Gobierno a las mismas, este diálogo habría sido especialmente relevante para debatir formas de abordar las causas subyacentes de los conflictos y fortalezer la confianza entre las comunidades y las instituciones».

Los expertos reiteraron que el reconocimiento progresivo por parte de Ecuador de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales (UNDROP) ofrece una hoja de ruta concreta y basada en principios para abordar las desigualdades e injusticias estructurales que afectan a las comunidades campesinas, los pueblos indígenas, los pescadores artesanales y los trabajadores rurales.

«Seguimos convencidos de que la implementación de la UNDROP puede ayudar a orientar las políticas públicas para garantizar la soberanía alimentaria, la protección del medio ambiente y la justicia social», señalaron los expertos, expresando asimismo su disposición a apoyar y cooperar con las autoridades ecuatorianas en la promoción de los derechos de los campesinos y los trabajadores rurales en el país.

El Grupo de Trabajo sobre los Campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales está compuesto por cinco expertos independientes de todas las regiones del mundo. El presidente-relator es Carlos Duarte (Colombia) y los demás miembros son Geneviève Savigny (Francia), Shalmali Guttal (India), Uche Ewelukwa Ofodile (Nigeria) y Davit Hakobyan (Armenia).

Los relatores especiales, expertos independientes y grupos de trabajo son expertos independientes en derechos humanos nombrados por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. En conjunto, estos expertos se denominan «procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos». Los expertos de los procedimientos especiales trabajan de forma voluntaria; no son funcionarios de las Naciones Unidas y no reciben un salario por su trabajo. Si bien la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas actúa como secretaría de los procedimientos especiales, los expertos actúan a título individual y son independientes de cualquier gobierno u organización, incluidos el ACNUDH y las Naciones Unidas. Las opiniones o puntos de vista expresados son exclusivamente los del autor y no representan necesariamente los de las Naciones Unidas o el ACNUDH.

Las observaciones y recomendaciones específicas por país de los mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas, incluidos los procedimientos especiales, los órganos creados en virtud de tratados y el Examen Periódico Universal, pueden consultarse en el Índice Universal de Derechos Humanos https://uhri.ohchr.org/en/.

Página de la ONU sobre derechos humanos, página del país: https://www.ohchr.org/es/countries/ecuador

Para consultas y solicitudes de los medios de comunicación, póngase en contacto con: Jamshid GAZIYEV, Secretario del Grupo de Trabajo sobre los campesinos y los trabajadores rurales (jamshid.gaziyev@un.org ).

Para consultas de los medios de comunicación relacionadas con otros expertos independientes de las Naciones Unidas, póngase en contacto con Maya Derouaz (maya.derouaz@un.org ) o Dharisha Indraguptha (dharisha.indraguptha@un.org )

Siga las noticias relacionadas con los expertos independientes en derechos humanos de las Naciones Unidas en X: @UN_SPExperts.

La entrada Ecuador pospone la visita del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre los derechos de los campesinos se publicó primero en Defending Peasants' Rights.

El informe, que pide medidas concretas para la realización efectiva del derecho de participación de las poblaciones rurales, examina el papel central de los/las campesinos/as y los/as trabajadores/as rurales en los sistemas alimentarios mundiales y destaca la importancia de su participación significativa en los procesos de toma de decisiones. Además, describe cómo la garantía de los derechos legales de los/las campesinos, incluida la participación, es esencial para promover la justicia social, fomentar la gestión medioambiental y lograr el desarrollo sostenible.

Lea el informe completo:

Lea también la declaración pronunciada por el actual presidente del Grupo de Trabajo, Carlos Duarte, ante la Asamblea General de las Naciones Unidas al presentar este informe:

La entrada El derecho a la participación – 3er informe del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la UNDROP se publicó primero en Defending Peasants' Rights.

Las empresas agroindustriales transnacionales se encuentran entre los principales infractores de los derechos consagrados en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales (UNDROP). La declaración subraya la urgente necesidad de un instrumento internacional sólido y aplicable para hacer que estos actores rindan cuentas.

Los expertos destacan la importancia de utilizar la UNDROP como base legal en el desarrollo del tratado, señalando que proporciona un marco fundamental para abordar las injusticias sistémicas que enfrentan los agricultores a pequeña escala, pescadores, pastores y trabajadores rurales. Tal como enfatizan: “Los derechos consagrados en la UNDROP —incluidos los derechos a la tierra, las semillas, la biodiversidad y la participación— deben implementarse mediante leyes vinculantes y mecanismos sólidos de rendición de cuentas.”

Lea la declaración completa aquí:

GINEBRA — Un grupo de poderosas empresas controla ahora gran parte de la producción agrícola mundial, los mercados de insumos y las cadenas de suministro alimentario. Esta concentración de poder socava la autonomía de los pequeños agricultores, exacerba la desigualdad y pone en peligro los fundamentos ecológicos de nuestros sistemas alimentarios, advirtieron hoy expertos de la ONU*.

En sus informes a la Asamblea General de la ONU**, el Grupo de Trabajo sobre los campesinos y los trabajadores rurales y el Relator Especial sobre el derecho a la alimentación advirtieron que el creciente dominio de las empresas transnacionales y la agroindustria en los sistemas alimentarios mundiales supone una amenaza cada vez mayor para la seguridad alimentaria, los medios de vida rurales y los derechos humanos.

«Los campesinos y los pequeños agricultores alimentan a la mayoría de la población mundial con alimentos saludables y diversos. Sin embargo, cada vez están más marginados y desposeídos por la expansión de los sistemas alimentarios impulsados por las empresas», afirmaron los expertos. «El modelo actual de agroindustria, respaldado por Estados poderosos, da prioridad a los beneficios económicos por encima de las personas y el planeta. Esto debe cambiar».

Las prácticas corporativas, como la adquisición de tierras a gran escala, la monopolización de semillas y agroquímicos, la especulación alimentaria, la agricultura por contrato explotadora y la creciente captura corporativa de los espacios de toma de decisiones tradicionalmente ocupados por los campesinos y los trabajadores rurales en la gobernanza de los sistemas alimentarios, han generado, en conjunto, profundas dependencias que erosionan la resiliencia rural y socavan la autonomía de quienes sostienen nuestros sistemas alimentarios. Además, las tecnologías digitales están remodelando aún más los sistemas alimentarios, a menudo ampliando el control corporativo mediante la apropriación de datos agrícolas. Estas tendencias, junto con la crisis climática, han agravado aún más la amenaza al derecho a la alimentación de millones de personas.

Los expertos reafirmaron que la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales (UNDROP) ofrece un marco jurídico fundamental para abordar las injusticias sistémicas a las que se enfrentan los pequeños agricultores, pescadores, pastores y trabajadores agrícolas rurales.

«Los Estados tienen la obligación de regular la actividad empresarial, prevenir los abusos y las violaciones contra los derechos humanos y garantizar el acceso a la justicia de las víctimas», afirmaron.

«Los compromisos voluntarios no son suficientes. Los derechos consagrados en la UNDROP, incluidos los derechos a la tierra, las semillas, la biodiversidad y la participación, deben ser garantizados mediante leyes vinculantes y mecanismos de rendición de cuentas sólidos. Para garantizar que la digitalización sirva a sistemas alimentarios equitativos y sostenibles, la gobernanza de los datos debe proteger los derechos, los conocimientos y la autonomía de los agricultores».

Los campesinos y los trabajadores rurales afectados negativamente por las malas prácticas de las empresas, desde el acaparamiento de tierras y la exposición a sustancias tóxicas hasta el robo de salarios y los desalojos forzosos, siguen luchando por acceder a recursos efectivos.

El Grupo de Trabajo y el Relator Especial hicieron un llamamiento a todos los gobiernos, al sector privado y a los organismos de las Naciones Unidas para que sitúen a los pequeños agricultores, pescadores, pastores y trabajadores rurales en el centro de las políticas alimentarias y la gobernanza mundial.

«Los alimentos no son una mercancía, son un derecho humano», afirmaron. «Debemos actuar ahora para garantizar que quienes alimentan al mundo puedan vivir y trabajar con dignidad, libres de explotación y miedo».

Antes de la próxima sesión del Grupo de Trabajo Intergubernamental de composición abierta sobre las empresas transnacionales y otras empresas con respecto a los derechos humanos, los expertos instaron a todos los Estados miembros a dar prioridad a la finalización de un tratado jurídicamente vinculante para regular las empresas, incluidas las instituciones financieras, y hacerlas responsables de los abusos y las violaciones de los derechos humanos.

«Un tratado vinculante es esencial para cerrar la brecha de rendición de cuentas y reequilibrar el poder en nuestros sistemas alimentarios. Sin obligaciones vinculantes, la impunidad de las empresas seguirá erosionando los derechos humanos y la capacidad del planeta para alimentarse de forma sostenible», afirmaron.

La entrada Expertos de la ONU instan a avanzar en la responsabilización del agronegocio para salvaguardar los derechos campesinos se publicó primero en Defending Peasants' Rights.

GINEBRA – 15 de octubre de 2025 – En el Día Internacional de las Mujeres Rurales, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre los Derechos de los Campesinos, Campesinas y Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales hizo un llamado urgente a la acción, exigiendo a los Estados y a las empresas que pongan fin a la discriminación sistémica, la violencia y la exclusión económica que enfrentan las mujeres rurales en todo el mundo. A pesar de producir más del 70 % de los alimentos del mundo en desarrollo y liderar los esfuerzos de adaptación al cambio climático, las mujeres campesinas y otras mujeres que trabajan en zonas rurales (mujeres rurales) siguen siendo uno de los grupos más marginados, enfrentando graves violaciones a sus derechos humanos fundamentales.

El llamado urgente a la acción destaca una serie de violaciones de derechos interrelacionadas que configuran las duras realidades que enfrentan las mujeres rurales en todo el mundo. El Grupo de Trabajo insta, por tanto, a los Estados, las instituciones multilaterales, el sector privado y la sociedad civil a respetar y garantizar los derechos de las mujeres rurales, tal como están consagrados en la UNDROP, mediante acciones concretas en sus respectivos ámbitos.

Ver declaración completa (en inglés) a continuación:

La entrada El Grupo de Trabajo de la ONU sobre la UNDROP exige una acción urgente para defender los derechos de las mujeres rurales. se publicó primero en Defending Peasants' Rights.