La experiencia de Cuba demuestra que los principios y disposiciones consagrados en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales (UNDROP) pueden traducirse de manera concreta en políticas públicas, marcos jurídicos e iniciativas orientadas a garantizar y promover los derechos de las comunidades campesinas. El presente informe recoge los avances alcanzados y las principales iniciativas desarrolladas en este sentido, poniendo de relieve el compromiso del Estado y de los propios titulares de derechos con la promoción y protección de los derechos campesinos.

Esta experiencia constituye, asimismo, una referencia de interés para otros países y contextos. Demuestra que, incluso en condiciones de vulnerabilidad debida a una ofensiva imperialista continua, y frente a desafíos enormes debido a la guerra economica externa, es posible avanzar en la implementación de los derechos reconocidos en la UNDROP cuando existe voluntad política, un marco institucional favorable y una participación activa y movilización de las organizaciones y comunidades de base.

Más allá de sus particularidades nacionales, el caso cubano ofrece aprendizajes y elementos de inspiración para otros países que buscan fortalecer sus políticas públicas y marcos jurídicos en favor de los derechos de las personas que viven y trabajan en las zonas rurales.

A continuación, encontrará el informe completo:

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*Imagen: El mundo campesino. Elena Rusca

Entrevista con Geneviève Savigny, miembro del Grupo de Trabajo de la ONU sobre los Derechos de los Campesinos (UNDROP)

Ginebra, 25 de junio de 2026 — Elena Rusca

Mientras las crisis alimentarias, climáticas y geopolíticas se intensifican, los campesinos —quienes alimentan a la mayoría de la humanidad— siguen siendo de los más expuestos a la pobreza, la expropiación y la violencia. Desde 2018, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos (UNDROP) ofrece un marco inédito para proteger sus derechos colectivos, sus semillas, sus tierras y sus saberes. Pero su implementación sigue siendo frágil. Geneviève Savigny, miembro del Grupo de Trabajo encargado de la UNDROP, analiza los desafíos agrarios, semilleros y políticos que atraviesan hoy los campos del mundo —desde África Occidental hasta América Latina.

La UNDROP: un texto histórico nacido de las luchas campesinas

Adoptada en 2018 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, la Declaración de los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en Zonas Rurales es uno de los instrumentos más ambiciosos del sistema internacional. Fruto de casi veinte años de movilización impulsada por La Vía Campesina, busca proteger a quienes producen la mayor parte de los alimentos del planeta, pero que siguen siendo los más expuestos a la pobreza, la expropiación, la violencia y la marginación política.

La UNDROP reconoce derechos rara vez explicitados en otros textos internacionales:

• el derecho a la tierra,
• el derecho a las semillas,
• el derecho al agua,
• la protección contra los desalojos,
• la participación en las decisiones,
• los derechos colectivos y consuetudinarios,
• el reconocimiento de los saberes campesinos.

Para garantizar su implementación, el Consejo de Derechos Humanos creó en 2023 un Grupo de Trabajo compuesto por cinco expertos independientes. Geneviève Savigny, campesina y exmiembro de la Confederación Campesina y de La Vía Campesina, forma parte de él.

Un grupo de trabajo internacional para defender los derechos campesinos

— ¿Cómo se formó su grupo de trabajo?

G. Savigny: «El grupo de trabajo fue formado por el Consejo de Derechos Humanos después de que se adoptara una resolución en otoño de 2023. Fuimos seleccionados durante el invierno y nos encontramos cinco personas. Personalmente, soy campesina, exmiembro de la Confederación Campesina y de La Vía Campesina. También están Carlos, antropólogo y profesor en Colombia; David, profesor de derecho en Armenia; Shalmalee, exdirectora de la ONG Focus on Global South; y Uche, profesora de derecho nigeriana que trabaja en Estados Unidos.»

— ¿Cómo trabajan concretamente?

G. Savigny: «Nuestro grupo tiene dos sesiones anuales de cinco días presenciales, normalmente una en Ginebra y otra en Nueva York. Este año preferimos reemplazar la segunda sesión por visitas a países. Acabamos de hacer una visita a Ghana y otra está prevista en noviembre en Paraguay. Cada vez somos dos personas del grupo más nuestro equipo asalariado.»

— ¿Qué hacen durante estas visitas?

G. Savigny: «Nos reunimos con representantes de los distintos ministerios vinculados a la agricultura y la alimentación, y luego con representantes de campesinos, pescadores, pastores y mujeres rurales. En Ghana, las reuniones debían pasar por el gobierno o por autoridades locales para poder encontrarnos con los jefes de aldea. El objetivo es entender cómo se aplican los derechos campesinos, cuáles son los puntos fuertes y qué se puede mejorar. Luego elaboramos un informe que se presentará en otoño.»

La participación: un derecho esencial pero difícil de ejercer

— Publicaron un informe sobre el derecho a la participación. ¿Cuáles fueron sus conclusiones?

G. Savigny: «La participación es realmente indispensable para que la situación de los campesinos y campesinas sea tomada en cuenta y resuelta de la manera adecuada. Pero aún queda mucho por hacer, incluso por razones materiales: la traducción, la distancia, las dificultades para desplazarse a los lugares de poder.

En cuanto a las mujeres, existe una dificultad particular para liberarse de las tareas domésticas y del trabajo cotidiano para poder participar en las decisiones que les conciernen. Es un nivel de dificultad adicional en un mundo rural donde el trabajo es muy absorbente y a menudo aislado.»

Semillas: un desafío crucial frente a las multinacionales

— Este año trabajan sobre el derecho a las semillas. ¿Por qué es tan importante?

G. Savigny: «El artículo diecinueve de la UNDROP detalla cómo los campesinos deben tener derecho a mantener los sistemas de semillas campesinas: guardar, reproducir, intercambiar y vender semillas. El Estado también debe favorecer la existencia de este sistema. No siempre es así, ya que existe un sistema comercial muy dinámico, incluso agresivo, según cómo se mire.»

— ¿Los OGM influyen en esta problemática?

G. Savigny: «Sí, por supuesto. Con los avances tecnológicos, ahora tenemos formas mucho más fáciles y rápidas de hacer OGM. Para facilitar su difusión y comercialización, las empresas semilleras ya no quieren que se llamen OGM, sino NGT, Nuevas Técnicas Genómicas. Buscan que se reconozca que podrían aparecer en la naturaleza, por lo que no habría necesidad de etiquetarlos.

Pero ¡hay patentes depositadas sobre ellos! Y existe el temor de que los rasgos patentados, que no están etiquetados, puedan aparecer naturalmente en plantas de campesinos que los habían seleccionado durante años.»

— ¿Qué implica esto para los campesinos?

G. Savigny: «La patente del sistema CRISPR-Cas, por ejemplo, pertenece a una sola empresa. Hay una concentración cada vez mayor de derechos que determinan si se puede o no multiplicar las semillas. Frente a esto, muchas leyes semilleras imponen reglas estrictas para el reconocimiento y la comercialización de semillas, lo que entra en contradicción con el derecho campesino a las semillas.

Los campesinos deben reivindicar este derecho, y los Estados deben darse cuenta de que, incluso para la biodiversidad y la resiliencia de las plantas, no se debe detener la selección a pequeña escala que realizan los campesinos locales. Hay todo un sistema que preservar si queremos mantener una biodiversidad y una diversidad de cultivos importantes.»

Tierra y territorio: derechos colectivos por reconocer

— También trabajan sobre la cuestión de la tierra. ¿Cuál es el principal desafío?

G. Savigny: «Trabajamos sobre el artículo diecisiete de la declaración, sobre los derechos a la tierra y al territorio. De manera interesante, la UNDROP destaca la importancia de los derechos colectivos y consuetudinarios. Es importante porque en muchos lugares ahí está el problema: como no hay títulos de propiedad claros, se entra en una zona informal.»

— ¿Y en Suiza, cómo ve el acceso a la tierra?

G. Savigny: «Creo que el derecho a la tierra sirve para iluminar nuevas vías. Se necesita un acceso seguro a la tierra, no necesariamente la propiedad. Espero que en Suiza podamos desarrollar modos de alquiler o formas de propiedad colectiva que den seguridad a quienes la cultivan.

Hay un gran problema: toda una generación llega al final de su carrera con pensiones pequeñas y pocos recursos. A veces no quieren transmitir la tierra a los jóvenes. Es un problema social general. Si queremos una producción alimentaria de calidad, también debemos resolver el problema del acceso a la tierra.

Comprar es prohibitivo. Y hay que tener cuidado porque en algunos países, incluso en Europa, son empresas las que compran las tierras.»

América Latina: una campesinización atacada pero fundamental

— Para los lectores chilenos, ¿qué mirada tiene sobre la campesinización en América Latina?

G. Savigny: «En América Latina, la campesinización me parece fundamental. Junto con los pueblos indígenas, constituyen el núcleo de una agricultura que, al mismo tiempo, está completamente atacada por el desarrollo de una agricultura industrial muy intensiva.

Esto se refuerza con los acuerdos de libre comercio destinados a aumentar la exportación de productos y materias primas. Lo que dicen los campesinos de allá es que eso no va en el sentido de su protección.

Es un espacio que no conozco perfectamente, pero que parece tan rico y variado. Desde un punto de vista cultural, es campesino e indígena. En América Latina, el modo de producción artesanal sigue siendo muy importante. La calidad de la alimentación también proviene de poder comer verduras frescas en todas partes.»

— ¿Es también una lucha contra las transnacionales?

G. Savigny: «Por supuesto. A los pequeños campesinos hay que apoyarlos; a las transnacionales, hay que ponerles límites, porque tienen una tendencia natural —creo que es incluso su oficio— a expandirse, concentrarse y obtener más beneficios. Pero deben existir límites, porque si no, es destructivo tanto ambiental como socialmente.

No es nuestro mandato directo, pero nos enfrentamos a esta cuestión indirectamente. Nuestras recomendaciones al final de cada informe se dirigen a los Estados, a las entidades de la ONU, a otras instituciones y también a las entidades privadas, a quienes pedimos respetar la ley y la normativa internacional, y velar por los derechos humanos en todas las circunstancias.»

Los “procedimientos especiales” de la ONU: explicar el mandato

— ¿Puede explicar qué son los procedimientos especiales?

G. Savigny: «Los grupos de trabajo forman parte de los procedimientos especiales, como los relatores especiales. Se concentran en un aspecto particular de los derechos humanos, como el derecho a la alimentación o el derecho al agua. Nosotros somos un grupo de trabajo: en lugar de un solo relator especial, somos cinco, lo que corresponde a la diversidad y amplitud del tema.

Nuestro papel es implementar la Declaración de los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en Zonas Rurales, la UNDROP. Es un texto adoptado en 2018 por la Asamblea General de la ONU que reúne veintiocho artículos que resumen los derechos necesarios para la actividad campesina.

Precisa qué es un campesino, las obligaciones de los Estados, la no discriminación, los derechos de las mujeres, el derecho a los recursos, el derecho a la participación, a la información, a la educación, etc., detallado de manera adaptada al medio rural.»

El Grupo de Trabajo presentará sus informes sobre tierra y semillas en septiembre próximo en Ginebra. Estos documentos, que serán presentados ante la Asamblea General de la ONU, deberían aportar una luz crucial.

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El estudio examina la creciente tendencia de las contrarreformas agrarias en América Latina y el Caribe y su impacto sobre los derechos a la tierra garantizados por procesos anteriores de reforma agraria. Muestra cómo los recientes cambios legales, institucionales y administrativos están contribuyendo a una renovada concentración de la tierra y a una creciente presión sobre lxs campesinxs, los Pueblos Indígenas, las comunidades afrodescendientes y otras poblaciones rurales. El informe también identifica las principales formas que adoptan estas contrarreformas (reformas legales, financiarización de la tierra, acaparamiento verde impulsado por corporaciones y despojo promovido por el Estado) y analiza sus implicaciones para la justicia territorial y el desarrollo rural.

Asimismo, analiza los patrones actuales de concentración de la tierra en toda la región, destacando cómo las desigualdades históricas están siendo reforzadas por la financiarización y las adquisiciones de tierras a gran escala, condiciones estructurales que constituyen el trasfondo de las contrarreformas contemporáneas. A partir de estudios de caso de Bolivia, Argentina, Brasil, El Salvador, Guatemala, Honduras, Ecuador, así como de países del Caribe, explora una serie de medidas legales e institucionales que han debilitado las protecciones sobre la tierra, incluyendo la reclasificación administrativa, la desregulación, las políticas territoriales restrictivas, los procedimientos acelerados de expropiación, la criminalización de los conflictos relacionados con la tierra y la revocación de títulos de propiedad.

Además, identifica tendencias regionales más amplias y las evalúa a la luz de las normas internacionales de derechos humanos, argumentando que estas reformas reflejan un cambio más amplio en la gobernanza de la tierra que favorece la concentración económica mientras erosiona las protecciones reconocidas en los instrumentos internacionales, especialmente en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales (UNDROP).

El estudio concluye destacando una contradicción apremiante del actual momento agrario: mientras se logran avances significativos en el reconocimiento formal de los derechos de los pueblos rurales, los mecanismos administrativos, procedimentales y económicos necesarios para hacer efectivos esos derechos se están debilitando de manera constante a través de una arquitectura jurídica global que considera la tierra, los territorios y los recursos naturales como meros activos financieros.

Escucha el pódcast sobre este estudio:

Lea el estudio completo aquí:

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Este estudio ofrece el primer mapeo regional de las leyes que reconocen a lxs campesinxs y otras poblaciones rurales en América Latina. Analiza 170 disposiciones legales vigentesa en 23 países entre 1917 y 2025, ofreciendo una visión comparativa de cómo los derechos campesinos son reconocidos en los sistemas jurídicos nacionales.

Los hallazgos muestran que el reconocimiento legal de lxs campesinxs está ampliamente extendido en la región. Casi la mitad de las leyes analizadas reconocen explícitamente los derechos campesinos, mientras que el 88% contiene alguna forma de reconocimiento o protección para las poblaciones rurales. Brasil cuenta con el mayor número de instrumentos legales relevantes, mientras que Colombia y Panamá destacan por la solidez de sus marcos legales. Más de la mitad de todas las normas identificadas fueron adoptadas entre 2010 y 2025, lo que demuestra una creciente atención política a las cuestiones campesinas.

Los temas más comunes son la agricultura familiar, el acceso a la tierra, la reforma agraria y la soberanía alimentaria. Sin embargo, aún persisten importantes brechas en áreas como los derechos de las mujeres rurales, la agroecología, el derecho a las semillas y la participación política.

El estudio también examina la relación entre las leyes nacionales y la UNDROP. Aunque solo cuatro instrumentos legales hacen referencia explícita a la Declaración, muchas leyes incorporan sus principios. Colombia, Ecuador y Bolivia ofrecen algunos de los ejemplos más sólidos de alineación con la UNDROP.

El informe concluye que América Latina se ha convertido en un referente global para el reconocimiento legal de lxs campesinxs, al tiempo que destaca la necesidad de una implementación más sólida de la UNDROP mediante el reconocimiento constitucional, una mayor protección de las mujeres rurales, un mayor apoyo a la agroecología y al derecho a las semillas, y mejores mecanismos de participación política.

Escucha el pódcast sobre este estudio:

Ver el estudio completo a continuación:

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Ghana: La transformación rural corre el riesgo de dejar atrás a los/as campesinos/as; se necesita voluntad política para avanzar, dicen expertos de la ONU

ACRA – Ghana se encuentra al borde de una transformación agrícola, pero existe una necesidad urgente de garantizar que los pequeños agricultores, pescadores artesanales y pastores no queden atrás en la implementación por parte del país de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales (UNDROP), señaló hoy el Grupo de Trabajo sobre los derechos de los campesinos y otras personas que trabajan en zonas rurales en una declaración.

“Ghana cuenta con un sólido marco de derechos humanos y ha demostrado una voluntad genuina de comprometerse con sus obligaciones a través de la Ley de Pesca y Acuicultura de 2025, la Ley de Protección Social de 2025, la Ley de Acción Afirmativa (Equidad de Género) de 2024, y la ratificación del Convenio de la OIT sobre el Trabajo en la Pesca (núm. 188)”, afirmó el Grupo de Trabajo en una declaración al concluir su visita oficial al país.

“Sin embargo, persiste una brecha entre la ley y las políticas y su implementación efectiva en el terreno. Los pequeños agricultores, pescadores artesanales y pastores, que constituyen la verdadera columna vertebral de la producción de alimentos, siguen sufriendo pobreza y exclusión”, añadieron.

Los expertos advirtieron que la apuesta del gobierno por una agricultura mecanizada y orientada a la exportación corre el riesgo de consolidar un sistema alimentario dual. Este modelo favorece en gran medida a la agricultura comercial a gran escala e intensiva en insumos, mientras que el sector agrario familiar queda cada vez más marginado.

La inseguridad en la tenencia de la tierra sigue siendo un desafío, ya que el sistema dual de tenencia del país expone a los agricultores de subsistencia a desposesiones repentinas con recursos legales limitados.

“Las mujeres, los jóvenes y las personas mayores que se dedican a la agricultura enfrentan desventajas acumuladas dentro de los sistemas tanto estatutarios como consuetudinarios. A pesar de sus funciones críticas en la agricultura y la pesca, y a pesar de las fuertes protecciones legales, las mujeres siguen excluidas de la propiedad de la tierra y de la toma de decisiones debido a normas sociales profundamente arraigadas”, añadieron.

Ghana enfrenta simultáneamente una grave emergencia ambiental impulsada por la minería ilegal de oro, o «galamsey».

“El galamsey es la emergencia ambiental más aguda, de más rápido crecimiento y más politizada que enfrenta el país. La contaminación de los ríos, la destrucción de tierras agrícolas y la propagación de la contaminación por metales pesados se extienden mucho más allá de los sitios mineros”, señalaron los expertos. Sostenida por intereses poderosos, se ha convertido en una emergencia nacional de seguridad, de seguridad alimentaria y nutricional, y de salud pública, entrelazada con la captura de élites.

Los expertos también destacaron la profunda exclusión multidimensional de los pastores.

“Su modo de vida nómada los hace estructuralmente invisibles para sistemas de gobernanza diseñados en torno a la tenencia sedentaria. Muchos miembros de las comunidades Fulbe enfrentan obstáculos para obtener documentación de ciudadanía, lo que los coloca efectivamente fuera del alcance de cualquier marco de protección legal”.

La erosión de las zonas de pastoreo, agravada por la presión climática y la expansión agrícola, está generando un ciclo creciente de conflicto entre pastores y campesinos asentados.

Las barreras económicas, como el dominio de intermediarios, la deficiente infraestructura vial rural y la ausencia de cadenas de frío, provocan pérdidas poscosecha catastróficas, agravadas por los impactos del cambio climático. Los pequeños agricultores y pescadores artesanales también quedan excluidos del acceso al financiamiento debido a su incapacidad para ofrecer garantías convencionales.

“El marco normativo y legislativo que ha construido Ghana constituye una base sólida que merece respeto por los derechos humanos. Sin embargo, implementar leyes para abordar todos estos problemas exige un auténtico coraje político que desafíe intereses arraigados, así como un compromiso con un cambio más profundo de las normas sociales, sin el cual los marcos legales permanecen como aspiraciones”, afirmaron los expertos. La UNDROP exige nada menos que esto, en nombre de los campesinos, pescadores, pastores y otros trabajadores rurales.

El Grupo de Trabajo presentará un informe sobre la visita, con sus conclusiones y recomendaciones, al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en septiembre de 2026.

Véase la declaración final de la misión sobre la visita al país en Ghana a continuación (solo en inglés):

El Grupo de Trabajo sobre los Campesinos y otras personas que trabajan en zonas rurales está compuesto por cinco expertos independientes de todas las regiones del mundo. El/la Presidente(a)-Relator(a) es Carlos Duarte (Colombia); los demás miembros son Geneviève Savigny (Francia); Shalmali Guttal (India), Uche Ewelukwa Ofodile (Nigeria) y Davit Hakobyan (Armenia).

Los Relatores Especiales/Expertos Independientes/Grupos de Trabajo son expertos independientes en derechos humanos nombrados por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. En conjunto, estos expertos se denominan Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan a título voluntario; no son personal de la ONU y no reciben salario por su labor. Aunque la Oficina de Derechos Humanos de la ONU actúa como secretaría de los Procedimientos Especiales, los expertos actúan a título individual y son independientes de cualquier gobierno u organización, incluido el ACNUDH y las Naciones Unidas. Cualquier opinión o punto de vista presentado corresponde exclusivamente a su autor y no representa necesariamente los de la ONU o el ACNUDH.

Las observaciones y recomendaciones específicas por país de los mecanismos de derechos humanos de la ONU, incluidos los procedimientos especiales, los órganos de tratados y el Examen Periódico Universal, pueden encontrarse en el Índice Universal de Derechos Humanos: https://uhri.ohchr.org/es/

Página de país de Derechos Humanos de la ONU – Ghana

Para consultas y solicitudes de medios de comunicación, por favor contacte a: Cynthia Prah (prah@un.org), Oficial de Información Pública en Accra, o Stee Asbjornsen (stee.asbjornsen@un.org) en Ginebra.

Para consultas de medios relacionadas con otros expertos independientes de la ONU, por favor contacte a Maya Derouaz (maya.derouaz@un.org) o Dharisha Indraguptha (dharisha.indraguptha@un.org).

Siga las noticias relacionadas con los expertos independientes en derechos humanos de la ONU en Twitter: @UN_SPExperts.

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Celebrado en el contexto del más reciente informe del Grupo de Trabajo de la ONU, centrado específicamente en el derecho a la participación de los pueblos rurales, el debate exploró cómo este derecho —lejos de ser una formalidad procedimental— constituye una piedra angular de la gobernanza democrática y un pilar central de los derechos civiles y políticos de los pueblos rurales. El webinario creó un espacio de intercambio entre actores de base y mecanismos internacionales de derechos humanos, fortaleciendo los puentes entre las luchas locales y la incidencia a nivel global.

El webinario situó en el centro del debate las conclusiones del informe del Grupo de Trabajo de la ONU, examinando:

• La importancia democrática y política de la participación en el marco de la UNDROP
• Los obstáculos que impiden a las comunidades rurales influir en la toma de decisiones públicas
• Las recomendaciones del Grupo de Trabajo a los Estados
• Estrategias prácticas y buenas prácticas que fortalecen una participación significativa
• El papel de la incidencia colectiva y la solidaridad en el avance de la implementación

Panelistas:

• Carlos Duarte, actual Presidente del Grupo de Trabajo de la ONU sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales
• Loupa Pius, Alianza Mundial de Pueblos Indígenas Móviles (WAMIP)
• Modesta Arévalos Ortiz, Federación Internacional de Movimientos Católicos de Adultos Rurales (FIMARC)
• Jones Spartegus, Foro Mundial de Pescadores y Trabajadores de la Pesca (WFFP)
• Norah Mlondobozi, Asamblea de Mujeres Rurales (RWA)
• Saúl Vicente, Unidad de la Fuerza Indígena y Campesina (UFIC – México)
• Paula Gioia, La Vía Campesina (LVC)

A través de sus intervenciones, las y los panelistas compartieron experiencias regionales, perspectivas comunitarias y estrategias de los movimientos para fortalecer la participación a nivel local, nacional e internacional.

Les invitamos a ver la grabación y a sumarse a este importante diálogo como parte del esfuerzo colectivo más amplio para garantizar que quienes alimentan al mundo y protegen sus ecosistemas estén plenamente incluidos en la definición de las políticas y decisiones que determinan su futuro.

Webinario celebrado el 10 de diciembre de 2025.

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El 5 de junio de 2025, el Consejo Nacional de Derechos Humanos (CNDH), tras ser instado por organizaciones campesinas brasileñas de La Vía Campesina, publicó la Recomendación n.º 5/2025, en la que «recomienda la adopción de las medidas necesarias para la observancia, divulgación y cumplimiento de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos por parte del Estado brasileño». Este documento constituye un marco normativo y político de extrema relevancia para la efectividad de los derechos campesinos en Brasil, en la medida en que reconoce, de forma explícita, la centralidad de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos, las Campesinas y las Personas que Trabajan en las Zonas Rurales (UNDROP) como parámetro indispensable para la actuación del Estado brasileño. Este avance normativo constituye igualmente una buena práctica en la promoción y aplicación de la UNDROP a nivel nacional, y puede —y debe— inspirar a las organizaciones campesinas y a las autoridades públicas de otros países.

Para comprender la relevancia de esta Recomendación, es importante recordar el contexto en el que se aprobó la Declaración en 2018, cuando Brasil estaba bajo un gobierno de extrema derecha y, debido a su política exterior e interior, se abstuvo de votar a favor del texto. Las consecuencias de esta postura hicieron que la Declaración no se incluyera en las políticas internas del Estado brasileño, lo que obstaculizó su implementación.

En este sentido, el CNDH, como institución autónoma y con el mandato de actuar en la promoción y defensa de los derechos humanos en Brasil, y a partir de su comisión permanente sobre «Derechos de los Pueblos Indígenas, los Quilombolas, los Pueblos y Comunidades Tradicionales, de las Poblaciones Afectadas por Grandes Emprendimientos y de los Trabajadores y Trabajadoras Rurales Involucrados en Conflictos Fundiarios», recomendó una serie de medidas que deben adoptar los tres poderes del Estado brasileño para colmar esta laguna e implementar políticas de protección de los derechos de las comunidades campesinas y demás trabajadores del campo, de conformidad con la Declaración. Entre estas medidas, se recomendó al Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil que manifestara ante el Secretario General de las Naciones Unidas el apoyo de Brasil a la UNDROP.

Al publicar la recomendación, la CNDH se basó en el panorama de la política de derechos humanos en Brasil y en las constantes denuncias recibidas que revelan un historial de invisibilización y vulnerabilidad de los pueblos del campo. El hecho es que la Comisión mencionada recibe casi la mitad de las denuncias de violaciones de derechos humanos en todo el Consejo, lo que refuerza la importancia de que el Estado brasileño adopte medidas eficaces para la promoción y aplicación de la UNDROP y los derechos humanos de los pueblos del campo.

Al afirmar la necesidad de observar, dar a conocer y cumplir la UNDROP, el CNDH busca contribuir a superar la brecha existente entre los compromisos internacionales asumidos por Brasil en el ámbito de los derechos humanos y su efectiva implementación a nivel interno. Se trata de un instrumento que reafirma que los derechos campesinos no se limitan a políticas sectoriales o asistenciales, sino que forman parte del núcleo de los derechos humanos fundamentales, abarcando derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales.

Además, la Recomendación explicita la relación estructural entre la negación de derechos en el campo y la persistencia de la violencia en el campo, los conflictos por la tierra, el trabajo esclavo y la criminalización de los defensores y defensoras de los derechos humanos. Al reconocer las reiteradas condenas de Brasil por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en casos relacionados con la violencia en el campo, el documento refuerza el deber del Estado de prevenir, responsabilizar a los autores y reparar íntegramente a las víctimas y sus familiares, incluso cuando las violaciones y los abusos son cometidos por particulares con la connivencia u omisión de los poderes públicos.

Otro aspecto central es la valoración del papel de los campesinos y las campesinas en la garantía de la soberanía y la seguridad alimentaria, la preservación de la biodiversidad y la lucha contra la crisis climática. La Recomendación reconoce que las prácticas agroecológicas y los conocimientos tradicionales de los pueblos del campo son fundamentales para la construcción de modelos de desarrollo social y ambientalmente sostenibles, rompiendo con la lógica de la explotación intensiva de la tierra y los bienes naturales que históricamente ha producido desigualdades y violaciones de derechos .

La Recomendación de la CNDH también tiene relevancia institucional al proponer medidas concretas para la implementación de la UNDROP, como la creación de un Grupo de Trabajo interinstitucional, la articulación entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial y la participación activa de la sociedad civil organizada. Estas directrices refuerzan la idea de que la efectividad de los derechos campesinos exige políticas de Estado, con mecanismos de seguimiento, evaluación y participación social, y no acciones puntuales o discontinuas.Por último, al orientar a los órganos del sistema judicial, como el Consejo Nacional de Justicia, el Ministerio Público y las Defensorías Públicas, la Recomendación refuerza la incorporación de la perspectiva de los derechos humanos de los campesinos y las campesinas en las decisiones judiciales y administrativas, contribuyendo a ampliar el acceso a la justicia y a superar la impunidad de los delitos cometidos en el campo. En este sentido, el documento reafirma que la democracia brasileña y la justicia social pasan necesariamente por el reconocimiento de la dignidad, la autonomía y los derechos territoriales de los campesinos y campesinas. En este sentido, es importante señalar que la CNDH ha recibido respuestas de instituciones informando de la incorporación de la Declaración en su ámbito jurídico orientativo. Cabe destacar las publicaciones del Tribunal de Justicia de Sergipe y del Tribunal de Justicia de Paraná, de la Justicia Federal de Bahía y del Tribunal Regional Federal de la 5.ª Región.

La Recomendación n.º 05/2025 de la CNDH representa un instrumento estratégico para la efectividad de los derechos de los pueblos del campo en Brasil, al alinear el ordenamiento jurídico y las políticas públicas nacionales con los más altos parámetros internacionales de derechos humanos, promoviendo la justicia social, la lucha contra la violencia en el campo y el fortalecimiento de la democracia, con la participación directa de los movimientos sociales del campo.

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Antecedentes

Las semillas son fundamentales para los sistemas alimentarios, la biodiversidad, la cultura y los medios de vida rurales. Constituyen el punto de partida de la producción de alimentos y son fundamentales para la forma en que los campesinos y los pueblos indígenas han desarrollado, preservado y transmitido a lo largo de generaciones los conocimientos agrícolas adaptados a las diversas condiciones ecológicas.

Las semillas desempeñan un papel fundamental en el mantenimiento de la biodiversidad agrícola, ya que encarnan la diversidad genética necesaria para mejorar la resiliencia frente a las plagas, las enfermedades, la degradación ambiental y la variabilidad climática. Más allá de su función biológica, las semillas también están estrechamente vinculadas al patrimonio cultural, las relaciones sociales y, en algunos contextos, las prácticas espirituales y ceremoniales.

Para los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales de todo el mundo, incluidos los pueblos indígenas, los pastores, los pescadores y los pueblos forestales, las semillas son inseparables de sus medios de vida y su autonomía. La capacidad de cultivar, cosechar, conservar, intercambiar y mejorar las semillas es la base de la seguridad alimentaria, la generación de ingresos, la autodeterminación y la sostenibilidad de las comunidades rurales. Los sistemas campesinos de semillas han sostenido históricamente una amplia diversidad de cultivos y variedades vegetales adaptados a los ecosistemas y las condiciones climáticas locales, contribuyendo a la soberanía alimentaria, la nutrición y la resiliencia.

La Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales (UNDROP) reconoce explícitamente el derecho a las semillas (artículo 19), incluido el derecho de los campesinos a conservar, utilizar, intercambiar y vender semillas y material de propagación conservados en las explotaciones agrícolas. La realización de este derecho está estrechamente relacionada con otros derechos reconocidos en la UNDROP, como el derecho a la alimentación y la soberanía alimentaria (artículo 15), los derechos a la tierra y otros recursos naturales (artículo 17), los derechos relacionados con la biodiversidad (artículo 20), el derecho a un medio ambiente seguro, limpio, saludable y sostenible (artículo 24) y el derecho a participar en los procesos de toma de decisiones que afectan a la vida de los campesinos (artículo 10). Del mismo modo, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (UNDRIP) reconoce los derechos de los pueblos indígenas a mantener, controlar, proteger y desarrollar sus conocimientos tradicionales, innovaciones y patrimonio cultural, incluidos los recursos genéticos y las semillas (artículo 31), en relación con sus derechos a las tierras, los territorios y los recursos, la libre determinación y el desarrollo.

Los marcos internacionales en materia de medio ambiente y agricultura refuerzan la protección de los sistemas campesinos de semillas. El Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) afirma la importancia de conservar la diversidad biológica, el uso sostenible de sus componentes y la distribución equitativa de los beneficios derivados de los recursos genéticos, al tiempo que reconoce los conocimientos y prácticas tradicionales de los pueblos indígenas y las comunidades locales. El Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura (TIRFAA) reconoce el papel fundamental de los agricultores en la conservación y mejora de los recursos fitogenéticos y afirma los derechos de los agricultores, incluida la protección de los conocimientos tradicionales, la distribución equitativa de los beneficios y la participación en la toma de decisiones sobre los recursos fitogenéticos.

A pesar de estos marcos normativos, los sistemas de semillas en todo el mundo se ven cada vez más condicionados por los avances jurídicos, económicos y tecnológicos, que en algunos contextos pueden socavar los sistemas campesinos de semillas. Entre ellos pueden figurar las leyes restrictivas sobre semillas y los regímenes de certificación, la protección de la propiedad intelectual, los acuerdos comerciales y de inversión, la concentración empresarial en el sector de las semillas y la digitalización de los recursos genéticos. Estos acontecimientos han suscitado preocupación por la marginación de las prácticas tradicionales, la erosión de la diversidad de semillas, la apropiación indebida de los conocimientos tradicionales y las desigualdades persistentes, incluida la discriminación estructural y por motivos de género.

En consonancia con su mandato de promover y supervisar la aplicación de la UNDROP, el Grupo de Trabajo sobre los Campesinos está preparando un informe temático para aclarar el contenido y el alcance del derecho a las semillas, evaluar los retos y las buenas prácticas en su aplicación y formular recomendaciones a los Estados y otros actores para garantizar que los marcos de gobernanza de las semillas sean compatibles con los derechos humanos, la conservación de la biodiversidad y la soberanía alimentaria.

El Grupo de Trabajo alienta a los Estados, las organizaciones internacionales y regionales, las instituciones nacionales de derechos humanos, las organizaciones de la sociedad civil, los movimientos campesinos, los pueblos indígenas, los académicos, los actores del sector privado y otras partes interesadas pertinentes a que presenten sus contribuciones. Se alienta especialmente a los titulares de derechos y a sus organizaciones representativas a que presenten sus contribuciones.

Preguntas clave y tipos de contribuciones/comentarios solicitados

Las semillas en su contexto: importancia y práctica

1. ¿Cuál es la importancia social, cultural, económica y medioambiental de las semillas en su contexto local, nacional o regional, incluyendo su contribución a la seguridad alimentaria, los medios de vida y la sostenibilidad medioambiental?
2. ¿Qué prácticas existen en su país y/o comunidad para cultivar, cosechar, conservar, intercambiar, compartir y mejorar las semillas?
3. ¿Cómo se distribuyen las funciones y responsabilidades relacionadas con las semillas dentro de las comunidades o sociedades, incluyendo entre mujeres, hombres, jóvenes, pueblos indígenas y otros grupos?

Marcos nacionales e internacionales

4. ¿Qué leyes, reglamentos o políticas nacionales rigen el almacenamiento, el uso, el intercambio y la venta de semillas campesinas, incluidas las medidas para su protección? ¿En qué medida son eficaces estos marcos para reconocer y defender el derecho a las semillas y apoyar la conservación de las semillas autóctonas y tradicionales?
5. ¿Cómo abordan los marcos jurídicos y políticos nacionales los intereses de los campesinos y las comunidades rurales en relación con los de los actores comerciales del sector de las semillas?
6. ¿Cómo se han reflejado en las leyes y políticas nacionales los instrumentos internacionales relacionados con los derechos de los campesinos, las semillas y la biodiversidad, incluidos la UNDROP, la UNDRIP, el CDB y el TIRFAA, y qué repercusiones o beneficios concretos han tenido para los campesinos y las comunidades rurales?

Desafíos, respuestas y buenas prácticas

1. ¿Cuáles son los principales desafíos o amenazas que se enfrentan en el ejercicio del derecho a las semillas, y cómo han respondido a ellos las comunidades, organizaciones o autoridades?
2. ¿Qué mecanismos nacionales, regionales o internacionales se han utilizado para promover o defender el derecho a las semillas, y cuál ha sido su eficacia?
3. ¿Qué lagunas siguen existiendo en la protección y el apoyo al derecho a las semillas? Comparta ejemplos de leyes, políticas, prácticas o iniciativas comunitarias que podrían reforzarse, replicarse o ampliarse.

Próximas etapas

Las contribuciones/comentarios pueden enviarse por correo electrónico. Deben recibirse antes del 19 de febrero de 2026.

Se pueden incluir materiales de apoyo adicionales, como informes, estudios académicos o documentos de referencia, como anexos o a través de enlaces web.

A menos que se especifique lo contrario por parte de quienes las envíen, las contribuciones se harán públicas en el sitio web del Grupo de Trabajo.

Dirección de correo electrónico: hrc-wg-peasants@un.org

Asunto del correo electrónico: Contribución al informe del CDH sobre las semillas

Límite de palabras o páginas:
1000 palabras

Formatos de archivo:
Word, PDF

Idiomas aceptados:
inglés, francés, español

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Antecedentes

El Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre los derechos de los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales, establecido por la resolución 54/9 del Consejo de Derechos Humanos, está preparando su cuarto informe temático, que aborda los territorios campesinos del mar y la tierra. Este informe analiza cómo el deterioro del derecho a la tierra, el agua y los bosques afecta a la dignidad, estabilidad y medios de vida de campesinos y trabajadores rurales.

El acceso a tierra, agua, bosques y territorios marinos es fundamental para la supervivencia, identidad y autonomía de las poblaciones rurales. Estos grupos, que incluyen campesinos, pueblos indígenas, pastores, nómadas, comunidades migrantes, trabajadores rurales y pescadores artesanales, son titulares de derechos reconocidos por la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y Otras Personas que Trabajan en Zonas Rurales (UNDROP).

Sin embargo, las «territorialidades campesinas», definidas como espacios socioecológicos y culturales donde se cruzan los estilos de vida, la producción sostenible y la gobernanza colectiva, enfrentan una presión creciente. La presión derivada de la concentración de recursos, la fragmentación, la privatización y la extracción no solo amenaza los medios de vida y la estabilidad, sino que también agrava los conflictos rurales y los desplazamientos forzados, conduciendo a menudo a violaciones sistémicas de los derechos humanos.

Este informe reconoce que los territorios campesinos no son meramente «contenedores» de recursos, sino espacios de vida material y simbólica, donde convergen los derechos a la alimentación, el agua, un entorno saludable, la participación y la autodeterminación. El informe considerará marcos internacionales como UNDROP, las Directrices Voluntarias sobre la Gobernanza Responsable de la Tenencia, el trabajo de los Órganos de Tratados, así como estándares de derechos indígenas y medioambientales, para abordar violaciones de los derechos de las partes interesadas de UNDROP.

Hay una tendencia creciente hacia la concentración de la propiedad rural y la captura corporativa de los recursos naturales. La expansión de la «economía azul» puede, sin las salvaguardas adecuadas, excluir a las comunidades pesqueras tradicionales. El “acaparamiento verde” (apropiación de territorios campesinos disfrazada de conservación) y el “acaparamiento azul” (apropiación de espacios costeros para turismo o proyectos energéticos), junto con conflictos armados y violencia estructural, suelen conducir a la desposesión.

Finalmente, el informe identificará buenas prácticas, desafíos estructurales y recomendaciones concretas para proteger los territorios campesinos rurales y costeros.

El Grupo de Trabajo invita a gobiernos, campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales, organizaciones internacionales y regionales, instituciones nacionales de derechos humanos, sociedad civil, académicos, empresas y cualquier otra persona u organización interesada a aportar aportaciones escritas.

Preguntas clave y tipos de contribuciones/comentarios solicitados

1. ¿Cómo se entiende el concepto de «territorio campesino» en su contexto local o regional?
2. ¿Qué instrumentos legales, políticos, culturales o consuetudinarios existen en su país o región que reconozcan o protejan los territorios campesinos (tierra, agua, bosques, mar)?
3. ¿Cómo se relaciona el Artículo 17 del UNDROP con los procesos de acceso a la tierra y la naturaleza en sus realidades locales?
   
   Concentración y acceso a los recursos
4. ¿Qué está causando la concentración de propiedades rurales en su región? ¿Hay datos disponibles sobre fragmentación o despojo de la tierra?
5. ¿Qué impacto tiene la privatización del agua o la explotación industrial de los bosques en las comunidades campesinas?
6. ¿Cómo afecta la economía marítima a las comunidades pesqueras y costeras? ¿Existen casos de despojo o exclusión?
7. ¿Cómo se cruzan las agendas de conservación de la naturaleza con las tierras campesinas y los procesos de reforma agraria?
   
   Retos y buenas prácticas
8. ¿Cuáles son los principales obstáculos que enfrentan las comunidades campesinas, étnicas o pesqueras para acceder, controlar y gestionar sus territorios?
9. ¿Qué estrategias, leyes, movimientos o iniciativas han tenido éxito en la defensa o recuperación de territorios? (Ejemplos: reformas agrarias, titulación colectiva, litigios estratégicos, resistencia comunitaria).
10. ¿Cómo se están tratando en su contexto los fenómenos de «acaparamiento verde” y “acaparamiento azul”?
11. ¿Qué papel desempeñan las mujeres campesinas y las jóvenes en la defensa y gestión de los territorios? ¿Existen buenas prácticas de empoderamiento y participación?
12. ¿Cómo afectan los conflictos armados o la violencia política al despojo territorial? ¿Hay ejemplos de recuperación tras un conflicto?
    
    Recomendaciones
13. ¿Qué acciones concretas deberían tomar los Estados, organizaciones internacionales (ONU, FAO, PNUD), organizaciones de la sociedad civil y las propias comunidades para proteger y fortalecer las territorialidades campesinas?
14. ¿Qué mecanismos de justicia, política pública o financiación son urgentes para revertir la concentración y garantizar un acceso equitativo a los recursos?

¿Cómo se utilizarán las contribuciones?

Por favor, envíe su contribución por correo electrónico a hrc-wg-peasants@un.org antes del 19 de febrero de 2025, con el asunto: Aportación para el Informe de la AGNU sobre Territorio.

Las contribuciones deben enviarse en formato WORD/PDF, en inglés, francés o español, con un máximo de 1.000 palabras. Por favor, indique sus datos (nombre, gobierno/institución/organización, datos de contacto) para cualquier consulta de seguimiento.

Materiales adicionales de apoyo, como informes, estudios académicos y otros materiales de contexto, pueden estar enlazados en el cuerpo de la presentación o anexados a la misma presentación.

Salvo que se especifique lo contrario, las propuestas se harán públicas en la página web del Grupo de Trabajo.

Por favor, siéntase libre de difundir esta convocatoria a contribuciones ampliamente en sus redes.

Próximas etapas

Las contribuciones/comentarios pueden enviarse por correo electrónico. Deben recibirse antes del 19 de febrero de 2026 a las 23:00 (hora de Ginebra).

Dirección de correo electrónico: hrc-wg-peasants@un.org

Asunto del correo electrónico: Aportación para el Informe de la AGNU sobre Territorio

Límite de palabras o páginas:
1000 palabras

Formatos de archivo:
Word, PDF

Idiomas aceptados:
inglés, francés, español

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El Grupo de Trabajo sobre los Derechos de los Campesinos y Otras Personas que Trabajan en Áreas Rurales ha publicado un documento informativo sobre el derecho de los campesinos a las semillas, en relación con la Décima Primera Sesión del Órgano Rector del Tratado Internacional de Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura (ITPGRFA), celebrada del 24 al 29 de noviembre de 2025 en Lima, Perú. El documento ofrece un resumen de los temas clave en la agenda, incluyendo los derechos de los agricultores bajo el Artículo 9 del Tratado, el funcionamiento del Sistema Multilateral, la información sobre secuencias digitales y los arreglos de distribución de beneficios. 

El documento expone cómo los sistemas de semillas de los campesinos y los pueblos indígenas se relacionan con las obligaciones vinculantes de derechos humanos reconocidas en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y Otras Personas que Trabajan en Áreas Rurales (UNDROP), con particular atención al derecho a las semillas en el Artículo 19. Resume las principales recomendaciones del Grupo de Trabajo para el OR 11, tales como el reconocimiento de la naturaleza colectiva de los derechos de los campesinos, la revisión de las leyes nacionales de semillas y propiedad intelectual, abordar la biopiratería digital, establecer un comité permanente sobre los derechos de los agricultores y redefinir la distribución de beneficios para fortalecer los sistemas de semillas comunitarios y la conservación de la agrobiodiversidad. 

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Defendiendo los Derechos Campesinos traduce y republica el comunicado de prensa emitido por el Grupo de Trabajo de Expertos de la ONU sobre UNDROP, del 11 de diciembre de 2025 (disponible en inglés aquí).

GINEBRA – Expertos de la ONU celebraron hoy un fallo histórico del Tribunal Superior de Kenia que declaró inconstitucionales las disposiciones de la Ley de Semillas y Variedades de Plantas que criminalizaban la conservación, el uso, el intercambio y la venta de semillas indígenas y semillas conservadas por los campesinos y las campesinas.*

“Este fallo reconoce correctamente que el intercambio de semillas no es un delito, sino un elemento fundamental de la identidad, la resiliencia y la contribución de los campesinos y las campesinas a los sistemas alimentarios nacionales”, afirmó el Grupo de Trabajo.

El Tribunal Superior de Kenia determinó que la ley, que otorgaba derechos exclusivos de comercialización y propiedad sobre las semillas a los criadores y a las empresas semilleras, y exponía a los campesinos y campesinas a posibles penas de hasta dos años de prisión por conservar o compartir semillas, violaba los derechos de estas personas a la vida, al sustento y a la alimentación. El Tribunal subrayó que las prácticas de intercambio de semillas, que se han mantenido durante siglos, constituyen la columna vertebral de la seguridad alimentaria y del patrimonio cultural de Kenia.

“Esta decisión es una afirmación significativa de que los derechos humanos de los/as campesinos/as y los imperativos de la seguridad alimentaria y la biodiversidad deben prevalecer sobre regímenes de propiedad intelectual excesivamente restrictivos”, señaló el Grupo de Trabajo.

Los expertos señalaron que disposiciones similares, a menudo basadas en la Ley de 1991 de la Unión Internacional para la Protección de Nuevas Variedades de Plantas (UPOV), se han incorporado a las leyes nacionales en muchos países, criminalizando prácticas ancestrales en la agricultura indígena y campesina.

“El fallo keniano envía un mensaje claro y oportuno: las obligaciones en materia de derechos humanos no pueden estar subordinadas a monopolios comerciales de semillas ni a interpretaciones restrictivas de los derechos de los obtentores de plantas”, afirmó el Grupo de Trabajo.

La decisión es coherente con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales (UNDROP), en particular el artículo 19, que reconoce el derecho a las semillas, incluyendo el derecho a conservar, usar, intercambiar y vender semillas conservadas por los/as campesinos/as o material de propagación. Los expertos recordaron su Documento Informativo sobre el Derecho a las Semillas**, que aclara que los Estados deben garantizar que las políticas de semillas, los esquemas de certificación y los marcos de propiedad intelectual se diseñen y apliquen de manera que respeten, protejan y cumplan estos derechos, y que los sistemas de semillas gestionados por campesinos/as sean legalmente reconocidos y apoyados activamente.

“Los tribunales desempeñan un papel crítico para garantizar que las leyes nacionales cumplan con las normas internacionales de derechos humanos”, señaló el Grupo de Trabajo. “Cuando los marcos legislativos han criminalizado los sistemas tradicionales de semillas o restringido las prácticas consuetudinarias campesinas, la revisión judicial ofrece una salvaguarda esencial para restaurar la primacía de los derechos humanos y el derecho a la alimentación.”

Los expertos elogiaron el coraje y la perseverancia de los/as campesinos/as, pueblos indígenas y actores de la sociedad civil de Kenia que se movilizaron para garantizar los derechos sobre las semillas ante el Tribunal. “Su determinación es una inspiración para los movimientos campesinos de todo el mundo y demuestra que, cuando los tribunales defienden los derechos humanos, protegen no solo los medios de vida de los pequeños agricultores y los pueblos indígenas, sino también el futuro de sistemas alimentarios diversos, resilientes y soberanos”, afirmaron.

“El fallo de Kenia debería inspirar interpretaciones similares basadas en derechos humanos de las leyes sobre semillas y los regímenes de protección de variedades vegetales en otras jurisdicciones”, concluyó el Grupo de Trabajo.

*El Grupo de Trabajo sobre Derechos Campesinos y otras personas que trabajan en zonas rurales está compuesto por cinco expertos independientes de todas las regiones del mundo. El Presidente-Rapporteur es Carlos Duarte (Colombia), y los otros miembros son Geneviève Savigny (Francia); Shalmali Guttal (India), Uche Ewelukwa Ofodile (Nigeria) y Davit Hakobyan (Armenia).

**Documento informativo sobre el derecho a las semillas, emitido por el Grupo de Trabajo en relación con la Undécima Sesión del Órgano Rector del Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura (TIRFAA), celebrada del 24 al 29 de noviembre de 2025, detalla cómo los Estados pueden integrar las obligaciones de la UNDROP bajo el derecho a las semillas para proteger las prácticas tradicionales de los/as campesinos/as y los Pueblos Indígenas, así como la biodiversidad.

Los Relatores Especiales / Expertos Independientes / Grupos de Trabajo son expertos en derechos humanos independientes nombrados por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. En conjunto, estos expertos se conocen como los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Los expertos de Procedimientos Especiales trabajan de manera voluntaria; no son personal de la ONU y no reciben salario por su labor. Si bien la oficina de Derechos Humanos de la ONU actúa como secretaría de los Procedimientos Especiales, los expertos ejercen su función a título individual y son independientes de cualquier gobierno u organización, incluida la ACNUDH y la ONU. Cualquier opinión o punto de vista presentado es únicamente del autor y no representa necesariamente a la ONU ni a la ACNUDH.

Las observaciones y recomendaciones específicas por país de los mecanismos de derechos humanos de la ONU, incluidos los procedimientos especiales, los órganos de tratados y el Examen Periódico Universal, se pueden consultar en el Índice Universal de Derechos Humanos https://uhri.ohchr.org/es/

Página de país de Derechos Humanos de la ONU – Kenia

Para consultas y solicitudes de medios, contactar a: Jamshid GAZIYEV, Secretario del Grupo de Trabajo sobre campesinos y trabajadores/as rurales (jamshid.gaziyev@un.org).

Para consultas de medios relacionadas con otros expertos independientes de la ONU, contactar a Maya Derouaz (maya.derouaz@un.org) o Dharisha Indraguptha (dharisha.indraguptha@un.org)

Siga las noticias relacionadas con los expertos independientes en derechos humanos de la ONU en X: @UN_SPExperts.

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El 27 de noviembre de 2025, el Tribunal Superior de Kenia en Machakos dictó una sentencia muy esperada en el marco de un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley sobre semillas y variedades vegetales interpuesto por un grupo de campesinos y campesinas. El Tribunal dio la razón a los demandantes en todos los puntos, anulando varias secciones de la ley y sus reglamentos.

Como se indicó anteriormente en otro articulo del sitioweb “Defendiendo los derechos campesinos”, el recurso constitucional contra la Ley sobre semillas y variedades vegetales fue presentado en 2022 por quince campesinos y campesinas de la Seeds Savers Network contra la agencia gubernamental encargada de la aplicación de la ley.

Revisada en 2012, la Ley keniana sobre semillas y variedades vegetales es una ley draconiana que prohíbe a los campesinos y las campesinas conservar, compartir, intercambiar y vender semillas bajo pena de sanciones penales. En su decisión, la jueza declaró que varias disposiciones de la ley eran contrarias a la Constitución de Kenia, al Tratado sobre los Recursos Fitogenéticos de la FAO y a la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales (UNDROP). La jueza consideró que la Constitución debía interpretarse a la luz del artículo 9 del Tratado sobre los Recursos Fitogenéticos y del artículo 19 de la UNDROP, y que Kenia estaba obligada a cumplir sus obligaciones en virtud del derecho internacional en general y de los derechos humanos en particular.

Más concretamente, la jueza consideró que la sección de la ley que otorga a los inspectores la facultad de incautar y destruir semillas cuando tienen «motivos razonables» para creer que se ha infringido una disposición de la ley vulnera el derecho de los campesinos y las campesinas a la intimidad, al respeto de su domicilio y a la protección de sus bienes, tal y como se consagran en la Constitución. La jueza señaló que la falta de definición del término «motivos razonables» y de un mecanismo de control independiente podía dar lugar a abusos y decisiones arbitrarias.

Es importante señalar que la jueza declaró que varias disposiciones de la ley son inconstitucionales, ya que vulneran el derecho de los campesinos y las campesinas a conservar, utilizar, compartir, intercambiar y vender semillas conservadas en la explotación. Estas disposiciones penalizan la venta de semillas, salvo que se trate de semillas certificadas vendidas por comerciantes registrados, y limitan los derechos de los campesinos y las campesinas sobre sus cosechas procedentes de variedades protegidas.

La jueza consideró que, al restringir el derecho cultural a conservar, compartir e intercambiar semillas, estas disposiciones son contrarias a la Constitución, que afirma que el Estado debe reconocer el papel de la ciencia y las tecnologías indígenas, así como reconocer y proteger la propiedad de las semillas y variedades vegetales indígenas, sus diversas características y su uso por parte de las comunidades de Kenia. Teniendo en cuenta la importante contribución de los campesinos y las campesinas a la producción de alimentos, la jueza consideró que estas disposiciones también violaban el derecho a la alimentación garantizado por la Constitución y la obligación de Kenia de adoptar medidas legislativas, políticas y de otro tipo para garantizar su realización progresiva. Por último, la jueza también consideró que los exorbitantes gastos de registro, asociados a los estrictos requisitos de registro, constituían una discriminación indirecta contra los campesinos y campesinas.

En cuanto al derecho a la participación, la jueza observó que muchas de las cuestiones planteadas en la demanda podrían haberse evitado si el Gobierno hubiera garantizado el derecho a una participación adecuada y significativa de los campesinos y campesinas, las partes interesadas y el público en el proceso de elaboración de la legislación. La jueza ordenó al Gobierno que garantizara el derecho a la participación en el proceso de modificación de la ley para cumplir con la sentencia.

Aún no se sabe si el Gobierno de Kenia apelará esta decisión. En cualquier caso, esta decisión judicial cambia las reglas del juego para millones de campesinos y campesinas kenianos y sienta un importante precedente para los derechos consagrados en la UNDROP y, en particular, el derecho a las semillas a escala mundial.

***

Sentencia del Tribunal Superior de Kenia, disponible aquí (en inglés):
https://new.kenyalaw.org/akn/ke/judgment/kehc/2025/18166/eng@2025-11-27

Constitución de Kenia (en particular los artículos 11, 21(2) y 43(1)):
https://kenyalaw.org/kl/fileadmin/pdfdownloads/TheConstitutionOfKenya.pdf

Ley de Kenia sobre semillas y variedades vegetales:
https://upovlex.upov.int/en/legislation/text/506145

La entrada Victoria histórica para los/as campesinos/as kenianos y la soberanía semillera se publicó primero en Defending Peasants' Rights.