El informe señala una extrema desigualdad territorial: el 85 por ciento de las explotaciones agrícolas tienen menos de dos hectáreas, pero controlan solo el 9 por ciento de las tierras cultivables, mientras que el 0,1 por ciento más grande controla más de la mitad. El despojo también afecta a las pesquerías, los territorios pastoriles y las zonas destinadas a proyectos climáticos, de conservación y de energías renovables, así como a las comunidades afectadas por conflictos y desplazamientos.

El informe pide medidas más firmes y vinculantes para proteger los derechos territoriales, incluido el reconocimiento jurídico de los territorios colectivos y consuetudinarios, la restitución y la compensación por el despojo, y derechos más sólidos para las mujeres rurales. También recomienda limitar la concentración de la tierra y el agua, llevar a cabo reformas agrarias y redistribución, establecer instrumentos jurídicamente vinculantes de derechos humanos para regular a las empresas, y garantizar una consulta significativa y el consentimiento libre, previo e informado para los proyectos de desarrollo y relacionados con el clima.

Lea el informe completo a continuación:

La entrada Nuevo informe del Grupo de Trabajo de la ONU sobre la UNDROP acerca de las territorialidades de la tierra y el mar se publicó primero en Defending Peasants' Rights.

La semilla es el primer eslabón de toda cadena alimentaria. Sin embargo, aquello que durante milenios fue un bien común custodiado por comunidades campesinas se encuentra hoy en el centro de una disputa global entre los derechos humanos, la soberanía alimentaria y la propiedad intelectual.

Un nuevo informe presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sostiene que la gobernanza internacional de las semillas se inclina cada vez más hacia la mercantilización, la concentración corporativa y la criminalización de prácticas ancestrales como conservar, intercambiar o vender semillas campesinas.

El documento, titulado El derecho a las semillas: custodia, cercamiento y resistencia, fue elaborado por el Grupo de Trabajo sobre los derechos de los campesinos y de otras personas que trabajan en las zonas rurales. Su presentación estuvo a cargo de Shamlali Guttal, presidenta del Grupo de Trabajo, quien también presentó el informe sobre la visita oficial realizada a Ghana del 5 al 14 de mayo de 2026.

El diagnóstico es contundente: las semillas están siendo progresivamente transformadas de patrimonio biocultural en mercancías sometidas a regímenes de propiedad intelectual, certificación comercial y control corporativo.

De bien común a propiedad privada

El informe identifica dos modelos enfrentados. El primero concibe las semillas como bienes comunes que sustentan la soberanía alimentaria, la biodiversidad y los derechos colectivos de los pueblos rurales. El segundo las considera activos económicos sujetos a patentes, certificados de obtentor y reglas comerciales globales.

Según el Grupo de Trabajo, el equilibrio entre ambas visiones se ha roto claramente en favor de la segunda.

Durante la presentación del informe, Shamlali Guttal recordó que las semillas no son simples mercancías para los campesinos y los pueblos indígenas.

“Las semillas son el comienzo de cada comida, la memoria de cada cosecha y la esperanza de la vida futura. Son una herencia viva, desarrollada durante generaciones mediante la selección, el intercambio y la adaptación a distintos suelos, ecosistemas y climas”.

Guttal también subrayó que el artículo 19 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos reconoce el derecho de los campesinos a conservar, utilizar, controlar, proteger y desarrollar sus propias semillas. En consecuencia, los Estados tienen la obligación de respetar, proteger y hacer efectivo ese derecho.

Las normas internacionales sobre propiedad intelectual, los acuerdos comerciales y los sistemas de certificación han generado restricciones crecientes para quienes conservan, intercambian o venden semillas fuera de los circuitos comerciales. Lo que durante siglos constituyó una práctica campesina habitual comienza a ser tratado como una infracción legal en numerosos países.

La concentración del mercado mundial

La privatización de las semillas avanza paralelamente a una concentración sin precedentes de la industria. El informe señala que cuatro empresas —Bayer, Corteva, Syngenta y BASF— controlan más de la mitad del mercado mundial de semillas comerciales.

Esta concentración no solo afecta los precios. También orienta la investigación genética, condiciona las políticas agrícolas y favorece variedades homogéneas diseñadas para sistemas agrícolas intensivos, dependientes de fertilizantes y pesticidas.

Ello erosiona la diversidad agrícola y aumenta la dependencia de los agricultores respecto de las grandes empresas proveedoras de semillas e insumos.

Frente a esta tendencia, el informe destaca la importancia de los sistemas de semillas gestionados por los propios agricultores. En algunas regiones de África y Asia, estos sistemas proporcionan hasta el 90 % de las semillas utilizadas en los cultivos alimentarios.

Durante su intervención, Guttal explicó que estos sistemas tradicionales son el principal reservorio de diversidad genética agrícola y constituyen una base fundamental para la soberanía alimentaria y la resiliencia frente al cambio climático.

El Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura reconoce los derechos de los agricultores y establece un sistema multilateral de acceso y participación en los beneficios. Sin embargo, el Grupo de Trabajo advirtió que estos compromisos se aplican de manera desigual y que los recursos destinados al fondo de beneficios siguen siendo insuficientes.

Cuando guardar semillas se convierte en delito

Uno de los aspectos más alarmantes del informe es la descripción de un proceso creciente de criminalización de las prácticas tradicionales relacionadas con las semillas.

En distintos países, agricultores han sido perseguidos judicialmente por intercambiar, reutilizar o vender material de siembra conservado en sus explotaciones. El informe documenta casos en África, Asia, América Latina y Europa, con sanciones que incluyen multas elevadas e incluso penas de prisión.

Los regímenes de protección de variedades vegetales, especialmente los inspirados en el Acta de 1991 del Convenio de la UPOV, amplían los derechos exclusivos de los obtentores sobre el material de reproducción. En algunos países, las restricciones pueden alcanzar prácticas tan habituales como guardar semillas de una cosecha para utilizarlas en la siguiente.

El documento también alerta sobre el uso creciente de tecnologías de vigilancia, marcadores genéticos, drones e imágenes satelitales para detectar presuntas infracciones vinculadas a semillas protegidas.

Para el Grupo de Trabajo, existe una paradoja evidente: mientras los sistemas campesinos continúan proporcionando entre el 70 % y el 90 % de las semillas utilizadas en numerosos países, son precisamente estos sistemas los que enfrentan mayores restricciones legales.

Guttal advirtió además sobre la expansión de las patentes sobre secuencias genéticas y sobre la utilización de información obtenida de bases de datos digitales.

“Las secuencias genéticas pueden ser registradas o patentadas sin que se haya utilizado físicamente la semilla. Esta práctica puede permitir que los recursos genéticos sean utilizados sin respetar las obligaciones de participación en los beneficios”.

Las guardianas invisibles

El informe dedica una atención particular al papel de las mujeres rurales. Las identifica como principales custodias de la diversidad genética y como responsables de la selección, conservación y transmisión de conocimientos sobre semillas en gran parte del mundo.

Sin embargo, las políticas agrícolas y los marcos regulatorios suelen invisibilizar esta contribución. La privatización de las semillas y la imposición de sistemas de certificación afectan de manera desproporcionada a las mujeres, ya que restringen prácticas fundamentales para su autonomía económica y alimentaria.

La erosión de los sistemas tradicionales no implica únicamente la pérdida de biodiversidad. También reduce el margen de acción de quienes históricamente han sostenido la seguridad alimentaria a nivel local.

Por ello, el Grupo de Trabajo pide que los Estados garanticen la igualdad de las mujeres rurales en la gobernanza de las semillas mediante una tenencia segura de la tierra, una representación efectiva en los órganos de decisión y el reconocimiento de sus conocimientos tradicionales y de su papel como principales custodias de las semillas.

Biodiversidad amenazada

Para la ONU, la disputa por las semillas es inseparable de la crisis ecológica global. La pérdida acelerada de diversidad genética vegetal aparece como una de las señales más preocupantes de la agricultura industrial contemporánea.

El informe señala que aproximadamente tres cuartas partes de la diversidad genética de los cultivos se perdieron durante el siglo XX, a medida que las variedades locales, adaptadas a sus territorios, fueron sustituidas por un número cada vez más reducido de variedades comerciales.

La expansión de los organismos genéticamente modificados y de las nuevas tecnologías de edición genética incrementa además los riesgos de contaminación genética y de apropiación privada de recursos desarrollados históricamente por comunidades campesinas e indígenas.

El documento recoge casos de contaminación de variedades autóctonas de maíz y algodón con material genéticamente modificado no autorizado en América Latina. También denuncia demandas contra agricultores que no habían plantado conscientemente semillas patentadas, pero cuyos campos contenían plantas procedentes de ese material.

El informe advierte asimismo sobre nuevas formas de biopiratería asociadas a la digitalización de secuencias genéticas. Gracias a estas tecnologías, empresas e instituciones pueden registrar y patentar características biológicas derivadas de variedades tradicionales sin acceder físicamente a las semillas de origen.

Esta práctica debilita los mecanismos de reparto de beneficios y puede facilitar la apropiación de conocimientos desarrollados por comunidades campesinas e indígenas.

Por esa razón, Guttal pidió que las nuevas técnicas genómicas sean sometidas a evaluaciones independientes de riesgo y a requisitos de trazabilidad y etiquetado antes de cualquier proceso de desregulación.

Semillas, territorio y conflictos

La defensa de las semillas no puede separarse de la defensa de la tierra. El informe subraya que los sistemas tradicionales dependen de territorios vivos donde las comunidades puedan cultivar, intercambiar y transmitir conocimientos entre generaciones.

Por ello, los desplazamientos forzados, los acaparamientos de tierras, los megaproyectos agroindustriales, los conflictos armados y la degradación ambiental constituyen amenazas directas para el derecho a las semillas.

La pérdida de territorios implica también la pérdida de conocimientos, variedades adaptadas localmente y redes comunitarias de intercambio que sostienen la resiliencia de los sistemas alimentarios.

En este sentido, el Grupo de Trabajo recomendó que, en situaciones de conflicto armado, ocupación u otras crisis, las semillas campesinas y las infraestructuras relacionadas con ellas sean reconocidas como bienes civiles esenciales para la supervivencia de la población.

Resistencia campesina y victorias judiciales

Frente a estas tendencias, el documento recoge numerosas experiencias de resistencia. Cooperativas, bancos comunitarios de semillas, ferias de intercambio y programas de fitomejoramiento participativo continúan sosteniendo una parte esencial de la biodiversidad agrícola mundial.

Guttal destacó que estas iniciativas no deben ser tratadas como actividades marginales, sino como bienes públicos que merecen el mismo apoyo que los programas formales de mejoramiento de semillas.

El Grupo de Trabajo también destaca varias experiencias jurídicas y políticas. Entre ellas se encuentra la Ley Modelo Africana para la Protección de los Derechos de las Comunidades Locales, los Agricultores y los Mejoradores, desarrollada mediante el Protocolo de Arusha de la ARIPO, que ofrece una alternativa compatible con los derechos humanos frente al modelo de la UPOV de 1991.

La legislación de la India protege expresamente el derecho de los agricultores a conservar, utilizar, intercambiar y vender semillas guardadas en sus explotaciones, junto con los derechos de los obtentores.

En Brasil, el Programa de Adquisición de Alimentos orienta la contratación pública hacia semillas tradicionales y agroecológicas.

El informe recoge además varias victorias judiciales. En 2021, la Corte Suprema de Honduras declaró inconstitucional la ley nacional de protección de variedades vegetales, invocando el artículo 19 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos.

En Kenia, tanto la Corte Suprema como el Tribunal Superior han reconocido la protección constitucional de las prácticas consuetudinarias campesinas de intercambio de semillas. En noviembre de 2025, el Tribunal Superior sostuvo que “compartir semillas no es un delito”, una decisión cuyo alcance, según el Grupo de Trabajo, supera las fronteras del país.

Estas experiencias muestran que otra gobernanza de las semillas es posible, basada en los derechos humanos, la soberanía alimentaria y la conservación de la biodiversidad.

Una disputa sobre el futuro de la alimentación

Más allá de la cuestión agrícola, el informe plantea una interrogante política fundamental: ¿quién controla los recursos que permiten producir alimentos?

La conclusión del Grupo de Trabajo es inequívoca. Las semillas no pueden reducirse a simples mercancías. Constituyen la base material de derechos fundamentales como la alimentación, la salud, la cultura y un medio ambiente sano.

Considerarlas exclusivamente como objetos de propiedad privada no solo amenaza la biodiversidad y la soberanía alimentaria, sino que profundiza la dependencia económica de millones de agricultores en todo el mundo.

Por ello, el Grupo de Trabajo insta a los Estados a reconocer y proteger los sistemas de semillas campesinos, fortalecer la agroecología y garantizar el derecho de las comunidades rurales a conservar, intercambiar, desarrollar y vender sus propias semillas.

En palabras de Shamlali Guttal, proteger las semillas significa proteger también a las comunidades que las han cuidado durante generaciones: sus derechos, sus territorios, sus conocimientos y su capacidad de hacer frente al cambio climático y a otras crisis.

En otras palabras, devolver a las semillas su condición original: patrimonio vivo de los pueblos antes que mercancía de los mercados.

La entrada Semillas bajo cerrojo: expertos de la ONU denuncian la privatización de la vida campesina se publicó primero en Defending Peasants' Rights.

(Ginebra, 16 de septiembre de 2026) — La Vía Campesina, con el apoyo de CETIM y FIAN Internacional, se encuentra en Ginebra del 12 al 19 de septiembre para participar en el 63.º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (CDH), que se celebra del 7 de septiembre al 7 de octubre de 2026.

Este 63.º período de sesiones es especialmente importante para nosotrxs, como campesinado, ya que los Estados miembros de la ONU examinarán la renovación del mandato del Grupo de Trabajo de Expertos sobre los Derechos de los Campesinos y Otras Personas que Trabajan en Zonas Rurales. El mandato de tres años del Grupo de Trabajo, que comenzó en 2023, llega a su fin en octubre.

Por lo tanto, es fundamental que los Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos apoyen y voten a favor de la renovación del mandato.

¿Por qué es importante para nosotrxs la UNDROP?

La UNDROP es muy importante para nosotrxs porque luchamos por su adopción para proteger los derechos y el papel del campesinado y otras personas que trabajan en zonas rurales. Son quienes alimentan a la población, preservan la biodiversidad, protegen los ecosistemas y sostienen las economías y culturas locales.

La UNDROP proporciona un marco de derechos humanos reconocido internacionalmente que respalda medidas como la reforma agraria integral, la protección y el fortalecimiento de los sistemas tradicionales de semillas y la promoción de la producción alimentaria local. Refuerza la legitimidad de los Estados a la hora de adoptar políticas que protejan al campesinado y respalden la soberanía alimentaria.

La Declaración permite también alzar la voz a los países y comunidades cuyas economías siguen siendo en gran medida rurales.

Como explica Elizabeth Mpofu, campesina de Zimbabue:

«Las comunidades rurales y el campesinado producen más del 80 % de los alimentos que consumimos. Es más, nosotras, especialmente las mujeres, somos la columna vertebral de los mercados locales de alimentos, ya que suministramos una amplia diversidad de productos que no se encuentra en los supermercados ni en las tiendas. Esto permite a nuestros gobiernos estar más libres para centrarse en otras necesidades urgentes de desarrollo social, físico y económico. A través de nuestros sistemas de semillas campesinas, hemos creado economías rurales dinámicas, generado empleo para millones de personas y educado a nuestrxs hijxs.

Mi historia es la historia de miles de millones de mujeres rurales que desempeñan un papel importante en la reproducción social del trabajo y en la lucha contra el hambre, la malnutrición, el desempleo y la pobreza en todo el mundo.»

Nuestra misión en Ginebra

Nuestra misión aquí es continuar con la labor de incidencia que iniciamos hace casi treinta años, cuando pusimos en marcha este proceso de reconocimiento de los derechos campesinos a escala internacional.

La delegación de LVC se reunirá con las misiones de los Estados miembros del CDH de la ONU y colaborará con ellas para abogar por la renovación del mandato del Grupo de Trabajo de Expertos sobre la UNDROP.

El Grupo de Trabajo es fundamental para garantizar la continuidad de los esfuerzos internacionales destinados a impulsar la aplicación de la UNDROP. Fomenta el diálogo, la cooperación y la capacitación entre los Estados, lxs expertxs independientes y lxs titulares de derechos de la UNDROP.

El Grupo de Trabajo también garantiza que las realidades y las luchas del campesinado y otras personas que trabajan en las zonas rurales sigan estando representadas en el sistema de la ONU. Su labor refuerza la lucha por la soberanía y la seguridad alimentarias.

Defensa del derecho a las semillas

Durante su estancia en Ginebra, los delegados de LVC participarán y contribuirán a un evento paralelo y una conferencia pública sobre el derecho a las semillas, tras la presentación, hoy mismo, del informe del Grupo de Trabajo de la UNDROP sobre el Derecho a las Semillas ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

Consulta aquí el informe

El Derecho a las Semillas es fundamental para la lucha por los derechos campesinos, la soberanía alimentaria y la agroecología. Los sistemas de semillas campesinas, construidos a lo largo de generaciones de conocimiento, intercambio y gestión colectiva, son esenciales para proteger la biodiversidad, mantener los sistemas alimentarios locales y reforzar la autonomía de las comunidades rurales.

Para La Vía Campesina, renovar el mandato del Grupo de Trabajo no se trata simplemente de mantener un mecanismo de la ONU. Se trata de garantizar que las voces, los derechos y las luchas de los campesinos sigan siendo visibles y reconocidos dentro del sistema internacional de derechos humanos.

¡Globalicemos la lucha! ¡Globalicemos la esperanza!

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Objetivo: Proporcionar información al Grupo de Trabajo sobre los derechos de los campesinos y de las campesinas en el marco de su visita a Paraguay.

Plazo: 14 de septiembre de 2026

Antecedentes

El Grupo de Trabajo sobre los derechos de los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales, establecido en virtud de la resolución 54/9 del Consejo de Derechos Humanos, realizará una visita al país en Paraguay del 16 al 27 de noviembre de 2026, por invitación del Gobierno de Paraguay.

La visita tendrá como objetivo realizar una evaluación independiente, imparcial y objetiva de los avances logrados en la implementación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales (UNDROP) en Paraguay. El Grupo de Trabajo emitirá una declaración detallada al término de su misión el 27 de noviembre de 2026 y presentará un informe final al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en 2027.

El Grupo de Trabajo invita a personas y organizaciones, incluidos campesinos y campesinas, pescadores y pescadoras de pequeña escala, trabajadores y trabajadoras rurales, organizaciones de la sociedad civil, activistas y académicos y académicas, a compartir información sobre las cuestiones que se detallan a continuación, con el fin de contribuir a la preparación de la visita.

Principales preguntas y tipos de aportes/comentarios solicitados

Todos los aportes son bienvenidos. Las preguntas que figuran a continuación sirven como guía y no constituyen una lista exhaustiva. Responda únicamente a aquellas que sean más pertinentes para su vida, trabajo o experiencia.

1. ¿Qué avances ha logrado Paraguay en la protección de los derechos de los campesinos, las comunidades rurales y los trabajadores y trabajadoras rurales? Comparta buenas prácticas, leyes o políticas pertinentes.
2. ¿Cuáles son los principales desafíos para la implementación de la UNDROP y la protección de los derechos de los campesinos y trabajadores rurales en Paraguay? ¿Qué lecciones aprendidas puede compartir?
3. ¿Qué medidas legislativas, judiciales, administrativas o de política pública ha adoptado Paraguay —o no ha adoptado— para hacer efectivos los derechos de los campesinos y trabajadores rurales establecidos en la UNDROP? ¿Hay alguna medida que considere progresiva o regresiva?
4. ¿Cuáles son los principales desafíos sociales, económicos, políticos y ambientales que afectan a las comunidades campesinas, los pueblos indígenas y los trabajadores rurales?
5. ¿Cuáles son las principales tendencias y actores que influyen en los medios de vida de los campesinos y trabajadores rurales, así como en su acceso a la tierra, el agua y los recursos naturales y productivos?
6. ¿Qué cuestiones afectan específicamente a las mujeres y niñas rurales?
7. ¿Qué desafíos enfrentan en Paraguay los trabajadores y trabajadoras de la agricultura, la acuicultura y la silvicultura, así como los pescadores y pescadoras artesanales?
8. ¿Qué lugares, organizaciones o comunidades debería visitar el Grupo de Trabajo para conocer estas cuestiones de primera mano?
9. Comparta cualquier informe, investigación u otro documento pertinente.

¿Cómo se utilizarán los aportes?

El Grupo de Trabajo agradece enormemente el esfuerzo dedicado a realizar estos aportes y espera poder revisar todas las contribuciones recibidas.

Siéntase libre de difundir ampliamente esta convocatoria para aportes en sus redes.

Confidencialidad de los aportes

Todos los aportes recibidos serán publicados en nuestro sitio web, salvo que se solicite lo contrario, y contribuirán a la preparación de la visita al país y del informe posterior.

Próximos pasos

Los aportes/comentarios pueden enviarse por correo electrónico. Deberán recibirse a más tardar el 15 de septiembre de 2026 a las 09:00 (hora de Ginebra).

Se pueden incluir enlaces a materiales adicionales de apoyo, como informes, estudios académicos y otros documentos de referencia, en el cuerpo del envío o adjuntarlos al mismo.

El Grupo de Trabajo agradece enormemente el esfuerzo dedicado a realizar estos aportes y espera poder revisar todas las contribuciones recibidas.

Siéntase libre de difundir ampliamente esta convocatoria para aportes en sus redes.

Confidencialidad de los aportes

Todos los aportes recibidos serán publicados en nuestro sitio web, salvo que se solicite lo contrario, y contribuirán a la preparación de la visita al país y del informe posterior.

Correo electrónico: hrc-wg-peasants@un.org

Asunto del correo: Submission on the Visit to Paraguay

Límite de palabras/páginas:
2.000 palabras

Formatos de archivo aceptados:
Word, PDF

Idiomas aceptados:
Inglés, francés, español

La entrada Convocatoria para aportes – Visita del Grupo de Trabajo sobre la UNDROP a Paraguay se publicó primero en Defending Peasants' Rights.

El nuevo informe del Grupo de Trabajo de la ONU sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales analiza la creciente disputa en torno a las semillas desde la perspectiva de los derechos humanos, la soberanía alimentaria y la biodiversidad. En el centro de este debate se encuentra el derecho a las semillas: el derecho de los campesinos y las campesinas a desarrollar, conservar, utilizar, intercambiar y vender sus propias semillas y las semillas que han guardado de sus cosechas. El informe muestra cómo el poder corporativo, los regímenes de propiedad intelectual, la certificación de semillas y las normas comerciales están impulsando el cercamiento y la privatización de las semillas, criminalizando prácticas ancestrales y socavando la autonomía de las comunidades campesinas. Asimismo, pone de manifiesto las crecientes amenazas de la biopiratería y el deterioro de los sistemas tradicionales de semillas.

El informe también destaca importantes victorias de los pueblos rurales que resisten al control corporativo. En Honduras, los campesinos y las campesinas contribuyeron a la anulación de la llamada «Ley Monsanto», mientras que en Kenia, una sentencia judicial histórica confirmó que compartir semillas no constituye un delito. En Colombia y Zambia, campesinos, campesinas y sus aliados se han movilizado contra leyes restrictivas sobre las semillas. En todo el mundo, las comunidades están creando bancos de semillas, cooperativas y ferias de semillas, desarrollando programas participativos de mejoramiento y defendiendo sistemas agroecológicos. Estas luchas tienen lugar en un contexto en el que el cambio climático, la erosión genética, el desplazamiento, los conflictos y las nuevas biotecnologías intensifican la disputa por el control de los pilares de nuestros sistemas alimentarios. Para los movimientos campesinos y rurales, la lucha por las semillas forma parte de una lucha más amplia por la tierra, el agua, la biodiversidad, la autonomía y el derecho de los pueblos a decidir sobre sus propios sistemas alimentarios.

El Grupo de Trabajo pide un cambio decisivo de rumbo frente a las políticas que tratan las semillas como propiedad corporativa y como mercancías. Sobre la base del artículo 19 de la UNDROP, exige la protección de los derechos de los campesinos y las campesinas a conservar, intercambiar y vender semillas, así como apoyo público a los sistemas comunitarios de semillas y a la agroecología, y medidas para hacer frente a los regímenes restrictivos de propiedad intelectual y a la biopiratería. Les invitamos a leer el informe completo y a apoyar a los pueblos rurales que defienden las semillas como un bien común vivo, resisten su mercantilización corporativa y luchan por la soberanía alimentaria.

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La experiencia de Cuba demuestra que los principios y disposiciones consagrados en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales (UNDROP) pueden traducirse de manera concreta en políticas públicas, marcos jurídicos e iniciativas orientadas a garantizar y promover los derechos de las comunidades campesinas. El presente informe recoge los avances alcanzados y las principales iniciativas desarrolladas en este sentido, poniendo de relieve el compromiso del Estado y de los propios titulares de derechos con la promoción y protección de los derechos campesinos.

Esta experiencia constituye, asimismo, una referencia de interés para otros países y contextos. Demuestra que, incluso en condiciones de vulnerabilidad debida a una ofensiva imperialista continua, y frente a desafíos enormes debido a la guerra economica externa, es posible avanzar en la implementación de los derechos reconocidos en la UNDROP cuando existe voluntad política, un marco institucional favorable y una participación activa y movilización de las organizaciones y comunidades de base.

Más allá de sus particularidades nacionales, el caso cubano ofrece aprendizajes y elementos de inspiración para otros países que buscan fortalecer sus políticas públicas y marcos jurídicos en favor de los derechos de las personas que viven y trabajan en las zonas rurales.

A continuación, encontrará el informe completo:

La entrada Informe sobre la promoción e implementación de la UNDROP en Cuba se publicó primero en Defending Peasants' Rights.

*Imagen: El mundo campesino. Elena Rusca

Entrevista con Geneviève Savigny, miembro del Grupo de Trabajo de la ONU sobre los Derechos de los Campesinos (UNDROP)

Ginebra, 25 de junio de 2026 — Elena Rusca

Mientras las crisis alimentarias, climáticas y geopolíticas se intensifican, los campesinos —quienes alimentan a la mayoría de la humanidad— siguen siendo de los más expuestos a la pobreza, la expropiación y la violencia. Desde 2018, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos (UNDROP) ofrece un marco inédito para proteger sus derechos colectivos, sus semillas, sus tierras y sus saberes. Pero su implementación sigue siendo frágil. Geneviève Savigny, miembro del Grupo de Trabajo encargado de la UNDROP, analiza los desafíos agrarios, semilleros y políticos que atraviesan hoy los campos del mundo —desde África Occidental hasta América Latina.

La UNDROP: un texto histórico nacido de las luchas campesinas

Adoptada en 2018 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, la Declaración de los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en Zonas Rurales es uno de los instrumentos más ambiciosos del sistema internacional. Fruto de casi veinte años de movilización impulsada por La Vía Campesina, busca proteger a quienes producen la mayor parte de los alimentos del planeta, pero que siguen siendo los más expuestos a la pobreza, la expropiación, la violencia y la marginación política.

La UNDROP reconoce derechos rara vez explicitados en otros textos internacionales:

• el derecho a la tierra,
• el derecho a las semillas,
• el derecho al agua,
• la protección contra los desalojos,
• la participación en las decisiones,
• los derechos colectivos y consuetudinarios,
• el reconocimiento de los saberes campesinos.

Para garantizar su implementación, el Consejo de Derechos Humanos creó en 2023 un Grupo de Trabajo compuesto por cinco expertos independientes. Geneviève Savigny, campesina y exmiembro de la Confederación Campesina y de La Vía Campesina, forma parte de él.

Un grupo de trabajo internacional para defender los derechos campesinos

— ¿Cómo se formó su grupo de trabajo?

G. Savigny: «El grupo de trabajo fue formado por el Consejo de Derechos Humanos después de que se adoptara una resolución en otoño de 2023. Fuimos seleccionados durante el invierno y nos encontramos cinco personas. Personalmente, soy campesina, exmiembro de la Confederación Campesina y de La Vía Campesina. También están Carlos, antropólogo y profesor en Colombia; David, profesor de derecho en Armenia; Shalmalee, exdirectora de la ONG Focus on Global South; y Uche, profesora de derecho nigeriana que trabaja en Estados Unidos.»

— ¿Cómo trabajan concretamente?

G. Savigny: «Nuestro grupo tiene dos sesiones anuales de cinco días presenciales, normalmente una en Ginebra y otra en Nueva York. Este año preferimos reemplazar la segunda sesión por visitas a países. Acabamos de hacer una visita a Ghana y otra está prevista en noviembre en Paraguay. Cada vez somos dos personas del grupo más nuestro equipo asalariado.»

— ¿Qué hacen durante estas visitas?

G. Savigny: «Nos reunimos con representantes de los distintos ministerios vinculados a la agricultura y la alimentación, y luego con representantes de campesinos, pescadores, pastores y mujeres rurales. En Ghana, las reuniones debían pasar por el gobierno o por autoridades locales para poder encontrarnos con los jefes de aldea. El objetivo es entender cómo se aplican los derechos campesinos, cuáles son los puntos fuertes y qué se puede mejorar. Luego elaboramos un informe que se presentará en otoño.»

La participación: un derecho esencial pero difícil de ejercer

— Publicaron un informe sobre el derecho a la participación. ¿Cuáles fueron sus conclusiones?

G. Savigny: «La participación es realmente indispensable para que la situación de los campesinos y campesinas sea tomada en cuenta y resuelta de la manera adecuada. Pero aún queda mucho por hacer, incluso por razones materiales: la traducción, la distancia, las dificultades para desplazarse a los lugares de poder.

En cuanto a las mujeres, existe una dificultad particular para liberarse de las tareas domésticas y del trabajo cotidiano para poder participar en las decisiones que les conciernen. Es un nivel de dificultad adicional en un mundo rural donde el trabajo es muy absorbente y a menudo aislado.»

Semillas: un desafío crucial frente a las multinacionales

— Este año trabajan sobre el derecho a las semillas. ¿Por qué es tan importante?

G. Savigny: «El artículo diecinueve de la UNDROP detalla cómo los campesinos deben tener derecho a mantener los sistemas de semillas campesinas: guardar, reproducir, intercambiar y vender semillas. El Estado también debe favorecer la existencia de este sistema. No siempre es así, ya que existe un sistema comercial muy dinámico, incluso agresivo, según cómo se mire.»

— ¿Los OGM influyen en esta problemática?

G. Savigny: «Sí, por supuesto. Con los avances tecnológicos, ahora tenemos formas mucho más fáciles y rápidas de hacer OGM. Para facilitar su difusión y comercialización, las empresas semilleras ya no quieren que se llamen OGM, sino NGT, Nuevas Técnicas Genómicas. Buscan que se reconozca que podrían aparecer en la naturaleza, por lo que no habría necesidad de etiquetarlos.

Pero ¡hay patentes depositadas sobre ellos! Y existe el temor de que los rasgos patentados, que no están etiquetados, puedan aparecer naturalmente en plantas de campesinos que los habían seleccionado durante años.»

— ¿Qué implica esto para los campesinos?

G. Savigny: «La patente del sistema CRISPR-Cas, por ejemplo, pertenece a una sola empresa. Hay una concentración cada vez mayor de derechos que determinan si se puede o no multiplicar las semillas. Frente a esto, muchas leyes semilleras imponen reglas estrictas para el reconocimiento y la comercialización de semillas, lo que entra en contradicción con el derecho campesino a las semillas.

Los campesinos deben reivindicar este derecho, y los Estados deben darse cuenta de que, incluso para la biodiversidad y la resiliencia de las plantas, no se debe detener la selección a pequeña escala que realizan los campesinos locales. Hay todo un sistema que preservar si queremos mantener una biodiversidad y una diversidad de cultivos importantes.»

Tierra y territorio: derechos colectivos por reconocer

— También trabajan sobre la cuestión de la tierra. ¿Cuál es el principal desafío?

G. Savigny: «Trabajamos sobre el artículo diecisiete de la declaración, sobre los derechos a la tierra y al territorio. De manera interesante, la UNDROP destaca la importancia de los derechos colectivos y consuetudinarios. Es importante porque en muchos lugares ahí está el problema: como no hay títulos de propiedad claros, se entra en una zona informal.»

— ¿Y en Suiza, cómo ve el acceso a la tierra?

G. Savigny: «Creo que el derecho a la tierra sirve para iluminar nuevas vías. Se necesita un acceso seguro a la tierra, no necesariamente la propiedad. Espero que en Suiza podamos desarrollar modos de alquiler o formas de propiedad colectiva que den seguridad a quienes la cultivan.

Hay un gran problema: toda una generación llega al final de su carrera con pensiones pequeñas y pocos recursos. A veces no quieren transmitir la tierra a los jóvenes. Es un problema social general. Si queremos una producción alimentaria de calidad, también debemos resolver el problema del acceso a la tierra.

Comprar es prohibitivo. Y hay que tener cuidado porque en algunos países, incluso en Europa, son empresas las que compran las tierras.»

América Latina: una campesinización atacada pero fundamental

— Para los lectores chilenos, ¿qué mirada tiene sobre la campesinización en América Latina?

G. Savigny: «En América Latina, la campesinización me parece fundamental. Junto con los pueblos indígenas, constituyen el núcleo de una agricultura que, al mismo tiempo, está completamente atacada por el desarrollo de una agricultura industrial muy intensiva.

Esto se refuerza con los acuerdos de libre comercio destinados a aumentar la exportación de productos y materias primas. Lo que dicen los campesinos de allá es que eso no va en el sentido de su protección.

Es un espacio que no conozco perfectamente, pero que parece tan rico y variado. Desde un punto de vista cultural, es campesino e indígena. En América Latina, el modo de producción artesanal sigue siendo muy importante. La calidad de la alimentación también proviene de poder comer verduras frescas en todas partes.»

— ¿Es también una lucha contra las transnacionales?

G. Savigny: «Por supuesto. A los pequeños campesinos hay que apoyarlos; a las transnacionales, hay que ponerles límites, porque tienen una tendencia natural —creo que es incluso su oficio— a expandirse, concentrarse y obtener más beneficios. Pero deben existir límites, porque si no, es destructivo tanto ambiental como socialmente.

No es nuestro mandato directo, pero nos enfrentamos a esta cuestión indirectamente. Nuestras recomendaciones al final de cada informe se dirigen a los Estados, a las entidades de la ONU, a otras instituciones y también a las entidades privadas, a quienes pedimos respetar la ley y la normativa internacional, y velar por los derechos humanos en todas las circunstancias.»

Los “procedimientos especiales” de la ONU: explicar el mandato

— ¿Puede explicar qué son los procedimientos especiales?

G. Savigny: «Los grupos de trabajo forman parte de los procedimientos especiales, como los relatores especiales. Se concentran en un aspecto particular de los derechos humanos, como el derecho a la alimentación o el derecho al agua. Nosotros somos un grupo de trabajo: en lugar de un solo relator especial, somos cinco, lo que corresponde a la diversidad y amplitud del tema.

Nuestro papel es implementar la Declaración de los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en Zonas Rurales, la UNDROP. Es un texto adoptado en 2018 por la Asamblea General de la ONU que reúne veintiocho artículos que resumen los derechos necesarios para la actividad campesina.

Precisa qué es un campesino, las obligaciones de los Estados, la no discriminación, los derechos de las mujeres, el derecho a los recursos, el derecho a la participación, a la información, a la educación, etc., detallado de manera adaptada al medio rural.»

El Grupo de Trabajo presentará sus informes sobre tierra y semillas en septiembre próximo en Ginebra. Estos documentos, que serán presentados ante la Asamblea General de la ONU, deberían aportar una luz crucial.

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El estudio examina la creciente tendencia de las contrarreformas agrarias en América Latina y el Caribe y su impacto sobre los derechos a la tierra garantizados por procesos anteriores de reforma agraria. Muestra cómo los recientes cambios legales, institucionales y administrativos están contribuyendo a una renovada concentración de la tierra y a una creciente presión sobre lxs campesinxs, los Pueblos Indígenas, las comunidades afrodescendientes y otras poblaciones rurales. El informe también identifica las principales formas que adoptan estas contrarreformas (reformas legales, financiarización de la tierra, acaparamiento verde impulsado por corporaciones y despojo promovido por el Estado) y analiza sus implicaciones para la justicia territorial y el desarrollo rural.

Asimismo, analiza los patrones actuales de concentración de la tierra en toda la región, destacando cómo las desigualdades históricas están siendo reforzadas por la financiarización y las adquisiciones de tierras a gran escala, condiciones estructurales que constituyen el trasfondo de las contrarreformas contemporáneas. A partir de estudios de caso de Bolivia, Argentina, Brasil, El Salvador, Guatemala, Honduras, Ecuador, así como de países del Caribe, explora una serie de medidas legales e institucionales que han debilitado las protecciones sobre la tierra, incluyendo la reclasificación administrativa, la desregulación, las políticas territoriales restrictivas, los procedimientos acelerados de expropiación, la criminalización de los conflictos relacionados con la tierra y la revocación de títulos de propiedad.

Además, identifica tendencias regionales más amplias y las evalúa a la luz de las normas internacionales de derechos humanos, argumentando que estas reformas reflejan un cambio más amplio en la gobernanza de la tierra que favorece la concentración económica mientras erosiona las protecciones reconocidas en los instrumentos internacionales, especialmente en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales (UNDROP).

El estudio concluye destacando una contradicción apremiante del actual momento agrario: mientras se logran avances significativos en el reconocimiento formal de los derechos de los pueblos rurales, los mecanismos administrativos, procedimentales y económicos necesarios para hacer efectivos esos derechos se están debilitando de manera constante a través de una arquitectura jurídica global que considera la tierra, los territorios y los recursos naturales como meros activos financieros.

Escucha el pódcast sobre este estudio:

Lea el estudio completo aquí:

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Este estudio ofrece el primer mapeo regional de las leyes que reconocen a lxs campesinxs y otras poblaciones rurales en América Latina. Analiza 170 disposiciones legales vigentesa en 23 países entre 1917 y 2025, ofreciendo una visión comparativa de cómo los derechos campesinos son reconocidos en los sistemas jurídicos nacionales.

Los hallazgos muestran que el reconocimiento legal de lxs campesinxs está ampliamente extendido en la región. Casi la mitad de las leyes analizadas reconocen explícitamente los derechos campesinos, mientras que el 88% contiene alguna forma de reconocimiento o protección para las poblaciones rurales. Brasil cuenta con el mayor número de instrumentos legales relevantes, mientras que Colombia y Panamá destacan por la solidez de sus marcos legales. Más de la mitad de todas las normas identificadas fueron adoptadas entre 2010 y 2025, lo que demuestra una creciente atención política a las cuestiones campesinas.

Los temas más comunes son la agricultura familiar, el acceso a la tierra, la reforma agraria y la soberanía alimentaria. Sin embargo, aún persisten importantes brechas en áreas como los derechos de las mujeres rurales, la agroecología, el derecho a las semillas y la participación política.

El estudio también examina la relación entre las leyes nacionales y la UNDROP. Aunque solo cuatro instrumentos legales hacen referencia explícita a la Declaración, muchas leyes incorporan sus principios. Colombia, Ecuador y Bolivia ofrecen algunos de los ejemplos más sólidos de alineación con la UNDROP.

El informe concluye que América Latina se ha convertido en un referente global para el reconocimiento legal de lxs campesinxs, al tiempo que destaca la necesidad de una implementación más sólida de la UNDROP mediante el reconocimiento constitucional, una mayor protección de las mujeres rurales, un mayor apoyo a la agroecología y al derecho a las semillas, y mejores mecanismos de participación política.

Escucha el pódcast sobre este estudio:

Ver el estudio completo a continuación:

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Ghana: La transformación rural corre el riesgo de dejar atrás a los/as campesinos/as; se necesita voluntad política para avanzar, dicen expertos de la ONU

ACRA – Ghana se encuentra al borde de una transformación agrícola, pero existe una necesidad urgente de garantizar que los pequeños agricultores, pescadores artesanales y pastores no queden atrás en la implementación por parte del país de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales (UNDROP), señaló hoy el Grupo de Trabajo sobre los derechos de los campesinos y otras personas que trabajan en zonas rurales en una declaración.

“Ghana cuenta con un sólido marco de derechos humanos y ha demostrado una voluntad genuina de comprometerse con sus obligaciones a través de la Ley de Pesca y Acuicultura de 2025, la Ley de Protección Social de 2025, la Ley de Acción Afirmativa (Equidad de Género) de 2024, y la ratificación del Convenio de la OIT sobre el Trabajo en la Pesca (núm. 188)”, afirmó el Grupo de Trabajo en una declaración al concluir su visita oficial al país.

“Sin embargo, persiste una brecha entre la ley y las políticas y su implementación efectiva en el terreno. Los pequeños agricultores, pescadores artesanales y pastores, que constituyen la verdadera columna vertebral de la producción de alimentos, siguen sufriendo pobreza y exclusión”, añadieron.

Los expertos advirtieron que la apuesta del gobierno por una agricultura mecanizada y orientada a la exportación corre el riesgo de consolidar un sistema alimentario dual. Este modelo favorece en gran medida a la agricultura comercial a gran escala e intensiva en insumos, mientras que el sector agrario familiar queda cada vez más marginado.

La inseguridad en la tenencia de la tierra sigue siendo un desafío, ya que el sistema dual de tenencia del país expone a los agricultores de subsistencia a desposesiones repentinas con recursos legales limitados.

“Las mujeres, los jóvenes y las personas mayores que se dedican a la agricultura enfrentan desventajas acumuladas dentro de los sistemas tanto estatutarios como consuetudinarios. A pesar de sus funciones críticas en la agricultura y la pesca, y a pesar de las fuertes protecciones legales, las mujeres siguen excluidas de la propiedad de la tierra y de la toma de decisiones debido a normas sociales profundamente arraigadas”, añadieron.

Ghana enfrenta simultáneamente una grave emergencia ambiental impulsada por la minería ilegal de oro, o «galamsey».

“El galamsey es la emergencia ambiental más aguda, de más rápido crecimiento y más politizada que enfrenta el país. La contaminación de los ríos, la destrucción de tierras agrícolas y la propagación de la contaminación por metales pesados se extienden mucho más allá de los sitios mineros”, señalaron los expertos. Sostenida por intereses poderosos, se ha convertido en una emergencia nacional de seguridad, de seguridad alimentaria y nutricional, y de salud pública, entrelazada con la captura de élites.

Los expertos también destacaron la profunda exclusión multidimensional de los pastores.

“Su modo de vida nómada los hace estructuralmente invisibles para sistemas de gobernanza diseñados en torno a la tenencia sedentaria. Muchos miembros de las comunidades Fulbe enfrentan obstáculos para obtener documentación de ciudadanía, lo que los coloca efectivamente fuera del alcance de cualquier marco de protección legal”.

La erosión de las zonas de pastoreo, agravada por la presión climática y la expansión agrícola, está generando un ciclo creciente de conflicto entre pastores y campesinos asentados.

Las barreras económicas, como el dominio de intermediarios, la deficiente infraestructura vial rural y la ausencia de cadenas de frío, provocan pérdidas poscosecha catastróficas, agravadas por los impactos del cambio climático. Los pequeños agricultores y pescadores artesanales también quedan excluidos del acceso al financiamiento debido a su incapacidad para ofrecer garantías convencionales.

“El marco normativo y legislativo que ha construido Ghana constituye una base sólida que merece respeto por los derechos humanos. Sin embargo, implementar leyes para abordar todos estos problemas exige un auténtico coraje político que desafíe intereses arraigados, así como un compromiso con un cambio más profundo de las normas sociales, sin el cual los marcos legales permanecen como aspiraciones”, afirmaron los expertos. La UNDROP exige nada menos que esto, en nombre de los campesinos, pescadores, pastores y otros trabajadores rurales.

El Grupo de Trabajo presentará un informe sobre la visita, con sus conclusiones y recomendaciones, al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en septiembre de 2026.

Véase la declaración final de la misión sobre la visita al país en Ghana a continuación (solo en inglés):

El Grupo de Trabajo sobre los Campesinos y otras personas que trabajan en zonas rurales está compuesto por cinco expertos independientes de todas las regiones del mundo. El/la Presidente(a)-Relator(a) es Carlos Duarte (Colombia); los demás miembros son Geneviève Savigny (Francia); Shalmali Guttal (India), Uche Ewelukwa Ofodile (Nigeria) y Davit Hakobyan (Armenia).

Los Relatores Especiales/Expertos Independientes/Grupos de Trabajo son expertos independientes en derechos humanos nombrados por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. En conjunto, estos expertos se denominan Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan a título voluntario; no son personal de la ONU y no reciben salario por su labor. Aunque la Oficina de Derechos Humanos de la ONU actúa como secretaría de los Procedimientos Especiales, los expertos actúan a título individual y son independientes de cualquier gobierno u organización, incluido el ACNUDH y las Naciones Unidas. Cualquier opinión o punto de vista presentado corresponde exclusivamente a su autor y no representa necesariamente los de la ONU o el ACNUDH.

Las observaciones y recomendaciones específicas por país de los mecanismos de derechos humanos de la ONU, incluidos los procedimientos especiales, los órganos de tratados y el Examen Periódico Universal, pueden encontrarse en el Índice Universal de Derechos Humanos: https://uhri.ohchr.org/es/

Página de país de Derechos Humanos de la ONU – Ghana

Para consultas y solicitudes de medios de comunicación, por favor contacte a: Cynthia Prah (prah@un.org), Oficial de Información Pública en Accra, o Stee Asbjornsen (stee.asbjornsen@un.org) en Ginebra.

Para consultas de medios relacionadas con otros expertos independientes de la ONU, por favor contacte a Maya Derouaz (maya.derouaz@un.org) o Dharisha Indraguptha (dharisha.indraguptha@un.org).

Siga las noticias relacionadas con los expertos independientes en derechos humanos de la ONU en Twitter: @UN_SPExperts.

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Celebrado en el contexto del más reciente informe del Grupo de Trabajo de la ONU, centrado específicamente en el derecho a la participación de los pueblos rurales, el debate exploró cómo este derecho —lejos de ser una formalidad procedimental— constituye una piedra angular de la gobernanza democrática y un pilar central de los derechos civiles y políticos de los pueblos rurales. El webinario creó un espacio de intercambio entre actores de base y mecanismos internacionales de derechos humanos, fortaleciendo los puentes entre las luchas locales y la incidencia a nivel global.

El webinario situó en el centro del debate las conclusiones del informe del Grupo de Trabajo de la ONU, examinando:

• La importancia democrática y política de la participación en el marco de la UNDROP
• Los obstáculos que impiden a las comunidades rurales influir en la toma de decisiones públicas
• Las recomendaciones del Grupo de Trabajo a los Estados
• Estrategias prácticas y buenas prácticas que fortalecen una participación significativa
• El papel de la incidencia colectiva y la solidaridad en el avance de la implementación

Panelistas:

• Carlos Duarte, actual Presidente del Grupo de Trabajo de la ONU sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales
• Loupa Pius, Alianza Mundial de Pueblos Indígenas Móviles (WAMIP)
• Modesta Arévalos Ortiz, Federación Internacional de Movimientos Católicos de Adultos Rurales (FIMARC)
• Jones Spartegus, Foro Mundial de Pescadores y Trabajadores de la Pesca (WFFP)
• Norah Mlondobozi, Asamblea de Mujeres Rurales (RWA)
• Saúl Vicente, Unidad de la Fuerza Indígena y Campesina (UFIC – México)
• Paula Gioia, La Vía Campesina (LVC)

A través de sus intervenciones, las y los panelistas compartieron experiencias regionales, perspectivas comunitarias y estrategias de los movimientos para fortalecer la participación a nivel local, nacional e internacional.

Les invitamos a ver la grabación y a sumarse a este importante diálogo como parte del esfuerzo colectivo más amplio para garantizar que quienes alimentan al mundo y protegen sus ecosistemas estén plenamente incluidos en la definición de las políticas y decisiones que determinan su futuro.

Webinario celebrado el 10 de diciembre de 2025.

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El 5 de junio de 2025, el Consejo Nacional de Derechos Humanos (CNDH), tras ser instado por organizaciones campesinas brasileñas de La Vía Campesina, publicó la Recomendación n.º 5/2025, en la que «recomienda la adopción de las medidas necesarias para la observancia, divulgación y cumplimiento de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos por parte del Estado brasileño». Este documento constituye un marco normativo y político de extrema relevancia para la efectividad de los derechos campesinos en Brasil, en la medida en que reconoce, de forma explícita, la centralidad de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos, las Campesinas y las Personas que Trabajan en las Zonas Rurales (UNDROP) como parámetro indispensable para la actuación del Estado brasileño. Este avance normativo constituye igualmente una buena práctica en la promoción y aplicación de la UNDROP a nivel nacional, y puede —y debe— inspirar a las organizaciones campesinas y a las autoridades públicas de otros países.

Para comprender la relevancia de esta Recomendación, es importante recordar el contexto en el que se aprobó la Declaración en 2018, cuando Brasil estaba bajo un gobierno de extrema derecha y, debido a su política exterior e interior, se abstuvo de votar a favor del texto. Las consecuencias de esta postura hicieron que la Declaración no se incluyera en las políticas internas del Estado brasileño, lo que obstaculizó su implementación.

En este sentido, el CNDH, como institución autónoma y con el mandato de actuar en la promoción y defensa de los derechos humanos en Brasil, y a partir de su comisión permanente sobre «Derechos de los Pueblos Indígenas, los Quilombolas, los Pueblos y Comunidades Tradicionales, de las Poblaciones Afectadas por Grandes Emprendimientos y de los Trabajadores y Trabajadoras Rurales Involucrados en Conflictos Fundiarios», recomendó una serie de medidas que deben adoptar los tres poderes del Estado brasileño para colmar esta laguna e implementar políticas de protección de los derechos de las comunidades campesinas y demás trabajadores del campo, de conformidad con la Declaración. Entre estas medidas, se recomendó al Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil que manifestara ante el Secretario General de las Naciones Unidas el apoyo de Brasil a la UNDROP.

Al publicar la recomendación, la CNDH se basó en el panorama de la política de derechos humanos en Brasil y en las constantes denuncias recibidas que revelan un historial de invisibilización y vulnerabilidad de los pueblos del campo. El hecho es que la Comisión mencionada recibe casi la mitad de las denuncias de violaciones de derechos humanos en todo el Consejo, lo que refuerza la importancia de que el Estado brasileño adopte medidas eficaces para la promoción y aplicación de la UNDROP y los derechos humanos de los pueblos del campo.

Al afirmar la necesidad de observar, dar a conocer y cumplir la UNDROP, el CNDH busca contribuir a superar la brecha existente entre los compromisos internacionales asumidos por Brasil en el ámbito de los derechos humanos y su efectiva implementación a nivel interno. Se trata de un instrumento que reafirma que los derechos campesinos no se limitan a políticas sectoriales o asistenciales, sino que forman parte del núcleo de los derechos humanos fundamentales, abarcando derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales.

Además, la Recomendación explicita la relación estructural entre la negación de derechos en el campo y la persistencia de la violencia en el campo, los conflictos por la tierra, el trabajo esclavo y la criminalización de los defensores y defensoras de los derechos humanos. Al reconocer las reiteradas condenas de Brasil por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en casos relacionados con la violencia en el campo, el documento refuerza el deber del Estado de prevenir, responsabilizar a los autores y reparar íntegramente a las víctimas y sus familiares, incluso cuando las violaciones y los abusos son cometidos por particulares con la connivencia u omisión de los poderes públicos.

Otro aspecto central es la valoración del papel de los campesinos y las campesinas en la garantía de la soberanía y la seguridad alimentaria, la preservación de la biodiversidad y la lucha contra la crisis climática. La Recomendación reconoce que las prácticas agroecológicas y los conocimientos tradicionales de los pueblos del campo son fundamentales para la construcción de modelos de desarrollo social y ambientalmente sostenibles, rompiendo con la lógica de la explotación intensiva de la tierra y los bienes naturales que históricamente ha producido desigualdades y violaciones de derechos .

La Recomendación de la CNDH también tiene relevancia institucional al proponer medidas concretas para la implementación de la UNDROP, como la creación de un Grupo de Trabajo interinstitucional, la articulación entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial y la participación activa de la sociedad civil organizada. Estas directrices refuerzan la idea de que la efectividad de los derechos campesinos exige políticas de Estado, con mecanismos de seguimiento, evaluación y participación social, y no acciones puntuales o discontinuas.Por último, al orientar a los órganos del sistema judicial, como el Consejo Nacional de Justicia, el Ministerio Público y las Defensorías Públicas, la Recomendación refuerza la incorporación de la perspectiva de los derechos humanos de los campesinos y las campesinas en las decisiones judiciales y administrativas, contribuyendo a ampliar el acceso a la justicia y a superar la impunidad de los delitos cometidos en el campo. En este sentido, el documento reafirma que la democracia brasileña y la justicia social pasan necesariamente por el reconocimiento de la dignidad, la autonomía y los derechos territoriales de los campesinos y campesinas. En este sentido, es importante señalar que la CNDH ha recibido respuestas de instituciones informando de la incorporación de la Declaración en su ámbito jurídico orientativo. Cabe destacar las publicaciones del Tribunal de Justicia de Sergipe y del Tribunal de Justicia de Paraná, de la Justicia Federal de Bahía y del Tribunal Regional Federal de la 5.ª Región.

La Recomendación n.º 05/2025 de la CNDH representa un instrumento estratégico para la efectividad de los derechos de los pueblos del campo en Brasil, al alinear el ordenamiento jurídico y las políticas públicas nacionales con los más altos parámetros internacionales de derechos humanos, promoviendo la justicia social, la lucha contra la violencia en el campo y el fortalecimiento de la democracia, con la participación directa de los movimientos sociales del campo.

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