Este estudio ofrece el primer mapeo regional de las leyes que reconocen a lxs campesinxs y otras poblaciones rurales en América Latina. Analiza 170 disposiciones legales vigentesa en 23 países entre 1917 y 2025, ofreciendo una visión comparativa de cómo los derechos campesinos son reconocidos en los sistemas jurídicos nacionales.

Los hallazgos muestran que el reconocimiento legal de lxs campesinxs está ampliamente extendido en la región. Casi la mitad de las leyes analizadas reconocen explícitamente los derechos campesinos, mientras que el 88% contiene alguna forma de reconocimiento o protección para las poblaciones rurales. Brasil cuenta con el mayor número de instrumentos legales relevantes, mientras que Colombia y Panamá destacan por la solidez de sus marcos legales. Más de la mitad de todas las normas identificadas fueron adoptadas entre 2010 y 2025, lo que demuestra una creciente atención política a las cuestiones campesinas.

Los temas más comunes son la agricultura familiar, el acceso a la tierra, la reforma agraria y la soberanía alimentaria. Sin embargo, aún persisten importantes brechas en áreas como los derechos de las mujeres rurales, la agroecología, el derecho a las semillas y la participación política.

El estudio también examina la relación entre las leyes nacionales y la UNDROP. Aunque solo cuatro instrumentos legales hacen referencia explícita a la Declaración, muchas leyes incorporan sus principios. Colombia, Ecuador y Bolivia ofrecen algunos de los ejemplos más sólidos de alineación con la UNDROP.

El informe concluye que América Latina se ha convertido en un referente global para el reconocimiento legal de lxs campesinxs, al tiempo que destaca la necesidad de una implementación más sólida de la UNDROP mediante el reconocimiento constitucional, una mayor protección de las mujeres rurales, un mayor apoyo a la agroecología y al derecho a las semillas, y mejores mecanismos de participación política.

Escucha el pódcast sobre este estudio:

Ver el estudio completo a continuación:

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Defendiendo los Derechos Campesinos traduce y republica el comunicado de prensa emitido por el Grupo de Trabajo de Expertos de la ONU sobre UNDROP, del 11 de diciembre de 2025 (disponible en inglés aquí).

GINEBRA – Expertos de la ONU celebraron hoy un fallo histórico del Tribunal Superior de Kenia que declaró inconstitucionales las disposiciones de la Ley de Semillas y Variedades de Plantas que criminalizaban la conservación, el uso, el intercambio y la venta de semillas indígenas y semillas conservadas por los campesinos y las campesinas.*

“Este fallo reconoce correctamente que el intercambio de semillas no es un delito, sino un elemento fundamental de la identidad, la resiliencia y la contribución de los campesinos y las campesinas a los sistemas alimentarios nacionales”, afirmó el Grupo de Trabajo.

El Tribunal Superior de Kenia determinó que la ley, que otorgaba derechos exclusivos de comercialización y propiedad sobre las semillas a los criadores y a las empresas semilleras, y exponía a los campesinos y campesinas a posibles penas de hasta dos años de prisión por conservar o compartir semillas, violaba los derechos de estas personas a la vida, al sustento y a la alimentación. El Tribunal subrayó que las prácticas de intercambio de semillas, que se han mantenido durante siglos, constituyen la columna vertebral de la seguridad alimentaria y del patrimonio cultural de Kenia.

“Esta decisión es una afirmación significativa de que los derechos humanos de los/as campesinos/as y los imperativos de la seguridad alimentaria y la biodiversidad deben prevalecer sobre regímenes de propiedad intelectual excesivamente restrictivos”, señaló el Grupo de Trabajo.

Los expertos señalaron que disposiciones similares, a menudo basadas en la Ley de 1991 de la Unión Internacional para la Protección de Nuevas Variedades de Plantas (UPOV), se han incorporado a las leyes nacionales en muchos países, criminalizando prácticas ancestrales en la agricultura indígena y campesina.

“El fallo keniano envía un mensaje claro y oportuno: las obligaciones en materia de derechos humanos no pueden estar subordinadas a monopolios comerciales de semillas ni a interpretaciones restrictivas de los derechos de los obtentores de plantas”, afirmó el Grupo de Trabajo.

La decisión es coherente con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales (UNDROP), en particular el artículo 19, que reconoce el derecho a las semillas, incluyendo el derecho a conservar, usar, intercambiar y vender semillas conservadas por los/as campesinos/as o material de propagación. Los expertos recordaron su Documento Informativo sobre el Derecho a las Semillas**, que aclara que los Estados deben garantizar que las políticas de semillas, los esquemas de certificación y los marcos de propiedad intelectual se diseñen y apliquen de manera que respeten, protejan y cumplan estos derechos, y que los sistemas de semillas gestionados por campesinos/as sean legalmente reconocidos y apoyados activamente.

“Los tribunales desempeñan un papel crítico para garantizar que las leyes nacionales cumplan con las normas internacionales de derechos humanos”, señaló el Grupo de Trabajo. “Cuando los marcos legislativos han criminalizado los sistemas tradicionales de semillas o restringido las prácticas consuetudinarias campesinas, la revisión judicial ofrece una salvaguarda esencial para restaurar la primacía de los derechos humanos y el derecho a la alimentación.”

Los expertos elogiaron el coraje y la perseverancia de los/as campesinos/as, pueblos indígenas y actores de la sociedad civil de Kenia que se movilizaron para garantizar los derechos sobre las semillas ante el Tribunal. “Su determinación es una inspiración para los movimientos campesinos de todo el mundo y demuestra que, cuando los tribunales defienden los derechos humanos, protegen no solo los medios de vida de los pequeños agricultores y los pueblos indígenas, sino también el futuro de sistemas alimentarios diversos, resilientes y soberanos”, afirmaron.

“El fallo de Kenia debería inspirar interpretaciones similares basadas en derechos humanos de las leyes sobre semillas y los regímenes de protección de variedades vegetales en otras jurisdicciones”, concluyó el Grupo de Trabajo.

*El Grupo de Trabajo sobre Derechos Campesinos y otras personas que trabajan en zonas rurales está compuesto por cinco expertos independientes de todas las regiones del mundo. El Presidente-Rapporteur es Carlos Duarte (Colombia), y los otros miembros son Geneviève Savigny (Francia); Shalmali Guttal (India), Uche Ewelukwa Ofodile (Nigeria) y Davit Hakobyan (Armenia).

**Documento informativo sobre el derecho a las semillas, emitido por el Grupo de Trabajo en relación con la Undécima Sesión del Órgano Rector del Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura (TIRFAA), celebrada del 24 al 29 de noviembre de 2025, detalla cómo los Estados pueden integrar las obligaciones de la UNDROP bajo el derecho a las semillas para proteger las prácticas tradicionales de los/as campesinos/as y los Pueblos Indígenas, así como la biodiversidad.

Los Relatores Especiales / Expertos Independientes / Grupos de Trabajo son expertos en derechos humanos independientes nombrados por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. En conjunto, estos expertos se conocen como los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Los expertos de Procedimientos Especiales trabajan de manera voluntaria; no son personal de la ONU y no reciben salario por su labor. Si bien la oficina de Derechos Humanos de la ONU actúa como secretaría de los Procedimientos Especiales, los expertos ejercen su función a título individual y son independientes de cualquier gobierno u organización, incluida la ACNUDH y la ONU. Cualquier opinión o punto de vista presentado es únicamente del autor y no representa necesariamente a la ONU ni a la ACNUDH.

Las observaciones y recomendaciones específicas por país de los mecanismos de derechos humanos de la ONU, incluidos los procedimientos especiales, los órganos de tratados y el Examen Periódico Universal, se pueden consultar en el Índice Universal de Derechos Humanos https://uhri.ohchr.org/es/

Página de país de Derechos Humanos de la ONU – Kenia

Para consultas y solicitudes de medios, contactar a: Jamshid GAZIYEV, Secretario del Grupo de Trabajo sobre campesinos y trabajadores/as rurales (jamshid.gaziyev@un.org).

Para consultas de medios relacionadas con otros expertos independientes de la ONU, contactar a Maya Derouaz (maya.derouaz@un.org) o Dharisha Indraguptha (dharisha.indraguptha@un.org)

Siga las noticias relacionadas con los expertos independientes en derechos humanos de la ONU en X: @UN_SPExperts.

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GINEBRA – 15 de octubre de 2025 – En el Día Internacional de las Mujeres Rurales, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre los Derechos de los Campesinos, Campesinas y Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales hizo un llamado urgente a la acción, exigiendo a los Estados y a las empresas que pongan fin a la discriminación sistémica, la violencia y la exclusión económica que enfrentan las mujeres rurales en todo el mundo. A pesar de producir más del 70 % de los alimentos del mundo en desarrollo y liderar los esfuerzos de adaptación al cambio climático, las mujeres campesinas y otras mujeres que trabajan en zonas rurales (mujeres rurales) siguen siendo uno de los grupos más marginados, enfrentando graves violaciones a sus derechos humanos fundamentales.

El llamado urgente a la acción destaca una serie de violaciones de derechos interrelacionadas que configuran las duras realidades que enfrentan las mujeres rurales en todo el mundo. El Grupo de Trabajo insta, por tanto, a los Estados, las instituciones multilaterales, el sector privado y la sociedad civil a respetar y garantizar los derechos de las mujeres rurales, tal como están consagrados en la UNDROP, mediante acciones concretas en sus respectivos ámbitos.

Ver declaración completa (en inglés) a continuación:

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Este artículo tiene el objetivo de ilustrar las sinergias y complementariedades entre la agroecología y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales (UNDROP), a través del ejemplo de Brasil.

¿Qué queremos decir realmente con agroecología? En resumen, se podría decir que la agroecología es un proyecto de vida, de armonía con la naturaleza. Sin embargo, ahora también hay muchas reinterpretaciones de este concepto. La agroecología parece haberse puesto de moda en todo el mundo, especialmente después de que el brasileño José Graziano da Silva, como Director General de la FAO, abriera «una ventana en la catedral de la Revolución Verde» a través de dicho concepto. ¿Cuál es el problema de que un término esté de moda? Que la gente intenta usarlo para casi cualquier cosa. Si, por ejemplo, la agroecología se reduce a la ciencia, entonces existe el peligro de descuidarla como práctica agrícola y como movimiento social. ¡Podríamos imaginarla entonces como algo que surge más de la actividad académica! Así se reduce a una materia de ciencia agrícola, y podría también llamarse de otra manera.

Para nosotros, sin embargo, la agroecología es ante todo una práctica agrícola. Y si la agroecología puede ser un camino hacia la soberanía alimentaria, entonces debemos preguntarnos claramente si esto es con o sin el campesinado. Después de todo, la agroecología surgió en América Latina como una respuesta campesina a los efectos negativos de la llamada Revolución Verde. Por lo tanto, las y los campesinos deben tener un papel central en la agroecología.

La UNDROP afirma claramente la obligación de los Estados de promover la producción agroecológica (Artículo 16.4), de adoptar medidas apropiadas para la conservación y el uso sostenible de la tierra y de los recursos naturales a través de la agroecología (Artículo 17.7), y de proteger y promover los conocimientos tradicionales de las comunidades rurales, en particular las prácticas agroecológicas esenciales para conservar y utilizar de manera sostenible la biodiversidad (Artículo 20.2). También defiende el derecho de las y los campesinos y otras personas rurales a recibir formación adecuada adaptada a sus contextos agroecológicos, socioculturales y económicos específicos (Artículo 25.1).

La soberanía alimentaria –consagrada como derecho de los pueblos rurales en el Artículo 15.4 de la UNDROP– trata sobre la producción de alimentos. La agroecología se centra en el campesinado y, en consecuencia, en la agricultura. Sin embargo, la agricultura no debe reducirse a la economía. La agricultura también es cultura, es decir, agri-cultura. Y la cultura es conocimiento. Es alimento. Es historia. ¡Y es vida! Y aquí es donde entra en juego el problema de la ciencia agrícola. Es necesario recordar que las y los campesinos y los pueblos indígenas aún ven el mundo como un todo. Cuando un campesino cultiva todo tipo de plantas, ¡también es porque puede alimentarse de ellas! Es importante darse cuenta de que las y los campesinos han existido por 10,000 años y que muchos de ellos y ellas han logrado ser autosuficientes.

Entonces, si todo lo demás sale mal, ¡esta población aún tiene su propia comida! Es la única profesión que puede reclamar esto. ¿O acaso un zapatero comerá zapatos, por ejemplo? ¿O un sastre comerá ropa? No. Solo el campesinado tiene esta autonomía. ¿Pero qué significa eso? Debe significar que este sector decida qué se produce, quién lo produce, para quién se produce, cómo se produce (algunas personas piensan que la agroecología solo trata sobre el «cómo») y por qué se produce algo.

Si controlamos las respuestas a estas cinco preguntas (es decir, qué, quién, para quién, cómo y por qué), entonces tenemos soberanía alimentaria. Es poder local. Es autodeterminación. ¿Puede la agroecología ayudar a fortalecer los derechos campesinos y la soberanía alimentaria? ¡Sí, puede!

Presentaré diez razones por las que el campesinado y todos los pequeños productores de alimentos deberían practicar la agroecología en Brasil y en otros países, y establecer vínculos con los derechos establecidos en la UNDROP.

1. La agroecología reduce los costos de producción en la agricultura. Ya hemos visto que los costos operativos se reducen hasta en un 40 por ciento en la agricultura orgánica. Esto contribuye directamente a un aumento en el ingreso final para el campesinado, en línea con el derecho a un ingreso digno reconocido en el Artículo 16 de la UNDROP.

2. La agroecología aumenta la conservación de los recursos naturales. En 1713, Hans Carl von Carlowitz escribió un libro titulado Sylvicultura Oeconomica. Carlowitz creía que la sostenibilidad significaba no extraer más madera de un bosque de la que este pudiera regenerar. Esta idea de que los silvicultores no deben sacar más de un bosque de lo que puede volver a crecer es la misma que la de los pescadores que saben que no deben capturar más peces de los que la naturaleza puede reponer. ¡Esto corresponde a la filosofía de sostenibilidad de la mayoría de los pueblos indígenas!

¿Por qué es relevante este ejemplo para la agroecología? Porque la idea de la agroforestería nos permite ir más allá de la agroecología. Pienso que el modelo que más se acerca a la naturaleza es el bosque. Pero, por favor, ¡no monocultivos de pino o eucalipto! Los bosques son diversos. Y la agricultura industrial no puede utilizar los recursos naturales de manera sostenible. Según este modelo, todo debe producirse lo más rápido y en la mayor cantidad posible. Así, la naturaleza se sobrecarga y se destruye. ¿Y qué pasa entonces? Entonces se hacen inversiones en otros lugares. Conservar los recursos naturales significa considerar el agua, el suelo y la vida en el suelo como esenciales para la agricultura, que también son derechos campesinos establecidos en los Artículos 17 (derecho a la tierra), 18 (derecho al medio ambiente) y 21 (derecho al agua) de la UNDROP. Toda familia campesina quiere que su hijo, nieto y bisnieto continúen cultivando. Así, no necesariamente pensarán que están plantando un árbol para usarlo de inmediato. En 100 años, puede ser su nieto quien lo use. Esa es la idea detrás de preservar los recursos naturales. ¡Una agricultura adecuada para los nietos!

3. La agroecología es capaz de recompensar mejor el trabajo de las personas en las zonas rurales. Pero ¿cómo se puede lograr esto? En primer lugar, el uso de tecnología agrícola que ahorra trabajo aumenta la cantidad de tiempo no laboral, porque la dependencia de la naturaleza significa que el tiempo de producción en la agricultura está separado del tiempo de trabajo necesario. Si se requiere menos trabajo para la producción pero el tiempo de espera hasta la cosecha sigue siendo el mismo, esto crea tiempo libre o más tiempo para otras actividades. ¿Y cómo usarán las familias campesinas este tiempo? Como mínimo, la producción tendrá que diversificarse. Con agroecología, es imposible practicar monocultivo. El éxito de la agroecología está, por lo tanto, estrechamente ligado al concepto de multifuncionalidad en la agricultura, lo que significa que se puede pagar más por el trabajo. Una mejor remuneración por el trabajo significa que las y los campesinos finalmente reciben más por su esfuerzo. Normalmente ni siquiera incluyen estos costos. ¿Pero no es precisamente el trabajo lo que crea el valor de los bienes? ¿Y si preservas la naturaleza, no deberías recibir más por ello? ¡Sí! Ya hay lugares en el mundo donde las y los campesinos son recompensados por esto. Son remunerados por la sociedad porque, por ejemplo, una agricultura amigable con la naturaleza significa menores costos para la salud pública. Cada comunidad puede hacer esto. Si usamos menos pesticidas, si evitamos los transgénicos, tendremos menos problemas de salud y menores gastos públicos. Entonces, sí: es posible remunerar mejor a quienes trabajan con la agroecología, de acuerdo con el Artículo 16 de la UNDROP, que protege el derecho de las y los campesinos a un ingreso digno y a un nivel de vida adecuado. Pero eso requiere más conocimiento, y ese es otro desafío. El tiempo liberado por la agroecología también puede dedicarse a desarrollar conocimiento.

4. La agroecología es una forma de optimizar los ecosistemas agrícolas. Es posible reducir los insumos externos en la agricultura a través de la agroecología. Con la agroecología, la producción es cada vez más local y en ciclos cerrados con menos desperdicio de energía, reduciendo la dependencia de largas rutas de transporte. Esto reduce el impacto negativo en el medio ambiente, en línea con el Artículo 18 de la UNDROP. Con la agroecología es posible reducir la erosión, el lavado del suelo y la desertificación.

5. La agroecología permite aumentar la producción, lo cual es importante para cumplir con los Artículos 15 y 16 de la UNDROP. Por ejemplo, mediante el policultivo, que prospera particularmente bien en climas tropicales. En Brasil, por ejemplo, cultivar maíz y frijoles en el mismo campo finalmente rinde más que solo maíz. El policultivo produce mayores rendimientos en la misma superficie de tierra. La intensificación ecológica es una solución, especialmente en países con tierras cultivables limitadas. Y esta solución ya se practica en muchos lugares, incluso por la FAO. Eso nos da una ventaja. Pero debemos tener un poco de cuidado, porque la productividad puede disminuir en los primeros años. Primero debe restablecerse el equilibrio. Es necesario acumular humus en el suelo y priorizar plantas con raíces diversas que permitan circular agua, aire y materia orgánica. Entonces el suelo se regenerará. En estos primeros años, los gobiernos deberían ayudar a las y los campesinos. Porque a corto plazo, la agroecología puede llevar a una baja productividad. Pero a mediano y largo plazo, puede realmente producir más que el modelo industrial. Hay muchos informes de campesinos en Brasil que ya lo han demostrado.

6. Jóvenes y mujeres son protagonistas en el proceso agroecológico. Y eso es muy importante cuando se trata de los derechos de las personas en las zonas rurales y su futuro. Entonces, cuando hablamos de campesinado, también debemos hablar de jóvenes –y especialmente de jóvenes mujeres campesinas– de acuerdo con el Artículo 4 de la UNDROP sobre los derechos de las mujeres rurales.

7. Hay otro aspecto de la pequeña agricultura que es consistente con el concepto de agroecología: es la relación especial que las familias campesinas tienen con el conocimiento. Las familias campesinas intercambian sus descubrimientos, comparten su conocimiento, lo transmiten. En lugar de guardarlo para sí mismos, las y los campesinos difunden su conocimiento dentro de una comunidad, y al hacerlo cumplen con el Artículo 26 de la UNDROP sobre el derecho a la cultura y al conocimiento tradicional.

8. Hay varias formas de hacer la transición hacia la agroecología, y los Estados deben tomar medidas apropiadas para garantizar que sus programas y políticas contribuyan efectivamente a la transición hacia modelos agrícolas sostenibles, como lo estipula el Artículo 16.4 de la UNDROP. La agroecología puede servir como un paraguas bajo el cual se promueven diversas formas de agricultura –muchas de las cuales aún no conocemos porque todavía no hemos entrado en contacto con muchos pueblos indígenas que practican la agricultura. Este tipo de agricultura puede señalarse como parte de lo que solemos llamar «agroecológica». Es un tipo que podría describirse como tradicional, pero no es solo eso. También es innovadora. Y nos ayudará a alcanzar estas 10 metas que presentamos aquí, y a realizar la soberanía alimentaria.

9. Una innovación importante que necesitamos implementar es garantizar el acceso a los mercados (consagrado en los artículos 2.6e y 16.3 de la UNDROP) – junto con la educación sobre los mercados (artículo 25) y la información (artículo 11). En el pasado, las y los campesinos no pudieron lograr esta innovación por sí mismos. Pero tenemos buenos ejemplos de esto en Brasil con programas gubernamentales. Por ejemplo, con el programa de comidas escolares y las compras públicas, a través de las cuales los alimentos se compran directamente a organizaciones campesinas locales y regionales. Estas iniciativas llevaron a que Brasil fuera retirado del mapa del hambre de la ONU en 2014. Sin embargo, después de seis años de gobiernos conservadores que desmantelaron estas políticas, el hambre regresó en cifras alarmantes en 2022, con más del 15% de la población sufriendo hambre aguda –¡la mayoría en áreas rurales! Más recientemente, gracias a los esfuerzos renovados del gobierno actual, Brasil volvió a ser retirado del mapa del hambre en 2025.

Estos mercados institucionales apoyan la transición agroecológica. La organización entre campesinos y consumidores también permite que los alimentos orgánicos lleguen a las mesas de la gente, lo cual es un elemento de soberanía alimentaria. Entonces, no se trata solo de seguridad alimentaria, porque la seguridad alimentaria puede significar que alguien más te alimente. Por supuesto, si alguien pasa hambre, debe recibir alimentos. Pero eso es una emergencia. Nadie debe depender de eso. Sería aún peor hacer que las familias campesinas dependan de ello. Si podemos producir, procesar y comercializar alimentos lo más cerca posible de donde se producen, las familias campesinas también estarán mejor alimentadas. Y eso ya aumenta la soberanía alimentaria. Cuando producen para la región, también aumenta la disponibilidad de alimentos locales. Eso es lo que puede lograr la agroecología. La seguridad alimentaria significa la disponibilidad de alimentos en términos de cantidad, calidad y regularidad a lo largo del año. ¡Pero eso no es todo! También debemos saber ¿quién producirá estos alimentos? ¿Qué tipos de alimentos se producirán? ¿Con qué tecnología? ¿Con el uso de pesticidas y de ingeniería genética, o no? La agricultura sin personas tampoco es agroecología. La agroecología es agricultura con personas y para personas en armonía con la naturaleza.

10. Pero para hacer esto, debemos usar los últimos hallazgos científicos. Pero cuidado: hay intereses detrás de la ciencia moderna. ¡No es neutral en valores! Cuando se trata de ciencia que sirve a la agroecología, debemos recordar que sin la ciencia moderna que hemos tenido hasta ahora, la industrialización de la agricultura no hubiera sido posible. Así que no es inocente. La ciencia que debe servir a la agroecología debe ser diferente. Debe depender del contexto y ser transdisciplinaria, uniendo el conocimiento tradicional y el científico.

Esta ciencia no debe ser opresiva ni prejuiciosa, y sobre todo, no debe desplazar a las personas de su tierra y su hogar. Debemos evitar esto, así como pandemias, hambrunas, crisis climáticas –todo eso. La verdadera respuesta a esto está conectada con nuestra comida, la comida adecuada y la soberanía alimentaria.

La agroecología trata sobre alimentos reales producidos por campesinos, agricultura orgánica y pueblos tradicionales. La UNDROP refuerza los múltiples principios de la agroecología y la soberanía alimentaria. Confirma la primacía de los derechos campesinos y otras comunidades rurales, y recuerda a los Estados su obligación de respetar, proteger y cumplir con estos derechos. ¿Por qué es importante? Porque queremos que la humanidad siga existiendo después de nosotros.

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La Vía Campesina Brasil presentó una contribución escrita (disponible en inglés y portugués) en respuesta al llamado del Grupo de Trabajo de la ONU sobre la UNDROP, delineando los principales desafíos del campesinado brasileño. Elaborado colectivamente tras la realización de una formación sobre la UNDROP para organizaciones brasileñas de la LVC, el texto también presenta una visión colectiva sobre el estado actual del derecho a la participación de los campesinos y campesinas en Brasil.

Durante los meses de enero y marzo de 2025, se realizó una formación sobre la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Campesinos y de las Campesinas (UNDROP) para organizaciones miembro de La Vía Campesina en Brasil, con el apoyo de la organización de derechos humanos Terra de Direitos y del CETIM. Esta fue la primera formación sobre la UNDROP dirigida a movimientos sociales y organizaciones rurales de base en Brasil, siendo un ejemplo práctico de la implementación de la estrategia de La Vía Campesina Internacional de realizar capacitaciones sobre la Declaración para sus bases en los más diversos países.

El objetivo de la formación no fue solo dar a conocer la UNDROP entre sus titulares de derechos, sino también facilitar y fomentar una apropiación popular de esta Declaración en sus luchas políticas y jurídicas a nivel local, nacional, regional e internacional. La formación también tuvo como objetivo central la elaboración de un plan estratégico para incidir en diversas instancias gubernamentales, jurídicas y políticas, buscando la implementación de la Declaración con la participación activa de campesinos, campesinas y otros pueblos rurales cuyos derechos están consagrados en la UNDROP.

En el marco de esta primera formación en Brasil, las y los participantes de los diversos movimientos sociales que integran La Vía Campesina Brasil estudiaron la historia del proceso de construcción de la UNDROP y el contenido del instrumento, destacando los derechos a la tierra, a la biodiversidad, a las semillas y a la soberanía alimentaria. En un segundo momento, discutieron casos concretos de violaciones a los derechos establecidos por la UNDROP ocurridos en territorio nacional, perpetrados principalmente por empresas transnacionales y terratenientes del agronegocio.

Aprovechando el capital político de los movimientos sociales presentes, impulsar la implementación de la UNDROP desde una perspectiva popular es crucial en el arduo y prolongado trabajo por la justicia social, la reforma agraria y la soberanía alimentaria en el medio rural brasileño. En este sentido, el plan estratégico elaborado colectivamente durante la formación aportó una importante claridad sobre el camino a seguir para promover e implementar la UNDROP en Brasil y traducir sus disposiciones tanto en el ámbito legal como en las políticas públicas.

Entre las diversas iniciativas a realizar, se encuentra la incidencia ante las Naciones Unidas (ONU), especialmente ante su recién creado Grupo de Trabajo (GT) sobre la UNDROP. Al participar en los debates del GT y colaborar con su trabajo, las organizaciones campesinas y rurales alrededor del mundo pueden utilizar este mecanismo internacional para avanzar en la implementación de la UNDROP en sus respectivos países. Después de todo, una de las funciones del GT es precisamente recomendar, apoyar y acompañar a los países miembros de la ONU en la implementación de la Declaración, para que esta pueda ser un vector directo en la elaboración de políticas públicas, programas y leyes que realmente reparen las desigualdades en el campo.

En marzo de 2025, el GT lanzó una convocatoria pública para que organizaciones campesinas y rurales, así como gobiernos y otras instituciones, colaborarán con sus próximos dos estudios, en los que se abordarán los siguientes temas: i. tendencias globales en los desafíos que afectan a los campesinos y las campesinas; ii. derecho de los campesinos y campesinas a la participación equitativa. Así, La Vía Campesina Brasil, a través de la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT), el Movimiento de los Pequeños Agricultores (MPA), el Movimiento de los Afectados por Represas (MAB), el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST), junto con Terra de Direitos y con el apoyo técnico del CETIM, presentó un documento para contribuir a los estudios del GT desde los desafíos del campesinado brasileño. El documento, disponible aquí (en inglés y portugués), presenta una perspectiva colectiva sobre la actual coyuntura de los desafíos de los pueblos rurales en Brasil, cuya síntesis se presenta a continuación:

Los campesinos, las campesinas, pescadores artesanales, pueblos tradicionales y trabajadores rurales en Brasil enfrentan desafíos estructurales que amenazan sus modos de vida y derechos fundamentales. La concentración de tierras y los conflictos agrarios se agravan por la falta de reforma agraria y la privatización de áreas comunes, llevando a violencias e impunidad. Además, el acceso a políticas públicas es limitado por la burocracia, la falta de asistencia técnica e infraestructura, mientras que la crisis climática y los grandes proyectos, como represas, desplazan comunidades y degradan el medio ambiente. La identidad cultural campesina también es amenazada por el avance del agronegocio, que sustituye prácticas sostenibles por monocultivos e intensifica el uso de agrotóxicos. La criminalización de las luchas por derechos territoriales y la falta de acceso a la justicia también perpetúan la vulnerabilidad de estas poblaciones, especialmente indígenas, quilombolas y comunidades extractivistas, que sufren violencias y exclusión social.

El derecho a la participación de campesinos y trabajadores rurales en decisiones políticas aún enfrenta barreras significativas en Brasil. La exclusión de estos grupos se manifiesta en la falta de acceso a información, la dificultad de representación política efectiva y la ausencia de consultas previas, libres e informadas, especialmente en procesos de licenciamiento ambiental y formulación de políticas públicas. Comunidades tradicionales, como indígenas y quilombolas, frecuentemente ven sus derechos violados, sin canales adecuados para influir en decisiones que impactan sus territorios y modos de vida. Además, la marginalización política se agrava por la predominancia del agronegocio, que concentra poder y recursos, limitando la voz de la agricultura familiar y los pequeños productores en espacios decisorios nacionales e internacionales.

A pesar de estos desafíos, existen mecanismos y políticas que buscan ampliar la participación rural, como los Consejos de desarrollo agrícola (CONDRAF), foros de discusión y programas de fortalecimiento de la agricultura familiar. La Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Campesinos y las Campesinas (UNDROP) y el Convenio 169 de la OIT ofrecen bases legales para exigir consultas participativas. Sin embargo, la efectividad de estos instrumentos depende de la presión social, el acceso a la justicia y el compromiso del Estado en garantizar que las voces del campo sean escuchadas. Los movimientos sociales han desempeñado un papel crucial en esta lucha, promoviendo marchas, ocupaciones de tierras e incidencia política para asegurar que los derechos participativos no sean solo formales, sino concretos y transformadores.

Al igual que La Vía Campesina Brasil, la realización de procesos formativos sobre la UNDROP a nivel nacional y/o regional, la elaboración de un plan estratégico por parte de los movimientos locales para su promoción y la participación en el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Derechos Campesinos son pasos esenciales para implementar la UNDROP. Este es un camino fundamental para dar vida a la Declaración desde las bases, mediante la apropiación de sus derechos por los y las titulares de derechos y la incorporación de la UNDROP en sus luchas políticas y jurídicas por la justicia social y los derechos humanos de los pueblos del campo.

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Hoy unimos nuestras manos a las de campesinos, trabajadores rurales sin tierra, pequeños productores de alimentos, pueblos indígenas y otros pueblos que trabajan en zonas rurales de todo el mundo para conmemorar el Día Internacional de las Luchas Campesinas.

El acaparamiento de tierras sigue intensificándose, impulsado por la agroindustria, la minería, los proyectos energéticos y los llamados planes de «desarrollo». Se talan bosques y tierras ancestrales, se convierten nuestros territorios en emplazamientos comerciales y se privatizan las fuentes de agua, todo ello para dar paso a inversiones con ánimo de lucro.

Cuando los campesinos se resisten, se enfrentan a la represión. Se les acosa, vigila y etiqueta falsamente de «antidesarrollo» y enemigos del Estado. Muchos son encarcelados bajo acusaciones falsas. Otros nunca regresan a casa. Se ataca su derecho a organizarse y sus comunidades viven atemorizadas. Mientras tanto, quienes destruyen la tierra y violan los derechos humanos gozan de protección e incluso son recompensados.

Se trata de un esfuerzo sistemático para desmantelar la resistencia, silenciar la disidencia y despejar el camino a la acumulación de capital. Sin embargo, los campesinos siguen levantándose. Se organizan, resisten y reivindican su derecho a la tierra, a la alimentación y a una vida digna.

En este día, rendimos homenaje a los agricultores de Samahan ng Nagkakaisang Mamamayan ng Barangay Sumalo (SANAMABASU) Hermosa, Bataan, por su valentía. Desde 2009, la organización ha defendido incansablemente sus tierras frente al intento de Litton & Co., Inc. y Riverforest Development Corporation (RDC) de convertirlas para uso industrial, lo que llevó a su criminalización por parte de la corporación. Aunque los campesinos, acusados de delitos no excarcelables, fueron puestos en libertad bajo fianza el 8 de enero de 2025, la comunidad se enfrenta ahora a una nueva represión, ya que RDC ha presentado demandas de expulsión para desplazarlos de sus hogares y tierras de cultivo.

El 16 de septiembre de 2024, los mandatos de cinco Relatores Especiales y Grupos de Trabajo de las Naciones Unidas enviaron una comunicación conjunta a Litton & Co., Inc. y Riverforest Development Corporation (RDC), así como al Gobierno de la República de Filipinas. Esta comunicación ponía de manifiesto importantes preocupaciones en materia de derechos humanos en relación con la situación de la comunidad. Entre los principales problemas figuraban los desalojos forzosos, la demolición de viviendas, la restricción del acceso a las tierras cultivadas, la criminalización y la prohibición de las actividades agrícolas.

En una respuesta fechada el 16 de enero de 2025, RDC refutó las alegaciones. Afirmaron que las tierras en cuestión no eran aptas para la agricultura, alegando que ningún agricultor legítimo las cultivaba. Acusaron a algunos miembros de la comunidad de aprovecharse del Programa Integral de Reforma Agraria (CARP) en beneficio propio y calificaron sus acciones de ilegales. La RDC defendió la legalidad de los desalojos, alegando que sólo se dirigían contra quienes obstaculizaban los planes de desarrollo.

Mientras tanto, la respuesta del gobierno de Filipinas fechada el 23 de enero de 2025 afirmaba que el caso de estafa sindicada¹ presentado contra los agricultores «ya ha sido desestimado por insuficiencia de pruebas». También exponían otros esfuerzos del gobierno en materia de reforma agraria. Sin embargo, esto no es cierto, ya que los agricultores siguen asistiendo a las vistas judiciales en los dos casos pendientes de estafa sindicada.

El 28 de enero de 2025, la Comisión de Reforma Agraria de la Cámara de Representantes llevó a cabo una investigación en el Congreso sobre la criminalización y el acoso a los que se enfrentan los agricultores y los beneficiarios de la reforma agraria (ARB) en el país. A pesar de que se trata de un avance positivo, el Congreso se encuentra ahora en receso de sesiones hasta junio para dar margen a las próximas elecciones de mayo. Esto significa que se necesitará otro esfuerzo de presión en el próximo Congreso que comienza en julio, ya que un nuevo grupo de representantes ocupará los escaños del Congreso.

Con estos acontecimientos, reafirmamos nuestro compromiso con su causa y con todos los agricultores que se enfrentan al mismo dilema. Alzamos nuestras voces en unidad para exigir:

1. La aplicación de la reforma agraria y la redistribución de la tierra entre quienes la cultivan;
2. La protección de los dominios ancestrales y territorios indígenas;
3. Fin del acaparamiento de tierras y de las agresiones al desarrollo dirigidas por las empresas;
4. La derogación de leyes y políticas que favorecen a las empresas en detrimento de las comunidades;
5. Justicia para las víctimas de homicidios, detenciones y hostigamiento relacionados con la tierra;
6. El fin de la criminalización, militarización y etiquetado rojo de los líderes y defensores campesinos;
7. El reconocimiento y la protección de los derechos de los campesinos, consagrados en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales (UNDROP); y
8. Soberanía alimentaria, no sistemas alimentarios controlados por las empresas.

Honramos a los caídos, a los encarcelados por defender la tierra y a los que siguen luchando frente a las amenazas y el miedo. Vuestro valor perdura en cada semilla plantada, en cada barricada construida, en cada trozo de tierra recuperado y en cada lucha colectiva por la justicia ganada.

Tierra para los labradores. Justicia para los oprimidos.

¡Viva la resistencia campesina!

Firmado:

Organisations:

• Kilusan para sa Repormang Agraryo at Katarungang Panlipunan (KATARUNGAN), Philippines
• FIAN International
• FIAN Indonesia
• FIAN Switzerland
• FIAN Austria
• FIAN Nepal
• FIAN Sri Lanka
• Focus on the Global South 
• Centre Europe – Tiers Monde (CETIM)
• Habitat International Coalition-Housing and Land Rights Network
• National Fisheries Solidarity Movement in Sri Lanka 
• LOAM Sri Lanka
• Gaza Urban & Peri-urban Agriculture Platform (GUPAP), Gaza, Palestine   
• Pakistan Kissan Rabita Committee, Pakistan  
• Participatory Research & Action Network- PRAAN, Bangladesh
• Bangladesh Food Security Network- KHANI, Bangladesh
• Anti-jindal & Anti-POSCO Movement (JPPSS) Odisha, India
• Youth’s Forum for Protection of Human Rights, Manipur, India   
• Zambia Alliance for Agroecology and Biodiversity (ZAAB) 
• Seed and Knowledge Initiative (SKI) 
• UBINIG, Bangladesh 
• Coastal Action Network (CAN), India 
• Feminist Dalit Organization (FEDO), Nepal

Individuals: 

• Claudio Schuftan, PHM and WPHNA
• Prof. Dr. Anne C Bellows, Syracuse University, USA

1 La estafa sindicada se define en el Decreto Presidencial nº 1689 e implica a un grupo de cinco o más individuos que forman un sindicato para defraudar al público, normalmente con la intención de apropiarse indebidamente de fondos o bienes a gran escala, y se castiga con cadena perpetua.

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En esta ficha formativa de CETIM, encontrará una presentación de todos los derechos «económicos, sociales y culturales» consagrados en UNDROP:

• Art. 5 : Derecho a los recursos naturales
• Art. 13 : Derecho al trabajo
• Art. 14 :Derecho a un medio ambiente laboral seguro y saludable
• Art. 21 : Derecho al agua y a los sistemas de abastecimiento y de saneamiento
• Art. 23 : Derecho a la salud y a la farmacopea tradiciona
• Art. 24 : Derecho a la vivienda
• Art. 25 : Derecho a la educación y a la formación
• Art. 26 : Derechos culturales y a los conocimientos tradicionales

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En esta ficha formativa de CETIM, encontrará una presentación de todos los derechos «civiles y políticos» consagrados en UNDROP:

• Art. 3: Derecho a la igualdad y a la no-discriminación
• Art. 6: Derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de la person
• Art. 7: Libertad de circulación
• Art. 8: Libertad de pensamiento, de opinión y de expresión
• Art. 9: Libertad de asociación
• Art. 11: Derecho a la información
• Art. 12: Derecho a la justicia

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El artículo 2.1 recoge la tipología de obligaciones estatales reconocidas en el derecho internacional: las obligaciones de respetar, proteger y cumplir todos los derechos humanos.

La obligación de respetar los derechos de lxs campesinxs y otras personas que trabajan en las zonas rurales exige que los Estados se abstengan de interferir en estos derechos de forma injustificada o arbitraria. El Estado incluye todos sus componentes a nivel nacional y local y todos los poderes públicos, ejecutivos, legislativos y judiciales. El Estado debe respetar los derechos de todas las personas presentes en su territorio (incluidos los extranjeros presentes en su territorio) y sujetas a su jurisdicción (nacionales del Estado presentes en el extranjero).

La obligación de proteger estos derechos significa que el Estado debe impedir las violaciones por parte de terceros (terceros Estados, particulares, empresas, multinacionales, etc.). En concreto, debe :

1. tomar precauciones contra el riesgo de violaciones.
2. garantizar una indemnización en caso de violación de estos derechos.

La obligación de hacer efectivos estos derechos implica que el Estado debe facilitar y garantizar su cumplimiento, en particular mediante la adopción de leyes, políticas y programas y la asignación de recursos, ayudas financieras, etc.

El artículo 2.1 establece que los Estados deben hacer un esfuerzo especial para aplicar los derechos de la Declaración que no puedan garantizarse inmediatamente.

Adoptarán sin demora las medidas legislativas, administrativas y de otro tipo que resulten apropiadas para alcanzar progresivamente la plena efectividad de los derechos enunciados en la presente Declaración que no puedan garantizarse de forma inmediata.

El artículo 2.2 especifica que la aplicación de la Declaración debe tener en cuenta las necesidades de las personas más vulnerables (ancianos, personas con discapacidad, mujeres, jóvenes, niños), ya que son objeto de múltiples formas de discriminación que deben abordarse.

El artículo 2.3 exige a los Estados que consulten y cooperen de buena fe con lxs campesinxs y otras comunidades rurales antes de adoptar cualquier medida (nacional, internacional, legislativa, política, comercial, etc.) que pueda repercutir en sus derechos. Es la contrapartida del derecho individual y colectivo a la participación consagrado en el artículo 10. La obligación especifica que la participación debe ser «activa, libre, efectiva, significativa e informada», lo que recuerda la noción de consentimiento libre e informado garantizada a los pueblos indígenas en el artículo 19 de la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Estos derechos son tan similares que al principio de este apartado se aclara que esta obligación de los Estados no excluye sus obligaciones para con los pueblos indígenas y viceversa.

En estas consultas, los Estados también deben tener en cuenta «los desequilibrios de poder existentes entre las distintas partes». Esta aclaración es necesaria habida cuenta del reparto, a menudo desproporcionado, del poder entre los sindicatos de agricultores y campesinxs. Por ejemplo, significa que el Estado no puede limitarse a consultar al sindicato mayoritario, sino que también debe cooperar con los demás representantes de lxs campesinxs.

El artículo 2.4 convierte al UNDROP en un documento clave para la redacción, interpretación y aplicación de otros compromisos internacionales contraídos por los Estados. Por ejemplo, los acuerdos de la OMC, como el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), y las políticas europeas, como la Política Agrícola Común (PAC), deben aplicarse de conformidad con la Declaración. Esto también protege los derechos consagrados en la DNUDPI a la hora de crear nuevas normas internacionales o regionales, que no deben ir en contra de los derechos de los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales.

El artículo 2.5 establece la obligación del Estado de velar por que los actores privados que están en condiciones de regular, como las empresas comerciales y las sociedades transnacionales (STN), no sólo respeten los derechos de lxs campesinxs, sino que además los refuercen. Esto es crucial porque las ETN del sector agroalimentario y agroindustrial causan graves daños a los derechos campesinos. Garantizar que respetan y refuerzan estos derechos requiere una vigilancia considerable por parte del Estado y medidas concretas.

El artículo 2.6 trata de la obligación de los Estados de cooperar internacionalmente para reforzar los derechos recogidos en el UNDROP. Los Estados deben cooperar entre sí (bilateral y multilateralmente), con las organizaciones internacionales y regionales y con la sociedad civil, incluidas las organizaciones de agricultores. A modo de ejemplo, en este apartado se enumeran cinco medidas. Una de ellas es mejorar la gestión de los mercados a escala mundial y facilitar el acceso oportuno a la información sobre los mercados, incluida la relativa a las reservas alimentarias, con el fin de limitar la extrema volatilidad de los precios de los alimentos y hacer menos atractiva la especulación.

a. Velar por que las actividades de cooperación internacional en la materia, incluidos los programas de desarrollo internacionales, incluyan a los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales y sean accesibles y pertinentes para ellos;
b. Facilitar y apoyar el fomento de la capacidad, por ejemplo, mediante el intercambio y la distribución de información, experiencias, programas de formación y mejores prácticas;
c. Facilitar la cooperación en materia de investigación y de acceso a los conocimientos científicos y técnicos;
d. Proporcionar, si procede, asistencia técnica y económica, facilitando el acceso a tecnologías accesibles y el intercambio de estas y transfiriendo tecnologías, en particular a los países en desarrollo, en condiciones acordadas mutuamente;
e. Mejorar la gestión de los mercados a nivel mundial y facilitar el acceso oportuno a la información sobre los mercados, incluida la relativa a las reservas de alimentos, a fin de limitar la extrema inestabilidad de los precios de los alimentos y de que la especulación resulte menos atractiva.

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No hay nada más paradójico que constatar que quienes más contribuyen a la seguridad alimentaria -las comunidades rurales- sean los más afectados por la malnutrición y la pobreza.

Erigidos al servicio del capital transnacional y guiados por la búsqueda desenfrenada del beneficio, los sistemas alimentarios dominados por la industria del agronegocio contribuyen en gran medida a esta situación. Las políticas y prácticas impuestas por estos sistemas generan injusticias y violaciones, que afectan especialmente a los derechos de lxs trabajadorxs de las zonas rurales, las comunidades campesinas, pescadoras, ganaderas, pastorales, nómadas, los pueblos indígenas, por no hablar de los consumidores urbanos. Para alcanzar sus objetivos, las élites dominantes del agronegocio abogan por la privatización de los bienes comunes mediante la concentración y el acaparamiento de tierras, mercados y recursos naturales. Con ello, están destruyendo el tejido social de las zonas rurales y desposeyendo a las personas y comunidades que viven y dependen de ellas para su subsistencia.

Ante esta situación, las comunidades afectadas han estado, y están, desarrollando y aplicando estrategias para exigir el respeto de sus derechos y orientar los sistemas alimentarios hacia una mayor justicia social y climática. La movilización en este sentido tiene lugar a varios niveles interdependientes, que se refuerzan mutuamente. En el plano político, hay que abogar por políticas que transformen y promuevan sistemas alimentarios que respeten los derechos humanos y los equilibrios sociales y medioambientales. Esto requiere una acción proactiva, poniendo sobre la mesa propuestas alternativas concretas, basadas en políticas y prácticas agrícolas alternativas y sostenibles, como la agroecología. En el plano económico y comercial, estos alegatos pretenden invertir la tendencia dominante que favorece el monopolio del agronegocio, para orientar nuestras sociedades hacia sistemas económicos y comerciales más igualitarios, que redistribuyan la riqueza y se basen en la cooperación y la solidaridad internacionales. En el plano social, se habla de una revisión de las relaciones sociales en el trabajo y en la producción en las zonas rurales. Por último, pero no por ello menos importante, la lucha por transformar los sistemas alimentarios también tiene una dimensión jurídica. La adopción de la Declaración sobre los derechos de los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales¹ forma parte de este enfoque.

Utilizar el derecho

Dicha Declaración, adoptada por la Asamblea General de la ONU en diciembre de 2018, y el actual proceso para su promoción e implementación, son el producto de un proceso de construcción legal de abajo hacia arriba. La idea surgió en el seno de las comunidades campesinas como baluarte contra el sistema agroalimentario internacional construido al antojo de las grandes empresas transnacionales. A principios de la década de 2000, el movimiento campesino, liderado por La Vía Campesina², comenzó a reflexionar sobre el desarrollo de un marco jurídico y normativo que codificara derechos específicos para las poblaciones campesinas y rurales. Esto marcó el camino para fortalecer la causa campesina, con el objetivo de construir un marco legal para que estos derechos pudieran ser utilizados para defender a la agricultura familiar y reivindicar la soberanía alimentaria. De este modo, las reivindicaciones políticas de un determinado grupo social dieron lugar a un instrumento jurídico que se utilizó como herramienta en la lucha política. La relación entre lo político y lo jurídico es, pues, fundamental, y merece la pena ser profundizado.

La razón de ser del Derecho es la de un sistema normativo regulador. En este sentido, no es un concepto abstracto, sino precisamente el sistema que regula las relaciones sociales en un determinado país o sistema internacional, en un determinado momento de la historia. Y lo que es más importante, el derecho es el resultado del equilibrio de poder entre las diferentes clases o grupos sociales en ese momento dado. En otras palabras, si la correlación de fuerzas de poder se inclina – en un periodo histórico dado – a favor de los grandes grupos monopolísticos transnacionales, por ejemplo, éstos podrán influir en el desarrollo de los marcos jurídicos y en el establecimiento de normas que les sean favorables (gracias a un cierto poder político adquirido)³. Este es actualmente el caso de los sistemas alimentarios, en los que el agronegocio goza de innumerables mecanismos y legislaciones ventajosas. Por tanto, es inevitable que el derecho se defina a través del prisma de la política, y es necesario – para construir un marco jurídico internacional progresista – apoyarse en una estrategia política y en un clima económico favorable. En este sentido, la obtención de la Declaración es una contratendencia y un paso adelante hacia el desarrollo de “derecho progresista” en materia de agricultura.

Hoy, la Declaración es una realidad normativa. Los derechos campesinos están consagrados en la legislación internacional sobre derechos humanos. Se trata de un gran avance jurídico por dos razones principales. En primer lugar, el reconocimiento de estos derechos es en sí mismo un gran paso adelante. En segundo lugar, el contenido de estos derechos es coherente y responde a las legítimas y acuciantes reivindicaciones del movimiento campesino internacional. En este sentido, cabe destacar el carácter progresista de la Declaración, en la medida en que establece disposiciones cuyas prerrogativas son la defensa y promoción de los modos de vida y trabajo campesinos, frente a las prerrogativas de las élites de los actuales sistemas agroalimentarios dominantes.

El artículo 2.4 de la Declaración establece que los Estados deben interpretar «las normas y acuerdos internacionales pertinentes de los que sean parte de manera compatible con sus obligaciones en materia de derechos humanos respecto de los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales «, lo que significa que, por ejemplo, los acuerdos que favorecen el dominio del agronegocio sobre los sistemas agrícolas no pueden estar reñidos con los derechos campesinos. El artículo 2.5 establece que los Estados tienen la obligación de adoptar las medidas necesarias para garantizar que «los agentes no estatales, como las empresas transnacionales, respeten y refuercen los derechos de los campesinos «. Este artículo obliga a los Estados a regular las actividades de la industria agroalimentaria, y brinda a los titulares de derechos la oportunidad de utilizarlo para exigir a las autoridades que tomen medidas en este sentido. El artículo 19 consagra el derecho a las semillas, según el cual las comunidades campesinas deben poder utilizar, con total autonomía, «sus propias semillas u otras semillas locales de su elección, y decidir sobre los cultivos y las especies que desean cultivar «. El reconocimiento de los derechos de lxs campesinxs sobre las semillas es un gran paso adelante, ya que pone en tela de juicio el dominio que ejercen las transnacionales agroalimentarias sobre las semillas campesinas y el marco jurídico del comercio concebido para servir a sus intereses (en particular en el marco de la Organización Mundial del Comercio y del Convenio para la Protección de las Obtenciones Vegetales). La Declaración reconoce también otros derechos progresivos, como el derecho a la tierra, a la soberanía alimentaria, a la biodiversidad, al agua y a los medios de producción. Una serie de normas que, de aplicarse correctamente, serían capaces de transformar los sistemas alimentarios con vistas a una auténtica sostenibilidad y equidad.

Socializar la Declaración

Para que la Declaración se convierta en una realidad no sólo normativa sino también tangible sobre el terreno, debe convertirse en un punto de referencia a escala nacional e internacional. Para que sea respetada y aplicada, sus disposiciones deben reflejarse en la legislación de cada Estado, así como en su política y práctica agrícolas. Gracias al trabajo realizado para promover la Declaración, han surgido varios ejemplos de legislaciones y normas nacionales, lo que ha llevado a revisar el derecho interno de varios países. En cuanto a los mecanismos nacionales de apelación, los jueces de varios países están resolviendo litigios remitiéndose al contenido de la Declaración durante los procedimientos judiciales. Están creando así una importante jurisprudencia. Sin embargo, para que la Declaración despliegue todo su potencial, es preciso dotar a las organizaciones rurales de los medios necesarios para hacerla suya. Desde su adopción, se han puesto en marcha estrategias a gran escala para informar, sensibilizar y formar⁴ a las organizaciones rurales, las organizaciones aliadas, las autoridades públicas y el público en general sobre el contenido y la utilidad de la Declaración. Estos elementos son la condición sine qua non para crear el impulso y las sinergias necesarias para exigir la aplicación de esta herramienta. En efecto, sólo con pleno conocimiento de causa y gracias a un proceso de empoderamiento será posible desarrollar las estrategias necesarias para crear un equilibrio de poder, formular eficazmente demandas y reivindicaciones a las autoridades competentes. La implementación de la Declaración depende, por tanto, de la capacidad del mundo rural y de sus aliados para generar una dinámica colectiva que trabaje en esta dirección. La fuerza y la capacidad de movilización y coordinación del movimiento campesino internacional son un buen augurio para el futuro de la plena realización de los derechos campesinos.

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El objetivo de este evento era conversar sobre el impacto del sistema político y económico neoliberal, racista y (neo)colonial sobre la vida de las comunidades rurales, y entender cómo las organizaciones campesinas conciben la lucha contra este sistema opresor. Para ello contamos con la presencia de seis panelistas, miembros de La Vía Campesina de países del Sur (Níger, Colombia, Haití, Palestina) y del Norte (Suiza y Francia), quienes compartieron su visión y su experiencia.

Raffaele Morgantini de CETIM inició la discusión recordando que «el capitalismo y el colonialismo son las dos caras de la misma moneda», así como el impacto del sistema capitalista y neocolonial actual en los pueblos del Sur Global y, en especial, en la vida de los campesinos y de las campesinas. Así, «la lucha anticapitalista pasa necesariamente por la lucha anticolonial, dos luchas en las que el mundo rural está en primera línea».

Colombia

Joana Pinzón en representación de la Asociación Nacional Campesina José Antonio Galán Zorro (ASONALCA) y del Coordinador Nacional Agrario, una de las organizaciones miembro de LVC en Colombia,, empezó mencionando la división internacional del trabajo, que relega a Colombia al rol empobrecedor de productor de materias primas (en concreto en la industria minera), lo cual causa estragos tanto en el medio ambiente como entre las poblaciones campesinas y autóctonas.

De hecho, estas poblaciones están atrincheradas en los territorios más hostiles, mientras que los ricos terratenientes acaparan la mayoría de las tierras. Por eso hace falta una reforma agraria integral y popular, pero nunca se ha implementado porque va en contra de los intereses capitalistas de las élites dominantes. El control de las tierras es el principal desafío del país y, de hecho, el conflicto armado del que las principales víctimas son las comunidades rurales y autóctonas surgió por esta razón; tanto actores privados como públicos llevan a cabo una guerra sucia contra ellas. Luchar contra el acaparamiento de tierras y los proyectos económicos destructores es sinónimo de poner su propia vida en peligro: las comunidades y los movimientos sociales sufren persecuciones, amenazas de muerte, encarcelamientos, desplazamientos forzados, exilio y asesinatos.

«Cuando me hablan de ‘desarrollo’, lo que oigo es la palabra ‘muerte’, porque las compañías privadas han destrozado muchísimas cosas en nombre del desarrollo.»

Joana defiende que «otro mundo es posible» e insiste en la importancia de la movilización social, dando ejemplos de escuelas populares, proyectos de salud pública, empresas locales y otros servicios públicos creados en el nordeste del país (en las regiones de Santander y Casanare). Termina su intervención diciendo que «si queremos el cambio, tenemos que crearlo nosotros-mismos».

Níger

El representante de la Plataforma Campesina de Níger, organización miembro de LVC, recuerda los numerosos maltratos que ha sufrido el continente africano y el hecho de que, a pesar de la independencia arrancada hace 60 años, África sigue estando en una situación de dependencia.

«Nos han quitado las cadenas, pero nos siguen controlando de otras maneras. Hoy soplan vientos de soberanía en la mente de todos los africanos, que han comprendido que hay que luchar por ella, sobre todo por la soberanía alimentaria». El panorama de los numerosos frenos al desarrollo de la agricultura nigerina es denso: el doble discurso no permite a los pequeños productores y productoras competir con la agroindustria. Los fertilizantes químicos fabricados en Europa empobrecen los suelos y los vuelve dependientes, debilitando de esta manera a las organizaciones campesinas. Una vez más, la división internacional del trabajo relega a África al papel de proveedor de materias primas, que se exportan y procesan en Occidente, para después revenderlas más caras. «No nos dan los medios para acceder a la transformación de los productos y, cuando queremos exportar productos procesados, nos chocamos con las así llamadas normativas europeas ‘de calidad’». Esto agrava la pobreza de nuestras explotaciones. Nuestros productores venden a precios de ganga los mismos productos que, en otros lugares, se venden más caros», lamenta este representante nigerino. Además, como la soberanía alimentaria no puede existir sin soberanía económica, «gastamos mucho para tener acceso a muy poco (…). Esta economía nos mantiene en la pobreza», añade. A esto, sumémosle que cada pedido estatal de maquinaria agrícola, semillas y abono tiene que pasar por el Banco de Francia.

Otro problema es el del relevo campesino. «Los jóvenes abandonan las granjas familiales, se suben a un barco y se mueren en el mar por el sueño europeo. Piensan que Europa es El Dorado, que el éxito se resume en tener estudios superiores, una oficina y una corbata. Tenemos que volver a nuestros valores africanos».

La inseguridad que generan los grupos armados como Boko Haram también perjudican al campesinado nigerino, que se confronta con su violencia. «Hace diez años éramos pobres, pero por lo menos teníamos paz».

Por último, después del golpe de Estado del 26 de julio de 2023, el Níger fue víctima de medidas coercitivas unilaterales que han tenido consecuencias graves en el país. Los productos campesinos se bloquearon en la frontera, por lo que los campesinos y las campesinas tuvieron que venderlos por debajo del precio de producción y acudir a las ya insuficientes reservas de alimentos.

Palestina

Yasmeen El-Hasan, de la Unión de Comités de Trabajadores Agrícolas (UAWC, Palestina), también miembro de LVC, realizó su intervención por videoconferencia, trazando un panorama desolador de la situación en Gaza, declarando que los palestinos y las palestinas que no han muerto en los bombardeos morirán de hambre, por la falta de agua y de atención médica. Denunció el uso de la hambruna como arma en el genocidio que se está llevando a cabo: «Israel ha orquestado una operación hambruna, destruyendo los sistemas alimentarios palestinos de Gaza y Cisjordania». Sin embargo, la soberanía nacional y alimentaria es intrínseca al derecho de autodeterminación. «Nuestra relación con nuestra tierra no es solo simbólica, es también simbiótica. No se trata solo de lo que nos da ella, sino de qué le damos a cambio. Somos los nativos y los guardianes de esta tierra», recuerda Yasmeen, quien considera que no es una opción volver al statu quo colonialista y que hay que trabajar conjuntamente para crear un sistema justo para todo el mundo.

Para más información, véase el artículo del CETIM “Palestina: no hay soberanía alimentaria sin soberanía nacional”.

Haití

Micherline Islanda Aduel, representante de Tet Kole Ti Peyizan Ayisyen, miembro de LVC en Haití, tenía previsto unirse a la delegación campesina en Ginebra, pero no pudo salir de la isla debido a la proclamación del estado de emergencia declarado tras la toma del control del tejido social e institucional del país por parte de violentas bandas criminales. Ella también realizó su intervencion a distancia, denunciando la situación actual: «Los oligarcas han destrozado la producción local mediante la importación de productos norteamericanos y la protección de las multinacionales. Las bandas y los cómplices locales han sembrado el caos; el pueblo haitiano vive presa de la inseguridad, de los asesinatos políticos dirigidos, de la delincuencia gubernamental sin complejos y de los secuestros planificados. Urge poner fin al apoyo que confieren los Estados Unidos, Canadá y Francia a los gobiernos criminales que los pueblos rechazan». La soberanía, la independencia y la integridad del territorio de Haití están en peligro debido al Core Groupe, grupo intergubernamental creado por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en 2004, que incluye también a los Estados Unidos, a Canadá, Inglaterra, Alemania y Francia. Con el apoyo de dicho “Core-Group”, el gobierno provisional actual, con el Primer Ministro Ariel Henry a la cabeza, gobierna de facto Haití en contra de la voluntad de su pueblo.

A la luz de todo esto, combatir la crisis alimentaria y reactivar la producción agrícola aplicando la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los Campesinos y de las Personas que trabajan en Zonas Rurales es una prioridad para los campesinos y las campesinas de Haití.

Para mas informaciones sobre la situación en la isla, véase el informe sometido al Consejo de derechos humanos de la ONU por CETIM y las organizaciones campesinas de Haití.

Suiza

Alberto Silva, representante de UNITERRE, organización suiza miembro de LVC, denuncia el papel que desempeña su país en las dinámicas imperialistas y neocoloniales, aunque Suiza –al contrario de Francia– no tenga un pasado colonial. «Ginebra es un verdadero eje comercial para las materias primas. Todo se negocia aquí, la especulación es importante e influye en los precios en Suiza y en el resto del mundo». El método es el siguiente: comprar lo más barato posible, almacenar y esperar que los precios suban para vender lo más caro posible. Así es como muchos se aprovechan y se benefician de la guerra en Ucrania y del genocidio en Palestina. La especulación se lleva a cabo a costa de las poblaciones vulnerables, alterando los mercados agrícolas. Los bancos y las multinacionales se orientan cada vez más hacia la producción de alimentos y, para ello, acaparan tierras cultivables en los países del Sur. Esto ejerce más presión en las poblaciones locales que practican una agricultura de subsistencia y aumenta la dependencia de los alimentos extranjeros importados. De esta manera, Suiza participa activamente en el neocolonialismo y en la opresión de los países del Sur Global a través de sus bancos, sus empresas y sus inversores. El sistema económico actual de competencia generalizada entre los campesinos y campesinas del mundo contribuye a la desaparición del campesinado a nivel local y genera crisis sociales con consecuencias catastróficas. Los acuerdos de la OMC también contribuyen a esta desregulación generalizada.

Ante esta situación, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de las Personas que trabajan en Zonas Rurales es de gran importancia. «El desarrollo de nuestra soberania alimentaria no debe realizarse en detrimento de la de otros países», concluye Alberto.

Francia

Pierre Maison, representante de La Confédération Paysanne, organización miembro de LVC en Francia, declara que el imperialismo francés y la “Francáfrica” todavía existen. «Francia denuncia los golpes de Estado mientras apoya las democracias de fachada e incluso los regímenes autoritarios. Según él, el objetivo es mantener el control sobre las riquezas de estos países». Los sistemas alimentarios africanos se ven socavados por Europa; un ejemplo claro de ello es la leche en polvo que se vende en África: «En realidad, se trata de un polvo de leche desnatada, al que se le añade aceite de palma porque sale más barato. Le hemos preguntado a la Comisión Europea y hemos protestado contra la especulación y el dumping de esta leche almacenada. Nuestros excedentes destruyen su agricultura», se lamenta. Igualmente, el fomento de la competencia entre sistemas agrícolas que no se rigen por las mismas normativas perjudica gravemente a las y los agricultores familiares africanos, quienes compiten con sus homólogos europeos que reciben subvenciones de la PAC (Política Agrícola Común). El mercado mundial solo se basa en el lucro y enriquece a las grandes empresas que exportan sin condiciones, generando así dependencia en los llamados «países en desarrollo». Para protegerse, estos países deberían tener la libertad de imponer aranceles, pero desde los acuerdos de libre comercio eso ya no es posible. En Europa oímos a los partidarios del productivismo declarar que Europa tiene que alimentar al mundo. ¿Pero por qué, por quién?»

Además, la industria de las semillas está en manos de un puñado de multinacionales que imponen las semillas estériles y los OGM en los países africanos para volverlos dependientes, puesto que esas semillas funcionan con pesticidas y fertilizantes que hay que volver a comprar cada año. Todo este sistema intenta imponerse, mientras que las semillas campesinas africanas están perfectamente adaptadas a su territorio. En Europa prácticamente ya no quedan semillas campesinas, aunque sean las que pueden adaptarse a los territorios y al cambio climático. Otro mal es el sistema de créditos de carbono: las empresas de los países del Norte compran tierras cultivables en África con la complicidad de los estados, expulsan a los campesinos y campesinas para plantar bosques, para poder seguir contaminando en Europa y para que las empresas parezcan neutras en sus emisiones de carbono, lo cual es completamente falso», añade Pierre.

Después de estas declaraciones se abrió un fructífero debate con la sala, que se cerró con un bufé con productos campesinos locales.

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COMUNICADO DE PRENSA – La Via Campesina, CETIM, FIAN International

Bagnolet, Francia y Ginebra, Suiza.

En octubre de 2023, durante su 54º período de sesiones, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU adoptó la resolución 54/11, por la que se establece un nuevo Grupo de Trabajo sobre los Derechos de los Campesinos y otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales, integrado por cinco expertos de las cinco regiones de la ONU.

El 5 de abril de 2024, durante su 55º período de sesiones, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU nombró oficialmente a los cinco expertos (que fueron seleccionados entre 48 candidatos):

1. Sra. Uche Ewelukwa OFODILE (Nigeria) para los Estados de África.
2. Sra. Shalmali GUTTAL (India) para los Estados de Asia y el Pacífico.
3. Sr. Davit HAKOBYAN (Armenia) para los Estados de Europa oriental.
4. Sr. Carlos DUARTE (Colombia) por los Estados de América Latina y el Caribe.
5. Sra. Geneviève SAVIGNY (Francia) para los Estados de Europa occidental y otros Estados.

El inminente inicio de las actividades del Grupo de Trabajo marca un hito importante en el avance de la implementación de los derechos consagrados en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales (UNDROP). Este logro es de particular importancia para las organizaciones rurales que defienden sus derechos, incluidos lxs pequeñxs agricultorxs, las mujeres rurales, los ganaderxs, los pescadorxs artesanales, los trabajadorxs agrícolas sin tierra, lxs pastorxs, lxs trabajadorxs rurales, los nómadas y los pueblos indígenas.

Las comunidades rurales han soportado injusticias prolongadas en relación con la protección de los derechos y el acceso a los sistemas de seguridad social, exacerbadas por el predominio del sector agroindustrial en los sistemas alimentarios industriales. Esta dominación no solo los expone a una mayor vulnerabilidad a la explotación y la represión, sino que también obstruye sus derechos fundamentales –entre otros, su derecho a la tierra, a las semillas, a la soberanía alimentaria, a la biodiversidad, a los medios de producción– necesarios para avanzar hacia la autonomía en el trabajo digno. Además, el establecimiento del Grupo de Trabajo pone de relieve el compromiso de los Estados de salvaguardar los derechos de las personas y las comunidades rurales.

El recién nombrado Grupo de Trabajo es muy prometedor para la promoción y aplicación de los derechos de las comunidades rurales, ya que proporciona un apoyo crucial a sus iniciativas encaminadas a hacer efectivos esos derechos. Además, desempeñará un papel fundamental para los Estados, ofreciéndoles cooperación técnica, compartiendo ejemplos de buenas prácticas y proporcionando recomendaciones concretas sobre las mejores formas de hacer que sus acciones y marcos jurídicos nacionales cumplan con los principios y disposiciones de la UNDROP. Desde la adopción de la Declaración por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2018, algunos Estados han avanzado en la implementación de la UNDROP a nivel nacional. Sin embargo, ha habido una falta de supervisión institucional de su aplicación a nivel internacional. Además, las causas estructurales que condujeron a la adopción de la UNDROP, incluidas diversas formas de discriminación, violaciones sistemáticas de los derechos humanos y desventajas históricas, han persistido sin que se les preste la debida atención. A la luz de estos desafíos, el Grupo de Trabajo desempeñará un papel decisivo para facilitar la aplicación de la UNDROP. Identificará y promoverá las mejores prácticas y las lecciones aprendidas, fomentará la colaboración entre las autoridades de los Estados, los titulares de derechos y los expertxs de las Naciones Unidas, y proporcionará apoyo para la creación de capacidad técnica. De este modo, el Grupo de Trabajo pretende aumentar la importancia mundial de la UNDROP y abordar los problemas subyacentes que obstaculizan la realización de los derechos de las comunidades rurales.

¿Cuáles son los retos a los que se enfrenta el Grupo de Trabajo?

El principal reto al que se enfrenta el Grupo de Trabajo gira en torno a las limitaciones financieras, ya que los fondos disponibles para apoyar adecuadamente sus operaciones son limitados.

Además de los desafíos financieros, también existen desafíos operativos relacionados con el compromiso y la participación de las organizaciones campesinas y rurales. Estas organizaciones, en colaboración con sus aliadxs, deben apropiarse del nuevo mecanismo, reconocer y admitir su utilidad; difundirlo en las redes respectivas; ser capaz de explicar el procedimiento; y desarrollar estrategias para utilizarlo y alimentarlo. Esto requiere recursos, desarrollo de capacidades y esfuerzos de coordinación.

Además, puede haber problemas relacionados con la visibilidad, ya que las organizaciones campesinas y rurales deben estar preparadas para contribuir activamente a los esfuerzos del Grupo de Trabajo. Esto incluye deberes como la presentación de informes y quejas sobre violaciones y la participación de las autoridades estatales respectivas en los espacios habilitados.

Al hacerlo, esta participación puede ayudar a elevar la visibilidad de lxs campesinxs, que con frecuencia son marginados en la sociedad, fortalezcan su dignidad y fomenten aún más su participación en la gobernanza local, nacional y global.

Descargue la ficha informativa sobre el Grupo de Trabajo de la UNDROP para obtener más información sobre su mandato.

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