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Situación de los campesinos en Europa, entrevista del CETIM a Vincent Delobel, campesino belga

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En primer lugar, para ponernos en contexto, ¿podría describirnos el panorama general de la agricultura en Canadá?

Las políticas agrícolas han vinculado cada vez más la agricultura a un sistema corporativo en Canadá. Ejemplos recientes refieren a la reducción de la supervisión gubernamental de las semillas y las plantas modificadas genéticamente. El gobierno canadiense ha puesto su fe en la agroindustria y las corporaciones biotecnológicas en lugar de en la ciencia y el interés público. Esto asusta mucho a los agricultores, especialmente a los ecológicos, como yo, que podemos sufrir las consecuencias económicas, sanitarias y ecológicas de la creciente apropiación de las semillas por parte de las empresas y del desmantelamiento de la investigación y el desarrollo de semillas financiados con fondos públicos.

El COVID-19 ha mostrado las grietas y las desigualdades profundamente arraigadas que mantienen la tierra inaccesible, a las comunidades rurales sin recursos y a los agricultores endeudados y dependientes de las empresas que venden insumos y productos químicos. También ha mostrado la dependencia de un suministro constante de trabajadores migrantes que sufren abusos de los derechos humanos. Sin embargo, ha sido una época de enormes aumentos de beneficios para las empresas del sector. Encima tenemos la crisis climática y la crisis de ingresos, con rentas estancadas desde hace años y muchos agricultores dependiendo del trabajo fuera de la granja para llegar a fin de mes. Las políticas agrícolas están empezando a despertar a las realidades de la crisis climática, con más fondos disponibles para la adaptación climática en las explotaciones, pero la crisis de ingresos sigue prevaleciendo para las explotaciones familiares y de pequeña escala, que son la columna vertebral del sistema alimentario.

Por último, si hablamos de la agricultura en Canadá, tenemos que reconocer que se basa en la colonización y el robo de tierras. La Unión Nacional de Agricultores (NFU) está entablando conversaciones entre los agricultores y los pueblos indígenas, conversaciones sobre la equidad de la tierra, la devolución de la tierra y la soberanía alimentaria, pero esto es sólo el principio. Nuestra agricultura se basa en una violencia colonial que aún no se ha reconciliado. Los agricultores tienen un papel fundamental que desempeñar tanto en el reconocimiento de nuestra relación con la tierra como en la búsqueda de vías para avanzar hacia unas relaciones justas con los pueblos indígenas.

En este panorama agrícola tenemos una pluralidad de perspectivas con respecto a cómo deben desarrollarse las políticas agrícolas y qué objetivos pretenden alcanzar. Es posible que algunas de las organizaciones agrícolas más grandes hayan tenido históricamente más influencia sobre los responsables políticos, pero la NFU y otros activistas de la soberanía alimentaria están ganando terreno, especialmente a nivel local y regional.

En 2020, el Tribunal Superior de Justicia de Ontario emitió una decisión basada en UNDROP en defensa de un grupo de trabajadores agrícolas migrantes durante la pandemia de COVID-19. ¿Puede hablarnos más de esta decisión?

Este caso muestra el potencial legal de la UNDROP, creo que la acción legal es una vía para que los países que no han aprobado la Declaración en Naciones Unidas incorporen sus artículos y sienten precedentes legales. En 2020, en plena pandemia de COVID-19, los Abogados Canadienses por los Derechos Humanos Internacionales utilizaron el artículo 23 de la UNDROP en un tribunal provincial en defensa de un grupo de trabajadores migrantes que se enfrentaban a condiciones de vida peligrosas y de hacinamiento.

Para dar un poco de contexto, las granjas canadienses emplean a casi medio millón de trabajadores agrícolas a través de un programa federal. A lo largo de los años, este programa ha estado plagado de acusaciones de violación de los derechos humanos: malas condiciones de vida, salarios bajos y ausencia de vías para obtener la residencia permanente. Al mismo tiempo, Canadá depende de su mano de obra para garantizar el suministro de alimentos.

En marzo de 2020, justo después de que se anunciara el estado de emergencia, el gobierno federal ordenó un periodo de aislamiento de 14 días para todos los trabajadores extranjeros temporales que entraran en Canadá, al tiempo que garantizaba que los trabajadores sometidos a aislamiento en grupo tuvieran al menos 2 metros por persona en todo momento y limitaba el número de trabajadores que viven juntos en un alojamiento.

Cuando se impuso esta política, una importante granja industrial de Ontario (centro de Canadá) que emplea a trabajadores migrantes presentó dos planes de autoaislamiento inadecuados antes de solicitar una audiencia sobre la orden de salud pública que limitaba el número de trabajadores agrícolas en un alojamiento. En la audiencia, la empresa alegó que el requisito de tres trabajadores agrícolas por alojamiento era arbitrario y no reconocía la importancia de los trabajadores agrícolas migrantes para el suministro de alimentos de Canadá. Alegaron que no habían podido traer a tantos migrantes como lo harían normalmente, y que esto ponía en peligro su producción de alimentos.

El Tribunal Superior de Justicia de Ontario respondió que: «para reducir las desigualdades sanitarias, tal como exigen las directrices, el número de trabajadores que pueden aislarse juntos debe ser tal que el riesgo para su salud sea comparable al del resto de la población cuando están en cuarentena. Permitir que un mayor número de trabajadores se aíslen juntos expone a los trabajadores agrícolas migrantes a un nivel de riesgo no tolerado para otros miembros de la comunidad, aumentando así la vulnerabilidad de un grupo ya de por sí vulnerable.«

Para llegar a este resultado, el Tribunal citó la UNDROP por primera vez en Canadá. La forma en que lo citaron es importante: «[…] además, la UNDROP forma parte del conjunto de leyes y normas de derechos humanos a las que pueden recurrir los juzgadores canadienses para interpretar las obligaciones legales o de derecho consuetudinario y para revisar las decisiones administrativas». Citaron el artículo 23.1, que establece: «Los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales tienen derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental«.

Así que el contexto y el resultado del caso son demostrativos de la aplicabilidad de la Declaración en el contexto canadiense. Promover este caso es algo que tenemos que seguir haciendo. Es estratégico ampliar la red de abogados de derechos humanos que conocen UNDROP y darles este ejemplo.

Ahora que tienen esta jurisprudencia, ¿cuáles son los siguientes pasos?

Creo que la primera consideración es elegir el nivel adecuado en el que trabajar. A mi modo de ver, primero hay que hacer análisis críticos y establecer vínculos a nivel local, y es muy valioso crear capacidades a nivel local y luego ampliarlas y ampliarlas. Aunque UNDROP es una herramienta que podemos utilizar a cualquier escala, a veces puede ser más aplicable a nivel local.

En Canadá, muchas políticas agrícolas se elaboran a nivel provincial (a excepción de la política comercial y de semillas, por ejemplo). A este nivel, los agricultores suelen comprender mejor cuáles son sus necesidades colectivas y tienen más capacidad para abogar por cambios políticos tangibles. Creo que hay potencial en la aplicación de derechos muy específicos a situaciones muy concretas, en lugar de intentar aplicar el UNDROP a nivel nacional.

Podemos hacer la conexión aquí en casa respecto a cómo aplicarlo a nuestro contexto. El eslabón que falta aquí es la educación política: necesitamos herramientas de educación popular atractivas y pertinentes para demostrar la conectividad entre esta Declaración de la ONU un tanto esotérica y las realidades de los agricultores del Canadá rural. Creo que la NFU está haciendo un buen trabajo conectando nuestro trabajo actual de política agrícola con la UNDROP, lo cual es un primer paso fundamental para que la gente simplemente conozca su existencia.

A nivel nacional, esta jurisprudencia sobre los derechos de los trabajadores migrantes podría tener mucho peso en términos de precedente, pero nos enfrentamos a obstáculos como a nivel local en términos de ampliar la comprensión básica del UNDROP más allá de los miembros de la NFU y los abogados de derechos humanos. En Canadá, yo diría que el conocimiento de los derechos humanos -especialmente los relacionados con la agricultura- es escaso. Cuanto más eduquemos al público sobre la necesidad de orientar la política agrícola en una dirección basada en los derechos, más probabilidades tendremos de que el UNDROP se utilice más en contextos jurídicos y políticos por igual.

¿Cuáles diría que podrían ser los otros derechos en los que centrarse para la aplicación del UNDROP en Canadá?

La cuestión de la tierra requiere una seria consideración en Canadá. El UNDROP ofrece un texto sobre el derecho a la tierra que supone una ruptura radical con la forma en que la tenencia de la tierra y la política están establecidas aquí. Sin embargo, no podemos extralimitarnos ni contradecir el trabajo que están realizando los defensores de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indigenos (UNDRIP). Sería necesaria una seria coordinación para garantizar que los derechos sobre la tierra de la UNDRIP y del UNDROP se apliquen de forma complementaria.

Los jóvenes de la NFU nos hablan mucho de la tierra. Cuando hablan de cuáles son sus necesidades en términos de apoyo técnico, el acceso a la tierra y al capital son las cuestiones fundamentales que identifican como barreras para entrar en la agricultura. También está la crisis de sucesión: tenemos una población de agricultores que envejece rápidamente, la edad media es ahora de 55 años. Un problema, entre otros muchos, es que en el pasado no ha habido ningún tipo de ayuda a las pensiones de los agricultores, por lo que al jubilarse muchos de ellos venden sus tierras de cultivo al mejor postor con el fin de tener una jubilación digna. Eso ha puesto enormes trabas a los jóvenes que no disponen de mucho capital, sobre todo a los que no proceden de familias de agricultores.

También tenemos que plantearnos quién se va a hacer cargo de las explotaciones de cereales y productos básicos cuando esos agricultores se jubilen. Los agricultores jóvenes de primera generación están empezando nuevas explotaciones, pero la mayoría son de pequeña escala debido a los requisitos de capital de las grandes explotaciones. Temo la consolidación empresarial que seguirá produciéndose si esta generación y la siguiente no pueden permitirse explotar explotaciones más grandes.

Así que, teniendo en cuenta la crisis múltiple, tenemos que hablar de soluciones alternativas tangibles para la tenencia de la tierra que tengan en cuenta las necesidades de las comunidades indígenas y de los agricultores de todas las edades que nos rodean. Estamos pensando en formas creativas de acceder a la tierra, ya sea en modelos de cooperativa o de fideicomiso de tierras, pero también necesitamos abogar por ayudas gubernamentales que refuercen nuestros esfuerzos. Hay muchas preguntas y pocas respuestas sobre la sucesión de tierras y eso es algo en lo que, como Joven Presidente de la NFU, quiero trabajar. Utilizar el UNDROP como marco aspiracional para los derechos sobre la tierra en este país podría ser un concepto unificador si podemos ampliar la comprensión de su relevancia para el contexto canadiense.

Otro ámbito especialmente relevante para el contexto canadiense es el de las semillas. La NFU tiene un largo historial de trabajo en favor de la soberanía de las semillas. La utilización del artículo 19 es muy oportuna, ya que la soberanía de las semillas está hoy más amenazada que nunca. El gobierno federal ha dado, esencialmente, vía libre a las empresas biotecnológicas en el sistema alimentario. Esta vez, lo han hecho eliminando los controles de seguridad de la ciencia corporativa y negando la transparencia al público. El Ministro de Agricultura anunció que Canadá eximirá a las plantas modificadas genéticamente de la reglamentación y la notificación pública obligatoria a menos que contengan ADN extraño o sean tolerantes a los herbicidas.

Para todos los demás cambios en una planta modificada genéticamente, las empresas decidirán si su producto debe ser evaluado por un organismo federal. Así pues, las empresas biotecnológicas tendrán la última palabra sobre si sus productos pueden causar daños medioambientales, y el público no sabrá nada sobre la calidad de las evaluaciones que decidan hacer o si las hacen. Algo aterrador.

Antes teníamos un sistema público de semillas muy sólido, pero se ha desmantelado en las dos últimas décadas. Hemos visto cómo las semillas pasaban cada vez más al control de las empresas, pero sabemos que un buen sistema público es posible. Esto es lo que la NFU está impulsando. Cuanto más arraigada esté la agenda de las semillas corporativas en nuestras políticas agrícolas, más difícil será salir de este lío. Ahora incluso tenemos un conglomerado de cuatro corporaciones de semillas, Seeds Con, que ha cambiado su nombre por el de Seeds Canada, que suena como un organismo gubernamental. Estos cambios están sucediendo rápidamente, es aterrador. El público debería alzarse en armas contra la consolidación corporativa de las semillas y utilizar UNDROP como base es un buen lugar para empezar a presionar por el cambio.

Las semillas son uno de los recursos más preciados y profundamente culturales que tenemos. El artículo 19 refuerza el Convenio sobre la Diversidad Biológica y el Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura. Canadá ha firmado ambos. También ha firmado y ratificado la DNUDPI, que también hace referencia directa al derecho indígena a las semillas. Hay argumentos de peso para afirmar que lo que está ocurriendo ahora va en contra de lo que Canadá ya ha firmado, y el hecho de que no haya firmado la UNDROP no debería eliminarlo de la lista de razones por las que deberíamos cuestionar lo que el gobierno está permitiendo hacer a gusto a los gigantes corporativos.

¿Cuáles cree que son los principales obstáculos para aplicar el UNDROP?

Uno de los principales obstáculos es el lenguaje utilizado en el UNDROP. Es difícil que los responsables políticos presten atención a la palabra campesino y al campesinado como grupo social, ya que no se entiende bien en Canadá, ni en la lengua inglesa en general, porque a menudo se utiliza de forma peyorativa. Hay argumentos de peso para utilizar el término campesino en el ámbito político, pero cuando se trata de la elaboración de políticas y la defensa de los intereses de los campesinos, sigue habiendo muchas desconexiones.

Aquí, la política agrícola está orientada hacia la agricultura industrial corporativa y el término campesino podría denotar una identidad política o social, contraria a lo que la agricultura canadiense está tratando de ser percibida en el país o en el extranjero. “Campesino» se opone a «empresario» y da la impresión de atraso a quienes no están familiarizados con él en un sentido político. Del mismo modo, creo que una de las razones por las que el gobierno votó en contra del UNDROP en la ONU es que no pueden verse a sí mismos con este término o cómo podría aplicarse en este contexto. En definitiva, queda mucho trabajo por hacer para que todo el mundo se ponga de acuerdo sobre la aplicabilidad de este tipo de lenguaje en el contexto canadiense.

Entonces, ¿cómo salvar esa brecha para los agricultores que son campesinos en un sentido global?

Nettie Wiebe, una persona a la que admiro mucho y considero mi mentora, es una antigua presidenta de la NFU y miembro del ICC de LVC. Fue citada diciendo que cuando piensa en la palabra campesino para ella significa gente de la tierra. Esto resuena en mí: Me considero una «persona de la tierra» porque trabajo con ella, la cuido, intento vivir en armonía con ella y no extraer de ella. Ella cree que es muy importante recuperar ese lenguaje, decir que somos campesinos porque es nuestra relación con la tierra y los alimentos lo que nos distingue como grupo social, que no formamos parte de la maquinaria capitalista. Podemos funcionar dentro de un sistema capitalista, pero no buscamos necesariamente fines capitalistas, si eso tiene sentido.

Como mencionaste anteriormente, Canadá finalmente ha adoptado la UNDRIP, después de haber votado en contra en la Asamblea General de las Naciones Unidas, ¿cómo podría esto influir y ayudar a la implementación de UNDROP?

Lo que necesitamos desesperadamente en los espacios de soberanía alimentaria y agroecología de todo el país es crear coaliciones y redes de solidaridad. Tenemos que salir y hablar con agricultores que quizá no tengan la misma política ni los mismos valores fundamentales, ni hablen el mismo idioma, pero que en el fondo tienen las mismas necesidades y los mismos derechos. Tenemos que tender puentes entre los agricultores y las personas que han sido desposeídas de sus tierras, como los pueblos indígenas y la gente de color. Tenemos que tender la mano y encontrar formas de asegurarnos de que nuestro movimiento crece. Sólo con ese tipo de crecimiento y la construcción de nuestra red vamos a tener la capacidad de hacer el tipo de organización que se logró en la ratificación de la DNUDPI en Canadá.

Sé que tenemos una base sólida, pero también necesitamos ampliarla y expandirla, y eso tiene que venir acompañado de un toque humano. Tenemos que salir a nuestras comunidades y mantener conversaciones abiertas con otros agricultores y personas de la tierra que tal vez no se sientan vinculados a una comunidad agrícola o a una comunidad más progresista como la NFU, pero que tal vez lo acogerían con agrado si se les diera la oportunidad y alguien les tendiera la mano.

Hablar de las necesidades básicas de la gente y de su deseo de formar parte de una comunidad que avanza unida puede ser más importante que cualquier opinión política concreta. La mayoría de los agricultores forman parte de la organización agraria dominante, no de la NFU, y depende de nosotros ser creativos y llegar a donde están, no a donde desearíamos que estuvieran, políticamente. A través de la construcción de esta comunidad ampliada y extendida podemos utilizar UNDROP como bloque de construcción, pero a nivel de base es donde debe ocurrir.

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Introducción

En el preámbulo de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los campesinos y de otras personas que trabajan en las zonas rurales (UNDROP) se expresa la preocupación por los jóvenes que abandonan la agricultura y las zonas rurales debido a la falta de oportunidades y a las extenuantes condiciones del trabajo agrícola. Garantizar el acceso a la tierra es una de las estrategias para facilitar, o salvaguardar, el compromiso de los jóvenes con los medios de vida rurales y agrícolas. Siguiendo un enfoque de derechos humanos, la UNDROP hace referencia al derecho a tener acceso a la tierra y los recursos naturales, utilizarlos y gestionarlos de manera sostenible en los artículos 5 y 17 (Naciones Unidas 2018). Garantizar el acceso continuo y generalizado a la tierra para las nuevas generaciones de agricultores es crucial para mantener una agricultura campesina, a su vez fundamental para la soberanía alimentaria de las comunidades. La importancia, pero también los desafíos, del acceso a la tierra para los jóvenes se han debatido predominantemente en el contexto de regiones en las que los medios de vida de un alto porcentaje de la población dependen de la agricultura a pequeña escala, con especial atención al África subsahariana (véanse, por ejemplo, Gichimu y Njeru 2014; Kosec et al. 2018; Yeboah et al. 2019; White 2019).

Sin embargo, también en el cantón de Ginebra, en Suiza, el acceso a la tierra para los jóvenes que aspiran a dedicarse a la producción agrícola, y especialmente para aquellos que no heredan una explotación, es un desafío. Al mismo tiempo, alrededor de la mitad de los agricultores existentes en Suiza se jubilarán en la década actual y dejarán de trabajar sus tierras (FSO 2021a). La explicación de la aparentemente paradójica situación de falta de disponibilidad de explotaciones agrícolas para los jóvenes a pesar de las elevadas tasas de jubilación reside en las barreras financieras, jurídicas y sociales que dificultan el acceso de los jóvenes a la tierra. A la elaboración de estas barreras le sigue un esbozo de las vías para reducirlas que se siguen en Ginebra y una reflexión sobre la revelación de los resultados y sus implicaciones para el desarrollo de la agricultura suiza.

El análisis se basa en los debates de una mesa redonda sobre el acceso a la tierra en un acto organizado en Ginebra por los Artesanos de la Transición (17 de noviembre de 2021) y en entrevistas semiestructuradas. Las entrevistas se han realizado, en primer lugar, a jóvenes dedicados a la agricultura en el cantón de Ginebra, principalmente de La Touvière. El segundo interlocutor fue Valentina Hemmeler Maïga, Directora General de la Oficina Cantonal de Agricultura y Naturaleza, que es una protagonista destacada en la promoción del acceso a la tierra para los jóvenes en Ginebra, y, en tercer lugar, Johanna Huber, doctoranda que estudia el acceso a la tierra en Suiza. También se recogió información a través de un intercambio de correos electrónicos con dos empleados de la Asociación de Pequeños Campesinos (Kleinbauern-Vereinigung) sobre su programa de sucesión extrafamiliar de explotaciones. Estos datos se complementan con una lectura crítica de la legislación agraria suiza, por un lado, y de la literatura de ciencias sociales sobre los agricultores suizos y el desarrollo agrario, por otro.

Obstáculos para que los jóvenes (aspirantes a) agricultores accedan a tierras agrícolas

En Suiza, para que las actividades sean reconocidas oficialmente como agrícolas y puedan recibir las ayudas directas del Estado, un agricultor, una familia o un grupo de agricultores no sólo necesitan tierras, sino también al menos un miembro con formación agrícola certificada, un edificio que cuente como infraestructura agrícola, máquinas e, implícitamente, el dinero para financiar todos estos elementos. Por lo tanto, las barreras para acceder a tierras de cultivo son sólo una parte de los obstáculos para poner en marcha una explotación. Obtener una formación agrícola es accesible y el camino más corto sólo lleva dos años. De hecho, hay más personas que obtienen el certificado para dirigir una explotación agraria que explotaciones disponibles, lo que es especialmente problemático en el cantón de Ginebra. Ginebra cuenta con su propia escuela agronómica, la HEPIA, que atrae a numerosos jóvenes procedentes de medios (peri)urbanos y no agrícolas que se gradúan sin perspectivas de heredar una explotación, pero que desean ejercer la profesión de agricultor. La educación, pero también las máquinas básicas y las herramientas agrícolas son fácilmente accesibles, por lo que esta investigación se centra en las limitaciones de la tierra y, en menor medida, de la infraestructura agrícola, como por ejemplo los edificios de la explotación, como obstáculos para el ejercicio de la profesión agrícola. Las limitaciones son de naturaleza social, jurídica y económica interrelacionadas.

Restricciones sociales: La tierra para la propia sangre

Las limitaciones sociales al acceso a la tierra están vinculadas predominantemente a la lógica dominante de la agricultura familiar y sus estructuras patrimoniales asociadas. Para entender las lógicas sociales de la agricultura, es fundamental comprender los modelos de patrimonio (Augustins 1989). En efecto, preservar la explotación y la identidad familiar vinculada a ella para la herencia es una de las principales motivaciones de los agricultores en Suiza para llevar a cabo su ocupación incluso en circunstancias sanitarias y financieras difíciles (Droz 2017; Forney y Droz 2018, 66). Los factores sociales añaden una dimensión de género al acceso a la tierra en Suiza; Históricamente, las hijas y las esposas están en desventaja en asuntos relacionados con la explotación, incluida la sucesión (Droz et al. 2014; Contzen 2004).

Varios aspectos sociales complican la transmisión de una explotación. Dado que la identidad de los agricultores está generalmente profundamente vinculada a la explotación, el proceso de sucesión de la explotación es profundamente emocional y a menudo no se aborda con la suficiente antelación (Häberli 2021, 58). Los agricultores que se jubilan, o las parejas y familias de agricultores, se encuentran de repente abrumados por todas las decisiones relacionadas con el traspaso de una explotación. A menudo, la explotación no está preparada para acoger a dos unidades familiares. Esto plantea dificultades a la hora de hacer sitio a las nuevas generaciones, ya que la generación de más edad suele desear seguir viviendo en la granja. No sólo están vinculados a la granja, sino que la falta de ahorros y de pensión de los agricultores que se jubilan complica el alquiler de otro espacio (Rossier y Felber 2007, 245). Además, la divergencia de valores e ideas sobre cómo gestionar la explotación entre generaciones es una fuente habitual de conflictos (Häberli 2021, 61). Para preservar el patrimonio y transmitir la explotación a un hijo se hacen concesiones tanto financieras como de valores (Forney y Droz 2018, 50). Sin embargo, en caso de falta de sucesores dentro de la familia, hacer tales concesiones se hace más difícil. En este caso, la solución más sencilla para los agricultores que se jubilan es vender o arrendar las tierras y seguir viviendo en la explotación, lo que lleva a la desaparición de otra explotación.

El caso de La Touvière es ilustrativo de esta dinámica. El agricultor jubilado arrienda la explotación al motivado grupo de jóvenes agricultores con un contrato de 20 años. Al principio, su hijo se encargaba de la explotación, pero no le gustaba lo suficiente como para continuar. Deseoso de que la explotación se mantuviera y gustándole el proyecto del grupo de agricultura social y respetuosa con el medio ambiente como agricultor ecológico que es, el propietario jubilado apoyó al grupo de jóvenes para que se instalasen. Sin embargo, sigue viviendo en la casa residencial de la granja, lo que significa que los jóvenes agricultores tienen que vivir en otro lugar, lo que supone limitaciones financieras, pero también organizativas, para ellos y para el negocio de la granja. Además, como la explotación está alquilada, existe incertidumbre sobre el futuro a medio plazo de la empresa creada por los jóvenes agricultores. Si uno de los nietos del propietario desea hacerse cargo de la explotación, que es la esperanza del propietario, entonces el grupo actual tiene que marcharse de nuevo.

Muchos jóvenes aspirantes a agricultores, como los de La Touvière, buscan cada vez más formas de organización distintas de la agricultura familiar. Deseosos de una mayor independencia de la explotación y de una menor carga financiera a cargo de un individuo, aspiran a trabajar como colectivos. Se trata de una clara ruptura con el arraigado modelo de agricultura familiar helvética (véase, por ejemplo, Forney y Droz 2018, 51). El ethos campesino típico incluye no solo una fuerte lógica de herencia familiar, sino también una imagen del agricultor como empresario independiente (Droz 2001). Los choques de valores respecto a los modelos de organización de una explotación dificultan aún más la sucesión en la explotación.

Mientras que el sistema de herencia y explotación familiar en la agricultura suiza facilita la asunción de la explotación por parte de un hijo de la familia, restringe el ejercicio de la profesión agrícola a otros hijos y a personas ajenas a la familia, sobre todo si buscan modelos de organización distintos de la agricultura familiar. El sistema de agricultura familiar y herencia de explotaciones no sólo es de carácter social, sino que también está anclado en la ley.

Restricciones legales: Atrincherar la agricultura familiar

Tres leyes principales regulan las tierras agrícolas en Suiza, con el objetivo de preservar las tierras agrícolas de la desaparición, favorecer las explotaciones agrícolas familiares y evitar la especulación con las tierras agrícolas. La primera ley es la Raumplanungsgesetz (Ley de Ordenación del Territorio), cuya versión inicial de 1979 dio lugar a una clara diferenciación entre zonas, entre otras cosas para proteger las tierras destinadas a la producción agrícola y la seguridad alimentaria de la expansión urbana. En las zonas agrícolas delimitadas, las posibilidades de nuevas construcciones están estrictamente limitadas. El suelo y las infraestructuras de las zonas agrícolas se rigen por otras dos leyes: la Bundesgesetz über das bäuerliche Bodenrecht (Ley de tierras agrícolas/campesinas), adoptada en 1991 y revisada por última vez en 2014, y la Bundesgesetz über die landwirtschaftliche Pacht (Ley del arrendamiento agrícola), adoptada en 1985 y revisada por última vez en 2014. Estas leyes prescriben que solo las personas con formación agrícola certificada pueden poseer o arrendar explotaciones y tierras agrícolas para garantizar su uso con fines agrícolas, preservando así las tierras de cultivo.

Las leyes favorecen la transición de la infraestructura agrícola y la tierra dentro de la familia, y en caso de falta de interés dentro de la familia, su arrendamiento a los agricultores vecinos. Cuando la explotación es vendida a un miembro de la familia, la ley sobre tierras agrícolas y campesinas prevé que pueda hacerse por debajo del valor de retorno (Art. 17). En cambio, las personas ajenas a la familia deben pagar el valor de mercado, que es unas dos veces y media superior (Droz y Forney 2007, 56). El efecto es que muy pocas tierras y aún menos explotaciones quedan disponibles y accesibles económicamente para los aspirantes a agricultores que no heredan esas infraestructuras.

Las leyes imponen limitaciones a los modos de explotación más colectivos. En primer lugar, si un grupo de personas desea cultivar juntas, no pueden hacerlo como colectivo o asociación, sino que tienen que constituir una sociedad anónima privada y designar a uno de sus miembros que tenga formación agrícola para que sea el agricultor principal a efectos de recibir los subsidios directos condicionados, una forma crucial de subvenciones para la agricultura, por parte del Estado. Así lo ha hecho el grupo de La Touvière. En segundo lugar, cada explotación sólo puede albergar una empresa. En una época en la que los espacios de coworking son habituales en las oficinas, no ocurre lo mismo con la agricultura. Valentina Hemmeler Maïga mencionó la existencia de numerosos edificios vacíos en granjas existentes, también en Ginebra, que podrían utilizarse para acoger a agricultores que dispongan de tierras pero no de edificios. Estos usos compartidos de las explotaciones ayudarían a economizar y harían más accesible el inicio de una actividad agrícola, pero la legislación actual no lo permite.

Por último, las leyes protegen a los agricultores que arriendan tierras. La mayoría de los agricultores que dejan de cultivar y cierran su negocio optan por arrendar o vender las tierras a explotaciones vecinas. Una vez cerrada una explotación y desintegradas sus tierras, resulta difícil para las nuevas generaciones restablecer la explotación y recuperar las tierras. Según Valentina Hemmeler Maïga, las leyes actuales garantizan la protección de las familias campesinas existentes, pero no tienen como objetivo la creación de nuevos campesinos. Las limitaciones jurídicas y sociales están estrechamente interrelacionadas con las limitaciones económicas para acceder a la tierra y a las explotaciones agrícolas.

Limitaciones económicas: Explotaciones más grandes y menos asequibles

Las limitaciones económicas para acceder a la tierra son probablemente las más graves y se derivan principalmente de los escasos ingresos que generan las explotaciones agrarias en el actual sistema político-económico suizo. La agricultura suiza experimentó una ola de liberalización en los años noventa que provocó una disociación entre la situación de los agricultores y el bienestar general de Suiza. En 2018, el salario mensual medio de un suizo ascendía a 6.067 francos suizos para las mujeres y 6.857 francos suizos para los hombres, mientras que los ingresos de los trabajadores cualificados de la agricultura, la silvicultura y la pesca eran de 4.657 francos suizos para las mujeres y 5.302 francos suizos para los hombres (FSO 2021b), con diferencias significativas entre las regiones montañosas y las de tierras bajas y a pesar de las jornadas laborales considerablemente más largas y el menor número de vacaciones de los trabajadores agrícolas. Estos ingresos reflejan la escasa rentabilidad y a menudo incluso el endeudamiento de las explotaciones agrarias, lo que dificulta el acceso a la tierra de varias maneras.

Los costes de compra de una explotación, especialmente cuando no es heredada, son inmensos y difícilmente pueden cubrirse solo con la actividad agrícola (Forney y Droz 2018, 50). Los préstamos bancarios exigen que los aspirantes a agricultores tengan perspectivas de dirigir una explotación que sea rentable. Además, para recibir préstamos bancarios, las explotaciones deben ser reconocidas oficialmente como tales. El reconocimiento oficial exige al menos las perspectivas de tierras, maquinaria y edificios agrícolas, cuya obtención es una lucha en sí misma para los aspirantes a agricultores que no heredan las explotaciones. Los costes de hacerse cargo de una explotación desde dentro de la familia son menores, pero siguen siendo considerables. La sucesión de explotaciones en el sistema de agricultura familiar helvética está, en teoría, posibilitada por el capital familiar (ibid, 50), pero dicho capital familiar es cada vez más inexistente, o incluso negativo. Los agricultores actuales a menudo consiguen mantenerse a flote hasta la jubilación, pero no mucho más allá. Los agricultores dependen entonces de la infraestructura de la explotación para su pensión. La falta de ahorros de los agricultores que se jubilan limita la venta o el arrendamiento de la explotación a precios más bajos de amistad o familiares. La solución más fácil, desde el punto de vista económico y jurídico, para los agricultores que se jubilan y no tienen sucesores es seguir viviendo en la explotación sin pagar alquiler y arrendar la tierra a los agricultores vecinos que quieran ampliarla.

Otra razón económica de la falta de disponibilidad de tierras agrícolas es la evolución hacia explotaciones más grandes. Las explotaciones se expanden como respuesta a las presiones del mercado que favorecen una economía de escala. Sin embargo, a medida que las explotaciones crecen, no sólo se reduce el número de explotaciones susceptibles de ser adquiridas, sino que las que persisten resultan aún más caras para las nuevas generaciones de agricultores debido a su mayor tamaño, aspecto subrayado por Valentina Hemmeler Maïga y también por Marie Brault, comprometida en la hacienda urbana Ferme de Budé. Según la experiencia de Willy Cretegy, agricultor y político de la comuna ginebrina de Satigny, suelen ser las explotaciones ya más grandes y rentables las que se apropian de las tierras liberadas. Además, la expansión territorial de las explotaciones, así como su creciente mecanización, requieren inversiones que a menudo conducen al endeudamiento y, por tanto, dificultan aún más la sucesión, incluso dentro de la familia (Droz y Forney 2007, 135).

Tras la adquisición de una explotación, la nueva generación debe realizar nuevas inversiones. Por lo general, los jóvenes agricultores tratan de introducir cambios en la organización de la explotación y exploran la posibilidad de abrir otras ramas de producción o de pasarse a la agricultura ecológica. En el caso ideal, la explotación adquirida ya se acerca a la visión de la nueva generación. Marie Brault señala que la búsqueda de una explotación no sólo se complica por el problema del acceso general a la tierra y a las infraestructuras agrarias, sino también por el desajuste entre las condiciones de la mayoría de las explotaciones disponibles y el tipo específico de tierra e infraestructuras agrarias que buscan los aspirantes a agricultores. La Asociación de Pequeños Agricultores subraya, por tanto, la necesidad de flexibilidad por parte de los solicitantes en cuanto a la imagen ideal de la explotación en el momento de la adquisición, y de flexibilidad por parte de los agricultores que se jubilan en cuanto a su visión de la explotación en el futuro (Kleinbauern-Vereinigung 2021).

Alquilar una explotación en lugar de comprarla y realizar inversiones parciales es la estrategia que sigue el equipo de la Touvière, pero también los Jardins de Cocagne, una de las explotaciones colectivas más antiguas que se dedican a la agricultura por contrato. Alquilar una explotación suele conllevar más inseguridades, sobre todo si el contrato de alquiler es por un periodo de tiempo limitado. Complica las inversiones a largo plazo, como la plantación de árboles frutales. Además, si los propietarios siguen viviendo en el edificio de la explotación, como en el caso de La Touvière, los jóvenes agricultores se ven obligados a pagar una vivienda en otro lugar. Este es un problema importante en el cantón de Ginebra, donde el alquiler en relación con los ingresos de un agricultor es tremendo.

Valentina Hemmeler Maïga expresa cómo la situación de los jóvenes (aspirantes a agricultores) está intrínsecamente relacionada con la situación de los agricultores que se jubilan. Dicho de otro modo: no hay solución para los jóvenes agricultores si no la hay para los que se jubilan. Sin embargo, como la situación de los agricultores que se jubilan está relacionada con la forma en que pueden economizar mientras siguen trabajando en la profesión, también tiene que haber una solución para los agricultores actuales. Los agricultores necesitan poder mantenerse a flote y disponer de ahorros para su pensión para que la agricultura campesina a pequeña escala pueda continuar en Suiza.

Un mosaico de vías de acceso a la tierra para los jóvenes de Ginebra

En Ginebra, más que en otros cantones suizos, se reconoce el problema del acceso de los jóvenes a la tierra, lo que ha dado lugar a una serie de estrategias individuales, pero también administrativas. Las estrategias individuales de los jóvenes agricultores para poner en marcha una empresa agrícola suelen incluir el alquiler de tierras y la inversión parcial en la explotación, en lugar de la compra. También se ha recurrido a la financiación colectiva para poner en marcha la empresa. Otros ocupan temporalmente pequeños terrenos no utilizados, como hizo el Collectif Terre Libre antes de su cierre en 2020, o producen en terrenos urbanos no agrícolas, como la Ferme des Vergers en el agro-eco-barrio de Meyrin. Estas estrategias conllevan su propio conjunto de inseguridades y limitaciones, como la imposibilidad de ser reconocida como explotación oficial y recibir los pagos directos de la federación.

La administración de la oficina cantonal de agricultura y naturaleza está motivada para abordar la cuestión del acceso de los jóvenes a la tierra. Ginebra fue el único cantón que respondió favorablemente a la cláusula de mejora del acceso de los jóvenes a la tierra en los debates de la nueva política agraria AP22+, que, sin embargo, quedó suspendida. El principal documento de orientación para la acción sobre el acceso a la tierra en Ginebra es la ley sobre la promoción de la agricultura en Ginebra, en particular sus modificaciones que se aprobaron en el parlamento en 2021, manifestadas en la Loi modifiant la loi sur la promotion de l’agriculture (Ley modificada sobre la promoción de la agricultura). Hemmeler Maïga, que desempeñó un papel crucial en la redacción de las modificaciones, se inspiró y se guió por la UNDROP. La ley modificada establece que es objetivo y responsabilidad del cantón facilitar la instalación y la toma de posesión de explotaciones agrícolas reforzando el acceso a la información y al asesoramiento en el marco de la atribución de edificios y tierras agrícolas pertenecientes al Estado (Art. 1d, Art. 8c).

La ley modificada justifica las acciones que ya se están llevando a cabo en la práctica, así como la planificación de nuevas acciones. Por ejemplo, desde hace dos años, los terrenos cantonales que vayan quedando disponibles deben publicarse en internet para garantizar a todas las personas el mismo acceso a la información. Sin embargo, del total de 10.000 hectáreas de tierras agrícolas del cantón, sólo unas 600 pertenecen al Estado, y poco más a los municipios. La administración ginebrina anima por tanto a los municipios a seguir la misma estrategia para aumentar la transparencia y, además, sensibilizar a los agricultores que están (a punto de) jubilarse para que inicien pronto el proceso de sucesión, a fin de poder conservar las explotaciones.

Gran parte de la acción en Ginebra gira en torno a la búsqueda de lagunas en la actual legislación federal. Si los jóvenes agricultores encuentran un terreno, pero no un edificio agrícola, la administración cantonal acepta a veces construcciones provisionales, como cobertizos o túneles, como edificios agrícolas para que la explotación pueda ser reconocida oficialmente como tal. Además, la administración intenta conceder autorizaciones para construir infraestructuras agrarias a jóvenes con un proyecto destacado y a largo plazo.

Otra serie de acciones dirigidas por Hemmeler Maïga es la movilización regional y nacional en torno al tema del acceso de los jóvenes a la tierra. Hemmeler Maïga ha iniciado una reunión con todas las oficinas agrícolas de la parte francófona de Suiza y ha constatado que los problemas son comunes a toda la región. A principios de 2022, Hemmeler Maïga inició una reunión con las oficinas agrícolas de todos los cantones para intercambiar sobre nuevas estrategias para mejorar el acceso de los jóvenes a la agricultura más rápidamente, mientras no haya cambios en la legislación nacional.

Sin embargo, Hemmeler Maïga subraya que sólo el 10% del poder de configuración de las políticas agrícolas corresponde al cantón, y el otro noventa por ciento a la federación. Las acciones posibles en la administración cantonal son muy limitadas y las políticas más radicales para mejorar la situación de los agricultores actuales y futuros, como la fijación de los precios de los productos alimentarios para mejorar la viabilidad de la agricultura, deben proceder del legislador nacional.

Suiza se decide entre una decadencia «natural» del campesinado o un campesinado próspero gracias al acceso de los jóvenes a la tierra

El acceso a la tierra es un concepto cuyas implicaciones y simbología trascienden la disponibilidad física de tierras para los agricultores. La razón de que el acceso a la tierra para la agricultura, en particular para los jóvenes, reciba una atención generalizada se debe a su papel crucial en la existencia sostenida de explotaciones agrícolas de pequeña y mediana escala que producen alimentos diversos para las comunidades locales y apoyan así la soberanía alimentaria. La accesibilidad de la tierra define si la profesión, el estilo de vida y el saber hacer de la agricultura pueden persistir en la diversidad a lo largo de las generaciones. Si el desarrollo de la agricultura suiza sigue las mismas tendencias, la agricultura se convertirá, por un lado, en no más que un pasatiempo, a expensas de la calidad del trabajo en la granja (Droz y Forney 2007, 152-53), y, por otro, en grandes explotaciones mecanizadas e industrializadas que probablemente serán menos sostenibles y resistentes desde el punto de vista financiero (van der Ploeg 2020). El acceso a la tierra no es una cuestión singular que pueda resolverse poniendo más tierra físicamente disponible, sino que, para que el acceso a la tierra se cumpla de manera que permita a las nuevas generaciones de agricultores hacer uso de ella de forma sostenible, se requieren unas condiciones sociales, jurídicas y, sobre todo, económicas favorables.

Antes de examinar algunos cambios que podrían favorecer el acceso de los jóvenes a la tierra en el plano social, jurídico y económico, es fundamental subrayar que el problema del acceso de los jóvenes a la tierra en Suiza es, en varios sentidos, un problema privilegiado. Existen suficientes oportunidades económicas para los jóvenes fuera de la agricultura, y en general los medios de subsistencia no dependen profundamente de la agricultura. Ya en la actualidad, las familias de agricultores obtienen aproximadamente un tercio de sus ingresos fuera de las actividades agrícolas (FSO 2021c). Además, no se producen acaparamientos de tierras, absorciones por parte de empresas ni desplazamientos forzosos, que son las amenazas más inminentes para el acceso a la tierra. Más bien, la política agraria de Suiza provoca una muerte «natural» -así reza el eufemismo oficial- de las explotaciones al fomentar un entorno económico en el que se presiona a las explotaciones para que crezcan, se gestionen como hobby o desaparezcan. Las explotaciones desaparecen al jubilarse los agricultores sin sucesores (Droz y Forney 2007, 76). La desaparición es lenta, pero sólo en relación con la duración de la vida de un ser humano y no en la perspectiva de una historia más amplia.

La UNDROP puede funcionar como guía para mejorar el acceso a la tierra en el cumplimiento del derecho a la tierra (Golay 2020). El primer aspecto crucial para el caso suizo es la no discriminación (Art.3.3). Esto significaría la eliminación de la discriminación de género en el proceso de herencia de las explotaciones agrícolas dentro de la familia y, en particular, la discriminación de los aspirantes a agricultores que no tienen la perspectiva de heredar. Al fin y al cabo, la UNDROP no sólo cubre a los campesinos actuales, sino también a las personas que aspiran a trabajar la tierra al incluirlos en la definición de campesinos (Art 1.1). Un segundo artículo de la UNDROP relevante para el caso suizo señala la responsabilidad del Estado de eliminar la falta de acceso a los recursos económicos (Art 17.2).

Aumentar la sensibilización sobre la sucesión de explotaciones fuera de la familia, especialmente si no hay sucesor dentro de la familia, es una forma de reducir la discriminación en el acceso a la tierra. Esta solución a nivel social es la que persigue la Asociación de Pequeños Campesinos y su programa de sucesión de explotaciones fuera de la familia, que cuenta con el apoyo del gobierno federal. La asociación anima y ayuda a los agricultores a empezar a planificar su jubilación y la sucesión de la explotación con antelación. De este modo, tienen más probabilidades de transmitir la explotación con éxito en lugar de tener prisa y no ver otra alternativa que cerrar la explotación y vender o arrendar las tierras. En octubre de 2021, la asociación tenía 130 perfiles de personas que buscaban una explotación y 16 perfiles de explotaciones para traspasar (Kleinbauern-Vereinigung 2021). El Gobierno federal ya está trabajando en el tema de la sucesión y la jubilación (FOAG 2021). Sin embargo, incluso cuando existe la voluntad de ceder la explotación a alguien ajeno a la familia, persisten varios obstáculos. Algunas de las principales, según Bettina Erne, que trabaja en el programa de sucesión de explotaciones extrafamiliares, son la capacidad de financiar de forma sostenible la empresa por parte de los sucesores, y la capacidad y voluntad de convivir o dejar el edificio de la explotación por parte de los agricultores que se jubilan. Por lo tanto, las acciones para reducir las barreras de acceso a la tierra para los jóvenes a nivel social y de concienciación deben estar respaldadas por acciones a otros niveles.

Valentina Hemmeler Maïga, así como Laurent Vu, de la granja colectiva Jardins de Cocagne, creen que es necesario abrir la ley a más formas jurídicas colectivas para gestionar las explotaciones, al margen del modelo familiar dominante. Además, el actual conjunto de leyes favorece la agricultura familiar y discrimina a las personas ajenas a las familias agrícolas. Sin embargo, según Johanna Huber, tampoco actores progresistas como el sindicato campesino de izquierda Uniterre -miembro de La Vía Campesina- no están convencidos de que cambiar las leyes sobre la tierra vaya a ser fructífero. En gran medida, las leyes actuales protegen las tierras agrícolas de la urbanización, la especulación y el acaparamiento corporativo, y contribuyen así a preservar la agricultura familiar y campesina y el acceso a la tierra en sentido más amplio. Hemmeler Maïga, por su parte, cree que los juristas son lo suficientemente inteligentes para formular artículos que puedan facilitar el acceso a los jóvenes agricultores, sobre todo a los que no tienen perspectivas de heredar una explotación, o quieren trabajar en un colectivo, o ambas cosas, sin arriesgarse a que las empresas o los agentes financieros se apropien de las tierras.

Otro enfoque para mejorar el acceso a la profesión de agricultor es la mejora de la situación económica de la agricultura, en relación con el artículo de la UNDROP sobre el acceso a los recursos económicos (art. 17.2). Laurent Vu desea más apoyo financiero para los jóvenes agricultores. Este apoyo financiero ya existe en parte, ya que el Gobierno federal suizo concede créditos sin intereses para la adquisición de explotaciones agrícolas. Sin embargo, los aspirantes a agricultores siguen dependiendo también del capital procedente de otras fuentes, incluido el banco. En general, la actividad agraria debe ser rentable a medio plazo para poder amortizar las inversiones iniciales y las hipotecas, y para que los agricultores puedan financiar su jubilación. Son necesarios cambios estructurales en torno a los precios que los agricultores pueden obtener por sus productos, entre otras cosas reconsiderando los acuerdos económicos internacionales, en lugar de inyecciones financieras puntuales, sobre todo para contrarrestar las tendencias actuales de la agricultura a convertirse cada vez más en una economía de escala, lo que conduce a una mayor desaparición de explotaciones.

Conclusión

Existen obstáculos sociales, jurídicos y, sobre todo, económicos interrelacionados que dificultan el acceso de los jóvenes a la tierra en Ginebra y en Suiza en general, en particular para los aspirantes a agricultores procedentes de familias no agrícolas. Lo que en principio parece una paradoja -un gran número de agricultores que abandonan sus actividades mientras que algunos jóvenes luchan por encontrar una explotación de la que hacerse cargo- en realidad está lógicamente interrelacionado. Las explotaciones desaparecen y los jóvenes luchan por hacerse cargo de ellas porque la agricultura ha dejado de ser una actividad rentable y sostenible en Suiza. Aunque la administración del cantón de Ginebra es consciente del problema y está dispuesta a mejorar el acceso de los jóvenes a la tierra, el problema subyacente de la falta de rentabilidad económica de la agricultura a pequeña y mediana escala debe abordarse a escala nacional. La cuestión del acceso de los jóvenes a la tierra es sólo una subcuestión de una cuestión más amplia: ¿Quiere Suiza seguir por la senda de la desaparición «natural» de las explotaciones agrícolas, o desea una agricultura diversificada, vibrante y resistente para las generaciones venideras? La segunda vía es la de la soberanía alimentaria, para la que la UNDROP puede servir de documento guía.

Bibliografía

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La entrada Acceso a la tierra para las y los jóvenes del cantón de Ginebra (Suiza): Barreras y caminos se publicó primero en Defending Peasants' Rights.

Este informe se publicó por primera vez en el sitio web de ECVC el 31 de enero de 2023. Puede encontrarlo aquí.

Lxs campesinxs y lxs jóvenes trabajadorxs agrícolas representan las dos caras de una misma moneda: la falta de ingresos decentes para lxs campesinxs pone en peligro la formación de lxs futurxs campesinxs. Lxs jóvenes trabajan para aprender, y aprenden mientras trabajan, aunque no se les proporcione una formación oficial. Sin embargo, el proceso de aprendizaje de lxs jóvenes trabajadorxs agrícolas se lleva a cabo en condiciones muy duras, que incluyen una remuneración reducida o nula, y una vivienda, alimentación y apoyo inadecuados. Estas son algunas de las importantes limitaciones que impiden una transformación del sistema alimentario justa desde el punto de vista social y ecológico.

Este informe evalúa las condiciones de trabajo y aprendizaje de los jóvenes trabajadores agrícolas, definidos como las personas que trabajan en los campos, montañas y granjas, así como en las unidades ganaderas o de procesamiento de alimentos, y que tienen menos de 40 años. El informe examina un amplio abanico de cuestiones, como las horas de trabajo, los honorarios, los contratos, el poder de negociación, la alimentación y la vivienda, y la discriminación de género, incluso en lo que respecta a la interseccionalidad. También se evalúan cuestiones como la búsqueda de la explotación más adecuada para el aprendizaje, las dificultades y los sueños de futuro.

Con este informe, las autoras esperan contribuir al reconocimiento de las condiciones de lxs jóvenes trabajadorxs agrícolas y apoyar la labor política de la articulación de jóvenes de ECVC.

La juventud en la Declaración de los Derechos de lxs Campesinxs

La Declaración menciona a lxs jóvenxs en dos ocasiones, en los artículos 2 y 17. El artículo 2 está dedicado a las obligaciones generales de los Estados y establece cómo deben aplicar los Estados los derechos de la Declaración. El párrafo 2 de este artículo exige a los Estados que presten especial atención a lxs jóvenxs en la aplicación de los derechos contenidos en la Declaración. Esta atención especial es necesaria para combatir la discriminación de lxs jóvenxs relacionada con la edad. Por lo tanto, todos los derechos de lxs campesinxs deben leerse a la luz de esta lucha contra la discriminación de lxs jóvenxs.

El artículo 17 de la Declaración está dedicado al derecho a la tierra. Este derecho es uno de los mayores avances de la Declaración, y la mención a lxs jóvenxs en su apartado 6 sobre la reforma agraria debe ser destacada y especialmente utilizada para avanzar en los derechos de lxs jóvenxs. El párrafo 6 obliga a los Estados a llevar a cabo reformas agrarias para garantizar una distribución equitativa de la tierra y los recursos naturales. Este párrafo deja claro que en las redistribuciones de tierras, lxs jóvenxs deben estar entre las poblaciones prioritarias, junto con lxs campesinxs sin tierra. Esta mención específica de lxs jóvenxs ilustra la obligación de los Estados de tener en cuenta la discriminación que sufren lxs jóvenxs, en este caso la de no tener acceso a la tierra por su edad. También es la marca de una Declaración de los Derechos de lxs Campesinxs con visión de futuro.

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