Celebrado en el contexto del más reciente informe del Grupo de Trabajo de la ONU, centrado específicamente en el derecho a la participación de los pueblos rurales, el debate exploró cómo este derecho —lejos de ser una formalidad procedimental— constituye una piedra angular de la gobernanza democrática y un pilar central de los derechos civiles y políticos de los pueblos rurales. El webinario creó un espacio de intercambio entre actores de base y mecanismos internacionales de derechos humanos, fortaleciendo los puentes entre las luchas locales y la incidencia a nivel global.

El webinario situó en el centro del debate las conclusiones del informe del Grupo de Trabajo de la ONU, examinando:

• La importancia democrática y política de la participación en el marco de la UNDROP
• Los obstáculos que impiden a las comunidades rurales influir en la toma de decisiones públicas
• Las recomendaciones del Grupo de Trabajo a los Estados
• Estrategias prácticas y buenas prácticas que fortalecen una participación significativa
• El papel de la incidencia colectiva y la solidaridad en el avance de la implementación

Panelistas:

• Carlos Duarte, actual Presidente del Grupo de Trabajo de la ONU sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales
• Loupa Pius, Alianza Mundial de Pueblos Indígenas Móviles (WAMIP)
• Modesta Arévalos Ortiz, Federación Internacional de Movimientos Católicos de Adultos Rurales (FIMARC)
• Jones Spartegus, Foro Mundial de Pescadores y Trabajadores de la Pesca (WFFP)
• Norah Mlondobozi, Asamblea de Mujeres Rurales (RWA)
• Saúl Vicente, Unidad de la Fuerza Indígena y Campesina (UFIC – México)
• Paula Gioia, La Vía Campesina (LVC)

A través de sus intervenciones, las y los panelistas compartieron experiencias regionales, perspectivas comunitarias y estrategias de los movimientos para fortalecer la participación a nivel local, nacional e internacional.

Les invitamos a ver la grabación y a sumarse a este importante diálogo como parte del esfuerzo colectivo más amplio para garantizar que quienes alimentan al mundo y protegen sus ecosistemas estén plenamente incluidos en la definición de las políticas y decisiones que determinan su futuro.

Webinario celebrado el 10 de diciembre de 2025.

La entrada Video de nuestro webinario | Nada sobre nosotrxs sin nosotrxs – Hacer efectivo el derecho a la participación de los pueblos y personas trabajadoras rurales mediante la UNDROP se publicó primero en Defending Peasants' Rights.

París, Ginebra, 15 de enero de 2026. La Confédération paysanne y el Centro Europa – Tercer Mundo (CETIM) presentaron hoy una denuncia oficial ante varios Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, tras el arresto y la detención policial de 52 campesinos y campesinas, ocurrido ayer 14 de enero de 2026, durante una manifestación en París.

Durante esta movilización, alrededor de 150 campesinos y campesinas se dirigieron al Ministerio de Agricultura en París. La acción se desarrolló sin violencia: las y los manifestantes ingresaron a pie al vestíbulo de la Dirección General de la Performance Económica y Medioambiental de las Empresas (DGPE), desplegaron pancartas y ocuparon el lugar con el fin de hacer oír sus reivindicaciones.

La manifestación fue organizada para interpelar a las autoridades sobre la gestión de la crisis de la dermatitis nodular contagiosa (DNC), las amenazas vinculadas al acuerdo UE–Mercosur y, de manera más general, para denunciar políticas agrícolas estructuralmente desfavorables para la campesinado. A pesar de la ausencia de violencia, las fuerzas del orden procedieron a un cerco y a arrestos masivos, dirigidos en particular contra responsables sindicales nacionales e internacionales.

El informe presentado ante las Naciones Unidas documenta graves vulneraciones de las libertades fundamentales, en particular la libertad de asociación y de reunión pacífica, la libertad de opinión y de expresión, la libertad sindical, así como los derechos específicos de los campesinos y campesinas, tal como están consagrados en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales (UNDROP).

Mediante esta acción, la Confédération paysanne y el CETIM solicitan a los mecanismos de la ONU que intervengan con carácter de urgencia ante las autoridades competentes para que Francia respete sus obligaciones internacionales, ponga fin a la criminalización de las movilizaciones campesinas y garantice el ejercicio efectivo de los derechos de los campesinos y campesinas.

Leer también el comunicado de prensa de la Confédération paysanne:
https://www.confederationpaysanne.fr/actu.php?id=16339

Contactos:

Confédération paysanne – Emilie Deligny, Secretaria general+33 6 36 58 17 26, edeligny@confederationpaysanne.fr

CETIM – Raffaele Morgantini, Representante del CETIM ante la ONU+41 79 660 65 14, raffaele@cetim.ch

La entrada Detención de 52 campesinas/os: la Confédération paysanne y el CETIM recurren a los mecanismos de la ONU se publicó primero en Defending Peasants' Rights.

Antecedentes

Las semillas son fundamentales para los sistemas alimentarios, la biodiversidad, la cultura y los medios de vida rurales. Constituyen el punto de partida de la producción de alimentos y son fundamentales para la forma en que los campesinos y los pueblos indígenas han desarrollado, preservado y transmitido a lo largo de generaciones los conocimientos agrícolas adaptados a las diversas condiciones ecológicas.

Las semillas desempeñan un papel fundamental en el mantenimiento de la biodiversidad agrícola, ya que encarnan la diversidad genética necesaria para mejorar la resiliencia frente a las plagas, las enfermedades, la degradación ambiental y la variabilidad climática. Más allá de su función biológica, las semillas también están estrechamente vinculadas al patrimonio cultural, las relaciones sociales y, en algunos contextos, las prácticas espirituales y ceremoniales.

Para los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales de todo el mundo, incluidos los pueblos indígenas, los pastores, los pescadores y los pueblos forestales, las semillas son inseparables de sus medios de vida y su autonomía. La capacidad de cultivar, cosechar, conservar, intercambiar y mejorar las semillas es la base de la seguridad alimentaria, la generación de ingresos, la autodeterminación y la sostenibilidad de las comunidades rurales. Los sistemas campesinos de semillas han sostenido históricamente una amplia diversidad de cultivos y variedades vegetales adaptados a los ecosistemas y las condiciones climáticas locales, contribuyendo a la soberanía alimentaria, la nutrición y la resiliencia.

La Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales (UNDROP) reconoce explícitamente el derecho a las semillas (artículo 19), incluido el derecho de los campesinos a conservar, utilizar, intercambiar y vender semillas y material de propagación conservados en las explotaciones agrícolas. La realización de este derecho está estrechamente relacionada con otros derechos reconocidos en la UNDROP, como el derecho a la alimentación y la soberanía alimentaria (artículo 15), los derechos a la tierra y otros recursos naturales (artículo 17), los derechos relacionados con la biodiversidad (artículo 20), el derecho a un medio ambiente seguro, limpio, saludable y sostenible (artículo 24) y el derecho a participar en los procesos de toma de decisiones que afectan a la vida de los campesinos (artículo 10). Del mismo modo, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (UNDRIP) reconoce los derechos de los pueblos indígenas a mantener, controlar, proteger y desarrollar sus conocimientos tradicionales, innovaciones y patrimonio cultural, incluidos los recursos genéticos y las semillas (artículo 31), en relación con sus derechos a las tierras, los territorios y los recursos, la libre determinación y el desarrollo.

Los marcos internacionales en materia de medio ambiente y agricultura refuerzan la protección de los sistemas campesinos de semillas. El Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) afirma la importancia de conservar la diversidad biológica, el uso sostenible de sus componentes y la distribución equitativa de los beneficios derivados de los recursos genéticos, al tiempo que reconoce los conocimientos y prácticas tradicionales de los pueblos indígenas y las comunidades locales. El Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura (TIRFAA) reconoce el papel fundamental de los agricultores en la conservación y mejora de los recursos fitogenéticos y afirma los derechos de los agricultores, incluida la protección de los conocimientos tradicionales, la distribución equitativa de los beneficios y la participación en la toma de decisiones sobre los recursos fitogenéticos.

A pesar de estos marcos normativos, los sistemas de semillas en todo el mundo se ven cada vez más condicionados por los avances jurídicos, económicos y tecnológicos, que en algunos contextos pueden socavar los sistemas campesinos de semillas. Entre ellos pueden figurar las leyes restrictivas sobre semillas y los regímenes de certificación, la protección de la propiedad intelectual, los acuerdos comerciales y de inversión, la concentración empresarial en el sector de las semillas y la digitalización de los recursos genéticos. Estos acontecimientos han suscitado preocupación por la marginación de las prácticas tradicionales, la erosión de la diversidad de semillas, la apropiación indebida de los conocimientos tradicionales y las desigualdades persistentes, incluida la discriminación estructural y por motivos de género.

En consonancia con su mandato de promover y supervisar la aplicación de la UNDROP, el Grupo de Trabajo sobre los Campesinos está preparando un informe temático para aclarar el contenido y el alcance del derecho a las semillas, evaluar los retos y las buenas prácticas en su aplicación y formular recomendaciones a los Estados y otros actores para garantizar que los marcos de gobernanza de las semillas sean compatibles con los derechos humanos, la conservación de la biodiversidad y la soberanía alimentaria.

El Grupo de Trabajo alienta a los Estados, las organizaciones internacionales y regionales, las instituciones nacionales de derechos humanos, las organizaciones de la sociedad civil, los movimientos campesinos, los pueblos indígenas, los académicos, los actores del sector privado y otras partes interesadas pertinentes a que presenten sus contribuciones. Se alienta especialmente a los titulares de derechos y a sus organizaciones representativas a que presenten sus contribuciones.

Preguntas clave y tipos de contribuciones/comentarios solicitados

Las semillas en su contexto: importancia y práctica

1. ¿Cuál es la importancia social, cultural, económica y medioambiental de las semillas en su contexto local, nacional o regional, incluyendo su contribución a la seguridad alimentaria, los medios de vida y la sostenibilidad medioambiental?
2. ¿Qué prácticas existen en su país y/o comunidad para cultivar, cosechar, conservar, intercambiar, compartir y mejorar las semillas?
3. ¿Cómo se distribuyen las funciones y responsabilidades relacionadas con las semillas dentro de las comunidades o sociedades, incluyendo entre mujeres, hombres, jóvenes, pueblos indígenas y otros grupos?

Marcos nacionales e internacionales

4. ¿Qué leyes, reglamentos o políticas nacionales rigen el almacenamiento, el uso, el intercambio y la venta de semillas campesinas, incluidas las medidas para su protección? ¿En qué medida son eficaces estos marcos para reconocer y defender el derecho a las semillas y apoyar la conservación de las semillas autóctonas y tradicionales?
5. ¿Cómo abordan los marcos jurídicos y políticos nacionales los intereses de los campesinos y las comunidades rurales en relación con los de los actores comerciales del sector de las semillas?
6. ¿Cómo se han reflejado en las leyes y políticas nacionales los instrumentos internacionales relacionados con los derechos de los campesinos, las semillas y la biodiversidad, incluidos la UNDROP, la UNDRIP, el CDB y el TIRFAA, y qué repercusiones o beneficios concretos han tenido para los campesinos y las comunidades rurales?

Desafíos, respuestas y buenas prácticas

1. ¿Cuáles son los principales desafíos o amenazas que se enfrentan en el ejercicio del derecho a las semillas, y cómo han respondido a ellos las comunidades, organizaciones o autoridades?
2. ¿Qué mecanismos nacionales, regionales o internacionales se han utilizado para promover o defender el derecho a las semillas, y cuál ha sido su eficacia?
3. ¿Qué lagunas siguen existiendo en la protección y el apoyo al derecho a las semillas? Comparta ejemplos de leyes, políticas, prácticas o iniciativas comunitarias que podrían reforzarse, replicarse o ampliarse.

Próximas etapas

Las contribuciones/comentarios pueden enviarse por correo electrónico. Deben recibirse antes del 19 de febrero de 2026.

Se pueden incluir materiales de apoyo adicionales, como informes, estudios académicos o documentos de referencia, como anexos o a través de enlaces web.

A menos que se especifique lo contrario por parte de quienes las envíen, las contribuciones se harán públicas en el sitio web del Grupo de Trabajo.

Dirección de correo electrónico: hrc-wg-peasants@un.org

Asunto del correo electrónico: Contribución al informe del CDH sobre las semillas

Límite de palabras o páginas:
1000 palabras

Formatos de archivo:
Word, PDF

Idiomas aceptados:
inglés, francés, español

La entrada Llamado a contribuciones: Informe del Grupo de trabajo UNDROP sobre el derecho a las semillas se publicó primero en Defending Peasants' Rights.

1: ¿Qué es la Asamblea de Mujeres Rurales y cuáles son sus principales áreas de trabajo?

La Asamblea de Mujeres Rurales es una red de movimientos de campesinas, pescadoras, trabajadoras agrícolas, migrantes y mujeres sin tierra, todas ellas residentes y trabajadoras en las zonas rurales de la región del sur de África. Estamos presentes en 11 países y contamos con cerca de 200 000 miembros. Se trata, por tanto, de un movimiento muy singular de mujeres rurales en la región.

Básicamente, la Asamblea de Mujeres Rurales da voz a las mujeres rurales y les permite actuar en cuestiones relacionadas con el acceso a la tierra y al agua, el derecho a la alimentación, el derecho a las semillas y, por supuesto, nos ocupamos de cuestiones patriarcales que afectan especialmente a las mujeres de las zonas rurales. Otro aspecto fundamental de nuestro trabajo es la justicia climática, que tiene un impacto considerable en la región, debido en gran medida a los numerosos ciclones que la azotan repetidamente, así como a otras crisis climaticas relacionadas.

Además, nos ocupamos de casos de violencia de género. En este sentido, desarrollamos ciclos de estudio en diferentes países, que son espacios que nos permiten debatir sobre cuestiones relacionadas con la violencia contra las mujeres.

También somos las guardianas de nuestras semillas, porque creemos que las semillas son nuestra vida, nuestro patrimonio, nuestra identidad, que no queremos perder. Nos encontramos en una situación en la que las empresas transnacionales, las empresas semilleras, quieren que eliminemos nuestras semillas, heredadas durante generaciones y generaciones. Estamos resistiendo ante ello.

2: ¿Por qué están aquí en Ginebra esta semana? ¿Cuáles son sus expectativas?

Estamos aquí en Ginebra para la 11.ª sesión de negociaciones sobre un tratado jurídicamente vinculante para regular las empresas transnacionales. Estamos aquí porque nuestras comunidades sufren a diario la violencia de las empresas transnacionales. A las personas de las comunidades les están arrebatando sus tierras, donde nosotras, las mujeres, cultivamos. También tenemos problemas relacionados con la crisis climática, como ya se ha dicho. Estas empresas deberían pagar por la contaminación, los daños y las pérdidas que sufrimos cada año. Sequías, inundaciones, entre otros hechos. Por eso estamos aquí, para contribuir a la elaboración de un tratado vinculante que responsabilice a estas empresas. Nuestro objetivo es que se apruebe el tratado para poder prevenir estas catástrofes.

Estamos aquí para hacer oír nuestra voz, porque cuando estamos en nuestros países podemos emitir declaraciones, pero estas no llegan a las Naciones Unidas. Por eso estamos aquí, en múltiples movimientos y comunidades, y una voz colectiva de diferentes países puede tener peso..

Estamos aquí como parte de la Campaña Global para Reivendicar la Soberania de los Pueblos, Desmantelar el Poder Corporativo y Poner fin a la Impunidad, una potente coalición de movimientos sociales, organizaciones progresistas y comunidades afectadas por las transnacionales, para plantear los problemas de las mujeres rurales del Sur Global. Estar aquí es fundamental para nosotras y forma parte de nuestra estrategia de incidencia como Asamblea de Mujeres Rurales. Queremos invertir y participar en diferentes plataformas para defender nuestros intereses a nivel local, nacional e internacional, y utilizar estos espacios de formulación de políticas globales o incluso los instrumentos de las Naciones Unidas para amplificar realmente nuestra voz.

3: ¿Cómo se relaciona la lucha por un tratado vinculante fuerte para regular las empresas transnacionales con la protección y la aplicación de los derechos campesinos, tal y como se describe en la UNDROP?

Hay una fuerte conexión. Me complació mucho saber que en el artículo 15.7 del borrador del tratado vinculante se ha incluido una disposición sobre los derechos campesinos y las poblaciones rurales, que ha recibido un fuerte apoyo de casi todos los países, en particular de Colombia y Palestina. El hecho de que los derechos campesinos se incluyan en este tratado dice mucho de la UNDROP. Este instrumento nos ayudará a impulsar nuestra agenda, de promoción y aplicación de la UNDROP en nuestros países. Nuestros países, por ejemplo Sudáfrica, votaron en favor de la declaración en 2018, pero todavía no contamos con una política que aplique la UNDROP. La existencia de este tratado vinculante reforzará nuestra labor de promoción y nuestro trabajo en nuestros países para garantizar que nuestros gobiernos rindan cuentas de la aplicación de ambos instrumentos. Por lo tanto, estos dos marcos jurídicos serán vehículos clave que utilizaremos en nuestras estrategias de promoción.

Es necesario resaltar que las violaciones que cometen las empresas transnacionales afectan precisamente los derechos que nos otorga la UNDROP. En particular, el derecho a las semillas, el derecho a la tierra y el derecho al agua. Cuando se adopte este tratado, dispondremos de una herramienta vinculante a la cual podremos recurrir para defendernos.

4: ¿Cómo afectan las actividades de las empresas transnacionales a sus comunidades?

En primer lugar, las empresas transnacionales quieren quitarnos nuestras semillas e imponer sus propias semillas industriales. Estas entidades vienen contaminando nuestra agua, causando enfermedades. La contaminación no solo afecta a las personas, sino también a los animales y los cultivos. Como resultado, padecemos enfermedades que ni siquiera reconocemos; a veces, incluso nuestros propios países nos dicen que no saben cómo tratarlas. Estos son los impactos a los que nos enfrentamos como resultado de lo que las empresas transnacionales están haciendo en nuestras comunidades.

La soberanía sobre las semillas ya no es un derecho. Las semillas han sido mercantilizadas por las empresas transnacionales. Se han convertido en una fuente de acumulación de capital en detrimento de la población rural pobre. Nuestros gobiernos ignoran que nuestras semillas son resistentes a los efectos del cambio climático. Nuestras semillas se pueden plantar varias veces. Cuando se compran semillas híbridas, solo duran un año. Si se intenta plantarlas después, no germinan. Nuestras semillas, en cambio, son resistentes: podemos plantarlas durante muchos años. Por lo tanto, tenemos seguridad alimentaria en casa y en la comunidad. Nuestras semillas son perfectas. No son perjudiciales. Tienen propiedades curativas y muchos nutrientes. Los alimentos que se obtienen de ellas se pueden cocinar de diferentes maneras. Se dice que hay hambre en Zambia. Eso es porque se sigue el pensamiento del mundo empresarial. Si pudiéramos pensar como piensan las mujeres rurales, habría mucha comida en Zambia. Ni siquiera debería haber hambre allí. Por lo tanto, este tratado también nos ayudará y protegerá nuestras semillas.

Las semillas híbridas son caras en comparación con nuestras propias semillas, ya que requieren fertilizantes y productos químicos. Si se plantan híbridas sin fertilizantes, no se obtiene nada. Por eso, también estamos tratando de promover nuestras propias semillas autóctonas, a pesar de las amenazas a las que nos enfrentamos por parte de nuestros gobiernos. Con el apoyo de nuestros gobiernos, las empresas transnacionales nos roban nuestras semillas, las convierten en híbridas y nos hacen pagar por ellas. Tenemos derecho a decir no a lo que nos ofrecen.

Además, están contaminando el medio ambiente y nos dicen que no debemos talar nuestros árboles para que estos puedan limpiar el carbono. Están interesados en desarrollar los mercados de créditos de carbono. Vienen a nuestras zonas y se apoderan de grandes extensiones de tierra. Dicen que ni siquiera debemos ir a recoger setas allí, que no debemos ir a recoger orugas allí. Ponen guardias para que no podamos ir a buscar leña. Así que tenemos nuestra propia tierra, pero no tenemos control sobre ella. Es muy intimidante. Venden carbono por mucho dinero, pero nosotros no obtenemos nada de eso.

También se apoderan de la tierra porque quieren explotar la minería, mientras que nosotras somos desplazadas de una tierra en la que hemos vivido durante tantos años. Incluso dañan las tumbas que se encuentran en esas tierras. Por lo tanto, es muy deshumanizante. Hay mucha impunidad en lo que hacen.

Estas empresas transnacionales han destruido nuestra tierra con la contaminación. Tienes un campo que no podrás utilizar durante los próximos 10 años porque ha sido dañado con minerales tóxicos desconocidos que han pasado por la zona. En la provincia de Copperbelt, en Zambia, que está cerca de donde vivimos, las empresas transnacionales contaminaron el río Kafue, que atraviesa todo el país. No podemos acceder al agua en tres cuartas partes de la tierra por la que pasa el río Kafue. No podemos comer ningún pescado de allí.

En Sudáfrica, los pescadores han denunciado a nuestro Gobierno —en particular a nuestro Departamento de Recursos Minerales y Energía— por realizar voladuras en el océano y por trabajar y colaborar con la empresa Shell, que buscaba petróleo en el océano en la parte oriental de Sudáfrica. Tenemos un caso similar en lo que respecta al titanio, que lleva mucho tiempo produciéndose también en la parte oriental de Sudáfrica, en Mbizana, donde las comunidades se están levantando y diciendo: «Tenemos derecho a decir no». El principio del consentimiento libre, previo e informado de las comunidades afectadas debe ser respetado. Se trata de un largo proceso judicial, y estas entidades deben rendir cuentas ahora. Deben pagar. Necesitamos reparaciones. Durante este proceso de resistencia, se han perdido vidas, defensoras han sido asesinadas y muchas están amenazadas en este mismo momento.

5: ¿Cómo han movilizado la UNDROP en África Australen favor de los derechos de las mujeres rurales?

En primer lugar, nos aseguramos de que nuestros miembros comprendieran lo que representa esta declaración y, por lo tanto, cuáles son los derechos que contiene. Llevamos a cabo una intensa labor de capacitación, educación y sensibilización entre nuestros miembros sobre sus derechos y sobre cómo involucrarse para defenderlos. Se trata de una declaración adoptada por las Naciones Unidas que todos los países deben aplicar, por lo que era fundamental para nosotros asegurarnos de que nuestras comunidades comprendieran sus derechos. Cada país tiene una estrategia de promoción, para amplificar la UNDROP en sus comunidades.

Por ejemplo, en Sudáfrica hemos llevado a cabo una campaña llamada “Una mujer, una hectárea de tierra”, para proporcionar más tierra a las mujeres. Combinamos esa campaña con la UNDROP, especialmente el derecho a la tierra, el derecho a la soberanía alimentaria y el derecho a utilizar nuestras semillas.

Como mujeres rurales de diferentes países, celebramos cada año festivales de alimentos y semillas. Lo hacemos para identificar qué semillas se han perdido, cuáles nos quedan y cómo podemos hacer un mejor uso de cada una. Ahora queremos crear bancos de semillas y campos de demostración donde podamos plantar estas semillas, para poder multiplicarlas. También desarrollamos iniciativas de intercambio de semillas. Trabajamos para aumentar nuestras reservas de semillas, de modo que, al resistirnos a las empresas transnacionales, también demostremos la fuerza de lo que tenemos.

En Suazilandia, por ejemplo, estamos involucrando a funcionarios del Gobierno en la aplicación de la UNDROP. Hemos colaborado con varios ministerios, incluido el Ministerio de Agricultura, pero aún no se han obtenido resultados concretos, ya que aún no han dado prioridad a la cuestión. También hemos comenzado a traducir la UNDROP a los idiomas locales para que sea accesible a nuestra población, a las mujeres.

6: ¿Cuál es su mensaje para los Estados del África meridional en relación con su participación en el proceso del Tratado vinculante?

Lo fundamental en este podio es escuchar las voces del Sur Global, especialmente las de nuestros gobiernos africanos. Queremos que pongan fin a la impunidad de las empresas. Tienen que actuar por nuestra gente, por nuestras comunidades, por los pobres, por nuestras naciones. En Sudáfrica, por ejemplo, tenemos una gran constitución en materia de derechos humanos. Sudáfrica ha firmado declaraciones y se ha comprometido históricamente con la UNDROP. Por lo tanto, exigimos que nuestra voz sea escuchada y que estos instrumentos sean implementados.

Nos gustaría que más países africanos participaran activamente en este proceso de negociación del Tratado vinculante. Los gobiernos deben intervenir, encontrar mercados para nuestros alimentos autóctonos y promocionarlos, y ayudar al campesinado. Si no tenemos maíz, tenemos sorgo, diferentes tipos de frijoles, yuca. Podemos preparar una comida con eso. Por lo tanto, deberían anteponer la vida de su pueblo a la protección de los llamados inversores que vienen a nuestros países solo para saquearlos. Extraen los minerales, se los llevan y, cuando regresan, nos vemos obligados a recomprar nuestros propios recursos a un precio muy elevado.

Si las empresas vienen como inversores a nuestros países, que construyan escuelas, carreteras, hospitales. El gobierno debería plantar cara y luchar por nosotras. Debenejar de mirar los beneficios y mirar las vidas de nuestro pueblo!

La entrada Impunidad corporativa y soberanía semillera: Entrevista con la Asamblea de Mujeres Rurales se publicó primero en Defending Peasants' Rights.

El Grupo de Trabajo sobre los Derechos de los Campesinos y Otras Personas que Trabajan en Áreas Rurales ha publicado un documento informativo sobre el derecho de los campesinos a las semillas, en relación con la Décima Primera Sesión del Órgano Rector del Tratado Internacional de Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura (ITPGRFA), celebrada del 24 al 29 de noviembre de 2025 en Lima, Perú. El documento ofrece un resumen de los temas clave en la agenda, incluyendo los derechos de los agricultores bajo el Artículo 9 del Tratado, el funcionamiento del Sistema Multilateral, la información sobre secuencias digitales y los arreglos de distribución de beneficios. 

El documento expone cómo los sistemas de semillas de los campesinos y los pueblos indígenas se relacionan con las obligaciones vinculantes de derechos humanos reconocidas en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y Otras Personas que Trabajan en Áreas Rurales (UNDROP), con particular atención al derecho a las semillas en el Artículo 19. Resume las principales recomendaciones del Grupo de Trabajo para el OR 11, tales como el reconocimiento de la naturaleza colectiva de los derechos de los campesinos, la revisión de las leyes nacionales de semillas y propiedad intelectual, abordar la biopiratería digital, establecer un comité permanente sobre los derechos de los agricultores y redefinir la distribución de beneficios para fortalecer los sistemas de semillas comunitarios y la conservación de la agrobiodiversidad. 

La entrada Derecho de lxs campesinxs a las semillas – Documento informativo del Grupo de Trabajo sobre los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales se publicó primero en Defending Peasants' Rights.

Ginebra, 10 noviembre 2025

Los derechos de los campesinos y los trabajadores rurales en el centro de la justicia climática

Mientras los líderes mundiales y la sociedad civil se reúnen para la 30ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP30), el Grupo de Trabajo de la ONU sobre los Derechos de los Campesinos y Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales¹ pide un cambio claro en la política climática mundial. Los campesinos, los pueblos indígenas, los pescadores, los pastores y los trabajadores rurales ya no deben ser vistos solo como víctimas de la crisis climática, sino como líderes esenciales en la restauración de los ecosistemas, la alimentación de las comunidades y la construcción de la justicia social y económica.

Alrededor de 2 mil millones de campesinos, pueblos indígenas y productores cultivan más del 70 por ciento de los alimentos que se consumen en los países de ingresos bajos y medios. También protegen gran parte de la biodiversidad del mundo, mantienen vivas las semillas y razas tradicionales y mantienen los ecosistemas y paisajes que sustentan la vida y las economías rurales. Sin embargo, reciben menos del uno por ciento de la financiación climática mundial y a menudo están excluidos de las decisiones clave sobre el futuro de la alimentación y el clima. Este desequilibrio debe terminar.

1. Alinear la acción climática con los derechos humanos

El Acuerdo de París y los derechos humanos apuntan a lograr los mismos objetivos. Los gobiernos no pueden lograr un progreso climático real mientras ignoran su deber de proteger los derechos de quienes alimentan al mundo.

Los Estados deben incluir los principios contenidos en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales (UNDROP), especialmente los derechos a la tierra, las semillas, el agua, la biodiversidad y la participación, en sus planes climáticos nacionales y estrategias de adaptación. Las políticas climáticas que pasan por alto estos derechos corren el riesgo de aumentar la pobreza, el desplazamiento y el hambre.

2.  Dirigir el financiamiento climático a soluciones lideradas por campesinos

La mayor parte del financiamiento climático aún apoya a las grandes empresas agrícolas, proyectos orientados a la exportación y mecanismos de mercado que permiten las causas y los impulsores del cambio climático, en lugar de apoyar las capacidades de quienes están en la primera línea de los impactos y las acciones innovadoras para abordar el cambio climático. El Grupo de Trabajo pide canales de financiación especiales dentro de los fondos climáticos para apoyar directamente a los titulares de derechos de la UNDROP, que incluyen campesinos, pequeños agricultores, pastores, pescadores, trabajadores rurales, pueblos indígenas y mujeres rurales. Estos fondos deben proporcionar subvenciones, no préstamos, con reglas simples y supervisión comunitaria para que el dinero llegue a quienes lo necesitan directamente de manera oportuna.

Se debe tener especial cuidado para no penalizar doblemente al Sur global obligando a los Estados a tomar préstamos para hacer frente a los daños resultantes del cambio climático que fue impulsado predominantemente por las emisiones provenientes de los estados ricos. El financiamiento para la mitigación, la adaptación y las pérdidas y daños debe verse como una forma de reparación por parte de quienes se han beneficiado de las operaciones extractivas que impulsan la crisis climática.

Las inversiones deben centrarse en la agroecología, la agricultura diversa, los sistemas de pesca y pastoreo, la regeneración del suelo, el agua y la biodiversidad, y otros métodos locales que reduzcan las emisiones y protejan la naturaleza. Las mujeres campesinas rurales, que llevan gran parte del trabajo y la responsabilidad de la seguridad alimentaria, necesitan apoyo y reconocimiento específicos.

3.  Comparta la tecnología de manera justa y respete el conocimiento

Para que la adaptación sea efectiva, la tecnología debe servir a las comunidades, no controlarlas. Instamos a los gobiernos a que cumplan sus compromisos con la UNDROP facilitando la cooperación internacional, lo que lleva a compartir la ciencia y la tecnología, junto con la creación de capacidad local.

Los Estados y las organizaciones deben promover herramientas de código abierto y de propiedad comunitaria, El derecho a guardar, compartir y desarrollar semillas y razas tradicionales es fundamental para la soberanía alimentaria y la resiliencia climática, y los Estados deben garantizar que las leyes comerciales y de patentes no criminalicen el intercambio tradicional de semillas ni fomenten la biopiratería. El conocimiento indígena y campesino, desarrollado a través de generaciones, debe tratarse como una parte central de la innovación climática.

4.  Proteger la tierra, el agua y la biodiversidad

Los objetivos climáticos no se pueden cumplir mientras continúen el acaparamiento de tierras, la deforestación, la destrucción de los ecosistemas fluviales y marinos y la expansión de los monocultivos. El Grupo de Trabajo insta a garantizar los derechos a la tierra, los recursos y el territorio, la reforma agraria y de tierras integrales, y los modelos de propiedad colectiva y gobernanza que sostengan tanto a las personas como a la naturaleza.

La captura de mercado de paisajes y componentes naturales que sustentan la vida a través de economías verdes y azules debe evitarse y denunciarse públicamente cuando se ve.

Los gobiernos deben garantizar que los proyectos de conservación y créditos de carbono no afecten negativamente el derecho de los titulares de derechos a la tierra, las semillas o la autonomía productiva, ni afecten sus medios de vida. Todos los proyectos deben involucrar la participación de los titulares de derechos locales, y los beneficios deben compartirse con ellos.

5.  Garantizar una transición justa para la población rural

El cambio hacia sistemas alimentarios sostenibles debe proteger los medios de vida de los campesinos y trabajadores rurales. Todas las inversiones climáticas, públicas o privadas, deben respetar las obligaciones de derechos humanos para evitar la pérdida de tierras, territorios y biodiversidad, el abuso laboral y el daño ambiental.

Las agroempresas que se benefician de los fondos climáticos deben demostrar el cumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, en particular las de la UNDROP. Los campesinos y otros titulares de derechos, y sus organizaciones, deben tener una voz real en las delegaciones nacionales y en los organismos de la CMNUCC que dan forma a las políticas agrícolas y de adaptación.

6.  El camino a seguir

La COP30 ofrece una oportunidad única de conectar el derecho de los derechos humanos y la política climática. El Grupo de Trabajo exhorta a los Estados a:

1. Garantizar que todos los fondos, mecanismos, propuestas y soluciones respeten los derechos humanos individuales y colectivos de los titulares de derechos, tal como se definen en la UNDROP y otros instrumentos internacionales de derechos humanos.
2. Reformar todos los fondos e instalaciones internacionales y nacionales para el clima y la adaptación² para permitir el acceso directo a los titulares de derechos de la UNDROP, incluidos los campesinos, agricultores, pescadores, pastores, pueblos indígenas, trabajadores y mujeres rurales.
3. Apoyar la cooperación tecnológica basada en los derechos, asegurando que surjan soluciones de consultas previas, y el consentimiento informado y la participación significativa de los titulares de derechos.
4. Aumentar el compromiso entre los gobiernos, los movimientos campesinos, pesqueros y pastoriles, los grupos de mujeres, las organizaciones de trabajadores rurales y los pueblos indígenas para planificar transiciones justas, informadas por los derechos de la UNDROP.

«La crisis climática es inseparable de la crisis de la injusticia rural», dijo el presidente del Grupo de Trabajo. «Los campesinos y los trabajadores rurales alimentan al mundo y enfrían el planeta. Reconocer y proteger sus derechos no es caridad, es la base de una respuesta eficaz, responsable y justa al cambio climático».

FIN

*Los expertos:

El Grupo de Trabajo sobre Campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales está compuesto por cinco expertos independientes de todas las regiones del mundo. El Presidente- Relator es Carlos Duarte (Colombia) y los Vicepresidentes son Davit Hakobyan (Armenia) y Uche Ofodile (Nigeria); otros miembros son Shalmali Guttal (India) y Geneviève Savigny (Francia).

Los relatores especiales, expertos independientes y grupos de trabajo son expertos independientes en derechos humanos nombrados por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. En conjunto, estos expertos se denominan Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Los expertos de los procedimientos especiales trabajan de forma voluntaria; no son funcionarios de las Naciones Unidas y no reciben salario por su trabajo. Si bien la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas actúa como secretaría de los procedimientos especiales, los expertos actúan a título individual y son independientes de cualquier gobierno u organización, incluidos el ACNUDH y las Naciones Unidas. Las opiniones o puntos de vista expresados son exclusivamente los del autor y no representan necesariamente los de las Naciones Unidas o el ACNUDH.

Las observaciones y recomendaciones específicas por país de los mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas, incluidos los procedimientos especiales, los órganos creados en virtud de tratados y el Examen Periódico Universal, pueden consultarse en el Índice Universal de Derechos Humanos https://uhri.ohchr.org/en/

Para consultas y solicitudes de los medios de comunicación, póngase en contacto con: Jamshid GAZIYEV, secretario del Grupo de Trabajo sobre los campesinos y los trabajadores rurales (jamshid.gaziyev@un.org)

Para consultas de los medios de comunicación relacionadas con otros expertos independientes de las Naciones Unidas, póngase en contacto con Maya Derouaz (maya.derouaz@un.org) o Dharisha Indraguptha (dharisha.indraguptha@un.org)

Siga las noticias relacionadas con los expertos independientes en derechos humanos de las Naciones Unidas en Twitter: @UN_SPExperts.

1. La UNDROP y el Grupo de Trabajo se aplican a una gama muy amplia de personas, incluidas las
   personas dedicadas a la agricultura artesanal o en pequeña escala, la plantación de cultivos, la ganadería, el pastoreo, la pesca, la silvicultura, la caza o la recolección, y la artesanía relacionada con la agricultura o una ocupación relacionada en una zona rural, junto con los pueblos indígenas, los pueblos nómadas y los migrantes, como se explica con más detalle en su artículo 1. ︎
2. Incluyendo el Fondo Verde para el Clima de la CMNUCC, el Fondo de Adaptación del Protocolo de Kioto, los Servicios para el Medio Ambiente Mundial, los Fondos de Inversión Climática administrados por el Banco Mundial y los fondos nacionales de adaptación, entre otros. ︎

La entrada Declaración del Grupo de Trabajo de la ONU sobre los Derechos de los Campesinos y otras personas que trabajan en áreas rurales con motivo de la COP30, Belém, Brasil se publicó primero en Defending Peasants' Rights.

Nota del editor:

La visita de los expertos, inicialmente planificada del 4 al 14 de noviembre de 2025, fue pospuesta a pesar de su momento crucial, tras las recientes protestas en Ecuador que fueron respondidas con un estado de excepción y medidas de represión en las que organizaciones indígenas, rurales y ambientales — entre los principales representantes de los/las titulares de derechos amparados por la UNDROP— fueron acusadas de «terrorismo» y vieron congeladas sus cuentas bancarias. Estas manifestaciones encendieron alarmas urgentes sobre problemas apremiantes directamente vinculados a la UNDROP, como los derechos a la tierra, al agua y a un medio ambiente sano, los cuales se vieron amenazados por la eliminación de los subsidios a los combustibles y el avance de proyectos mineros en territorios indígenas.

En este contexto, los expertos explicaron que una visita habría brindado una oportunidad vital para trabajar con el Gobierno a fin de encontrar respuestas basadas en los derechos humanos a estas preocupaciones.

Subrayaron que Ecuador ha reafirmado repetidamente su compromiso con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales (UNDROP). Los expertos también recalcaron que esta declaración ofrece un marco claro para abordar las desigualdades profundas que enfrentan las comunidades rurales y puede ayudar a moldear políticas públicas que promuevan la soberanía alimentaria, la preservación ambiental y la justicia social.

Leer la declaración completa:

5 de noviembre de 2025

GINEBRA – Un grupo de expertos en derechos humanos* ha anunciado hoy que su visita a Ecuador, prevista del 4 al 14 de noviembre de 2025, ha sido cancelada después de que el Gobierno solicitara reprogramarla para la segunda mitad de 2026.

«Las recientes protestas en todo el país reflejan preocupaciones profundas sobre los derechos a la tierra y al agua, la degradación medioambiental, así como el aumento del coste de la vida y la creciente inseguridad y violencia», ha declarado el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre los derechos de los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales.

«Una visita al país en este momento nos habría permitido colaborar con el Gobierno para identificar soluciones de derechos humanos a estas cuestiones urgentes».

Los expertos señalaron que la visita habría sido una oportunidad valiosa para entablar un diálogo constructivo con el Gobierno y las comunidades para la promoción de los derechos de los campesinos y los trabajadores rurales en Ecuador.

«La visita al país habría brindado una plataforma importante para identificar enfoques basados en los derechos humanos frente a los desafíos urgentes que enfrentan actualmente las comunidades campesinas e indígenas en Ecuador», afirmó el Grupo de Trabajo. «A la luz de las recientes protestas y la respuesta del Gobierno a las mismas, este diálogo habría sido especialmente relevante para debatir formas de abordar las causas subyacentes de los conflictos y fortalezer la confianza entre las comunidades y las instituciones».

Los expertos reiteraron que el reconocimiento progresivo por parte de Ecuador de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales (UNDROP) ofrece una hoja de ruta concreta y basada en principios para abordar las desigualdades e injusticias estructurales que afectan a las comunidades campesinas, los pueblos indígenas, los pescadores artesanales y los trabajadores rurales.

«Seguimos convencidos de que la implementación de la UNDROP puede ayudar a orientar las políticas públicas para garantizar la soberanía alimentaria, la protección del medio ambiente y la justicia social», señalaron los expertos, expresando asimismo su disposición a apoyar y cooperar con las autoridades ecuatorianas en la promoción de los derechos de los campesinos y los trabajadores rurales en el país.

El Grupo de Trabajo sobre los Campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales está compuesto por cinco expertos independientes de todas las regiones del mundo. El presidente-relator es Carlos Duarte (Colombia) y los demás miembros son Geneviève Savigny (Francia), Shalmali Guttal (India), Uche Ewelukwa Ofodile (Nigeria) y Davit Hakobyan (Armenia).

Los relatores especiales, expertos independientes y grupos de trabajo son expertos independientes en derechos humanos nombrados por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. En conjunto, estos expertos se denominan «procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos». Los expertos de los procedimientos especiales trabajan de forma voluntaria; no son funcionarios de las Naciones Unidas y no reciben un salario por su trabajo. Si bien la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas actúa como secretaría de los procedimientos especiales, los expertos actúan a título individual y son independientes de cualquier gobierno u organización, incluidos el ACNUDH y las Naciones Unidas. Las opiniones o puntos de vista expresados son exclusivamente los del autor y no representan necesariamente los de las Naciones Unidas o el ACNUDH.

Las observaciones y recomendaciones específicas por país de los mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas, incluidos los procedimientos especiales, los órganos creados en virtud de tratados y el Examen Periódico Universal, pueden consultarse en el Índice Universal de Derechos Humanos https://uhri.ohchr.org/en/.

Página de la ONU sobre derechos humanos, página del país: https://www.ohchr.org/es/countries/ecuador

Para consultas y solicitudes de los medios de comunicación, póngase en contacto con: Jamshid GAZIYEV, Secretario del Grupo de Trabajo sobre los campesinos y los trabajadores rurales (jamshid.gaziyev@un.org ).

Para consultas de los medios de comunicación relacionadas con otros expertos independientes de las Naciones Unidas, póngase en contacto con Maya Derouaz (maya.derouaz@un.org ) o Dharisha Indraguptha (dharisha.indraguptha@un.org )

Siga las noticias relacionadas con los expertos independientes en derechos humanos de las Naciones Unidas en X: @UN_SPExperts.

La entrada Ecuador pospone la visita del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre los derechos de los campesinos se publicó primero en Defending Peasants' Rights.

El informe, que pide medidas concretas para la realización efectiva del derecho de participación de las poblaciones rurales, examina el papel central de los/las campesinos/as y los/as trabajadores/as rurales en los sistemas alimentarios mundiales y destaca la importancia de su participación significativa en los procesos de toma de decisiones. Además, describe cómo la garantía de los derechos legales de los/las campesinos, incluida la participación, es esencial para promover la justicia social, fomentar la gestión medioambiental y lograr el desarrollo sostenible.

Lea el informe completo:

Lea también la declaración pronunciada por el actual presidente del Grupo de Trabajo, Carlos Duarte, ante la Asamblea General de las Naciones Unidas al presentar este informe:

La entrada El derecho a la participación – 3er informe del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la UNDROP se publicó primero en Defending Peasants' Rights.

Entre otros objetivos, este evento pretendía poner de relieve los múltiples retos a los que se enfrentan actualmente las comunidades rurales en todo el mundo. También tenía como objetivo explorar cómo la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales (UNDROP) puede influir en los marcos jurídicos y en las políticas publicas para proteger mejor a estas comunidades, reforzar sus derechos y promover la justicia social. Por último, el evento permitió destacar la movilización de los movimientos campesinos y las organizaciones rurales de toda América Latina, que trabajan a todos los niveles para promover y aplicar la UNDROP.

Como moderadora, Sibylle Dirren, representante de FIAN Internacional ante la ONU, destacó el papel crucial de la UNDROP como poderosa herramienta para defender y promover los derechos de las comunidades rurales.

Carlos Duarte, presidente del Grupo de Trabajo de Expertos de la ONU sobre los derechos campesinos y otras personas que trabajan en zonas rurales, recordó la crítica situación de las comunidades rurales, que se enfrentan al despojo, la falta de acceso a la tierra y al agua, así como al acaparamiento de los recursos naturales. Lamentó las dificultades de las organizaciones campesinas para hacerse oír en los foros internacionales, como las COP o el Convenio Mundial sobre la Diversidad Biológica, a pesar de que estas comunidades se ven directamente concernidas por la protección de la biodiversidad y los retos climáticos. El Sr. Duarte también señaló la persecución y la represión de que son víctimas lxs líderxs campesinxs en muchas regiones del mundo. Por último, insistió en la necesidad de reforzar la participación de las mujeres rurales, a menudo invisibilizadas a pesar de ser «la columna vertebral del mundo campesino».

Alfonzo Simon Raylan, representante del Sindicato de Trabajadores del Mar (SITRAMAR), organización miembro del Foro Mundial de Pueblos Pescadores, dio la voz de alarma sobre la situación de las comunidades pescadoras artesanales de la región indígena de Ngöbe-Buglé (Panamá). Desde 2010, con el pretexto de la conservación del medio ambiente, una prohibición de la pesca priva a estas comunidades de su principal fuente de subsistencia, lo que agrava la pobreza y el hambre. Las poblaciones viven en condiciones difíciles, con acceso limitado a la educación, la atención sanitaria y los servicios básicos. El Sr. Raylan denunció la falta de apoyo del Estado y la violenta represión que sufren los pueblos indígenas cuando defienden sus derechos.

Tres representantes de La Vía Campesina del continente latinoamericano compartieron sus experiencias a través de mensajes vídeo. Martha Huertas Moya, miembro de FENACOA/La Vía Campesina Colombia, presentó un balance alentador para el campesinado colombiano, marginado durante mucho tiempo. El reconocimiento de los derechos campesinos en la Constitución del país y en las políticas públicas ha permitido una mejor distribución de la tierra y la garantía de derechos antes inaccesibles. No obstante, insistió en la necesidad de crear una jurisdicción agraria y rural y de aumentar los presupuestos asignados al mundo campesino para consolidar estos avances. Arturo Aliaga, miembro de la ANAP/La Vía Campesina Cuba, destacó los avances concretos en materia de derechos campesinos, soberanía alimentaria y agroecología en el país. El representante campesino declaró que, gracias a la voluntad política afirmada de las autoridades publicas y a la capacidad de la ANAP de participar directamente en la elaboración de políticas y en la creación de marcos legislativos en la materia, la promoción y la aplicación de la UNDROP son ahora una realidad. Anderson Amaro, representante del MPA/La Vía Campesina Brasil, presentó la forma en que los movimientos sociales rurales brasileños movilizan la UNDROP en su lucha por unas condiciones de vida y de trabajo dignas. Más concretamente, el líder campesino se refirió a la estrategia de promoción en curso, cuyo objetivo es integrar la Declaración en la labor de los actores del sistema judicial nacional, los ministerios competentes y la agenda parlamentaria nacional y departamental.

Adriana Fillol Mazo, profesora de la Universidad de Sevilla y de la Academia de Ginebra, presentó la UNDROP como una herramienta jurídica concreta para proteger a las comunidades rurales. Sin embargo, señaló la existencia de varias amenazas, como la digitalización y las tecnologías agrícolas, que pueden aumentar la dependencia y la exclusión. La falta de relevo generacional también fragiliza el futuro de la agricultura campesina. Las mujeres rurales también se enfrentan a importantes obstáculos para acceder a la tierra y a una vida digna. A esto se suman la presión económica, la violencia y la incertidumbre climática, que están provocando una crisis silenciosa de salud mental en las zonas rurales. Concluyó haciendo un llamamiento para que se considere a lxs campesinxs, pescadorxs y pueblos indígenas no como problemas que hay que gestionar, sino como socios estratégicos esenciales para construir sistemas alimentarios justos, resilientes y sostenibles.

Raffaele Morgantini, representante del CETIM ante la ONU, clausuró el evento con una nota de esperanza para las comunidades rurales, gracias al surgimiento de jurisprudencias progresistas. De hecho, en varios sistemas judiciales están apareciendo sentencias favorables a los derechos campesinos. En Honduras, la Corte Suprema invocó la UNDROP para proteger las semillas campesinas contra la «ley Monsanto», una ley aprobada por el Parlamento que favorecía las semillas industriales y que, por lo tanto, fue derogada. En Colombia, la Corte Constitucional concedió su protección a una pareja de campesinos obligados a abandonar sus tierras tras repetidas inundaciones. En febrero de 2020, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó una sentencia en la que ordenaba el restablecimiento de una población indígena en sus tierras ancestrales, utilizando de manera complementaria la UNDROP y la UNDRIP (Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas). Existen otros ejemplos en Kenia o Canadá, que abarcan derechos relacionados con las semillas y la salud. El Sr. Morgantini destacó que estos avances no habrían sido posibles sin las sólidas alianzas entre los movimientos campesinos, lxs defensorxs de los derechos humanos, lxs juristas, lxs académicxs y el compromiso de las autoridades públicas. Estas colaboraciones permiten transformar los principios en acciones concretas en las comunidades rurales, los tribunales y las políticas nacionales.

Leer también nuestra entrevista exclusiva al Presidente del Grupo de trabajo Carlos Duarte y nuestro articulo sobre el informe de dicho Grupo de trabajo presentado ante la 60a sesion del Consejo de los derechos humanos

La entrada Evento paralelo en la ONU: Desafíos y buenas prácticas en la promoción de los derechos campesinos y trabajadores rurales en América Latina se publicó primero en Defending Peasants' Rights.

Artículo publicado en julio de 2025 por la Padova University Press (disponible solo en inglés).

En este artículo académico, Alexandre Mortelette examina cómo los actores de la sociedad civil, principalmente La Vía Campesina, CETIM y FIAN Internacional, contribuyeron a la co-construcción de la UNDROP al traducir las demandas de base en normas jurídicas internacionales mediante un proceso inclusivo, participativo e iterativo.

La entrada Cuando la sociedad civil siembra las semillas del cambio normativo: el papel de los actores no estatales en la adopción de la UNDROP se publicó primero en Defending Peasants' Rights.

La conversación tuvo lugar durante su visita a Ginebra, con motivo de la presentación ante el Consejo de Derechos Humanos del informe recién publicado sobre los desafíos sistémicos que enfrentan los pueblos rurales a nivel mundial. Duarte detalló el proceso de elaboración del documento — marcado por una destacada participación de la sociedad civil — y subrayó sus principales hallazgos y recomendaciones dirigidas a los Estados.

A lo largo de la entrevista, Duarte también reforzó el papel del Grupo de Trabajo que actualmente preside, destacando la importancia de fortalecer la articulación con organizaciones campesinas y rurales como una estrategia clave para avanzar en la implementación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en Zonas Rurales (UNDROP) a nivel global.

Lea la entrevista completa:

• ¿Podría recordarnos qué es el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Declaración UNDROP, ¿cuál es su mandato y cuáles son sus principales objetivos?

Nuestro objetivo principal es trabajar en la difusión de la Declaración a nivel mundial, acompañar técnicamente a los Estados y a la sociedad civil en la comprensión de este instrumento y en su debida implementación. Asimismo, nos interesa mucho, velar por que los derechos de nuestros titulares de derecho, lxs campesinxs y trabajadorxs rurales no sean infligidos por los Estados o por otros actores de la sociedad. Y cuando eso suceda, señalarlo en los mecanismos que tenemos dispuestos.

El Grupo de trabajo está compuesto por cinco expertos y expertas a nivel mundial. Tenemos una experta que tiene todo su trabajo en el proceso de la declaración y forma parte de la Vía Campesina que, es Geneviève Savigny. Ella representa a Europa Occidental, América del Norte, Australia y Japón. También están los representantes de Europa Oriental (Davit Hakobyan), de Asia (Shalmali Guttal) y de África (Uche Ewelukwa Ofodile).

Un poco agregando en el caso mío, yo fui elegido para América Latina y el Caribe.Para mi elección, tuve el apoyo de tres organizaciones campesinas grandes de Colombia que fueron el Coordinador Nacional Agrario, la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina y la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos. Estas tres organizaciones apoyaron mi candidatura y también al Ministerio de Agricultura de Colombia.

• Bajo su presidencia, el Grupo de Trabajo acaba de presentar ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU un informe sobre las tendencias y los riesgos emergentes que enfrentan los titulares de derechos de la UNDROP. ¿Cómo fue el proceso de elaboración de dicho informe?

Nosotros tenemos varias formas de relacionamiento tanto con los Estados como con la sociedad civil y nuestros titulares de derecho.

Quizás la herramienta más próxima que tenemos y que intentamos que se refleje directamente en nuestros informes son las contribuciones que recibimos de parte de la sociedad civil y de los Estados. Este informe se alimenta de contribuciones del año 2024 y 2025 para resaltar los principales retos que enfrentan las comunidades campesinas, así también como para recoger buenas prácticas que existen a nivel mundial. Esa es la herramienta más importante, pero no solamente tenemos esa. También tenemos llamamientos a comunicados que nos hace la sociedad civil, tenemos también visitas técnicas que hacemos tanto a los Estados como a la sociedad civil en apoyo a la implementación de la declaración.

Los diferentes colegas hemos venido acompañando y viajando a nuestras diferentes regiones para acompañar las organizaciones sociales. Y eso también ha sido un insumo importante para este informe. Asimismo, en no pocas ocasiones, organizaciones sociales o diferentes plataformas de ONGs nos invitan a ir a los países para trabajar en el terreno. Este año estuvimos acompañando discusiones alrededor de la alimentación en Argentina, de las semillas en Guatemala, del agua y de las mujeres rurales en Ecuador. Pero también hemos participado en eventos como el del Foro de Nyéléni, al que asistió la compañera Shalmali Guttal, y vamos a participar en el CFS en Roma con Geneviève Savigny. También hemos participado en la COP16 en Cali, donde intentamos mantenernos al tanto de lo que está pensando la sociedad civil y de los debates que se están dando.

También nos alimentamos de bibliografía especializada, de informes oficiales tanto de países como del sistema de Naciones Unidas, para generar un informe que tenga múltiples fuentes de entrada y que, en la medida de lo posible, se pueda cruzar y verificar la información que estamos aportando.

• ¿Cuáles fueron los principales hallazgos y retos identificados en el informe?

Este informe busca evaluar cuál es la situación de lxs campesinxs y trabajadorxs rurales en el mundo y, más extensamente, de todos las y los titulares de derechos. Hace más o menos 12 años, el Comité Consultivo del Consejo de Derechos Humanos de la ONU se encargó de realizar un balance que fue el que sirvió de insumo para generar la Declaración – al darse cuenta de que la situación del campesinado a nivel mundial era crítica. Nuestro objetivo fue ver cómo ha evolucionado la situación desde entonces.

Encontramos que lamentablemente la situación de las poblaciones rurales, de los sujetos de derecho, sigue siendo crítica en el mundo. Las brechas de desigualdad entre las poblaciones rurales y urbanas no han dejado de aumentar. Es más, incrementaron con la pandemia y con las serias inestabilidades, los conflictos y otros procesos asociados al cambio climático. Lamentablemente, tenemos que decir que las poblaciones rurales son las que más hambre experimentan en el mundo, lo cual es una paradoja absoluta. Porque pues, las personas que producen los alimentos son los que más hambre experimentan. Y, definitivamente, hemos notado tres elementos que aparecen transversales en nuestro informe.

Primero, existe una preocupación por la pérdida de territorios, tierra y los medios asociados a la naturaleza para la providencia de las comunidades rurales. Es decir, la tierra y las aguas han estado en constante ejercicio de privatización, tanto así que mencionamos que estamos a las puertas de una oleada de contrarreforma agraria en el mundo. Los índices de propiedad y de concentración de la propiedad han seguido aumentando, y en esa medida proponemos rescatar las políticas de reforma agraria como herramienta imprescindible para trabajar en la simetría de los derechos territoriales. Por otro lado, también proponemos ampliar el concepto de espacio territorial rural más allá de la tierra, incluyendo otras relaciones con la naturaleza, como los océanos y los ríos — territorios esenciales para las poblaciones pescadoras, su territorialidad por excelencia — así como otros espacios como los bosques. Además, es importante considerar a las poblaciones móviles, como los pueblos pastorales y los migrantes laborales.

Entonces, estamos pensando en que el sistema de los países, las Naciones Unidas, la FAO, etc., deberían incluir índices más complejos que solamente el de la propiedad de la tierra, y avanzar en percepciones mucho más territoriales para poder comprender de una mejor manera este fenómeno.

Un segundo elemento que fue muy evidente en las contribuciones fue la cuestión del papel de las mujeres rurales. Después de todos estos años, las mujeres rurales siguen experimentando unas brechas muy fuertes en su participación y en sus liderazgos políticos, pero no solamente en la participación, sino también en el acceso a titulaciones de propiedad o en mecanismos de financiamiento para proyectos de desarrollo rural. Se trata de un trabajo que necesita ser empujado transversalmente para poder cerrar las brechas con respecto a los hombres, que aún son muy importantes.

Un tercer elemento que destacamos tiene que ver con la cuestión de la persecución política o el despojo del campesinado de sus territorios. Es decir, todos los fenómenos de estigmatización continúan siendo asociados a los liderazgos campesinos-rurales, con problemáticas propias de los diferentes Estados y de los espacios rurales, como los actores políticos armados, legales e ilegales, las facciones tribales en algunos lugares, y las economías de uso ilícito. Los Estados tienden a estigmatizar a las poblaciones rurales en sus procesos, que, paradójicamente, son directamente responsabilidad de los propios Estados de control. De una u otra manera, responsabilizan estas comunidades por fenómenos que claramente están fuera de su órbita, y que normalmente ellos mismos sufren como víctimas de esos procesos. Entonces hemos visto que, a nivel mundial, los liderazgos y la defensa del medio ambiente que implementan los titulares de derechos de la UNDROP hace que recurrentemente sean objeto de persecución, criminalización y en no pocos casos de asesinatos y desapariciones forzadas.

Estos tres elementos son transversales en nuestro informe. Hay otras particularidades, pero que más o menos resumen la situación en la cual, si bien se ha avanzado en algunas cosas, la situación sigue siendo muy urgente y precaria para el campesinado y los trabajadores rurales a nivel mundial.

• ¿Qué medidas pueden adoptarse para fortalecer el diálogo y el trabajo colectivo con las organizaciones de los y las titulares de derechos, garantizando una participación efectiva desde las bases?

Yo creo que una de las acciones prioritarias para nosotros como Grupo de trabajo es dar a conocer la Declaración. Ciertamente, esta todavía no tiene el nivel de expansión del conocimiento que debiera tener. Hay múltiples factores que lo explican. Por ejemplo, en el caso africano, la Declaración no ha sido traducida a todos los idiomas tradicionales en África, ni tampoco a los idiomas indígenas de América Latina. Y eso es una restricción, porque no olvidemos que nuestra Declaración tiene que leerse en conjunto y en complementariedad con la UNDRIP (Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas), en la medida que la UNDROP y la UNDRIP son declaraciones complementarias, son declaraciones hermanas. Y tanto para nosotros en la Declaración de campesinado y trabajadores rurales, los Pueblos Indígenas también son sujetos de derecho que se incluyen en la Declaración.  La gente no puede alegar ni defender derechos, si no sabe que los tiene. Y si no conoce la Declaración, difícilmente podrá apropiarse de ella.

En segundo lugar, pensamos que para nosotros como expertxs es vital la invitación de los países y de la sociedad civil a encontrar los diferentes contextos regionales, nacionales, locales. Eso indudablemente le da mucha riqueza a nuestro trabajo. Nosotros como Grupo de trabajo no queremos ser un Grupo de trabajo encerrado en una oficina, sino que, en la medida de lo posible, buscamos estar en contacto con nuestros sujetos de derecho.

Igualmente, sabemos que la cuestión financiera es una restricción importante y tenemos que ser creativos para encontrar la manera de al menos tener el vínculo con las organizaciones sociales. Estamos trabajando con diferentes organizaciones sociales en el mundo, notablemente La Vía Campesina, para ver si podemos también organizar eventos paralelos o eventos virtuales para seguir aminorando el problema de la comunicación y superando también el problema del financiamiento para poder estar en contacto con las organizaciones y los titulares de derecho.

Indudablemente, como Grupo de trabajo, esperamos que la sociedad civil mantenga esa comunicación permanente con nosotros, bien sea a nivel de nuestra dirección mail — que nos llega a todos los miembros del Grupo de trabajo — o también a través de invitaciones que nos pueden hacer para asistir a cada uno de los países. Nosotros estamos absolutamente dispuestos, en la medida que la agenda lo permita, de visitar los diferentes países y comunidades a nivel mundial donde se nos invite. Si podemos lograr superar el financiamiento, tengan la seguridad que nosotros estaremos allá.

• A partir de los hallazgos de su informe, que además destaca algunas buenas prácticas, ¿cuáles serían sus principales recomendaciones para los Estados en la implementación de la UNDROP y en la superación de los desafíos identificados?

Para los Estados, primero que todo, la principal recomendación es avanzar en el conocimiento y en la comprensión de la Declaración. Y para eso, los Estados saben que pueden contar con el Grupo de trabajo. En segunda medida, trabajar en la implementación de la Declaración en sus países.

Hay diferentes mecanismos para implementarla. Se pueden adherir políticamente frente al Consejo de Derechos Humanos, pero lo que recomendamos, sobre todo, es su implementación práctica en las regulaciones y legislaciones nacionales. Creemos que es ahí donde la implementación de la UNDROP tiene mayor valor y potencia de materializarse, bien sea en las constituciones de los países o en decretos sectoriales que afecten directamente la vida de lxs campesinxs y poblaciones rurales.

Igualmente, me parece que una invitación importante para los Estados es pensar al campesinado y a las comunidades rurales no solamente como proveedores de alimentos —que ya por sí es una preocupación importante para las ciudades y para la seguridad y soberanía alimentaria de los países—, sino también de una manera integral. Es decir, lxs trabajadxres del campo y de las aguas no tienen solamente una dimensión económica que aporta alimentos, sino que también una dimensión cultural, territorial, ambiental y social, que es importante complementar. Deberían constituirse enfoques diferenciales en la política pública a diferentes niveles, para lograr que las comunidades rurales permanezcan en sus territorios y que tengan mejores niveles de vida digna

Otra recomendación tiene que ver específicamente con la protección y los derechos a la vida de las comunidades rurales. Esto puede sonar obvio, pero en muchos lugares hay un despojo sistemático debido a la informalidad de la propiedad o a intereses corporativos sobre la naturaleza y el territorio. Los Estados deben pensar que un despojo hoy para las y los campesinos es un peldaño que se afecta a la seguridad y la soberanía alimentaria de sus países.

También nos parece vital ampliar la participación del campesinado y de las comunidades rurales en los escenarios que le corresponden en la vida nacional. Es decir, las comunidades deberías ser consultadas sobre las decisiones que las afectan, tanto en planes, proyectos como en políticas.

• Dado el interés mostrado por países de diferentes regiones durante la presentación del informe, ¿cómo ve usted el papel de los Estados en avanzar hacia la implementación efectiva de la UNDROP en contextos nacionales e internacionales?

El compromiso fundamental de los Estados tiene que ser cumplir la Declaración en su propio país. Digamos que ese es el compromiso mínimo. Hay muchos países en los cuales el campesinado y el mundo rural es parte fundamental de su vida nacional. Muchos países en el mundo siguen siendo profundamente agrarios o rurales. Lo vimos en la presentación de los resultados de este informe: notablemente, todo el bloque africano estuvo muy interesado, así como gran parte de los países de América Latina y de Asia. Incluso países que, en apariencia, no dependen tanto de sus sociedades rurales muestran una preocupación evidente —como es el caso de Europa occidental o de organizaciones sociales de migrantes y trabajadores rurales en Estados Unidos o Canadá— donde la participación de lxs trabajadorxs rurales migrantes es fundamental para la producción de alimentos que se consumen en esos lugares.

Entonces, es una preocupación global. Si pensamos que el hambre es una de las metas del milenio, debemos entender que la protección del campesinado y de lxs trabajadorxs rurales es un pilar fundamental en la lucha contra el hambre en el mundo.

• ¿Cuáles son los próximos pasos y perspectivas futuras del Grupo de Trabajo para fortalecer la implementación y el impacto de la UNDROP?

El Grupo de trabajo tiene siempre una agenda bastante profusa. Afortunadamente, tenemos muchas invitaciones de los Estados y de la sociedad civil, sobre todo para acompañar técnicamente.

Vamos a tener nuestra primera visita a un país en noviembre: Ecuador. Es un contexto muy complejo, agridulce de alguna manera, porque es uno de los primeros países que adoptó la Declaración, ya que su Constitución eleva al mismo rango las Declaraciones y los tratados. Pero, al mismo tiempo, sabemos que hay una tensión social muy fuerte en Ecuador. Esperamos sinceramente poder acompañar al Estado en la comprensión de la Declaración y también a lxs campesinxs, y trabajadorxs rurales que tienen preocupaciones urgentes en este país.

Asimismo, tenemos una agenda de eventos donde pensamos que las preocupaciones del campesinado y del mundo rural deben ser escuchadas. Notablemente, el evento de alimentación en Roma, donde tendremos presencia. También estamos con agendas y con mucha esperanza en el segundo encuentro mundial de reforma agraria en Colombia el año que viene, así como en la COP 17 en Armenia y la COP 30 este año en Brasil. Son espacios importantes para seguir trabajando la dimensión ambiental del campesinado y su inclusión en el Convenio Global de Biodiversidad.

También tenemos varias visitas solicitadas por titulares de derechos. En el área que me corresponde más directamente, tengo compromisos para asistir a Paraguay, Panamá y diferentes lugares para seguir expandiendo el ejercicio. Notablemente, estamos totalmente a disposición de las organizaciones sociales para acompañar sus dudas y apoyarles en su interlocución con los Estados para comprender la Declaración.

• Por último, ¿cuáles son los próximos informes y temáticas que abordará el Grupo de Trabajo?

Una de las primeras actividades que tendremos este año, después de esta presentación del informe, será la presentación del segundo informe en la Asamblea de Nueva York. Este se centrará en un tema que consideramos vital: la participación política reforzada del campesinado y de todas las organizaciones rurales.

Este informe se presentará a mediados de octubre en Nueva York, y esperamos que sea un aporte a las discusiones que estamos llevando a cabo en diferentes escenarios nacionales e internacionales sobre la inclusión de las comunidades y trabajadorxs rurales en los procesos decisionales que lxs afectan.

Igualmente, ya hemos acordado dos temáticas para los informes del próximo año. El siguiente informe, en consonancia con las discusiones del segundo encuentro mundial de reforma agraria, será sobre tierra y territorialidad campesina-rural.

Y el informe de 2026 será sobre un aspecto vital para la reproducción de la vida campesina-rural: las semillas. Este tema tiene un artículo específico en la Declaración —el artículo 19— que esperamos sea un apoyo para muchas comunidades campesinas-rurales en las discusiones con el Convenio de la UPOV, que ha sido muy complejo en diferentes lugares. También será importante para comunidades y pueblos indígenas, para trabajar en consonancia el artículo 19 de la UNDROP y el artículo 25 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Creemos que ambos artículos van de la mano: tanto la propiedad intelectual de las semillas como su propiedad material.

En todos estos informes esperamos la participación de los Estados y de la sociedad civil, pero en especial de los titulares de derechos de la declaración: poblaciones campesinas, indígenas, pastoralistas, pescadores artesanales, asalariados agrícolas, migrantes legales e ilegales que también hacen parte de nuestra declaración. Esperamos contar con todas sus contribuciones, que sin duda enriquecen el debate, y tenerlas en cuenta en los informes que haremos el próximo año. Como hemos expresado anteriormente, para nosotros las contribuciones tanto de la sociedad civil como de los Estados son la principal fuente de trabajo. Se abrirán convocatorias para cada uno de estos informes y esperamos contar con un gran número de contribuciones, como en los informes de 2024 y 2025.

La entrada Entrevista exclusiva con Carlos Duarte (Presidente del Grupo de Trabajo de la ONU sobre la UNDROP) se publicó primero en Defending Peasants' Rights.

Siete años después de la adopción de la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos  Campesinos y otras personas que trabajan en zonas rurales (UNDROP), la situación sigue siendo desigual: algunos avances jurídicos y políticos son innegables, pero las violaciones y amenazas sistémicas persisten, e incluso se intensifican. Durante la 60.ª sesión del Consejo de Derechos Humanos, La Vía Campesina, representada por Alberto Silva por la organización suiza Uniterre y en nombre del CETIM, y FIAN, representada por Alfonzo Simón (Foro Mundial de Pescadores WFFP, organización panameña SITRAMAR), subrayaron la importancia de situar a lxs campesinxs y las comunidades rurales en el centro de las políticas públicas y de proteger sus derechos territoriales y de propiedad frente a las crecientes amenazas.

El segundo informe del Grupo de Trabajo de la ONU presentado ofrece un panorama impactante: acaparamiento de tierras y océanos, “green grabbing” en nombre de la compensación de carbono, violencia y criminalización de lxs defensores, discriminación persistente contra las mujeres rurales. Sin embargo, junto a estos desafíos, el informe también destaca experiencias positivas, donde reformas agrarias, mecanismos judiciales innovadores e iniciativas agroecológicas demuestran que es posible situar a lxs campesinxs en el corazón de las políticas públicas. Entre amenazas crecientes y buenas prácticas inspiradoras, este informe recuerda la urgencia de una acción colectiva para convertir la UNDROP en una verdadera hoja de ruta para la dignidad y la justicia social, económica y climática en las zonas rurales.

Síntesis del 2.º informe sobre la UNDROP: desafíos y recomendaciones

Desde el acaparamiento de tierras y océanos hasta la violencia, criminalización y represión de campesinxs y pescadores, pasando por las semillas, las crisis climáticas, la discriminación y la seguridad social, el último informe del Grupo de Trabajo ofrece un panorama de los desafíos sistémicos a los que se enfrentan las personas titulares de derechos previstos por la UNDROP.

El informe alerta especialmente sobre el aumento del “acaparamiento verde”, es decir, la apropiación de tierras con fines de compensación de carbono. Bajo el pretexto de la protección ambiental sostenible, gigantes de las energías fósiles como Shell continúan invirtiendo masivamente en proyectos de compensación, reforzando así el control de las sociedades transnacionales (STN) sobre las tierras y la financiarización de la naturaleza. Estas prácticas de “green grabbing” representan hoy alrededor del 20 % de todas las adquisiciones de tierras a gran escala, afectando directamente a las comunidades rurales. Lo mismo ocurre con el acaparamiento de los océanos; el programa de economía azul (con acuerdos comerciales y planificación del espacio marino) conduce a la mercantilización de los océanos y a la apropiación de los bienes comunes tradicionales por las STN.

«A nivel mundial, el 1 % de las explotaciones agrícolas hoy en día explotan el 70 % de las tierras agrícolas mundiales, mientras que el 84 % de las explotaciones agrícolas solo controlan el 12 % de las tierras agrícolas. El 10 % más rico de la población rural acapara el 60 % del valor de las tierras agrícolas, mientras que el 50 % más pobre solo acapara el 3 %.» cf. Informe A/HRC/60/33 del Grupo de Trabajo sobre los Derechos Campesinos, parte II.F. sobre la concentración de la propiedad de la tierra.

En un contexto de fuerte competencia por la tierra y los recursos, las comunidades rurales sufren violencia, desalojos forzosos, destrucción y represión.

Los derechos de las mujeres campesinas, en particular en materia de propiedad de la tierra, participación política y acceso a los recursos, siguen siendo ampliamente vulnerados debido a normas patriarcales, marcos legales discriminatorios y opresiones interseccionales relacionadas con el género, la ruralidad, la clase o la etnia. Las mujeres campesinas enfrentan exclusión de la toma de decisiones, privación de herencia y control agrícola, sobrecarga de trabajo doméstico no remunerado, violencia de género y acceso restringido a la educación y la atención sanitaria. Esta discriminación estructural aumenta la pobreza y la inseguridad alimentaria, revelando la urgencia de reformas legales, sociales y económicas para garantizar sus derechos y la justicia.

A pesar de ello, el informe también recoge buenas prácticas observadas en algunos Estados, entre ellas: en Mali, la nueva ley sobre tierras agrícolas, elaborada en el marco de una plataforma multi-actor, se cita como un buen ejemplo de participación adecuada y efectiva de los campesinos en los procesos políticos; en Colombia, la creación del tribunal agrícola tiene como objetivo asegurar la presencia de jueces y fiscales dedicados exclusivamente a la resolución rápida y simplificada de los conflictos agrarios; la ley de tierras de Ghana incluye una protección innovadora que anula cualquier decisión o práctica del régimen de tierras consuetudinarias que genere discriminación.

El Grupo de Trabajo recomienda, entre otras cosas, fortalecer el reconocimiento jurídico y la protección de las organizaciones campesinas, sindicatos, cooperativas y movimientos de defensa de los derechos de la tierra, así como de los derechos territoriales de todas las personas titulares de derechos. Llama a derogar las leyes antiterroristas y de orden público utilizadas para criminalizar las luchas campesinas, a llevar a cabo reformas agrarias equitativas, a eliminar prácticas discriminatorias hacia las mujeres rurales y a reorientar las políticas agrícolas. Los expertos insisten en la necesidad de que los Estados reconozcan la UNDROP, integren los derechos campesinos en sus marcos institucionales y jurídicos, así como en las estrategias climáticas, para garantizar que los financiamientos apoyen directamente sus soluciones, en lugar de los intereses comerciales de las STN.

Leer el informe: https://www.ohchr.org/en/documents/thematic-reports/ahrc6033-rights-peasants-and-other-people-working-rural-areas-report

El diálogo interactivo en la sesión plenaria del Consejo de Derechos Humanos de la ONU

El pasado miércoles 17 de septiembre de 2025, durante la 60.ª sesión del Consejo de Derechos Humanos, el Presidente del Grupo de Trabajo sobre Derechos Campesinos, Sr. Carlos Duarte, presentó el 2.º informe del Grupo en sesión plenaria. Si bien es motivo de alegría el creciente número de países que reconocen los Derechos Campesinos en sus Constituciones y legislaciones, también aumentan las amenazas y la violencia hacia las comunidades rurales e indígenas. Ante esto, Carlos Duarte recuerda que la UNDROP es una hoja de ruta clara y que es hora de actuar colectivamente para garantizar una vida digna a los campesinos.

Durante el diálogo interactivo, la mayoría de los Estados destacó que lxs campesinxs son esenciales en la lucha contra la pobreza y para la seguridad alimentaria. Se expresó gran preocupación por la concentración de tierras en manos de unos pocos y los problemas de acceso a la tierra. Los Estados insistieron en la necesidad de políticas rurales sostenibles, mejor acceso a la tierra, agua, crédito y mercados, y recordaron que lxs campesinxs deben participar directamente en las decisiones que les afectan. Varios países (Bolivia, Gambia, Ghana, Tanzania, Camerún, Malaui, Honduras, México, Sudán, Cuba, Venezuela) destacaron desafíos recurrentes: acaparamiento de tierras, criminalización de los defensores de derechos humanos, estigmatización, discriminación de género, violencia, efectos del cambio climático y conflictos armados. Insisten en la importancia de políticas agrícolas resilientes, prácticas sostenibles y financiamiento climático dirigido a soluciones campesinas más que comerciales. Muchos Estados reafirmaron su apoyo al Grupo de Trabajo y su voluntad de cooperación, y también llaman a proteger a los defensores de los derechos campesinos y a garantizar mecanismos de implementación más sólidos de la UNDROP.

Además, presentaron acciones emprendidas para promover e implementar los derechos campesinos: en materia de tierras, Colombia ha iniciado una Reforma Rural Integral derivada del acuerdo de paz, mientras que Côte d’Ivoire, Malaui, Togo, Burkina Faso e India han adoptado leyes o creado agencias para regularizar y asegurar el acceso a la tierra. Varios países destacaron iniciativas específicas a favor de las mujeres rurales: entrega de títulos de propiedad, programas de empoderamiento en Azerbaiyán, México, Malasia y Bangladesh. Otros han reforzado la protección social y los servicios básicos en las zonas rurales, como Portugal, España y Argelia, así como programas de apoyo económico y técnico a pequeños productores (Gambia, Camerún, Egipto, Irak). Por último, algunos Estados insistieron en medidas para aumentar la resiliencia frente al cambio climático mediante la promoción de prácticas agrícolas sostenibles, acceso a crédito e insumos resistentes (Bangladesh, Brasil, Indonesia, Irán).

Alberto Silva de La Via Campesina (representante de la organización suiza Uniterre) hablando en nombre del CETIM destacó que el informe del Grupo de Trabajo presenta experiencias positivas que pueden inspirar a todos los Estados miembros. “Estas demuestran que situar a los campesinos en el centro de las políticas públicas permite mejorar las condiciones de vida y trabajo en las zonas rurales”, además alertó sobre los desafíos existenciales a los que se enfrenta la humanidad: acaparamiento de tierras, erosión de la biodiversidad, amenaza sobre las semillas por la selección industrial y la degradación ambiental.

“Ante estas amenazas, la UNDROP es una herramienta jurídica y política eficaz y concreta, que permite fortalecer los marcos legislativos nacionales y abrir espacios de diálogo inclusivo. Llamó a los Estados a colaborar con lxs campesinxs y el Grupo de Trabajo para avanzar en los derechos campesinos consagrados en la UNDROP”.

Alfonzo Simón, del Foro Mundial de Pescadores WFFP (representante de la organización panameña SITRAMAR), hablando en nombre de FIAN, agradeció al Grupo de Trabajo por su informe, el cual reconoce la erosión de los derechos territoriales (tierra, ríos, aguas…).
Los pescadores, pueblos indígenas y comunidades rurales de Panamá enfrentan una fuerte represión cuando defienden sus derechos o resisten los desplazamientos forzados. Aunque son guardianes de la biodiversidad y de los sistemas alimentarios, sus modos de vida están cada vez más amenazados por la industria agroalimentaria y extractiva, así como por agendas de conservación como la iniciativa 30×30.

“Nosotros, los pescadores y pescadoras indígenas, no somos una amenaza para la biodiversidad, somos sus guardianes y guardianas. Nuestras voces deben ser escuchadas y nuestros derechos protegidos.”

Alfonzo vino desde Panamá para denunciar la situación urgente de los pescadores y pescadoras indígenas Ngäbe Buglé, quienes están siendo amenazados por el gobierno con la suspensión de la pesca en la isla Escudo de Veraguas, su último sitio ancestral de pesca.
Solicita al Grupo de Trabajo que inste al Estado panameño a poner fin a estas medidas, a la violencia, y que reconozca sus derechos (consagrados por la UNDRIP y la UNDROP), así como que garantice su participación en las decisiones que impactan su forma de vida.

Véase también la cartilla informativa sobre este informe, elaborada por el Instituto de Estudios Interculturales (Pontificia Universidad Javeriana de Cali) y el Observatorio de Tierras.

La entrada Desafíos sistémicos y buenas prácticas en las zonas rurales – el 2.º informe del Grupo de Trabajo de la ONU sobre Derechos Campesinos se publicó primero en Defending Peasants' Rights.