El informe señala una extrema desigualdad territorial: el 85 por ciento de las explotaciones agrícolas tienen menos de dos hectáreas, pero controlan solo el 9 por ciento de las tierras cultivables, mientras que el 0,1 por ciento más grande controla más de la mitad. El despojo también afecta a las pesquerías, los territorios pastoriles y las zonas destinadas a proyectos climáticos, de conservación y de energías renovables, así como a las comunidades afectadas por conflictos y desplazamientos.

El informe pide medidas más firmes y vinculantes para proteger los derechos territoriales, incluido el reconocimiento jurídico de los territorios colectivos y consuetudinarios, la restitución y la compensación por el despojo, y derechos más sólidos para las mujeres rurales. También recomienda limitar la concentración de la tierra y el agua, llevar a cabo reformas agrarias y redistribución, establecer instrumentos jurídicamente vinculantes de derechos humanos para regular a las empresas, y garantizar una consulta significativa y el consentimiento libre, previo e informado para los proyectos de desarrollo y relacionados con el clima.

Lea el informe completo a continuación:

La entrada Nuevo informe del Grupo de Trabajo de la ONU sobre la UNDROP acerca de las territorialidades de la tierra y el mar se publicó primero en Defending Peasants' Rights.

La semilla es el primer eslabón de toda cadena alimentaria. Sin embargo, aquello que durante milenios fue un bien común custodiado por comunidades campesinas se encuentra hoy en el centro de una disputa global entre los derechos humanos, la soberanía alimentaria y la propiedad intelectual.

Un nuevo informe presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sostiene que la gobernanza internacional de las semillas se inclina cada vez más hacia la mercantilización, la concentración corporativa y la criminalización de prácticas ancestrales como conservar, intercambiar o vender semillas campesinas.

El documento, titulado El derecho a las semillas: custodia, cercamiento y resistencia, fue elaborado por el Grupo de Trabajo sobre los derechos de los campesinos y de otras personas que trabajan en las zonas rurales. Su presentación estuvo a cargo de Shamlali Guttal, presidenta del Grupo de Trabajo, quien también presentó el informe sobre la visita oficial realizada a Ghana del 5 al 14 de mayo de 2026.

El diagnóstico es contundente: las semillas están siendo progresivamente transformadas de patrimonio biocultural en mercancías sometidas a regímenes de propiedad intelectual, certificación comercial y control corporativo.

De bien común a propiedad privada

El informe identifica dos modelos enfrentados. El primero concibe las semillas como bienes comunes que sustentan la soberanía alimentaria, la biodiversidad y los derechos colectivos de los pueblos rurales. El segundo las considera activos económicos sujetos a patentes, certificados de obtentor y reglas comerciales globales.

Según el Grupo de Trabajo, el equilibrio entre ambas visiones se ha roto claramente en favor de la segunda.

Durante la presentación del informe, Shamlali Guttal recordó que las semillas no son simples mercancías para los campesinos y los pueblos indígenas.

“Las semillas son el comienzo de cada comida, la memoria de cada cosecha y la esperanza de la vida futura. Son una herencia viva, desarrollada durante generaciones mediante la selección, el intercambio y la adaptación a distintos suelos, ecosistemas y climas”.

Guttal también subrayó que el artículo 19 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos reconoce el derecho de los campesinos a conservar, utilizar, controlar, proteger y desarrollar sus propias semillas. En consecuencia, los Estados tienen la obligación de respetar, proteger y hacer efectivo ese derecho.

Las normas internacionales sobre propiedad intelectual, los acuerdos comerciales y los sistemas de certificación han generado restricciones crecientes para quienes conservan, intercambian o venden semillas fuera de los circuitos comerciales. Lo que durante siglos constituyó una práctica campesina habitual comienza a ser tratado como una infracción legal en numerosos países.

La concentración del mercado mundial

La privatización de las semillas avanza paralelamente a una concentración sin precedentes de la industria. El informe señala que cuatro empresas —Bayer, Corteva, Syngenta y BASF— controlan más de la mitad del mercado mundial de semillas comerciales.

Esta concentración no solo afecta los precios. También orienta la investigación genética, condiciona las políticas agrícolas y favorece variedades homogéneas diseñadas para sistemas agrícolas intensivos, dependientes de fertilizantes y pesticidas.

Ello erosiona la diversidad agrícola y aumenta la dependencia de los agricultores respecto de las grandes empresas proveedoras de semillas e insumos.

Frente a esta tendencia, el informe destaca la importancia de los sistemas de semillas gestionados por los propios agricultores. En algunas regiones de África y Asia, estos sistemas proporcionan hasta el 90 % de las semillas utilizadas en los cultivos alimentarios.

Durante su intervención, Guttal explicó que estos sistemas tradicionales son el principal reservorio de diversidad genética agrícola y constituyen una base fundamental para la soberanía alimentaria y la resiliencia frente al cambio climático.

El Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura reconoce los derechos de los agricultores y establece un sistema multilateral de acceso y participación en los beneficios. Sin embargo, el Grupo de Trabajo advirtió que estos compromisos se aplican de manera desigual y que los recursos destinados al fondo de beneficios siguen siendo insuficientes.

Cuando guardar semillas se convierte en delito

Uno de los aspectos más alarmantes del informe es la descripción de un proceso creciente de criminalización de las prácticas tradicionales relacionadas con las semillas.

En distintos países, agricultores han sido perseguidos judicialmente por intercambiar, reutilizar o vender material de siembra conservado en sus explotaciones. El informe documenta casos en África, Asia, América Latina y Europa, con sanciones que incluyen multas elevadas e incluso penas de prisión.

Los regímenes de protección de variedades vegetales, especialmente los inspirados en el Acta de 1991 del Convenio de la UPOV, amplían los derechos exclusivos de los obtentores sobre el material de reproducción. En algunos países, las restricciones pueden alcanzar prácticas tan habituales como guardar semillas de una cosecha para utilizarlas en la siguiente.

El documento también alerta sobre el uso creciente de tecnologías de vigilancia, marcadores genéticos, drones e imágenes satelitales para detectar presuntas infracciones vinculadas a semillas protegidas.

Para el Grupo de Trabajo, existe una paradoja evidente: mientras los sistemas campesinos continúan proporcionando entre el 70 % y el 90 % de las semillas utilizadas en numerosos países, son precisamente estos sistemas los que enfrentan mayores restricciones legales.

Guttal advirtió además sobre la expansión de las patentes sobre secuencias genéticas y sobre la utilización de información obtenida de bases de datos digitales.

“Las secuencias genéticas pueden ser registradas o patentadas sin que se haya utilizado físicamente la semilla. Esta práctica puede permitir que los recursos genéticos sean utilizados sin respetar las obligaciones de participación en los beneficios”.

Las guardianas invisibles

El informe dedica una atención particular al papel de las mujeres rurales. Las identifica como principales custodias de la diversidad genética y como responsables de la selección, conservación y transmisión de conocimientos sobre semillas en gran parte del mundo.

Sin embargo, las políticas agrícolas y los marcos regulatorios suelen invisibilizar esta contribución. La privatización de las semillas y la imposición de sistemas de certificación afectan de manera desproporcionada a las mujeres, ya que restringen prácticas fundamentales para su autonomía económica y alimentaria.

La erosión de los sistemas tradicionales no implica únicamente la pérdida de biodiversidad. También reduce el margen de acción de quienes históricamente han sostenido la seguridad alimentaria a nivel local.

Por ello, el Grupo de Trabajo pide que los Estados garanticen la igualdad de las mujeres rurales en la gobernanza de las semillas mediante una tenencia segura de la tierra, una representación efectiva en los órganos de decisión y el reconocimiento de sus conocimientos tradicionales y de su papel como principales custodias de las semillas.

Biodiversidad amenazada

Para la ONU, la disputa por las semillas es inseparable de la crisis ecológica global. La pérdida acelerada de diversidad genética vegetal aparece como una de las señales más preocupantes de la agricultura industrial contemporánea.

El informe señala que aproximadamente tres cuartas partes de la diversidad genética de los cultivos se perdieron durante el siglo XX, a medida que las variedades locales, adaptadas a sus territorios, fueron sustituidas por un número cada vez más reducido de variedades comerciales.

La expansión de los organismos genéticamente modificados y de las nuevas tecnologías de edición genética incrementa además los riesgos de contaminación genética y de apropiación privada de recursos desarrollados históricamente por comunidades campesinas e indígenas.

El documento recoge casos de contaminación de variedades autóctonas de maíz y algodón con material genéticamente modificado no autorizado en América Latina. También denuncia demandas contra agricultores que no habían plantado conscientemente semillas patentadas, pero cuyos campos contenían plantas procedentes de ese material.

El informe advierte asimismo sobre nuevas formas de biopiratería asociadas a la digitalización de secuencias genéticas. Gracias a estas tecnologías, empresas e instituciones pueden registrar y patentar características biológicas derivadas de variedades tradicionales sin acceder físicamente a las semillas de origen.

Esta práctica debilita los mecanismos de reparto de beneficios y puede facilitar la apropiación de conocimientos desarrollados por comunidades campesinas e indígenas.

Por esa razón, Guttal pidió que las nuevas técnicas genómicas sean sometidas a evaluaciones independientes de riesgo y a requisitos de trazabilidad y etiquetado antes de cualquier proceso de desregulación.

Semillas, territorio y conflictos

La defensa de las semillas no puede separarse de la defensa de la tierra. El informe subraya que los sistemas tradicionales dependen de territorios vivos donde las comunidades puedan cultivar, intercambiar y transmitir conocimientos entre generaciones.

Por ello, los desplazamientos forzados, los acaparamientos de tierras, los megaproyectos agroindustriales, los conflictos armados y la degradación ambiental constituyen amenazas directas para el derecho a las semillas.

La pérdida de territorios implica también la pérdida de conocimientos, variedades adaptadas localmente y redes comunitarias de intercambio que sostienen la resiliencia de los sistemas alimentarios.

En este sentido, el Grupo de Trabajo recomendó que, en situaciones de conflicto armado, ocupación u otras crisis, las semillas campesinas y las infraestructuras relacionadas con ellas sean reconocidas como bienes civiles esenciales para la supervivencia de la población.

Resistencia campesina y victorias judiciales

Frente a estas tendencias, el documento recoge numerosas experiencias de resistencia. Cooperativas, bancos comunitarios de semillas, ferias de intercambio y programas de fitomejoramiento participativo continúan sosteniendo una parte esencial de la biodiversidad agrícola mundial.

Guttal destacó que estas iniciativas no deben ser tratadas como actividades marginales, sino como bienes públicos que merecen el mismo apoyo que los programas formales de mejoramiento de semillas.

El Grupo de Trabajo también destaca varias experiencias jurídicas y políticas. Entre ellas se encuentra la Ley Modelo Africana para la Protección de los Derechos de las Comunidades Locales, los Agricultores y los Mejoradores, desarrollada mediante el Protocolo de Arusha de la ARIPO, que ofrece una alternativa compatible con los derechos humanos frente al modelo de la UPOV de 1991.

La legislación de la India protege expresamente el derecho de los agricultores a conservar, utilizar, intercambiar y vender semillas guardadas en sus explotaciones, junto con los derechos de los obtentores.

En Brasil, el Programa de Adquisición de Alimentos orienta la contratación pública hacia semillas tradicionales y agroecológicas.

El informe recoge además varias victorias judiciales. En 2021, la Corte Suprema de Honduras declaró inconstitucional la ley nacional de protección de variedades vegetales, invocando el artículo 19 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos.

En Kenia, tanto la Corte Suprema como el Tribunal Superior han reconocido la protección constitucional de las prácticas consuetudinarias campesinas de intercambio de semillas. En noviembre de 2025, el Tribunal Superior sostuvo que “compartir semillas no es un delito”, una decisión cuyo alcance, según el Grupo de Trabajo, supera las fronteras del país.

Estas experiencias muestran que otra gobernanza de las semillas es posible, basada en los derechos humanos, la soberanía alimentaria y la conservación de la biodiversidad.

Una disputa sobre el futuro de la alimentación

Más allá de la cuestión agrícola, el informe plantea una interrogante política fundamental: ¿quién controla los recursos que permiten producir alimentos?

La conclusión del Grupo de Trabajo es inequívoca. Las semillas no pueden reducirse a simples mercancías. Constituyen la base material de derechos fundamentales como la alimentación, la salud, la cultura y un medio ambiente sano.

Considerarlas exclusivamente como objetos de propiedad privada no solo amenaza la biodiversidad y la soberanía alimentaria, sino que profundiza la dependencia económica de millones de agricultores en todo el mundo.

Por ello, el Grupo de Trabajo insta a los Estados a reconocer y proteger los sistemas de semillas campesinos, fortalecer la agroecología y garantizar el derecho de las comunidades rurales a conservar, intercambiar, desarrollar y vender sus propias semillas.

En palabras de Shamlali Guttal, proteger las semillas significa proteger también a las comunidades que las han cuidado durante generaciones: sus derechos, sus territorios, sus conocimientos y su capacidad de hacer frente al cambio climático y a otras crisis.

En otras palabras, devolver a las semillas su condición original: patrimonio vivo de los pueblos antes que mercancía de los mercados.

La entrada Semillas bajo cerrojo: expertos de la ONU denuncian la privatización de la vida campesina se publicó primero en Defending Peasants' Rights.

Este artículo fue publicado originalmente en la revista Lendemains Solidaires, disponible en francés aquí.

La soberanía alimentaria se define como el derecho de los pueblos a una alimentación sana y culturalmente apropiada, producida mediante métodos ecológicamente sostenibles, así como el derecho de los pueblos a definir su propio sistema alimentario y agrícola. La Vía Campesina (LVC) insiste en que los modos de producción agroecológicos diversificados, impulsados por el campesinado y basados en experiencias milenarias y conocimientos tradicionales, son esenciales para garantizar a todas y todos una alimentación sana, asegurando al mismo tiempo la armonía con los ecosistemas naturales. Este paradigma sitúa las aspiraciones y necesidades de quienes producen, distribuyen y consumen los alimentos en el centro de los sistemas y políticas alimentarias, en lugar de las exigencias de los mercados y del agronegocio. Se trata de un marco que defiende fundamentalmente los intereses de las futuras generaciones.

Contexto

La historia y el surgimiento del concepto de soberanía alimentaria, proclamado por La Vía Campesina en 1996, están vinculados al fracaso de la implementación del concepto de seguridad alimentaria promovido por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Este nuevo concepto buscaba responder a los desafíos del hambre y la malnutrición, que afectaban y siguen afectando particularmente, de manera paradójica, a las zonas rurales.

Durante la Cumbre Mundial sobre la Alimentación de 1996, La Vía Campesina acuñó el término soberanía alimentaria afirmando la centralidad de las y los pequeños productores de alimentos, la sabiduría acumulada por generaciones, la autonomía y la diversidad de las comunidades rurales y urbanas, así como la solidaridad entre los pueblos, como elementos esenciales para elaborar políticas alimentarias y agrícolas.

Debemos recordar que la única manera de hacer oír la voz de la campesinado es a través de la unión y construcción de amplias alianzas, más allá de todas las fronteras. Los movimientos sociales rurales y urbanos, los sindicatos, los actores de la sociedad civil, los gobiernos progresistas, las y los académicos y los científicos independientes deben unirse para defender esta visión común del futuro. Las mujeres rurales y las demás minorías de género oprimidas deben ocupar un lugar igualitario en las instancias de dirección de nuestro movimiento, en todos los niveles. Debemos sembrar las semillas de la solidaridad en nuestras comunidades y luchar contra todas las formas de discriminación que dividen a las sociedades rurales.

Con motivo de la conmemoración de los 25 años de La Vía Campesina, se afirmó que la soberanía alimentaria constituye un verdadero manifiesto para el futuro de nuestro planeta. Es una idea que une a la humanidad y nos pone al servicio de la Madre Tierra que nos alimenta.

"La soberanía alimentaria constituye un verdadero manifiesto para el futuro de nuestro planeta."

Vincular la soberanía alimentaria con el derecho al desarrollo

Vincular la soberanía alimentaria con el marco y el concepto del derecho al desarrollo es particularmente pertinente. En efecto, este último debe entenderse como el derecho de las poblaciones campesinas y rurales a concebir y construir sus propios modelos de desarrollo rural, en coherencia con los principios de la soberanía alimentaria.

El derecho al desarrollo se concibe como un proceso de empoderamiento que implica necesariamente la movilización social y la lucha. Se trata de un derecho programático que exige medidas estructurales y específicas por parte de las autoridades públicas en favor de las comunidades y de las trabajadoras y trabajadores rurales. El derecho al desarrollo es también un instrumento político y un marco jurídico para combatir las políticas perjudiciales de la globalización neoliberal que marginan al campesinado familiar.

La interrelación entre el derecho al desarrollo, la soberanía alimentaria y los derechos campesinos también se destaca durante las negociaciones del proyecto de Pacto sobre el Derecho al Desarrollo en el seno de la ONU[1]. Este proyecto busca reforzar jurídicamente y consolidar el marco del derecho al desarrollo, iniciado por la Declaración de las Naciones Unidas sobre el Derecho al Desarrollo (1986).

Así, el texto del proyecto de Pacto incluye una disposición específica que reconoce el derecho de las y los campesinos “a determinar y desarrollar prioridades y estrategias para ejercer su derecho al desarrollo”. Esta referencia explícita constituye un avance tanto jurídico como político. Refuerza la interpretación del derecho al desarrollo como un derecho colectivo perteneciente a los pueblos y comunidades, en particular a las poblaciones rurales históricamente excluidas de los procesos de toma de decisiones.

Al referirse explícitamente al campesinado y poblaciones rurales como actores clave del desarrollo, este futuro instrumento jurídico reforzará la centralidad de la autodeterminación en la definición de las prioridades agrícolas, económicas y territoriales. También consolidará la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales (UNDROP), la cual reconoce que las y los campesinos no deben ser simples beneficiarios de las políticas públicas, sino titulares de derechos capaces de concebir e implementar sus propios modelos de desarrollo (arts. 3 y 10 de la UNDROP).

¿Qué es el desarrollo rural para el campesinado?

Nuestra visión del desarrollo está centrada en el desarrollo de la agricultura campesina a través de la agroecología, única garantía de medios de vida y condiciones laborales dignas y justas para las poblaciones del mundo entero, especialmente en las zonas rurales. Es decir, los pueblos rurales como corazón de la producción alimentaria. Por eso La Vía Campesina propuso y finalmente logró, en 2018, la adopción de la UNDROP, que constituye una contribución a la realización de la soberanía alimentaria.

Para lograrlo, necesitamos políticas públicas que regulen los mercados agrícolas y alimentarios, ya que las y los campesinos generalmente no perciben ingresos dignos provenientes de sus actividades de producción de alimentos, lo que compromete sus medios de vida y la continuidad de la producción (artículo 16 de la UNDROP). Esto se debe a un sistema alimentario dominante basado en los mecanismos del mercado y controlado por el agronegocio.

Entre estos mecanismos de regulación, defendemos los precios mínimos garantizados (Minimum Support Prices – MSP), es decir, la obligación de los Estados de fijar precios que cubran los costos de producción campesina y garanticen un margen de ingresos equitativo. Este mecanismo invierte la lógica del dumping, que empuja los precios hacia abajo, y protege así la dignidad campesina.

También defendemos las compras públicas y las reservas alimentarias públicas. Exigimos la restauración de sistemas públicos de almacenamiento de alimentos para regular los mercados y estabilizar los precios. Las autoridades públicas deberían comprar las cosechas durante los períodos de recolección para garantizar precios mínimos, y luego liberarlas en períodos de escasez para evitar la especulación. Los precios mínimos garantizados, las compras públicas y las reservas públicas se implementan, por ejemplo, en Indonesia e India.

"Las autoridades públicas deberían comprar las cosechas durante los períodos de recolección para garantizar precios mínimos, y luego liberarlas en períodos de escasez para evitar la especulación."

Estos mecanismos son indispensables, ya que el modelo neoliberal ha desmantelado estas herramientas de regulación, exponiendo a las y los pequeños productores a la competencia de las grandes explotaciones agroindustriales fuertemente subsidiadas. Además, la especulación bursátil sobre los productos alimentarios provoca inestabilidades de precios a escala mundial y empuja a millones de personas a situaciones de precariedad alimentaria, en beneficio exclusivo de una minoría. La Vía Campesina llama a fortalecer las cadenas de suministro locales y regionales, afirmando que el comercio debe privilegiar los circuitos cortos antes que los flujos transcontinentales.

Reforma agraria, derecho a la tierra y derecho al desarrollo

La reforma agraria está vinculada al derecho a la tierra y al control de los territorios, reconocidos como derechos fundamentales inscritos en el derecho internacional de los derechos humanos, particularmente en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (art. 11) y en la UNDROP (art. 17). Muchas acciones del agronegocio violan o amenazan el derecho a la tierra: conflictos agrarios, criminalización, desalojos, acaparamiento de tierras, acaparamiento verde (“green grabbing”), concentración de la tierra impulsada por el agronegocio en favor de la agricultura industrial a gran escala (monocultivos), mercados de carbono, agrocombustibles y mecanismos de compensación de la biodiversidad, actividades mineras, así como los llamados proyectos de “desarrollo” como la construcción de autopistas, represas, etc. Por estas razones, La Vía Campesina lucha en todos los niveles por una reforma agraria integral, centrada en los intereses y derechos de los pueblos rurales.

Este enfoque va más allá de la simple titulación de tierras y llama a una redistribución efectiva y equitativa de la tierra. Incluye la fijación de límites claros al tamaño de la propiedad de la tierra, la prohibición de la venta de tierras a terceros y a entidades extranjeras, así como la expropiación de explotaciones basadas en trabajo ilegal o esclavo, especialmente en la agricultura industrial a gran escala y en las grandes plantaciones.

"Este enfoque va más allá de la simple titulación de tierras y llama a una redistribución efectiva y equitativa de la tierra."

Esta visión también se opone a las “contrarreformas” basadas en el mercado, promovidas por el Banco Mundial en los años noventa, que condujeron a la privatización de las tierras y a una nueva ola de concentración de la tierra en manos de una pequeña minoría depredadora, imponiendo un modelo único de desarrollo rural, arraigado en el neoliberalismo y favorable a los intereses del agronegocio.

La lucha por el derecho a la tierra mediante la implementación de la reforma agraria forma así parte integral del derecho al desarrollo: es una lucha por la autodeterminación y por el derecho a definir sus propios sistemas de tenencia de la tierra. Defendemos una comprensión política de la tierra como ecosistema social y productivo esencial para la vida y no como un simple activo financiero.

Agroecología, derecho a las semillas y derecho al desarrollo

En 2015, durante el segundo Foro Mundial sobre la Soberanía Alimentaria (Foro Nyéléni)[2], las delegaciones que representaban a diversas organizaciones y movimientos sociales de pequeños productores de alimentos y consumidores se reunieron para alcanzar una comprensión común de la agroecología como componente clave de la soberanía alimentaria.

La agroecología busca transformar y mejorar nuestra realidad material en los sistemas alimentarios, frente a un mundo rural devastado por la producción alimentaria industrial y, hoy en día, por las supuestas revoluciones verde y azul. La agroecología es, por tanto, también política: busca cuestionar y transformar las estructuras de poder en la sociedad. Coloca el control de las semillas, la biodiversidad, las tierras y territorios, las aguas, los conocimientos, la cultura y todos los bienes comunes en manos de los pueblos que alimentan al mundo.

El control de las semillas locales y autóctonas es un medio de producción clave frente a la ofensiva de las industrias semilleras, que buscan consolidar la agricultura química, al tiempo que amenazan la biodiversidad. Estas industrias desarrollan semillas basadas en organismos genéticamente modificados (OGM), al mismo tiempo que promueven las patentes (derechos de propiedad intelectual), en detrimento de las semillas locales y campesinas. Por ello, La Vía Campesina rechaza firmemente la mercantilización de la vida, particularmente a través de los OGM, las patentes, así como la privatización y comercialización de la biodiversidad.

En este sentido, el movimiento defiende el derecho colectivo e inalienable de las y los campesinos a conservar, utilizar, intercambiar y vender sus semillas, de conformidad con el Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura (art. 9.3) y la UNDROP (art. 19).

Frente a los intentos industriales de imponer la biología sintética, La Vía Campesina organiza intercambios de semillas y campañas para preservar los sistemas comunitarios tradicionales de gestión de la biodiversidad. Una vez más, la lucha por los derechos sobre las semillas se arraiga en el derecho al desarrollo y en el derecho del campesinado a concebir e implementar sus propios modelos de desarrollo semillero basados en sus conocimientos indígenas tradicionales.

La globalización neoliberal contra los derechos campesinos

Las instituciones financieras y comerciales internacionales son las principales fuerzas responsables de las violaciones de los derechos campesinos y del desmantelamiento de los sistemas alimentarios campesinos. El tríptico compuesto por la Organización Mundial del Comercio (OMC), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial impide a los gobiernos, especialmente a los del Sur global, implementar políticas públicas esenciales en favor de las poblaciones rurales, mediante mecanismos y condicionalidades coercitivas. Estos actores neoliberales han forzado la reducción del papel del Estado en la provisión de servicios públicos, al mismo tiempo que aumentaban el del sector privado (a través de las privatizaciones).

"Estos actores neoliberales han forzado la reducción del papel del Estado en la provisión de servicios públicos, al mismo tiempo que aumentaban el del sector privado."

En este sentido, es importante recordar que la integración de la agricultura en el régimen mundial de libre comercio a través del Acuerdo sobre la Agricultura de la OMC (1994) constituyó un punto de inflexión devastador. Esta política transformó los alimentos en una simple mercancía y desreguló sistemáticamente los sistemas agrícolas, desmantelando las herramientas de regulación de los mercados, como los precios mínimos de intervención y las reservas públicas. Las consecuencias fueron sistémicas: caída de los precios agrícolas, destrucción de los mercados campesinos locales, pérdida de autonomía sobre las semillas y expulsión de millones de campesinas y campesinos de sus territorios en beneficio de grandes terratenientes.

El acto trágico del campesino surcoreano Lee Kyung Hae, quien se quitó la vida en Cancún en 2003 llevando una pancarta que proclamaba “la OMC mata a los campesinos”, sigue siendo emblemático de la violencia de este sistema neoliberal y neocolonial-imperialista.

Sin embargo, el régimen comercial neoliberal no se limita a la OMC: también se caracteriza por la proliferación de acuerdos de libre comercio e inversión a niveles regional, multilateral y bilateral. Además, hoy en día también enfrentamos las políticas comerciales de Estados Unidos, que obligan a los países a abrir totalmente sus mercados, sin reciprocidad.

La lucha por un marco comercial alternativo

En respuesta a los daños causados por el Acuerdo sobre la Agricultura de la OMC, La Vía Campesina lanzó un proceso destinado a exigir urgentemente la creación de un nuevo marco comercial internacional basado en la soberanía alimentaria. Este nuevo marco debe basarse en la solidaridad, la cooperación internacional y la justicia social. Su objetivo principal es redefinir la función del comercio, ya no como una herramienta de maximización de las ganancias de las empresas transnacionales, sino como un instrumento que garantice los derechos humanos y la soberanía alimentaria.

Al afirmar que el comercio agrícola y alimentario debe respetar los derechos humanos y que la alimentación es un derecho humano fundamental y no una mercancía, La Vía Campesina aboga por un nuevo marco comercial que proteja los derechos campesinos y legitime medidas estatales como la protección de los mercados contra el dumping y la garantía de precios de apoyo para los productores.

"La Vía Campesina aboga por un nuevo marco comercial que proteja los derechos campesinos y legitime medidas estatales como la protección de los mercados contra el dumping y la garantía de precios de apoyo para los productores."

Con este fin, La Vía Campesina identifica a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) como el foro legítimo para construir este nuevo consenso multilateral, capaz de realinear las normas del comercio mundial con los derechos humanos.

Conclusión

El derecho al desarrollo, tal como lo entiende La Vía Campesina, constituye una respuesta integrada y radical a los fracasos sistémicos del modelo neoliberal. Se define por la realización de la justicia social, la sostenibilidad ecológica y el respeto de la dignidad de las poblaciones rurales.

Seguiremos luchando por nuestros derechos por todos los medios a nuestro alcance y, ante todo, mediante la movilización popular de nuestras bases. Seguiremos fortaleciendo nuestra incidencia a través de instrumentos jurídicos internacionales, como la UNDROP, para exigir la implementación de políticas públicas redistributivas y regulatorias capaces de concretar nuestro derecho al desarrollo, es decir, nuestro derecho a definir nuestros propios sistemas y modelos de desarrollo rural y agrícola, a la luz del paradigma de la soberanía alimentaria.

Al poner el énfasis en la autonomía y los saberes campesinos, y al situar a las mujeres rurales y a la juventud en el centro de la lucha, La Vía Campesina propone un camino que privilegia la protección de los ecosistemas y de las comunidades por encima de la acumulación de capital, reafirmando así su compromiso con una transformación sistémica del orden económico, comercial, financiero y social mundial.

[1] https://docs.un.org/es/A/HRC/54/50

[2] https://nyeleni.org/fr/

La entrada El derecho al desarrollo: una herramienta para la soberanía alimentaria y la implementación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos Campesinos se publicó primero en Defending Peasants' Rights.

Celebrado en el contexto del más reciente informe del Grupo de Trabajo de la ONU, centrado específicamente en el derecho a la participación de los pueblos rurales, el debate exploró cómo este derecho —lejos de ser una formalidad procedimental— constituye una piedra angular de la gobernanza democrática y un pilar central de los derechos civiles y políticos de los pueblos rurales. El webinario creó un espacio de intercambio entre actores de base y mecanismos internacionales de derechos humanos, fortaleciendo los puentes entre las luchas locales y la incidencia a nivel global.

El webinario situó en el centro del debate las conclusiones del informe del Grupo de Trabajo de la ONU, examinando:

• La importancia democrática y política de la participación en el marco de la UNDROP
• Los obstáculos que impiden a las comunidades rurales influir en la toma de decisiones públicas
• Las recomendaciones del Grupo de Trabajo a los Estados
• Estrategias prácticas y buenas prácticas que fortalecen una participación significativa
• El papel de la incidencia colectiva y la solidaridad en el avance de la implementación

Panelistas:

• Carlos Duarte, actual Presidente del Grupo de Trabajo de la ONU sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales
• Loupa Pius, Alianza Mundial de Pueblos Indígenas Móviles (WAMIP)
• Modesta Arévalos Ortiz, Federación Internacional de Movimientos Católicos de Adultos Rurales (FIMARC)
• Jones Spartegus, Foro Mundial de Pescadores y Trabajadores de la Pesca (WFFP)
• Norah Mlondobozi, Asamblea de Mujeres Rurales (RWA)
• Saúl Vicente, Unidad de la Fuerza Indígena y Campesina (UFIC – México)
• Paula Gioia, La Vía Campesina (LVC)

A través de sus intervenciones, las y los panelistas compartieron experiencias regionales, perspectivas comunitarias y estrategias de los movimientos para fortalecer la participación a nivel local, nacional e internacional.

Les invitamos a ver la grabación y a sumarse a este importante diálogo como parte del esfuerzo colectivo más amplio para garantizar que quienes alimentan al mundo y protegen sus ecosistemas estén plenamente incluidos en la definición de las políticas y decisiones que determinan su futuro.

Webinario celebrado el 10 de diciembre de 2025.

La entrada Video de nuestro webinario | Nada sobre nosotrxs sin nosotrxs – Hacer efectivo el derecho a la participación de los pueblos y personas trabajadoras rurales mediante la UNDROP se publicó primero en Defending Peasants' Rights.

París, Ginebra, 15 de enero de 2026. La Confédération paysanne y el Centro Europa – Tercer Mundo (CETIM) presentaron hoy una denuncia oficial ante varios Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, tras el arresto y la detención policial de 52 campesinos y campesinas, ocurrido ayer 14 de enero de 2026, durante una manifestación en París.

Durante esta movilización, alrededor de 150 campesinos y campesinas se dirigieron al Ministerio de Agricultura en París. La acción se desarrolló sin violencia: las y los manifestantes ingresaron a pie al vestíbulo de la Dirección General de la Performance Económica y Medioambiental de las Empresas (DGPE), desplegaron pancartas y ocuparon el lugar con el fin de hacer oír sus reivindicaciones.

La manifestación fue organizada para interpelar a las autoridades sobre la gestión de la crisis de la dermatitis nodular contagiosa (DNC), las amenazas vinculadas al acuerdo UE–Mercosur y, de manera más general, para denunciar políticas agrícolas estructuralmente desfavorables para la campesinado. A pesar de la ausencia de violencia, las fuerzas del orden procedieron a un cerco y a arrestos masivos, dirigidos en particular contra responsables sindicales nacionales e internacionales.

El informe presentado ante las Naciones Unidas documenta graves vulneraciones de las libertades fundamentales, en particular la libertad de asociación y de reunión pacífica, la libertad de opinión y de expresión, la libertad sindical, así como los derechos específicos de los campesinos y campesinas, tal como están consagrados en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales (UNDROP).

Mediante esta acción, la Confédération paysanne y el CETIM solicitan a los mecanismos de la ONU que intervengan con carácter de urgencia ante las autoridades competentes para que Francia respete sus obligaciones internacionales, ponga fin a la criminalización de las movilizaciones campesinas y garantice el ejercicio efectivo de los derechos de los campesinos y campesinas.

Leer también el comunicado de prensa de la Confédération paysanne:
https://www.confederationpaysanne.fr/actu.php?id=16339

Contactos:

Confédération paysanne – Emilie Deligny, Secretaria general+33 6 36 58 17 26, edeligny@confederationpaysanne.fr

CETIM – Raffaele Morgantini, Representante del CETIM ante la ONU+41 79 660 65 14, raffaele@cetim.ch

La entrada Detención de 52 campesinas/os: la Confédération paysanne y el CETIM recurren a los mecanismos de la ONU se publicó primero en Defending Peasants' Rights.

Antecedentes

Las semillas son fundamentales para los sistemas alimentarios, la biodiversidad, la cultura y los medios de vida rurales. Constituyen el punto de partida de la producción de alimentos y son fundamentales para la forma en que los campesinos y los pueblos indígenas han desarrollado, preservado y transmitido a lo largo de generaciones los conocimientos agrícolas adaptados a las diversas condiciones ecológicas.

Las semillas desempeñan un papel fundamental en el mantenimiento de la biodiversidad agrícola, ya que encarnan la diversidad genética necesaria para mejorar la resiliencia frente a las plagas, las enfermedades, la degradación ambiental y la variabilidad climática. Más allá de su función biológica, las semillas también están estrechamente vinculadas al patrimonio cultural, las relaciones sociales y, en algunos contextos, las prácticas espirituales y ceremoniales.

Para los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales de todo el mundo, incluidos los pueblos indígenas, los pastores, los pescadores y los pueblos forestales, las semillas son inseparables de sus medios de vida y su autonomía. La capacidad de cultivar, cosechar, conservar, intercambiar y mejorar las semillas es la base de la seguridad alimentaria, la generación de ingresos, la autodeterminación y la sostenibilidad de las comunidades rurales. Los sistemas campesinos de semillas han sostenido históricamente una amplia diversidad de cultivos y variedades vegetales adaptados a los ecosistemas y las condiciones climáticas locales, contribuyendo a la soberanía alimentaria, la nutrición y la resiliencia.

La Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales (UNDROP) reconoce explícitamente el derecho a las semillas (artículo 19), incluido el derecho de los campesinos a conservar, utilizar, intercambiar y vender semillas y material de propagación conservados en las explotaciones agrícolas. La realización de este derecho está estrechamente relacionada con otros derechos reconocidos en la UNDROP, como el derecho a la alimentación y la soberanía alimentaria (artículo 15), los derechos a la tierra y otros recursos naturales (artículo 17), los derechos relacionados con la biodiversidad (artículo 20), el derecho a un medio ambiente seguro, limpio, saludable y sostenible (artículo 24) y el derecho a participar en los procesos de toma de decisiones que afectan a la vida de los campesinos (artículo 10). Del mismo modo, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (UNDRIP) reconoce los derechos de los pueblos indígenas a mantener, controlar, proteger y desarrollar sus conocimientos tradicionales, innovaciones y patrimonio cultural, incluidos los recursos genéticos y las semillas (artículo 31), en relación con sus derechos a las tierras, los territorios y los recursos, la libre determinación y el desarrollo.

Los marcos internacionales en materia de medio ambiente y agricultura refuerzan la protección de los sistemas campesinos de semillas. El Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) afirma la importancia de conservar la diversidad biológica, el uso sostenible de sus componentes y la distribución equitativa de los beneficios derivados de los recursos genéticos, al tiempo que reconoce los conocimientos y prácticas tradicionales de los pueblos indígenas y las comunidades locales. El Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura (TIRFAA) reconoce el papel fundamental de los agricultores en la conservación y mejora de los recursos fitogenéticos y afirma los derechos de los agricultores, incluida la protección de los conocimientos tradicionales, la distribución equitativa de los beneficios y la participación en la toma de decisiones sobre los recursos fitogenéticos.

A pesar de estos marcos normativos, los sistemas de semillas en todo el mundo se ven cada vez más condicionados por los avances jurídicos, económicos y tecnológicos, que en algunos contextos pueden socavar los sistemas campesinos de semillas. Entre ellos pueden figurar las leyes restrictivas sobre semillas y los regímenes de certificación, la protección de la propiedad intelectual, los acuerdos comerciales y de inversión, la concentración empresarial en el sector de las semillas y la digitalización de los recursos genéticos. Estos acontecimientos han suscitado preocupación por la marginación de las prácticas tradicionales, la erosión de la diversidad de semillas, la apropiación indebida de los conocimientos tradicionales y las desigualdades persistentes, incluida la discriminación estructural y por motivos de género.

En consonancia con su mandato de promover y supervisar la aplicación de la UNDROP, el Grupo de Trabajo sobre los Campesinos está preparando un informe temático para aclarar el contenido y el alcance del derecho a las semillas, evaluar los retos y las buenas prácticas en su aplicación y formular recomendaciones a los Estados y otros actores para garantizar que los marcos de gobernanza de las semillas sean compatibles con los derechos humanos, la conservación de la biodiversidad y la soberanía alimentaria.

El Grupo de Trabajo alienta a los Estados, las organizaciones internacionales y regionales, las instituciones nacionales de derechos humanos, las organizaciones de la sociedad civil, los movimientos campesinos, los pueblos indígenas, los académicos, los actores del sector privado y otras partes interesadas pertinentes a que presenten sus contribuciones. Se alienta especialmente a los titulares de derechos y a sus organizaciones representativas a que presenten sus contribuciones.

Preguntas clave y tipos de contribuciones/comentarios solicitados

Las semillas en su contexto: importancia y práctica

1. ¿Cuál es la importancia social, cultural, económica y medioambiental de las semillas en su contexto local, nacional o regional, incluyendo su contribución a la seguridad alimentaria, los medios de vida y la sostenibilidad medioambiental?
2. ¿Qué prácticas existen en su país y/o comunidad para cultivar, cosechar, conservar, intercambiar, compartir y mejorar las semillas?
3. ¿Cómo se distribuyen las funciones y responsabilidades relacionadas con las semillas dentro de las comunidades o sociedades, incluyendo entre mujeres, hombres, jóvenes, pueblos indígenas y otros grupos?

Marcos nacionales e internacionales

4. ¿Qué leyes, reglamentos o políticas nacionales rigen el almacenamiento, el uso, el intercambio y la venta de semillas campesinas, incluidas las medidas para su protección? ¿En qué medida son eficaces estos marcos para reconocer y defender el derecho a las semillas y apoyar la conservación de las semillas autóctonas y tradicionales?
5. ¿Cómo abordan los marcos jurídicos y políticos nacionales los intereses de los campesinos y las comunidades rurales en relación con los de los actores comerciales del sector de las semillas?
6. ¿Cómo se han reflejado en las leyes y políticas nacionales los instrumentos internacionales relacionados con los derechos de los campesinos, las semillas y la biodiversidad, incluidos la UNDROP, la UNDRIP, el CDB y el TIRFAA, y qué repercusiones o beneficios concretos han tenido para los campesinos y las comunidades rurales?

Desafíos, respuestas y buenas prácticas

1. ¿Cuáles son los principales desafíos o amenazas que se enfrentan en el ejercicio del derecho a las semillas, y cómo han respondido a ellos las comunidades, organizaciones o autoridades?
2. ¿Qué mecanismos nacionales, regionales o internacionales se han utilizado para promover o defender el derecho a las semillas, y cuál ha sido su eficacia?
3. ¿Qué lagunas siguen existiendo en la protección y el apoyo al derecho a las semillas? Comparta ejemplos de leyes, políticas, prácticas o iniciativas comunitarias que podrían reforzarse, replicarse o ampliarse.

Próximas etapas

Las contribuciones/comentarios pueden enviarse por correo electrónico. Deben recibirse antes del 19 de febrero de 2026.

Se pueden incluir materiales de apoyo adicionales, como informes, estudios académicos o documentos de referencia, como anexos o a través de enlaces web.

A menos que se especifique lo contrario por parte de quienes las envíen, las contribuciones se harán públicas en el sitio web del Grupo de Trabajo.

Dirección de correo electrónico: hrc-wg-peasants@un.org

Asunto del correo electrónico: Contribución al informe del CDH sobre las semillas

Límite de palabras o páginas:
1000 palabras

Formatos de archivo:
Word, PDF

Idiomas aceptados:
inglés, francés, español

La entrada Llamado a contribuciones: Informe del Grupo de trabajo UNDROP sobre el derecho a las semillas se publicó primero en Defending Peasants' Rights.

1: ¿Qué es la Asamblea de Mujeres Rurales y cuáles son sus principales áreas de trabajo?

La Asamblea de Mujeres Rurales es una red de movimientos de campesinas, pescadoras, trabajadoras agrícolas, migrantes y mujeres sin tierra, todas ellas residentes y trabajadoras en las zonas rurales de la región del sur de África. Estamos presentes en 11 países y contamos con cerca de 200 000 miembros. Se trata, por tanto, de un movimiento muy singular de mujeres rurales en la región.

Básicamente, la Asamblea de Mujeres Rurales da voz a las mujeres rurales y les permite actuar en cuestiones relacionadas con el acceso a la tierra y al agua, el derecho a la alimentación, el derecho a las semillas y, por supuesto, nos ocupamos de cuestiones patriarcales que afectan especialmente a las mujeres de las zonas rurales. Otro aspecto fundamental de nuestro trabajo es la justicia climática, que tiene un impacto considerable en la región, debido en gran medida a los numerosos ciclones que la azotan repetidamente, así como a otras crisis climaticas relacionadas.

Además, nos ocupamos de casos de violencia de género. En este sentido, desarrollamos ciclos de estudio en diferentes países, que son espacios que nos permiten debatir sobre cuestiones relacionadas con la violencia contra las mujeres.

También somos las guardianas de nuestras semillas, porque creemos que las semillas son nuestra vida, nuestro patrimonio, nuestra identidad, que no queremos perder. Nos encontramos en una situación en la que las empresas transnacionales, las empresas semilleras, quieren que eliminemos nuestras semillas, heredadas durante generaciones y generaciones. Estamos resistiendo ante ello.

2: ¿Por qué están aquí en Ginebra esta semana? ¿Cuáles son sus expectativas?

Estamos aquí en Ginebra para la 11.ª sesión de negociaciones sobre un tratado jurídicamente vinculante para regular las empresas transnacionales. Estamos aquí porque nuestras comunidades sufren a diario la violencia de las empresas transnacionales. A las personas de las comunidades les están arrebatando sus tierras, donde nosotras, las mujeres, cultivamos. También tenemos problemas relacionados con la crisis climática, como ya se ha dicho. Estas empresas deberían pagar por la contaminación, los daños y las pérdidas que sufrimos cada año. Sequías, inundaciones, entre otros hechos. Por eso estamos aquí, para contribuir a la elaboración de un tratado vinculante que responsabilice a estas empresas. Nuestro objetivo es que se apruebe el tratado para poder prevenir estas catástrofes.

Estamos aquí para hacer oír nuestra voz, porque cuando estamos en nuestros países podemos emitir declaraciones, pero estas no llegan a las Naciones Unidas. Por eso estamos aquí, en múltiples movimientos y comunidades, y una voz colectiva de diferentes países puede tener peso..

Estamos aquí como parte de la Campaña Global para Reivendicar la Soberania de los Pueblos, Desmantelar el Poder Corporativo y Poner fin a la Impunidad, una potente coalición de movimientos sociales, organizaciones progresistas y comunidades afectadas por las transnacionales, para plantear los problemas de las mujeres rurales del Sur Global. Estar aquí es fundamental para nosotras y forma parte de nuestra estrategia de incidencia como Asamblea de Mujeres Rurales. Queremos invertir y participar en diferentes plataformas para defender nuestros intereses a nivel local, nacional e internacional, y utilizar estos espacios de formulación de políticas globales o incluso los instrumentos de las Naciones Unidas para amplificar realmente nuestra voz.

3: ¿Cómo se relaciona la lucha por un tratado vinculante fuerte para regular las empresas transnacionales con la protección y la aplicación de los derechos campesinos, tal y como se describe en la UNDROP?

Hay una fuerte conexión. Me complació mucho saber que en el artículo 15.7 del borrador del tratado vinculante se ha incluido una disposición sobre los derechos campesinos y las poblaciones rurales, que ha recibido un fuerte apoyo de casi todos los países, en particular de Colombia y Palestina. El hecho de que los derechos campesinos se incluyan en este tratado dice mucho de la UNDROP. Este instrumento nos ayudará a impulsar nuestra agenda, de promoción y aplicación de la UNDROP en nuestros países. Nuestros países, por ejemplo Sudáfrica, votaron en favor de la declaración en 2018, pero todavía no contamos con una política que aplique la UNDROP. La existencia de este tratado vinculante reforzará nuestra labor de promoción y nuestro trabajo en nuestros países para garantizar que nuestros gobiernos rindan cuentas de la aplicación de ambos instrumentos. Por lo tanto, estos dos marcos jurídicos serán vehículos clave que utilizaremos en nuestras estrategias de promoción.

Es necesario resaltar que las violaciones que cometen las empresas transnacionales afectan precisamente los derechos que nos otorga la UNDROP. En particular, el derecho a las semillas, el derecho a la tierra y el derecho al agua. Cuando se adopte este tratado, dispondremos de una herramienta vinculante a la cual podremos recurrir para defendernos.

4: ¿Cómo afectan las actividades de las empresas transnacionales a sus comunidades?

En primer lugar, las empresas transnacionales quieren quitarnos nuestras semillas e imponer sus propias semillas industriales. Estas entidades vienen contaminando nuestra agua, causando enfermedades. La contaminación no solo afecta a las personas, sino también a los animales y los cultivos. Como resultado, padecemos enfermedades que ni siquiera reconocemos; a veces, incluso nuestros propios países nos dicen que no saben cómo tratarlas. Estos son los impactos a los que nos enfrentamos como resultado de lo que las empresas transnacionales están haciendo en nuestras comunidades.

La soberanía sobre las semillas ya no es un derecho. Las semillas han sido mercantilizadas por las empresas transnacionales. Se han convertido en una fuente de acumulación de capital en detrimento de la población rural pobre. Nuestros gobiernos ignoran que nuestras semillas son resistentes a los efectos del cambio climático. Nuestras semillas se pueden plantar varias veces. Cuando se compran semillas híbridas, solo duran un año. Si se intenta plantarlas después, no germinan. Nuestras semillas, en cambio, son resistentes: podemos plantarlas durante muchos años. Por lo tanto, tenemos seguridad alimentaria en casa y en la comunidad. Nuestras semillas son perfectas. No son perjudiciales. Tienen propiedades curativas y muchos nutrientes. Los alimentos que se obtienen de ellas se pueden cocinar de diferentes maneras. Se dice que hay hambre en Zambia. Eso es porque se sigue el pensamiento del mundo empresarial. Si pudiéramos pensar como piensan las mujeres rurales, habría mucha comida en Zambia. Ni siquiera debería haber hambre allí. Por lo tanto, este tratado también nos ayudará y protegerá nuestras semillas.

Las semillas híbridas son caras en comparación con nuestras propias semillas, ya que requieren fertilizantes y productos químicos. Si se plantan híbridas sin fertilizantes, no se obtiene nada. Por eso, también estamos tratando de promover nuestras propias semillas autóctonas, a pesar de las amenazas a las que nos enfrentamos por parte de nuestros gobiernos. Con el apoyo de nuestros gobiernos, las empresas transnacionales nos roban nuestras semillas, las convierten en híbridas y nos hacen pagar por ellas. Tenemos derecho a decir no a lo que nos ofrecen.

Además, están contaminando el medio ambiente y nos dicen que no debemos talar nuestros árboles para que estos puedan limpiar el carbono. Están interesados en desarrollar los mercados de créditos de carbono. Vienen a nuestras zonas y se apoderan de grandes extensiones de tierra. Dicen que ni siquiera debemos ir a recoger setas allí, que no debemos ir a recoger orugas allí. Ponen guardias para que no podamos ir a buscar leña. Así que tenemos nuestra propia tierra, pero no tenemos control sobre ella. Es muy intimidante. Venden carbono por mucho dinero, pero nosotros no obtenemos nada de eso.

También se apoderan de la tierra porque quieren explotar la minería, mientras que nosotras somos desplazadas de una tierra en la que hemos vivido durante tantos años. Incluso dañan las tumbas que se encuentran en esas tierras. Por lo tanto, es muy deshumanizante. Hay mucha impunidad en lo que hacen.

Estas empresas transnacionales han destruido nuestra tierra con la contaminación. Tienes un campo que no podrás utilizar durante los próximos 10 años porque ha sido dañado con minerales tóxicos desconocidos que han pasado por la zona. En la provincia de Copperbelt, en Zambia, que está cerca de donde vivimos, las empresas transnacionales contaminaron el río Kafue, que atraviesa todo el país. No podemos acceder al agua en tres cuartas partes de la tierra por la que pasa el río Kafue. No podemos comer ningún pescado de allí.

En Sudáfrica, los pescadores han denunciado a nuestro Gobierno —en particular a nuestro Departamento de Recursos Minerales y Energía— por realizar voladuras en el océano y por trabajar y colaborar con la empresa Shell, que buscaba petróleo en el océano en la parte oriental de Sudáfrica. Tenemos un caso similar en lo que respecta al titanio, que lleva mucho tiempo produciéndose también en la parte oriental de Sudáfrica, en Mbizana, donde las comunidades se están levantando y diciendo: «Tenemos derecho a decir no». El principio del consentimiento libre, previo e informado de las comunidades afectadas debe ser respetado. Se trata de un largo proceso judicial, y estas entidades deben rendir cuentas ahora. Deben pagar. Necesitamos reparaciones. Durante este proceso de resistencia, se han perdido vidas, defensoras han sido asesinadas y muchas están amenazadas en este mismo momento.

5: ¿Cómo han movilizado la UNDROP en África Australen favor de los derechos de las mujeres rurales?

En primer lugar, nos aseguramos de que nuestros miembros comprendieran lo que representa esta declaración y, por lo tanto, cuáles son los derechos que contiene. Llevamos a cabo una intensa labor de capacitación, educación y sensibilización entre nuestros miembros sobre sus derechos y sobre cómo involucrarse para defenderlos. Se trata de una declaración adoptada por las Naciones Unidas que todos los países deben aplicar, por lo que era fundamental para nosotros asegurarnos de que nuestras comunidades comprendieran sus derechos. Cada país tiene una estrategia de promoción, para amplificar la UNDROP en sus comunidades.

Por ejemplo, en Sudáfrica hemos llevado a cabo una campaña llamada “Una mujer, una hectárea de tierra”, para proporcionar más tierra a las mujeres. Combinamos esa campaña con la UNDROP, especialmente el derecho a la tierra, el derecho a la soberanía alimentaria y el derecho a utilizar nuestras semillas.

Como mujeres rurales de diferentes países, celebramos cada año festivales de alimentos y semillas. Lo hacemos para identificar qué semillas se han perdido, cuáles nos quedan y cómo podemos hacer un mejor uso de cada una. Ahora queremos crear bancos de semillas y campos de demostración donde podamos plantar estas semillas, para poder multiplicarlas. También desarrollamos iniciativas de intercambio de semillas. Trabajamos para aumentar nuestras reservas de semillas, de modo que, al resistirnos a las empresas transnacionales, también demostremos la fuerza de lo que tenemos.

En Suazilandia, por ejemplo, estamos involucrando a funcionarios del Gobierno en la aplicación de la UNDROP. Hemos colaborado con varios ministerios, incluido el Ministerio de Agricultura, pero aún no se han obtenido resultados concretos, ya que aún no han dado prioridad a la cuestión. También hemos comenzado a traducir la UNDROP a los idiomas locales para que sea accesible a nuestra población, a las mujeres.

6: ¿Cuál es su mensaje para los Estados del África meridional en relación con su participación en el proceso del Tratado vinculante?

Lo fundamental en este podio es escuchar las voces del Sur Global, especialmente las de nuestros gobiernos africanos. Queremos que pongan fin a la impunidad de las empresas. Tienen que actuar por nuestra gente, por nuestras comunidades, por los pobres, por nuestras naciones. En Sudáfrica, por ejemplo, tenemos una gran constitución en materia de derechos humanos. Sudáfrica ha firmado declaraciones y se ha comprometido históricamente con la UNDROP. Por lo tanto, exigimos que nuestra voz sea escuchada y que estos instrumentos sean implementados.

Nos gustaría que más países africanos participaran activamente en este proceso de negociación del Tratado vinculante. Los gobiernos deben intervenir, encontrar mercados para nuestros alimentos autóctonos y promocionarlos, y ayudar al campesinado. Si no tenemos maíz, tenemos sorgo, diferentes tipos de frijoles, yuca. Podemos preparar una comida con eso. Por lo tanto, deberían anteponer la vida de su pueblo a la protección de los llamados inversores que vienen a nuestros países solo para saquearlos. Extraen los minerales, se los llevan y, cuando regresan, nos vemos obligados a recomprar nuestros propios recursos a un precio muy elevado.

Si las empresas vienen como inversores a nuestros países, que construyan escuelas, carreteras, hospitales. El gobierno debería plantar cara y luchar por nosotras. Debenejar de mirar los beneficios y mirar las vidas de nuestro pueblo!

La entrada Impunidad corporativa y soberanía semillera: Entrevista con la Asamblea de Mujeres Rurales se publicó primero en Defending Peasants' Rights.

El Grupo de Trabajo sobre los Derechos de los Campesinos y Otras Personas que Trabajan en Áreas Rurales ha publicado un documento informativo sobre el derecho de los campesinos a las semillas, en relación con la Décima Primera Sesión del Órgano Rector del Tratado Internacional de Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura (ITPGRFA), celebrada del 24 al 29 de noviembre de 2025 en Lima, Perú. El documento ofrece un resumen de los temas clave en la agenda, incluyendo los derechos de los agricultores bajo el Artículo 9 del Tratado, el funcionamiento del Sistema Multilateral, la información sobre secuencias digitales y los arreglos de distribución de beneficios. 

El documento expone cómo los sistemas de semillas de los campesinos y los pueblos indígenas se relacionan con las obligaciones vinculantes de derechos humanos reconocidas en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y Otras Personas que Trabajan en Áreas Rurales (UNDROP), con particular atención al derecho a las semillas en el Artículo 19. Resume las principales recomendaciones del Grupo de Trabajo para el OR 11, tales como el reconocimiento de la naturaleza colectiva de los derechos de los campesinos, la revisión de las leyes nacionales de semillas y propiedad intelectual, abordar la biopiratería digital, establecer un comité permanente sobre los derechos de los agricultores y redefinir la distribución de beneficios para fortalecer los sistemas de semillas comunitarios y la conservación de la agrobiodiversidad. 

La entrada Derecho de lxs campesinxs a las semillas – Documento informativo del Grupo de Trabajo sobre los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales se publicó primero en Defending Peasants' Rights.

Ginebra, 10 noviembre 2025

Los derechos de los campesinos y los trabajadores rurales en el centro de la justicia climática

Mientras los líderes mundiales y la sociedad civil se reúnen para la 30ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP30), el Grupo de Trabajo de la ONU sobre los Derechos de los Campesinos y Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales¹ pide un cambio claro en la política climática mundial. Los campesinos, los pueblos indígenas, los pescadores, los pastores y los trabajadores rurales ya no deben ser vistos solo como víctimas de la crisis climática, sino como líderes esenciales en la restauración de los ecosistemas, la alimentación de las comunidades y la construcción de la justicia social y económica.

Alrededor de 2 mil millones de campesinos, pueblos indígenas y productores cultivan más del 70 por ciento de los alimentos que se consumen en los países de ingresos bajos y medios. También protegen gran parte de la biodiversidad del mundo, mantienen vivas las semillas y razas tradicionales y mantienen los ecosistemas y paisajes que sustentan la vida y las economías rurales. Sin embargo, reciben menos del uno por ciento de la financiación climática mundial y a menudo están excluidos de las decisiones clave sobre el futuro de la alimentación y el clima. Este desequilibrio debe terminar.

1. Alinear la acción climática con los derechos humanos

El Acuerdo de París y los derechos humanos apuntan a lograr los mismos objetivos. Los gobiernos no pueden lograr un progreso climático real mientras ignoran su deber de proteger los derechos de quienes alimentan al mundo.

Los Estados deben incluir los principios contenidos en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales (UNDROP), especialmente los derechos a la tierra, las semillas, el agua, la biodiversidad y la participación, en sus planes climáticos nacionales y estrategias de adaptación. Las políticas climáticas que pasan por alto estos derechos corren el riesgo de aumentar la pobreza, el desplazamiento y el hambre.

2.  Dirigir el financiamiento climático a soluciones lideradas por campesinos

La mayor parte del financiamiento climático aún apoya a las grandes empresas agrícolas, proyectos orientados a la exportación y mecanismos de mercado que permiten las causas y los impulsores del cambio climático, en lugar de apoyar las capacidades de quienes están en la primera línea de los impactos y las acciones innovadoras para abordar el cambio climático. El Grupo de Trabajo pide canales de financiación especiales dentro de los fondos climáticos para apoyar directamente a los titulares de derechos de la UNDROP, que incluyen campesinos, pequeños agricultores, pastores, pescadores, trabajadores rurales, pueblos indígenas y mujeres rurales. Estos fondos deben proporcionar subvenciones, no préstamos, con reglas simples y supervisión comunitaria para que el dinero llegue a quienes lo necesitan directamente de manera oportuna.

Se debe tener especial cuidado para no penalizar doblemente al Sur global obligando a los Estados a tomar préstamos para hacer frente a los daños resultantes del cambio climático que fue impulsado predominantemente por las emisiones provenientes de los estados ricos. El financiamiento para la mitigación, la adaptación y las pérdidas y daños debe verse como una forma de reparación por parte de quienes se han beneficiado de las operaciones extractivas que impulsan la crisis climática.

Las inversiones deben centrarse en la agroecología, la agricultura diversa, los sistemas de pesca y pastoreo, la regeneración del suelo, el agua y la biodiversidad, y otros métodos locales que reduzcan las emisiones y protejan la naturaleza. Las mujeres campesinas rurales, que llevan gran parte del trabajo y la responsabilidad de la seguridad alimentaria, necesitan apoyo y reconocimiento específicos.

3.  Comparta la tecnología de manera justa y respete el conocimiento

Para que la adaptación sea efectiva, la tecnología debe servir a las comunidades, no controlarlas. Instamos a los gobiernos a que cumplan sus compromisos con la UNDROP facilitando la cooperación internacional, lo que lleva a compartir la ciencia y la tecnología, junto con la creación de capacidad local.

Los Estados y las organizaciones deben promover herramientas de código abierto y de propiedad comunitaria, El derecho a guardar, compartir y desarrollar semillas y razas tradicionales es fundamental para la soberanía alimentaria y la resiliencia climática, y los Estados deben garantizar que las leyes comerciales y de patentes no criminalicen el intercambio tradicional de semillas ni fomenten la biopiratería. El conocimiento indígena y campesino, desarrollado a través de generaciones, debe tratarse como una parte central de la innovación climática.

4.  Proteger la tierra, el agua y la biodiversidad

Los objetivos climáticos no se pueden cumplir mientras continúen el acaparamiento de tierras, la deforestación, la destrucción de los ecosistemas fluviales y marinos y la expansión de los monocultivos. El Grupo de Trabajo insta a garantizar los derechos a la tierra, los recursos y el territorio, la reforma agraria y de tierras integrales, y los modelos de propiedad colectiva y gobernanza que sostengan tanto a las personas como a la naturaleza.

La captura de mercado de paisajes y componentes naturales que sustentan la vida a través de economías verdes y azules debe evitarse y denunciarse públicamente cuando se ve.

Los gobiernos deben garantizar que los proyectos de conservación y créditos de carbono no afecten negativamente el derecho de los titulares de derechos a la tierra, las semillas o la autonomía productiva, ni afecten sus medios de vida. Todos los proyectos deben involucrar la participación de los titulares de derechos locales, y los beneficios deben compartirse con ellos.

5.  Garantizar una transición justa para la población rural

El cambio hacia sistemas alimentarios sostenibles debe proteger los medios de vida de los campesinos y trabajadores rurales. Todas las inversiones climáticas, públicas o privadas, deben respetar las obligaciones de derechos humanos para evitar la pérdida de tierras, territorios y biodiversidad, el abuso laboral y el daño ambiental.

Las agroempresas que se benefician de los fondos climáticos deben demostrar el cumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, en particular las de la UNDROP. Los campesinos y otros titulares de derechos, y sus organizaciones, deben tener una voz real en las delegaciones nacionales y en los organismos de la CMNUCC que dan forma a las políticas agrícolas y de adaptación.

6.  El camino a seguir

La COP30 ofrece una oportunidad única de conectar el derecho de los derechos humanos y la política climática. El Grupo de Trabajo exhorta a los Estados a:

1. Garantizar que todos los fondos, mecanismos, propuestas y soluciones respeten los derechos humanos individuales y colectivos de los titulares de derechos, tal como se definen en la UNDROP y otros instrumentos internacionales de derechos humanos.
2. Reformar todos los fondos e instalaciones internacionales y nacionales para el clima y la adaptación² para permitir el acceso directo a los titulares de derechos de la UNDROP, incluidos los campesinos, agricultores, pescadores, pastores, pueblos indígenas, trabajadores y mujeres rurales.
3. Apoyar la cooperación tecnológica basada en los derechos, asegurando que surjan soluciones de consultas previas, y el consentimiento informado y la participación significativa de los titulares de derechos.
4. Aumentar el compromiso entre los gobiernos, los movimientos campesinos, pesqueros y pastoriles, los grupos de mujeres, las organizaciones de trabajadores rurales y los pueblos indígenas para planificar transiciones justas, informadas por los derechos de la UNDROP.

«La crisis climática es inseparable de la crisis de la injusticia rural», dijo el presidente del Grupo de Trabajo. «Los campesinos y los trabajadores rurales alimentan al mundo y enfrían el planeta. Reconocer y proteger sus derechos no es caridad, es la base de una respuesta eficaz, responsable y justa al cambio climático».

FIN

*Los expertos:

El Grupo de Trabajo sobre Campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales está compuesto por cinco expertos independientes de todas las regiones del mundo. El Presidente- Relator es Carlos Duarte (Colombia) y los Vicepresidentes son Davit Hakobyan (Armenia) y Uche Ofodile (Nigeria); otros miembros son Shalmali Guttal (India) y Geneviève Savigny (Francia).

Los relatores especiales, expertos independientes y grupos de trabajo son expertos independientes en derechos humanos nombrados por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. En conjunto, estos expertos se denominan Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Los expertos de los procedimientos especiales trabajan de forma voluntaria; no son funcionarios de las Naciones Unidas y no reciben salario por su trabajo. Si bien la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas actúa como secretaría de los procedimientos especiales, los expertos actúan a título individual y son independientes de cualquier gobierno u organización, incluidos el ACNUDH y las Naciones Unidas. Las opiniones o puntos de vista expresados son exclusivamente los del autor y no representan necesariamente los de las Naciones Unidas o el ACNUDH.

Las observaciones y recomendaciones específicas por país de los mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas, incluidos los procedimientos especiales, los órganos creados en virtud de tratados y el Examen Periódico Universal, pueden consultarse en el Índice Universal de Derechos Humanos https://uhri.ohchr.org/en/

Para consultas y solicitudes de los medios de comunicación, póngase en contacto con: Jamshid GAZIYEV, secretario del Grupo de Trabajo sobre los campesinos y los trabajadores rurales (jamshid.gaziyev@un.org)

Para consultas de los medios de comunicación relacionadas con otros expertos independientes de las Naciones Unidas, póngase en contacto con Maya Derouaz (maya.derouaz@un.org) o Dharisha Indraguptha (dharisha.indraguptha@un.org)

Siga las noticias relacionadas con los expertos independientes en derechos humanos de las Naciones Unidas en Twitter: @UN_SPExperts.

1. La UNDROP y el Grupo de Trabajo se aplican a una gama muy amplia de personas, incluidas las
   personas dedicadas a la agricultura artesanal o en pequeña escala, la plantación de cultivos, la ganadería, el pastoreo, la pesca, la silvicultura, la caza o la recolección, y la artesanía relacionada con la agricultura o una ocupación relacionada en una zona rural, junto con los pueblos indígenas, los pueblos nómadas y los migrantes, como se explica con más detalle en su artículo 1. ︎
2. Incluyendo el Fondo Verde para el Clima de la CMNUCC, el Fondo de Adaptación del Protocolo de Kioto, los Servicios para el Medio Ambiente Mundial, los Fondos de Inversión Climática administrados por el Banco Mundial y los fondos nacionales de adaptación, entre otros. ︎

La entrada Declaración del Grupo de Trabajo de la ONU sobre los Derechos de los Campesinos y otras personas que trabajan en áreas rurales con motivo de la COP30, Belém, Brasil se publicó primero en Defending Peasants' Rights.

Nota del editor:

La visita de los expertos, inicialmente planificada del 4 al 14 de noviembre de 2025, fue pospuesta a pesar de su momento crucial, tras las recientes protestas en Ecuador que fueron respondidas con un estado de excepción y medidas de represión en las que organizaciones indígenas, rurales y ambientales — entre los principales representantes de los/las titulares de derechos amparados por la UNDROP— fueron acusadas de «terrorismo» y vieron congeladas sus cuentas bancarias. Estas manifestaciones encendieron alarmas urgentes sobre problemas apremiantes directamente vinculados a la UNDROP, como los derechos a la tierra, al agua y a un medio ambiente sano, los cuales se vieron amenazados por la eliminación de los subsidios a los combustibles y el avance de proyectos mineros en territorios indígenas.

En este contexto, los expertos explicaron que una visita habría brindado una oportunidad vital para trabajar con el Gobierno a fin de encontrar respuestas basadas en los derechos humanos a estas preocupaciones.

Subrayaron que Ecuador ha reafirmado repetidamente su compromiso con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales (UNDROP). Los expertos también recalcaron que esta declaración ofrece un marco claro para abordar las desigualdades profundas que enfrentan las comunidades rurales y puede ayudar a moldear políticas públicas que promuevan la soberanía alimentaria, la preservación ambiental y la justicia social.

Leer la declaración completa:

5 de noviembre de 2025

GINEBRA – Un grupo de expertos en derechos humanos* ha anunciado hoy que su visita a Ecuador, prevista del 4 al 14 de noviembre de 2025, ha sido cancelada después de que el Gobierno solicitara reprogramarla para la segunda mitad de 2026.

«Las recientes protestas en todo el país reflejan preocupaciones profundas sobre los derechos a la tierra y al agua, la degradación medioambiental, así como el aumento del coste de la vida y la creciente inseguridad y violencia», ha declarado el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre los derechos de los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales.

«Una visita al país en este momento nos habría permitido colaborar con el Gobierno para identificar soluciones de derechos humanos a estas cuestiones urgentes».

Los expertos señalaron que la visita habría sido una oportunidad valiosa para entablar un diálogo constructivo con el Gobierno y las comunidades para la promoción de los derechos de los campesinos y los trabajadores rurales en Ecuador.

«La visita al país habría brindado una plataforma importante para identificar enfoques basados en los derechos humanos frente a los desafíos urgentes que enfrentan actualmente las comunidades campesinas e indígenas en Ecuador», afirmó el Grupo de Trabajo. «A la luz de las recientes protestas y la respuesta del Gobierno a las mismas, este diálogo habría sido especialmente relevante para debatir formas de abordar las causas subyacentes de los conflictos y fortalezer la confianza entre las comunidades y las instituciones».

Los expertos reiteraron que el reconocimiento progresivo por parte de Ecuador de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales (UNDROP) ofrece una hoja de ruta concreta y basada en principios para abordar las desigualdades e injusticias estructurales que afectan a las comunidades campesinas, los pueblos indígenas, los pescadores artesanales y los trabajadores rurales.

«Seguimos convencidos de que la implementación de la UNDROP puede ayudar a orientar las políticas públicas para garantizar la soberanía alimentaria, la protección del medio ambiente y la justicia social», señalaron los expertos, expresando asimismo su disposición a apoyar y cooperar con las autoridades ecuatorianas en la promoción de los derechos de los campesinos y los trabajadores rurales en el país.

El Grupo de Trabajo sobre los Campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales está compuesto por cinco expertos independientes de todas las regiones del mundo. El presidente-relator es Carlos Duarte (Colombia) y los demás miembros son Geneviève Savigny (Francia), Shalmali Guttal (India), Uche Ewelukwa Ofodile (Nigeria) y Davit Hakobyan (Armenia).

Los relatores especiales, expertos independientes y grupos de trabajo son expertos independientes en derechos humanos nombrados por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. En conjunto, estos expertos se denominan «procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos». Los expertos de los procedimientos especiales trabajan de forma voluntaria; no son funcionarios de las Naciones Unidas y no reciben un salario por su trabajo. Si bien la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas actúa como secretaría de los procedimientos especiales, los expertos actúan a título individual y son independientes de cualquier gobierno u organización, incluidos el ACNUDH y las Naciones Unidas. Las opiniones o puntos de vista expresados son exclusivamente los del autor y no representan necesariamente los de las Naciones Unidas o el ACNUDH.

Las observaciones y recomendaciones específicas por país de los mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas, incluidos los procedimientos especiales, los órganos creados en virtud de tratados y el Examen Periódico Universal, pueden consultarse en el Índice Universal de Derechos Humanos https://uhri.ohchr.org/en/.

Página de la ONU sobre derechos humanos, página del país: https://www.ohchr.org/es/countries/ecuador

Para consultas y solicitudes de los medios de comunicación, póngase en contacto con: Jamshid GAZIYEV, Secretario del Grupo de Trabajo sobre los campesinos y los trabajadores rurales (jamshid.gaziyev@un.org ).

Para consultas de los medios de comunicación relacionadas con otros expertos independientes de las Naciones Unidas, póngase en contacto con Maya Derouaz (maya.derouaz@un.org ) o Dharisha Indraguptha (dharisha.indraguptha@un.org )

Siga las noticias relacionadas con los expertos independientes en derechos humanos de las Naciones Unidas en X: @UN_SPExperts.

La entrada Ecuador pospone la visita del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre los derechos de los campesinos se publicó primero en Defending Peasants' Rights.

El informe, que pide medidas concretas para la realización efectiva del derecho de participación de las poblaciones rurales, examina el papel central de los/las campesinos/as y los/as trabajadores/as rurales en los sistemas alimentarios mundiales y destaca la importancia de su participación significativa en los procesos de toma de decisiones. Además, describe cómo la garantía de los derechos legales de los/las campesinos, incluida la participación, es esencial para promover la justicia social, fomentar la gestión medioambiental y lograr el desarrollo sostenible.

Lea el informe completo:

Lea también la declaración pronunciada por el actual presidente del Grupo de Trabajo, Carlos Duarte, ante la Asamblea General de las Naciones Unidas al presentar este informe:

La entrada El derecho a la participación – 3er informe del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la UNDROP se publicó primero en Defending Peasants' Rights.

Entre otros objetivos, este evento pretendía poner de relieve los múltiples retos a los que se enfrentan actualmente las comunidades rurales en todo el mundo. También tenía como objetivo explorar cómo la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales (UNDROP) puede influir en los marcos jurídicos y en las políticas publicas para proteger mejor a estas comunidades, reforzar sus derechos y promover la justicia social. Por último, el evento permitió destacar la movilización de los movimientos campesinos y las organizaciones rurales de toda América Latina, que trabajan a todos los niveles para promover y aplicar la UNDROP.

Como moderadora, Sibylle Dirren, representante de FIAN Internacional ante la ONU, destacó el papel crucial de la UNDROP como poderosa herramienta para defender y promover los derechos de las comunidades rurales.

Carlos Duarte, presidente del Grupo de Trabajo de Expertos de la ONU sobre los derechos campesinos y otras personas que trabajan en zonas rurales, recordó la crítica situación de las comunidades rurales, que se enfrentan al despojo, la falta de acceso a la tierra y al agua, así como al acaparamiento de los recursos naturales. Lamentó las dificultades de las organizaciones campesinas para hacerse oír en los foros internacionales, como las COP o el Convenio Mundial sobre la Diversidad Biológica, a pesar de que estas comunidades se ven directamente concernidas por la protección de la biodiversidad y los retos climáticos. El Sr. Duarte también señaló la persecución y la represión de que son víctimas lxs líderxs campesinxs en muchas regiones del mundo. Por último, insistió en la necesidad de reforzar la participación de las mujeres rurales, a menudo invisibilizadas a pesar de ser «la columna vertebral del mundo campesino».

Alfonzo Simon Raylan, representante del Sindicato de Trabajadores del Mar (SITRAMAR), organización miembro del Foro Mundial de Pueblos Pescadores, dio la voz de alarma sobre la situación de las comunidades pescadoras artesanales de la región indígena de Ngöbe-Buglé (Panamá). Desde 2010, con el pretexto de la conservación del medio ambiente, una prohibición de la pesca priva a estas comunidades de su principal fuente de subsistencia, lo que agrava la pobreza y el hambre. Las poblaciones viven en condiciones difíciles, con acceso limitado a la educación, la atención sanitaria y los servicios básicos. El Sr. Raylan denunció la falta de apoyo del Estado y la violenta represión que sufren los pueblos indígenas cuando defienden sus derechos.

Tres representantes de La Vía Campesina del continente latinoamericano compartieron sus experiencias a través de mensajes vídeo. Martha Huertas Moya, miembro de FENACOA/La Vía Campesina Colombia, presentó un balance alentador para el campesinado colombiano, marginado durante mucho tiempo. El reconocimiento de los derechos campesinos en la Constitución del país y en las políticas públicas ha permitido una mejor distribución de la tierra y la garantía de derechos antes inaccesibles. No obstante, insistió en la necesidad de crear una jurisdicción agraria y rural y de aumentar los presupuestos asignados al mundo campesino para consolidar estos avances. Arturo Aliaga, miembro de la ANAP/La Vía Campesina Cuba, destacó los avances concretos en materia de derechos campesinos, soberanía alimentaria y agroecología en el país. El representante campesino declaró que, gracias a la voluntad política afirmada de las autoridades publicas y a la capacidad de la ANAP de participar directamente en la elaboración de políticas y en la creación de marcos legislativos en la materia, la promoción y la aplicación de la UNDROP son ahora una realidad. Anderson Amaro, representante del MPA/La Vía Campesina Brasil, presentó la forma en que los movimientos sociales rurales brasileños movilizan la UNDROP en su lucha por unas condiciones de vida y de trabajo dignas. Más concretamente, el líder campesino se refirió a la estrategia de promoción en curso, cuyo objetivo es integrar la Declaración en la labor de los actores del sistema judicial nacional, los ministerios competentes y la agenda parlamentaria nacional y departamental.

Adriana Fillol Mazo, profesora de la Universidad de Sevilla y de la Academia de Ginebra, presentó la UNDROP como una herramienta jurídica concreta para proteger a las comunidades rurales. Sin embargo, señaló la existencia de varias amenazas, como la digitalización y las tecnologías agrícolas, que pueden aumentar la dependencia y la exclusión. La falta de relevo generacional también fragiliza el futuro de la agricultura campesina. Las mujeres rurales también se enfrentan a importantes obstáculos para acceder a la tierra y a una vida digna. A esto se suman la presión económica, la violencia y la incertidumbre climática, que están provocando una crisis silenciosa de salud mental en las zonas rurales. Concluyó haciendo un llamamiento para que se considere a lxs campesinxs, pescadorxs y pueblos indígenas no como problemas que hay que gestionar, sino como socios estratégicos esenciales para construir sistemas alimentarios justos, resilientes y sostenibles.

Raffaele Morgantini, representante del CETIM ante la ONU, clausuró el evento con una nota de esperanza para las comunidades rurales, gracias al surgimiento de jurisprudencias progresistas. De hecho, en varios sistemas judiciales están apareciendo sentencias favorables a los derechos campesinos. En Honduras, la Corte Suprema invocó la UNDROP para proteger las semillas campesinas contra la «ley Monsanto», una ley aprobada por el Parlamento que favorecía las semillas industriales y que, por lo tanto, fue derogada. En Colombia, la Corte Constitucional concedió su protección a una pareja de campesinos obligados a abandonar sus tierras tras repetidas inundaciones. En febrero de 2020, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó una sentencia en la que ordenaba el restablecimiento de una población indígena en sus tierras ancestrales, utilizando de manera complementaria la UNDROP y la UNDRIP (Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas). Existen otros ejemplos en Kenia o Canadá, que abarcan derechos relacionados con las semillas y la salud. El Sr. Morgantini destacó que estos avances no habrían sido posibles sin las sólidas alianzas entre los movimientos campesinos, lxs defensorxs de los derechos humanos, lxs juristas, lxs académicxs y el compromiso de las autoridades públicas. Estas colaboraciones permiten transformar los principios en acciones concretas en las comunidades rurales, los tribunales y las políticas nacionales.

Leer también nuestra entrevista exclusiva al Presidente del Grupo de trabajo Carlos Duarte y nuestro articulo sobre el informe de dicho Grupo de trabajo presentado ante la 60a sesion del Consejo de los derechos humanos

La entrada Evento paralelo en la ONU: Desafíos y buenas prácticas en la promoción de los derechos campesinos y trabajadores rurales en América Latina se publicó primero en Defending Peasants' Rights.