La Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de lxs campesinxs y de otras personas que trabajan en zonas rurales suele abreviarse como Declaración sobre los derechos de lxs campesinxs, pero sería un flaco favor a la Declaración pasar por alto a los demás grupos que protege. Este artículo propone centrarse en uno de estos grupos de personas que también se benefician de los derechos contenidos en la UNDROP: lxs trabajadorxs rurales.

El apartado 4 del artículo 1 de la UNDROP define y reconoce a este grupo en particular:

La presente Declaración se aplica, además, a los trabajadores asalariados, incluidos todos los trabajadores migrantes, independientemente de su situación migratoria, y los trabajadores de temporada, que estén empleados en plantaciones, explotaciones agrícolas, bosques y explotaciones de acuicultura a en empresas agroindustriales.

Esta definición da dos criterios para beneficiarse de estos derechos: ser asalariado y trabajar en una actividad económica relacionada con la agricultura. Nos parece importante subrayar la inclusión de lxs migrantes y lxs temporeros, dos categorías especialmente vulnerables.

Dado que lxs trabajadorxs agrícolas protegidos por UNDROP constituyen un grupo especialmente amplio y diverso, su inclusión podría cuestionarse. Pero el objetivo mismo de la Declaración es abarcar a todas las personas vulnerables que son productoras de alimentos. Hay pocas situaciones en las que estos trabajadorxs no se encuentren en una situación de inseguridad financiera y jurídica, a menudo remunerados con el mínimo legal y con contratos inseguros, cuando es que tienen un contrato.

Restablecer los derechos de estos trabajadorxs es necesario para garantizar una transición justa hacia sistemas alimentarios sostenibles para todos los que contribuyen a ellos. ¿Cómo podemos transformarlos sin antes reconocer y proteger a quienes más contribuyen a ellos? El UNDROP nunca es más interesante y poderoso que cuando entendemos que engloba la ruralidad y la producción de alimentos como un todo que requiere atención específica y transformación – a través de los derechos humanos.

Aquí proponemos una lectura de la Declaración que destaca los derechos más importantes para quienes trabajan en la agricultura, centrándonos en los artículos 13 y 14, dirigidos específicamente a lxs trabajadorxs.

Artículo 13: Derecho al trabajo

El derecho al trabajo establecido en el artículo 13 de UNDROP puede desglosarse en dos partes: la primera se refiere al empleo y la segunda a la protección de los trabajadores. El artículo 13 comienza definiendo el derecho al trabajo como la libertad de elegir cómo ganarse la vida, es decir, el propio trabajo. Esta libertad está vinculada al derecho a ser protegido contra el trabajo forzado y las condiciones de trabajo indecentes.

13§1. Los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales tienen derecho al trabajo, que engloba el derecho a elegir libremente cómo ganarse el sustento.

Tener un empleo

La libertad de elegir un empleo agrícola como medio de ganarse la vida encarna el objetivo fundamental de la Declaración: que las personas que trabajan para producir alimentos para el pueblo puedan seguir haciéndolo. Pero para que esto ocurra, debe haber empleos que permitan a las personas ganarse la vida, por lo que los apartados 3 y 4 del artículo 13 obligan a los Estados a crear un entorno favorable al empleo agrícola y a desarrollar sistemas alimentarios que creen puestos de trabajo.

El entorno al que se refiere el apartado 3 puede entenderse en sentido amplio como el conjunto de circunstancias que hacen posible el desarrollo y mantenimiento de puestos de trabajo en la producción agrícola. Por lo tanto, puede incluir el entorno jurídico, económico, financiero y técnico, y cada situación específica requiere un entorno correspondiente. Esta obligación también puede entenderse como la eliminación de obstáculos y la creación de incentivos para la creación de empleos rurales suficientemente remunerados.

El apartado 4 exige un enfoque más amplio y de mayor alcance, hasta el punto de que sólo se hace obligatorio para los Estados «con altos niveles de pobreza rural y falta de oportunidades de empleo en otros sectores». Esta condición no debe interpretarse como demasiado restrictiva, sobre todo teniendo en cuenta que las zonas rurales se encuentran entre las más pobres de la mayoría de los países. Una vez establecida esta condición, se pide a los Estados que «establezcan y promuevan sistemas alimentarios sostenibles que requieran una intensidad de mano de obra suficiente para contribuir a la creación de empleo decente». Obsérvense las precisiones que se hacen en este párrafo para definir estos sistemas alimentarios: sostenibles y de gran intensidad de mano de obra. El objetivo es crear empleo a largo plazo. Esta sostenibilidad se entiende también en el sentido de una agricultura sostenible, es decir, respetuosa de los ciclos naturales, con un bajo nivel de mecanización y de insumos sintéticos, compensado por un mayor nivel de intensidad de mano de obra, lo que puede acercarse más al modelo agroecológico preconizado por La Vía Campesina.

Protección contra la coacción

El segundo componente del derecho al trabajo es el derecho a ser protegido de todo trabajo que viole los derechos humanos de lxs trabajadorxs.

El apartado 2 comienza recordando el derecho específico de los niños a ser protegidos de cualquier trabajo que pueda perjudicarles. Se utiliza aquí el artículo 32§1 de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño: Establece que «debe prohibirse todo trabajo que pueda ser peligroso o entorpecer la educación del niño, o que sea nocivo para su salud o para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social». Según UNICEF, 112 millones de niños en todo el mundo trabajan en el sector agrícola.

Esta protección aparece después para los adultos en el apartado 5 del artículo 13, que establece que los Estados tienen la obligación de garantizar la correcta aplicación de la legislación laboral, entre otras cosas mediante la inspección de trabajo. Esta referencia específica a la inspección de trabajo se inspira directamente en el Convenio 129 de la OIT. Dado que el empleo en el sector agrícola y agroalimentario se basa a menudo en una mano de obra precaria, sujeta a condiciones de empleo y de trabajo a veces ilegales, sólo un estrecho control por parte del Estado, y por lo tanto la inversión en instituciones de inspección del trabajo, puede poner fin a estas prácticas.

Por último, el apartado 6 se ocupa de los casos más graves: «Nadie podrá ser constreñido a realizar un trabajo forzoso, en condiciones de servidumbre u obligatorio, estar expuesto al peligro de convertirse en víctima de la trata de personas o estar sujeto a cualquier otra de las formas contemporáneas de esclavitud». Como hemos dicho, la agricultura es un sector económico que a menudo depende de una mano de obra precaria y vulnerable, que por tanto puede ser explotada de la peor manera posible. Este derecho se basa en el artículo 8 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

El derecho al trabajo reconocido en el UNDROP puede ser una poderosa palanca para las organizaciones que defienden los derechos de lxs trabajadorxs. Se inspira directamente en normas internacionales bien establecidas y complementa el derecho internacional para proteger a una población específicamente vulnerable. La agricultura sigue siendo un sector muy importante del empleo asalariado, sobre todo en la industria agroalimentaria, por lo que el artículo 13 afecta a millones de personas cuyos derechos deben protegerse urgentemente. Además, la transformación de este sector hacia un modelo sostenible y compatible con el medio ambiente, y por tanto alejado de la industria, debe hacerse con lxs trabajadorxs, reconociendo cada vez más sus derechos, y no contra ellos.

Artículo 14. Derecho a un entorno de trabajo seguro y saludable

El artículo 14 es una extensión del derecho al trabajo, que proporciona un marco para las condiciones laborales. Junto con el artículo 13, garantiza un trabajo digno, libremente elegido y que garantice un nivel de vida adecuado, sin poner en peligro a lxs trabajadorxs.

El artículo 14 es ante todo una transposición para el sector agrícola del derecho reconocido en el artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales: «al goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que garanticen en especial: […] b) Condiciones de trabajo seguras y sanas». A partir de este derecho, el artículo detalla las protecciones de que deben gozar lxs trabajadorxs y las obligaciones que incumben a los Estados en este ámbito. El artículo 14 se inspira en gran medida en el Convenio 184 de la OIT sobre seguridad y salud en la agricultura.

Un derecho para todos lxs trabajadorxs

Es importante destacar que el primer párrafo del artículo 14 reitera quiénes son los beneficiarios de su contenido: «Los campesinos y demás personas que trabajan en las zonas rurales, incluidos los trabajadores temporales, estacionales o migrantes». Al igual que en el artículo 1 del UNDROP, la condición de trabajador no es obstáculo para el reconocimiento y protección de estos derechos. Esto es aún más importante si tenemos en cuenta la prevalencia de estxs trabajadorxs «temporarios, de temporada o migrantes», incluidos los trabajadores indocumentados, en los trabajos más peligrosos de la agricultura.

Derecho a proteger la salud y la seguridad en el trabajo

El primer apartado del artículo 14 establece detalladamente «tienen derecho
a trabajar en condiciones laborales seguras y saludables», que incluye los siguientes derechos:

• la participación en la aplicación y revisión de las medidas de salud y seguridad
• la elección de representantes específicos para el tema
• prevención, reducción y control de los riesgos
• el acceso a los equipos de protección
• información y formación en materia de seguridad

Este apartado concluye con el derecho a no ser objeto de violencia o acoso, incluido el acoso sexual, y el derecho a no sufrir represalias en caso de denunciar o negarse a trabajar en condiciones probadamente peligrosas. Era especialmente importante concluir sobre estos dos derechos. En primer lugar, porque la violencia impide el uso y la protección de los derechos, en particular las represalias. Es la violencia la que permite crear y perpetuar situaciones de riesgo y peligro para lxs trabajadorxs.

Luego está la referencia a la violencia sexual y al acoso sexual. Algunos sectores agrícolas emplean específicamente mano de obra femenina, por ejemplo para el trabajo repetitivo y delicado de la recolección. Este trabajo, por naturaleza estacional y por tanto precario, hace a las mujeres más vulnerables a la violencia, en particular a la violencia sexual.

Para responder a estos derechos y hacerlos efectivos, el artículo 14 establece en su apartado 3 una serie de obligaciones para los Estados. El apartado comienza imponiendo a los Estados la obligación general de adoptar medidas apropiadas para garantizar la salud y la seguridad. A continuación, establece medios concretos para lograrlo: principalmente la designación de autoridades competentes, no sólo para la aplicación, sino también para el control y la imposición de sanciones en caso de incumplimiento del marco de protección de lxs trabajadorxs.

La naturaleza especial de los productos agroquímicos

Entre los riesgos a los que están expuestos lxs trabajadorxs agrícolas, el artículo 14 se centra especialmente en los asociados a los productos químicos utilizados en la agricultura.

En primer lugar, el apartado 2 otorga a lxs trabajadorxs el derecho a «no utilizar ni estar expuestos a sustancias peligrosas o productos químicos tóxicos, en particular a productos agroquímicos o contaminantes agrícolas o industriales». Este derecho está vinculado al primer apartado, que otorga a lxs trabajadorxs el derecho a rechazar condiciones de trabajo peligrosas y a denunciar el uso de productos probadamente peligrosos.

Este derecho conlleva obligaciones para los Estados. Éstas se establecen en el apartado 4 del artículo. La primera obligación es prevenir los riesgos, lo que puede llegar a restringir o prohibir determinados productos. Las demás obligaciones abarcan todo el ciclo de vida de los productos, desde su fabricación hasta su utilización y eliminación. Esta última obligación ya no concierne a lxs campesinxs ni a lxs trabajadorxs, sino al público en general. Los Estados tienen la obligación de educar y sensibilizar al público en general sobre los riesgos que plantean estos productos para la salud y el medio ambiente, y sobre las soluciones alternativas.

Con este enfoque sobre los productos químicos, defendemos una vez más la agricultura a pequeña escala basada en prácticas que utilizan procesos naturales y respetan el medio ambiente y a las personas.

Conclusión

Otros artículos pueden leerse desde el punto de vista específico de lxs trabajadorxs. Si leemos la Declaración de forma lineal, encontramos en primer lugar los derechos civiles y políticos, y después los derechos económicos y sociales.

Entre los primeros, podemos centrarnos en el apartado 2.i del artículo 4, sobre los derechos de las mujeres rurales, que se refiere al derecho al trabajo: «Tener un empleo decente, gozar de igualdad de remuneración y acogerse a las prestaciones sociales, y acceder a actividades generadoras de ingresos». El acceso de las mujeres al trabajo y a una remuneración decente e igual a la de los hombres sigue siendo una batalla que dista mucho de haber terminado.

Luego están los artículos 8 sobre libertad de pensamiento, opinión y expresión y 9 sobre libertad de asociación. Estos derechos están directamente relacionados con las libertades sindicales, que son especialmente importantes para organizar la defensa de los derechos de lxs trabajadorxs.

Muchos derechos económicos y sociales son de gran importancia para lxs trabajadorxs. Por ejemplo, el derecho a la seguridad social (art. 22), que cubre los accidentes laborales, la pérdida del empleo y la jubilación. Pero también está el derecho a la salud (art. 23), intrínsecamente ligado al derecho a un entorno de trabajo sano y a la atención de la salud relacionada con el trabajo.

Los derechos a la alimentación (art. 15), a la vivienda (art. 24) y al agua y el saneamiento (art. 21), que son derechos que satisfacen necesidades básicas, son a menudo incumplidos por los empleadores de trabajadorxs agrícolas. Lxs trabajadorxs agrícolas, sobre todo los temporeros, dependen a veces totalmente de sus empleadores para satisfacer estas necesidades y, por tanto, para garantizar el respeto de estos derechos. Los artículos que les dedica el UNDROP retoman derechos ya reconocidos internacionalmente y los adaptan a las condiciones específicas de lxs trabajadorxs rurales.

Todos los artículos de la Declaración mencionan siempre a lxs campesinxs y a las personas que trabajan en las zonas rurales, por lo que todos estos derechos son también los de lxs trabajadorxs. El modelo del campesino que trabaja su tierra solo, o con su familia, no es el único que prevalece en el campo, y el propósito de la Declaración no es convertirlo en hegemónico. Lxs trabajadorxs agrícolas están presentes en toda la cadena de producción alimentaria y son un eslabón esencial en su transformación. Garantizarles más derechos a través de UNDROP significa posibilitar una transformación desde dentro, hacia nuevas formas de trabajo que sirvan para alimentar a las personas y garanticen la dignidad en el trabajo.

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En primer lugar, para ponernos en contexto, ¿podría describirnos el panorama general de la agricultura en Canadá?

Las políticas agrícolas han vinculado cada vez más la agricultura a un sistema corporativo en Canadá. Ejemplos recientes refieren a la reducción de la supervisión gubernamental de las semillas y las plantas modificadas genéticamente. El gobierno canadiense ha puesto su fe en la agroindustria y las corporaciones biotecnológicas en lugar de en la ciencia y el interés público. Esto asusta mucho a los agricultores, especialmente a los ecológicos, como yo, que podemos sufrir las consecuencias económicas, sanitarias y ecológicas de la creciente apropiación de las semillas por parte de las empresas y del desmantelamiento de la investigación y el desarrollo de semillas financiados con fondos públicos.

El COVID-19 ha mostrado las grietas y las desigualdades profundamente arraigadas que mantienen la tierra inaccesible, a las comunidades rurales sin recursos y a los agricultores endeudados y dependientes de las empresas que venden insumos y productos químicos. También ha mostrado la dependencia de un suministro constante de trabajadores migrantes que sufren abusos de los derechos humanos. Sin embargo, ha sido una época de enormes aumentos de beneficios para las empresas del sector. Encima tenemos la crisis climática y la crisis de ingresos, con rentas estancadas desde hace años y muchos agricultores dependiendo del trabajo fuera de la granja para llegar a fin de mes. Las políticas agrícolas están empezando a despertar a las realidades de la crisis climática, con más fondos disponibles para la adaptación climática en las explotaciones, pero la crisis de ingresos sigue prevaleciendo para las explotaciones familiares y de pequeña escala, que son la columna vertebral del sistema alimentario.

Por último, si hablamos de la agricultura en Canadá, tenemos que reconocer que se basa en la colonización y el robo de tierras. La Unión Nacional de Agricultores (NFU) está entablando conversaciones entre los agricultores y los pueblos indígenas, conversaciones sobre la equidad de la tierra, la devolución de la tierra y la soberanía alimentaria, pero esto es sólo el principio. Nuestra agricultura se basa en una violencia colonial que aún no se ha reconciliado. Los agricultores tienen un papel fundamental que desempeñar tanto en el reconocimiento de nuestra relación con la tierra como en la búsqueda de vías para avanzar hacia unas relaciones justas con los pueblos indígenas.

En este panorama agrícola tenemos una pluralidad de perspectivas con respecto a cómo deben desarrollarse las políticas agrícolas y qué objetivos pretenden alcanzar. Es posible que algunas de las organizaciones agrícolas más grandes hayan tenido históricamente más influencia sobre los responsables políticos, pero la NFU y otros activistas de la soberanía alimentaria están ganando terreno, especialmente a nivel local y regional.

En 2020, el Tribunal Superior de Justicia de Ontario emitió una decisión basada en UNDROP en defensa de un grupo de trabajadores agrícolas migrantes durante la pandemia de COVID-19. ¿Puede hablarnos más de esta decisión?

Este caso muestra el potencial legal de la UNDROP, creo que la acción legal es una vía para que los países que no han aprobado la Declaración en Naciones Unidas incorporen sus artículos y sienten precedentes legales. En 2020, en plena pandemia de COVID-19, los Abogados Canadienses por los Derechos Humanos Internacionales utilizaron el artículo 23 de la UNDROP en un tribunal provincial en defensa de un grupo de trabajadores migrantes que se enfrentaban a condiciones de vida peligrosas y de hacinamiento.

Para dar un poco de contexto, las granjas canadienses emplean a casi medio millón de trabajadores agrícolas a través de un programa federal. A lo largo de los años, este programa ha estado plagado de acusaciones de violación de los derechos humanos: malas condiciones de vida, salarios bajos y ausencia de vías para obtener la residencia permanente. Al mismo tiempo, Canadá depende de su mano de obra para garantizar el suministro de alimentos.

En marzo de 2020, justo después de que se anunciara el estado de emergencia, el gobierno federal ordenó un periodo de aislamiento de 14 días para todos los trabajadores extranjeros temporales que entraran en Canadá, al tiempo que garantizaba que los trabajadores sometidos a aislamiento en grupo tuvieran al menos 2 metros por persona en todo momento y limitaba el número de trabajadores que viven juntos en un alojamiento.

Cuando se impuso esta política, una importante granja industrial de Ontario (centro de Canadá) que emplea a trabajadores migrantes presentó dos planes de autoaislamiento inadecuados antes de solicitar una audiencia sobre la orden de salud pública que limitaba el número de trabajadores agrícolas en un alojamiento. En la audiencia, la empresa alegó que el requisito de tres trabajadores agrícolas por alojamiento era arbitrario y no reconocía la importancia de los trabajadores agrícolas migrantes para el suministro de alimentos de Canadá. Alegaron que no habían podido traer a tantos migrantes como lo harían normalmente, y que esto ponía en peligro su producción de alimentos.

El Tribunal Superior de Justicia de Ontario respondió que: «para reducir las desigualdades sanitarias, tal como exigen las directrices, el número de trabajadores que pueden aislarse juntos debe ser tal que el riesgo para su salud sea comparable al del resto de la población cuando están en cuarentena. Permitir que un mayor número de trabajadores se aíslen juntos expone a los trabajadores agrícolas migrantes a un nivel de riesgo no tolerado para otros miembros de la comunidad, aumentando así la vulnerabilidad de un grupo ya de por sí vulnerable.«

Para llegar a este resultado, el Tribunal citó la UNDROP por primera vez en Canadá. La forma en que lo citaron es importante: «[…] además, la UNDROP forma parte del conjunto de leyes y normas de derechos humanos a las que pueden recurrir los juzgadores canadienses para interpretar las obligaciones legales o de derecho consuetudinario y para revisar las decisiones administrativas». Citaron el artículo 23.1, que establece: «Los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales tienen derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental«.

Así que el contexto y el resultado del caso son demostrativos de la aplicabilidad de la Declaración en el contexto canadiense. Promover este caso es algo que tenemos que seguir haciendo. Es estratégico ampliar la red de abogados de derechos humanos que conocen UNDROP y darles este ejemplo.

Ahora que tienen esta jurisprudencia, ¿cuáles son los siguientes pasos?

Creo que la primera consideración es elegir el nivel adecuado en el que trabajar. A mi modo de ver, primero hay que hacer análisis críticos y establecer vínculos a nivel local, y es muy valioso crear capacidades a nivel local y luego ampliarlas y ampliarlas. Aunque UNDROP es una herramienta que podemos utilizar a cualquier escala, a veces puede ser más aplicable a nivel local.

En Canadá, muchas políticas agrícolas se elaboran a nivel provincial (a excepción de la política comercial y de semillas, por ejemplo). A este nivel, los agricultores suelen comprender mejor cuáles son sus necesidades colectivas y tienen más capacidad para abogar por cambios políticos tangibles. Creo que hay potencial en la aplicación de derechos muy específicos a situaciones muy concretas, en lugar de intentar aplicar el UNDROP a nivel nacional.

Podemos hacer la conexión aquí en casa respecto a cómo aplicarlo a nuestro contexto. El eslabón que falta aquí es la educación política: necesitamos herramientas de educación popular atractivas y pertinentes para demostrar la conectividad entre esta Declaración de la ONU un tanto esotérica y las realidades de los agricultores del Canadá rural. Creo que la NFU está haciendo un buen trabajo conectando nuestro trabajo actual de política agrícola con la UNDROP, lo cual es un primer paso fundamental para que la gente simplemente conozca su existencia.

A nivel nacional, esta jurisprudencia sobre los derechos de los trabajadores migrantes podría tener mucho peso en términos de precedente, pero nos enfrentamos a obstáculos como a nivel local en términos de ampliar la comprensión básica del UNDROP más allá de los miembros de la NFU y los abogados de derechos humanos. En Canadá, yo diría que el conocimiento de los derechos humanos -especialmente los relacionados con la agricultura- es escaso. Cuanto más eduquemos al público sobre la necesidad de orientar la política agrícola en una dirección basada en los derechos, más probabilidades tendremos de que el UNDROP se utilice más en contextos jurídicos y políticos por igual.

¿Cuáles diría que podrían ser los otros derechos en los que centrarse para la aplicación del UNDROP en Canadá?

La cuestión de la tierra requiere una seria consideración en Canadá. El UNDROP ofrece un texto sobre el derecho a la tierra que supone una ruptura radical con la forma en que la tenencia de la tierra y la política están establecidas aquí. Sin embargo, no podemos extralimitarnos ni contradecir el trabajo que están realizando los defensores de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indigenos (UNDRIP). Sería necesaria una seria coordinación para garantizar que los derechos sobre la tierra de la UNDRIP y del UNDROP se apliquen de forma complementaria.

Los jóvenes de la NFU nos hablan mucho de la tierra. Cuando hablan de cuáles son sus necesidades en términos de apoyo técnico, el acceso a la tierra y al capital son las cuestiones fundamentales que identifican como barreras para entrar en la agricultura. También está la crisis de sucesión: tenemos una población de agricultores que envejece rápidamente, la edad media es ahora de 55 años. Un problema, entre otros muchos, es que en el pasado no ha habido ningún tipo de ayuda a las pensiones de los agricultores, por lo que al jubilarse muchos de ellos venden sus tierras de cultivo al mejor postor con el fin de tener una jubilación digna. Eso ha puesto enormes trabas a los jóvenes que no disponen de mucho capital, sobre todo a los que no proceden de familias de agricultores.

También tenemos que plantearnos quién se va a hacer cargo de las explotaciones de cereales y productos básicos cuando esos agricultores se jubilen. Los agricultores jóvenes de primera generación están empezando nuevas explotaciones, pero la mayoría son de pequeña escala debido a los requisitos de capital de las grandes explotaciones. Temo la consolidación empresarial que seguirá produciéndose si esta generación y la siguiente no pueden permitirse explotar explotaciones más grandes.

Así que, teniendo en cuenta la crisis múltiple, tenemos que hablar de soluciones alternativas tangibles para la tenencia de la tierra que tengan en cuenta las necesidades de las comunidades indígenas y de los agricultores de todas las edades que nos rodean. Estamos pensando en formas creativas de acceder a la tierra, ya sea en modelos de cooperativa o de fideicomiso de tierras, pero también necesitamos abogar por ayudas gubernamentales que refuercen nuestros esfuerzos. Hay muchas preguntas y pocas respuestas sobre la sucesión de tierras y eso es algo en lo que, como Joven Presidente de la NFU, quiero trabajar. Utilizar el UNDROP como marco aspiracional para los derechos sobre la tierra en este país podría ser un concepto unificador si podemos ampliar la comprensión de su relevancia para el contexto canadiense.

Otro ámbito especialmente relevante para el contexto canadiense es el de las semillas. La NFU tiene un largo historial de trabajo en favor de la soberanía de las semillas. La utilización del artículo 19 es muy oportuna, ya que la soberanía de las semillas está hoy más amenazada que nunca. El gobierno federal ha dado, esencialmente, vía libre a las empresas biotecnológicas en el sistema alimentario. Esta vez, lo han hecho eliminando los controles de seguridad de la ciencia corporativa y negando la transparencia al público. El Ministro de Agricultura anunció que Canadá eximirá a las plantas modificadas genéticamente de la reglamentación y la notificación pública obligatoria a menos que contengan ADN extraño o sean tolerantes a los herbicidas.

Para todos los demás cambios en una planta modificada genéticamente, las empresas decidirán si su producto debe ser evaluado por un organismo federal. Así pues, las empresas biotecnológicas tendrán la última palabra sobre si sus productos pueden causar daños medioambientales, y el público no sabrá nada sobre la calidad de las evaluaciones que decidan hacer o si las hacen. Algo aterrador.

Antes teníamos un sistema público de semillas muy sólido, pero se ha desmantelado en las dos últimas décadas. Hemos visto cómo las semillas pasaban cada vez más al control de las empresas, pero sabemos que un buen sistema público es posible. Esto es lo que la NFU está impulsando. Cuanto más arraigada esté la agenda de las semillas corporativas en nuestras políticas agrícolas, más difícil será salir de este lío. Ahora incluso tenemos un conglomerado de cuatro corporaciones de semillas, Seeds Con, que ha cambiado su nombre por el de Seeds Canada, que suena como un organismo gubernamental. Estos cambios están sucediendo rápidamente, es aterrador. El público debería alzarse en armas contra la consolidación corporativa de las semillas y utilizar UNDROP como base es un buen lugar para empezar a presionar por el cambio.

Las semillas son uno de los recursos más preciados y profundamente culturales que tenemos. El artículo 19 refuerza el Convenio sobre la Diversidad Biológica y el Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura. Canadá ha firmado ambos. También ha firmado y ratificado la DNUDPI, que también hace referencia directa al derecho indígena a las semillas. Hay argumentos de peso para afirmar que lo que está ocurriendo ahora va en contra de lo que Canadá ya ha firmado, y el hecho de que no haya firmado la UNDROP no debería eliminarlo de la lista de razones por las que deberíamos cuestionar lo que el gobierno está permitiendo hacer a gusto a los gigantes corporativos.

¿Cuáles cree que son los principales obstáculos para aplicar el UNDROP?

Uno de los principales obstáculos es el lenguaje utilizado en el UNDROP. Es difícil que los responsables políticos presten atención a la palabra campesino y al campesinado como grupo social, ya que no se entiende bien en Canadá, ni en la lengua inglesa en general, porque a menudo se utiliza de forma peyorativa. Hay argumentos de peso para utilizar el término campesino en el ámbito político, pero cuando se trata de la elaboración de políticas y la defensa de los intereses de los campesinos, sigue habiendo muchas desconexiones.

Aquí, la política agrícola está orientada hacia la agricultura industrial corporativa y el término campesino podría denotar una identidad política o social, contraria a lo que la agricultura canadiense está tratando de ser percibida en el país o en el extranjero. “Campesino» se opone a «empresario» y da la impresión de atraso a quienes no están familiarizados con él en un sentido político. Del mismo modo, creo que una de las razones por las que el gobierno votó en contra del UNDROP en la ONU es que no pueden verse a sí mismos con este término o cómo podría aplicarse en este contexto. En definitiva, queda mucho trabajo por hacer para que todo el mundo se ponga de acuerdo sobre la aplicabilidad de este tipo de lenguaje en el contexto canadiense.

Entonces, ¿cómo salvar esa brecha para los agricultores que son campesinos en un sentido global?

Nettie Wiebe, una persona a la que admiro mucho y considero mi mentora, es una antigua presidenta de la NFU y miembro del ICC de LVC. Fue citada diciendo que cuando piensa en la palabra campesino para ella significa gente de la tierra. Esto resuena en mí: Me considero una «persona de la tierra» porque trabajo con ella, la cuido, intento vivir en armonía con ella y no extraer de ella. Ella cree que es muy importante recuperar ese lenguaje, decir que somos campesinos porque es nuestra relación con la tierra y los alimentos lo que nos distingue como grupo social, que no formamos parte de la maquinaria capitalista. Podemos funcionar dentro de un sistema capitalista, pero no buscamos necesariamente fines capitalistas, si eso tiene sentido.

Como mencionaste anteriormente, Canadá finalmente ha adoptado la UNDRIP, después de haber votado en contra en la Asamblea General de las Naciones Unidas, ¿cómo podría esto influir y ayudar a la implementación de UNDROP?

Lo que necesitamos desesperadamente en los espacios de soberanía alimentaria y agroecología de todo el país es crear coaliciones y redes de solidaridad. Tenemos que salir y hablar con agricultores que quizá no tengan la misma política ni los mismos valores fundamentales, ni hablen el mismo idioma, pero que en el fondo tienen las mismas necesidades y los mismos derechos. Tenemos que tender puentes entre los agricultores y las personas que han sido desposeídas de sus tierras, como los pueblos indígenas y la gente de color. Tenemos que tender la mano y encontrar formas de asegurarnos de que nuestro movimiento crece. Sólo con ese tipo de crecimiento y la construcción de nuestra red vamos a tener la capacidad de hacer el tipo de organización que se logró en la ratificación de la DNUDPI en Canadá.

Sé que tenemos una base sólida, pero también necesitamos ampliarla y expandirla, y eso tiene que venir acompañado de un toque humano. Tenemos que salir a nuestras comunidades y mantener conversaciones abiertas con otros agricultores y personas de la tierra que tal vez no se sientan vinculados a una comunidad agrícola o a una comunidad más progresista como la NFU, pero que tal vez lo acogerían con agrado si se les diera la oportunidad y alguien les tendiera la mano.

Hablar de las necesidades básicas de la gente y de su deseo de formar parte de una comunidad que avanza unida puede ser más importante que cualquier opinión política concreta. La mayoría de los agricultores forman parte de la organización agraria dominante, no de la NFU, y depende de nosotros ser creativos y llegar a donde están, no a donde desearíamos que estuvieran, políticamente. A través de la construcción de esta comunidad ampliada y extendida podemos utilizar UNDROP como bloque de construcción, pero a nivel de base es donde debe ocurrir.

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El 15 de marzo de 2023, en el Palacio de las Naciones, tuvo lugar un evento paralelo titulado “Respetar, proteger y hacer efectivos los derechos de las y los campesinos y de otras personas que trabajan en las zonas rurales” en el marco del 52º período ordinario de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. El evento paralelo fue coorganizado por las Misiones Permanentes del Estado Plurinacional de Bolivia, Honduras, Cuba, Sudáfrica, y Luxemburgo, asi como del South Center, La Vía Campesina, Centre Europe-Tiers Monde (CETIM), FIAN Internacional y la Academia de Derecho Internacional Humanitario y Derechos Humanos de Ginebra, con el apoyo de otros socios.

El objetivo de este evento paralelo era crear conciencia sobre las contribuciones de las y los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales para hacer frente a las múltiples crisis actuales, y debatir las medidas que pueden adoptarse a escala nacional y regional con el fin de respetar, proteger y hacer efectivos los derechos campesinos. También pretendía fomentar una mayor colaboración para la aplicación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales (UNDROP), y poner de relieve la iniciativa de crear un nuevo Procedimiento Especial de las Naciones Unidas sobre esta cuestión.

Raffaele Morgantini, del CETIM, dio la bienvenida a los participantes en el evento paralelo y destacó el importante papel que las y los campesinos y las comunidades rurales habían desempeñado en la adopción de la UNDROP en 2018, promovida especialmente por La Vía Campesina. La UNDROP fue apoyada por muchos países en desarrollo; Portugal y Luxemburgo fueron los únicos países de la Unión Europea que también apoyaron la adopción de la Declaración en 2018. La implementación de la Declaración a nivel nacional e internacional podría contribuir a hacer frente a las múltiples crisis actuales. El aumento de las crisis ecológicas y sociales, la concentración del capital y el poder, además de las crisis sanitarias, están favoreciendo los sistemas antidemocráticos y repercutiendo en la vida de las y los campesinos y demás trabajadores de las zonas rurales, especialmente en los países en desarrollo. La UNDROP ofrece posibles soluciones a estos problemas, entre ellas la elaboración de una hoja de ruta común para sistemas agroecológicos justos y sostenibles.

S.E. Freddy Mamani, viceministro de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia, intervino a través de un mensaje de vídeo, haciendo énfasis en la visión estructural de cuestiones como la crisis alimentaria mundial, que ha llevado a 190 millones de personas a vivir en una situación de inseguridad alimentaria aguda, lo que supone un riesgo de aumento de las hambrunas. El sistema económico mundial basado en el extractivismo ha provocado una agudización del hambre en el mundo. Debido al creciente poder de las grandes empresas transnacionales, se están limitando los derechos campesinos, como el acceso a la tierra, las semillas y el agua. Las injustas condiciones estructurales están acentuando la acumulación de poder y capital, mientras que la violencia y la desigualdad estructural, que son la base de estos entornos injustos, están dando lugar a violaciones generalizadas de los derechos humanos. Es necesario incluir a los pueblos vulnerables y eliminar las lagunas existentes en materia de protección de los derechos humanos, especialmente en las zonas rurales. Garantizar el acceso a las semillas, la tierra y la tecnología es esencial para alcanzar los objetivos de la justicia climática. La UNDROP es el resultado de negociaciones inclusivas, que incorporan movimientos campesinos mundiales cuyos esfuerzos e importancia deben ser reconocidos. Ahora, es necesario avanzar en la implementación de la UNDROP, que puede apoyar la lucha contra la pobreza y la discriminación. Las y los campesinos no pueden quedarse atrás en la recuperación y el desarrollo sostenible. El viceministro concluyó haciendo un llamado a los países para que trabajen en la socialización e implementación de la UNDROP.

A continuación, Marcela Arias, de la Misión de Honduras, habló de cómo las múltiples crisis sociales y económicas, sumadas a los efectos de la pandemia del COVID-19, han incrementado la pobreza. El cambio climático está empeorando las cosas para muchas comunidades rurales, que ya estaban sufriendo. Honduras cuenta con un importante número de campesinas/os, y el gobierno ha estado tomando medidas para reducir su vulnerabilidad en cuanto a la tenencia de la tierra y revertir las violaciones de los derechos humanos cometidas en el pasado. También se están aplicando medidas estructurales para aumentar la soberanía alimentaria, que suponen otorgar más derechos y dignidad a las y los campesinos. Expresó el compromiso de Honduras de trabajar conjuntamente por el ejercicio de los derechos humanos para todas/os, incluidos el derecho al desarrollo y los derechos económicos, sociales y culturales, y de contribuir a la ejecución efectiva del mandato de la UNDROP.

El Dr. Carlos Correa, director ejecutivo del South Centre, habló sobre el trabajo del South Centre en apoyo de la UNDROP y su implementación. El Dr. Correa expresó su apoyo a la creación de un nuevo Procedimiento Especial de la ONU para la implementación de la UNDROP, y cómo éste puede ayudar a hacer realidad los derechos fundamentales, incluido el derecho a la tierra. El Dr. Correa señaló la importancia de reconocer el papel de las mujeres campesinas y afirmó que el acceso a las semillas y la preservación de los saberes tradicionales de las y los campesinos son vitales para el ejercicio del derecho a la alimentación. Sin embargo, las prácticas agroindustriales y las leyes han impuesto limitaciones a las prácticas tradicionales campesinas, especialmente a la práctica ancestral de guardar y reutilizar las semillas. El Dr. Correa hizo énfasis en las restricciones que pesan sobre los derechos de las y los campesinos a utilizar semillas, como por ejemplo a través de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV) o de las patentes, y señaló que, paradójicamente, en algunos países europeos y en Suiza las leyes de patentes permiten excepciones más amplias que las que existen en muchos países en desarrollo. Por ello, es importante implementar la UNDROP a todos los niveles y trabajar con todas las partes interesadas para eliminar las restricciones a los derechos campesinos. En cuanto al acceso a las semillas, las y los campesinos y demás trabajadores de las zonas rurales deben tener libertad para preservar su soberanía alimentaria.

Zainal Arifin Fuat, en representación de Serikat Petani Indonesia/La Vía Campesina, afirmó que el actual paradigma de desarrollo extractivo está ahondando las brechas y las desigualdades. El conflicto en Ucrania está repercutiendo en la seguridad alimentaria, mientras que la excesiva dependencia de las importaciones de cereales alimentarios está aumentando el hambre en los países en desarrollo. El problema no es la falta de alimentos, sino el sistema especulativo de comercio que restringe el acceso a los mismos. La puesta en marcha de la UNDROP constituye una oportunidad para corregir estos problemas. El Relator Especial sobre el derecho a la alimentación ha destacado que los gobiernos no están respondiendo con prontitud a las crisis alimentarias. Los gobiernos deben crear un plan de acción y un procedimiento de cooperación concretos para hacer frente a la crisis alimentaria. Es vital apoyar a las y los campesinos de los países en desarrollo y aumentar la inversión en agricultura sostenible y en sistemas alimentarios locales y regionales para disminuir la dependencia de las importaciones y mejorar la seguridad alimentaria. Es necesario garantizar los derechos de las personas vulnerables y crear un nuevo proceso para implementar la UNDROP, que puede ayudar en la transición de un sistema basado en el lucro a un sistema centrado en las personas.

A continuación, intervino Svetlana Boinceau, de la Unión Internacional de los Trabajadores de la Alimentación, Agrícolas, Hoteles, Restaurantes, Tabaco y Afines (UITA), que representa a las y los trabajadores de toda la cadena alimentaria. Destacó que el sector agrícola emplea al mayor número de trabajadores asalariados del mundo y, sin embargo, muchos de ellos padecen hambre y malnutrición. A pesar de haber sido designados como trabajadores esenciales durante la pandemia, no recibieron la protección adecuada. La legislación laboral no las y los ampara ni se aplica correctamente, con lo cual no se respetan sus derechos. Todas las normas nacionales e internacionales disponibles tienen excepciones que acaban excluyendo a las y los trabajadores agrícolas y dejándolos sin protección jurídica. La UNDROP es un instrumento útil, pero debe implementarse en su totalidad para mejorar la situación de las y los trabajadores. Resulta especialmente urgente, ya que el cambio climático está empeorando las condiciones del trabajo agrícola.

Saúl Vicente Vásquez, representante del Consejo Internacional de Tratados Indios (CITI), también intervino a través de un mensaje de vídeo. Destacó que hay unos 476 millones de indígenas en todo el mundo, entre ellos muchas mujeres y jóvenes. Se enfrentan a graves amenazas, y la contaminación está empeorando su situación. Las y los campesinos se están viendo afectadas/os por la degradación de sus tierras y el aumento de la deforestación, lo que está provocando una mayor pérdida de biodiversidad. La agricultura no es sostenible si depende de la deforestación, como ocurre en algunos países latinoamericanos. Las y los campesinos y las y los trabajadores rurales contribuyen a mantener la biodiversidad, el desarrollo rural y la preservación de los derechos culturales, ya que para ellos la tierra y el agua forman una unidad indivisible. La apropiación privada de la tierra es inimaginable en estos contextos. Por ello, hizo un llamado a seguir acudiendo al conocimiento tradicional para revivir los ecosistemas dañados.

Christophe Golay, de la Geneva Academy for Human Rights and Humanitarian Law, reiteró su apoyo a la creación de un nuevo Mecanismo Especial bajo los auspicios del Consejo de Derechos Humanos para garantizar la aplicación efectiva de la UNDROP. Asimismo, informó del lanzamiento de un nuevo sitio web sobre la defensa de los derechos campesinos y la promoción de la implementación de la UNDROP (https://defendingpeasantsrights.org/).

Al finalizar las ponencias, hubo algunas intervenciones del publico.

Cuba reiteró su apoyo a la implementación de la UNDROP y señaló que los esfuerzos de las y los campesinos son fundamentales en la producción de alimentos. Es necesario hacer frente al injusto orden internacional y cambiar la estructura financiera internacional que agudiza estas crisis, considerando los riesgos que corren las comunidades campesinas frente a las múltiples crisis. Es necesario replantearse cuestiones como la deuda externa, la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD), la transferencia de tecnología y el fortalecimiento del trato especial y diferenciado para los países en desarrollo.

Sudáfrica afirmó que, dada la cantidad de crisis existentes, es importante garantizar el avance de todos los derechos humanos de forma universal y sin discriminación. Los derechos campesinos guardan relación con el derecho a la alimentación y al medio ambiente, especialmente en las zonas rurales. Estos derechos también están incluidos en la Constitución sudafricana. Las cuestiones de la soberanía alimentaria, la dignidad y los derechos campesinos están interrelacionadas y deben ponerse en práctica en su totalidad.

Luego tomó la palabra Portugal y recordó que el derecho a la alimentación y los derechos de los campesinos que figuran en la UNDROP también figuran en su Constitución nacional. Por lo tanto, también apoyó la aplicación de la Declaración y la evolución de estos derechos en el Derecho internacional.

Ana María Suárez-Franco, de FIAN Internacional, dio las observaciones finales, y destacó las opiniones consensuadas en la sala sobre las repercusiones de las múltiples crisis actuales en las y los campesinos, y sostuvo que a través de la UNDROP se están aportando soluciones para una agroecología sostenible y para el planeta.

Subrayó que tener la UNDROP es bueno, pero que su aplicación a todos los niveles es clave, incluso mediante la cooperación internacional para que se tomen medidas efectivas encaminadas a proteger los derechos campesinos. Además, considera esencial la creación de un nuevo Procedimiento Especial de la ONU sobre los derechos campesinos, que debería establecerse mediante una Resolución del Consejo de Derechos Humanos. El modo fragmentado de vigilar la implementación de la UNDROP es insuficiente y puede dar lugar a lagunas en la protección de los derechos humanos. Es necesario un mecanismo específico y centrado en el cumplimiento de los derechos campesinos y de quienes trabajan en las zonas rurales, que en definitiva son los responsables de poner comida en nuestros platos.

Autor: Danish es responsable del Programa de Desarrollo Sostenible y Cambio Climático (SDCC, por sus siglas en inglés) del South Centre.

Ver el video del evento paralelo (en inglés) :

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Del 25 al 28 de octubre de 2022, la ciudad de Tegucigalpa – Honduras es sede del encuentro global de La Vía Campesina sobre los Derechos de lxs Migrantes y Trabajadores Rurales. Medio centenar de delegadxs campesinxs de distintas partes del mundo están participando de este evento semipresencial. La Vía Campesina Honduras es anfitriona del encuentro en coordinación con el Colectivo sobre Migración y Trabajadorxs Rurales Asalariadxs de La Vía Campesina.

El evento es un esfuerzo del movimiento por unificar las voces campesinas en relación a las luchas de lxs trabajadores asalariadxs rurales y la realidad latente que atraviesan con la migración, pues la mayor parte de mano de obra rural del mundo proviene de las personas migrantes. Así lo han expresado lxs delegadxs de la región Arna, Asia, Centroamérica, Sudamérica, Norteamérica, Caribe y Europa; quienes, además de sus preocupaciones, han compartido un informe regional del trabajo que están haciendo como parte de su agenda de lucha de cada organización parte de La Vía Campesina. La actividad tiene una enorme importancia pues a la vez que la delegación ha reconocido la crisis mundial migratoria, lo urgente es encontrar soluciones reales a esta crisis poniendo como prioridad la defensa de los derechos humanos.

Es importante señalar que hay una delegación principalmente de África y Asia que están participando de manera virtual debido a las limitaciones de movilidad migratoria que no les ha permitido estar de forma presencial, el plenario señaló esta limitación como prueba de las políticas racistas y coloniales que constantemente se encuentran en las fronteras.

La agenda de la actividad ha previsto discusiones temáticas como son: la implementación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos lxs Campesinxs y Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales (UNDROP por sus siglas en inglés) y su importancia en la defensa de los derechos de trabajadores asalariados y migrantes; la normativa internacional laboral y social en el campo y la situación del trabajo asalariado en Centroamérica y el Mundo; y el trabajo de articulación de LVC con el Pacto Global de Solidaridad.

En los siguientes días, lxs delegadxs tendrán intercambio con los movimientos sociales hondureños como con autoridades locales. Todos estos momentos están orientados a alimentar la construcción de un plan de acción del colectivo de trabajo de La Vía Campesina en su lucha por construir procesos que defiendan los derechos de las personas migrantes y de lxs trabajadores rurales. Se espera consolidar acciones para el siguiente año, hacia la VIII Conferencia Internacional de La Vía Campesina, así como eventos cruciales de lucha de lxs migrantes en diferentes regiones.

¿Por qué Honduras es sede de este encuentro global?

Elegimos a Honduras como sede de nuestra reunión por su posición geográfica en medio de las rutas migratorias hacia Norteamérica, desde donde parten las caravanas de denuncia y resistencia contra el colonialismo, el racismo y la represión fronteriza. También este es un territorio donde históricamente se explota la mano de obra rural en las plantaciones agrícolas mayoritariamente en manos del capital transnacional. Venimos a defender las políticas públicas impulsadas por de los pueblos a favor de la Soberanía Alimentaria, Derechos Campesinos y Reforma Agraria, en el marco del nuevo proceso político del pueblo hondureño.

Leer la Declaración del Encuentro Global de La Vía Campesina sobre los derechos de lxs migrantes y lxs trabajadorxs rurales

Por el respeto a los derechos plenos de los trabajadorxs rurales y migrantes

¡Derechos Campesinos YA!

#DerechosCampesinosYA  #MigrarNoEsUnDelito #TrabajoAgrícolaDignoYA

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