En un escenario regional atravesado por una crisis multidimensional —marcada por el avance del agronegocio, la criminalización de las luchas populares y el debilitamiento de los derechos colectivos— el campesinado continúa siendo uno de los sujetos más vulnerados y, al mismo tiempo, uno de los más estratégicos para la soberanía alimentaria, la defensa de los territorios y la justicia social. En este contexto, la implementación efectiva de la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales (UNDROP) se vuelve una tarea urgente y profundamente política.

Con el objetivo de fortalecer este proceso, la CLOC–Vía Campesina ha impulsado la creación de un Observatorio de derechos campesinos, una iniciativa pensada como herramienta de articulación, monitoreo, visibilización y apoyo a las luchas rurales en América Latina y el Caribe.

En esta entrevista, Diego Monton, dirigente y referente del Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI)-Somos Tierra de Argentina y de la CLOC–Vía Campesina, profundiza en los objetivos, alcances y desafíos de este nuevo instrumento colectivo, así como en su potencial para respaldar las luchas campesinas, incidir en las políticas públicas y fortalecer la organización popular.

¿Cuáles son los objetivos centrales de este nuevo Observatorio? ¿Y cómo esperan pueda fortalecer las luchas populares en las zonas rurales e influir en las políticas públicas en materia de derechos campesinos en América Latina y el Caribe?

El Observatorio es una iniciativa que pretende ser un instrumento fundamentalmente de la CLOC y de La Via Campesina en América Latina, pero también de otras organizaciones aliadas. Además, queremos que sea también un insumo para el propio Grupo de trabajo de expertos de la ONU sobre UNDROP, en tanto ponga a disposición información relevante de lo que va corriendo en cada uno de los países.

El objetivo central es por ende, por un lado, visibilizar las situaciones de vulneración de derechos campesinos en los países y en la región, pero también hacer hincapié en las experiencias positivas, en dos niveles. Por un lado, en torno a legislaciones y políticas públicas que se basan en la UNDROP y van convirtiendo los derechos planteados en acciones concretas de los Estados. Por otro lado, visibilizando las iniciativas propias de las organizaciones rurales, como acciones concretas y que permiten garantizar derechos al campesinado.

El Observatorio, además, quiere ofrecer una herramienta de consulta para las organizaciones: un espacio en el que se pongan a disposición, desde la perspectiva de la propia Declaración, diversos estudios e informes. Queremos producir información y proporcionar análisis y conocimientos que sean de rápido acceso y que sirvan como base para la formulación de políticas públicas y legislaciones. A través de la construcción de nexos entre las organizaciones, el colectivo de derechos campesinos de la CLOC y el propio Grupo de expertos de la ONU, el Observatorio servirá a dar un seguimiento sistematizado del proceso de promoción e implementación de la UNDROP.

En un contexto de crisis multidimensional sistémica, marcada por una ofensiva frontal de las élites dominantes que copan con el auge del neofascismo, la situación en las zonas rurales es de más en más conflictiva: ¿cómo contribuirá el Observatorio a visibilizar y defender los derechos campesinos frente a prácticas depredadoras del agronegocio (acaparamiento de tierras, los transgénicos o la criminalización de protestas)?

El Observatorio tiene que poder dialogar con las luchas campesinas y contribuir a fortalecerlas. De hecho, en estos contextos de crisis, la estrategia de algunos Estados o del propio capital financiero del agronegocio es estigmatizar la vida y el trabajo campesino.

La UNDROP permite legitimar el papel del campesinado, no sólo consagrando sus derechos, sino reconociendo el papel que cumple en favor de la soberanía alimentaria, contra el cambio climático y el fenómeno de la migración.

Más derechos campesinos significa también más derechos para las y los trabajadores de todos los países y nos proponemos contribuir desde la comunicación y el acceso a información, de manera a fortalecer los espacios de negociación de las organizaciones. Estamos convencidos de que el principal instrumento que tiene el campesinado en América Latina es la movilización, la lucha y la organización activa. El Observatorio pretende justamente acompañar esos procesos, pero también acompañar a aquellas instituciones públicas que tienen buenas intenciones y que van a poder encontrar, además de información específica, experiencias concretas sobre las cuales poder crear o desarrollar nuevas iniciativas.

Además, vamos a tener círculos académicos aportando y nutriéndose del Observatorio. Y como dije antes, el propio Grupo de trabajo de expertos de la ONU sobre la UNDROP se ha comprometido a contribuir con informes y artículos para el Observatorio, y a utilizar sus informes para alimentar la incidencia a nivel internacional.

¿Qué estructura y cuáles herramientas y metodologías presenta el Observatorio para monitorear y documentar? Y también, ¿qué tipo de datos o indicadores considerarán clave para su evaluación?

Bueno, en esta primera etapa la estructura es muy sencilla, con un staff reducido en términos de la coordinación del Observatorio y algunas personas sistematizadoras. Se está trabajando en articulación con la CLOC, en función de distintas experiencias de investigación participativa, en articulación con la Alianza Biodiversidad, organizaciones de derechos humanos de la región y otras redes.

La apuesta es que sea un trabajo en red cooperativa que permita sumar esfuerzos y visibilizar muchas cosas que se están haciendo y publicando en varios espacios.

Hay agencias de noticias de la situación en el campo en distintos países que van haciendo sus trabajos y apuntamos a poder sistematizar y centralizar, de una manera complementaria, todo ese trabajo que se viene haciendo en paralelo.

También estamos trabajando para fortalecer la parte financiera del Observatorio, de manera a poder establecer un grupo de investigación propio que permita identificar las principales experiencias de las cuales nos vamos nutriendo, para poder profundizar el nivel de investigación y contar después con un buen manual de políticas públicas asociadas a la UNDROP. Esto tiene que permitir que cada vez que hayan avances en términos institucionales, se puedan obtener rápidamente ideas y protocolos de acción para avanzar en una implementación institucional de la UNDROP, como así también para el trabajo parlamentario en todos aquellos países que todavía necesitan profundizar y adaptar su legislación a la misma.

¿De qué manera las organizaciones rurales y sus aliados — como el sitio web Defendiendo los Derechos Campesinos — pueden colaborar con este nuevo observatorio?

Hay una dirección de correo electrónico, observatorioderechoscampesinos@gmail.com, en la cual se puede entrar en contacto con la coordinación del observatorio y enviar informes, artículos y propuestas.

Además de eso, en América Latina, dentro del colectivo de derechos campesinos, se ha ido construyendo una red para que los agregados de los países estén trabajando en poner el Observatorio en línea. O sea que la propia orgánica de la CLOC también es un mecanismo.

Esperamos también que podamos construir una colaboración fructuosa con el sitio web Defendiendo los Derechos Campesinos, para reforzarse mutuamente y avanzar hacia la realización de los derechos fundamentales de los pueblos del campo.

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1: ¿Qué es la Asamblea de Mujeres Rurales y cuáles son sus principales áreas de trabajo?

La Asamblea de Mujeres Rurales es una red de movimientos de campesinas, pescadoras, trabajadoras agrícolas, migrantes y mujeres sin tierra, todas ellas residentes y trabajadoras en las zonas rurales de la región del sur de África. Estamos presentes en 11 países y contamos con cerca de 200 000 miembros. Se trata, por tanto, de un movimiento muy singular de mujeres rurales en la región.

Básicamente, la Asamblea de Mujeres Rurales da voz a las mujeres rurales y les permite actuar en cuestiones relacionadas con el acceso a la tierra y al agua, el derecho a la alimentación, el derecho a las semillas y, por supuesto, nos ocupamos de cuestiones patriarcales que afectan especialmente a las mujeres de las zonas rurales. Otro aspecto fundamental de nuestro trabajo es la justicia climática, que tiene un impacto considerable en la región, debido en gran medida a los numerosos ciclones que la azotan repetidamente, así como a otras crisis climaticas relacionadas.

Además, nos ocupamos de casos de violencia de género. En este sentido, desarrollamos ciclos de estudio en diferentes países, que son espacios que nos permiten debatir sobre cuestiones relacionadas con la violencia contra las mujeres.

También somos las guardianas de nuestras semillas, porque creemos que las semillas son nuestra vida, nuestro patrimonio, nuestra identidad, que no queremos perder. Nos encontramos en una situación en la que las empresas transnacionales, las empresas semilleras, quieren que eliminemos nuestras semillas, heredadas durante generaciones y generaciones. Estamos resistiendo ante ello.

2: ¿Por qué están aquí en Ginebra esta semana? ¿Cuáles son sus expectativas?

Estamos aquí en Ginebra para la 11.ª sesión de negociaciones sobre un tratado jurídicamente vinculante para regular las empresas transnacionales. Estamos aquí porque nuestras comunidades sufren a diario la violencia de las empresas transnacionales. A las personas de las comunidades les están arrebatando sus tierras, donde nosotras, las mujeres, cultivamos. También tenemos problemas relacionados con la crisis climática, como ya se ha dicho. Estas empresas deberían pagar por la contaminación, los daños y las pérdidas que sufrimos cada año. Sequías, inundaciones, entre otros hechos. Por eso estamos aquí, para contribuir a la elaboración de un tratado vinculante que responsabilice a estas empresas. Nuestro objetivo es que se apruebe el tratado para poder prevenir estas catástrofes.

Estamos aquí para hacer oír nuestra voz, porque cuando estamos en nuestros países podemos emitir declaraciones, pero estas no llegan a las Naciones Unidas. Por eso estamos aquí, en múltiples movimientos y comunidades, y una voz colectiva de diferentes países puede tener peso..

Estamos aquí como parte de la Campaña Global para Reivendicar la Soberania de los Pueblos, Desmantelar el Poder Corporativo y Poner fin a la Impunidad, una potente coalición de movimientos sociales, organizaciones progresistas y comunidades afectadas por las transnacionales, para plantear los problemas de las mujeres rurales del Sur Global. Estar aquí es fundamental para nosotras y forma parte de nuestra estrategia de incidencia como Asamblea de Mujeres Rurales. Queremos invertir y participar en diferentes plataformas para defender nuestros intereses a nivel local, nacional e internacional, y utilizar estos espacios de formulación de políticas globales o incluso los instrumentos de las Naciones Unidas para amplificar realmente nuestra voz.

3: ¿Cómo se relaciona la lucha por un tratado vinculante fuerte para regular las empresas transnacionales con la protección y la aplicación de los derechos campesinos, tal y como se describe en la UNDROP?

Hay una fuerte conexión. Me complació mucho saber que en el artículo 15.7 del borrador del tratado vinculante se ha incluido una disposición sobre los derechos campesinos y las poblaciones rurales, que ha recibido un fuerte apoyo de casi todos los países, en particular de Colombia y Palestina. El hecho de que los derechos campesinos se incluyan en este tratado dice mucho de la UNDROP. Este instrumento nos ayudará a impulsar nuestra agenda, de promoción y aplicación de la UNDROP en nuestros países. Nuestros países, por ejemplo Sudáfrica, votaron en favor de la declaración en 2018, pero todavía no contamos con una política que aplique la UNDROP. La existencia de este tratado vinculante reforzará nuestra labor de promoción y nuestro trabajo en nuestros países para garantizar que nuestros gobiernos rindan cuentas de la aplicación de ambos instrumentos. Por lo tanto, estos dos marcos jurídicos serán vehículos clave que utilizaremos en nuestras estrategias de promoción.

Es necesario resaltar que las violaciones que cometen las empresas transnacionales afectan precisamente los derechos que nos otorga la UNDROP. En particular, el derecho a las semillas, el derecho a la tierra y el derecho al agua. Cuando se adopte este tratado, dispondremos de una herramienta vinculante a la cual podremos recurrir para defendernos.

4: ¿Cómo afectan las actividades de las empresas transnacionales a sus comunidades?

En primer lugar, las empresas transnacionales quieren quitarnos nuestras semillas e imponer sus propias semillas industriales. Estas entidades vienen contaminando nuestra agua, causando enfermedades. La contaminación no solo afecta a las personas, sino también a los animales y los cultivos. Como resultado, padecemos enfermedades que ni siquiera reconocemos; a veces, incluso nuestros propios países nos dicen que no saben cómo tratarlas. Estos son los impactos a los que nos enfrentamos como resultado de lo que las empresas transnacionales están haciendo en nuestras comunidades.

La soberanía sobre las semillas ya no es un derecho. Las semillas han sido mercantilizadas por las empresas transnacionales. Se han convertido en una fuente de acumulación de capital en detrimento de la población rural pobre. Nuestros gobiernos ignoran que nuestras semillas son resistentes a los efectos del cambio climático. Nuestras semillas se pueden plantar varias veces. Cuando se compran semillas híbridas, solo duran un año. Si se intenta plantarlas después, no germinan. Nuestras semillas, en cambio, son resistentes: podemos plantarlas durante muchos años. Por lo tanto, tenemos seguridad alimentaria en casa y en la comunidad. Nuestras semillas son perfectas. No son perjudiciales. Tienen propiedades curativas y muchos nutrientes. Los alimentos que se obtienen de ellas se pueden cocinar de diferentes maneras. Se dice que hay hambre en Zambia. Eso es porque se sigue el pensamiento del mundo empresarial. Si pudiéramos pensar como piensan las mujeres rurales, habría mucha comida en Zambia. Ni siquiera debería haber hambre allí. Por lo tanto, este tratado también nos ayudará y protegerá nuestras semillas.

Las semillas híbridas son caras en comparación con nuestras propias semillas, ya que requieren fertilizantes y productos químicos. Si se plantan híbridas sin fertilizantes, no se obtiene nada. Por eso, también estamos tratando de promover nuestras propias semillas autóctonas, a pesar de las amenazas a las que nos enfrentamos por parte de nuestros gobiernos. Con el apoyo de nuestros gobiernos, las empresas transnacionales nos roban nuestras semillas, las convierten en híbridas y nos hacen pagar por ellas. Tenemos derecho a decir no a lo que nos ofrecen.

Además, están contaminando el medio ambiente y nos dicen que no debemos talar nuestros árboles para que estos puedan limpiar el carbono. Están interesados en desarrollar los mercados de créditos de carbono. Vienen a nuestras zonas y se apoderan de grandes extensiones de tierra. Dicen que ni siquiera debemos ir a recoger setas allí, que no debemos ir a recoger orugas allí. Ponen guardias para que no podamos ir a buscar leña. Así que tenemos nuestra propia tierra, pero no tenemos control sobre ella. Es muy intimidante. Venden carbono por mucho dinero, pero nosotros no obtenemos nada de eso.

También se apoderan de la tierra porque quieren explotar la minería, mientras que nosotras somos desplazadas de una tierra en la que hemos vivido durante tantos años. Incluso dañan las tumbas que se encuentran en esas tierras. Por lo tanto, es muy deshumanizante. Hay mucha impunidad en lo que hacen.

Estas empresas transnacionales han destruido nuestra tierra con la contaminación. Tienes un campo que no podrás utilizar durante los próximos 10 años porque ha sido dañado con minerales tóxicos desconocidos que han pasado por la zona. En la provincia de Copperbelt, en Zambia, que está cerca de donde vivimos, las empresas transnacionales contaminaron el río Kafue, que atraviesa todo el país. No podemos acceder al agua en tres cuartas partes de la tierra por la que pasa el río Kafue. No podemos comer ningún pescado de allí.

En Sudáfrica, los pescadores han denunciado a nuestro Gobierno —en particular a nuestro Departamento de Recursos Minerales y Energía— por realizar voladuras en el océano y por trabajar y colaborar con la empresa Shell, que buscaba petróleo en el océano en la parte oriental de Sudáfrica. Tenemos un caso similar en lo que respecta al titanio, que lleva mucho tiempo produciéndose también en la parte oriental de Sudáfrica, en Mbizana, donde las comunidades se están levantando y diciendo: «Tenemos derecho a decir no». El principio del consentimiento libre, previo e informado de las comunidades afectadas debe ser respetado. Se trata de un largo proceso judicial, y estas entidades deben rendir cuentas ahora. Deben pagar. Necesitamos reparaciones. Durante este proceso de resistencia, se han perdido vidas, defensoras han sido asesinadas y muchas están amenazadas en este mismo momento.

5: ¿Cómo han movilizado la UNDROP en África Australen favor de los derechos de las mujeres rurales?

En primer lugar, nos aseguramos de que nuestros miembros comprendieran lo que representa esta declaración y, por lo tanto, cuáles son los derechos que contiene. Llevamos a cabo una intensa labor de capacitación, educación y sensibilización entre nuestros miembros sobre sus derechos y sobre cómo involucrarse para defenderlos. Se trata de una declaración adoptada por las Naciones Unidas que todos los países deben aplicar, por lo que era fundamental para nosotros asegurarnos de que nuestras comunidades comprendieran sus derechos. Cada país tiene una estrategia de promoción, para amplificar la UNDROP en sus comunidades.

Por ejemplo, en Sudáfrica hemos llevado a cabo una campaña llamada “Una mujer, una hectárea de tierra”, para proporcionar más tierra a las mujeres. Combinamos esa campaña con la UNDROP, especialmente el derecho a la tierra, el derecho a la soberanía alimentaria y el derecho a utilizar nuestras semillas.

Como mujeres rurales de diferentes países, celebramos cada año festivales de alimentos y semillas. Lo hacemos para identificar qué semillas se han perdido, cuáles nos quedan y cómo podemos hacer un mejor uso de cada una. Ahora queremos crear bancos de semillas y campos de demostración donde podamos plantar estas semillas, para poder multiplicarlas. También desarrollamos iniciativas de intercambio de semillas. Trabajamos para aumentar nuestras reservas de semillas, de modo que, al resistirnos a las empresas transnacionales, también demostremos la fuerza de lo que tenemos.

En Suazilandia, por ejemplo, estamos involucrando a funcionarios del Gobierno en la aplicación de la UNDROP. Hemos colaborado con varios ministerios, incluido el Ministerio de Agricultura, pero aún no se han obtenido resultados concretos, ya que aún no han dado prioridad a la cuestión. También hemos comenzado a traducir la UNDROP a los idiomas locales para que sea accesible a nuestra población, a las mujeres.

6: ¿Cuál es su mensaje para los Estados del África meridional en relación con su participación en el proceso del Tratado vinculante?

Lo fundamental en este podio es escuchar las voces del Sur Global, especialmente las de nuestros gobiernos africanos. Queremos que pongan fin a la impunidad de las empresas. Tienen que actuar por nuestra gente, por nuestras comunidades, por los pobres, por nuestras naciones. En Sudáfrica, por ejemplo, tenemos una gran constitución en materia de derechos humanos. Sudáfrica ha firmado declaraciones y se ha comprometido históricamente con la UNDROP. Por lo tanto, exigimos que nuestra voz sea escuchada y que estos instrumentos sean implementados.

Nos gustaría que más países africanos participaran activamente en este proceso de negociación del Tratado vinculante. Los gobiernos deben intervenir, encontrar mercados para nuestros alimentos autóctonos y promocionarlos, y ayudar al campesinado. Si no tenemos maíz, tenemos sorgo, diferentes tipos de frijoles, yuca. Podemos preparar una comida con eso. Por lo tanto, deberían anteponer la vida de su pueblo a la protección de los llamados inversores que vienen a nuestros países solo para saquearlos. Extraen los minerales, se los llevan y, cuando regresan, nos vemos obligados a recomprar nuestros propios recursos a un precio muy elevado.

Si las empresas vienen como inversores a nuestros países, que construyan escuelas, carreteras, hospitales. El gobierno debería plantar cara y luchar por nosotras. Debenejar de mirar los beneficios y mirar las vidas de nuestro pueblo!

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Ayer por la noche, representantes de las tres instituciones europeas llegaron a un acuerdo en triálogo sobre la propuesta de desregular los OMG vegetales obtenidos mediante nuevas técnicas genómicas (OMG-NGT). La Coordinadora Europea Vía Campesina (ECVC), que representa la voz de lxs campesinxs de pequeña escala en Europa, denuncia un acuerdo que ignora por completo las preocupaciones de lxs agricultorxs, especialmente en materia de patentes. El Parlamento Europeo había reconocido inicialmente en su posición de febrero de 2024 que las patentes eran problemáticas, incluso pidiendo una limitación del alcance de las patentes para evitar que se extiende a las semillas tradicionales y campesinas. Sin embargo, la negociadora del Parlamento, la Sra. Polfjärd, no lo ha tenido en cuenta.

Estas importantes demandas se suprimieron por completo durante el triálogo, dejando en el acuerdo final solo medidas voluntarias, como un código de conducta no vinculante para la concesión de licencias y la transparencia voluntaria, dejando a los agricultores, pequeñas empresas de semillas, fabricantes y minoristas sin ningún medio de protección contra contaminaciones accidentales. El acuerdo en el triálogo afirma que las plantas patentables obtenidas mediante NTG son equivalentes a las plantas producidos mediante métodos de obtención tradicionales no patentables. La supresión del requisito actual de publicar los métodos de detección e identificación de los rasgos de los OMG permitirá ampliar el alcance de las patentes de NTG a las semillas y los productos agrícolas que contienen naturalmente estos mismos rasgos. Estas medidas son inútiles para proteger a lxs agricultorxs y otrxs operadorxs agroalimentarios de los riesgos relacionados con las patentes, en particular las actividades abusivas por infracción de patentes. Estas actividades se llevarán a cabo inevitablemente si se eliminan todos los requisitos de trazabilidad y conducirán a la privatización de todas las plantas cultivadas por el modelo de patente, incluidas las semillas tradicionales y campesinas.

El acuerdo prevé desregular los OMG-NTG patentados sin trazabilidad, incluso sin los métodos obligatorios de detección e identificación,[1] sin medidas obligatorias de coexistencia, sin etiquetado para los productos finales y sin la posibilidad de que los Estados miembros opten por no participar. Esta propuesta no hace nada para evitar la contaminación del sector bio, aunque está estrictamente prohibida por la normativa ecológica y rechazada por los consumidores. Algunos requisitos de la actual legislación sobre OMG seguirán aplicándose a los OMG-NTG de «categoría 2», pero ya sabemos que la gran mayoría de las NTG caerán en la «categoría 1», que será completamente desregulada. En resumen, este acuerdo eliminaría por completo el derecho de los agricultores y consumidores a seguir cultivando y comiendo sin OMG, y pondría en peligro la supervivencia económica de los sectores agroalimentarios ecológicos y sin OMG bien establecidos en Europa.

“Este acuerdo solo beneficiará a las grandes multinacionales titulares de patentes, como Corteva, BASF o Bayer, que podrán controlar todas las semillas y toda la cadena alimentaria con sus patentes. Para todos los demás, agricultores, pequeños y medianos obtentores y consumidores, será una pérdida. La principal motivación detrás de esta desregulación es imponer el modelo de patente en Europa e imponer OMG a quienes no los desean”, afirmó Alessandra Turco, del Comité de Coordinación de ECVC. “Las patentes son una herramienta para bloquear el acceso a los recursos genéticos con el objetivo de reestructurar el mercado de semillas en beneficio de las grandes empresas. Si se alcanza este acuerdo, se producirá una concentración monopolística del mercado, la desaparición de empresas de semillas más pequeñas, una privatización generalizada de los recursos genéticos y una reducción irreversible de la agrobiodiversidad, así como un aumento del precio de las semillas”.

Afortunadamente, esto aún no ha terminado: este perjudicial acuerdo es solo el resultado de las negociaciones entre la Presidencia del Consejo y los negociadores del Parlamento y de la Comisión. Ahora, todavía tiene que ser aprobado por todos los diputados al Parlamento Europeo y por todos los Estados miembros. ECVC pide a todos los diputados al Parlamento Europeo y a los Estados miembros que escuchen las preocupaciones legítimas de los agricultores, los operadores de la cadena agroalimentaria y los consumidores y que no aprueben este peligroso texto.

ECVC habla en nombre de lxs muchxs agricultorxs europeos que no quieren y no necesitan usar OGM-NTG patentados, y que ya están adaptando sus cultivos a los cambios climáticos y reduciendo los insumos químicos con la cría campesina y el uso de cultivos adaptados localmente, sin depender de costosos OGM patentados. Por lo tanto, ECVC exige a todos lxs diputadxs al Parlamento Europeo que mantengan su firme compromiso contra las patentes y que no respalden una propuesta que socavará gravemente la soberanía alimentaria de Europa y los derechos de lxs agricultorxs.

[1] Lo que sería absolutamente necesario para el seguimiento posterior a la comercialización, para permitir la eliminación de un GMO-NTG del mercado en caso de daños a la salud y al medio ambiente.

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Entre otros objetivos, este evento pretendía poner de relieve los múltiples retos a los que se enfrentan actualmente las comunidades rurales en todo el mundo. También tenía como objetivo explorar cómo la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales (UNDROP) puede influir en los marcos jurídicos y en las políticas publicas para proteger mejor a estas comunidades, reforzar sus derechos y promover la justicia social. Por último, el evento permitió destacar la movilización de los movimientos campesinos y las organizaciones rurales de toda América Latina, que trabajan a todos los niveles para promover y aplicar la UNDROP.

Como moderadora, Sibylle Dirren, representante de FIAN Internacional ante la ONU, destacó el papel crucial de la UNDROP como poderosa herramienta para defender y promover los derechos de las comunidades rurales.

Carlos Duarte, presidente del Grupo de Trabajo de Expertos de la ONU sobre los derechos campesinos y otras personas que trabajan en zonas rurales, recordó la crítica situación de las comunidades rurales, que se enfrentan al despojo, la falta de acceso a la tierra y al agua, así como al acaparamiento de los recursos naturales. Lamentó las dificultades de las organizaciones campesinas para hacerse oír en los foros internacionales, como las COP o el Convenio Mundial sobre la Diversidad Biológica, a pesar de que estas comunidades se ven directamente concernidas por la protección de la biodiversidad y los retos climáticos. El Sr. Duarte también señaló la persecución y la represión de que son víctimas lxs líderxs campesinxs en muchas regiones del mundo. Por último, insistió en la necesidad de reforzar la participación de las mujeres rurales, a menudo invisibilizadas a pesar de ser «la columna vertebral del mundo campesino».

Alfonzo Simon Raylan, representante del Sindicato de Trabajadores del Mar (SITRAMAR), organización miembro del Foro Mundial de Pueblos Pescadores, dio la voz de alarma sobre la situación de las comunidades pescadoras artesanales de la región indígena de Ngöbe-Buglé (Panamá). Desde 2010, con el pretexto de la conservación del medio ambiente, una prohibición de la pesca priva a estas comunidades de su principal fuente de subsistencia, lo que agrava la pobreza y el hambre. Las poblaciones viven en condiciones difíciles, con acceso limitado a la educación, la atención sanitaria y los servicios básicos. El Sr. Raylan denunció la falta de apoyo del Estado y la violenta represión que sufren los pueblos indígenas cuando defienden sus derechos.

Tres representantes de La Vía Campesina del continente latinoamericano compartieron sus experiencias a través de mensajes vídeo. Martha Huertas Moya, miembro de FENACOA/La Vía Campesina Colombia, presentó un balance alentador para el campesinado colombiano, marginado durante mucho tiempo. El reconocimiento de los derechos campesinos en la Constitución del país y en las políticas públicas ha permitido una mejor distribución de la tierra y la garantía de derechos antes inaccesibles. No obstante, insistió en la necesidad de crear una jurisdicción agraria y rural y de aumentar los presupuestos asignados al mundo campesino para consolidar estos avances. Arturo Aliaga, miembro de la ANAP/La Vía Campesina Cuba, destacó los avances concretos en materia de derechos campesinos, soberanía alimentaria y agroecología en el país. El representante campesino declaró que, gracias a la voluntad política afirmada de las autoridades publicas y a la capacidad de la ANAP de participar directamente en la elaboración de políticas y en la creación de marcos legislativos en la materia, la promoción y la aplicación de la UNDROP son ahora una realidad. Anderson Amaro, representante del MPA/La Vía Campesina Brasil, presentó la forma en que los movimientos sociales rurales brasileños movilizan la UNDROP en su lucha por unas condiciones de vida y de trabajo dignas. Más concretamente, el líder campesino se refirió a la estrategia de promoción en curso, cuyo objetivo es integrar la Declaración en la labor de los actores del sistema judicial nacional, los ministerios competentes y la agenda parlamentaria nacional y departamental.

Adriana Fillol Mazo, profesora de la Universidad de Sevilla y de la Academia de Ginebra, presentó la UNDROP como una herramienta jurídica concreta para proteger a las comunidades rurales. Sin embargo, señaló la existencia de varias amenazas, como la digitalización y las tecnologías agrícolas, que pueden aumentar la dependencia y la exclusión. La falta de relevo generacional también fragiliza el futuro de la agricultura campesina. Las mujeres rurales también se enfrentan a importantes obstáculos para acceder a la tierra y a una vida digna. A esto se suman la presión económica, la violencia y la incertidumbre climática, que están provocando una crisis silenciosa de salud mental en las zonas rurales. Concluyó haciendo un llamamiento para que se considere a lxs campesinxs, pescadorxs y pueblos indígenas no como problemas que hay que gestionar, sino como socios estratégicos esenciales para construir sistemas alimentarios justos, resilientes y sostenibles.

Raffaele Morgantini, representante del CETIM ante la ONU, clausuró el evento con una nota de esperanza para las comunidades rurales, gracias al surgimiento de jurisprudencias progresistas. De hecho, en varios sistemas judiciales están apareciendo sentencias favorables a los derechos campesinos. En Honduras, la Corte Suprema invocó la UNDROP para proteger las semillas campesinas contra la «ley Monsanto», una ley aprobada por el Parlamento que favorecía las semillas industriales y que, por lo tanto, fue derogada. En Colombia, la Corte Constitucional concedió su protección a una pareja de campesinos obligados a abandonar sus tierras tras repetidas inundaciones. En febrero de 2020, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó una sentencia en la que ordenaba el restablecimiento de una población indígena en sus tierras ancestrales, utilizando de manera complementaria la UNDROP y la UNDRIP (Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas). Existen otros ejemplos en Kenia o Canadá, que abarcan derechos relacionados con las semillas y la salud. El Sr. Morgantini destacó que estos avances no habrían sido posibles sin las sólidas alianzas entre los movimientos campesinos, lxs defensorxs de los derechos humanos, lxs juristas, lxs académicxs y el compromiso de las autoridades públicas. Estas colaboraciones permiten transformar los principios en acciones concretas en las comunidades rurales, los tribunales y las políticas nacionales.

Leer también nuestra entrevista exclusiva al Presidente del Grupo de trabajo Carlos Duarte y nuestro articulo sobre el informe de dicho Grupo de trabajo presentado ante la 60a sesion del Consejo de los derechos humanos

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El Movimiento para la Reforma Agraria y Agrícola (MONLAR), que representa a más de 5.000 trabajadores campesinxs de Sri Lanka, presentó recientemente una solicitud al gobierno en la que enumera varios casos de violación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos Campesinos y Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales, de la que Sri Lanka es signataria. También instó al Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Declaración a iniciar una evaluación sobre cómo las condiciones del FMI, otras instituciones financieras internacionales y la arquitectura global de la deuda violan los derechos humanos de campesinxs y trabajadores. La solicitud, de la que se reproduce un extracto a continuación, también revela cómo las instituciones financieras globales han implementado reformas económicas que han transferido la carga de la estabilización económica a los sectores más pobres de la sociedad mediante medidas de austeridad.

1,65 millones de campesinxs y pequeños productores de alimentos de Sri Lanka trabajan en menos de 2 hectáreas cada uno y, sin embargo, producen el 80% de los alimentos del país. Pero las políticas económicas impulsadas por la deuda y defendidas por el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial y el Banco Asiático de Desarrollo (BAD) han acabado con la autonomía de campesinxs y pescadores en la producción de alimentos y con su capacidad para garantizar la soberanía alimentaria. A través de diversos programas de ajuste estructural, las Instituciones Financieras Internacionales (IFI) empujan a Sri Lanka a dar prioridad a los cultivos comerciales para la exportación frente a los alimentos para el consumo interno. Las reformas agrícolas orientadas a la exportación, que integraron la agricultura intensiva en capital, han favorecido a las agroindustrias y debilitado a campesinxs y pequeños pescadores al hacerlos dependientes del mercado para insumos como semillas, fertilizantes, redes de pesca y embarcaciones. Como consecuencia del creciente coste de la producción de alimentos, campesinxs y pescadores están profundamente endeudados, desposeídos de sus tierras, convertidos en jornaleros agrícolas en sus tierras y emigrando a zonas industriales locales o al extranjero como trabajadores en régimen de servidumbre.

El fracaso del actual sistema agrícola a la hora de crear medios de vida dignos para campesinxs y otros trabajadores de las zonas rurales queda patente en los altísimos niveles de concentración de la pobreza en las zonas rurales y de plantaciones, donde vive más del 80% de los pobres de Sri Lanka.

Sri Lanka se enfrentó a una de las peores crisis económicas en 2022 al incumplir el pago de su deuda externa en abril de 2022. La crisis económica tuvo un impacto devastador en las comunidades rurales, provocando la duplicación de los índices de pobreza. El FMI, otras IFI y acreedores privados han utilizado la crisis y el impago de la deuda para empujar a Sri Lanka a su 17º programa con el FMI, un Servicio Ampliado del Fondo de 48 meses por valor de unos 3.000 millones de dólares.

El Movimiento por la Reforma Agraria y de la Tierra (MONLAR), que representa a más de 5.000 trabajadores campesinos de Sri Lanka, presentó recientemente al gobierno un escrito en el que enumera varios casos de violación de la Declaración de la ONU sobre los derechos de los campesinos y otras personas que trabajan en zonas rurales, de la que Sri Lanka es signataria.

La presentación, de la que reproducimos un extracto a continuación, también revela cómo las instituciones financieras mundiales han impuesto reformas económicas que han transferido la carga de la estabilización económica a los sectores más pobres de la sociedad a través de medidas de austeridad.

Violación del Artículo 2: Responsabilidad del Estado

Dos días antes de las elecciones presidenciales de septiembre de 2024, Sri Lanka se vio obligada a firmar un acuerdo con acreedores internacionales para reestructurar su deuda con prestamistas privados. Este acuerdo, que no se hizo público ni se debatió con el público, ni siquiera en el Parlamento de Sri Lanka, obligó al país a priorizar el pago de la deuda sobre los derechos de la población de Sri Lanka. Afectará gravemente a la capacidad del gobierno para invertir en la producción de alimentos, el desarrollo de los medios de subsistencia rurales y la seguridad social de las comunidades rurales.

Violación del artículo 4: No discriminación contra la mujer

A pesar de que su contribución no se reconoce ni se refleja en los marcos políticos nacionales, la participación de las campesinas en la producción alimentaria de Sri Lanka es fundamental. Las campesinas se enfrentan a numerosas barreras que les impiden alcanzar su pleno potencial: la falta de acceso y control sobre los recursos naturales, los mercados, los servicios financieros, la tecnología y las responsabilidades de cuidado. Sin embargo, las campesinas apoyan la producción de alimentos como miembros no remunerados de la familia, trabajadoras agrícolas o a través de huertos domésticos. Sin embargo, no se les reconoce ni se les da importancia en el gasto público a nivel macro. Por lo tanto, están excluidas a dos niveles: como mujeres y como pequeñas productoras de alimentos.

Violación del artículo 15: derecho a la alimentación y soberanía alimentaria

La desnutrición y la malnutrición han sido siempre motivo de grave preocupación en Sri Lanka, donde el 32,6% de las mujeres de entre 15 y 49 años padecen anemia y el 15,9% de la niñez presentan deficiencias por bajo peso al nacer. La situación ha empeorado entre las familias de los trabajadores agrícolas del sector de las plantaciones. A pesar de ser considerado un país “agrícola”, Sri Lanka depende en gran medida de la importación de alimentos. La vulnerabilidad de nuestra seguridad alimentaria se pone de manifiesto durante crisis como la pandemia, conflictos geopolíticos como la guerra entre Ucrania y Rusia, y la escasez de divisas.

La crisis económica de 2022 ha empeorado aún más la situación. Según el Programa Mundial de Alimentos, en enero de 2023, 6,3 millones de personas, es decir, más del 30% de la población de Sri Lanka, sufrían “inseguridad alimentaria” y necesitaban ayuda humanitaria. De ellas, unos 5,3 millones reducían o se saltaban comidas, y al menos 65.600 personas padecían inseguridad alimentaria grave. El aumento del IVA también disparó la inflación de los alimentos.

Violación del Artículo 16: Derecho a unos ingresos y medios de vida dignos y a los medios de producción

Las reformas económicas aplicadas a través del 17º programa del FMI han transferido la carga de la estabilización económica a los sectores más pobres de la sociedad a través de medidas de austeridad. La aplicación de los precios de la energía con recuperación de costes recomendados por el FMI casi ha triplicado los precios del combustible y la electricidad, lo que ha tenido efectos devastadores en los medios de subsistencia de los campesinos y la pesca. Los impuestos sobre equipos, semillas e insumos químicos han aumentado los costes de producción, sumiendo a los campesinos en la pobreza y el endeudamiento.

El endeudamiento de campesinxs y pescadores está vinculado principalmente a la expansión de la agricultura intensiva en capital y a la proliferación de los préstamos con ánimo de lucro por parte de bancos y sociedades financieras, como los préstamos de microfinanciación. Con la retirada del Estado de la concesión de créditos agrarios, el endeudamiento se ha convertido en una característica permanente en la vida de campesinxs y pescadores. Los suicidios entre campesinxs en la década de 1990 y entre las campesinas después de 2015 ilustran el carácter prolongado del endeudamiento en el sector agrario. Según las estadísticas nacionales de 2019, el endeudamiento es más frecuente en el sector rural y en el sector de las fincas que en el sector urbano. El 60,9% y el 64,4% de los hogares de los sectores rural y de las fincas, respectivamente, están endeudados. Vavuniya y Polonnaruwa, zonas predominantemente agrícolas, situadas también cerca de los mayores molinos arroceros propiedad de particulares, registraron las mayores incidencias de endeudamiento, con un 76,1% y un 70,3% de hogares endeudados.

Violación del Artículo 17: Derecho a la tierra

Las IFI, como el FMI y el Banco Mundial, abogan desde hace tiempo por privatizar los mercados de tierras en Sri Lanka. Los títulos de propiedad de la tierra se distribuyen a lxs agricultores levantando las restricciones para que lxs campesinxs vendan sus tierras proporcionadas por el Estado a personas ajenas a él, lo que ha sido una antigua exigencia de estas IFI. Con el actual programa del FMI, esta exigencia ha vuelto a la palestra, y el gobierno ha introducido un nuevo programa para proporcionar títulos de propiedad de la tierra a lxs campesinxs. Con la actual crisis económica y el endeudamiento de lxs campesinxs, MONLAR y muchas otras organizaciones temen que esta medida conduzca al despojo a gran escala de las tierras de lxs campesinxs.

En la actualidad, el Estado no reconoce el derecho consuetudinario a la tierra, por lo que muchos campesinxs han perdido las tierras que han cultivado y en las que han vivido durante generaciones. Debido a la falta de reconocimiento de la tenencia, muchas comunidades se ven desplazadas cuando llegan a sus pueblos proyectos y urbanizaciones a gran escala.

Aunque han pasado 15 años desde el final de la guerra, grandes extensiones de tierra en el Norte siguen bajo ocupación militar. Las comunidades minoritarias han utilizado estas tierras durante generaciones, antes y durante la guerra, y ocupan un lugar clave en sus medios de vida y su cultura. Algunos de los residentes de estas tierras son desplazados internos, mientras que otros siguen viviendo en campos de desplazados internos.

Violación del artículo 24: derecho a la vivienda

Incluso después de 200 años, los descendientes de las personas traídas a Sri Lanka desde el sur de la India como trabajadores contratados (comunidad Malaiyaga) en las plantaciones de té y caucho de Sri Lanka no son propietarios de sus viviendas ni de sus tierras. Se vieron obligados a vivir en las tierras de las plantaciones (propiedad del Estado y de empresas privadas) en viviendas de muy baja calidad. Carecen de acceso a la tierra para su producción alimentaria y siguen siendo vulnerables a los desalojos por parte de los terratenientes: las empresas de las plantaciones.

Recomendaciones al Gobierno de Sri Lanka

1. Salir inmediatamente de los acuerdos en curso con el FMI y de reestructuración de la deuda, ya que son desfavorables y perjudiciales. El gobierno debe negociar nuevos acuerdos que garanticen el desarrollo económico sostenible del país y los derechos socioeconómicos de campesinos, trabajadores y otras comunidades pobres y vulnerables.
2. Introducir las reformas necesarias en el marco jurídico y político local para hacer valer los derechos consagrados en el UNDROP. Algunas acciones inmediatas pueden ser:

• Revisar las leyes actuales relativas a la tierra, las semillas, el agua, la biodiversidad y otros recursos naturales para garantizar los derechos de lxs campesinos y otros trabajadores de las zonas rurales.
• Codificación de una nueva Constitución que integre los derechos sociales, económicos y culturales de campesinxs, trabajadores y otros como derechos humanos fundamentales.
• Reconocer la soberanía alimentaria y los derechos de lxs campesinxs y trabajadores rurales como prioridades clave en la formulación de su política agrícola, de desarrollo y económica.
• Realizar una auditoría de la deuda agraria y proporcionar alivio de la deuda, incluida su condonación.
• Reconocer a las mujeres como actores clave en la agricultura, la producción de alimentos y la economía rural. Asignar recursos a través de los presupuestos nacionales y locales para garantizar que las mujeres tengan acceso a recursos financieros accesibles y justos. El gobierno debe apoyar las acciones colectivas de las campesinas en los sistemas de producción, transformación, comercialización y ahorro de alimentos.
• Liberar todas las tierras ocupadas por los militares en el Norte y el Este a sus propietarios originales, y apoyar a los campesinos y otros productores de alimentos para que vuelvan a ganarse la vida en esas tierras.
• Reconocer y cumplir la demanda de la comunidad Malaiyaga de asignar tierras para su vivienda y la producción de alimentos.

MONLAR también pidió al Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Declaración de los Derechos Campesinos y Otras Personas que Trabajan en Zonas Rurales que inicie una evaluación de cómo las condiciones del FMI, otras IFI y la arquitectura de la deuda mundial violan los derechos humanos de los campesinos y trabajadores, y también que inicie un estudio entre países para examinar el impacto de la microfinanciación en las mujeres y el desarrollo rural.

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El 16 de septiembre, la Coordinadora Europea Vía Campesina (ECVC) publicó un informe sobre la aplicación de UNDROP en Europa. Puede encontrar el comunicado de prensa de lanzamiento aquí.

Esta nueva publicación presenta la Declaración: su origen, su razón de ser, su contenido y cómo debe aplicarse. Asimismo, establece una lista de recomendaciones políticas para las organizaciones internacionales y regionales, los responsables políticos europeos y las autoridades nacionales y locales.

Las principales peticiones son las siguientes:

• Los Estados y las organizaciones internacionales y regionales deben proporcionar recursos (incluidos recursos financieros) para apoyar al grupo de trabajo de la ONU sobre UNDROP.
• La UE debe garantizar que toda su legislación y políticas en materia de agricultura sean coherentes con UNDROP. La ECVC ya ha desarrollado propuestas políticas específicas sobre cómo garantizar este cumplimiento en relación con: las semillas, una propuesta de directiva sobre la tierra, la política de mercado agrícola y la condicionalidad social de la PAC.
• Al aplicar las políticas internacionales relacionadas con la alimentación y la agricultura, la UE debe respetar y garantizar la coherencia con el UNDROP.
• De conformidad con el artículo 10 del UNDROP, la ECVC, como única organización europea de campesinxs, debe ser consultada sistemáticamente por todas las instituciones de la UE que se ocupan de la agricultura.
• La Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural de la CE debe crear una subunidad específica responsable de los derechos campesinos y los derechos humanos en la agricultura.
• Los Estados miembros de la UE deben incluir a UNDROP en la aplicación de la Directiva de la UE sobre diligencia debida en las empresas.
• Los Estados deben elaborar planes de acción nacionales y comités nacionales para la agricultura familiar, como se pide en el marco del Decenio de las Naciones Unidas para la Agricultura Familiar. Estos planes deben situar la implementación de UNDROP en el centro y promover un concepto más amplio de agricultura familiar que vaya más allá del patriarcado cis-hetero-céntrico, que englobe a las familias elegidas, a una diversidad de personas y formas de vida y de trabajo, y a todo tipo de productores de alimentos a pequeña escala.

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Estas protestas son el signo innegable de una violación masiva y generalizada de los derechos campesinos en Europa, provocada por un sistema neoliberal en crisis perpetua. «Defendiendo los Derechos Campesinos» se une a lxs campesinxs para reclamar un cambio profundo del sistema, única forma de garantizar precios justos y buenas condiciones de trabajo. Denunciamos asimismo cualquier explotación de las protestas por parte de la extrema derecha o de dirigentes sindicales que ya no representan los intereses de lxs campesinxs, sino únicamente los de los industriales y la gran distribución.

Derechos y revueltas de lxs campesinxs

Christophe Golay, Investigador principal, Academia de Derecho Internacional Humanitario y Derechos Humanos de Ginebra, Profesor visitante Geneva Graduate Institute

Los campesinos y campesinas se manifiestan en muchas partes de Europa¹ para exigir su derecho a vivir dignamente, con precios justos por sus productos y una remuneración adecuada por su trabajo. Rechazan los acuerdos de libre comercio y piden a los gobiernos y a la Unión Europea (UE) que les presten más apoyo.

En Europa, como en el resto del mundo, los campesinos y las campesinas se ven desproporcionadamente afectados por la inseguridad alimentaria y la pobreza. La tasa de suicidios también es mucho más alta en este sector mas que en otras profesiones. El principal instrumento de la UE para ayudarles es la Política Agrícola Común (PAC).

La PAC representa el 31% del presupuesto de la UE, lo que significa que cada año se destinan 55’000 millones de euros para apoyar la agricultura. Es una cantidad enorme. Sin embargo, esta suma está injustamente repartida. Sólo el 20% de los productores recibe el 80% del presupuesto de la PAC. La decisión de calcular la ayuda financiera en función del tamaño de la explotación -en lugar del número de personas que trabajan en ella- está conduciendo a una creciente concentración de las explotaciones. Entre 2005 y 2020, el número de explotaciones en la UE se reducirá en un 37%, siendo las pequeñas explotaciones las que experimentarán el mayor descenso. Esta situación también está provocando una reducción de la diversidad de los productos agrícolas y una mayor pérdida de biodiversidad.

Afectados por la competencia de productos importados de otros continentes y vendidos en Europa a bajo precio, y sometidos a la presión de diversos intermediarios, los campesinos y campesinas tienen que vender a menudo sus productos por debajo de los costes de producción. También se ven presionados para pasarse a la agricultura ecológica -el objetivo es que el 25% de las tierras agrícolas de la UE se dediquen a la agricultura ecológica de aquí a 2030 (objetivo del «Green Deal» europeo) – sin contar con el apoyo suficiente para hacer la transición y cosechar los beneficios. Esta situación explica en parte la actual lucha por sus derechos.

En las Naciones Unidas (ONU), esta lucha por los derechos de los campesinos y campesinas comenzó en 2008 en Ginebra, cuando La Vía Campesina propuso su «Declaración sobre los Derechos de los Campesinos y Campesinas» en respuesta a la crisis alimentaria mundial de 2008. La Vía Campesina es el mayor movimiento social transnacional, que representa a más de 250 millones de campesinos en más de 80 países. Su llamamiento en favor de una declaración de la ONU sobre los derechos de los campesinos y campesinas ha recibido el apoyo de varios Estados, ONGs y numerosos expertos. Tras 6 años de negociaciones en el Consejo de Derechos Humanos, la Asamblea General de la ONU aprobó el 17 de diciembre de 2018 la Declaración sobre los derechos de los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales (UNDROP). En octubre de 2023, el Consejo de Derechos Humanos estableció un Grupo de Trabajo de la ONU formado por cinco expertos independientes para promover y monitorear la implementación de UNDROP.

La UNDROP consagra muchos derechos esenciales para responder a la crisis actual, como el derecho a la alimentación, a la soberanía alimentaria, a precios justos, a salarios adecuados, a la seguridad social, a las semillas, a la tierra y a otros recursos productivos. También incluye una serie de disposiciones en virtud de las cuales los gobiernos se han comprometido a apoyar a los campesinos y campesinas en su transición hacia la agroecología y la agricultura orgánica. La UNDROP y el derecho a la alimentación proporcionan una sólida base jurídica para una transición justa hacia sistemas alimentarios sostenibles en Europa.

Otros recursos

• ECVC: ECVC exige desde la Place du Luxembourg, Bruselas: Poner fin a los acuerdos de libre comercio y garantizar precios justos para los agricultores, 01/02/24
• ECVC: El rechazo a los acuerdos de libre comercio y la reivindicación de unos ingresos dignos están en el centro de las movilizaciones de lxs agricultores en Europa, 25/02/24
• CETIM: Movilizaciones campesinas en Europa, 01/02/24
• COAG (España): ASAJA, COAG y UPA acuerdan poner en marcha un calendario de movilizaciones que se desarrollarán inicialmente en las Comunidades Autónomas, 30/01/24

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El 26 de octubre de 2023, ECVC organizó una mesa redonda para pedir a la Unión Europea que incluya la tierra agrícola en su agenda y que tenga en cuenta su propuesta de directiva así como el UNDROP, encuentra AQUÍ la nota de prensa del evento.

A continuación encontrará la introducción de ECVC a su propuesta de directiva y el texto completo de la propuesta para descargar.

Presentamos nuestra propuesta de directiva europea sobre la gobernanza de las tierras agrícolas. Para acabar con la concentración de la tierra: ¡más campesinxs en Europa!

Llevamos mucho tiempo exigiendo la aplicación del derecho a la tierra definido en el artículo 17 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y Otros Trabajadores Rurales. Hoy en día, este derecho está amenazado: la concentración y el acaparamiento de tierras provocan la desaparición de granjas, el aumento del precio de la tierra, la desvitalización de las zonas rurales y la industrialización de las prácticas. El uso de la tierra se encuentra en la encrucijada de los problemas económicos, sociales, ecológicos y climáticos de la agricultura europea.

No existe un marco europeo para la gobernanza de la tierra, pero muchas políticas europeas repercuten en el precio de la tierra, su estado o su distribución, empezando por la PAC y la asignación de subvenciones en función del número de hectáreas. Esta constatación es compartida por las propias instituciones europeas: la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas atestigua que la tierra no es una mercancía como las demás, el Parlamento reconoce las amenazas a las que se enfrenta y reclama una política de la tierra independiente de las meras fuerzas del mercado.

Así pues, apremiados por la urgencia, publicamos hoy una Propuesta de Directiva Europea sobre el Suelo Agrícola. Hemos analizado el estado de las tierras agrícolas y las medidas concretas para garantizar la realización del derecho a la tierra, y presentamos una propuesta global de directiva.

Es imperativo que la población agrícola se duplique de aquí a 2040, y esta directiva es esencial para alcanzar este objetivo. También es una herramienta para apoyar las reformas agrarias a nivel local y nacional. Es necesario que la Comisión retome la cuestión e incluya el acceso a la tierra en su plan de trabajo.

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ENLACE DE CONEXIÓN

Únete a nosotras/os para descubrir cómo los colectivos y las comunidades están utilizando la UNDROP para impulsar sus luchas, para promover y aplicar los derechos consagrados en la UNDROP… ¡mucha inspiración por delante!

En el webinario, representantes campesinas/os de diferentes regiones intervendrán para exponer cómo hacen uso dde la UNDROP en sus luchas, así como para presentar ejemplos concretos de implementación y avances legales :

Moderación : Coline Hubert, Facilitadora del sitioweb Defendiendo los Derechos Campesinos

Introducción : Morgan Ody, Secretario General de La Vía Campesina

ASIA
Pramesh Pokharel – Secretario General de All Nepal Peasant’s Federation – Nepal
Zainal Arafin Fuad – SPI – Indonesia

ÁFRICA
Hortense Kinkodila – CNOP-Congo – Congo
David Otieno – Liga Campesina de Kenia – Kenia

AMÉRICAS
Nury Martinez – FENSUAGRO – Colombia
Jessie MacInnis – Joven Presidente National Farmers Union of Canada – Canadá

EUROPA
Ramona Dominiciou – Ecoruralis – Rumania
Alberto Silva – Uniterre – Suiza

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Este informe se publicó por primera vez en el sitio web de ECVC el 31 de enero de 2023. Puede encontrarlo aquí.

Lxs campesinxs y lxs jóvenes trabajadorxs agrícolas representan las dos caras de una misma moneda: la falta de ingresos decentes para lxs campesinxs pone en peligro la formación de lxs futurxs campesinxs. Lxs jóvenes trabajan para aprender, y aprenden mientras trabajan, aunque no se les proporcione una formación oficial. Sin embargo, el proceso de aprendizaje de lxs jóvenes trabajadorxs agrícolas se lleva a cabo en condiciones muy duras, que incluyen una remuneración reducida o nula, y una vivienda, alimentación y apoyo inadecuados. Estas son algunas de las importantes limitaciones que impiden una transformación del sistema alimentario justa desde el punto de vista social y ecológico.

Este informe evalúa las condiciones de trabajo y aprendizaje de los jóvenes trabajadores agrícolas, definidos como las personas que trabajan en los campos, montañas y granjas, así como en las unidades ganaderas o de procesamiento de alimentos, y que tienen menos de 40 años. El informe examina un amplio abanico de cuestiones, como las horas de trabajo, los honorarios, los contratos, el poder de negociación, la alimentación y la vivienda, y la discriminación de género, incluso en lo que respecta a la interseccionalidad. También se evalúan cuestiones como la búsqueda de la explotación más adecuada para el aprendizaje, las dificultades y los sueños de futuro.

Con este informe, las autoras esperan contribuir al reconocimiento de las condiciones de lxs jóvenes trabajadorxs agrícolas y apoyar la labor política de la articulación de jóvenes de ECVC.

La juventud en la Declaración de los Derechos de lxs Campesinxs

La Declaración menciona a lxs jóvenxs en dos ocasiones, en los artículos 2 y 17. El artículo 2 está dedicado a las obligaciones generales de los Estados y establece cómo deben aplicar los Estados los derechos de la Declaración. El párrafo 2 de este artículo exige a los Estados que presten especial atención a lxs jóvenxs en la aplicación de los derechos contenidos en la Declaración. Esta atención especial es necesaria para combatir la discriminación de lxs jóvenxs relacionada con la edad. Por lo tanto, todos los derechos de lxs campesinxs deben leerse a la luz de esta lucha contra la discriminación de lxs jóvenxs.

El artículo 17 de la Declaración está dedicado al derecho a la tierra. Este derecho es uno de los mayores avances de la Declaración, y la mención a lxs jóvenxs en su apartado 6 sobre la reforma agraria debe ser destacada y especialmente utilizada para avanzar en los derechos de lxs jóvenxs. El párrafo 6 obliga a los Estados a llevar a cabo reformas agrarias para garantizar una distribución equitativa de la tierra y los recursos naturales. Este párrafo deja claro que en las redistribuciones de tierras, lxs jóvenxs deben estar entre las poblaciones prioritarias, junto con lxs campesinxs sin tierra. Esta mención específica de lxs jóvenxs ilustra la obligación de los Estados de tener en cuenta la discriminación que sufren lxs jóvenxs, en este caso la de no tener acceso a la tierra por su edad. También es la marca de una Declaración de los Derechos de lxs Campesinxs con visión de futuro.

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Comunicado conjunto de La Coordinadora Europea Vía Campesina (ECVC) y La Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo CLOC – Vía Campesina a través del cual condenan el Tratado de Libre Comercio UE-MERCOSUR por antidemocrático y violatorio de los derechos de lxs campesinxs y de los compromisos climáticos. Esta declaración se produce en un momento en que la Comisión Europea y algunos Estados miembros de la UE intentan encontrar la manera de aprobar dicho acuerdo, sin tener en cuenta el control democrático de los parlamentos nacionales, el impacto real o la aplicación de las denominadas medidas medioambientales.

30 janvier 2023

Como grupo de organizaciones de campesinxs y trabajadorxs agrícolas de países del Mercosur y de la UE, nos oponemos al Tratado de Libre Comercio UE-MERCOSUR. Este TLC se basa en un paradigma obsoleto en el que los productos agrícolas son tratados como cualquier otra mercancía, sin tener en cuenta los derechos humanos, las crisis climáticas y de la biodiversidad, la soberanía alimentaria y los derechos de lxs productorxs de alimentos a unos ingresos justos.

Durante muchos años, nosotrxs lxs agricultorxs, lxs agriculturxs campesinxs, los pueblos sin tierra, los pueblos afrodescendientes y lxs trabajadorxs agrícolas hemos sufrido las consecuencias de la regulación de los mercados agrícolas a través del régimen internacional de libre comercio. Los intereses de las empresas agroalimentarias se han antepuesto sistemáticamente a los de lxs pequeñxs productorxs de alimentos y trabajadorxs agrícolas. El precio de los alimentos que producimos se ha desvinculado artificialmente del coste de la producción local. Se nos pone a competir unxs con otrxs, a pesar de que nuestras condiciones de producción varían enormemente de un país a otro (por ejemplo, en lo que respecta a las condiciones climáticas, las normas sanitarias, sociales y medioambientales, el coste de la mano de obra, el acceso a la tierra y a las herramientas de producción, etc.).

La mercantilización de la tierra, el agua y las semillas conduce al empobrecimiento de la población rural. Las corporaciones que progresivamente se hacen con el control de los sistemas alimentarios sólo consiguen ser ” competitivas” porque están fuertemente subvencionadas con dinero público y porque no se les exige que paguen los costes sanitarios, medioambientales y sociales de su modelo de producción industrial.

Nuestros derechos, reconocidos en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y Otras Personas que Trabajan en Zonas Rurales, son violados estructuralmente por este régimen internacional de libre comercio. No vemos ninguna mención al UNDROP en el previsto TLC UE-MERCOSUR y tememos que este nuevo TLC pueda empeorar la situación de los derechos humanos de lxs campesinxs, pequeñxs agricultorxs y trabajadorxs agrícolas.

El acuerdo UE-MERCOSUR, en lugar de promover la reterritorialización ecológica de nuestros sistemas alimentarios, incrementará el intercambio transcontinental de productos agrícolas que más bien pueden producirse de forma sostenible y agroecológica en nuestros territorios. Desde el punto de vista de un sistema alimentario sostenible, esto está en total contradicción con todos los compromisos de nuestros gobiernos en el Acuerdo de París sobre el clima y en los objetivos de desarrollo sostenible.
Dicho acuerdo fomentará modelos de producción insostenibles en las zonas rurales, haciendo que aún más productorxs de alimentos a pequeña y mediana escala desaparezcan y emigren a lugares urbanos para trabajar en empleos precarios. En la UE, la población agraria ya representa menos del 5% del empleo total, mientras que en los países del MERCOSUR, la población rural se encuentra entre la población más marginada. ¿Coincide esto realmente con la visión a largo plazo de nuestros gobiernos para las zonas rurales?

Nuestros gobiernos dicen que este acuerdo contiene disposiciones de sostenibilidad y tiene en cuenta los intereses de lxs trabajadorxs y lxs campesinxs, pero no es cierto. Por el contrario, apoyan los intereses de una élite de la industria alimentaria, responsable del desastre ecológico de nuestras comunidades.

Es de sobra conocido que el acuerdo UE-MERCOSUR no puede ser ratificado de forma democrática. En Europa, la Comisión Europea y algunos Estados miembros de la UE están presionando para dividir el acuerdo como forma de eludir el control democrático de los parlamentos nacionales. Otros promueven elaborar un documento adicional no vinculante para fingir que están teniendo en cuenta las preocupaciones medioambientales. Condenamos enérgicamente estos intentos de maquillar de verde este TLC insostenible y de pasar por alto la fuerte oposición democrática que genera este nuevo TLC.

Es hora de abandonar el paradigma del libre comercio. El TLC UE-MERCOSUR debe abandonarse.

En cambio, como La Vía Campesina exigimos un nuevo marco internacional para el comercio internacional basado en la soberanía alimentaria. Apoyamos la cooperación internacional y la solidaridad entre los pueblos. Los acuerdos bilaterales o birregionales de cooperación deben tener como núcleo los derechos humanos, y en particular los derechos de lxs productorxs de alimentos reconocidos en la UNDROP. Deben permitir un auténtico desarrollo agrícola que dé prioridad a la producción local de alimentos y a la agroecología. Deben detener la expansión del poder corporativo en la alimentación y la agricultura y dar prioridad a lxs productorxs de alimentos a pequeña y mediana escala.

Como campesinxs, pequeñxs agricultorxs y trabajadores agrícolas de los dos continentes, hacemos un llamamiento a todos los movimientos sociales y organizaciones de la sociedad civil para que se opongan al acuerdo UE-MERCOSUR y exijan a nuestros gobiernos que detengan este acuerdo.

Firmas de los países de la UE :

• Coordinadora Europea Vía Campesina (ECVC) – Europa (31 organizaciones miembro)
• SOC-SAT (España)
• Ehne Bizkaia (España)
• Fugea (Bélgica)
• Norsk Bonde-og Smabrukarlag (Noruega)
• NOrdBruk (Suecia)
• Frie Bønder Levende (Dinañarca)
• ÖBV-Via Campesina Austria (Austria)
• MODEF (Francia)
• MAP (Bélgica)
• Boerenforum (Bélgica)
• La CNA – Confederação Nacional da Agricultura (Portugal)
• Toekomstboeren (Países Bajos)
• ARI (Italia)
• COAG (España)
• Confédération paysanne (Francia)
• MIJARC (Europa)
• Abl (Alemania)
• ACFF (Croacia)

Firmas de los países del Mercosur :

• Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo – CLOC-Vía Campesina (América Latina y el Caribe – 84 organizaciones miembro)
• La Via Campesina America del SurSudamérica (42 organizaciones miembro)
• MNCI Somos Tierra (Argentina)
• Conamuri, Organización de Mujeres Campesinas e Indígenas (Paraguay)
• Red Nacional de Semillas Nativas y Criollas (Uruguay)
• Mesa Agroalimentaria Argentina (Argentina)
• Movimiento dos pequenos agricultores – MPA (Brasil)
• MMC Brasil, Movimiento de mulheres camponesas (Brasil)
• Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra – MST (Brasil)

Firmas de otras organizaciones en Europa y América latina :

Firmas de otras organizaciones en Europa y América latina :

• Federacion Nacional de Cooperativas agropecuarias (Colombia)
• APEMECAFE (Colombia)
• FENSUAGRO (Colombia)
• Fenacoa (El Salvador)
• Comunidades Negras-ICETEX (Colombia)
• CAN Peru (Perú)
• Conpi (Colombia)
• Uniterre (Suiza)

DESCARGA: La-Via-Campesina-en-contra-del-tratado-de-libre-comercio-UE-MERCOSUR

Para ir más lejos:

• Página web de La Vía Campesina dedicada a los acuerdos de libre comercio
• Boletín Nyéléni 29 sobre Acuerdos de Libre Comercio y Agricultura

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Editorial

Las Naciones Unidas ha declarado el año 2022 como el Año Internacional de la Pesca y la Acuicultura Artesanales (AIPAA 2022) para resaltar la importancia de la pesca y acuicultura artesanal.

Durante los últimos diez años y todavía más desde la pandemia, han proliferado las iniciativas sobre la economía azul. En 2021, la Cumbre sobre Sistemas Alimentarios de la ONU anticipó el concepto de «Alimentos Azules», que hace referencia principalmente a la acuicultura. En 2021 el Comité de Pesca de la FAO adoptó medidas sin precedentes para avanzar en la acuicultura, creando así la «Declaración de Shanghái» redactada por WorldFish, actores de la industria y partes interesadas.

AIPAA también da a conocer la pesca artesanal. Algunas personas prefieren el término pesca a pequeña escala, pero sea cual sea el término utilizado, esta constituye la forma de vida que proporciona alimento e ingresos a más de cien millones de personas en todo el mundo. No obstante, se está produciendo un progresivo acaparamiento de los territorios y los recursos de los pescadores: desde el programa de la economía azul que se extiende desplazando a las personas en nombre de la conservación (Zonas Marinas Protegidas, ZMP) hasta inversiones a gran escala en piscicultura,  la expansión de puertos para favorecer un mayor comercio internacional, hasta las voladuras y perforaciones sin precedentes para extraer petróleo y gas, son ejemplos de desarrollo contemporáneo que sigue despojando a las comunidades pesqueras. Esperamos que AIPAA sea el año para que los pescadores de todo el mundo aumenten su resistencia y movilice a las masas para solicitar la restitución y la regeneración de la naturaleza.

Transnational Institute y FIAN International

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