Colombia: Reconocimiento de lxs campesinxs como sujetos de derechos – Entrevista con Martha Elena Huertas Moya
El 5 de julio de 2023, Colombia reformó su Constitución Política, en particular el Artículo 64. Desde 1991, el artículo 64 establece el deber del Estado de facilitar el acceso de los trabajadores agrarios a la propiedad de la tierra, así como a una serie de derechos que les permitan disfrutar de un mejor nivel de vida. Este deber se mantiene en la nueva versión del artículo, con el añadido del reconocimiento del campesinado y lxs campesinxs como sujetos de derechos específicos. El artículo reconoce que tienen una identidad particular, vinculada a su relación con la tierra y el territorio, y que ello les confiere un estatuto específico como sujetos políticos.
El campesinado es sujeto de derechos y de especial protección, tiene un particular relacionamiento con la tierra basado en la producción de alimentos en garantía de la soberanía alimentaria, sus formas de territorialidad campesina, condiciones geográficas, demográficas, organizativas y culturales que lo distingue de otros grupos sociales.
Articulo 64 §2 Constitución política de Colombia
Este reconocimiento es la culminación de una larga lucha por parte de lxs campesinxs y sus organizaciones representativas. Para entender a fondo la importancia de este cambio en la Constitución, cómo se logró, el papel de UNDROP en este nuevo logro y los próximos pasos a seguir, entrevistamos a Martha Elena Huertas Moya, de la organización campesina FENACOA.
Puedes presentarte a ti mismo y a tu organización
Gracias, soy Martha Elena Huertas Moya, campesina, nacida en la zona rural de Bogotá, y con vínculos permanentes con su comunidad. Hago parte de la Federación Nacional de Cooperativas Agropecuarias, FENACOA, desde su fundación hace 40 años, como educadora y en la última década como integrante del Consejo de Administración.
FENACOA, es una organización de segundo nivel, agrupa a las cooperativas y asociaciones de la economía social y comunitaria, en algunas regiones del país, como Guaviare, Meta, Cundinamarca, Tolima, Cauca y Caldas.
Somos una organización todavía no reconocida como víctima de la violencia sociopolítica (estructural) y el conflicto social y armado en Colombia. En los años 90s, fueron asesinados 2 gerentes en funciones, y otros líderes de la mayoría de nuestras organizaciones, judicializados (encarcelados) otra parte de la dirigencia, amenazados y exiliados tanto líderes como asociados.
También somos una organización integrante de CLOC LVC, desde el inicio, e integrante de varias plataformas de lucha por la reforma agraria integral en Colombia.
El objetivo principal como sector cooperativo agropecuario, y en particular en la coyuntura actual del gobierno de Colombia con su plan de desarrollo “potencia mundial de la vida”, es aportar a la reactivación económica del país del sector primario, aportar a las transiciones agroecológicas, energéticas y las transformaciones sociales y políticas necesarias parra el ejercicio pleno de los derechos del campesinado colombiano. De hecho, este ultimo fue reconocido como sujeto de especial protección que gracias a la lucha global liderada por el movimiento de La Vía Campesina.
¿Podrías hablarnos de la situación de los derechos de los campesinos en Colombia, en particular tras la elección del presidente Petro?
El presidente Petro, y su programa de gobierno representan para el campesinado colombiano la oportunidad de
a) ser reconocidos en la constitución política nacional como sujetos políticos de derecho, con especial protección, de modo a acceder al ejercicio de los derechos contemplados en la Declaración de la ONU sobre derechos campesinos.
b) retomar la implementación del acuerdo de paz, que contemplaba entre otras cosas la implementación de la reforma rural integral, mediante metas concretas como la compra de 3.000.000 de hectáreas para adjudicación, formalización, restitución y reparación al campesinado.
c) hacer las transformaciones sociales y políticas necesarias que se requieren para que el campesinado y trabajadores rurales, tengan vida digna.
¿Habéis visto algún progreso, en términos de reforma agraria por ejemplo?
Los cambios y progresos constatados desde la toma de la administración de Gustavo Petro son claramente observables, no solo en las medidas jurídicas y constitucionales (marcos normativos y reglamentarios, leyes, decretos, resoluciones, etc.), si no también a nivel de las propuestas de reformas de la ley agraria, las cuales son obstaculizadas y negadas en el Congreso de la República por la mayoría parlamentaria, representante de los intereses latifundistas. Pese a esos obstáculos, se están ejecutando por primera vez importantes acciones políticas como entregas masivas de tierras, financiación de proyectos productivos, reconocimiento de territorialidades campesinas (zonas de reserva campesina, territorios agroalimentarios, entre otros). Es necesario subrayar ademas que estas iniciativas se toman a través del prisma de respeto del medio ambiente y de los derechos de la naturaleza, elementos centrales requeridos ante las crisis climáticas actuales.
Además, todas las organizaciones de agricultores se unieron para formar la Agenda Nacional del Agricultor. Este grupo se movilizó para plantear objetivos y propuestas comunes, que desembocaron en la firma de un acuerdo con el gobierno. El acuerdo firmado en julio de 2024 contempla la puesta en marcha de la reforma agraria, el desarrollo rural, la reactivación económica, proyectos productivos, la sustitución de cultivos de coca y otros temas.
Estos acuerdos firmados el 10 de julio 2024, ratifican el trabajo conjunto y articulado entre el gobierno y el movimiento campesino colombiano en materia de implementacion de la Reforma Agraria, de desarrollo rural, reactivacion economica, proyectos productivas, sustitución de los cultivos de coca y otros.
Las organizaciones campesinas reclaman una «reforma agraria integral y popular», ¿qué significa para vosotros frente a la reforma agraria «clásica»?
La reforma agraria es el concepto más amplio y significativo para el campesinado. Se trata de tener acceso a tierra, a titularidad de esa tierra, en un país donde la propiedad y tenencia de la tierra es de latifundistas, y de gremios productores de alimentos bajo el esquema de la agroindustria (monocultivo, agrotóxicos, etc.). Colombia es un país donde la más eficaz (contra)reforma agraria la hizo el latifundio y el narcotráfico mediante una estrategia de expulsión del campesinado de sus tierras, mediante el despojo y otras prácticas de ocupación de tierras y territorios campesinos, ademas con el apoyo critico por parte de las bandas paramilitares.
Para el campesinado, la reforma agraria es integral en la medida que garantice tener las condiciones materiales e inmateriales necesarias para el desarrollo de sus proyectos de vida, de acuerdo con sus características culturales y sociales. Este objetivo se teje en la perspectiva de poder producir, transformar y comercializar los alimentos para el autoconsumo y el abastecimiento de alimentos a la población en su totalidad
La reforma integral, en consecuencia: refiere a todos esos cambios y transformaciones estructurales (modelo económico, modelo de producción agraria, modelo del sistema asistencialista de la política pública) para devolverle al campesinado la autonomía y soberanía para producir los alimentos desde los postulados de la agricultura orgánica, ecológica. Esto pasa también por supuesto por el manejo de sus semillas, de la producción de todos los bioinsumos necesarios. En conclusión, la reforma tiene que ser integral en el sentido de poder garantir de los derechos fundamentales como a la vida, a la educación, a la salud, a la protección social, etc., etc.
¿Puede explicar la importancia de la inclusión de lxs campesinxs como sujeto político en la Constitución?
ARTÍCULO 64.
Es deber del Estado promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra del campesinado y de los trabajadores agrarios, en forma individual o asociativa.
El campesinado es sujeto de derechos y de especial protección, tiene un particular relacionamiento con la tierra basado en la producción de alimentos en garantía de la soberanía alimentaria, sus formas de territorialidad campesina, condiciones geográficas, demográficas, organizativas y culturales que lo distingue de otros grupos sociales.
El Estado reconoce la dimensión económica, social, cultural, política y ambiental del campesinado, así como aquellas que le sean reconocidas y velará por la protección, respeto y garantía de sus derechos individuales y colectivos, con el objetivo de lograr la igualdad material desde Un enfoque de género, etario y territorial, el acceso a bienes y derechos cono a la educación de calidad con pertinencia, la vivienda, la salud, los servicios públicos domiciliarios, vías terciarias, la tierra, el territorio, un ambiente sano, el acceso e intercambio de semillas, los recursos naturales y la diversidad biológica, el agua, la participación reforzada, la conectividad digital, la mejora de la infraestructura rural, la extensión agropecuaria y empresarial, asistencia técnica y tecnológica para generar valor agregado y medios de comercialización para sus productos.
Los campesinos y las campesinas son libres e iguales a todas las demás poblaciones y tienen derecho a no ser objeto de ningún tipo de discriminación en el ejercicio de sus derechos, en particular las fundadas en su situación económica, social, cultural y política.
En 1991, la carta política colombiana aportó cambios significativos para garantir su esencia de Estado social de derecho, (la principal conquista durante décadas era superar el estado de sitio y lograr una apertura democrática). A partir de allí, las principales libertadas democráticas eran por fin posibles, dando inicio a un largo proceso hacia la justicia social dentro de un pais con los mayores indices de desigualdad social, de mayor concentración de la propiedad de la tierra, y con indicadores alarmantes de crisis humanitaria.
La Constitución de 1991 reconoció a los pueblos originarios y pueblos afrodescendientes, rom y palenqueros, reconoció los derechos de las minorías étnicas. Sin embargo, el campesinado fue lamentablemente excluido. En los territorios este desconocimiento tuvo graves afectaciones en el ejercicio de los derechos culturales, sociales, económicos y políticos del campesinado, sobretodo como sector subordinado, explotado y marginado por el clasismo y el racismo estructurales. El ser reconocidos también como sujetos de especial protección, nos posicionó en paridad para ser otra minoría con derechos, y estos ajustes son los que se están armonizando dentro de la política pública.
¿Cuáles fueron las claves para lograr este cambio y, más en general, para aplicar los derechos campesinos
Para FENACOA, el logro de este reconocimiento se debe a varios factores:
1) la incorporación de los acuerdos incumplidos del acuerdo de la Havana en la agenda pública del Estado (más allá del gobierno);
2) ser parte activa del movimiento social del gobierno del Cambio
3) haber mantenido un posicionamiento como mayor sector social con deuda política pendiente, al igual de ser considerado la principal víctima de la violencia del conflicto social y armado, y también de la violencia sociopolítica.
4) haber hecho incidencia en los espacios públicos, sociales y comunitarios con la Declaración de los derechos campesinos, y tener este pendiente necesario como parte de la reforma agraria integral.
5) tener un acumulado de luchas por la reforma agraria integral
Ahora que ha tenido este cambio, ¿cuáles crees que son los próximos pasos principales para implementar la UNDROP a nivel nacional?
Las derechas políticas colombianas han instalado magistrados, congresistas y funcionarios que, durante décadas, han impidedio, y siguen impidiendo, cambios a favor del campesinado colombiano. En esta coyuntura, estos altos funcionarios están a la vanguardia de bloquear avances significativos de la política agraria.
Tenemos dificultades a nivel de las altas cortes (poder judicial), y la Corte constitucional en particular, la cual está revisando el articulado de los derechos campesinos, en un abierto y claro desafío contra el gobierno de Petro (poder ejecutivo) y bajo mandato de las derechas latifundistas que hacen parte del Congreso (poder legislativo). El objetivo es cerrarle el paso al ejercicio pleno de los derechos reconocidos. De cara a esto, tenemos que hacer permanente movilización social, comunicativa y política para impedir que reversen estos derechos y para asegurar que se avance en la agenda de la Declaración.
Un segundo escenario es la Corte suprema de justicia, donde los representantes latifundistas requieren la revisión de la jurisdicción agraria por mano de esta corte, para que haya jueces agrarios que diriman los conflictos de manera directa. Esta nuevamente es una jugada de la derecha latifundista para impedir que el campesino resuelva por vía directa los distintos conflictos que puedan presentar por tierras, títulos, servidumbres, litigios por agua, por linderos, entre otros.
Algunas organizaciones de CLOC-LVC Colombia lanzaron una amplia movilización social, como integrantes de la Agenda Nacional Campesina, en seno de la cual se firmó un acuerdo para avanzar en la implementación y ejecución de los derechos campesinos.
El disfrute pleno de los derechos campesinos y de los trabajadores rurales, pasa por cambios estructurales, esa seguirá siendo la lucha del campesinado y demás organizaciones sociales y populares. Recordamos que el capitalismo neoliberal cada día más retrasa todo intento democrático y social en América latina.
¿Y cuáles son los principales retos futuros para la promoción de los derechos campesinos y la soberanía alimentaria ?
Por parte del gobierno nacional, a corto plazo, los retos principales son:
- Primeramente, implementar una comisión mixta, como mecanismo de consulta permanente entre el Estado y el campesinado colombiano, necesaria para armonizar las políticas públicas y las estructuras administrativas gubernamentales en modo de atender la implementación de la reforma rural integral.
- Secundariamente, ejecutar el programa de gobierno que atienda las necesidades, demandas y expectativas del sector campesino, esto pasa por cumplir los acuerdos, actas, etc. de gobiernos anteriores.
De mediano plazo:
- Poner en marcha todo el sistema interinstitucional para atender las transformaciones requeridas por la implementación de la reforma rural integral.
- Crear las condiciones para blindar los actuales avances, frente a otros gobiernos que pretendan echar a bajo todos estos cambios y transformaciones.
Es necesario resaltar igualmente a los retos que incumben al movimiento campesino. En particular, la necesaria consolidacion e interlocución entre las diferentes organizaciones campesinas, y también a nivel de gestión y ejecución de proyectos productivos, de transformación, comercialización, etc. de la economía campesina, social, solidaria y comunitaria.
Este reto de consolidación incumbe también las estrategias y relaciones de alianzas con otros secotres, con los procesos sociales, comunitarios y de consumidores, asegurando una articulación permanente con todos los sectores sociales del país, de modo a contribuir al fortalecimiento de la base social que contribuya a los cambios y transformaciones políticas que requiere el país.
