Desde su llegada al poder mediante un golpe de Estado en septiembre de 2022, el capitán Ibrahim Traoré ejerce la presidencia de Burkina Faso sin dejar a nadie indiferente: para algunos, encarna un giro histórico que marca una ruptura con el orden neocolonial y el inicio de una revolución panafricana popular; para otros, se trata de un nuevo golpe de fuerza despótico orquestado por un régimen militar. Este artículo intenta aportar una perspectiva original, a la luz de las correlaciones de fuerzas existentes, dando voz a los movimientos sociales burkineses —en particular a las y los campesinos.

Burkina Faso enfrenta desde hace años una situación de guerra, principalmente en el norte, bajo la amenaza yihadista, y desde 2022 sufre una presión internacional creciente, que se ha manifestado mediante regímenes de sanciones impuestos por Francia, el Banco Mundial, la Unión Europea y la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO). Heredero de un largo pasado colonial y de una deuda ilegítima, el gobierno de Traoré busca restaurar la soberanía nacional e inscribirse en una nueva dinámica panafricana.

Junto con sus socios de la Alianza de los Estados del Sahel —Malí y Níger—, el país cuestiona el franco CFA y contempla una moneda independiente o común, al tiempo que se desvincula progresivamente del FMI, del Banco Mundial y del BCEAO (Banco Central de los Estados de África Occidental). El rechazo a nuevos préstamos occidentales marca una voluntad de salir de la dependencia financiera.

En el plano económico, Burkina Faso ha emprendido una dinámica de nacionalización de sectores estratégicos. En 2023, el Estado retomó el control de las grandes minas de oro. Un nuevo código minero adoptado en 2024 refuerza la soberanía sobre los recursos, aumenta la participación estatal en las empresas mineras, impone la transformación local y crea una reserva estratégica de oro. En 2025, se inauguró un centro de tratamiento de residuos mineros.

La reconquista económica también abarca el sector agroalimentario, mediante nacionalizaciones e industrialización de fábricas en los ámbitos de la producción azucarera, la transformación láctea y la producción/transformación del tomate, un sector clave del país. A pesar de un contexto regional conflictivo, estas decisiones constituyen palancas esenciales para consolidar una soberanía real y reforzar la capacidad del Estado para financiar políticas sociales.

La palabra al campesinado

En Burkina Faso, el 80% de la población activa trabaja en la agricultura (alrededor del 32% del PIB nacional) y cerca del 90% de las explotaciones son familiares de menos de cinco hectáreas, lo que caracteriza la predominancia de una agricultura de subsistencia. Esto muestra hasta qué punto los pequeños productores de alimentos, campesinas/os, nómadas, ganaderos y comunidades de pescadores artesanales son actores centrales de la sociedad.

A la luz de esto, el gobierno lanzó su “Ofensiva agropastoral y pesquera 2023-2025”, con el objetivo de alcanzar la autosuficiencia y la soberanía alimentaria. En este marco, se han realizado numerosas inversiones: equipos agrícolas, infraestructuras de transformación local, apoyo a las cadenas de cereales, arroz y horticultura. Los resultados son palpables: la producción de tomate, arroz y maíz aumentó considerablemente entre 2022 y 2024 y, desde entonces, el éxodo rural ha disminuido¹.

Más allá de las cifras, impresiona el compromiso de las comunidades rurales. Durante mucho tiempo marginadas, constituyen el núcleo del nuevo proyecto de sociedad, ahora reconocidas como sujetos políticos del cambio. Dos líderes de base, el Sr. Alassane Nakande (figura clave de la Convergencia de luchas por la tierra y el agua de África Occidental² y director ejecutivo del Movimiento Africano por los Derechos Ambientales) y la Sra. Ouédraogo Ouandegma (presidenta de la Coordinación Burkinesa de Organizaciones Campesinas, miembro de La Vía Campesina y del Sindicato de Trabajadores Agropastorales), dan testimonio de los profundos cambios en curso. Estos avances permiten promover una agenda campesina conforme a los principios de la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Campesinos y otras personas que trabajan en zonas rurales (UNDROP), que reconoce derechos fundamentales como el derecho a la tierra y a las semillas.

Fortalecimiento de la producción campesina local

Para la Sra. Ouandegma, la iniciativa de protección y promoción de la producción local “es positiva, ya que acompaña concretamente a las organizaciones campesinas en la consolidación de sus medios de producción, cadenas productivas, cooperativas y mercados locales”. La representante destaca los “esfuerzos gubernamentales”, que han “permitido acceder a herramientas y materiales de producción y transformación agrícola (unidades de transformación de arroz, tractores…)”. Gracias a esta iniciativa, “son los pequeños productores y cooperativas quienes suministran directamente sus productos a hospitales, ayuntamientos, comedores escolares, prisiones… lo que ha permitido implementar circuitos cortos, abrir los mercados a los pequeños productores y promover los productos locales”.

Política agraria y derecho a la tierra

Históricamente, Burkina Faso ha enfrentado grandes oleadas de acaparamiento de tierras por operadores privados y financieros que se han beneficiado de un marco legal impreciso y permisivo. Frente a esto, el Sr. Nakande subraya que “gracias a la voluntad de las autoridades de abordar este fenómeno mediante la revisión de leyes favorables al acaparamiento, se está haciendo posible una mejor redistribución de la tierra”. Añade que estos cambios legislativos están “acompañados de medidas de apoyo, especialmente kits de instalación para jóvenes agricultores”. El proceso se inscribe en una lógica más amplia de fortalecimiento de la seguridad y soberanía alimentaria, con otras iniciativas en curso —investigación-acción, estudios de viabilidad y medidas concretas— destinadas a “valorizar el papel de los productores agrícolas y devolverles un lugar central en las políticas públicas”.

Por su parte, la Sra. Ouandegma afirma que la política agraria “refuerza la seguridad y el reconocimiento jurídico de los derechos de uso de la tierra para campesinos y campesinas”. También celebra el compromiso del gobierno de otorgar al menos el 30% de los títulos de propiedad a mujeres productoras.

Políticas agroecológicas

En el ámbito de la agroecología —concepto clave impulsado por el movimiento campesino internacional—, el Sr. Nakande señala que “a nivel de la Asamblea Nacional y del Senado se ha creado una comisión conjunta para abordar los desafíos relacionados con la promoción de la agroecología. En la misma línea, se ha aprobado una ley que promueve el uso de insumos biológicos”.

En su estrategia nacional (SND-AE 2023-2027), el gobierno apoya la intensificación de prácticas agroecológicas en colaboración con organizaciones campesinas, con el fin de garantizar de forma sostenible la seguridad alimentaria y nutricional en un contexto marcado por crisis climáticas: disminución de las lluvias, degradación de suelos y recursos hídricos, pérdida de biodiversidad, sequías, inundaciones, etc.

Otro gran eje es la demanda de abandono progresivo de pesticidas químicos impulsada por actores rurales. Para ello, se han abierto nuevos espacios de diálogo y negociación. La Sra. Ouandegma destaca una “voluntad compartida, tanto del movimiento rural como de las autoridades, de orientar decididamente al país hacia una transición agroecológica tangible”.

Protección de las semillas campesinas

En cuanto a los recursos fitogenéticos y la protección de las semillas campesinas, el Sr. Nakande observa avances positivos. En primer lugar, la “creación de una comisión dedicada a los recursos fitogenéticos, que ofrece un marco político para promover las propuestas campesinas”. En segundo lugar, la adopción de una nueva ley agropastoral que reconoce el estatus de agricultor/campesino y refuerza la protección del derecho a las semillas. “Esta ley sienta las bases de un marco favorable para la conservación de semillas, en particular mediante la creación de una base de datos dedicada”. Según él, se trata de un verdadero salto cualitativo: “a partir de ahora, cada campesina/o podrá participar activamente en la preservación del sistema alimentario local y en el mantenimiento de la biodiversidad”.

Una dialéctica en curso

Es evidente que el campesinado debe constituir una fuerza política central en el proceso de transformación social, económica y política de Burkina Faso. Este proceso se hará con él o no se hará. Sin embargo, todo proceso de transformación política conlleva inevitablemente trayectorias dialécticas, marcadas por tensiones internas y contradicciones constantes, más aún en un país como Burkina Faso. No obstante, la mayoría de los análisis externos tienden a ignorar esta complejidad, en favor de juicios simplistas, descontextualizados y a menudo eurocéntricos.

Todo proceso político transformador que aspire a ser progresista necesita debate democrático. Las críticas internas y externas —si son constructivas y no responden a lógicas imperialistas— pueden y deben contribuir a orientar este proceso hacia una verdadera emancipación popular y a corregir el rumbo si es necesario. Lo que ocurre en Burkina Faso es un intento inédito de renovación panafricana, centrado en un modelo de desarrollo autocentrado y autodeterminado, en un continente que sigue sufriendo el yugo neocolonial. En este contexto, el gobierno de Traoré cuenta con un apoyo popular considerable, especialmente de movimientos sociales rurales y de la juventud, que rechazan la fatalidad neocolonial y reclaman soberanía nacional y popular.

No se trata de idealizar. Pero, en un mundo aún estructurado por profundas relaciones de dominación neocolonial, todo intento de liberación nacional merece ser examinado y acompañado, especialmente si está impulsado por las clases populares y los movimientos sociales de base. En este tipo de procesos, la única garantía real contra retrocesos es un diálogo pedagógico entre las fuerzas populares y el gobierno. El desafío permanente, para el CETIM, es seguir siendo una plataforma para la soberanía popular, arraigada en el apoyo de las masas y no aislada de ellas.

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El 27 de noviembre de 2025, el Tribunal Superior de Kenia en Machakos dictó una sentencia muy esperada en el marco de un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley sobre semillas y variedades vegetales interpuesto por un grupo de campesinos y campesinas. El Tribunal dio la razón a los demandantes en todos los puntos, anulando varias secciones de la ley y sus reglamentos.

Como se indicó anteriormente en otro articulo del sitioweb “Defendiendo los derechos campesinos”, el recurso constitucional contra la Ley sobre semillas y variedades vegetales fue presentado en 2022 por quince campesinos y campesinas de la Seeds Savers Network contra la agencia gubernamental encargada de la aplicación de la ley.

Revisada en 2012, la Ley keniana sobre semillas y variedades vegetales es una ley draconiana que prohíbe a los campesinos y las campesinas conservar, compartir, intercambiar y vender semillas bajo pena de sanciones penales. En su decisión, la jueza declaró que varias disposiciones de la ley eran contrarias a la Constitución de Kenia, al Tratado sobre los Recursos Fitogenéticos de la FAO y a la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales (UNDROP). La jueza consideró que la Constitución debía interpretarse a la luz del artículo 9 del Tratado sobre los Recursos Fitogenéticos y del artículo 19 de la UNDROP, y que Kenia estaba obligada a cumplir sus obligaciones en virtud del derecho internacional en general y de los derechos humanos en particular.

Más concretamente, la jueza consideró que la sección de la ley que otorga a los inspectores la facultad de incautar y destruir semillas cuando tienen «motivos razonables» para creer que se ha infringido una disposición de la ley vulnera el derecho de los campesinos y las campesinas a la intimidad, al respeto de su domicilio y a la protección de sus bienes, tal y como se consagran en la Constitución. La jueza señaló que la falta de definición del término «motivos razonables» y de un mecanismo de control independiente podía dar lugar a abusos y decisiones arbitrarias.

Es importante señalar que la jueza declaró que varias disposiciones de la ley son inconstitucionales, ya que vulneran el derecho de los campesinos y las campesinas a conservar, utilizar, compartir, intercambiar y vender semillas conservadas en la explotación. Estas disposiciones penalizan la venta de semillas, salvo que se trate de semillas certificadas vendidas por comerciantes registrados, y limitan los derechos de los campesinos y las campesinas sobre sus cosechas procedentes de variedades protegidas.

La jueza consideró que, al restringir el derecho cultural a conservar, compartir e intercambiar semillas, estas disposiciones son contrarias a la Constitución, que afirma que el Estado debe reconocer el papel de la ciencia y las tecnologías indígenas, así como reconocer y proteger la propiedad de las semillas y variedades vegetales indígenas, sus diversas características y su uso por parte de las comunidades de Kenia. Teniendo en cuenta la importante contribución de los campesinos y las campesinas a la producción de alimentos, la jueza consideró que estas disposiciones también violaban el derecho a la alimentación garantizado por la Constitución y la obligación de Kenia de adoptar medidas legislativas, políticas y de otro tipo para garantizar su realización progresiva. Por último, la jueza también consideró que los exorbitantes gastos de registro, asociados a los estrictos requisitos de registro, constituían una discriminación indirecta contra los campesinos y campesinas.

En cuanto al derecho a la participación, la jueza observó que muchas de las cuestiones planteadas en la demanda podrían haberse evitado si el Gobierno hubiera garantizado el derecho a una participación adecuada y significativa de los campesinos y campesinas, las partes interesadas y el público en el proceso de elaboración de la legislación. La jueza ordenó al Gobierno que garantizara el derecho a la participación en el proceso de modificación de la ley para cumplir con la sentencia.

Aún no se sabe si el Gobierno de Kenia apelará esta decisión. En cualquier caso, esta decisión judicial cambia las reglas del juego para millones de campesinos y campesinas kenianos y sienta un importante precedente para los derechos consagrados en la UNDROP y, en particular, el derecho a las semillas a escala mundial.

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Sentencia del Tribunal Superior de Kenia, disponible aquí (en inglés):
https://new.kenyalaw.org/akn/ke/judgment/kehc/2025/18166/eng@2025-11-27

Constitución de Kenia (en particular los artículos 11, 21(2) y 43(1)):
https://kenyalaw.org/kl/fileadmin/pdfdownloads/TheConstitutionOfKenya.pdf

Ley de Kenia sobre semillas y variedades vegetales:
https://upovlex.upov.int/en/legislation/text/506145

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Hola a todos. Me llamo Shalmali Guttal. Soy miembro del Grupo de Trabajo sobre la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los campesinos y otros trabajadores rurales. Me uno a ustedes desde la India.

La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos (UNDROP) fue adoptada por el Consejo de Derechos Humanos (CDH) y la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2018, mientras que el Grupo de trabajo para su aplicación se estableció en abril de 2024.

Es un honor doble para mí que me hayan invitado a dirigirme a ustedes en esta conmemoración en Indonesia, cuyos líderes crearon e impulsaron la Conferencia Asia-África en Bandung en 1955, y la UNDROP varias décadas después. Hay algunos paralelismos considerables entre la Conferencia y la Declaración que quisiera recalcar:

Fue un líder indonesio, Ali Sastroamidjojo, quien propuso una conferencia de líderes de países recién descolonizados en Asia y África, la cual se llevó a cabo como la Conferencia Asia-África del 18 al 24 de abril de 1955, tras una reunión preparatoria en Bogor en diciembre de 1954. La Conferencia de Bandung dio como resultado la creación del Movimiento de Países No Alineados, la creación del G77 y un nuevo espíritu de solidaridad y cooperación entre todas las regiones del Sur Global.

Fue otro líder indonesio, Henry Saragih, de la Federación de Campesinos de Indonesia (Serikat Petani Indonesia, SPI), quien lanzó los debates, a principios de los años 90 del pasado siglo, con los movimientos sociales y las organizaciones de la sociedad civil sobre la importancia de articular, llevar a cabo y defender los derechos campesinos. Dichos debates se intensificaron en los años siguientes en La Vía Campesina (LVC) y dieron como resultado una carta de los derechos del campesinado elaborada por SPI en 2002, para luego elaborar una declaración más amplia sobre los derechos campesinos redactada de manera conjunta por otras organizaciones miembro de LVC: ésta presentó la declaración al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en agosto de 2008.

A partir de ese año, SPI y LVC establecieron alianzas y obtuvieron el apoyo de muchos otros movimientos sociales, organizaciones de la sociedad civil, expertos en derechos humanos y Estados del Sur Global miembros de la ONU. Tras un periodo de negociaciones muy intensas en el seno del Consejo de Derechos Humanos de la ONU del 2013 al 2018, el CDH y la Asamblea General adoptaron la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos en 2018.

Se considera que la UNDROP es una “declaración de la ONU” al haber recibido el respaldo de dicha organización, pero sigue siendo fundamentalmente una “carta de derechos campesinos”: no fueron los Estados los que lanzaron el proceso, sino el mismo campesinado con el apoyo de sus organizaciones representativas; y no fueron los Estados los que dieron forma a su contenido, sino las y los campesinos y su conocimiento de primera mano sobre la discriminación, opresión y exclusión social que han sufrido y sufren a diario. Esto es patente en la inclusión de los conceptos de la soberanía alimentaria, la agroecología, la regulación de los mercados, la protección de los trabajadores rurales y migrantes sin importar su condición, los derechos de las mujeres rurales, el derecho a las semillas y a la biodiversidad, a la tierra, el agua y los recursos naturales, a la participación, a la justicia y muchos otros derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales en la UNDROP.

El Grupo de trabajo de la Declaración agradece calurosamente a todos los movimientos sociales que se han involucrado en el proceso de negociación de la UNDROP por su apego y claridad de miras: la Declaración no habría visto la luz sin su compromiso inquebrantable con la aplicación igualitaria y efectiva de los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos los individuos y grupos que viven y trabajan en las áreas rurales. Es en esta línea que el grupo de trabajo eligió a nuestra primera Presidenta-relatora, la señora Geneviève Savigny, quien es también campesina y participó muy activamente en las negociaciones que dieron como resultado la adopción de la UNDROP.

De la misma manera que las 29 naciones independientes representadas en la Conferencia de Bandung de 1955 albergaban a más de la mitad de la población del mundo, los titulares de los derechos de la UNDROP también representan a más de la mitad de la población mundial actual, entre los cuales se cuentan campesinos, pescadores, pueblos indígenas, pueblos nómadas rurales, pueblos selváticos, pastores, trabajadores migrantes y rurales en sistemas alimentarios y agrícolas y mujeres rurales y sus familias. El artículo 1 de la UNDROP establece la amplitud y diversidad de los derechohabientes de la Declaración, y las mujeres rurales sobresalen como una categoría que se enfrenta a discriminación interseccional y a continuas violaciones de sus derechos.

El “espíritu de Bandung” se convirtió y sigue siendo un estandarte para las ideas del anticolonialismo, el antiimperialismo, la paz, la soberanía, la autodeterminación, la solidaridad y la cooperación Sur-Sur para crear economías internas robustas basadas en la igualdad, la justicia y la dignidad para todos los pueblos.

Estos ideales no los concibieron los líderes nacionales que participaron en la Conferencia de Bandung, sino que emergieron y se formaron a partir de los esfuerzos de los pueblos africanos y asiáticos en primera línea de la lucha por la liberación del colonialismo y la resistencia al imperialismo y que dieron sus vidas por la libertad. Entre ellos hubo campesinos, pueblos indígenas, pescadores, obreros y las clases trabajadoras, intelectuales, mujeres de diferentes clases y condiciones, comerciantes locales, abogados y muchos más.

Por desgracia, los héroes del espíritu de Bandung no estuvieron presentes en la Conferencia de 1955: fue notoria la ausencia de las mujeres incluso entre los líderes, cuando tantas de ellas estuvieron a la cabeza de la lucha por la libertad en sus propios países. Algo incluso más lamentable es que las décadas después de Bandung no trajeron consigo la paz, la liberación del colonialismo y la autodeterminación para todos: en muchos países, los beneficios de la liberación y la independencia quedaron circunscritos a clases, castas, razas, etnias y religiones particulares, y las mujeres quedaron con frecuencia relegadas.

A medida que las antiguas potencias colonizadoras se reagruparon en las décadas siguientes, el espíritu de Bandung se vio minado por la satanización y la persecución política, la penalización de las ideologías de la liberación y el uso de políticas financieras y económicas (tales como el comercio y el crédito) como armas que recreaban estructuras mundiales de colonialismo, imperialismo y esclavitud. Los ideales de Bandung de cooperación Asia-África en materia de agricultura, desarrollo rural, transferencia de tecnologías e industrialización se dejaron de lado, mientras que los modelos de desarrollo nacionales se vieron afectados por el neoliberalismo y la expansión del poder de las empresas transnacionales en la economía, las finanzas y el gobierno. Los países del Sur Global se han reagrupado mediante los BRICS y las organizaciones regionales, pero la competición ha reemplazado a la cooperación y a la solidaridad: los intereses geopolíticos y geoeconómicos han secuestrado y reinterpretado los diez principios de Bandung.

Revivir el espíritu de Bandung en el contexto actual exige una atención urgente a asuntos pendientes desde hace tiempo: la reforma agraria y los derechos de las clases trabajadoras rurales a la tierra, al agua y a sus territorios; la seguridad alimentaria y el derecho a la alimentación y a la nutrición; empleos estables y seguros y los derechos de los trabajadores; la protección social y un acceso seguro a los bienes y servicios fundamentales; sistemas económicos y políticos que sirvan y respondan a las necesidades de las personas vulnerables y que resuelvan las condiciones estructurales de la vulnerabilidad para impedir que se repitan los círculos viciosos de la pobreza y la carencia; proteger los ecosistemas, la biodiversidad y el medioambiente; enfrentarse a la deuda y al cambio climático mediante los principios de la justicia y la responsabilidad histórica; desmantelar las estructuras de discriminación histórica entre las etnias y los géneros y poner fin a la colonización y a las actividades de extracción abusiva que siguen dejando a los pueblos en la miseria.

La UNDROP y demás instrumentos internacionales de derechos humanos son herramientas importantes para reconstruir el espíritu de Bandung en las coyunturas política, económica y medioambiental actuales. Conforme el mismísimo multilateralismo cede terreno frente a la presión de diferentes sectores y partes interesadas, de medidas unilaterales por parte de un puñado de entidades influyentes y de alianzas cínicas entre ciertos países, la arquitectura internacional de los derechos humanos le ofrece a todos los pueblos del mundo la capacidad de reconstruir un multilateralismo popular basado en la justicia, la igualdad, la no discriminación, la paz, la dignidad y la autodeterminación. La UNDROP y demás instrumentos de derechos humanos pueden fungir como normas éticas y como criterios para evaluar las leyes, normativas, instituciones y medidas nacionales, regionales e internacionales.

En la coyuntura actual, las personas en primera línea en las luchas por la liberación de las innumerables crisis interrelacionadas de nuestro tiempo (el hambre, la pobreza, la desigualdad, el cambio climático, la pérdida de la biodiversidad, el autoritarismo, los conflictos y la ocupación militar, la violencia y la injusticia sociocultural y basada en género y la extracción abusiva de recursos) son las clases trabajadoras, los campesinos y los proveedores de alimentos a pequeña escala, los trabajadores, los pueblos indígenas, las mujeres, los estudiantes, los periodistas, los abogados, los profesores universitarios, los parlamentarios y las organizaciones de la sociedad civil.

A pesar de enfrentarse a la persecución por parte de regímenes autoritarios, fascistas, patriarcales y oligárquicos, los héroes modernos (al igual que los héroes que lucharon por nuestra liberación del yugo colonial) no abandonan el campo de batalla: la UNDROP y demás instrumentos de derechos humanos les dan visibilidad, les permiten proteger sus vidas y sus esfuerzos y les proporcionan cimientos sobre los cuales reconstruir el espíritu de Bandung.

Para los miembros del Grupo de trabajo, la UNDROP representa un nuevo comienzo, un cambio de paradigmas hacia una sociedad más inclusiva que reconozca y valore la contribución fundamental del campesinado y de las personas que trabajan en áreas rurales en la lucha contra la pobreza, el hambre, la explotación y la persecución en todas sus formas y dimensiones, en la protección del medioambiente contra la polución y la destrucción, en el cuidado y regeneración de la biodiversidad fundamental para la vida en la Tierra, en el progreso económico y social de nuestras sociedades y en el logro de vivir en países justos, inclusivos y pacíficos en donde se protejan los derechos de todos por igual.

En nombre del Grupo de trabajo de la UNDROP, exhorto a los gobiernos, a los movimientos sociales, a la sociedad civil, a las universidades, a los parlamentarios y a toda persona comprometida con la igualdad, la justicia, la paz, la dignidad, los derechos humanos y la autodeterminación a apoyarnos en la aplicación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos.

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El 24 de julio de 2024, el caso será visto por el Tribunal, podría ser un caso que siente precedente y que merece atención y apoyo. Esta acción es un muy buen ejemplo de cómo una estrategia legal puede estar enraizada en la lucha campesina y dirigida directamente por ellos.

Lxs agricultorxs kenianxs han presentado una demanda alegando que la Ley de Semillas y Variedades Vegetales (CAP 326), que penaliza el intercambio o la venta de variedades de los agricultores, viola varias disposiciones de la Constitución de Kenia.

Una ley restrictiva y criminalizadora del medio ambiente para los sistemas de semillas campesinas

Kenia fue uno de los primeros países africanos en adoptar disposiciones legales destinadas a apoyar el fitomejoramiento comercial y privatizar las semillas. Kenia aprobó la Ley de Semillas y Variedades Vegetales en 1972 y, en 1999, se convirtió en la segunda nación africana en adherirse al Convenio de la UPOV, que ofrece protección de la propiedad intelectual para las nuevas variedades de cultivos. En 2012, la ley de semillas original de Kenia de 1972 fue derogada y sustituida por una versión actualizada que la adecuaba a los requisitos más estrictos de la UPOV-91. La revisión de la ley fue negociada por los organismos gubernamentales y las empresas de semillas del sector privado sin una participación significativa del sector campesino y rural y se llevó a cabo principalmente para crear un «entorno propicio para un sector de semillas de cultivos creciente e innovador».

La Ley de Semillas y Variedades Vegetales de Kenia, capítulo 326 (SPVA), es actualmente una de las leyes más restrictivas del mundo en materia de comercialización de semillas. La ley establece un «Índice de nombres de variedades vegetales» cuya venta está autorizada. Para figurar en el índice, las variedades deben ser homogéneas, estables y haber sido sometidas a ensayos oficiales de rendimiento. Está prohibida la venta de cualquier semilla que no figure en esta lista nacional. En particular, la venta se define en sentido amplio, no sólo como «ofrecer o exponer a la venta», sino también como «trueque» e «intercambio» (CAP 326:2). Toda persona que cultive o venda semillas debe estar registrada (CAP 326:3:1:c) ante la «autoridad competente» (CAP 326:3:3:e). Toda persona que venda semillas contraviniendo cualquier disposición comete un delito sujeto a una multa de hasta un millón de chelines [unos 7.500 dólares estadounidenses] o a una pena de prisión de hasta dos años (CAP 326:10:4).

Mientras que la ley refuerza y fortalece los «derechos del obtentor», los derechos comunes y tradicionales del campesinado keniata a compartir e intercambiar semillas están legalmente prohibidos y penalizados. Las variedades locales genéticamente diversas desarrolladas y cultivadas por el sector campesino no cumplen los requisitos DHE (distintas, uniformes y estables) para figurar en el índice nacional. La mayoría de lxs campesinxs carecen de los recursos financieros y administrativos necesarios para realizar pruebas de rendimiento, registrarlas y llevar un registro estricto. Pero si los agricultores comparten, intercambian y trocan -y mucho menos venden- semillas que son producto de su propio trabajo e ingenio, se enfrentan a onerosas multas e incluso a la cárcel. La Ley de Semillas y Variedades Vegetales de Kenia (CAP 326) es un ataque directo e injusto a los derechos y medios de vida del campesinado del pais.

Surgimiento de la lucha contra la pérdida de soberanía sobre las semillas

Los pequeños agricultores de Kenia se han mostrado cada vez menos dispuestos a someterse a la privación de derechos ocasionada por la imposición de la Ley de Semillas y Variedades Vegetales. La Red de Protectores de Semillas de Kenya (Seed Savers Network Kenya (SSNK)) les ha animado y catalizado en su resistencia. SSNK es una organización sin ánimo de lucro que aplica los principios de la agroecología y la educación participativa en apoyo de los sistemas de semillas campesinas y los derechos asociados. SSNK ha desarrollado una red de setenta bancos de semillas comunitarios y su modesto campus acoge un flujo casi constante de campesinxs que acuden a los cursos de formación.

Este flujo de participantes de diversas comunidades y regiones de Kenia ha sido un foro fértil para compartir información e ideas. De los debates entre campesinxs y el personal de la SSNK surgió la convicción de que era necesario hacer algo para detener la erosión de la soberanía de las semillas y preservar la libertad de lxs campesinxs a compartir y conservar su patrimonio genético. Una idea clave fue la constatación de que las restricciones impuestas por la Ley de Semillas y Variedades Vegetales parecen violar disposiciones clave de la Constitución keniana. Dominic Kimani, responsable de promoción, seguimiento y evaluación de la SSNK, explica:

“La Constitución keniana de 2010 es progresista y apoya un sistema de semillas gestionado por lxs campesinxs. Esto está consagrado en el artículo 11, que se centra en la cultura y valora las semillas autóctonas por su contribución al desarrollo económico. Nuestra Constitución prevé el reconocimiento y la protección de las semillas autóctonas y, al ser la ley suprema del país, los intentos de la Ley de Semillas de limitar el uso de semillas autóctonas por parte de lxs campesinxs la contravienen. Existe una necesidad imperiosa de obtener una interpretación judicial que garantice la salvaguarda de los derechos de los agricultores”.

Una petición basada en la Constitución keniana y los derechos humanos

A lo largo de dos años, el personal de SSNK facilitó la organización de una coalición de grupos de siete de los condados de Kenia. SSNK estableció una relación de trabajo con Greenpeace África que llevó a la adquisición de representación legal formal. En septiembre de 2022, se presentó una petición ante el Tribunal Superior de Kenia en Machakos, en la División Constitucional y de Derechos Humanos. De los diecisiete peticionarios, quince eran pequeñxs agricultorxs de siete condados de Kenia. Cada uno de ellxs lo hizo en su propio nombre y en el de grupos campesinos locales de sus respectivos condados y subcondados. Greenpeace África y SSNK se unieron a lxs campesinxs como decimosexto y decimoséptimo peticionarios.

La petición parece muy sólida. Afirma que la Ley de Semillas y Variedades Vegetales de 2012 contraviene varios artículos de la Constitución. En resumen, algunos de los puntos más importantes incluyen:

• El artículo 2(6) de la Constitución establece que los tratados internacionales ratificados por Kenia formarán parte de la legislación de Kenia. La petición sugiere que la SVPA no es coherente con el reconocimiento de los derechos campesinos y de pequeños agricultores que establece el Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Agricultura.
• El artículo 43(1)(c) de la Constitución establece el derecho «a no padecer hambre». La petición sugiere que las restricciones del SPVA a la puesta en común y el intercambio de semillas aumentan injustificadamente la inseguridad alimentaria.
• El artículo 11(2)(c) de la Constitución ordena la promoción de los «derechos de propiedad intelectual del pueblo de Kenia». La petición sugiere que la SVPA no concede ninguna protección a las variedades campesinas locales.
• El artículo 11(3)(a) de la Constitución exige que las comunidades reciban una compensación o regalías por el uso de su patrimonio cultural. La petición sugiere que las variedades campesinas son una forma de patrimonio cultural y que el SVPA no recompensa a las comunidades por su apropiación y uso.
• El artículo 11.3.b de la Constitución es quizá el más poderoso de todos. Ordena al Parlamento «reconocer y proteger la propiedad de las semillas y variedades vegetales autóctonas, sus características genéticas y diversas y su uso por las comunidades de Kenia». La petición sugiere que la SVPA viola este artículo al criminalizar -en lugar de reconocer y proteger- prácticas de soberanía alimentaria como guardar y compartir semillas.

El ángulo de los «derechos humanos» parece especialmente poderoso dado el creciente reconocimiento del derecho de los campesinos a las semillas en la legislación internacional sobre derechos humanos.

Francis Ngiri es uno de los peticionarios y uno de los líderes de la Red de Agricultores de Makongo, en el condado de Machakos. Explicó la situación de la siguiente manera:

«Nuestra Constitución nos garantiza la libertad de nuestras semillas, que deberíamos beneficiarnos de nuestros recursos naturales, incluidas las semillas. Y creemos que la ley de 2012 que penaliza la venta de nuestras semillas, o el intercambio o incluso el regalo, era errónea y acudimos a los tribunales en busca de una interpretación para que el tribunal pueda interpretar y tal vez prohibir esa mala ley que nos prohíbe poseer nuestras semillas.»

Francis Ngiri

Lxs campesinxs kenianos no son los únicos que recurren a los tribunales para defender su derecho a las semillas. Una coalición de agricultores y organizaciones de la sociedad civil de Nigeria presentó una demanda en 2021 solicitando una medida cautelar por motivos constitucionales que frenara la aplicación de una ley de obtenciones vegetales que permitiera a Nigeria adherirse a la UPOV-91. Y en Honduras, un grupo de campesinxs demandaron para que se declarara inconstitucional una ley de semillas de 2012. Perdieron en 2016 y de nuevo en 2018, pero en 2021 la Corte Suprema de Justicia de Honduras finalmente les dio la razón y anuló la ley.

Las ruedas de la justicia keniana han estado girando muy lentamente, y algunos sugieren que esto ha sido a propósito. Se baraja la hipótesis de que el gobierno se está tomando la demanda muy en serio y está trabajando para retrasar los procedimientos y ganar tiempo para hacer algunos ajustes reformistas que desactiven el activismo de las semillas. Se ha programado otra vista para el 24 de julio. Lxs campesinxs que están detrás del desafío legal están ansiosos por avanzar y se están organizando para llevar a un gran número de campsinxs a la audiencia. Según Beatrice Wangui, una de las demandantes y miembro de la Red de Protectores de Semillas de Nakuru, «estamos deseando conocer las reacciones del Fiscal General y del KEPHIS [Servicio de Inspección Fitosanitaria de Kenia] a través de sus abogados. Lxs campesinxs también estarán representados y esperamos un veredicto positivo tras esta vista«.

Inexplicablemente, la demanda del campesinado keniata ha recibido escasa cobertura tanto en Kenia como a escala internacional. Los efectos perjudiciales de la legislación restrictiva sobre semillas basada en la UPOV y modelos similares están ya bien reconocidos y documentados. Lo que se necesita es una mayor concienciación y atención a las nuevas plataformas de resistencia y a las acciones concretas que se están llevando a cabo en defensa de los derechos campesinos y de la libertad de semillas.

Seed Savers Network Kenya (SSNN) quiere pedir solidaridad internacional y apoyo para crear conciencia en torno a su demanda en defensa de los derechos campesinos. Se necesita especialmente apoyo financiero para poder viajar a la vista y para seguir adelante con el caso. Lxs interesadxs en prestar su apoyo pueden ponerse en contacto con SSNK por correo electrónico en info@seedsaverskenya.org o por teléfono en +254712451777 para más información.

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El objetivo de este evento era conversar sobre el impacto del sistema político y económico neoliberal, racista y (neo)colonial sobre la vida de las comunidades rurales, y entender cómo las organizaciones campesinas conciben la lucha contra este sistema opresor. Para ello contamos con la presencia de seis panelistas, miembros de La Vía Campesina de países del Sur (Níger, Colombia, Haití, Palestina) y del Norte (Suiza y Francia), quienes compartieron su visión y su experiencia.

Raffaele Morgantini de CETIM inició la discusión recordando que «el capitalismo y el colonialismo son las dos caras de la misma moneda», así como el impacto del sistema capitalista y neocolonial actual en los pueblos del Sur Global y, en especial, en la vida de los campesinos y de las campesinas. Así, «la lucha anticapitalista pasa necesariamente por la lucha anticolonial, dos luchas en las que el mundo rural está en primera línea».

Colombia

Joana Pinzón en representación de la Asociación Nacional Campesina José Antonio Galán Zorro (ASONALCA) y del Coordinador Nacional Agrario, una de las organizaciones miembro de LVC en Colombia,, empezó mencionando la división internacional del trabajo, que relega a Colombia al rol empobrecedor de productor de materias primas (en concreto en la industria minera), lo cual causa estragos tanto en el medio ambiente como entre las poblaciones campesinas y autóctonas.

De hecho, estas poblaciones están atrincheradas en los territorios más hostiles, mientras que los ricos terratenientes acaparan la mayoría de las tierras. Por eso hace falta una reforma agraria integral y popular, pero nunca se ha implementado porque va en contra de los intereses capitalistas de las élites dominantes. El control de las tierras es el principal desafío del país y, de hecho, el conflicto armado del que las principales víctimas son las comunidades rurales y autóctonas surgió por esta razón; tanto actores privados como públicos llevan a cabo una guerra sucia contra ellas. Luchar contra el acaparamiento de tierras y los proyectos económicos destructores es sinónimo de poner su propia vida en peligro: las comunidades y los movimientos sociales sufren persecuciones, amenazas de muerte, encarcelamientos, desplazamientos forzados, exilio y asesinatos.

«Cuando me hablan de ‘desarrollo’, lo que oigo es la palabra ‘muerte’, porque las compañías privadas han destrozado muchísimas cosas en nombre del desarrollo.»

Joana defiende que «otro mundo es posible» e insiste en la importancia de la movilización social, dando ejemplos de escuelas populares, proyectos de salud pública, empresas locales y otros servicios públicos creados en el nordeste del país (en las regiones de Santander y Casanare). Termina su intervención diciendo que «si queremos el cambio, tenemos que crearlo nosotros-mismos».

Níger

El representante de la Plataforma Campesina de Níger, organización miembro de LVC, recuerda los numerosos maltratos que ha sufrido el continente africano y el hecho de que, a pesar de la independencia arrancada hace 60 años, África sigue estando en una situación de dependencia.

«Nos han quitado las cadenas, pero nos siguen controlando de otras maneras. Hoy soplan vientos de soberanía en la mente de todos los africanos, que han comprendido que hay que luchar por ella, sobre todo por la soberanía alimentaria». El panorama de los numerosos frenos al desarrollo de la agricultura nigerina es denso: el doble discurso no permite a los pequeños productores y productoras competir con la agroindustria. Los fertilizantes químicos fabricados en Europa empobrecen los suelos y los vuelve dependientes, debilitando de esta manera a las organizaciones campesinas. Una vez más, la división internacional del trabajo relega a África al papel de proveedor de materias primas, que se exportan y procesan en Occidente, para después revenderlas más caras. «No nos dan los medios para acceder a la transformación de los productos y, cuando queremos exportar productos procesados, nos chocamos con las así llamadas normativas europeas ‘de calidad’». Esto agrava la pobreza de nuestras explotaciones. Nuestros productores venden a precios de ganga los mismos productos que, en otros lugares, se venden más caros», lamenta este representante nigerino. Además, como la soberanía alimentaria no puede existir sin soberanía económica, «gastamos mucho para tener acceso a muy poco (…). Esta economía nos mantiene en la pobreza», añade. A esto, sumémosle que cada pedido estatal de maquinaria agrícola, semillas y abono tiene que pasar por el Banco de Francia.

Otro problema es el del relevo campesino. «Los jóvenes abandonan las granjas familiales, se suben a un barco y se mueren en el mar por el sueño europeo. Piensan que Europa es El Dorado, que el éxito se resume en tener estudios superiores, una oficina y una corbata. Tenemos que volver a nuestros valores africanos».

La inseguridad que generan los grupos armados como Boko Haram también perjudican al campesinado nigerino, que se confronta con su violencia. «Hace diez años éramos pobres, pero por lo menos teníamos paz».

Por último, después del golpe de Estado del 26 de julio de 2023, el Níger fue víctima de medidas coercitivas unilaterales que han tenido consecuencias graves en el país. Los productos campesinos se bloquearon en la frontera, por lo que los campesinos y las campesinas tuvieron que venderlos por debajo del precio de producción y acudir a las ya insuficientes reservas de alimentos.

Palestina

Yasmeen El-Hasan, de la Unión de Comités de Trabajadores Agrícolas (UAWC, Palestina), también miembro de LVC, realizó su intervención por videoconferencia, trazando un panorama desolador de la situación en Gaza, declarando que los palestinos y las palestinas que no han muerto en los bombardeos morirán de hambre, por la falta de agua y de atención médica. Denunció el uso de la hambruna como arma en el genocidio que se está llevando a cabo: «Israel ha orquestado una operación hambruna, destruyendo los sistemas alimentarios palestinos de Gaza y Cisjordania». Sin embargo, la soberanía nacional y alimentaria es intrínseca al derecho de autodeterminación. «Nuestra relación con nuestra tierra no es solo simbólica, es también simbiótica. No se trata solo de lo que nos da ella, sino de qué le damos a cambio. Somos los nativos y los guardianes de esta tierra», recuerda Yasmeen, quien considera que no es una opción volver al statu quo colonialista y que hay que trabajar conjuntamente para crear un sistema justo para todo el mundo.

Para más información, véase el artículo del CETIM “Palestina: no hay soberanía alimentaria sin soberanía nacional”.

Haití

Micherline Islanda Aduel, representante de Tet Kole Ti Peyizan Ayisyen, miembro de LVC en Haití, tenía previsto unirse a la delegación campesina en Ginebra, pero no pudo salir de la isla debido a la proclamación del estado de emergencia declarado tras la toma del control del tejido social e institucional del país por parte de violentas bandas criminales. Ella también realizó su intervencion a distancia, denunciando la situación actual: «Los oligarcas han destrozado la producción local mediante la importación de productos norteamericanos y la protección de las multinacionales. Las bandas y los cómplices locales han sembrado el caos; el pueblo haitiano vive presa de la inseguridad, de los asesinatos políticos dirigidos, de la delincuencia gubernamental sin complejos y de los secuestros planificados. Urge poner fin al apoyo que confieren los Estados Unidos, Canadá y Francia a los gobiernos criminales que los pueblos rechazan». La soberanía, la independencia y la integridad del territorio de Haití están en peligro debido al Core Groupe, grupo intergubernamental creado por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en 2004, que incluye también a los Estados Unidos, a Canadá, Inglaterra, Alemania y Francia. Con el apoyo de dicho “Core-Group”, el gobierno provisional actual, con el Primer Ministro Ariel Henry a la cabeza, gobierna de facto Haití en contra de la voluntad de su pueblo.

A la luz de todo esto, combatir la crisis alimentaria y reactivar la producción agrícola aplicando la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los Campesinos y de las Personas que trabajan en Zonas Rurales es una prioridad para los campesinos y las campesinas de Haití.

Para mas informaciones sobre la situación en la isla, véase el informe sometido al Consejo de derechos humanos de la ONU por CETIM y las organizaciones campesinas de Haití.

Suiza

Alberto Silva, representante de UNITERRE, organización suiza miembro de LVC, denuncia el papel que desempeña su país en las dinámicas imperialistas y neocoloniales, aunque Suiza –al contrario de Francia– no tenga un pasado colonial. «Ginebra es un verdadero eje comercial para las materias primas. Todo se negocia aquí, la especulación es importante e influye en los precios en Suiza y en el resto del mundo». El método es el siguiente: comprar lo más barato posible, almacenar y esperar que los precios suban para vender lo más caro posible. Así es como muchos se aprovechan y se benefician de la guerra en Ucrania y del genocidio en Palestina. La especulación se lleva a cabo a costa de las poblaciones vulnerables, alterando los mercados agrícolas. Los bancos y las multinacionales se orientan cada vez más hacia la producción de alimentos y, para ello, acaparan tierras cultivables en los países del Sur. Esto ejerce más presión en las poblaciones locales que practican una agricultura de subsistencia y aumenta la dependencia de los alimentos extranjeros importados. De esta manera, Suiza participa activamente en el neocolonialismo y en la opresión de los países del Sur Global a través de sus bancos, sus empresas y sus inversores. El sistema económico actual de competencia generalizada entre los campesinos y campesinas del mundo contribuye a la desaparición del campesinado a nivel local y genera crisis sociales con consecuencias catastróficas. Los acuerdos de la OMC también contribuyen a esta desregulación generalizada.

Ante esta situación, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de las Personas que trabajan en Zonas Rurales es de gran importancia. «El desarrollo de nuestra soberania alimentaria no debe realizarse en detrimento de la de otros países», concluye Alberto.

Francia

Pierre Maison, representante de La Confédération Paysanne, organización miembro de LVC en Francia, declara que el imperialismo francés y la “Francáfrica” todavía existen. «Francia denuncia los golpes de Estado mientras apoya las democracias de fachada e incluso los regímenes autoritarios. Según él, el objetivo es mantener el control sobre las riquezas de estos países». Los sistemas alimentarios africanos se ven socavados por Europa; un ejemplo claro de ello es la leche en polvo que se vende en África: «En realidad, se trata de un polvo de leche desnatada, al que se le añade aceite de palma porque sale más barato. Le hemos preguntado a la Comisión Europea y hemos protestado contra la especulación y el dumping de esta leche almacenada. Nuestros excedentes destruyen su agricultura», se lamenta. Igualmente, el fomento de la competencia entre sistemas agrícolas que no se rigen por las mismas normativas perjudica gravemente a las y los agricultores familiares africanos, quienes compiten con sus homólogos europeos que reciben subvenciones de la PAC (Política Agrícola Común). El mercado mundial solo se basa en el lucro y enriquece a las grandes empresas que exportan sin condiciones, generando así dependencia en los llamados «países en desarrollo». Para protegerse, estos países deberían tener la libertad de imponer aranceles, pero desde los acuerdos de libre comercio eso ya no es posible. En Europa oímos a los partidarios del productivismo declarar que Europa tiene que alimentar al mundo. ¿Pero por qué, por quién?»

Además, la industria de las semillas está en manos de un puñado de multinacionales que imponen las semillas estériles y los OGM en los países africanos para volverlos dependientes, puesto que esas semillas funcionan con pesticidas y fertilizantes que hay que volver a comprar cada año. Todo este sistema intenta imponerse, mientras que las semillas campesinas africanas están perfectamente adaptadas a su territorio. En Europa prácticamente ya no quedan semillas campesinas, aunque sean las que pueden adaptarse a los territorios y al cambio climático. Otro mal es el sistema de créditos de carbono: las empresas de los países del Norte compran tierras cultivables en África con la complicidad de los estados, expulsan a los campesinos y campesinas para plantar bosques, para poder seguir contaminando en Europa y para que las empresas parezcan neutras en sus emisiones de carbono, lo cual es completamente falso», añade Pierre.

Después de estas declaraciones se abrió un fructífero debate con la sala, que se cerró con un bufé con productos campesinos locales.

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Este vídeo se incluyó en un artículo de Capire sobre Defendiendo los Derechos Campesinos que puedes encontrar aquí. Capire es un medio feminista internacional en línea que destaca y difunde las voces de las luchas feministas en todo el mundo.

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La organización de pueblos indígenas nómadas Wamip, que encontrarás a lo largo de este boletín, participó activamente en el proceso de negociación de UNDROP en el Consejo de Derechos Humanos junto a La Vía Campesina. Wamip pide que 2026 sea declarado Año Internacional de los Pastizales y de los Pastores, y aquí reproducimos su llamamiento.

«Nuestro modo de vida ha existido desde tiempos inmemoriales, evolucionando junto con el paisaje. Pero hoy en día, el pastoralismo está más amenazado que nunca por la industrialización forzada de la ganadería. Tenemos que detener la pérdida de tierras de pastoreo, el “acaparamiento de tierras” y las restricciones a la movilidad que impiden mantener un sistema de pastoreo viable. Actualmente estamos definiendo una posible campaña sobre los Derechos de los Pastores.«

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El Episodio 2 se centra en la Declaración sobre los derechos de los campesinos y de otras personas que trabajan en zonas rurales. Consta de dos partes, la primera dedicada a la historia y los derechos clave de la Declaración, y la segunda a la reciente creación por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas de un Grupo de Trabajo de expertos sobre el seguimiento de la aplicación de la UNDROP. En 10 minutos, este episodio cubre todos los aspectos esenciales para comprender la UNDROP.

Para su 8ª Conferencia Internacional, La Vía Campesina ha hecho de UNDROP un elemento central de su futuro político: «Creemos que, al difundir más información sobre UNDROP en nuestras comunidades, movimientos y entre los responsables de políticas, podremos protegernos mejor en los ámbitos legales y políticos.».

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El 26 de julio de 2023, el presidente de Níger, Mohamed Bazoum, fue derrocado por los militares nigerinos. En respuesta, varias organizaciones internacionales adoptaron medidas económicas coercitivas, como el bloqueo del sistema bancario y la imposición de embargos comerciales.

Las medidas coercitivas unilaterales y los derechos humanos

La “Mesa redonda bienial sobre las medidas coercitivas unilaterales y los derechos humanos”  se celebró durante el 54° período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra. Fatimatou Huma, de la Plateforme Paysanne de Níger, miembro de La Vía Campesina, hizo una intervención en nombre de CETIM con el fin de señalar y denunciar las consecuencias de las sanciones económicas y financieras contra Níger y su pueblo, en particular las repercusiones sobre las y los campesinos nigerinos. Entre los panelistas se encontraban la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre las medidas coercitivas unilaterales, Alena Douhan; el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volkan Türk; el presidente del Mecanismo de Expertos sobre el Derecho al Desarrollo, Mire Kanade; entre otros expertos.

En su declaración ante la plenaria del Consejo de Derechos Humanos, Fatimatou Hima, presidenta de la escuela para mujeres de la Plateforme Paysanne de Níger, denunció la intervención militar prevista en Níger y criticó las medidas coercitivas adoptadas por algunas instituciones regionales y organizaciones internacionales como la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO), la Unión Económica y Monetaria del África Occidental (UEMOA, por sus siglas en francés), la Unión Africana, el Banco Mundial y la Unión Europea, que menoscaban sobre toda la población de Níger, especialmente las y los campesinos de Níger de las zonas rurales.

Des impacts disproportionnés sur les populations rurales

Estas medidas están concebidas para incidir negativamente en el ámbito económico, social y político de Níger. La población se enfrenta a una crisis alimentaria debido al alza generalizada de los precios de los alimentos, las dificultades para adquirir insumos agrícolas, ganaderos y pesqueros, y el acceso limitado a los recursos a través de entidades financieras. Además, se han suspendido las labores de ayuda al desarrollo rural y los cortes de electricidad están provocando una ralentización económica y una paralización de la producción agrícola. Estas sanciones han provocado un grave deterioro de la situación agro-silvo-pastoral y pesquera en Níger.

Según la Sra. Hima, “la autorización y preparación de una intervención militar por parte de la CEDEAO, con la evidente voluntad de Francia de apoyar este proyecto, es sumamente preocupante. Una posible guerra contra Níger y su pueblo provocará más violaciones y miseria, por no mencionar la pérdida de vidas humanas y el número de refugiados que abandonarán el país, además de desestabilizar la región. El pueblo de Níger rechaza categóricamente todas las medidas coercitivas que se le impongan, así como cualquier plan de intervención militar”.

A modo de conclusión, la Sra. Hima, en nombre de las y los campesinos miembros de la Plateforme Paysanne du Niger, instó al Consejo de Derechos Humanos y a sus mecanismos pertinentes a exigir el levantamiento inmediato e incondicional de todas las medidas coercitivas impuestas al pueblo de Níger, y la reanudación de la financiación de la ayuda al desarrollo, en particular para las zonas rurales.

De conformidad con la Resolución 52/13 del Consejo de Derechos Humanos, el Relator Especial sobre las repercusiones negativas de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos elaborará un informe sobre los debates de la mesa redonda, que se presentará al Consejo en su 55º período de sesiones. Este informe proporcionará al Consejo información sobre cómo proceder en su examen de la incidencia de las medidas coercitivas en los derechos humanos.

La Vía Campesina y CETIM mantendrán un estrecho seguimiento de la situación en Níger y elevarán las violaciones de los derechos humanos a los mecanismos pertinentes de la ONU, desde la perspectiva de los más vulnerables y en virtud de la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Campesinos y Otros Trabajadores Rurales.

Lea aquí el llamamiento de La Vía Campesina.

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Con motivo del Día Internacional de las Luchas Campesinas, La Vía Campesina y Defendiendo los Derechos Campesinos organizaron un seminario web sobre los usos de la UNDROP en las luchas campesinas desde su adopción. En todo el mundo, los miembros de La Vía Campesina están utilizando la UNDROP en sus luchas, el objetivo del webinario era presentar estos ejemplos para inspirar a otros. Para ello, ocho campesinos vinieron a presentar cómo su movimiento utiliza UNDROP en su lucha. A continuación encontrarás los vídeos de cada una de estas presentaciones.

Zainal Arafin Fuad – SPI – Indonesia

Zainal Arafin Fuad es miembro del sindicato indonesio de campesinos Serikat Petani Indonesia. También es miembro del Comité de Coordinación Internacional de La Vía Campesina. Zainal participó en gran parte de las negociaciones para la Declaración. En este vídeo, nos cuenta los progresos realizados en Indonesia desde la adopción de la Declaración, en particular la puesta en marcha de zonas de soberanía alimentaria por parte de su sindicato.

Nury Martinez – FENSUAGRO – Colombia

Nury Martinez es miembra de la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria. En su presentación, hace un recorrido por el proceso de incorporación de los campesinos como sujetos de derechos en la Constitución colombiana.

Jessie MacInnis – National Farmers Union of Canada – Canada

Jessie MacInnis es la Presidenta Joven de la Unión Nacional de Agricultores de Canadá. También es miembra del grupo de jóvenes de La Vía Campesina. En su discurso, explicó una sentencia judicial canadiense basada, entre otras cosas, en UNDROP.

David Cidi Otieno – Kenyan Peasants League – Kenia

David Cidi Otieno es coordinador nacional de la Kenyan Peasants League. En su intervención describe, entre otras cosas, la lucha de su organización por mantener la prohibición de los OMG en Kenia y el uso de UNDROP en este contexto.

Hortense Kinkodila – CNOP-Congo – Congo

Hortense Kinkodilla es miembra de la Coordination Nationale des Organisations Paysannes et des Producteurs Agricoles. Nos habla de las iniciativas tomadas por su organización para transmitir la Declaración a los campesinos del Congo y de su participación en las negociaciones sobre la próxima Ley de Orientación Agrícola.

Ramona Dominiciou – Ecoruralis – Rumanía

Ramona Dominiciou es miembra de la organización Ecoruralis. Ha participado en negociaciones para la UNDROP en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y a escala europea. En su discurso, hace un repaso de las luchas de varios países de Europa del Este: Rumanía, Moldavia y Ucrania. También habló de los esfuerzos concertados de los campesinos de esta región en la FAO.

Pramesh Pokharel – All Nepal Peasant’s Federation – Nepal

Pramesh Pokharel es Presidente de la All Nepal Peasant’s Federation . También es miembro del Comité Internacional de Coordinación de Jóvenes de La Vía Campesina. Nos habla de los progresos realizados en favor de los derechos de los campesinos en Nepal y de la lucha en curso para la aprobación de una ley de protección de los derechos de los campesinos, ley obtenida tras tres años de negociaciones en comisión.

Alberto Silva – Uniterre – Suiza

Alberto Silva es miembro del sindicato de campesinos Uniterre. Nos habla de la creación de la coalición Los Amigos de la Declaración en Suiza y del trabajo de esta coalición de organizaciones para implementar la Declaración.

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