La Vía Campesina lanza su documento de posicionamiento sobre las guerras en el mundo, en el marco de los 30 años del Día Internacional de las Luchas Campesinas.

Bagnolet, 17 de abril de 2026 |  Hoy se conmemora 30 años de la masacre de Eldorado do Carajás, un lamentable hecho que marcó un hito dentro de La Vía Campesina, donde campesinxs sin tierra de Brasil fueron asesinados por la policía federal por defender su derecho a la reforma agraria. Kilómetros más allá y 30 años después de lo ocurrido, el mundo sigue sangrando a pueblos y familias inocentes en un escenario cada vez más crítico marcado por presión del poder imperial y las tensiones geopolíticas.

Conmemorando el Día Internacional de las Luchas Campesinas, nuestro movimiento presenta el documento de posicionamiento: Soberanía Alimentaria frente a la guerra, el imperialismo y el hambre de los pueblos en el mundo, un documento que aborda elementos clave para comprender el impacto de las guerras y el poder imperial en la Soberanía Alimentaria de los pueblos. El documento ha considerado cifras importantes que nos han brindado los reportes del Comité de Pesca de la FAO a través de su informe del Situación de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo (SOFI), el Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo, la Agencia de la ONU para lx s Refugiadxs (ACNUR), entre otros; respecto a los conflictos globales y los impactos en los sistemas alimentarios en los países afectados.

“Vivimos una era de convergencia de crisis sin precedentes. Nunca en la historia reciente han estallado tantos conflictos armados simultáneamente en tantos continentes. Las guerras en Gaza, Líbano, Mali, Ucrania, Sudán, Yemen, Myanmar, el Sahel, la República Democrática del Congo y Siria no son tragedias aisladas. Son las erupciones sintomáticas de un único sistema global estructuralmente enfermo, construido sobre la lógica de la acumulación de capital sin fin, el racismo estructural, la escalada de tensiones del poder geopolítico,la extracción de recursos y la dominación imperial neolocolonialista.”

La Vía Campesina, como movimiento donde convergen organizaciones campesinas a nivel global, ha reflexionado al respecto y denunciado constantemente el uso del hambre como arma de guerra y el negocio que está detrás. Con la destrucción y la ocupación militar se benefician las economías de EEUU, Israel y muchos países del norte global; promoviendo genocidios en curso y ejerciendo una suma incalculable de violaciones de derechos humanos y crímenes contra la humanidad, con riesgo de quedar impunes, donde las mujeres y la niñez son las más vulnerables.

Invitamos a nuestras organizaciones miembros y organizaciones aliados a estudiar y compartir el documento como herramienta popular de estudio y aporte del campesinado global en primera voz.

¡Unidxs contra el imperialismo, el neocolonialismo, la criminalización de nuestras luchas y el despojo de nuestros territorios!

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El CETIM y La Vía Campesina estuvieron en Yaundé, Camerún, para seguir de cerca los trabajos de la 14.ª Conferencia Ministerial de la OMC (26-29 de marzo de 2026). El CETIM y La Vía Campesina abogan por el desmantelamiento de la OMC, ya que su paradigma se basa en una arquitectura económica y comercial profundamente asimétrica, al servicio de los intereses del capital transnacional y en detrimento de los pueblos y las economías locales, en particular en los países del Sur.

La Conferencia Ministerial concluyó sin una declaración final ni la reforma que se había anunciado. La mayoría de los temas, entre ellos la agricultura, el comercio electrónico o la facilitación de las inversiones, se remitieron a Ginebra por falta de consenso. Numerosos participantes atribuyen este fracaso en gran parte a la estrategia de Estados Unidos, que condicionó toda negociación a la adopción de una moratoria permanente sobre los aranceles relacionados con el comercio electrónico, lo que provocó fuertes tensiones, especialmente entre los países del Sur. Las divergencias sobre este tema, así como sobre otras prioridades como la seguridad alimentaria o las normas de propiedad intelectual, bloquearon las negociaciones. Este fracaso confirma así el análisis según el cual la OMC se encuentra hoy en día ampliamente paralizada, incapaz de tomar decisiones favorables a un desarrollo comercial justo y equitativo, y subraya la necesidad de replantearse en profundidad el sistema comercial internacional hacia un marco verdaderamente democrático, que no margine las voces de los pueblos y los países del Sur.

La Declaración de Yaundé que reproducimos a continuación, publicada por La Vía Campesina, pone de relieve los efectos sistémicos de un modelo comercial que subordina la alimentación a la lógica del lucro, acelera la marginación de los pequeños productores de alimentos y compromete la soberanía de los pueblos sobre sus sistemas alimentarios. En un contexto marcado por crisis geopolíticas, económicas y medioambientales, la creciente dependencia de los mercados mundiales no solo se presenta como un callejón sin salida, sino como un factor que agrava las vulnerabilidades estructurales que oprimen a los pueblos.

Ante esta crisis multidimensional, la Declaración de Yaundé de LVC pretende ser portadora de esperanza, al proponer una alternativa política e institucional estructurada. Al afirmar la soberanía alimentaria como principio fundamental, LVC y el CETIM abogan por una refundación del comercio internacional basada en la primacía de los derechos humanos, la solidaridad entre los pueblos y el respeto de los ecosistemas. En consonancia con los principios consagrados en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los campesinos y otras personas que trabajan en zonas rurales (UNDROP), este nuevo marco debe defender y reforzar el reconocimiento de los derechos campesinos a la tierra, las semillas, la biodiversidad y la soberanía alimentaria, entre otros. Es necesario sacar la agricultura de la OMC y superar el marco actual de la OMC para construir un nuevo sistema comercial al servicio de la autodeterminación de los pueblos.

Leer la Declaración de Yaundé

Leer el comunicado del CETIM, previo a la Conferencia Ministeiral: La OMC en un callejón sin salida: ¿ La Conferencia Ministerial la salvara?

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La decisión del gobierno de Sri Lanka de establecer plantas de energía solar en Hambantota ha provocado una fuerte reacción de sindicatos campesinos y grupos ambientalistas. Más de 1.000 acres de bosque (un hábitat crítico para elefantes y zona de biodiversidad) han sido talados para dar paso a la llamada iniciativa de energía verde liderada por 17 empresas solares. Más de 5.000 familias agricultoras en áreas como Mayurapura y Gonnooruwa enfrentan ahora un aumento del conflicto entre humanos y elefantes, lo que amenaza su seguridad, sus cultivos y su soberanía alimentaria.

Reproducimos un llamamiento de MONLAR en el que se solicita a sus aliados de la comunidad internacional que escriban al Presidente de Sri Lanka para denunciar esta medida y exigir la suspensión inmediata de las operaciones de desmonte en curso.

A los miembros de la comunidad internacional de la sociedad civil y del activismo

Les escribimos como el Movimiento por la Reforma Agraria y de la Tierra para llamar su atención urgente sobre una grave crisis de derechos humanos y ambiental que se está desarrollando en el distrito de Hambantota, en Sri Lanka, y que está siendo deliberadamente disfrazada como una iniciativa de energía “verde”.

Las comunidades agrícolas de Hambantota no son ajenas a la lucha. Pasaron meses protestando y defendiendo sus derechos para lograr la oficialización del corredor de elefantes, una protección legal histórica para las rutas ancestrales de los elefantes asiáticos en peligro y los medios de vida de las comunidades que comparten ese territorio. Tras esa misma victoria, 17 empresas solares han intervenido, despejando las tierras que esas comunidades lucharon por proteger. Su lucha está siendo borrada.

Esta no es la primera vez que la población de Hambantota enfrenta el despojo.

La región ya ha soportado el peso de la Iniciativa de la Franja y la Ruta, incluyendo el controvertido arrendamiento del Puerto de Hambantota y una urbanización agresiva que las comunidades rechazaron firmemente, lo que ha provocado desplazamientos forzados y proyectos de desarrollo impuestos sin transparencia ni consentimiento. La actual expansión solar sigue el mismo patrón: un desarrollo irregular que avanza en contra de la ley y de los derechos de las comunidades, con consecuencias tanto para las personas como para los animales.

Aunque se presenta como energía renovable, esta expansión solar masiva está devastando más de 1.000 acres de bosque dentro de la Reserva de Elefantes Gestionada de Hambantota (MER), utilizando maquinaria pesada y fuego intencional para despejar corredores críticos de vida silvestre, apropiándose “verde” de tierras que sostienen tanto a elefantes en peligro como a comunidades agrícolas locales.

El impacto

• Conflicto humano-elefante: Al bloquear corredores ancestrales de movimiento (como Sanakku Gala y Kapapu Wewa) con cercas eléctricas, el proyecto está empujando a los elefantes hacia las aldeas.
• Crisis de medios de vida: Más de 5.000 familias agricultoras en zonas como Mayurapura y Gonnooruwa enfrentan un aumento del conflicto entre humanos y elefantes, lo que pone en riesgo su seguridad, sus cultivos y su seguridad alimentaria.
• Fallos de gobernanza: Los informes indican que estos proyectos han eludido las Evaluaciones de Impacto Ambiental (EIA) obligatorias y han ignorado las protestas de las comunidades locales y de los conservacionistas.
• Acción climática contraproducente: Como señalan expertos locales, la tala y quema de bosques de zonas secas libera carbono almacenado y altera los patrones locales de lluvia, socavando los objetivos de reducción de emisiones que el proyecto solar afirma perseguir.

Una transición justa debe ser inclusiva, transparente y ecológicamente sostenible. Si la energía renovable se construye sobre las ruinas de la biodiversidad y el desplazamiento de las poblaciones rurales empobrecidas, reproduce la misma lógica extractiva de la era de los combustibles fósiles que pretende eliminar.

LLAMADO A LA SOLIDARIDAD INTERNACIONAL

Solicitamos a su organización que muestre solidaridad con las comunidades afectadas de Hambantota mediante el envío de una carta formal al Presidente de Sri Lanka. Su posicionamiento internacional puede ejercer la presión necesaria para:

1. La paralización inmediata de todas las actividades de desmonte dentro de la Reserva de Elefantes Gestionada.
2. El estricto cumplimiento de la ley, garantizando que se realicen y se hagan públicas Evaluaciones de Impacto Ambiental (EIA) completas y Evaluaciones de Impacto Arqueológico.
3. La priorización de la energía solar en techos y en tierras degradadas (como minas abandonadas), en lugar de bosques primarios y tierras agrícolas productivas, tal como recomiendan los defensores ambientales locales.

Nos honraría contar con su voz junto a la nuestra para exigir una transición que sea verdaderamente justa tanto para las personas como para el planeta.

En solidaridad,
EQUIPO MONLAR

La plantilla de correo electrónico que debe ser enviada por movimientos y organizaciones al Presidente de Sri Lanka puede encontrarse a continuación. Por favor, lea las instrucciones para completar la plantilla en la página 2 del documento:

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Desde su llegada al poder mediante un golpe de Estado en septiembre de 2022, el capitán Ibrahim Traoré ejerce la presidencia de Burkina Faso sin dejar a nadie indiferente: para algunos, encarna un giro histórico que marca una ruptura con el orden neocolonial y el inicio de una revolución panafricana popular; para otros, se trata de un nuevo golpe de fuerza despótico orquestado por un régimen militar. Este artículo intenta aportar una perspectiva original, a la luz de las correlaciones de fuerzas existentes, dando voz a los movimientos sociales burkineses —en particular a las y los campesinos.

Burkina Faso enfrenta desde hace años una situación de guerra, principalmente en el norte, bajo la amenaza yihadista, y desde 2022 sufre una presión internacional creciente, que se ha manifestado mediante regímenes de sanciones impuestos por Francia, el Banco Mundial, la Unión Europea y la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO). Heredero de un largo pasado colonial y de una deuda ilegítima, el gobierno de Traoré busca restaurar la soberanía nacional e inscribirse en una nueva dinámica panafricana.

Junto con sus socios de la Alianza de los Estados del Sahel —Malí y Níger—, el país cuestiona el franco CFA y contempla una moneda independiente o común, al tiempo que se desvincula progresivamente del FMI, del Banco Mundial y del BCEAO (Banco Central de los Estados de África Occidental). El rechazo a nuevos préstamos occidentales marca una voluntad de salir de la dependencia financiera.

En el plano económico, Burkina Faso ha emprendido una dinámica de nacionalización de sectores estratégicos. En 2023, el Estado retomó el control de las grandes minas de oro. Un nuevo código minero adoptado en 2024 refuerza la soberanía sobre los recursos, aumenta la participación estatal en las empresas mineras, impone la transformación local y crea una reserva estratégica de oro. En 2025, se inauguró un centro de tratamiento de residuos mineros.

La reconquista económica también abarca el sector agroalimentario, mediante nacionalizaciones e industrialización de fábricas en los ámbitos de la producción azucarera, la transformación láctea y la producción/transformación del tomate, un sector clave del país. A pesar de un contexto regional conflictivo, estas decisiones constituyen palancas esenciales para consolidar una soberanía real y reforzar la capacidad del Estado para financiar políticas sociales.

La palabra al campesinado

En Burkina Faso, el 80% de la población activa trabaja en la agricultura (alrededor del 32% del PIB nacional) y cerca del 90% de las explotaciones son familiares de menos de cinco hectáreas, lo que caracteriza la predominancia de una agricultura de subsistencia. Esto muestra hasta qué punto los pequeños productores de alimentos, campesinas/os, nómadas, ganaderos y comunidades de pescadores artesanales son actores centrales de la sociedad.

A la luz de esto, el gobierno lanzó su “Ofensiva agropastoral y pesquera 2023-2025”, con el objetivo de alcanzar la autosuficiencia y la soberanía alimentaria. En este marco, se han realizado numerosas inversiones: equipos agrícolas, infraestructuras de transformación local, apoyo a las cadenas de cereales, arroz y horticultura. Los resultados son palpables: la producción de tomate, arroz y maíz aumentó considerablemente entre 2022 y 2024 y, desde entonces, el éxodo rural ha disminuido¹.

Más allá de las cifras, impresiona el compromiso de las comunidades rurales. Durante mucho tiempo marginadas, constituyen el núcleo del nuevo proyecto de sociedad, ahora reconocidas como sujetos políticos del cambio. Dos líderes de base, el Sr. Alassane Nakande (figura clave de la Convergencia de luchas por la tierra y el agua de África Occidental² y director ejecutivo del Movimiento Africano por los Derechos Ambientales) y la Sra. Ouédraogo Ouandegma (presidenta de la Coordinación Burkinesa de Organizaciones Campesinas, miembro de La Vía Campesina y del Sindicato de Trabajadores Agropastorales), dan testimonio de los profundos cambios en curso. Estos avances permiten promover una agenda campesina conforme a los principios de la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Campesinos y otras personas que trabajan en zonas rurales (UNDROP), que reconoce derechos fundamentales como el derecho a la tierra y a las semillas.

Fortalecimiento de la producción campesina local

Para la Sra. Ouandegma, la iniciativa de protección y promoción de la producción local “es positiva, ya que acompaña concretamente a las organizaciones campesinas en la consolidación de sus medios de producción, cadenas productivas, cooperativas y mercados locales”. La representante destaca los “esfuerzos gubernamentales”, que han “permitido acceder a herramientas y materiales de producción y transformación agrícola (unidades de transformación de arroz, tractores…)”. Gracias a esta iniciativa, “son los pequeños productores y cooperativas quienes suministran directamente sus productos a hospitales, ayuntamientos, comedores escolares, prisiones… lo que ha permitido implementar circuitos cortos, abrir los mercados a los pequeños productores y promover los productos locales”.

Política agraria y derecho a la tierra

Históricamente, Burkina Faso ha enfrentado grandes oleadas de acaparamiento de tierras por operadores privados y financieros que se han beneficiado de un marco legal impreciso y permisivo. Frente a esto, el Sr. Nakande subraya que “gracias a la voluntad de las autoridades de abordar este fenómeno mediante la revisión de leyes favorables al acaparamiento, se está haciendo posible una mejor redistribución de la tierra”. Añade que estos cambios legislativos están “acompañados de medidas de apoyo, especialmente kits de instalación para jóvenes agricultores”. El proceso se inscribe en una lógica más amplia de fortalecimiento de la seguridad y soberanía alimentaria, con otras iniciativas en curso —investigación-acción, estudios de viabilidad y medidas concretas— destinadas a “valorizar el papel de los productores agrícolas y devolverles un lugar central en las políticas públicas”.

Por su parte, la Sra. Ouandegma afirma que la política agraria “refuerza la seguridad y el reconocimiento jurídico de los derechos de uso de la tierra para campesinos y campesinas”. También celebra el compromiso del gobierno de otorgar al menos el 30% de los títulos de propiedad a mujeres productoras.

Políticas agroecológicas

En el ámbito de la agroecología —concepto clave impulsado por el movimiento campesino internacional—, el Sr. Nakande señala que “a nivel de la Asamblea Nacional y del Senado se ha creado una comisión conjunta para abordar los desafíos relacionados con la promoción de la agroecología. En la misma línea, se ha aprobado una ley que promueve el uso de insumos biológicos”.

En su estrategia nacional (SND-AE 2023-2027), el gobierno apoya la intensificación de prácticas agroecológicas en colaboración con organizaciones campesinas, con el fin de garantizar de forma sostenible la seguridad alimentaria y nutricional en un contexto marcado por crisis climáticas: disminución de las lluvias, degradación de suelos y recursos hídricos, pérdida de biodiversidad, sequías, inundaciones, etc.

Otro gran eje es la demanda de abandono progresivo de pesticidas químicos impulsada por actores rurales. Para ello, se han abierto nuevos espacios de diálogo y negociación. La Sra. Ouandegma destaca una “voluntad compartida, tanto del movimiento rural como de las autoridades, de orientar decididamente al país hacia una transición agroecológica tangible”.

Protección de las semillas campesinas

En cuanto a los recursos fitogenéticos y la protección de las semillas campesinas, el Sr. Nakande observa avances positivos. En primer lugar, la “creación de una comisión dedicada a los recursos fitogenéticos, que ofrece un marco político para promover las propuestas campesinas”. En segundo lugar, la adopción de una nueva ley agropastoral que reconoce el estatus de agricultor/campesino y refuerza la protección del derecho a las semillas. “Esta ley sienta las bases de un marco favorable para la conservación de semillas, en particular mediante la creación de una base de datos dedicada”. Según él, se trata de un verdadero salto cualitativo: “a partir de ahora, cada campesina/o podrá participar activamente en la preservación del sistema alimentario local y en el mantenimiento de la biodiversidad”.

Una dialéctica en curso

Es evidente que el campesinado debe constituir una fuerza política central en el proceso de transformación social, económica y política de Burkina Faso. Este proceso se hará con él o no se hará. Sin embargo, todo proceso de transformación política conlleva inevitablemente trayectorias dialécticas, marcadas por tensiones internas y contradicciones constantes, más aún en un país como Burkina Faso. No obstante, la mayoría de los análisis externos tienden a ignorar esta complejidad, en favor de juicios simplistas, descontextualizados y a menudo eurocéntricos.

Todo proceso político transformador que aspire a ser progresista necesita debate democrático. Las críticas internas y externas —si son constructivas y no responden a lógicas imperialistas— pueden y deben contribuir a orientar este proceso hacia una verdadera emancipación popular y a corregir el rumbo si es necesario. Lo que ocurre en Burkina Faso es un intento inédito de renovación panafricana, centrado en un modelo de desarrollo autocentrado y autodeterminado, en un continente que sigue sufriendo el yugo neocolonial. En este contexto, el gobierno de Traoré cuenta con un apoyo popular considerable, especialmente de movimientos sociales rurales y de la juventud, que rechazan la fatalidad neocolonial y reclaman soberanía nacional y popular.

No se trata de idealizar. Pero, en un mundo aún estructurado por profundas relaciones de dominación neocolonial, todo intento de liberación nacional merece ser examinado y acompañado, especialmente si está impulsado por las clases populares y los movimientos sociales de base. En este tipo de procesos, la única garantía real contra retrocesos es un diálogo pedagógico entre las fuerzas populares y el gobierno. El desafío permanente, para el CETIM, es seguir siendo una plataforma para la soberanía popular, arraigada en el apoyo de las masas y no aislada de ellas.

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Los Pueblos Indígenas y los movimientos sociales reafirman su unidad y su apoyo a los organizadores de la CIRADR+20, pero rechazan la declaración de la conferencia en la ceremonia de clausura

Por La Via Campesina (28 Febrero 2026)

Comunicado del Comité Internacional de Planificación para la Soberanía Alimentaria (CIP)

CARTAGENA DE INDIAS, 28/02/2026 – En la sesión de clausura de la Conferencia Internacional sobre Reforma Agraria y Desarrollo Rural (CIRADR+20), los Pueblos Indígenas y los movimientos sociales, representados por el Comité Internacional de Planificación para la Soberanía Alimentaria (CIP)*, emitieron una contundente declaración política afirmando su “unidad irreductible” frente a los ataques continuos contra sus derechos.

Los movimientos expresaron su agradecimiento a los Gobiernos de Colombia y Brasil por volver a situar la reforma agraria en la agenda del diálogo político internacional y por incluir sus voces en el proceso de la conferencia. También destacaron la necesidad de que los gobiernos y los pueblos del Sur Global se mantengan unidos en defensa del derecho internacional y de los derechos humanos, señalando que Irán enfrenta actualmente lo que describen como otro ataque imperialista.

La declaración del CIP reafirmó que los derechos de los Pueblos Indígenas y de los campesinos están firmemente reconocidos en el derecho internacional, incluidos los instrumentos adoptados por la Asamblea General de las Naciones Unidas, como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (DNUDPI) y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales (UNDROP). El CIP rechazó cualquier intento de retroceder en estos derechos reconocidos.

Una preocupación central planteada fue la equiparación de los Pueblos Indígenas con el concepto vago de “comunidades locales”, repetido múltiples veces en la declaración de los gobiernos presentada al plenario. Si bien reconocieron la importancia de la Conferencia, los movimientos afirmaron que “no pueden aceptar la declaración” adoptada al concluir la misma. Se comprometieron a seguir participando en los procesos de seguimiento para garantizar que sus derechos sean respetados, protegidos y garantizados.

Las organizaciones de Pueblos Indígenas articuladas en CIP a través del Consejo Internacional de Tratados Indios (IITC) subrayaron que que los tres mecanismos de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas han distinguido claramente las características únicas, los orígenes y el estatus jurídico de los derechos de los Pueblos Indígenas, y advirtieron que agruparlos con comunidades indefinidas socava esas protecciones. Preocupaciones similares fueron expresadas por los pueblos pescadores, los pastores nómadas, los campesinos, los trabajadores rurales y las comunidades móviles y artesanales cuyos derechos territoriales y de movilidad deben ser reconocidos explícitamente.

La declaración llamó a una reforma agraria del siglo XXI que sea inclusiva de los Pueblos Indígenas, campesinos, pueblos pescadores, pastores, mujeres, jóvenes, personas con diversidad de género, comunidades afrodescendientes, agricultores familiares y trabajadores rurales. Subrayó que la reforma agraria debe ir más allá de la redistribución de la tierra para abarcar bosques, océanos, ríos, tierras de pastoreo y rutas migratorias. Redistribución, Reconocimiento, Restitución y Regulación deben conformar los ejes mutuamente reforzadores de una reforma agraria integral, atendiendo a las distintas realidades que existen en todo el mundo. La soberanía alimentaria y la agroecología, afirmaron, deben ser pilares centrales de esta transformación. La estrategia y los pasos concretos hacia una reforma agraria transformadora están expuestos en el documento de posición del CIP lanzado antes de la CIRADR+20.

La declaración concluyó con un llamado a todos los gobiernos a entablar un diálogo de buena fe sobre los derechos de los Pueblos Indígenas, los derechos de los pueblos pescadores y de los pastores nómadas, los derechos de las mujeres y la agroecología.

“La reforma agraria, la soberanía alimentaria y la justicia social, agraria y ambiental solo se lograrán a través de la lucha”, afirmó la declaración. “Estamos regresando a nuestros territorios para organizar a nuestros pueblos y defender el futuro de nuestras comunidades y de la Madre Tierra”.

* QUIÉNES SOMOS: El Comité Internacional de Planificación para la Soberanía Alimentaria

El Comité Internacional de Planificación para la Soberanía Alimentaria (CIP) es una plataforma mundial autónoma y autoorganizada de organizaciones de productores de alimentos a pequeña escala y trabajadores rurales, así como de movimientos sociales de base/comunitarios, cuyo objetivo es impulsar la agenda de la Soberanía Alimentaria a nivel mundial y regional. Más de 6000 organizaciones y 300 millones de productores de alimentos a pequeña escala se autoorganizan a través del CIP, compartiendo los principios y los 6 pilares de la Soberanía Alimentaria tal como se establecen en la Declaración de Nyeleni 2007 y su informe de síntesis.

El CIP facilita el diálogo y el debate entre actores de la sociedad civil, gobiernos y otros actores en el ámbito de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición, creando un espacio de discusión autónomo de partidos políticos, instituciones, gobiernos y el sector privado.

La legitimidad del CIP se basa en su capacidad de dar voz a las preocupaciones y luchas que una amplia variedad de organizaciones de la sociedad civil y movimientos sociales enfrentan en su práctica cotidiana de incidencia a nivel local, subnacional, regional y global.

Leer la Declaracion final del CIP

Leer el posicionamiento del CIP sobre la reforma agraria

Leer la nota informativa de la Via Campesina sobre la reforma agraria

Entrevista colaborativa sobre las conclusiones de la CIRADR+20 y del Foro de los Pueblos y de los Movimientos Sociales

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En la víspera de la II Conferencia Intergubernamental histórica sobre reforma agraria y desarrollo rural,  cerca de 300  delegades que representan a campesinxs, Pueblos Indígenas, pescadores artesanales, pastoralistas y trabajadoras rurales—organizadxs a través del Comité Internacional de Planificación para la Soberanía Alimentaria (CIP)—han llegado a Cartagena para el ‘Foro de Pueblos y Movimientos Sociales: Unidxs por la Tierra, el Agua, los Territorios y la Dignidad’, que se llevará a cabo del 22 al 23 de febrero en el Hotel Almirante, Cartagena de Indias.

Este espacio autónomo sirve como un escenario crítico para que nuestros movimientos sociales globales unifiquen nuestra voz antes de que comience la II Conferencia Internacional sobre Reforma Agraria y Desarrollo Rural (CIRADR+20) el 24 de febrero, donde todos los miembros del IPC participarán activamente en las plenarias y paneles oficiales.

Dos décadas después de la primera Conferencia Internacional sobre Reforma Agraria y Desarrollo Rural (CIRADR+20), las crisis en torno a la tierra, el agua, los bosques y los océanos se están intensificando, ya que los recursos se concentran, mercantilizan y deterioran cada vez más.

La primera CIRADR, celebrada en Porto Alegre, Brasil, en 2006 con la participación de estados de todos los continentes, subrayó la importancia de las reformas agrarias redistributivas. También fue un hito en la historiade las Naciones Unidas, ya que puso en marcha un proceso democrático que permitió una participación fuerte y autogestionada de organizaciones que representan a campesinxs, personas sin tierras, Pueblos Indígenas, pescadores y trabajadores de la pesca, pastoralistas, trabajadoras y otras comunidades rurales.

Veinte años después, CIRADR+20 ofrece una oportunidad histórica para reafirmar la importancia de la reforma agraria y el desarrollo rural, hacer un balance de ejemplos transformadores de reforma agraria, actualizar el significado de la reforma agraria y forjar una visión compartida para una transformación popular, feminista, decolonial y eco-social. Demandamos a los estados y a las instituciones internacionales no otra ronda de compromisos voluntarios, sino compromisos reales y acciones concretas, vinculantes y medibles para un cambio estructural.

Desde 2006, hemos llevado a cabo campañas exitosas por marcos normativos globales significativos, incluyendo las Directrices sobre Tenencia (2012), la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (UNDRIP, 2007) y la Declaración de la ONU sobre Derechos Campesinos (UNDROP, 2018).

Estos instrumentos internacionales de derechos humanos afirman que los estados tienen el deber de garantizar el acceso equitativo y el control sobre la tierra, la pesca, los bosques y el agua como parte de la realización de sus derechos a la alimentación, agua, vivienda, trabajo, salud y un nivel de vida adecuado.

Sin embargo, la implementación de políticas, programas y mecanismos que aseguren los derechos de los pueblos rurales y fortalezcan el desarrollo rural sigue siendo profundamente inadecuada.

Los estados, las instituciones de la ONU y las organizaciones de las personas deben evaluar colectivamente lo que se ha hecho y lo que no se ha hecho. Renovar la voluntad política para aplicar estos instrumentos existentes y enfrentar las barreras sistémicas que bloquean su realización. Traducir las obligaciones y compromisos de los estados, así como los principios de derechos humanos, en políticas públicas redistributivas que pongan los territorios bajo el control de quienes alimentan, protegen y cuidan al mundo.

En el centro de las demandas de nuestros movimientos está una comprensión holística de los territorios.

A diferencia de la visión estrecha y tecnocrática de la tierra como un «factor de producción,» el IPC ve los territorios como espacios vivos que encarnan la base espiritual, cultural y material de la soberanía de un pueblo. Defender el territorio es defender los ciclos de cuidado y renovación que sostienen al planeta.

Nuestra visión colectiva de una «Reforma Agraria Integral y Feminista» se basa en el marco de las 4Rs:

• Reconocimiento: Respetar y proteger los sistemas de tenencia colectiva y consuetudinaria, particularmente para Pueblos Indígenas y comunidades marginadas.
• Redistribución: Asegurar la transferencia equitativa de tierras, poder y riqueza a campesinxs sin tierra, mujeres y jóvenes, estableciendo límites a la propiedad de tierras corporativas.
• Restitución y Reparación: Devolver el control a quienes han sido despojadxs por la colonización, los conflictos y los desalojos forzados, incluyendo la liquidación de deudas históricas a naciones indígenas.
• Regulación: Implementar regulaciones estrictas de interés público para limitar la influencia de las fuerzas del mercado y la especulación financiera sobre los bienes naturales.

En este sentido, nuestras demandas principales y propuestas hacia CIRADR+20 son las siguientes:

• Reconocer las Causas Raíz: Los estados deben realizar una evaluación honesta de los factores estructurales que impulsan la crisis actual, incluyendo los fracasos de las reformas basadas en el mercado y el impacto de la militarización y la ocupación.
• Comprometerse a la Transformación Estructural: Rechazar la mercantilización de la naturaleza y avanzar hacia políticas públicas que transfieran el poder de las corporaciones a las personas, prestando especial atención a mujeres, jóvenes y pueblos diversos en género y sexualidad.
• Implementación de Políticas Nacionales: Desarrollar planes de reforma agraria integral y sensibles al género que prioricen los derechos de mujeres, jóvenes y trabajadores sin tierra, especialmente de castas y grupos históricamente oprimidos.
• Responsabilidad Corporativa y Justicia Financiera: Poner fin a las apropiaciones de recursos por parte de corporaciones y «desfinanciar» la tierra y el agua, sacándolas de la lógica de los mercados especulativos.
• Mecanismos de Monitoreo Fuertes: Fortalecer el papel del CFS en el monitoreo de la implementación de las Directrices sobre Tenencia y los resultados y compromisos de CIRADR+20. Los resultados de CIRADR+20 deben informarse a todas las instituciones relevantes de la ONU, incluyendo el Sistema de Derechos Humanos de la ONU, las Convenciones de Río (CDB, UNFCCC y UNCCD), UNCTAD, IFAD, UNDP, etc. Establecer observatorios internacionales, nacionales y regionales para monitorear el progreso y reformar el Observatorio Global de Tierras de la FAO en una plataforma participativa para datos liderados por la comunidad.

Nuestro documento de posición captura estas demandas en toda su complejidad y detalle (English, Español, Français)

La lucha por la reforma agraria hoy es inseparable de la lucha contra el colapso ecológico y la expansión imperialista. En Cartagena, los movimientos sociales del mundo se mantienen firmes:

¡Control popular sobre la tierra, el agua y los territories YA!

¡Reforma Agraria Popular Ya!

Declaración final del Foro de Pueblos y Movimientos Sociales: Unidxs por la Tierra, el Agua, los Territorios y la Dignidad :

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En un escenario regional atravesado por una crisis multidimensional —marcada por el avance del agronegocio, la criminalización de las luchas populares y el debilitamiento de los derechos colectivos— el campesinado continúa siendo uno de los sujetos más vulnerados y, al mismo tiempo, uno de los más estratégicos para la soberanía alimentaria, la defensa de los territorios y la justicia social. En este contexto, la implementación efectiva de la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales (UNDROP) se vuelve una tarea urgente y profundamente política.

Con el objetivo de fortalecer este proceso, la CLOC–Vía Campesina ha impulsado la creación de un Observatorio de derechos campesinos, una iniciativa pensada como herramienta de articulación, monitoreo, visibilización y apoyo a las luchas rurales en América Latina y el Caribe.

En esta entrevista, Diego Monton, dirigente y referente del Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI)-Somos Tierra de Argentina y de la CLOC–Vía Campesina, profundiza en los objetivos, alcances y desafíos de este nuevo instrumento colectivo, así como en su potencial para respaldar las luchas campesinas, incidir en las políticas públicas y fortalecer la organización popular.

¿Cuáles son los objetivos centrales de este nuevo Observatorio? ¿Y cómo esperan pueda fortalecer las luchas populares en las zonas rurales e influir en las políticas públicas en materia de derechos campesinos en América Latina y el Caribe?

El Observatorio es una iniciativa que pretende ser un instrumento fundamentalmente de la CLOC y de La Via Campesina en América Latina, pero también de otras organizaciones aliadas. Además, queremos que sea también un insumo para el propio Grupo de trabajo de expertos de la ONU sobre UNDROP, en tanto ponga a disposición información relevante de lo que va corriendo en cada uno de los países.

El objetivo central es por ende, por un lado, visibilizar las situaciones de vulneración de derechos campesinos en los países y en la región, pero también hacer hincapié en las experiencias positivas, en dos niveles. Por un lado, en torno a legislaciones y políticas públicas que se basan en la UNDROP y van convirtiendo los derechos planteados en acciones concretas de los Estados. Por otro lado, visibilizando las iniciativas propias de las organizaciones rurales, como acciones concretas y que permiten garantizar derechos al campesinado.

El Observatorio, además, quiere ofrecer una herramienta de consulta para las organizaciones: un espacio en el que se pongan a disposición, desde la perspectiva de la propia Declaración, diversos estudios e informes. Queremos producir información y proporcionar análisis y conocimientos que sean de rápido acceso y que sirvan como base para la formulación de políticas públicas y legislaciones. A través de la construcción de nexos entre las organizaciones, el colectivo de derechos campesinos de la CLOC y el propio Grupo de expertos de la ONU, el Observatorio servirá a dar un seguimiento sistematizado del proceso de promoción e implementación de la UNDROP.

En un contexto de crisis multidimensional sistémica, marcada por una ofensiva frontal de las élites dominantes que copan con el auge del neofascismo, la situación en las zonas rurales es de más en más conflictiva: ¿cómo contribuirá el Observatorio a visibilizar y defender los derechos campesinos frente a prácticas depredadoras del agronegocio (acaparamiento de tierras, los transgénicos o la criminalización de protestas)?

El Observatorio tiene que poder dialogar con las luchas campesinas y contribuir a fortalecerlas. De hecho, en estos contextos de crisis, la estrategia de algunos Estados o del propio capital financiero del agronegocio es estigmatizar la vida y el trabajo campesino.

La UNDROP permite legitimar el papel del campesinado, no sólo consagrando sus derechos, sino reconociendo el papel que cumple en favor de la soberanía alimentaria, contra el cambio climático y el fenómeno de la migración.

Más derechos campesinos significa también más derechos para las y los trabajadores de todos los países y nos proponemos contribuir desde la comunicación y el acceso a información, de manera a fortalecer los espacios de negociación de las organizaciones. Estamos convencidos de que el principal instrumento que tiene el campesinado en América Latina es la movilización, la lucha y la organización activa. El Observatorio pretende justamente acompañar esos procesos, pero también acompañar a aquellas instituciones públicas que tienen buenas intenciones y que van a poder encontrar, además de información específica, experiencias concretas sobre las cuales poder crear o desarrollar nuevas iniciativas.

Además, vamos a tener círculos académicos aportando y nutriéndose del Observatorio. Y como dije antes, el propio Grupo de trabajo de expertos de la ONU sobre la UNDROP se ha comprometido a contribuir con informes y artículos para el Observatorio, y a utilizar sus informes para alimentar la incidencia a nivel internacional.

¿Qué estructura y cuáles herramientas y metodologías presenta el Observatorio para monitorear y documentar? Y también, ¿qué tipo de datos o indicadores considerarán clave para su evaluación?

Bueno, en esta primera etapa la estructura es muy sencilla, con un staff reducido en términos de la coordinación del Observatorio y algunas personas sistematizadoras. Se está trabajando en articulación con la CLOC, en función de distintas experiencias de investigación participativa, en articulación con la Alianza Biodiversidad, organizaciones de derechos humanos de la región y otras redes.

La apuesta es que sea un trabajo en red cooperativa que permita sumar esfuerzos y visibilizar muchas cosas que se están haciendo y publicando en varios espacios.

Hay agencias de noticias de la situación en el campo en distintos países que van haciendo sus trabajos y apuntamos a poder sistematizar y centralizar, de una manera complementaria, todo ese trabajo que se viene haciendo en paralelo.

También estamos trabajando para fortalecer la parte financiera del Observatorio, de manera a poder establecer un grupo de investigación propio que permita identificar las principales experiencias de las cuales nos vamos nutriendo, para poder profundizar el nivel de investigación y contar después con un buen manual de políticas públicas asociadas a la UNDROP. Esto tiene que permitir que cada vez que hayan avances en términos institucionales, se puedan obtener rápidamente ideas y protocolos de acción para avanzar en una implementación institucional de la UNDROP, como así también para el trabajo parlamentario en todos aquellos países que todavía necesitan profundizar y adaptar su legislación a la misma.

¿De qué manera las organizaciones rurales y sus aliados — como el sitio web Defendiendo los Derechos Campesinos — pueden colaborar con este nuevo observatorio?

Hay una dirección de correo electrónico, observatorioderechoscampesinos@gmail.com, en la cual se puede entrar en contacto con la coordinación del observatorio y enviar informes, artículos y propuestas.

Además de eso, en América Latina, dentro del colectivo de derechos campesinos, se ha ido construyendo una red para que los agregados de los países estén trabajando en poner el Observatorio en línea. O sea que la propia orgánica de la CLOC también es un mecanismo.

Esperamos también que podamos construir una colaboración fructuosa con el sitio web Defendiendo los Derechos Campesinos, para reforzarse mutuamente y avanzar hacia la realización de los derechos fundamentales de los pueblos del campo.

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La Red de Mujeres Rurales del Ecuador se ha propuesto analizar las realidades que afectan la vida en sus territorios a la luz de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Campesinas, los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en Zonas Rurales (UNDROP). Esta declaración constituye una herramienta sustantiva para las mujeres rurales, en tanto garantiza derechos fundamentales que habilitan condiciones adecuadas para sostener una vida digna en los territorios donde ellas cuidan y reproducen la vida. Contar con este instrumento resulta particularmente imprescindible en el actual contexto adverso que atraviesa el país.

Los trabajos remunerados y no remunerados que las mujeres rurales realizan generan las condiciones adecuadas para que la vida humana, la naturaleza y la capacidad organizativa continúen reproduciéndose. En consecuencia, cuando ellas ejercen plenamente los derechos reconocidos en la UNDROP y en la Constitución de la República del Ecuador (CRE) y, cuentan con las condiciones de dignidad requeridas, esa dignidad se traslada también a los espacios en los que intervienen cotidianamente. Las mujeres rurales son abridoras de caminos; con su trabajo “arando la tierra”, de múltiples maneras, hacen posible que la vida permanezca y siga brotando en sus entornos, aun en medio de las adversidades estructurales y coyunturales. Por esta razón, es imperativo que sean reconocidas como sujetas de especial protección: las mujeres rurales deben ser plenamente reconocidas como sujetas de derechos.

Este informe fue elaborado por la Red de Mujeres Rurales del Ecuador mediante un proceso colectivo y participativo, con el propósito de visibilizar y denunciar las vulneraciones que enfrentan; se trata de un ejercicio para nombrar, denunciar y amplificar violencias comúnmente acalladas, así como para construir espacios de fortalecimiento, reflexión y unidad organizativa. A partir de sus voces, conocimientos y experiencias, las mujeres rurales priorizaron el análisis de cuatro derechos consagrados en la UNDROP que se encuentran gravemente afectados y comprometen su capacidad de subsistencia: 1) tierra y territorio; 2) alimentación y nutrición adecuada; 3) no discriminación; y 4) ambiente y agua.

El documento se estructura en cuatro apartados: primero, un breve análisis de contexto; segundo, una argumentación respecto al carácter vinculante de la UNDROP en el marco de la CRE; tercero, el examen de los cuatro derechos priorizados, que incluye una contextualización de su situación y un análisis del marco jurídico aplicable en la UNDROP y en la CRE; y finalmente, un conjunto de recomendaciones dirigidas al Estado ecuatoriano.

En la elaboración de este informe participaron organizaciones de la Red de Mujeres Rurales del Ecuador, con el apoyo de FIAN Ecuador en la facilitación y sistematización del proceso.

Informe completo:

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Defendiendo los Derechos Campesinos republica por la presente el Manifiesto Público que lanza el Movimiento Internacional de los Pueblos Afectados por Represas, Crímenes Socioambientales y la Crisis Climática. Este nuevo movimiento internacional fue creado en el IV Encuentro Internacional de Comunidades Afectadas por Represas y la Crisis Climática, realizado en Belém, Brasil, en noviembre de 2025, tras más de una década de colaboración y esfuerzos coordinados por parte de movimientos sociales de distintas regiones del mundo.

El Movimiento Internacional de los Pueblos Afectados por Represas, Crímenes Socioambientales y la Crisis Climática surge para unirse a los pueblos rurales y a otros grupos sociales en sus luchas por los derechos humanos y la justicia socioambiental. Como titulares de derechos de la UNDROP, los pueblos rurales suelen encontrarse entre los más afectados por los mismos problemas que este nuevo movimiento combate. Por ello, el movimiento representa una plataforma internacional clave para movilizar estrategias de incidencia que promuevan la implementación de la UNDROP como una herramienta concreta para proteger los derechos de los pueblos rurales afectados por crímenes socioambientales.

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El 5 de junio de 2025, el Consejo Nacional de Derechos Humanos (CNDH), tras ser instado por organizaciones campesinas brasileñas de La Vía Campesina, publicó la Recomendación n.º 5/2025, en la que «recomienda la adopción de las medidas necesarias para la observancia, divulgación y cumplimiento de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos por parte del Estado brasileño». Este documento constituye un marco normativo y político de extrema relevancia para la efectividad de los derechos campesinos en Brasil, en la medida en que reconoce, de forma explícita, la centralidad de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos, las Campesinas y las Personas que Trabajan en las Zonas Rurales (UNDROP) como parámetro indispensable para la actuación del Estado brasileño. Este avance normativo constituye igualmente una buena práctica en la promoción y aplicación de la UNDROP a nivel nacional, y puede —y debe— inspirar a las organizaciones campesinas y a las autoridades públicas de otros países.

Para comprender la relevancia de esta Recomendación, es importante recordar el contexto en el que se aprobó la Declaración en 2018, cuando Brasil estaba bajo un gobierno de extrema derecha y, debido a su política exterior e interior, se abstuvo de votar a favor del texto. Las consecuencias de esta postura hicieron que la Declaración no se incluyera en las políticas internas del Estado brasileño, lo que obstaculizó su implementación.

En este sentido, el CNDH, como institución autónoma y con el mandato de actuar en la promoción y defensa de los derechos humanos en Brasil, y a partir de su comisión permanente sobre «Derechos de los Pueblos Indígenas, los Quilombolas, los Pueblos y Comunidades Tradicionales, de las Poblaciones Afectadas por Grandes Emprendimientos y de los Trabajadores y Trabajadoras Rurales Involucrados en Conflictos Fundiarios», recomendó una serie de medidas que deben adoptar los tres poderes del Estado brasileño para colmar esta laguna e implementar políticas de protección de los derechos de las comunidades campesinas y demás trabajadores del campo, de conformidad con la Declaración. Entre estas medidas, se recomendó al Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil que manifestara ante el Secretario General de las Naciones Unidas el apoyo de Brasil a la UNDROP.

Al publicar la recomendación, la CNDH se basó en el panorama de la política de derechos humanos en Brasil y en las constantes denuncias recibidas que revelan un historial de invisibilización y vulnerabilidad de los pueblos del campo. El hecho es que la Comisión mencionada recibe casi la mitad de las denuncias de violaciones de derechos humanos en todo el Consejo, lo que refuerza la importancia de que el Estado brasileño adopte medidas eficaces para la promoción y aplicación de la UNDROP y los derechos humanos de los pueblos del campo.

Al afirmar la necesidad de observar, dar a conocer y cumplir la UNDROP, el CNDH busca contribuir a superar la brecha existente entre los compromisos internacionales asumidos por Brasil en el ámbito de los derechos humanos y su efectiva implementación a nivel interno. Se trata de un instrumento que reafirma que los derechos campesinos no se limitan a políticas sectoriales o asistenciales, sino que forman parte del núcleo de los derechos humanos fundamentales, abarcando derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales.

Además, la Recomendación explicita la relación estructural entre la negación de derechos en el campo y la persistencia de la violencia en el campo, los conflictos por la tierra, el trabajo esclavo y la criminalización de los defensores y defensoras de los derechos humanos. Al reconocer las reiteradas condenas de Brasil por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en casos relacionados con la violencia en el campo, el documento refuerza el deber del Estado de prevenir, responsabilizar a los autores y reparar íntegramente a las víctimas y sus familiares, incluso cuando las violaciones y los abusos son cometidos por particulares con la connivencia u omisión de los poderes públicos.

Otro aspecto central es la valoración del papel de los campesinos y las campesinas en la garantía de la soberanía y la seguridad alimentaria, la preservación de la biodiversidad y la lucha contra la crisis climática. La Recomendación reconoce que las prácticas agroecológicas y los conocimientos tradicionales de los pueblos del campo son fundamentales para la construcción de modelos de desarrollo social y ambientalmente sostenibles, rompiendo con la lógica de la explotación intensiva de la tierra y los bienes naturales que históricamente ha producido desigualdades y violaciones de derechos .

La Recomendación de la CNDH también tiene relevancia institucional al proponer medidas concretas para la implementación de la UNDROP, como la creación de un Grupo de Trabajo interinstitucional, la articulación entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial y la participación activa de la sociedad civil organizada. Estas directrices refuerzan la idea de que la efectividad de los derechos campesinos exige políticas de Estado, con mecanismos de seguimiento, evaluación y participación social, y no acciones puntuales o discontinuas.Por último, al orientar a los órganos del sistema judicial, como el Consejo Nacional de Justicia, el Ministerio Público y las Defensorías Públicas, la Recomendación refuerza la incorporación de la perspectiva de los derechos humanos de los campesinos y las campesinas en las decisiones judiciales y administrativas, contribuyendo a ampliar el acceso a la justicia y a superar la impunidad de los delitos cometidos en el campo. En este sentido, el documento reafirma que la democracia brasileña y la justicia social pasan necesariamente por el reconocimiento de la dignidad, la autonomía y los derechos territoriales de los campesinos y campesinas. En este sentido, es importante señalar que la CNDH ha recibido respuestas de instituciones informando de la incorporación de la Declaración en su ámbito jurídico orientativo. Cabe destacar las publicaciones del Tribunal de Justicia de Sergipe y del Tribunal de Justicia de Paraná, de la Justicia Federal de Bahía y del Tribunal Regional Federal de la 5.ª Región.

La Recomendación n.º 05/2025 de la CNDH representa un instrumento estratégico para la efectividad de los derechos de los pueblos del campo en Brasil, al alinear el ordenamiento jurídico y las políticas públicas nacionales con los más altos parámetros internacionales de derechos humanos, promoviendo la justicia social, la lucha contra la violencia en el campo y el fortalecimiento de la democracia, con la participación directa de los movimientos sociales del campo.

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París, Ginebra, 15 de enero de 2026. La Confédération paysanne y el Centro Europa – Tercer Mundo (CETIM) presentaron hoy una denuncia oficial ante varios Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, tras el arresto y la detención policial de 52 campesinos y campesinas, ocurrido ayer 14 de enero de 2026, durante una manifestación en París.

Durante esta movilización, alrededor de 150 campesinos y campesinas se dirigieron al Ministerio de Agricultura en París. La acción se desarrolló sin violencia: las y los manifestantes ingresaron a pie al vestíbulo de la Dirección General de la Performance Económica y Medioambiental de las Empresas (DGPE), desplegaron pancartas y ocuparon el lugar con el fin de hacer oír sus reivindicaciones.

La manifestación fue organizada para interpelar a las autoridades sobre la gestión de la crisis de la dermatitis nodular contagiosa (DNC), las amenazas vinculadas al acuerdo UE–Mercosur y, de manera más general, para denunciar políticas agrícolas estructuralmente desfavorables para la campesinado. A pesar de la ausencia de violencia, las fuerzas del orden procedieron a un cerco y a arrestos masivos, dirigidos en particular contra responsables sindicales nacionales e internacionales.

El informe presentado ante las Naciones Unidas documenta graves vulneraciones de las libertades fundamentales, en particular la libertad de asociación y de reunión pacífica, la libertad de opinión y de expresión, la libertad sindical, así como los derechos específicos de los campesinos y campesinas, tal como están consagrados en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales (UNDROP).

Mediante esta acción, la Confédération paysanne y el CETIM solicitan a los mecanismos de la ONU que intervengan con carácter de urgencia ante las autoridades competentes para que Francia respete sus obligaciones internacionales, ponga fin a la criminalización de las movilizaciones campesinas y garantice el ejercicio efectivo de los derechos de los campesinos y campesinas.

Leer también el comunicado de prensa de la Confédération paysanne:
https://www.confederationpaysanne.fr/actu.php?id=16339

Contactos:

Confédération paysanne – Emilie Deligny, Secretaria general+33 6 36 58 17 26, edeligny@confederationpaysanne.fr

CETIM – Raffaele Morgantini, Representante del CETIM ante la ONU+41 79 660 65 14, raffaele@cetim.ch

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1: ¿Qué es la Asamblea de Mujeres Rurales y cuáles son sus principales áreas de trabajo?

La Asamblea de Mujeres Rurales es una red de movimientos de campesinas, pescadoras, trabajadoras agrícolas, migrantes y mujeres sin tierra, todas ellas residentes y trabajadoras en las zonas rurales de la región del sur de África. Estamos presentes en 11 países y contamos con cerca de 200 000 miembros. Se trata, por tanto, de un movimiento muy singular de mujeres rurales en la región.

Básicamente, la Asamblea de Mujeres Rurales da voz a las mujeres rurales y les permite actuar en cuestiones relacionadas con el acceso a la tierra y al agua, el derecho a la alimentación, el derecho a las semillas y, por supuesto, nos ocupamos de cuestiones patriarcales que afectan especialmente a las mujeres de las zonas rurales. Otro aspecto fundamental de nuestro trabajo es la justicia climática, que tiene un impacto considerable en la región, debido en gran medida a los numerosos ciclones que la azotan repetidamente, así como a otras crisis climaticas relacionadas.

Además, nos ocupamos de casos de violencia de género. En este sentido, desarrollamos ciclos de estudio en diferentes países, que son espacios que nos permiten debatir sobre cuestiones relacionadas con la violencia contra las mujeres.

También somos las guardianas de nuestras semillas, porque creemos que las semillas son nuestra vida, nuestro patrimonio, nuestra identidad, que no queremos perder. Nos encontramos en una situación en la que las empresas transnacionales, las empresas semilleras, quieren que eliminemos nuestras semillas, heredadas durante generaciones y generaciones. Estamos resistiendo ante ello.

2: ¿Por qué están aquí en Ginebra esta semana? ¿Cuáles son sus expectativas?

Estamos aquí en Ginebra para la 11.ª sesión de negociaciones sobre un tratado jurídicamente vinculante para regular las empresas transnacionales. Estamos aquí porque nuestras comunidades sufren a diario la violencia de las empresas transnacionales. A las personas de las comunidades les están arrebatando sus tierras, donde nosotras, las mujeres, cultivamos. También tenemos problemas relacionados con la crisis climática, como ya se ha dicho. Estas empresas deberían pagar por la contaminación, los daños y las pérdidas que sufrimos cada año. Sequías, inundaciones, entre otros hechos. Por eso estamos aquí, para contribuir a la elaboración de un tratado vinculante que responsabilice a estas empresas. Nuestro objetivo es que se apruebe el tratado para poder prevenir estas catástrofes.

Estamos aquí para hacer oír nuestra voz, porque cuando estamos en nuestros países podemos emitir declaraciones, pero estas no llegan a las Naciones Unidas. Por eso estamos aquí, en múltiples movimientos y comunidades, y una voz colectiva de diferentes países puede tener peso..

Estamos aquí como parte de la Campaña Global para Reivendicar la Soberania de los Pueblos, Desmantelar el Poder Corporativo y Poner fin a la Impunidad, una potente coalición de movimientos sociales, organizaciones progresistas y comunidades afectadas por las transnacionales, para plantear los problemas de las mujeres rurales del Sur Global. Estar aquí es fundamental para nosotras y forma parte de nuestra estrategia de incidencia como Asamblea de Mujeres Rurales. Queremos invertir y participar en diferentes plataformas para defender nuestros intereses a nivel local, nacional e internacional, y utilizar estos espacios de formulación de políticas globales o incluso los instrumentos de las Naciones Unidas para amplificar realmente nuestra voz.

3: ¿Cómo se relaciona la lucha por un tratado vinculante fuerte para regular las empresas transnacionales con la protección y la aplicación de los derechos campesinos, tal y como se describe en la UNDROP?

Hay una fuerte conexión. Me complació mucho saber que en el artículo 15.7 del borrador del tratado vinculante se ha incluido una disposición sobre los derechos campesinos y las poblaciones rurales, que ha recibido un fuerte apoyo de casi todos los países, en particular de Colombia y Palestina. El hecho de que los derechos campesinos se incluyan en este tratado dice mucho de la UNDROP. Este instrumento nos ayudará a impulsar nuestra agenda, de promoción y aplicación de la UNDROP en nuestros países. Nuestros países, por ejemplo Sudáfrica, votaron en favor de la declaración en 2018, pero todavía no contamos con una política que aplique la UNDROP. La existencia de este tratado vinculante reforzará nuestra labor de promoción y nuestro trabajo en nuestros países para garantizar que nuestros gobiernos rindan cuentas de la aplicación de ambos instrumentos. Por lo tanto, estos dos marcos jurídicos serán vehículos clave que utilizaremos en nuestras estrategias de promoción.

Es necesario resaltar que las violaciones que cometen las empresas transnacionales afectan precisamente los derechos que nos otorga la UNDROP. En particular, el derecho a las semillas, el derecho a la tierra y el derecho al agua. Cuando se adopte este tratado, dispondremos de una herramienta vinculante a la cual podremos recurrir para defendernos.

4: ¿Cómo afectan las actividades de las empresas transnacionales a sus comunidades?

En primer lugar, las empresas transnacionales quieren quitarnos nuestras semillas e imponer sus propias semillas industriales. Estas entidades vienen contaminando nuestra agua, causando enfermedades. La contaminación no solo afecta a las personas, sino también a los animales y los cultivos. Como resultado, padecemos enfermedades que ni siquiera reconocemos; a veces, incluso nuestros propios países nos dicen que no saben cómo tratarlas. Estos son los impactos a los que nos enfrentamos como resultado de lo que las empresas transnacionales están haciendo en nuestras comunidades.

La soberanía sobre las semillas ya no es un derecho. Las semillas han sido mercantilizadas por las empresas transnacionales. Se han convertido en una fuente de acumulación de capital en detrimento de la población rural pobre. Nuestros gobiernos ignoran que nuestras semillas son resistentes a los efectos del cambio climático. Nuestras semillas se pueden plantar varias veces. Cuando se compran semillas híbridas, solo duran un año. Si se intenta plantarlas después, no germinan. Nuestras semillas, en cambio, son resistentes: podemos plantarlas durante muchos años. Por lo tanto, tenemos seguridad alimentaria en casa y en la comunidad. Nuestras semillas son perfectas. No son perjudiciales. Tienen propiedades curativas y muchos nutrientes. Los alimentos que se obtienen de ellas se pueden cocinar de diferentes maneras. Se dice que hay hambre en Zambia. Eso es porque se sigue el pensamiento del mundo empresarial. Si pudiéramos pensar como piensan las mujeres rurales, habría mucha comida en Zambia. Ni siquiera debería haber hambre allí. Por lo tanto, este tratado también nos ayudará y protegerá nuestras semillas.

Las semillas híbridas son caras en comparación con nuestras propias semillas, ya que requieren fertilizantes y productos químicos. Si se plantan híbridas sin fertilizantes, no se obtiene nada. Por eso, también estamos tratando de promover nuestras propias semillas autóctonas, a pesar de las amenazas a las que nos enfrentamos por parte de nuestros gobiernos. Con el apoyo de nuestros gobiernos, las empresas transnacionales nos roban nuestras semillas, las convierten en híbridas y nos hacen pagar por ellas. Tenemos derecho a decir no a lo que nos ofrecen.

Además, están contaminando el medio ambiente y nos dicen que no debemos talar nuestros árboles para que estos puedan limpiar el carbono. Están interesados en desarrollar los mercados de créditos de carbono. Vienen a nuestras zonas y se apoderan de grandes extensiones de tierra. Dicen que ni siquiera debemos ir a recoger setas allí, que no debemos ir a recoger orugas allí. Ponen guardias para que no podamos ir a buscar leña. Así que tenemos nuestra propia tierra, pero no tenemos control sobre ella. Es muy intimidante. Venden carbono por mucho dinero, pero nosotros no obtenemos nada de eso.

También se apoderan de la tierra porque quieren explotar la minería, mientras que nosotras somos desplazadas de una tierra en la que hemos vivido durante tantos años. Incluso dañan las tumbas que se encuentran en esas tierras. Por lo tanto, es muy deshumanizante. Hay mucha impunidad en lo que hacen.

Estas empresas transnacionales han destruido nuestra tierra con la contaminación. Tienes un campo que no podrás utilizar durante los próximos 10 años porque ha sido dañado con minerales tóxicos desconocidos que han pasado por la zona. En la provincia de Copperbelt, en Zambia, que está cerca de donde vivimos, las empresas transnacionales contaminaron el río Kafue, que atraviesa todo el país. No podemos acceder al agua en tres cuartas partes de la tierra por la que pasa el río Kafue. No podemos comer ningún pescado de allí.

En Sudáfrica, los pescadores han denunciado a nuestro Gobierno —en particular a nuestro Departamento de Recursos Minerales y Energía— por realizar voladuras en el océano y por trabajar y colaborar con la empresa Shell, que buscaba petróleo en el océano en la parte oriental de Sudáfrica. Tenemos un caso similar en lo que respecta al titanio, que lleva mucho tiempo produciéndose también en la parte oriental de Sudáfrica, en Mbizana, donde las comunidades se están levantando y diciendo: «Tenemos derecho a decir no». El principio del consentimiento libre, previo e informado de las comunidades afectadas debe ser respetado. Se trata de un largo proceso judicial, y estas entidades deben rendir cuentas ahora. Deben pagar. Necesitamos reparaciones. Durante este proceso de resistencia, se han perdido vidas, defensoras han sido asesinadas y muchas están amenazadas en este mismo momento.

5: ¿Cómo han movilizado la UNDROP en África Australen favor de los derechos de las mujeres rurales?

En primer lugar, nos aseguramos de que nuestros miembros comprendieran lo que representa esta declaración y, por lo tanto, cuáles son los derechos que contiene. Llevamos a cabo una intensa labor de capacitación, educación y sensibilización entre nuestros miembros sobre sus derechos y sobre cómo involucrarse para defenderlos. Se trata de una declaración adoptada por las Naciones Unidas que todos los países deben aplicar, por lo que era fundamental para nosotros asegurarnos de que nuestras comunidades comprendieran sus derechos. Cada país tiene una estrategia de promoción, para amplificar la UNDROP en sus comunidades.

Por ejemplo, en Sudáfrica hemos llevado a cabo una campaña llamada “Una mujer, una hectárea de tierra”, para proporcionar más tierra a las mujeres. Combinamos esa campaña con la UNDROP, especialmente el derecho a la tierra, el derecho a la soberanía alimentaria y el derecho a utilizar nuestras semillas.

Como mujeres rurales de diferentes países, celebramos cada año festivales de alimentos y semillas. Lo hacemos para identificar qué semillas se han perdido, cuáles nos quedan y cómo podemos hacer un mejor uso de cada una. Ahora queremos crear bancos de semillas y campos de demostración donde podamos plantar estas semillas, para poder multiplicarlas. También desarrollamos iniciativas de intercambio de semillas. Trabajamos para aumentar nuestras reservas de semillas, de modo que, al resistirnos a las empresas transnacionales, también demostremos la fuerza de lo que tenemos.

En Suazilandia, por ejemplo, estamos involucrando a funcionarios del Gobierno en la aplicación de la UNDROP. Hemos colaborado con varios ministerios, incluido el Ministerio de Agricultura, pero aún no se han obtenido resultados concretos, ya que aún no han dado prioridad a la cuestión. También hemos comenzado a traducir la UNDROP a los idiomas locales para que sea accesible a nuestra población, a las mujeres.

6: ¿Cuál es su mensaje para los Estados del África meridional en relación con su participación en el proceso del Tratado vinculante?

Lo fundamental en este podio es escuchar las voces del Sur Global, especialmente las de nuestros gobiernos africanos. Queremos que pongan fin a la impunidad de las empresas. Tienen que actuar por nuestra gente, por nuestras comunidades, por los pobres, por nuestras naciones. En Sudáfrica, por ejemplo, tenemos una gran constitución en materia de derechos humanos. Sudáfrica ha firmado declaraciones y se ha comprometido históricamente con la UNDROP. Por lo tanto, exigimos que nuestra voz sea escuchada y que estos instrumentos sean implementados.

Nos gustaría que más países africanos participaran activamente en este proceso de negociación del Tratado vinculante. Los gobiernos deben intervenir, encontrar mercados para nuestros alimentos autóctonos y promocionarlos, y ayudar al campesinado. Si no tenemos maíz, tenemos sorgo, diferentes tipos de frijoles, yuca. Podemos preparar una comida con eso. Por lo tanto, deberían anteponer la vida de su pueblo a la protección de los llamados inversores que vienen a nuestros países solo para saquearlos. Extraen los minerales, se los llevan y, cuando regresan, nos vemos obligados a recomprar nuestros propios recursos a un precio muy elevado.

Si las empresas vienen como inversores a nuestros países, que construyan escuelas, carreteras, hospitales. El gobierno debería plantar cara y luchar por nosotras. Debenejar de mirar los beneficios y mirar las vidas de nuestro pueblo!

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