Este artículo fue publicado originalmente en la revista Lendemains Solidaires, disponible en francés aquí.

La soberanía alimentaria se define como el derecho de los pueblos a una alimentación sana y culturalmente apropiada, producida mediante métodos ecológicamente sostenibles, así como el derecho de los pueblos a definir su propio sistema alimentario y agrícola. La Vía Campesina (LVC) insiste en que los modos de producción agroecológicos diversificados, impulsados por el campesinado y basados en experiencias milenarias y conocimientos tradicionales, son esenciales para garantizar a todas y todos una alimentación sana, asegurando al mismo tiempo la armonía con los ecosistemas naturales. Este paradigma sitúa las aspiraciones y necesidades de quienes producen, distribuyen y consumen los alimentos en el centro de los sistemas y políticas alimentarias, en lugar de las exigencias de los mercados y del agronegocio. Se trata de un marco que defiende fundamentalmente los intereses de las futuras generaciones.

Contexto

La historia y el surgimiento del concepto de soberanía alimentaria, proclamado por La Vía Campesina en 1996, están vinculados al fracaso de la implementación del concepto de seguridad alimentaria promovido por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Este nuevo concepto buscaba responder a los desafíos del hambre y la malnutrición, que afectaban y siguen afectando particularmente, de manera paradójica, a las zonas rurales.

Durante la Cumbre Mundial sobre la Alimentación de 1996, La Vía Campesina acuñó el término soberanía alimentaria afirmando la centralidad de las y los pequeños productores de alimentos, la sabiduría acumulada por generaciones, la autonomía y la diversidad de las comunidades rurales y urbanas, así como la solidaridad entre los pueblos, como elementos esenciales para elaborar políticas alimentarias y agrícolas.

Debemos recordar que la única manera de hacer oír la voz de la campesinado es a través de la unión y construcción de amplias alianzas, más allá de todas las fronteras. Los movimientos sociales rurales y urbanos, los sindicatos, los actores de la sociedad civil, los gobiernos progresistas, las y los académicos y los científicos independientes deben unirse para defender esta visión común del futuro. Las mujeres rurales y las demás minorías de género oprimidas deben ocupar un lugar igualitario en las instancias de dirección de nuestro movimiento, en todos los niveles. Debemos sembrar las semillas de la solidaridad en nuestras comunidades y luchar contra todas las formas de discriminación que dividen a las sociedades rurales.

Con motivo de la conmemoración de los 25 años de La Vía Campesina, se afirmó que la soberanía alimentaria constituye un verdadero manifiesto para el futuro de nuestro planeta. Es una idea que une a la humanidad y nos pone al servicio de la Madre Tierra que nos alimenta.

"La soberanía alimentaria constituye un verdadero manifiesto para el futuro de nuestro planeta."

Vincular la soberanía alimentaria con el derecho al desarrollo

Vincular la soberanía alimentaria con el marco y el concepto del derecho al desarrollo es particularmente pertinente. En efecto, este último debe entenderse como el derecho de las poblaciones campesinas y rurales a concebir y construir sus propios modelos de desarrollo rural, en coherencia con los principios de la soberanía alimentaria.

El derecho al desarrollo se concibe como un proceso de empoderamiento que implica necesariamente la movilización social y la lucha. Se trata de un derecho programático que exige medidas estructurales y específicas por parte de las autoridades públicas en favor de las comunidades y de las trabajadoras y trabajadores rurales. El derecho al desarrollo es también un instrumento político y un marco jurídico para combatir las políticas perjudiciales de la globalización neoliberal que marginan al campesinado familiar.

La interrelación entre el derecho al desarrollo, la soberanía alimentaria y los derechos campesinos también se destaca durante las negociaciones del proyecto de Pacto sobre el Derecho al Desarrollo en el seno de la ONU[1]. Este proyecto busca reforzar jurídicamente y consolidar el marco del derecho al desarrollo, iniciado por la Declaración de las Naciones Unidas sobre el Derecho al Desarrollo (1986).

Así, el texto del proyecto de Pacto incluye una disposición específica que reconoce el derecho de las y los campesinos “a determinar y desarrollar prioridades y estrategias para ejercer su derecho al desarrollo”. Esta referencia explícita constituye un avance tanto jurídico como político. Refuerza la interpretación del derecho al desarrollo como un derecho colectivo perteneciente a los pueblos y comunidades, en particular a las poblaciones rurales históricamente excluidas de los procesos de toma de decisiones.

Al referirse explícitamente al campesinado y poblaciones rurales como actores clave del desarrollo, este futuro instrumento jurídico reforzará la centralidad de la autodeterminación en la definición de las prioridades agrícolas, económicas y territoriales. También consolidará la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales (UNDROP), la cual reconoce que las y los campesinos no deben ser simples beneficiarios de las políticas públicas, sino titulares de derechos capaces de concebir e implementar sus propios modelos de desarrollo (arts. 3 y 10 de la UNDROP).

¿Qué es el desarrollo rural para el campesinado?

Nuestra visión del desarrollo está centrada en el desarrollo de la agricultura campesina a través de la agroecología, única garantía de medios de vida y condiciones laborales dignas y justas para las poblaciones del mundo entero, especialmente en las zonas rurales. Es decir, los pueblos rurales como corazón de la producción alimentaria. Por eso La Vía Campesina propuso y finalmente logró, en 2018, la adopción de la UNDROP, que constituye una contribución a la realización de la soberanía alimentaria.

Para lograrlo, necesitamos políticas públicas que regulen los mercados agrícolas y alimentarios, ya que las y los campesinos generalmente no perciben ingresos dignos provenientes de sus actividades de producción de alimentos, lo que compromete sus medios de vida y la continuidad de la producción (artículo 16 de la UNDROP). Esto se debe a un sistema alimentario dominante basado en los mecanismos del mercado y controlado por el agronegocio.

Entre estos mecanismos de regulación, defendemos los precios mínimos garantizados (Minimum Support Prices – MSP), es decir, la obligación de los Estados de fijar precios que cubran los costos de producción campesina y garanticen un margen de ingresos equitativo. Este mecanismo invierte la lógica del dumping, que empuja los precios hacia abajo, y protege así la dignidad campesina.

También defendemos las compras públicas y las reservas alimentarias públicas. Exigimos la restauración de sistemas públicos de almacenamiento de alimentos para regular los mercados y estabilizar los precios. Las autoridades públicas deberían comprar las cosechas durante los períodos de recolección para garantizar precios mínimos, y luego liberarlas en períodos de escasez para evitar la especulación. Los precios mínimos garantizados, las compras públicas y las reservas públicas se implementan, por ejemplo, en Indonesia e India.

"Las autoridades públicas deberían comprar las cosechas durante los períodos de recolección para garantizar precios mínimos, y luego liberarlas en períodos de escasez para evitar la especulación."

Estos mecanismos son indispensables, ya que el modelo neoliberal ha desmantelado estas herramientas de regulación, exponiendo a las y los pequeños productores a la competencia de las grandes explotaciones agroindustriales fuertemente subsidiadas. Además, la especulación bursátil sobre los productos alimentarios provoca inestabilidades de precios a escala mundial y empuja a millones de personas a situaciones de precariedad alimentaria, en beneficio exclusivo de una minoría. La Vía Campesina llama a fortalecer las cadenas de suministro locales y regionales, afirmando que el comercio debe privilegiar los circuitos cortos antes que los flujos transcontinentales.

Reforma agraria, derecho a la tierra y derecho al desarrollo

La reforma agraria está vinculada al derecho a la tierra y al control de los territorios, reconocidos como derechos fundamentales inscritos en el derecho internacional de los derechos humanos, particularmente en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (art. 11) y en la UNDROP (art. 17). Muchas acciones del agronegocio violan o amenazan el derecho a la tierra: conflictos agrarios, criminalización, desalojos, acaparamiento de tierras, acaparamiento verde (“green grabbing”), concentración de la tierra impulsada por el agronegocio en favor de la agricultura industrial a gran escala (monocultivos), mercados de carbono, agrocombustibles y mecanismos de compensación de la biodiversidad, actividades mineras, así como los llamados proyectos de “desarrollo” como la construcción de autopistas, represas, etc. Por estas razones, La Vía Campesina lucha en todos los niveles por una reforma agraria integral, centrada en los intereses y derechos de los pueblos rurales.

Este enfoque va más allá de la simple titulación de tierras y llama a una redistribución efectiva y equitativa de la tierra. Incluye la fijación de límites claros al tamaño de la propiedad de la tierra, la prohibición de la venta de tierras a terceros y a entidades extranjeras, así como la expropiación de explotaciones basadas en trabajo ilegal o esclavo, especialmente en la agricultura industrial a gran escala y en las grandes plantaciones.

"Este enfoque va más allá de la simple titulación de tierras y llama a una redistribución efectiva y equitativa de la tierra."

Esta visión también se opone a las “contrarreformas” basadas en el mercado, promovidas por el Banco Mundial en los años noventa, que condujeron a la privatización de las tierras y a una nueva ola de concentración de la tierra en manos de una pequeña minoría depredadora, imponiendo un modelo único de desarrollo rural, arraigado en el neoliberalismo y favorable a los intereses del agronegocio.

La lucha por el derecho a la tierra mediante la implementación de la reforma agraria forma así parte integral del derecho al desarrollo: es una lucha por la autodeterminación y por el derecho a definir sus propios sistemas de tenencia de la tierra. Defendemos una comprensión política de la tierra como ecosistema social y productivo esencial para la vida y no como un simple activo financiero.

Agroecología, derecho a las semillas y derecho al desarrollo

En 2015, durante el segundo Foro Mundial sobre la Soberanía Alimentaria (Foro Nyéléni)[2], las delegaciones que representaban a diversas organizaciones y movimientos sociales de pequeños productores de alimentos y consumidores se reunieron para alcanzar una comprensión común de la agroecología como componente clave de la soberanía alimentaria.

La agroecología busca transformar y mejorar nuestra realidad material en los sistemas alimentarios, frente a un mundo rural devastado por la producción alimentaria industrial y, hoy en día, por las supuestas revoluciones verde y azul. La agroecología es, por tanto, también política: busca cuestionar y transformar las estructuras de poder en la sociedad. Coloca el control de las semillas, la biodiversidad, las tierras y territorios, las aguas, los conocimientos, la cultura y todos los bienes comunes en manos de los pueblos que alimentan al mundo.

El control de las semillas locales y autóctonas es un medio de producción clave frente a la ofensiva de las industrias semilleras, que buscan consolidar la agricultura química, al tiempo que amenazan la biodiversidad. Estas industrias desarrollan semillas basadas en organismos genéticamente modificados (OGM), al mismo tiempo que promueven las patentes (derechos de propiedad intelectual), en detrimento de las semillas locales y campesinas. Por ello, La Vía Campesina rechaza firmemente la mercantilización de la vida, particularmente a través de los OGM, las patentes, así como la privatización y comercialización de la biodiversidad.

En este sentido, el movimiento defiende el derecho colectivo e inalienable de las y los campesinos a conservar, utilizar, intercambiar y vender sus semillas, de conformidad con el Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura (art. 9.3) y la UNDROP (art. 19).

Frente a los intentos industriales de imponer la biología sintética, La Vía Campesina organiza intercambios de semillas y campañas para preservar los sistemas comunitarios tradicionales de gestión de la biodiversidad. Una vez más, la lucha por los derechos sobre las semillas se arraiga en el derecho al desarrollo y en el derecho del campesinado a concebir e implementar sus propios modelos de desarrollo semillero basados en sus conocimientos indígenas tradicionales.

La globalización neoliberal contra los derechos campesinos

Las instituciones financieras y comerciales internacionales son las principales fuerzas responsables de las violaciones de los derechos campesinos y del desmantelamiento de los sistemas alimentarios campesinos. El tríptico compuesto por la Organización Mundial del Comercio (OMC), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial impide a los gobiernos, especialmente a los del Sur global, implementar políticas públicas esenciales en favor de las poblaciones rurales, mediante mecanismos y condicionalidades coercitivas. Estos actores neoliberales han forzado la reducción del papel del Estado en la provisión de servicios públicos, al mismo tiempo que aumentaban el del sector privado (a través de las privatizaciones).

"Estos actores neoliberales han forzado la reducción del papel del Estado en la provisión de servicios públicos, al mismo tiempo que aumentaban el del sector privado."

En este sentido, es importante recordar que la integración de la agricultura en el régimen mundial de libre comercio a través del Acuerdo sobre la Agricultura de la OMC (1994) constituyó un punto de inflexión devastador. Esta política transformó los alimentos en una simple mercancía y desreguló sistemáticamente los sistemas agrícolas, desmantelando las herramientas de regulación de los mercados, como los precios mínimos de intervención y las reservas públicas. Las consecuencias fueron sistémicas: caída de los precios agrícolas, destrucción de los mercados campesinos locales, pérdida de autonomía sobre las semillas y expulsión de millones de campesinas y campesinos de sus territorios en beneficio de grandes terratenientes.

El acto trágico del campesino surcoreano Lee Kyung Hae, quien se quitó la vida en Cancún en 2003 llevando una pancarta que proclamaba “la OMC mata a los campesinos”, sigue siendo emblemático de la violencia de este sistema neoliberal y neocolonial-imperialista.

Sin embargo, el régimen comercial neoliberal no se limita a la OMC: también se caracteriza por la proliferación de acuerdos de libre comercio e inversión a niveles regional, multilateral y bilateral. Además, hoy en día también enfrentamos las políticas comerciales de Estados Unidos, que obligan a los países a abrir totalmente sus mercados, sin reciprocidad.

La lucha por un marco comercial alternativo

En respuesta a los daños causados por el Acuerdo sobre la Agricultura de la OMC, La Vía Campesina lanzó un proceso destinado a exigir urgentemente la creación de un nuevo marco comercial internacional basado en la soberanía alimentaria. Este nuevo marco debe basarse en la solidaridad, la cooperación internacional y la justicia social. Su objetivo principal es redefinir la función del comercio, ya no como una herramienta de maximización de las ganancias de las empresas transnacionales, sino como un instrumento que garantice los derechos humanos y la soberanía alimentaria.

Al afirmar que el comercio agrícola y alimentario debe respetar los derechos humanos y que la alimentación es un derecho humano fundamental y no una mercancía, La Vía Campesina aboga por un nuevo marco comercial que proteja los derechos campesinos y legitime medidas estatales como la protección de los mercados contra el dumping y la garantía de precios de apoyo para los productores.

"La Vía Campesina aboga por un nuevo marco comercial que proteja los derechos campesinos y legitime medidas estatales como la protección de los mercados contra el dumping y la garantía de precios de apoyo para los productores."

Con este fin, La Vía Campesina identifica a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) como el foro legítimo para construir este nuevo consenso multilateral, capaz de realinear las normas del comercio mundial con los derechos humanos.

Conclusión

El derecho al desarrollo, tal como lo entiende La Vía Campesina, constituye una respuesta integrada y radical a los fracasos sistémicos del modelo neoliberal. Se define por la realización de la justicia social, la sostenibilidad ecológica y el respeto de la dignidad de las poblaciones rurales.

Seguiremos luchando por nuestros derechos por todos los medios a nuestro alcance y, ante todo, mediante la movilización popular de nuestras bases. Seguiremos fortaleciendo nuestra incidencia a través de instrumentos jurídicos internacionales, como la UNDROP, para exigir la implementación de políticas públicas redistributivas y regulatorias capaces de concretar nuestro derecho al desarrollo, es decir, nuestro derecho a definir nuestros propios sistemas y modelos de desarrollo rural y agrícola, a la luz del paradigma de la soberanía alimentaria.

Al poner el énfasis en la autonomía y los saberes campesinos, y al situar a las mujeres rurales y a la juventud en el centro de la lucha, La Vía Campesina propone un camino que privilegia la protección de los ecosistemas y de las comunidades por encima de la acumulación de capital, reafirmando así su compromiso con una transformación sistémica del orden económico, comercial, financiero y social mundial.

[1] https://docs.un.org/es/A/HRC/54/50

[2] https://nyeleni.org/fr/

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Más que un acto conmemorativo, el webinario ofreció un espacio de intercambio entre organizaciones campesinas y rurales, así como movimientos sociales que trabajan en diversos contextos de Asia y África. Se centró en el intercambio de experiencias vividas de lucha y resistencia, al tiempo que examinó cómo los cambios geopolíticos y geoeconómicos en curso están afectando a las comunidades rurales. Entre los participantes se encontraban miembros de La Vía Campesina y organizaciones socias como SPI (Indonesia), CBOP (Burkina Faso), MONLAR (Sri Lanka), CAJF (Sudán) y PKRC (Pakistán). El evento también contó con la participación de Shalmali Guttal, miembro experta del Grupo de Trabajo de la ONU sobre la UNDROP para la región de Asia.

Mira el webinario completo a continuación (realizado en un formato multilingüe, con participantes que hablan en inglés, bahasa indonesia o francés):

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La adopción de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en Zonas Rurales (UNDROP) en 2018 marcó un hito histórico para la justicia rural. Sin embargo, hasta la fecha, su desarrollo e implementación se han centrado en gran medida en el campesinado. Es fundamental recordar que los derechos consagrados en la UNDROP son plenamente aplicables a otros pueblos que viven y trabajan en territorios rurales y acuáticos, incluidos los pueblos pescadores. El artículo 1, párrafo 2 de la UNDROP es muy claro al respecto: “Esta Declaración se aplica a toda persona que se dedique a la agricultura artesanal o de pequeña escala, la siembra de cultivos, la cría de ganado, el pastoreo, la pesca, la silvicultura, la caza o la recolección, así como a la artesanía relacionada con la agricultura u otras ocupaciones conexas en una zona rural”.

En este sentido, resulta fundamental seguir abogando por la ampliación del alcance de la UNDROP, fortalecer su apropiación por parte de los pueblos pescadores y promover su visibilidad como sujetos plenos de derechos.

Interpretando la UNDROP desde los territorios acuáticos

Durante décadas, la lucha por los derechos territoriales se ha imaginado casi exclusivamente en términos de tierra. Sin embargo, al hablar de territorios en el contexto de la pesca en pequeña escala, es imprescindible destacar la interdependencia absoluta entre el agua y la tierra para los medios de vida, la soberanía alimentaria y la identidad cultural de estas comunidades. La costa y los cuerpos de agua continentales representan un entorno vital completo donde convergen la vida cotidiana, los medios de subsistencia y la cultura; donde termina la tierra, el territorio continúa en el agua.

Bajo este espíritu, una contribución fundamental que la pesca artesanal puede aportar a la interpretación de la UNDROP es el uso de conceptos paradigmáticos surgidos desde las ciencias sociales y los movimientos sociales en América Latina y el Caribe, como el Maritorio o Territorio de Vida. Este reconoce las áreas costeras y marinas de uso colectivo como espacios de soberanía alimentaria conformados por las personas que tradicionalmente los habitan; lugares entendidos como espacios espirituales e interculturales de “afecto con la naturaleza y la ancestralidad”, y no meramente como zonas de extracción.

A su vez, esta visión se expande hacia el concepto de Acuatorio, un término que permite comprender las “territorialidades anfibias” de las comunidades que habitan estos espacios. Esta perspectiva reconoce que la protección de la pesca artesanal requiere un enfoque que trate todos los ecosistemas acuáticos – ríos, lagunas, humedales – por igual, como territorios indivisibles de tierra y agua.

En consecuencia, el derecho a la tierra y a otros recursos naturales consagrado en el artículo 17 de la UNDROP debe interpretarse como un marco que abarca las complejas relaciones que las comunidades pesqueras mantienen con sus entornos acuáticos, reafirmando que el agua y la tierra constituyen dimensiones inseparables de este derecho.

Las amenazas: el “Acaparamiento de Océanos” y la Economía Azul

Hoy en día, los territorios pesqueros enfrentan una embestida sin precedentes de amenazas a sus vidas y medios de subsistencia. Bajo el pretexto de desarrollo y sostenibilidad, proyectos de turismo de lujo, energía offshore, acuicultura y pesca industrial, y exploración minera en aguas profundas están destruyendo los ecosistemas marinos y acaparando zonas de pesca y puntos de desembarque. Esto se conoce como Ocean Grabbing (acaparamiento de los océanos) o Blue Grabbing (acaparamiento azul).

Incluso, algunos enfoques de conservación ambiental, cuando se aplican bajo el modelo de “fortaleza” – es decir, áreas protegidas cerradas que excluyen a los habitantes tradicionales – también se han convertido en una amenaza. La UNDROP, en diálogo con las Directrices Voluntarias para Lograr la Sostenibilidad de la Pesca en Pequeña Escala en el Contexto de la Seguridad Alimentaria y la Erradicación de la Pobreza (Directrices PPE), debe utilizarse para reivindicar el importante papel de los pueblos pescadores – que han habitado estos territorios durante siglos – como verdaderos guardianes de la biodiversidad y los ecosistemas. Como establecen estas Directrices, la conservación no debe llevarse a cabo a expensas de las comunidades, sino en colaboración con ellas. Por ello, la protección de sus derechos de tenencia y el reconocimiento de sus prácticas y conocimientos tradicionales es – en sí misma -, una estrategia de conservación.

La tríada defensiva: UNDROP, Directrices PPE y Tenencia

La fuerzade la UNDROP para los pueblos pescadores radica en su capacidad de dialogar con otros instrumentos internacionales. En este sentido, para que la protección sea efectiva, la Declaración debe leerse a la luz de las Directrices PPE y de las Directrices Voluntarias sobre la Gobernanza Responsable de la Tenencia de la Tierra, la Pesca y los Bosques en el Contexto de la Seguridad Alimentaria Nacional (DVGT).

Mientras que las Directrices PPE y las DVGT proporcionan la hoja de ruta técnica para una gobernanza responsable, la UNDROP eleva estas recomendaciones al rango de Derechos Humanos. Juntas, forman un marco jurídico que permite a los pueblos pescadores exigir y luchar por la redistribución de la tierra/agua, el acceso preferencial a zonas de pesca y recursos, y la gestión colectiva de sus territorios acuáticos – tanto costeros como continentales – así como la protección contra cualquier desplazamiento o desalojo arbitrario e ilegal. Además, este marco respalda la garantía del Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI) y la realización de evaluaciones de impacto territorial frente a proyectos de “Economía Azul” a gran escala.

La UNDROP representa un instrumento precursor al reconocer el derecho al agua como un pilar esencial para la vida digna de los pueblos pescadores a pequeña escala y constituyendo la base misma de sus medios de subsistencia. Este derecho se entiende no sólo para el consumo humano, sino también para la producción de alimentos y, por extensión, para la pesca. Asimismo, al reconocer los sistemas de gestión comunitaria, este derecho refuerza la autonomía de las comunidades pesqueras en la gobernanza de sus territorios, donde el conocimiento tradicional desempeña un papel clave. Por último, la Declaración también establece disposiciones para que los Estados protejan a las comunidades frente a terceros, lo cual es crucial ante actividades extractivas o contaminantes que amenazan tanto el acceso a los territorios acuáticos como la integridad de los ecosistemas.

Las mujeres en el corazón de la pesca

Si la UNDROP ha de utilizarse como un escudo para los pueblos del mar, su protección debe ser particularmente sólida para las mujeres, que sostienen la vida y el tejido económico de sus comunidades, pero enfrentan una invisibilidad sistémica y jurídica. En la pesca artesanal, como en otros sectores rurales, la relación con el territorio está profundamente marcada por una dimensión de género: mientras los hombres suelen estar en el agua, el espacio productivo y vital de las mujeres es la orilla y la franja costera. Es allí donde procesan, secan y comercializan el pescado; en consecuencia, se ven desproporcionadamente afectadas por el acaparamiento de tierras y aguasy por el avance de la “economía azul”.

Este impacto diferenciado ha sido reconocido explícitamente por el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) en su Recomendación General N.º 34, al señalar que las mujeres rurales – incluidas las pescadoras – no constituyen un grupo homogéneo y sufren formas interseccionales de discriminación. Esta perspectiva ha sido reforzada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (OC-27/21), que establece que las mujeres que dependen de los recursos naturales enfrentan una “vulnerabilidad agravada” cuando su entorno es destruido, ya que se rompe no sólo su fuente de ingresos, sino también su tejido de cuidados y vida comunitaria.

Por lo tanto, bajo una lógica de protección integral, la UNDROP no puede interpretarse de forma aislada, sino en diálogo permanente con la CEDAW y las Directrices PPE, y en particular su capítulo 8. Esta articulación normativa constituye la base para exigir que los Estados reconozcan plenamente el trabajo de las mujeres en la pesca, respeten sus conocimientos sobre el uso sostenible de los recursos y garanticen la seguridad de tenencia de las tierras adyacentes al agua. Esto es esencial para que las pescadoras dejen de ser invisibles y actúen como actoras, responsables en la toma de decisiones y beneficiarias de las mismas.

En este sentido, el artículo 4 de la UNDROP establece disposiciones para que los Estados adopten medidas para eliminar la discriminación contra las mujeres pescadoras y garantizar su participación plena y efectiva en todos los procesos de toma de decisiones. Asimismo, reconoce sus derechos a acceder a recursos productivos, servicios y protección social en igualdad de condiciones, abordando las desigualdades estructurales que enfrentan. De este modo, el artículo 4 no sólo complementa los estándares de la CEDAW, sino que también consolida un enfoque transformador que exige políticas públicas con perspectiva de género en la pesca artesanal.

Del reconocimiento a la realización: la UNDROP como instrumento vivo para la pesca en pequeña escala

Aunque el término “campesino” configura gran parte del lenguaje de la UNDROP, su alcance es inequívoco: las y los pescadores y trabajadores de la pesca en pequeña escala son titulares plenos de derechos bajo este instrumento. Como sostuvo recientemente el Colectivo Internacional de Apoyo a los Trabajadores de la Pesca ( ICSF por sus siglas en inglés) ante el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la UNDROP, el desafío ya no es de reconocimiento, sino de realización. Es momento de derribar definitivamente la “frontera invisible” que históricamente ha excluido al agua de los debates agrarios y garantizar que las comunidades pesqueras se apropien de la Declaración como su propio escudo.

Desde esta perspectiva, hacer que la UNDROP tenga sentido en la vida de las comunidades pesqueras requiere ir más allá de una lectura meramente declarativa de los derechos. La Declaración debe movilizarse junto con las Directrices PPE y DVGT, no solo como instrumentos complementarios, sino como parte de una arquitectura coherente para la gobernanza pesquera basada en derechos. En este marco, los derechos humanos dejan de ser garantías abstractas y se convierten en herramientas de acción, arraigadas en las experiencias vividas, los sistemas de conocimiento y la organización colectiva de las comunidades.

En última instancia, transformar la UNDROP en una herramienta operativa es tanto un proceso político como colectivo. Depende del fortalecimiento de las capacidades de las organizaciones de pesca en pequeña escala, de su participación activa en los espacios de toma de decisiones y del refuerzo de las alianzas estratégicas que sostienen sus luchas. La experiencia histórica demuestra que el cambio duradero surge de esta interacción entre la resistencia comunitaria y una presencia técnica y política sostenida en los espacios de gobernanza global.

La UNDROP puede servir como una brújula vital, pero solo si es timoneada activamente por las propias comunidades que busca proteger. La tarea que queda por delante es asegurar que los pueblos pesqueros no solo se vean reflejados en esta Declaración, sino que la utilicen como una herramienta para proteger el futuro de sus territorios, sus medios de vida y sus derechos.

Candelaria Aráoz Falcón – Colectivo Internacional de Apoyo a los Trabajadores de la Pesca (ICSF)

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La Vía Campesina lanza su documento de posicionamiento sobre las guerras en el mundo, en el marco de los 30 años del Día Internacional de las Luchas Campesinas.

Bagnolet, 17 de abril de 2026 |  Hoy se conmemora 30 años de la masacre de Eldorado do Carajás, un lamentable hecho que marcó un hito dentro de La Vía Campesina, donde campesinxs sin tierra de Brasil fueron asesinados por la policía federal por defender su derecho a la reforma agraria. Kilómetros más allá y 30 años después de lo ocurrido, el mundo sigue sangrando a pueblos y familias inocentes en un escenario cada vez más crítico marcado por presión del poder imperial y las tensiones geopolíticas.

Conmemorando el Día Internacional de las Luchas Campesinas, nuestro movimiento presenta el documento de posicionamiento: Soberanía Alimentaria frente a la guerra, el imperialismo y el hambre de los pueblos en el mundo, un documento que aborda elementos clave para comprender el impacto de las guerras y el poder imperial en la Soberanía Alimentaria de los pueblos. El documento ha considerado cifras importantes que nos han brindado los reportes del Comité de Pesca de la FAO a través de su informe del Situación de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo (SOFI), el Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo, la Agencia de la ONU para lx s Refugiadxs (ACNUR), entre otros; respecto a los conflictos globales y los impactos en los sistemas alimentarios en los países afectados.

“Vivimos una era de convergencia de crisis sin precedentes. Nunca en la historia reciente han estallado tantos conflictos armados simultáneamente en tantos continentes. Las guerras en Gaza, Líbano, Mali, Ucrania, Sudán, Yemen, Myanmar, el Sahel, la República Democrática del Congo y Siria no son tragedias aisladas. Son las erupciones sintomáticas de un único sistema global estructuralmente enfermo, construido sobre la lógica de la acumulación de capital sin fin, el racismo estructural, la escalada de tensiones del poder geopolítico,la extracción de recursos y la dominación imperial neolocolonialista.”

La Vía Campesina, como movimiento donde convergen organizaciones campesinas a nivel global, ha reflexionado al respecto y denunciado constantemente el uso del hambre como arma de guerra y el negocio que está detrás. Con la destrucción y la ocupación militar se benefician las economías de EEUU, Israel y muchos países del norte global; promoviendo genocidios en curso y ejerciendo una suma incalculable de violaciones de derechos humanos y crímenes contra la humanidad, con riesgo de quedar impunes, donde las mujeres y la niñez son las más vulnerables.

Invitamos a nuestras organizaciones miembros y organizaciones aliados a estudiar y compartir el documento como herramienta popular de estudio y aporte del campesinado global en primera voz.

¡Unidxs contra el imperialismo, el neocolonialismo, la criminalización de nuestras luchas y el despojo de nuestros territorios!

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El CETIM y La Vía Campesina estuvieron en Yaundé, Camerún, para seguir de cerca los trabajos de la 14.ª Conferencia Ministerial de la OMC (26-29 de marzo de 2026). El CETIM y La Vía Campesina abogan por el desmantelamiento de la OMC, ya que su paradigma se basa en una arquitectura económica y comercial profundamente asimétrica, al servicio de los intereses del capital transnacional y en detrimento de los pueblos y las economías locales, en particular en los países del Sur.

La Conferencia Ministerial concluyó sin una declaración final ni la reforma que se había anunciado. La mayoría de los temas, entre ellos la agricultura, el comercio electrónico o la facilitación de las inversiones, se remitieron a Ginebra por falta de consenso. Numerosos participantes atribuyen este fracaso en gran parte a la estrategia de Estados Unidos, que condicionó toda negociación a la adopción de una moratoria permanente sobre los aranceles relacionados con el comercio electrónico, lo que provocó fuertes tensiones, especialmente entre los países del Sur. Las divergencias sobre este tema, así como sobre otras prioridades como la seguridad alimentaria o las normas de propiedad intelectual, bloquearon las negociaciones. Este fracaso confirma así el análisis según el cual la OMC se encuentra hoy en día ampliamente paralizada, incapaz de tomar decisiones favorables a un desarrollo comercial justo y equitativo, y subraya la necesidad de replantearse en profundidad el sistema comercial internacional hacia un marco verdaderamente democrático, que no margine las voces de los pueblos y los países del Sur.

La Declaración de Yaundé que reproducimos a continuación, publicada por La Vía Campesina, pone de relieve los efectos sistémicos de un modelo comercial que subordina la alimentación a la lógica del lucro, acelera la marginación de los pequeños productores de alimentos y compromete la soberanía de los pueblos sobre sus sistemas alimentarios. En un contexto marcado por crisis geopolíticas, económicas y medioambientales, la creciente dependencia de los mercados mundiales no solo se presenta como un callejón sin salida, sino como un factor que agrava las vulnerabilidades estructurales que oprimen a los pueblos.

Ante esta crisis multidimensional, la Declaración de Yaundé de LVC pretende ser portadora de esperanza, al proponer una alternativa política e institucional estructurada. Al afirmar la soberanía alimentaria como principio fundamental, LVC y el CETIM abogan por una refundación del comercio internacional basada en la primacía de los derechos humanos, la solidaridad entre los pueblos y el respeto de los ecosistemas. En consonancia con los principios consagrados en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los campesinos y otras personas que trabajan en zonas rurales (UNDROP), este nuevo marco debe defender y reforzar el reconocimiento de los derechos campesinos a la tierra, las semillas, la biodiversidad y la soberanía alimentaria, entre otros. Es necesario sacar la agricultura de la OMC y superar el marco actual de la OMC para construir un nuevo sistema comercial al servicio de la autodeterminación de los pueblos.

Leer la Declaración de Yaundé

Leer el comunicado del CETIM, previo a la Conferencia Ministeiral: La OMC en un callejón sin salida: ¿ La Conferencia Ministerial la salvara?

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La decisión del gobierno de Sri Lanka de establecer plantas de energía solar en Hambantota ha provocado una fuerte reacción de sindicatos campesinos y grupos ambientalistas. Más de 1.000 acres de bosque (un hábitat crítico para elefantes y zona de biodiversidad) han sido talados para dar paso a la llamada iniciativa de energía verde liderada por 17 empresas solares. Más de 5.000 familias agricultoras en áreas como Mayurapura y Gonnooruwa enfrentan ahora un aumento del conflicto entre humanos y elefantes, lo que amenaza su seguridad, sus cultivos y su soberanía alimentaria.

Reproducimos un llamamiento de MONLAR en el que se solicita a sus aliados de la comunidad internacional que escriban al Presidente de Sri Lanka para denunciar esta medida y exigir la suspensión inmediata de las operaciones de desmonte en curso.

A los miembros de la comunidad internacional de la sociedad civil y del activismo

Les escribimos como el Movimiento por la Reforma Agraria y de la Tierra para llamar su atención urgente sobre una grave crisis de derechos humanos y ambiental que se está desarrollando en el distrito de Hambantota, en Sri Lanka, y que está siendo deliberadamente disfrazada como una iniciativa de energía “verde”.

Las comunidades agrícolas de Hambantota no son ajenas a la lucha. Pasaron meses protestando y defendiendo sus derechos para lograr la oficialización del corredor de elefantes, una protección legal histórica para las rutas ancestrales de los elefantes asiáticos en peligro y los medios de vida de las comunidades que comparten ese territorio. Tras esa misma victoria, 17 empresas solares han intervenido, despejando las tierras que esas comunidades lucharon por proteger. Su lucha está siendo borrada.

Esta no es la primera vez que la población de Hambantota enfrenta el despojo.

La región ya ha soportado el peso de la Iniciativa de la Franja y la Ruta, incluyendo el controvertido arrendamiento del Puerto de Hambantota y una urbanización agresiva que las comunidades rechazaron firmemente, lo que ha provocado desplazamientos forzados y proyectos de desarrollo impuestos sin transparencia ni consentimiento. La actual expansión solar sigue el mismo patrón: un desarrollo irregular que avanza en contra de la ley y de los derechos de las comunidades, con consecuencias tanto para las personas como para los animales.

Aunque se presenta como energía renovable, esta expansión solar masiva está devastando más de 1.000 acres de bosque dentro de la Reserva de Elefantes Gestionada de Hambantota (MER), utilizando maquinaria pesada y fuego intencional para despejar corredores críticos de vida silvestre, apropiándose “verde” de tierras que sostienen tanto a elefantes en peligro como a comunidades agrícolas locales.

El impacto

• Conflicto humano-elefante: Al bloquear corredores ancestrales de movimiento (como Sanakku Gala y Kapapu Wewa) con cercas eléctricas, el proyecto está empujando a los elefantes hacia las aldeas.
• Crisis de medios de vida: Más de 5.000 familias agricultoras en zonas como Mayurapura y Gonnooruwa enfrentan un aumento del conflicto entre humanos y elefantes, lo que pone en riesgo su seguridad, sus cultivos y su seguridad alimentaria.
• Fallos de gobernanza: Los informes indican que estos proyectos han eludido las Evaluaciones de Impacto Ambiental (EIA) obligatorias y han ignorado las protestas de las comunidades locales y de los conservacionistas.
• Acción climática contraproducente: Como señalan expertos locales, la tala y quema de bosques de zonas secas libera carbono almacenado y altera los patrones locales de lluvia, socavando los objetivos de reducción de emisiones que el proyecto solar afirma perseguir.

Una transición justa debe ser inclusiva, transparente y ecológicamente sostenible. Si la energía renovable se construye sobre las ruinas de la biodiversidad y el desplazamiento de las poblaciones rurales empobrecidas, reproduce la misma lógica extractiva de la era de los combustibles fósiles que pretende eliminar.

LLAMADO A LA SOLIDARIDAD INTERNACIONAL

Solicitamos a su organización que muestre solidaridad con las comunidades afectadas de Hambantota mediante el envío de una carta formal al Presidente de Sri Lanka. Su posicionamiento internacional puede ejercer la presión necesaria para:

1. La paralización inmediata de todas las actividades de desmonte dentro de la Reserva de Elefantes Gestionada.
2. El estricto cumplimiento de la ley, garantizando que se realicen y se hagan públicas Evaluaciones de Impacto Ambiental (EIA) completas y Evaluaciones de Impacto Arqueológico.
3. La priorización de la energía solar en techos y en tierras degradadas (como minas abandonadas), en lugar de bosques primarios y tierras agrícolas productivas, tal como recomiendan los defensores ambientales locales.

Nos honraría contar con su voz junto a la nuestra para exigir una transición que sea verdaderamente justa tanto para las personas como para el planeta.

En solidaridad,
EQUIPO MONLAR

La plantilla de correo electrónico que debe ser enviada por movimientos y organizaciones al Presidente de Sri Lanka puede encontrarse a continuación. Por favor, lea las instrucciones para completar la plantilla en la página 2 del documento:

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Desde su llegada al poder mediante un golpe de Estado en septiembre de 2022, el capitán Ibrahim Traoré ejerce la presidencia de Burkina Faso sin dejar a nadie indiferente: para algunos, encarna un giro histórico que marca una ruptura con el orden neocolonial y el inicio de una revolución panafricana popular; para otros, se trata de un nuevo golpe de fuerza despótico orquestado por un régimen militar. Este artículo intenta aportar una perspectiva original, a la luz de las correlaciones de fuerzas existentes, dando voz a los movimientos sociales burkineses —en particular a las y los campesinos.

Burkina Faso enfrenta desde hace años una situación de guerra, principalmente en el norte, bajo la amenaza yihadista, y desde 2022 sufre una presión internacional creciente, que se ha manifestado mediante regímenes de sanciones impuestos por Francia, el Banco Mundial, la Unión Europea y la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO). Heredero de un largo pasado colonial y de una deuda ilegítima, el gobierno de Traoré busca restaurar la soberanía nacional e inscribirse en una nueva dinámica panafricana.

Junto con sus socios de la Alianza de los Estados del Sahel —Malí y Níger—, el país cuestiona el franco CFA y contempla una moneda independiente o común, al tiempo que se desvincula progresivamente del FMI, del Banco Mundial y del BCEAO (Banco Central de los Estados de África Occidental). El rechazo a nuevos préstamos occidentales marca una voluntad de salir de la dependencia financiera.

En el plano económico, Burkina Faso ha emprendido una dinámica de nacionalización de sectores estratégicos. En 2023, el Estado retomó el control de las grandes minas de oro. Un nuevo código minero adoptado en 2024 refuerza la soberanía sobre los recursos, aumenta la participación estatal en las empresas mineras, impone la transformación local y crea una reserva estratégica de oro. En 2025, se inauguró un centro de tratamiento de residuos mineros.

La reconquista económica también abarca el sector agroalimentario, mediante nacionalizaciones e industrialización de fábricas en los ámbitos de la producción azucarera, la transformación láctea y la producción/transformación del tomate, un sector clave del país. A pesar de un contexto regional conflictivo, estas decisiones constituyen palancas esenciales para consolidar una soberanía real y reforzar la capacidad del Estado para financiar políticas sociales.

La palabra al campesinado

En Burkina Faso, el 80% de la población activa trabaja en la agricultura (alrededor del 32% del PIB nacional) y cerca del 90% de las explotaciones son familiares de menos de cinco hectáreas, lo que caracteriza la predominancia de una agricultura de subsistencia. Esto muestra hasta qué punto los pequeños productores de alimentos, campesinas/os, nómadas, ganaderos y comunidades de pescadores artesanales son actores centrales de la sociedad.

A la luz de esto, el gobierno lanzó su “Ofensiva agropastoral y pesquera 2023-2025”, con el objetivo de alcanzar la autosuficiencia y la soberanía alimentaria. En este marco, se han realizado numerosas inversiones: equipos agrícolas, infraestructuras de transformación local, apoyo a las cadenas de cereales, arroz y horticultura. Los resultados son palpables: la producción de tomate, arroz y maíz aumentó considerablemente entre 2022 y 2024 y, desde entonces, el éxodo rural ha disminuido¹.

Más allá de las cifras, impresiona el compromiso de las comunidades rurales. Durante mucho tiempo marginadas, constituyen el núcleo del nuevo proyecto de sociedad, ahora reconocidas como sujetos políticos del cambio. Dos líderes de base, el Sr. Alassane Nakande (figura clave de la Convergencia de luchas por la tierra y el agua de África Occidental² y director ejecutivo del Movimiento Africano por los Derechos Ambientales) y la Sra. Ouédraogo Ouandegma (presidenta de la Coordinación Burkinesa de Organizaciones Campesinas, miembro de La Vía Campesina y del Sindicato de Trabajadores Agropastorales), dan testimonio de los profundos cambios en curso. Estos avances permiten promover una agenda campesina conforme a los principios de la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Campesinos y otras personas que trabajan en zonas rurales (UNDROP), que reconoce derechos fundamentales como el derecho a la tierra y a las semillas.

Fortalecimiento de la producción campesina local

Para la Sra. Ouandegma, la iniciativa de protección y promoción de la producción local “es positiva, ya que acompaña concretamente a las organizaciones campesinas en la consolidación de sus medios de producción, cadenas productivas, cooperativas y mercados locales”. La representante destaca los “esfuerzos gubernamentales”, que han “permitido acceder a herramientas y materiales de producción y transformación agrícola (unidades de transformación de arroz, tractores…)”. Gracias a esta iniciativa, “son los pequeños productores y cooperativas quienes suministran directamente sus productos a hospitales, ayuntamientos, comedores escolares, prisiones… lo que ha permitido implementar circuitos cortos, abrir los mercados a los pequeños productores y promover los productos locales”.

Política agraria y derecho a la tierra

Históricamente, Burkina Faso ha enfrentado grandes oleadas de acaparamiento de tierras por operadores privados y financieros que se han beneficiado de un marco legal impreciso y permisivo. Frente a esto, el Sr. Nakande subraya que “gracias a la voluntad de las autoridades de abordar este fenómeno mediante la revisión de leyes favorables al acaparamiento, se está haciendo posible una mejor redistribución de la tierra”. Añade que estos cambios legislativos están “acompañados de medidas de apoyo, especialmente kits de instalación para jóvenes agricultores”. El proceso se inscribe en una lógica más amplia de fortalecimiento de la seguridad y soberanía alimentaria, con otras iniciativas en curso —investigación-acción, estudios de viabilidad y medidas concretas— destinadas a “valorizar el papel de los productores agrícolas y devolverles un lugar central en las políticas públicas”.

Por su parte, la Sra. Ouandegma afirma que la política agraria “refuerza la seguridad y el reconocimiento jurídico de los derechos de uso de la tierra para campesinos y campesinas”. También celebra el compromiso del gobierno de otorgar al menos el 30% de los títulos de propiedad a mujeres productoras.

Políticas agroecológicas

En el ámbito de la agroecología —concepto clave impulsado por el movimiento campesino internacional—, el Sr. Nakande señala que “a nivel de la Asamblea Nacional y del Senado se ha creado una comisión conjunta para abordar los desafíos relacionados con la promoción de la agroecología. En la misma línea, se ha aprobado una ley que promueve el uso de insumos biológicos”.

En su estrategia nacional (SND-AE 2023-2027), el gobierno apoya la intensificación de prácticas agroecológicas en colaboración con organizaciones campesinas, con el fin de garantizar de forma sostenible la seguridad alimentaria y nutricional en un contexto marcado por crisis climáticas: disminución de las lluvias, degradación de suelos y recursos hídricos, pérdida de biodiversidad, sequías, inundaciones, etc.

Otro gran eje es la demanda de abandono progresivo de pesticidas químicos impulsada por actores rurales. Para ello, se han abierto nuevos espacios de diálogo y negociación. La Sra. Ouandegma destaca una “voluntad compartida, tanto del movimiento rural como de las autoridades, de orientar decididamente al país hacia una transición agroecológica tangible”.

Protección de las semillas campesinas

En cuanto a los recursos fitogenéticos y la protección de las semillas campesinas, el Sr. Nakande observa avances positivos. En primer lugar, la “creación de una comisión dedicada a los recursos fitogenéticos, que ofrece un marco político para promover las propuestas campesinas”. En segundo lugar, la adopción de una nueva ley agropastoral que reconoce el estatus de agricultor/campesino y refuerza la protección del derecho a las semillas. “Esta ley sienta las bases de un marco favorable para la conservación de semillas, en particular mediante la creación de una base de datos dedicada”. Según él, se trata de un verdadero salto cualitativo: “a partir de ahora, cada campesina/o podrá participar activamente en la preservación del sistema alimentario local y en el mantenimiento de la biodiversidad”.

Una dialéctica en curso

Es evidente que el campesinado debe constituir una fuerza política central en el proceso de transformación social, económica y política de Burkina Faso. Este proceso se hará con él o no se hará. Sin embargo, todo proceso de transformación política conlleva inevitablemente trayectorias dialécticas, marcadas por tensiones internas y contradicciones constantes, más aún en un país como Burkina Faso. No obstante, la mayoría de los análisis externos tienden a ignorar esta complejidad, en favor de juicios simplistas, descontextualizados y a menudo eurocéntricos.

Todo proceso político transformador que aspire a ser progresista necesita debate democrático. Las críticas internas y externas —si son constructivas y no responden a lógicas imperialistas— pueden y deben contribuir a orientar este proceso hacia una verdadera emancipación popular y a corregir el rumbo si es necesario. Lo que ocurre en Burkina Faso es un intento inédito de renovación panafricana, centrado en un modelo de desarrollo autocentrado y autodeterminado, en un continente que sigue sufriendo el yugo neocolonial. En este contexto, el gobierno de Traoré cuenta con un apoyo popular considerable, especialmente de movimientos sociales rurales y de la juventud, que rechazan la fatalidad neocolonial y reclaman soberanía nacional y popular.

No se trata de idealizar. Pero, en un mundo aún estructurado por profundas relaciones de dominación neocolonial, todo intento de liberación nacional merece ser examinado y acompañado, especialmente si está impulsado por las clases populares y los movimientos sociales de base. En este tipo de procesos, la única garantía real contra retrocesos es un diálogo pedagógico entre las fuerzas populares y el gobierno. El desafío permanente, para el CETIM, es seguir siendo una plataforma para la soberanía popular, arraigada en el apoyo de las masas y no aislada de ellas.

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Los Pueblos Indígenas y los movimientos sociales reafirman su unidad y su apoyo a los organizadores de la CIRADR+20, pero rechazan la declaración de la conferencia en la ceremonia de clausura

Por La Via Campesina (28 Febrero 2026)

Comunicado del Comité Internacional de Planificación para la Soberanía Alimentaria (CIP)

CARTAGENA DE INDIAS, 28/02/2026 – En la sesión de clausura de la Conferencia Internacional sobre Reforma Agraria y Desarrollo Rural (CIRADR+20), los Pueblos Indígenas y los movimientos sociales, representados por el Comité Internacional de Planificación para la Soberanía Alimentaria (CIP)*, emitieron una contundente declaración política afirmando su “unidad irreductible” frente a los ataques continuos contra sus derechos.

Los movimientos expresaron su agradecimiento a los Gobiernos de Colombia y Brasil por volver a situar la reforma agraria en la agenda del diálogo político internacional y por incluir sus voces en el proceso de la conferencia. También destacaron la necesidad de que los gobiernos y los pueblos del Sur Global se mantengan unidos en defensa del derecho internacional y de los derechos humanos, señalando que Irán enfrenta actualmente lo que describen como otro ataque imperialista.

La declaración del CIP reafirmó que los derechos de los Pueblos Indígenas y de los campesinos están firmemente reconocidos en el derecho internacional, incluidos los instrumentos adoptados por la Asamblea General de las Naciones Unidas, como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (DNUDPI) y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales (UNDROP). El CIP rechazó cualquier intento de retroceder en estos derechos reconocidos.

Una preocupación central planteada fue la equiparación de los Pueblos Indígenas con el concepto vago de “comunidades locales”, repetido múltiples veces en la declaración de los gobiernos presentada al plenario. Si bien reconocieron la importancia de la Conferencia, los movimientos afirmaron que “no pueden aceptar la declaración” adoptada al concluir la misma. Se comprometieron a seguir participando en los procesos de seguimiento para garantizar que sus derechos sean respetados, protegidos y garantizados.

Las organizaciones de Pueblos Indígenas articuladas en CIP a través del Consejo Internacional de Tratados Indios (IITC) subrayaron que que los tres mecanismos de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas han distinguido claramente las características únicas, los orígenes y el estatus jurídico de los derechos de los Pueblos Indígenas, y advirtieron que agruparlos con comunidades indefinidas socava esas protecciones. Preocupaciones similares fueron expresadas por los pueblos pescadores, los pastores nómadas, los campesinos, los trabajadores rurales y las comunidades móviles y artesanales cuyos derechos territoriales y de movilidad deben ser reconocidos explícitamente.

La declaración llamó a una reforma agraria del siglo XXI que sea inclusiva de los Pueblos Indígenas, campesinos, pueblos pescadores, pastores, mujeres, jóvenes, personas con diversidad de género, comunidades afrodescendientes, agricultores familiares y trabajadores rurales. Subrayó que la reforma agraria debe ir más allá de la redistribución de la tierra para abarcar bosques, océanos, ríos, tierras de pastoreo y rutas migratorias. Redistribución, Reconocimiento, Restitución y Regulación deben conformar los ejes mutuamente reforzadores de una reforma agraria integral, atendiendo a las distintas realidades que existen en todo el mundo. La soberanía alimentaria y la agroecología, afirmaron, deben ser pilares centrales de esta transformación. La estrategia y los pasos concretos hacia una reforma agraria transformadora están expuestos en el documento de posición del CIP lanzado antes de la CIRADR+20.

La declaración concluyó con un llamado a todos los gobiernos a entablar un diálogo de buena fe sobre los derechos de los Pueblos Indígenas, los derechos de los pueblos pescadores y de los pastores nómadas, los derechos de las mujeres y la agroecología.

“La reforma agraria, la soberanía alimentaria y la justicia social, agraria y ambiental solo se lograrán a través de la lucha”, afirmó la declaración. “Estamos regresando a nuestros territorios para organizar a nuestros pueblos y defender el futuro de nuestras comunidades y de la Madre Tierra”.

* QUIÉNES SOMOS: El Comité Internacional de Planificación para la Soberanía Alimentaria

El Comité Internacional de Planificación para la Soberanía Alimentaria (CIP) es una plataforma mundial autónoma y autoorganizada de organizaciones de productores de alimentos a pequeña escala y trabajadores rurales, así como de movimientos sociales de base/comunitarios, cuyo objetivo es impulsar la agenda de la Soberanía Alimentaria a nivel mundial y regional. Más de 6000 organizaciones y 300 millones de productores de alimentos a pequeña escala se autoorganizan a través del CIP, compartiendo los principios y los 6 pilares de la Soberanía Alimentaria tal como se establecen en la Declaración de Nyeleni 2007 y su informe de síntesis.

El CIP facilita el diálogo y el debate entre actores de la sociedad civil, gobiernos y otros actores en el ámbito de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición, creando un espacio de discusión autónomo de partidos políticos, instituciones, gobiernos y el sector privado.

La legitimidad del CIP se basa en su capacidad de dar voz a las preocupaciones y luchas que una amplia variedad de organizaciones de la sociedad civil y movimientos sociales enfrentan en su práctica cotidiana de incidencia a nivel local, subnacional, regional y global.

Leer la Declaracion final del CIP

Leer el posicionamiento del CIP sobre la reforma agraria

Leer la nota informativa de la Via Campesina sobre la reforma agraria

Entrevista colaborativa sobre las conclusiones de la CIRADR+20 y del Foro de los Pueblos y de los Movimientos Sociales

La entrada Los resultados de la CIRADR+20 desde la perspectiva de los movimientos rurales e indígenas se publicó primero en Defending Peasants' Rights.

En la víspera de la II Conferencia Intergubernamental histórica sobre reforma agraria y desarrollo rural,  cerca de 300  delegades que representan a campesinxs, Pueblos Indígenas, pescadores artesanales, pastoralistas y trabajadoras rurales—organizadxs a través del Comité Internacional de Planificación para la Soberanía Alimentaria (CIP)—han llegado a Cartagena para el ‘Foro de Pueblos y Movimientos Sociales: Unidxs por la Tierra, el Agua, los Territorios y la Dignidad’, que se llevará a cabo del 22 al 23 de febrero en el Hotel Almirante, Cartagena de Indias.

Este espacio autónomo sirve como un escenario crítico para que nuestros movimientos sociales globales unifiquen nuestra voz antes de que comience la II Conferencia Internacional sobre Reforma Agraria y Desarrollo Rural (CIRADR+20) el 24 de febrero, donde todos los miembros del IPC participarán activamente en las plenarias y paneles oficiales.

Dos décadas después de la primera Conferencia Internacional sobre Reforma Agraria y Desarrollo Rural (CIRADR+20), las crisis en torno a la tierra, el agua, los bosques y los océanos se están intensificando, ya que los recursos se concentran, mercantilizan y deterioran cada vez más.

La primera CIRADR, celebrada en Porto Alegre, Brasil, en 2006 con la participación de estados de todos los continentes, subrayó la importancia de las reformas agrarias redistributivas. También fue un hito en la historiade las Naciones Unidas, ya que puso en marcha un proceso democrático que permitió una participación fuerte y autogestionada de organizaciones que representan a campesinxs, personas sin tierras, Pueblos Indígenas, pescadores y trabajadores de la pesca, pastoralistas, trabajadoras y otras comunidades rurales.

Veinte años después, CIRADR+20 ofrece una oportunidad histórica para reafirmar la importancia de la reforma agraria y el desarrollo rural, hacer un balance de ejemplos transformadores de reforma agraria, actualizar el significado de la reforma agraria y forjar una visión compartida para una transformación popular, feminista, decolonial y eco-social. Demandamos a los estados y a las instituciones internacionales no otra ronda de compromisos voluntarios, sino compromisos reales y acciones concretas, vinculantes y medibles para un cambio estructural.

Desde 2006, hemos llevado a cabo campañas exitosas por marcos normativos globales significativos, incluyendo las Directrices sobre Tenencia (2012), la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (UNDRIP, 2007) y la Declaración de la ONU sobre Derechos Campesinos (UNDROP, 2018).

Estos instrumentos internacionales de derechos humanos afirman que los estados tienen el deber de garantizar el acceso equitativo y el control sobre la tierra, la pesca, los bosques y el agua como parte de la realización de sus derechos a la alimentación, agua, vivienda, trabajo, salud y un nivel de vida adecuado.

Sin embargo, la implementación de políticas, programas y mecanismos que aseguren los derechos de los pueblos rurales y fortalezcan el desarrollo rural sigue siendo profundamente inadecuada.

Los estados, las instituciones de la ONU y las organizaciones de las personas deben evaluar colectivamente lo que se ha hecho y lo que no se ha hecho. Renovar la voluntad política para aplicar estos instrumentos existentes y enfrentar las barreras sistémicas que bloquean su realización. Traducir las obligaciones y compromisos de los estados, así como los principios de derechos humanos, en políticas públicas redistributivas que pongan los territorios bajo el control de quienes alimentan, protegen y cuidan al mundo.

En el centro de las demandas de nuestros movimientos está una comprensión holística de los territorios.

A diferencia de la visión estrecha y tecnocrática de la tierra como un «factor de producción,» el IPC ve los territorios como espacios vivos que encarnan la base espiritual, cultural y material de la soberanía de un pueblo. Defender el territorio es defender los ciclos de cuidado y renovación que sostienen al planeta.

Nuestra visión colectiva de una «Reforma Agraria Integral y Feminista» se basa en el marco de las 4Rs:

• Reconocimiento: Respetar y proteger los sistemas de tenencia colectiva y consuetudinaria, particularmente para Pueblos Indígenas y comunidades marginadas.
• Redistribución: Asegurar la transferencia equitativa de tierras, poder y riqueza a campesinxs sin tierra, mujeres y jóvenes, estableciendo límites a la propiedad de tierras corporativas.
• Restitución y Reparación: Devolver el control a quienes han sido despojadxs por la colonización, los conflictos y los desalojos forzados, incluyendo la liquidación de deudas históricas a naciones indígenas.
• Regulación: Implementar regulaciones estrictas de interés público para limitar la influencia de las fuerzas del mercado y la especulación financiera sobre los bienes naturales.

En este sentido, nuestras demandas principales y propuestas hacia CIRADR+20 son las siguientes:

• Reconocer las Causas Raíz: Los estados deben realizar una evaluación honesta de los factores estructurales que impulsan la crisis actual, incluyendo los fracasos de las reformas basadas en el mercado y el impacto de la militarización y la ocupación.
• Comprometerse a la Transformación Estructural: Rechazar la mercantilización de la naturaleza y avanzar hacia políticas públicas que transfieran el poder de las corporaciones a las personas, prestando especial atención a mujeres, jóvenes y pueblos diversos en género y sexualidad.
• Implementación de Políticas Nacionales: Desarrollar planes de reforma agraria integral y sensibles al género que prioricen los derechos de mujeres, jóvenes y trabajadores sin tierra, especialmente de castas y grupos históricamente oprimidos.
• Responsabilidad Corporativa y Justicia Financiera: Poner fin a las apropiaciones de recursos por parte de corporaciones y «desfinanciar» la tierra y el agua, sacándolas de la lógica de los mercados especulativos.
• Mecanismos de Monitoreo Fuertes: Fortalecer el papel del CFS en el monitoreo de la implementación de las Directrices sobre Tenencia y los resultados y compromisos de CIRADR+20. Los resultados de CIRADR+20 deben informarse a todas las instituciones relevantes de la ONU, incluyendo el Sistema de Derechos Humanos de la ONU, las Convenciones de Río (CDB, UNFCCC y UNCCD), UNCTAD, IFAD, UNDP, etc. Establecer observatorios internacionales, nacionales y regionales para monitorear el progreso y reformar el Observatorio Global de Tierras de la FAO en una plataforma participativa para datos liderados por la comunidad.

Nuestro documento de posición captura estas demandas en toda su complejidad y detalle (English, Español, Français)

La lucha por la reforma agraria hoy es inseparable de la lucha contra el colapso ecológico y la expansión imperialista. En Cartagena, los movimientos sociales del mundo se mantienen firmes:

¡Control popular sobre la tierra, el agua y los territories YA!

¡Reforma Agraria Popular Ya!

Declaración final del Foro de Pueblos y Movimientos Sociales: Unidxs por la Tierra, el Agua, los Territorios y la Dignidad :

La entrada CIRADR+20 debe ir más allá de soluciones tecnocráticas para implementar una reforma agraria real e integral: Movimientos Sociales Globales en Cartagena se publicó primero en Defending Peasants' Rights.

En un escenario regional atravesado por una crisis multidimensional —marcada por el avance del agronegocio, la criminalización de las luchas populares y el debilitamiento de los derechos colectivos— el campesinado continúa siendo uno de los sujetos más vulnerados y, al mismo tiempo, uno de los más estratégicos para la soberanía alimentaria, la defensa de los territorios y la justicia social. En este contexto, la implementación efectiva de la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales (UNDROP) se vuelve una tarea urgente y profundamente política.

Con el objetivo de fortalecer este proceso, la CLOC–Vía Campesina ha impulsado la creación de un Observatorio de derechos campesinos, una iniciativa pensada como herramienta de articulación, monitoreo, visibilización y apoyo a las luchas rurales en América Latina y el Caribe.

En esta entrevista, Diego Monton, dirigente y referente del Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI)-Somos Tierra de Argentina y de la CLOC–Vía Campesina, profundiza en los objetivos, alcances y desafíos de este nuevo instrumento colectivo, así como en su potencial para respaldar las luchas campesinas, incidir en las políticas públicas y fortalecer la organización popular.

¿Cuáles son los objetivos centrales de este nuevo Observatorio? ¿Y cómo esperan pueda fortalecer las luchas populares en las zonas rurales e influir en las políticas públicas en materia de derechos campesinos en América Latina y el Caribe?

El Observatorio es una iniciativa que pretende ser un instrumento fundamentalmente de la CLOC y de La Via Campesina en América Latina, pero también de otras organizaciones aliadas. Además, queremos que sea también un insumo para el propio Grupo de trabajo de expertos de la ONU sobre UNDROP, en tanto ponga a disposición información relevante de lo que va corriendo en cada uno de los países.

El objetivo central es por ende, por un lado, visibilizar las situaciones de vulneración de derechos campesinos en los países y en la región, pero también hacer hincapié en las experiencias positivas, en dos niveles. Por un lado, en torno a legislaciones y políticas públicas que se basan en la UNDROP y van convirtiendo los derechos planteados en acciones concretas de los Estados. Por otro lado, visibilizando las iniciativas propias de las organizaciones rurales, como acciones concretas y que permiten garantizar derechos al campesinado.

El Observatorio, además, quiere ofrecer una herramienta de consulta para las organizaciones: un espacio en el que se pongan a disposición, desde la perspectiva de la propia Declaración, diversos estudios e informes. Queremos producir información y proporcionar análisis y conocimientos que sean de rápido acceso y que sirvan como base para la formulación de políticas públicas y legislaciones. A través de la construcción de nexos entre las organizaciones, el colectivo de derechos campesinos de la CLOC y el propio Grupo de expertos de la ONU, el Observatorio servirá a dar un seguimiento sistematizado del proceso de promoción e implementación de la UNDROP.

En un contexto de crisis multidimensional sistémica, marcada por una ofensiva frontal de las élites dominantes que copan con el auge del neofascismo, la situación en las zonas rurales es de más en más conflictiva: ¿cómo contribuirá el Observatorio a visibilizar y defender los derechos campesinos frente a prácticas depredadoras del agronegocio (acaparamiento de tierras, los transgénicos o la criminalización de protestas)?

El Observatorio tiene que poder dialogar con las luchas campesinas y contribuir a fortalecerlas. De hecho, en estos contextos de crisis, la estrategia de algunos Estados o del propio capital financiero del agronegocio es estigmatizar la vida y el trabajo campesino.

La UNDROP permite legitimar el papel del campesinado, no sólo consagrando sus derechos, sino reconociendo el papel que cumple en favor de la soberanía alimentaria, contra el cambio climático y el fenómeno de la migración.

Más derechos campesinos significa también más derechos para las y los trabajadores de todos los países y nos proponemos contribuir desde la comunicación y el acceso a información, de manera a fortalecer los espacios de negociación de las organizaciones. Estamos convencidos de que el principal instrumento que tiene el campesinado en América Latina es la movilización, la lucha y la organización activa. El Observatorio pretende justamente acompañar esos procesos, pero también acompañar a aquellas instituciones públicas que tienen buenas intenciones y que van a poder encontrar, además de información específica, experiencias concretas sobre las cuales poder crear o desarrollar nuevas iniciativas.

Además, vamos a tener círculos académicos aportando y nutriéndose del Observatorio. Y como dije antes, el propio Grupo de trabajo de expertos de la ONU sobre la UNDROP se ha comprometido a contribuir con informes y artículos para el Observatorio, y a utilizar sus informes para alimentar la incidencia a nivel internacional.

¿Qué estructura y cuáles herramientas y metodologías presenta el Observatorio para monitorear y documentar? Y también, ¿qué tipo de datos o indicadores considerarán clave para su evaluación?

Bueno, en esta primera etapa la estructura es muy sencilla, con un staff reducido en términos de la coordinación del Observatorio y algunas personas sistematizadoras. Se está trabajando en articulación con la CLOC, en función de distintas experiencias de investigación participativa, en articulación con la Alianza Biodiversidad, organizaciones de derechos humanos de la región y otras redes.

La apuesta es que sea un trabajo en red cooperativa que permita sumar esfuerzos y visibilizar muchas cosas que se están haciendo y publicando en varios espacios.

Hay agencias de noticias de la situación en el campo en distintos países que van haciendo sus trabajos y apuntamos a poder sistematizar y centralizar, de una manera complementaria, todo ese trabajo que se viene haciendo en paralelo.

También estamos trabajando para fortalecer la parte financiera del Observatorio, de manera a poder establecer un grupo de investigación propio que permita identificar las principales experiencias de las cuales nos vamos nutriendo, para poder profundizar el nivel de investigación y contar después con un buen manual de políticas públicas asociadas a la UNDROP. Esto tiene que permitir que cada vez que hayan avances en términos institucionales, se puedan obtener rápidamente ideas y protocolos de acción para avanzar en una implementación institucional de la UNDROP, como así también para el trabajo parlamentario en todos aquellos países que todavía necesitan profundizar y adaptar su legislación a la misma.

¿De qué manera las organizaciones rurales y sus aliados — como el sitio web Defendiendo los Derechos Campesinos — pueden colaborar con este nuevo observatorio?

Hay una dirección de correo electrónico, observatorioderechoscampesinos@gmail.com, en la cual se puede entrar en contacto con la coordinación del observatorio y enviar informes, artículos y propuestas.

Además de eso, en América Latina, dentro del colectivo de derechos campesinos, se ha ido construyendo una red para que los agregados de los países estén trabajando en poner el Observatorio en línea. O sea que la propia orgánica de la CLOC también es un mecanismo.

Esperamos también que podamos construir una colaboración fructuosa con el sitio web Defendiendo los Derechos Campesinos, para reforzarse mutuamente y avanzar hacia la realización de los derechos fundamentales de los pueblos del campo.

La entrada El Observatorio de derechos campesinos: una herramienta clave para la implementación de la UNDROP en América Latina se publicó primero en Defending Peasants' Rights.

La Red de Mujeres Rurales del Ecuador se ha propuesto analizar las realidades que afectan la vida en sus territorios a la luz de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Campesinas, los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en Zonas Rurales (UNDROP). Esta declaración constituye una herramienta sustantiva para las mujeres rurales, en tanto garantiza derechos fundamentales que habilitan condiciones adecuadas para sostener una vida digna en los territorios donde ellas cuidan y reproducen la vida. Contar con este instrumento resulta particularmente imprescindible en el actual contexto adverso que atraviesa el país.

Los trabajos remunerados y no remunerados que las mujeres rurales realizan generan las condiciones adecuadas para que la vida humana, la naturaleza y la capacidad organizativa continúen reproduciéndose. En consecuencia, cuando ellas ejercen plenamente los derechos reconocidos en la UNDROP y en la Constitución de la República del Ecuador (CRE) y, cuentan con las condiciones de dignidad requeridas, esa dignidad se traslada también a los espacios en los que intervienen cotidianamente. Las mujeres rurales son abridoras de caminos; con su trabajo “arando la tierra”, de múltiples maneras, hacen posible que la vida permanezca y siga brotando en sus entornos, aun en medio de las adversidades estructurales y coyunturales. Por esta razón, es imperativo que sean reconocidas como sujetas de especial protección: las mujeres rurales deben ser plenamente reconocidas como sujetas de derechos.

Este informe fue elaborado por la Red de Mujeres Rurales del Ecuador mediante un proceso colectivo y participativo, con el propósito de visibilizar y denunciar las vulneraciones que enfrentan; se trata de un ejercicio para nombrar, denunciar y amplificar violencias comúnmente acalladas, así como para construir espacios de fortalecimiento, reflexión y unidad organizativa. A partir de sus voces, conocimientos y experiencias, las mujeres rurales priorizaron el análisis de cuatro derechos consagrados en la UNDROP que se encuentran gravemente afectados y comprometen su capacidad de subsistencia: 1) tierra y territorio; 2) alimentación y nutrición adecuada; 3) no discriminación; y 4) ambiente y agua.

El documento se estructura en cuatro apartados: primero, un breve análisis de contexto; segundo, una argumentación respecto al carácter vinculante de la UNDROP en el marco de la CRE; tercero, el examen de los cuatro derechos priorizados, que incluye una contextualización de su situación y un análisis del marco jurídico aplicable en la UNDROP y en la CRE; y finalmente, un conjunto de recomendaciones dirigidas al Estado ecuatoriano.

En la elaboración de este informe participaron organizaciones de la Red de Mujeres Rurales del Ecuador, con el apoyo de FIAN Ecuador en la facilitación y sistematización del proceso.

Informe completo:

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Defendiendo los Derechos Campesinos republica por la presente el Manifiesto Público que lanza el Movimiento Internacional de los Pueblos Afectados por Represas, Crímenes Socioambientales y la Crisis Climática. Este nuevo movimiento internacional fue creado en el IV Encuentro Internacional de Comunidades Afectadas por Represas y la Crisis Climática, realizado en Belém, Brasil, en noviembre de 2025, tras más de una década de colaboración y esfuerzos coordinados por parte de movimientos sociales de distintas regiones del mundo.

El Movimiento Internacional de los Pueblos Afectados por Represas, Crímenes Socioambientales y la Crisis Climática surge para unirse a los pueblos rurales y a otros grupos sociales en sus luchas por los derechos humanos y la justicia socioambiental. Como titulares de derechos de la UNDROP, los pueblos rurales suelen encontrarse entre los más afectados por los mismos problemas que este nuevo movimiento combate. Por ello, el movimiento representa una plataforma internacional clave para movilizar estrategias de incidencia que promuevan la implementación de la UNDROP como una herramienta concreta para proteger los derechos de los pueblos rurales afectados por crímenes socioambientales.

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