(Ginebra, 16 de septiembre de 2026) — La Vía Campesina, con el apoyo de CETIM y FIAN Internacional, se encuentra en Ginebra del 12 al 19 de septiembre para participar en el 63.º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (CDH), que se celebra del 7 de septiembre al 7 de octubre de 2026.

Este 63.º período de sesiones es especialmente importante para nosotrxs, como campesinado, ya que los Estados miembros de la ONU examinarán la renovación del mandato del Grupo de Trabajo de Expertos sobre los Derechos de los Campesinos y Otras Personas que Trabajan en Zonas Rurales. El mandato de tres años del Grupo de Trabajo, que comenzó en 2023, llega a su fin en octubre.

Por lo tanto, es fundamental que los Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos apoyen y voten a favor de la renovación del mandato.

¿Por qué es importante para nosotrxs la UNDROP?

La UNDROP es muy importante para nosotrxs porque luchamos por su adopción para proteger los derechos y el papel del campesinado y otras personas que trabajan en zonas rurales. Son quienes alimentan a la población, preservan la biodiversidad, protegen los ecosistemas y sostienen las economías y culturas locales.

La UNDROP proporciona un marco de derechos humanos reconocido internacionalmente que respalda medidas como la reforma agraria integral, la protección y el fortalecimiento de los sistemas tradicionales de semillas y la promoción de la producción alimentaria local. Refuerza la legitimidad de los Estados a la hora de adoptar políticas que protejan al campesinado y respalden la soberanía alimentaria.

La Declaración permite también alzar la voz a los países y comunidades cuyas economías siguen siendo en gran medida rurales.

Como explica Elizabeth Mpofu, campesina de Zimbabue:

«Las comunidades rurales y el campesinado producen más del 80 % de los alimentos que consumimos. Es más, nosotras, especialmente las mujeres, somos la columna vertebral de los mercados locales de alimentos, ya que suministramos una amplia diversidad de productos que no se encuentra en los supermercados ni en las tiendas. Esto permite a nuestros gobiernos estar más libres para centrarse en otras necesidades urgentes de desarrollo social, físico y económico. A través de nuestros sistemas de semillas campesinas, hemos creado economías rurales dinámicas, generado empleo para millones de personas y educado a nuestrxs hijxs.

Mi historia es la historia de miles de millones de mujeres rurales que desempeñan un papel importante en la reproducción social del trabajo y en la lucha contra el hambre, la malnutrición, el desempleo y la pobreza en todo el mundo.»

Nuestra misión en Ginebra

Nuestra misión aquí es continuar con la labor de incidencia que iniciamos hace casi treinta años, cuando pusimos en marcha este proceso de reconocimiento de los derechos campesinos a escala internacional.

La delegación de LVC se reunirá con las misiones de los Estados miembros del CDH de la ONU y colaborará con ellas para abogar por la renovación del mandato del Grupo de Trabajo de Expertos sobre la UNDROP.

El Grupo de Trabajo es fundamental para garantizar la continuidad de los esfuerzos internacionales destinados a impulsar la aplicación de la UNDROP. Fomenta el diálogo, la cooperación y la capacitación entre los Estados, lxs expertxs independientes y lxs titulares de derechos de la UNDROP.

El Grupo de Trabajo también garantiza que las realidades y las luchas del campesinado y otras personas que trabajan en las zonas rurales sigan estando representadas en el sistema de la ONU. Su labor refuerza la lucha por la soberanía y la seguridad alimentarias.

Defensa del derecho a las semillas

Durante su estancia en Ginebra, los delegados de LVC participarán y contribuirán a un evento paralelo y una conferencia pública sobre el derecho a las semillas, tras la presentación, hoy mismo, del informe del Grupo de Trabajo de la UNDROP sobre el Derecho a las Semillas ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

Consulta aquí el informe

El Derecho a las Semillas es fundamental para la lucha por los derechos campesinos, la soberanía alimentaria y la agroecología. Los sistemas de semillas campesinas, construidos a lo largo de generaciones de conocimiento, intercambio y gestión colectiva, son esenciales para proteger la biodiversidad, mantener los sistemas alimentarios locales y reforzar la autonomía de las comunidades rurales.

Para La Vía Campesina, renovar el mandato del Grupo de Trabajo no se trata simplemente de mantener un mecanismo de la ONU. Se trata de garantizar que las voces, los derechos y las luchas de los campesinos sigan siendo visibles y reconocidos dentro del sistema internacional de derechos humanos.

¡Globalicemos la lucha! ¡Globalicemos la esperanza!

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La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales (UNDROP) se está convirtiendo cada vez más en un instrumento normativo y político clave para transformar los sistemas alimentarios y agrícolas, en particular en el Sur Global. En un contexto de creciente concentración corporativa, mercantilización y dependencias externas, la UNDROP ofrece un marco para fortalecer los derechos campesinos, la soberanía alimentaria y el control democrático sobre el desarrollo rural.

Su creciente influencia es el resultado tanto de la apropiación por parte de las bases, en el seno de las organizaciones campesinas y rurales, como de su progresiva integración en los marcos jurídicos internacionales y nacionales. Los mecanismos de derechos humanos de la ONU, los tribunales, los órganos legislativos y las instituciones públicas recurren cada vez más a la UNDROP para interpretar derechos y elaborar políticas relativas a la tierra, las semillas, la alimentación, la salud, el clima y los medios de vida rurales. Los recientes avances en países como Honduras, Colombia, Kenia, Ecuador y Brasil ilustran este giro hacia la aplicación práctica.

Para el Sur Global, la UNDROP ofrece una oportunidad estratégica para fortalecer la soberanía alimentaria y agrícola, apoyar las vías agroecológicas, proteger la biodiversidad y las prácticas tradicionales, y reducir la dependencia de los mercados mundiales. Su aplicación efectiva requiere una movilización política sostenida, un compromiso institucional y una mayor cooperación entre los Estados, los organismos de derechos humanos, las y los profesionales del derecho y titulares de derechos.

En la coyuntura internacional actual, marcada por una crisis sistémica y multidimensional, los sistemas alimentarios y agrícolas se han convertido en espacios estratégicos donde los actores económicos dominantes (las empresas transnacionales, el sector del agronegocio y los agentes financieros), aprovechando una arquitectura jurídica internacional asimétrica que rige el comercio y la propiedad intelectual, persiguen estrategias destinadas a consolidar su influencia y control sobre las cadenas alimentarias. Estas estrategias tienen como objetivo principal asegurar el acceso a los recursos y mercados dentro de un marco más amplio de mercantilización generalizada y maximización de los beneficios. Dentro de este complejo panorama internacional, sin embargo, también existen motivos para un prudente optimismo. En particular, una tendencia perceptible y creciente señala la progresiva consolidación de la UNDROP como una referencia normativa clave tanto a nivel nacional como internacional. Si bien los desafíos para su aplicación integral y efectiva siguen siendo considerables, es igualmente evidente que la UNDROP se está convirtiendo en un punto de anclaje crucial para decisiones, leyes, políticas públicas, debates e incluso negociaciones en diversos mecanismos y espacios multilaterales. Esta creciente relevancia no es casual; es el resultado de un proceso dinámico de socialización, promoción y desarrollo de capacidades que va más allá del respaldo formal, transformando la Declaración en una herramienta viva para promover los derechos que consagra.

Apropiación social y legitimidad desde las bases

Uno de los principales motores de este progreso es el proceso de apropiación de la UNDROP por parte de sus propios titulares de derechos. Esto ha fortalecido su legitimidad y ha garantizado que la Declaración funcione como una palanca tanto jurídica como política para reclamar derechos, monitorear situaciones y entablar un diálogo significativo con las autoridades públicas a fin de orientar las leyes nacionales y las políticas públicas.

Lejos de ser un instrumento abstracto, la UNDROP es utilizada activamente por las comunidades campesinas y las organizaciones rurales como un marco normativo para estructurar sus demandas y estrategias. Esta dinámica refuerza su carácter transformador y su capacidad para influir en realidades concretas y marcos institucionales. Así, los derechos humanos dejan de ser nociones abstractas y se convierten en herramientas prácticas para la acción, fundamentadas en las realidades vividas, los conocimientos y las formas colectivas de organización de las comunidades.

El papel de los mecanismos y órganos internacionales de protección de los derechos humanos

El Grupo de Trabajo de Expertos de las Naciones Unidas sobre la UNDROP ha desempeñado un papel central en la promoción de la Declaración, en la clarificación y el avance de su aplicación. A través del diálogo con los Estados y otros actores, la elaboración de orientaciones interpretativas y la difusión de su narrativa en los espacios multilaterales pertinentes, este mecanismo de la ONU ha contribuido de manera significativa a posicionar la Declaración dentro del sistema internacional de derechos humanos.

Más allá del Grupo de Trabajo de Expertos, varios mecanismos de derechos humanos de la ONU han contribuido a fortalecer la interpretación y visibilidad de la UNDROP. Por ejemplo, los Relatores Especiales sobre el derecho a la alimentación han desempeñado un papel clave en la integración de los principios de la Declaración en debates más amplios sobre los sistemas alimentarios, enfatizando los derechos a la tierra, a las semillas y a la soberanía alimentaria (https://www.ohchr.org/en/special-procedures/sr-food/annual-thematic-reports). De manera similar, el Relator Especial sobre los derechos humanos y el medio ambiente ha destacado la relevancia de la UNDROP en el contexto del cambio climático y la protección ambiental, reforzando el papel del campesinado, de las comunidades pesqueras artesanales, de los pastores, las comunidades nómadas y los Pueblos Indígenas como guardianes de los recursos naturales.

Los órganos creados en virtud de los tratados de la ONU también han impulsado este proceso. En particular, la Observación General No. 26 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales sobre la tierra refleja principios fundamentales de la UNDROP, incluyendo el acceso seguro y equitativo a la tierra y el reconocimiento de los sistemas de tenencia consuetudinarios (https://www.ohchr.org/en/documents/general-comments-and-recommendations/ec12gc26-general-comment-no-26-2022-land-and). En un sentido más amplio, las observaciones finales abordan cada vez más cuestiones centrales de la Declaración, contribuyendo a su consolidación normativa dentro del sistema internacional de derechos humanos.

De igual forma, la labor del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) ilustra un avance gradual hacia la convergencia entre los derechos de las mujeres y los derechos de las mujeres rurales. Aunque la Recomendación General No. 34 sobre las mujeres rurales (2016) precedió a la adopción de la UNDROP en 2018, anticipa en gran medida sus preocupaciones al enfatizar el derecho a la tierra, el acceso a los recursos naturales y la seguridad alimentaria para las mujeres rurales. Desde la adopción de la UNDROP, la CEDAW ha recurrido cada vez más a este instrumento en sus observaciones finales dirigidas a los Estados. En estas instancias, la UNDROP sirve como un marco interpretativo complementario para fortalecer las obligaciones de los Estados con respecto a la no discriminación, particularmente en lo que respecta al acceso de las mujeres rurales a la tierra, a los medios de vida y a la participación en los procesos de toma de decisiones. Por lo tanto, la UNDROP se está integrando gradualmente en la práctica de la CEDAW como un instrumento de referencia, contribuyendo a una comprensión ampliada de los derechos de las mujeres rurales.

De la retórica a la práctica: avances jurisprudenciales y legislativos

Un número creciente de Estados reconoce el valor de la UNDROP como una herramienta práctica para proteger a las poblaciones rurales y cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos. Esta creciente apertura está creando condiciones favorables para su progresiva integración en los marcos jurídicos y las políticas públicas.

Jurisprudencia y casos legales
La consolidación de la UNDROP se refleja en desarrollos jurisprudenciales concretos en diferentes países. Los tribunales nacionales utilizan cada vez más la Declaración como una fuente normativa legítima para interpretar la legislación nacional y respaldar las decisiones judiciales. Estas prácticas institucionales positivas demuestran cómo los aparatos estatales en su conjunto están alineando sus marcos nacionales con las normas internacionales de derechos humanos para proteger los derechos campesinos, la alimentación, la biodiversidad, la salud, entre otros (https://defendingpeasantsrights.org/en/home/).

La decisión de 2018 de la Corte Suprema de Honduras representa un hito en este sentido. Al declarar inconstitucional la llamada «Ley Monsanto», la Corte se basó explícitamente en el artículo 19 de la UNDROP (el derecho a las semillas), afirmando que los sistemas campesinos de semillas están protegidos por las normas internacionales de derechos humanos. El fallo enfatizó que criminalizar la conservación y el intercambio de semillas socava tanto las prácticas culturales como la soberanía alimentaria, marcando una de las primeras aplicaciones judiciales directas de la Declaración (https://defendingpeasantsrights.org/en/honduras-supreme-court-uses-undrop-article-19-on-the-right-to-seeds-to-declare-unconstitutional-the-monsanto-law/).

Esta tendencia jurisprudencial ha continuado y se ha expandido. En 2020, la Corte Interamericana de Derechos Humanos comenzó a articular la complementariedad entre los derechos de los Pueblos Indígenas y los de las y los campesinos en Argentina, señalando una importante evolución hacia una comprensión más inclusiva de los derechos colectivos en contextos rurales. Este caso marca un hito a este respecto, ya que la Corte utilizó explícitamente tanto la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas como la UNDROP, estableciendo puentes interpretativos entre ambos marcos (https://defendingpeasantsrights.org/en/inter-american-court-of-human-rights-first-case-law-on-the-links-between-the-declarations-on-the-rights-of-peasants-and-indigenous-peoples/).

En Canadá, un desarrollo importante ilustra otro caso de cómo la UNDROP se utiliza como una herramienta interpretativa persuasiva. En 2020, el Tribunal Superior de Justicia de Ontario se basó en el artículo 23 de la Declaración (derecho a la salud) en un caso relacionado con trabajadores agrícolas migrantes expuestos a condiciones de vida inseguras y de hacinamiento durante la pandemia de COVID-19. De manera significativa, el Tribunal reconoció a la UNDROP como parte del cuerpo más amplio de normas de derechos humanos que pueden informar la interpretación del derecho interno. Este caso demuestra la relevancia jurídica práctica de la Declaración incluso en Estados que no la han apoyado y destaca su potencial para respaldar el litigio estratégico destinado a fortalecer la protección de las y los trabajadores rurales (https://defendingpeasantsrights.org/en/interview-of-jessie-macinnis/).

En Colombia, la Corte Constitucional ha abierto nuevos caminos al vincular los derechos campesinos con el cambio climático y la vulnerabilidad ambiental. En una decisión histórica de 2025 relativa a personas campesinas desplazadas por desastres naturales, la Corte los reconoció como sujetos de especial protección constitucional y destacó la obligación del Estado de adoptar medidas diferenciadas que aborden sus vulnerabilidades específicas (https://defendingpeasantsrights.org/en/colombia-constitutional-court-decision-protects-peasants-displaced-by-natural-disasters/).

Finalmente, en Kenia, una decisión histórica de la Corte Suprema en noviembre de 2025 anuló disposiciones de la legislación nacional sobre semillas que en la práctica criminalizaban las prácticas tradicionales de semillas. La Corte concluyó que estas medidas violaban las protecciones constitucionales y eran incompatibles con los estándares internacionales, incluida la UNDROP (artículo 19). Es importante destacar que el fallo reconoció a los sistemas campesinos de semillas no simplemente como actividades económicas, sino como parte integral de la identidad cultural, la biodiversidad y la resiliencia (https://defendingpeasantsrights.org/en/landmark-victory-for-kenyan-peasants-and-seed-sovereignty/).

Innovaciones legislativas y de políticas públicas
En el ámbito legislativo y de las políticas públicas, la UNDROP sirve cada vez más como referencia para el desarrollo de marcos jurídicos innovadores.

En Colombia, la reforma constitucional del artículo 64 adoptada en julio de 2023 representa un hito histórico. Si bien mantiene la obligación del Estado de apoyar el acceso a la tierra y el desarrollo rural, la reforma va más allá al reconocer explícitamente al campesinado como sujeto de derecho y de especial protección. Afirma su identidad distintiva, arraigada en su relación con la tierra, la producción de alimentos y la territorialidad, y lo reconoce como sujeto político. Este logro, resultado de una larga movilización de las organizaciones campesinas, crea un mandato constitucional para alinear progresivamente las leyes y políticas nacionales con las disposiciones reflejadas en la UNDROP (https://defendingpeasantsrights.org/en/colombia-recognition-of-peasants-as-subjects-of-rights-interview-with-martha-elena-huertas-moya/).

En Ecuador, la ratificación de la UNDROP por parte de la Asamblea Nacional en 2023, tras una labor de incidencia sostenida por parte de los movimientos campesinos e indígenas, ha fortalecido su papel como marco orientador para los procesos legislativos. Este reconocimiento facilita la integración de los derechos campesinos en las políticas públicas y refuerza la legitimidad de la Declaración dentro del ordenamiento jurídico interno (https://defendingpeasantsrights.org/en/ecuadorian-peasants-win-ratification-of-undrop-by-their-legislative-assembly/).

En Brasil, el Consejo Nacional de Derechos Humanos adoptó en 2025 una importante resolución que reconoce a la UNDROP como una norma clave para la protección de las poblaciones rurales. La medida exige su aplicación transversal en todas las políticas públicas y alienta a las instituciones estatales a alinear sus acciones con la Declaración, marcando un paso importante hacia su institucionalización a nivel nacional (https://defendingpeasantsrights.org/en/brazil-national-council-for-human-rights-adopts-key-regulation-to-advance-the-implementation-of-undrop/).

En Cuba, diversas iniciativas adoptadas desde la Declaración reflejan un esfuerzo sistemático por traducir sus disposiciones en políticas públicas concretas (https://defendingpeasantsrights.org/en/report-on-the-promotion-and-implementation-of-the-undrop-in-cuba/). Procesos similares, a menudo impulsados desde las bases, también están surgiendo en países como Nepal, Indonesia, Níger, Congo y Senegal.

Una oportunidad estratégica para el Sur Global

En conjunto, estos desarrollos muestran que la UNDROP se está perfilando como un punto de referencia cada vez más influyente en la gobernanza de los derechos campesinos, rurales y agrarios.

Para los países del Sur Global, este desarrollo representa una oportunidad estratégica que va más allá del mero cumplimiento de los derechos humanos. Al integrar la UNDROP en los marcos jurídicos y las políticas públicas nacionales, los Estados pueden fortalecer la protección de los sistemas alimentarios locales y del campesinado, afirmando así una mayor soberanía sobre la producción de alimentos y las cadenas de valor agrícolas. En un contexto marcado por la creciente concentración del poder de mercado y las dependencias neocoloniales externas, promover la UNDROP como un principio rector para las políticas agrícolas y alimentarias ayudará a reducir la vulnerabilidad ante las crisis mundiales al ampliar el margen de maniobra de las políticas públicas nacionales. En otras palabras, el objetivo es movilizar este marco jurídico para avanzar en la realización del derecho al desarrollo, entendido aquí como el derecho de los pueblos a determinar sus propios sistemas y políticas de desarrollo rural, de manera autodeterminada (https://defendingpeasantsrights.org/en/the-right-to-development-a-leverage-for-food-sovereignty-and-the-un-declaration-on-the-rights-of-peasants-undrop/).

Al mismo tiempo, la UNDROP ofrece un marco coherente para promover vías de desarrollo agroecológico que sean más equitativas y sostenibles en las zonas rurales, en particular a través de sus disposiciones sobre el derecho a las semillas, el medio ambiente, el agua y la biodiversidad. Apoyar las prácticas y tradiciones rurales a pequeña escala no es solo una cuestión de justicia social, sino también una palanca estratégica para promover la protección ambiental y fomentar respuestas adaptativas a la crisis climática.

En este contexto, es importante promover los foros multilaterales como marcos para el diálogo estratégico entre los Estados, así como entre expertos independientes, mecanismos de la ONU y titulares de derechos, con el fin de fomentar el intercambio de experiencias y buenas prácticas. De hecho, es necesaria una dinámica política colectiva para elevar y fortalecer el estatus político de la UNDROP a nivel nacional, de modo que pueda servir de base para la interpretación judicial, particularmente a través de la capacitación de jueces, abogados y funcionarios públicos, así como la armonización de la legislación nacional y las políticas públicas con sus disposiciones.

En este sentido, podemos trazar vínculos directos entre la UNDROP y las demandas históricas más amplias de un Nuevo Orden Económico Internacional (NOEI) y el derecho al desarrollo. La realización de los derechos campesinos y de otras personas que trabajan en las zonas rurales requiere salvaguardar el espacio político de los Estados del Sur Global para que puedan proteger y fortalecer los sistemas alimentarios y agrícolas locales frente a los efectos distorsionadores de las exportaciones agrícolas altamente subsidiadas del Norte Global. Dicho espacio político abarca la capacidad de regular las importaciones, brindar apoyo público a pequeños productores, mantener reservas estratégicas de alimentos y aplicar políticas de desarrollo agrario y rural que respondan a las prioridades nacionales en lugar de a los imperativos del sector agroindustrial transnacional y de los mercados globales liberalizados.

Desde esta perspectiva, los movimientos sociales, las organizaciones de la sociedad civil y los Estados comprometidos pueden movilizar a la UNDROP no meramente como un marco legal de derechos humanos, sino también como una palanca que presupone un orden económico internacional capaz de hacer efectivos esos derechos. Muchas de las limitaciones estructurales identificadas por las y los defensores del NOEI, incluidos los términos de intercambio desiguales y las asimetrías en el poder de toma de decisiones, continúan dando forma a las condiciones bajo las cuales las comunidades rurales buscan ejercer sus derechos. Por lo tanto, la implementación de la UNDROP plantea cuestiones que se extienden más allá de la reforma legal interna hasta abarcar la arquitectura dominante del comercio internacional, la inversión y las finanzas. Sin abordar estas desigualdades estructurales, los derechos consagrados en la Declaración corren el riesgo de seguir siendo, en gran medida, aspiracionales.

Conclusión

La UNDROP ha dejado de ser un instrumento puramente declarativo para convertirse en una herramienta operativa en múltiples niveles. Su creciente uso en los tribunales, la legislación y las políticas públicas refleja un proceso de socialización e institucionalización progresiva que está redefiniendo el lugar de los derechos campesinos y de otras personas que trabajan en las zonas rurales dentro del derecho internacional contemporáneo.

La aplicación de la UNDROP es, por su propia naturaleza, un proceso profundamente político y colectivo. Es a través de la interacción entre la participación popular y la incidencia institucional como se forja una correlación de fuerzas favorable, necesaria para lograr cambios tangibles en el terreno. En este contexto, la UNDROP debe servir como una brújula esencial, una hoja de ruta colectiva, en apoyo de los esfuerzos para democratizar los sistemas alimentarios y agrícolas, pero solo con la condición de que las propias comunidades se apropien de ella y la defiendan activamente, a la luz de sus intereses concretos.

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La inteligencia artificial, controlada por las grandes empresas tecnológicas transnacionales del Norte global, refuerza las estructuras de poder capitalistas y configura la agricultura mundial. La IARAA tiene como objetivo reorientar esta tecnología al servicio al servicio de los pueblos y las comunidades rurales y romper así el monopolio tecnológico. De este modo, contribuye a reforzar la soberanía alimentaria y a construir sistemas agrícolas más justos, democráticos y sostenibles, convirtiendo la tecnología en una verdadera palanca de emancipación y justicia social el campesinado.

Con el fin de comprender mejor este proyecto e inspirar a los movimientos rurales de distintas partes del mundo, la plataforma Defendiendo los Derechos Campesinos realizó la siguiente entrevista con representantes de los movimientos que idearon y desarrollaron esta iniciativa:

1. ¿Qué es la IARAA y cómo surgió la iniciativa dentro de la Marcha Mundial de las Mujeres y del MST?

La IARAA es la Inteligencia Artificial para la Reforma Agraria y la Agroecología, una herramienta creada por los movimientos populares que surge con el propósito de democratizar el conocimiento agroecológico y fortalecer la Reforma Agraria Popular. Nació a partir del Curso de Inteligencia Artificial para Movimientos Populares del Sur Global, que se llevó a cabo en Shanghái, en julio de 2025. En ese momento, además de apropiarse de manera crítica y técnica de las tecnologías relacionadas con la IA, las activistas de los movimientos de diversos países entraron en contacto con el modelo chino de desarrollo tecnológico. Esa experiencia nos llevó a reflexionar sobre la construcción de la lucha por la soberanía tecnológica en nuestros países y a crear herramientas para librar esa batalla.

El Movimiento de los Trabajadores Sin Tierra de Brasil (MST) y la Marcha Mundial de las Mujeres (MMM) participaron en la creación de este curso y, junto con la Asociación Internacional para la Cooperación Popular (Baobab), decidieron crear la IARAA para que sirviera como herramienta para la masificación de la agroecología, el feminismo popular y nuestra perspectiva sobre la soberanía tecnológica en Brasil.

Para construir la base de conocimiento que alimenta la herramienta, reunimos un equipo de especialistas en agroecología provenientes del MST y de la Marcha Mundial de las Mujeres, en representación de todas las regiones de Brasil. Fueron estos compañeros y compañeras quienes definieron los fundamentos conceptuales, políticos y técnicos que orientan las respuestas de la IARAA. Al mismo tiempo, capacitamos a militantes de los propios movimientos en las áreas más técnicas del desarrollo de la IA, particularmente en las arquitecturas de RAG que sustentan la herramienta. No queríamos depender de un equipo técnico externo que no comprendiera el proyecto político, sino formar activistas que entendieran esta apuesta política en todas sus dimensiones. Contamos con el apoyo de aliados internacionalistas con mayor experiencia acumulada en el desarrollo de herramientas de RAG, y esa colaboración fue fundamental.

2. ¿Cómo definen el papel de la IARAA dentro de la estrategia más amplia de la lucha popular por la soberanía alimentaria?

La IARAA no es una herramienta aislada. Es parte de un proyecto estratégico más amplio. Se suma a las diferentes formas de lucha que buscan superar el modelo del agronegocio. Es una herramienta que busca fortalecer la agroecología en los territorios, entendida por los movimientos como una perspectiva estratégica de proyecto político y de enfrentamiento a la crisis ambiental impuesta por el agronegocio. Socializar la acumulación de conocimiento agroecológico constituye una de las tareas fundamentales en esta batalla.

El agente «Semeadura» está dirigido a quienes están en el campo y necesitan una orientación práctica y rápida. El perfil «Mutirão» va más allá: fue desarrollado para apoyar a técnicos, líderes y educadores populares en la organización de procesos participativos y de formación de base, siendo un instrumento de apoyo no solo a la producción, sino a la propia organización popular en los territorios. Por su parte, el perfil «Quintal Produtivo» ofrece una capacidad diferenciada para abordar en profundidad conceptos, debates teóricos y fundamentos políticos de la agroecología, y sirve como referencia para el estudio, la elaboración teórica y la formación de activistas, estudiantes y cuadros de los movimientos.

Al ofrecer un repositorio de conocimiento agroecológico curado por los movimientos, la IARAA contribuye a que cada persona que la utiliza llegue mejor preparada a las visitas técnicas, a los trabajos comunitarios, a las escuelas del campo y a las asambleas. Potencia lo que ya existe y fortalece la lucha por lo que aún queda por conquistar. La IARAA también demuestra, en la práctica, que los movimientos populares son capaces de crear sus propias herramientas tecnológicas. Esto no es poca cosa en un mundo en el que el desarrollo de la inteligencia artificial está concentrado en manos de unas pocas corporaciones transnacionales. Pero sigue siendo una experiencia muy limitada, principalmente por la falta de infraestructura. Superar esta dependencia tecnológica exige una estrategia de soberanía digital popular, que debe ir de la mano de la lucha por la soberanía alimentaria y la soberanía energética.

3. ¿De qué manera la IARAA incorpora una perspectiva feminista y contribuye a enfrentar las desigualdades de género en el acceso a la tecnología y en la producción de conocimiento en el campo?

Nuestra perspectiva no consiste solo en garantizar el acceso de las mujeres a la tecnología, sino en situar a las mujeres como sujetas de la tecnología. Cuando las mujeres no participan en el diseño, el desarrollo y el control de las herramientas digitales, es probable que estas herramientas no respondan a las necesidades de la vida de las mujeres. Esto tiene consecuencias concretas: la mayor parte de las IA comerciales presenta sesgos de género profundos, no reconoce el trabajo no remunerado de las mujeres en la reproducción de la vida cuando piensa en la «economía», y trata la agricultura como si fuera una actividad neutra, sin considerar que la forma en que las mujeres practican la agricultura es específica, diversa y es la que, en gran medida, sustenta la vida.

En la IARAA, abordamos esto en varias dimensiones. Primero, en la base de conocimientos: incluimos un amplio conjunto de materiales sobre feminismo popular y agroecología feminista, para que la herramienta se base en estas elaboraciones al construir sus respuestas, y no en los marcos androcéntricos (la cual se refiere a una visión centrada en el hombre, que se presenta como norma universal en detrimento de las mujeres y otras identidades) que dominan la producción hegemónica de conocimiento. Segundo, en la organización de la herramienta: hay principios del feminismo popular integrados en las instrucciones que guían a la IARAA, lo que hace que siempre tenga en cuenta la división sexual del trabajo, la necesidad de construir el feminismo popular y la superación del patriarcado al elaborar una respuesta. En tercer lugar, en el equipo: contamos con una coordinación técnica y política integrada por muchas mujeres, lo que plantea otra forma de desarrollar tecnología, a partir de otros saberes, otras preguntas y otras prioridades.

La IARAA está diseñada para fortalecer y dar visibilidad a las experiencias de las mujeres del campo, reconociendo el trabajo invisible que realizan y brindando un apoyo concreto a la organización de su lucha, reconociéndolas como sujetos de la agroecología.

4. ¿De qué manera puede la IARAA contribuir concretamente a la implementación de los derechos previstos en la UNDROP, especialmente el derecho a la información (art. 11), a los medios de producción (art. 16), a la reforma agraria (art. 17) y a la soberanía alimentaria (art. 15)?

La UNDROP es un hito fundamental porque reconoce que las campesinas y los campesinos tienen derechos específicos que el sistema capitalista niega sistemáticamente. La IARAA se posiciona como un instrumento de apoyo en la lucha por la materialización de estos derechos.

En cuanto al derecho a la información, lo que observamos es que, a diferencia de los chatbots comerciales que simplifican las respuestas y homogeneizan las prácticas, la IARAA está siendo programada para tomar en cuenta en sus respuestas la diversidad de biomas, sistemas de producción, organización social y condiciones materiales de los territorios. El derecho a una información de calidad, con referencias políticas, contextualizada y en un lenguaje accesible es fundamental en la IARAA.

En cuanto a los medios de producción y la soberanía alimentaria, las empresas transnacionales como John Deere, BASF y Microsoft han avanzado mucho en la Agricultura 4.0, implementando sistemas tecnológicos que recopilan datos de cientos de miles de hectáreas a través de las grandes empresas tecnológicas. Con ello, concentran cada vez más poder y ganan más fuerza para avanzar con su proyecto de destrucción. La IARAA va en la dirección opuesta: pone la tecnología avanzada al servicio de las familias campesinas, potenciando su capacidad productiva sin generar dependencia tecnológica y ofreciendo recomendaciones alineadas con la agroecología, la organización popular y la diversidad de los sistemas de producción.

En cuanto a la reforma agraria, creemos que la IARAA es un instrumento para apoyar la lucha y promover la organización y la masificación de la agroecología. La Reforma Agraria Popular se consolida en la capacidad de las familias campesinas para producir, permanecer y organizarse en el territorio conquistado. Una comunidad que tiene acceso a conocimientos agroecológicos de calidad y con orientación política produce mejor, diversifica su producción, reduce la dependencia de insumos externos y fortalece su autonomía. Al mismo tiempo, la IARAA apoya a los líderes y técnicos que trabajan en los asentamientos en la organización de procesos de capacitación, en la planificación productiva colectiva y en la sistematización de experiencias que puedan difundirse entre los territorios. También contribuye a la formación política de militantes y estudiantes que necesitan asimilar los fundamentos teóricos de la cuestión agraria y de la agroecología para participar en la lucha.

5. ¿Cuál es el papel de la cooperación internacional, a través de la alianza con China, en el proyecto? ¿Cómo se ha desarrollado esta alianza?

La alianza con Baobab y con compañeros y compañeras de China fue fundamental para que la IARAA se hiciera realidad. Observar de cerca el modelo chino de desarrollo tecnológico nos brindó mucha inspiración: un modelo en el que el Estado orienta la tecnología para que sirva al pueblo, en el que los datos se tratan como un factor de producción al servicio de un proyecto colectivo. Contamos con apoyo técnico concreto de compañeros y compañeras que viven en una sociedad donde este debate y este desarrollo están más avanzados, y que ya han acumulado experiencia en el desarrollo de herramientas de RAG y de modelos de lenguaje de código abierto. En este sentido, esta fue y sigue siendo una colaboración fundamental.

Al mismo tiempo, sabemos que es necesario que, desde Brasil, creemos nuestras propias herramientas basadas en la lucha de nuestros movimientos y arraigadas en nuestra realidad. La realidad de dependencia tecnológica, de baja industrialización y de inversión históricamente insuficiente en ciencia y tecnología que caracteriza a Brasil y a gran parte del Sur Global pesa concretamente sobre la posibilidad de desarrollar proyectos como la IARAA. En este sentido, la cooperación Sur-Sur es fundamental para hacer viables experiencias, compartir conocimientos técnicos y construir juntos proyectos que reflejen nuestra identidad y sirvan para resolver nuestros propios problemas.

6. ¿Cómo garantizar que el conocimiento campesino no se diluya dentro de la lógica hegemónica de la IA? ¿Y cómo ampliar el uso de la IARAA a gran escala sin perder la sensibilidad hacia las realidades locales?

La lógica de los grandes modelos de lenguaje tiende a la homogeneización y a la reproducción de sesgos que reproducen la lógica de la agricultura comercial. Para abordar esto, hemos realizado diversas adaptaciones en la arquitectura del sistema de la IARAA. Uno de los elementos centrales de esto es la base de conocimiento, que está formada por documentos producidos por los movimientos y por instituciones de investigación comprometidas con la agroecología (folletos, manuales técnicos, sistematizaciones de experiencias territoriales, materiales de capacitación, publicaciones científicas agroecológicas y elaboraciones políticas de los propios movimientos). Al funcionar sobre una arquitectura RAG, la IARAA no buscará sus respuestas en Internet ni en los repositorios genéricos que alimentan a las IA comerciales, repletos de los sesgos del agronegocio y del pensamiento hegemónico sobre la agricultura.

La base de conocimiento de la IARAA se construyó prestando atención a la diversidad de los territorios brasileños: hay materiales sobre diferentes biomas, sistematizaciones de experiencias agroecológicas de distintas regiones del país y elaboraciones que abarcan diferentes sistemas productivos, cultivos y condiciones climáticas. Esta diversidad es intencional y busca garantizar que la herramienta tenga una capacidad real para abordar situaciones específicas, y no solo una agricultura genérica y descontextualizada. Aun así, sin duda hay preguntas para las que la IARAA todavía no tiene una respuesta suficiente en su base de datos, y en esos casos se le orienta a no inventar. En estas situaciones, la IARAA anima a las personas a buscar la información con las organizaciones y compañeros de su territorio. Fue diseñada para no ser el punto final de una conversación, sino un punto de partida: fomenta el diálogo en la comunidad, el intercambio de conocimientos entre vecinos y la consulta a los líderes locales. La interacción con la herramienta debe abrir puertas a la organización colectiva.

Uno de los mayores desafíos en la construcción de la IARAA consiste precisamente en reunir todo este acervo en formato escrito para que sirva como base de conocimiento de la IA, ya que se encuentra disperso en múltiples repositorios y, a veces, solo existe en forma oral. La IARAA no reemplaza el saber de los pueblos. Puede ampliarlo y facilitar su circulación entre diferentes territorios y generaciones, y debe estar en constante proceso de perfeccionamiento por parte de los movimientos para seguir cumpliendo este papel.

7. ¿De qué manera se puede articular la IARAA con la política pública de Asistencia Técnica y Extensión Rural (ATER) dirigida a campesinos y pequeños agricultores en Brasil, garantizando que actúe como instrumento para fortalecer la asistencia técnica y no como mecanismo de sustitución del trabajo técnico humano en el campo?

Uno de los principios de la IARRA es que es una herramienta de apoyo y no de sustitución de la ATER. La ausencia o precariedad de la Asistencia Técnica y Extensión Rural (ATER) pública en gran parte de los territorios brasileños es una realidad que no podemos ignorar. La ampliación de la ATER de base agroecológica como un derecho es una lucha histórica de los movimientos, y creemos que ninguna herramienta tecnológica sustituirá este trabajo. Pero la IARAA puede desempeñar un papel concreto e inmediato: ser un apoyo confiable para la producción agroecológica en el presente. Sin embargo, hay límites que la herramienta nunca podrá traspasar: el análisis sistémico del agroecosistema, el vínculo de confianza construido a lo largo del tiempo entre el técnico o la técnica y la familia agricultora, la interpretación del territorio realizada por quienes lo conocen de cerca en todas sus dimensiones. La IARAA incluso está programada para alentar a las personas a buscar la ATER de su territorio y exigir este derecho.

8. ¿Cuáles son los desafíos de plasmar los procesos de formación política y de conciencia de clase en una herramienta de inteligencia artificial?

Esto sigue siendo un gran desafío, porque nuestra inteligencia colectiva como movimientos no reside únicamente en los documentos que escribimos. Reside en las interacciones, en las experiencias políticas que vivimos con el cuerpo, no solo con la mente. Pero el acervo técnico que hemos construido, especialmente con compañeros y compañeras que dominan el desarrollo de arquitecturas RAG, nos ha permitido ir más allá de lo que imaginábamos posible al principio en este aspecto. Logramos plasmar varios de nuestros principios políticos en la arquitectura de la herramienta, y estos se toman en cuenta de manera rigurosa en la mayoría de las respuestas. Esto solo fue posible porque las personas que desarrollaron la herramienta comprendían profundamente tanto la tecnología como el proyecto político.

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La experiencia de Cuba demuestra que los principios y disposiciones consagrados en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales (UNDROP) pueden traducirse de manera concreta en políticas públicas, marcos jurídicos e iniciativas orientadas a garantizar y promover los derechos de las comunidades campesinas. El presente informe recoge los avances alcanzados y las principales iniciativas desarrolladas en este sentido, poniendo de relieve el compromiso del Estado y de los propios titulares de derechos con la promoción y protección de los derechos campesinos.

Esta experiencia constituye, asimismo, una referencia de interés para otros países y contextos. Demuestra que, incluso en condiciones de vulnerabilidad debida a una ofensiva imperialista continua, y frente a desafíos enormes debido a la guerra economica externa, es posible avanzar en la implementación de los derechos reconocidos en la UNDROP cuando existe voluntad política, un marco institucional favorable y una participación activa y movilización de las organizaciones y comunidades de base.

Más allá de sus particularidades nacionales, el caso cubano ofrece aprendizajes y elementos de inspiración para otros países que buscan fortalecer sus políticas públicas y marcos jurídicos en favor de los derechos de las personas que viven y trabajan en las zonas rurales.

A continuación, encontrará el informe completo:

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Tras la reciente aprobación de la «Ley para el Fortalecimiento y Protección del Sector Agroindustrial, Proyectos de Energía, Turismo, Ganadería y Pequeños Productores Agrícolas de Honduras», que promueve y protege los intereses del agronegocio, se han emitido 1.000 órdenes de desalojo contra comunidades campesinas. Esta ley agrava un contexto ya marcado por la violencia, la criminalización y la intimidación que sufren numerosos movimientos campesinos que luchan por su derecho histórico a la tierra, a la alimentación y a la soberanía alimentaria. Entre los hechos más graves se encuentra la masacre ocurrida el 21 de mayo de 2026 en la comunidad de Rigores, departamento de Colón, que dejó un saldo de 20 campesinos asesinados.

Defendiendo los Derechos Campesinos expresa su solidaridad con los pueblos y las comunidades de Honduras, en particular con las organizaciones campesinas, indígenas y afrodescendientes que actualmente enfrentan desalojos y otras formas de violencia. Asimismo, respaldamos las demandas de estas organizaciones para garantizar el acceso a la justicia en los ámbitos local, nacional e internacional, y hacemos un llamado a que se protejan y se respeten los derechos consagrados en la Declaracion de la ONU sobre los derechos de los campesinos y de otras personas que trabajan en zonas rurales.

Les invitamos a leer los comunicados elaborados por La Vía Campesina Honduras sobre estos recientes acontecimientos:

La Vía Campesina Honduras expresa enérgico rechazo frente a órdenes de desalojos masivos: https://viacampesina.org/es/la-via-campesina-honduras-expresa-energico-rechazo-frente-a-ordenes-de-desalojos-masivos/

La Vía Campesina Honduras denuncia masacre de campesinxs en la comunidad Colón: https://viacampesina.org/es/la-via-campesina-honduras-denuncia-masacre-de-campesinxs-en-la-comunidad-colon/

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Las protestas han logrado unificar a una impresionante coalición de organizaciones campesinas y de trabajadores rurales y urbanos. En el centro de esta movilización se encuentran poderosas organizaciones campesinas, como la Federación Tupac Katari, la Federación de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia «Bartolina Sisa» y la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), que se han movilizado en todo el país para resistir, hacer frente y exigir el respeto de sus derechos fundamentales.

La lucha actual demuestra la enorme fuerza política de las organizaciones campesinas en Bolivia. Las protestas no se limitan a la tierra o a los subsidios a los combustibles; representan un profundo rechazo a un modelo político y económico dominante que es percibido como una violación de los derechos del campesinado, de los principios de la soberanía alimentaria y como un factor de marginación de las comunidades rurales e indígenas.

Les invitamos a leer las siguientes tres declaraciones de solidaridad con la lucha del pueblo boliviano:

CLOC–La Vía Campesina
https://viacampesina.org/en/2026/06/bolivia-cloc-la-via-campesina-rejects-the-divisive-and-polarizing-actions-promoted-by-rodrigo-paz/

Federación Bartolina Sisa (organización boliviana miembro de La Vía Campesina)
https://viacampesina.org/en/2026/06/bolivia-the-bartolina-sisa-organization-reaffirms-unity-denounces-government-attempts-at-division-and-co-optation/

CETIM
https://www.cetim.ch/bolivia-solidarity-with-popular-struggles-for-food-sovereignty-and-social-justice/

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Este artículo fue publicado originalmente en la revista Lendemains Solidaires, disponible en francés aquí.

La soberanía alimentaria se define como el derecho de los pueblos a una alimentación sana y culturalmente apropiada, producida mediante métodos ecológicamente sostenibles, así como el derecho de los pueblos a definir su propio sistema alimentario y agrícola. La Vía Campesina (LVC) insiste en que los modos de producción agroecológicos diversificados, impulsados por el campesinado y basados en experiencias milenarias y conocimientos tradicionales, son esenciales para garantizar a todas y todos una alimentación sana, asegurando al mismo tiempo la armonía con los ecosistemas naturales. Este paradigma sitúa las aspiraciones y necesidades de quienes producen, distribuyen y consumen los alimentos en el centro de los sistemas y políticas alimentarias, en lugar de las exigencias de los mercados y del agronegocio. Se trata de un marco que defiende fundamentalmente los intereses de las futuras generaciones.

Contexto

La historia y el surgimiento del concepto de soberanía alimentaria, proclamado por La Vía Campesina en 1996, están vinculados al fracaso de la implementación del concepto de seguridad alimentaria promovido por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Este nuevo concepto buscaba responder a los desafíos del hambre y la malnutrición, que afectaban y siguen afectando particularmente, de manera paradójica, a las zonas rurales.

Durante la Cumbre Mundial sobre la Alimentación de 1996, La Vía Campesina acuñó el término soberanía alimentaria afirmando la centralidad de las y los pequeños productores de alimentos, la sabiduría acumulada por generaciones, la autonomía y la diversidad de las comunidades rurales y urbanas, así como la solidaridad entre los pueblos, como elementos esenciales para elaborar políticas alimentarias y agrícolas.

Debemos recordar que la única manera de hacer oír la voz de la campesinado es a través de la unión y construcción de amplias alianzas, más allá de todas las fronteras. Los movimientos sociales rurales y urbanos, los sindicatos, los actores de la sociedad civil, los gobiernos progresistas, las y los académicos y los científicos independientes deben unirse para defender esta visión común del futuro. Las mujeres rurales y las demás minorías de género oprimidas deben ocupar un lugar igualitario en las instancias de dirección de nuestro movimiento, en todos los niveles. Debemos sembrar las semillas de la solidaridad en nuestras comunidades y luchar contra todas las formas de discriminación que dividen a las sociedades rurales.

Con motivo de la conmemoración de los 25 años de La Vía Campesina, se afirmó que la soberanía alimentaria constituye un verdadero manifiesto para el futuro de nuestro planeta. Es una idea que une a la humanidad y nos pone al servicio de la Madre Tierra que nos alimenta.

"La soberanía alimentaria constituye un verdadero manifiesto para el futuro de nuestro planeta."

Vincular la soberanía alimentaria con el derecho al desarrollo

Vincular la soberanía alimentaria con el marco y el concepto del derecho al desarrollo es particularmente pertinente. En efecto, este último debe entenderse como el derecho de las poblaciones campesinas y rurales a concebir y construir sus propios modelos de desarrollo rural, en coherencia con los principios de la soberanía alimentaria.

El derecho al desarrollo se concibe como un proceso de empoderamiento que implica necesariamente la movilización social y la lucha. Se trata de un derecho programático que exige medidas estructurales y específicas por parte de las autoridades públicas en favor de las comunidades y de las trabajadoras y trabajadores rurales. El derecho al desarrollo es también un instrumento político y un marco jurídico para combatir las políticas perjudiciales de la globalización neoliberal que marginan al campesinado familiar.

La interrelación entre el derecho al desarrollo, la soberanía alimentaria y los derechos campesinos también se destaca durante las negociaciones del proyecto de Pacto sobre el Derecho al Desarrollo en el seno de la ONU[1]. Este proyecto busca reforzar jurídicamente y consolidar el marco del derecho al desarrollo, iniciado por la Declaración de las Naciones Unidas sobre el Derecho al Desarrollo (1986).

Así, el texto del proyecto de Pacto incluye una disposición específica que reconoce el derecho de las y los campesinos “a determinar y desarrollar prioridades y estrategias para ejercer su derecho al desarrollo”. Esta referencia explícita constituye un avance tanto jurídico como político. Refuerza la interpretación del derecho al desarrollo como un derecho colectivo perteneciente a los pueblos y comunidades, en particular a las poblaciones rurales históricamente excluidas de los procesos de toma de decisiones.

Al referirse explícitamente al campesinado y poblaciones rurales como actores clave del desarrollo, este futuro instrumento jurídico reforzará la centralidad de la autodeterminación en la definición de las prioridades agrícolas, económicas y territoriales. También consolidará la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales (UNDROP), la cual reconoce que las y los campesinos no deben ser simples beneficiarios de las políticas públicas, sino titulares de derechos capaces de concebir e implementar sus propios modelos de desarrollo (arts. 3 y 10 de la UNDROP).

¿Qué es el desarrollo rural para el campesinado?

Nuestra visión del desarrollo está centrada en el desarrollo de la agricultura campesina a través de la agroecología, única garantía de medios de vida y condiciones laborales dignas y justas para las poblaciones del mundo entero, especialmente en las zonas rurales. Es decir, los pueblos rurales como corazón de la producción alimentaria. Por eso La Vía Campesina propuso y finalmente logró, en 2018, la adopción de la UNDROP, que constituye una contribución a la realización de la soberanía alimentaria.

Para lograrlo, necesitamos políticas públicas que regulen los mercados agrícolas y alimentarios, ya que las y los campesinos generalmente no perciben ingresos dignos provenientes de sus actividades de producción de alimentos, lo que compromete sus medios de vida y la continuidad de la producción (artículo 16 de la UNDROP). Esto se debe a un sistema alimentario dominante basado en los mecanismos del mercado y controlado por el agronegocio.

Entre estos mecanismos de regulación, defendemos los precios mínimos garantizados (Minimum Support Prices – MSP), es decir, la obligación de los Estados de fijar precios que cubran los costos de producción campesina y garanticen un margen de ingresos equitativo. Este mecanismo invierte la lógica del dumping, que empuja los precios hacia abajo, y protege así la dignidad campesina.

También defendemos las compras públicas y las reservas alimentarias públicas. Exigimos la restauración de sistemas públicos de almacenamiento de alimentos para regular los mercados y estabilizar los precios. Las autoridades públicas deberían comprar las cosechas durante los períodos de recolección para garantizar precios mínimos, y luego liberarlas en períodos de escasez para evitar la especulación. Los precios mínimos garantizados, las compras públicas y las reservas públicas se implementan, por ejemplo, en Indonesia e India.

"Las autoridades públicas deberían comprar las cosechas durante los períodos de recolección para garantizar precios mínimos, y luego liberarlas en períodos de escasez para evitar la especulación."

Estos mecanismos son indispensables, ya que el modelo neoliberal ha desmantelado estas herramientas de regulación, exponiendo a las y los pequeños productores a la competencia de las grandes explotaciones agroindustriales fuertemente subsidiadas. Además, la especulación bursátil sobre los productos alimentarios provoca inestabilidades de precios a escala mundial y empuja a millones de personas a situaciones de precariedad alimentaria, en beneficio exclusivo de una minoría. La Vía Campesina llama a fortalecer las cadenas de suministro locales y regionales, afirmando que el comercio debe privilegiar los circuitos cortos antes que los flujos transcontinentales.

Reforma agraria, derecho a la tierra y derecho al desarrollo

La reforma agraria está vinculada al derecho a la tierra y al control de los territorios, reconocidos como derechos fundamentales inscritos en el derecho internacional de los derechos humanos, particularmente en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (art. 11) y en la UNDROP (art. 17). Muchas acciones del agronegocio violan o amenazan el derecho a la tierra: conflictos agrarios, criminalización, desalojos, acaparamiento de tierras, acaparamiento verde (“green grabbing”), concentración de la tierra impulsada por el agronegocio en favor de la agricultura industrial a gran escala (monocultivos), mercados de carbono, agrocombustibles y mecanismos de compensación de la biodiversidad, actividades mineras, así como los llamados proyectos de “desarrollo” como la construcción de autopistas, represas, etc. Por estas razones, La Vía Campesina lucha en todos los niveles por una reforma agraria integral, centrada en los intereses y derechos de los pueblos rurales.

Este enfoque va más allá de la simple titulación de tierras y llama a una redistribución efectiva y equitativa de la tierra. Incluye la fijación de límites claros al tamaño de la propiedad de la tierra, la prohibición de la venta de tierras a terceros y a entidades extranjeras, así como la expropiación de explotaciones basadas en trabajo ilegal o esclavo, especialmente en la agricultura industrial a gran escala y en las grandes plantaciones.

"Este enfoque va más allá de la simple titulación de tierras y llama a una redistribución efectiva y equitativa de la tierra."

Esta visión también se opone a las “contrarreformas” basadas en el mercado, promovidas por el Banco Mundial en los años noventa, que condujeron a la privatización de las tierras y a una nueva ola de concentración de la tierra en manos de una pequeña minoría depredadora, imponiendo un modelo único de desarrollo rural, arraigado en el neoliberalismo y favorable a los intereses del agronegocio.

La lucha por el derecho a la tierra mediante la implementación de la reforma agraria forma así parte integral del derecho al desarrollo: es una lucha por la autodeterminación y por el derecho a definir sus propios sistemas de tenencia de la tierra. Defendemos una comprensión política de la tierra como ecosistema social y productivo esencial para la vida y no como un simple activo financiero.

Agroecología, derecho a las semillas y derecho al desarrollo

En 2015, durante el segundo Foro Mundial sobre la Soberanía Alimentaria (Foro Nyéléni)[2], las delegaciones que representaban a diversas organizaciones y movimientos sociales de pequeños productores de alimentos y consumidores se reunieron para alcanzar una comprensión común de la agroecología como componente clave de la soberanía alimentaria.

La agroecología busca transformar y mejorar nuestra realidad material en los sistemas alimentarios, frente a un mundo rural devastado por la producción alimentaria industrial y, hoy en día, por las supuestas revoluciones verde y azul. La agroecología es, por tanto, también política: busca cuestionar y transformar las estructuras de poder en la sociedad. Coloca el control de las semillas, la biodiversidad, las tierras y territorios, las aguas, los conocimientos, la cultura y todos los bienes comunes en manos de los pueblos que alimentan al mundo.

El control de las semillas locales y autóctonas es un medio de producción clave frente a la ofensiva de las industrias semilleras, que buscan consolidar la agricultura química, al tiempo que amenazan la biodiversidad. Estas industrias desarrollan semillas basadas en organismos genéticamente modificados (OGM), al mismo tiempo que promueven las patentes (derechos de propiedad intelectual), en detrimento de las semillas locales y campesinas. Por ello, La Vía Campesina rechaza firmemente la mercantilización de la vida, particularmente a través de los OGM, las patentes, así como la privatización y comercialización de la biodiversidad.

En este sentido, el movimiento defiende el derecho colectivo e inalienable de las y los campesinos a conservar, utilizar, intercambiar y vender sus semillas, de conformidad con el Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura (art. 9.3) y la UNDROP (art. 19).

Frente a los intentos industriales de imponer la biología sintética, La Vía Campesina organiza intercambios de semillas y campañas para preservar los sistemas comunitarios tradicionales de gestión de la biodiversidad. Una vez más, la lucha por los derechos sobre las semillas se arraiga en el derecho al desarrollo y en el derecho del campesinado a concebir e implementar sus propios modelos de desarrollo semillero basados en sus conocimientos indígenas tradicionales.

La globalización neoliberal contra los derechos campesinos

Las instituciones financieras y comerciales internacionales son las principales fuerzas responsables de las violaciones de los derechos campesinos y del desmantelamiento de los sistemas alimentarios campesinos. El tríptico compuesto por la Organización Mundial del Comercio (OMC), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial impide a los gobiernos, especialmente a los del Sur global, implementar políticas públicas esenciales en favor de las poblaciones rurales, mediante mecanismos y condicionalidades coercitivas. Estos actores neoliberales han forzado la reducción del papel del Estado en la provisión de servicios públicos, al mismo tiempo que aumentaban el del sector privado (a través de las privatizaciones).

"Estos actores neoliberales han forzado la reducción del papel del Estado en la provisión de servicios públicos, al mismo tiempo que aumentaban el del sector privado."

En este sentido, es importante recordar que la integración de la agricultura en el régimen mundial de libre comercio a través del Acuerdo sobre la Agricultura de la OMC (1994) constituyó un punto de inflexión devastador. Esta política transformó los alimentos en una simple mercancía y desreguló sistemáticamente los sistemas agrícolas, desmantelando las herramientas de regulación de los mercados, como los precios mínimos de intervención y las reservas públicas. Las consecuencias fueron sistémicas: caída de los precios agrícolas, destrucción de los mercados campesinos locales, pérdida de autonomía sobre las semillas y expulsión de millones de campesinas y campesinos de sus territorios en beneficio de grandes terratenientes.

El acto trágico del campesino surcoreano Lee Kyung Hae, quien se quitó la vida en Cancún en 2003 llevando una pancarta que proclamaba “la OMC mata a los campesinos”, sigue siendo emblemático de la violencia de este sistema neoliberal y neocolonial-imperialista.

Sin embargo, el régimen comercial neoliberal no se limita a la OMC: también se caracteriza por la proliferación de acuerdos de libre comercio e inversión a niveles regional, multilateral y bilateral. Además, hoy en día también enfrentamos las políticas comerciales de Estados Unidos, que obligan a los países a abrir totalmente sus mercados, sin reciprocidad.

La lucha por un marco comercial alternativo

En respuesta a los daños causados por el Acuerdo sobre la Agricultura de la OMC, La Vía Campesina lanzó un proceso destinado a exigir urgentemente la creación de un nuevo marco comercial internacional basado en la soberanía alimentaria. Este nuevo marco debe basarse en la solidaridad, la cooperación internacional y la justicia social. Su objetivo principal es redefinir la función del comercio, ya no como una herramienta de maximización de las ganancias de las empresas transnacionales, sino como un instrumento que garantice los derechos humanos y la soberanía alimentaria.

Al afirmar que el comercio agrícola y alimentario debe respetar los derechos humanos y que la alimentación es un derecho humano fundamental y no una mercancía, La Vía Campesina aboga por un nuevo marco comercial que proteja los derechos campesinos y legitime medidas estatales como la protección de los mercados contra el dumping y la garantía de precios de apoyo para los productores.

"La Vía Campesina aboga por un nuevo marco comercial que proteja los derechos campesinos y legitime medidas estatales como la protección de los mercados contra el dumping y la garantía de precios de apoyo para los productores."

Con este fin, La Vía Campesina identifica a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) como el foro legítimo para construir este nuevo consenso multilateral, capaz de realinear las normas del comercio mundial con los derechos humanos.

Conclusión

El derecho al desarrollo, tal como lo entiende La Vía Campesina, constituye una respuesta integrada y radical a los fracasos sistémicos del modelo neoliberal. Se define por la realización de la justicia social, la sostenibilidad ecológica y el respeto de la dignidad de las poblaciones rurales.

Seguiremos luchando por nuestros derechos por todos los medios a nuestro alcance y, ante todo, mediante la movilización popular de nuestras bases. Seguiremos fortaleciendo nuestra incidencia a través de instrumentos jurídicos internacionales, como la UNDROP, para exigir la implementación de políticas públicas redistributivas y regulatorias capaces de concretar nuestro derecho al desarrollo, es decir, nuestro derecho a definir nuestros propios sistemas y modelos de desarrollo rural y agrícola, a la luz del paradigma de la soberanía alimentaria.

Al poner el énfasis en la autonomía y los saberes campesinos, y al situar a las mujeres rurales y a la juventud en el centro de la lucha, La Vía Campesina propone un camino que privilegia la protección de los ecosistemas y de las comunidades por encima de la acumulación de capital, reafirmando así su compromiso con una transformación sistémica del orden económico, comercial, financiero y social mundial.

[1] https://docs.un.org/es/A/HRC/54/50

[2] https://nyeleni.org/fr/

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Más que un acto conmemorativo, el webinario ofreció un espacio de intercambio entre organizaciones campesinas y rurales, así como movimientos sociales que trabajan en diversos contextos de Asia y África. Se centró en el intercambio de experiencias vividas de lucha y resistencia, al tiempo que examinó cómo los cambios geopolíticos y geoeconómicos en curso están afectando a las comunidades rurales. Entre los participantes se encontraban miembros de La Vía Campesina y organizaciones socias como SPI (Indonesia), CBOP (Burkina Faso), MONLAR (Sri Lanka), CAJF (Sudán) y PKRC (Pakistán). El evento también contó con la participación de Shalmali Guttal, miembro experta del Grupo de Trabajo de la ONU sobre la UNDROP para la región de Asia.

Mira el webinario completo a continuación (realizado en un formato multilingüe, con participantes que hablan en inglés, bahasa indonesia o francés):

La entrada Webinario internacional – Revitalizando el espíritu de Bandung para fortalecer la solidaridad del Sur global se publicó primero en Defending Peasants' Rights.

La adopción de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en Zonas Rurales (UNDROP) en 2018 marcó un hito histórico para la justicia rural. Sin embargo, hasta la fecha, su desarrollo e implementación se han centrado en gran medida en el campesinado. Es fundamental recordar que los derechos consagrados en la UNDROP son plenamente aplicables a otros pueblos que viven y trabajan en territorios rurales y acuáticos, incluidos los pueblos pescadores. El artículo 1, párrafo 2 de la UNDROP es muy claro al respecto: “Esta Declaración se aplica a toda persona que se dedique a la agricultura artesanal o de pequeña escala, la siembra de cultivos, la cría de ganado, el pastoreo, la pesca, la silvicultura, la caza o la recolección, así como a la artesanía relacionada con la agricultura u otras ocupaciones conexas en una zona rural”.

En este sentido, resulta fundamental seguir abogando por la ampliación del alcance de la UNDROP, fortalecer su apropiación por parte de los pueblos pescadores y promover su visibilidad como sujetos plenos de derechos.

Interpretando la UNDROP desde los territorios acuáticos

Durante décadas, la lucha por los derechos territoriales se ha imaginado casi exclusivamente en términos de tierra. Sin embargo, al hablar de territorios en el contexto de la pesca en pequeña escala, es imprescindible destacar la interdependencia absoluta entre el agua y la tierra para los medios de vida, la soberanía alimentaria y la identidad cultural de estas comunidades. La costa y los cuerpos de agua continentales representan un entorno vital completo donde convergen la vida cotidiana, los medios de subsistencia y la cultura; donde termina la tierra, el territorio continúa en el agua.

Bajo este espíritu, una contribución fundamental que la pesca artesanal puede aportar a la interpretación de la UNDROP es el uso de conceptos paradigmáticos surgidos desde las ciencias sociales y los movimientos sociales en América Latina y el Caribe, como el Maritorio o Territorio de Vida. Este reconoce las áreas costeras y marinas de uso colectivo como espacios de soberanía alimentaria conformados por las personas que tradicionalmente los habitan; lugares entendidos como espacios espirituales e interculturales de “afecto con la naturaleza y la ancestralidad”, y no meramente como zonas de extracción.

A su vez, esta visión se expande hacia el concepto de Acuatorio, un término que permite comprender las “territorialidades anfibias” de las comunidades que habitan estos espacios. Esta perspectiva reconoce que la protección de la pesca artesanal requiere un enfoque que trate todos los ecosistemas acuáticos – ríos, lagunas, humedales – por igual, como territorios indivisibles de tierra y agua.

En consecuencia, el derecho a la tierra y a otros recursos naturales consagrado en el artículo 17 de la UNDROP debe interpretarse como un marco que abarca las complejas relaciones que las comunidades pesqueras mantienen con sus entornos acuáticos, reafirmando que el agua y la tierra constituyen dimensiones inseparables de este derecho.

Las amenazas: el “Acaparamiento de Océanos” y la Economía Azul

Hoy en día, los territorios pesqueros enfrentan una embestida sin precedentes de amenazas a sus vidas y medios de subsistencia. Bajo el pretexto de desarrollo y sostenibilidad, proyectos de turismo de lujo, energía offshore, acuicultura y pesca industrial, y exploración minera en aguas profundas están destruyendo los ecosistemas marinos y acaparando zonas de pesca y puntos de desembarque. Esto se conoce como Ocean Grabbing (acaparamiento de los océanos) o Blue Grabbing (acaparamiento azul).

Incluso, algunos enfoques de conservación ambiental, cuando se aplican bajo el modelo de “fortaleza” – es decir, áreas protegidas cerradas que excluyen a los habitantes tradicionales – también se han convertido en una amenaza. La UNDROP, en diálogo con las Directrices Voluntarias para Lograr la Sostenibilidad de la Pesca en Pequeña Escala en el Contexto de la Seguridad Alimentaria y la Erradicación de la Pobreza (Directrices PPE), debe utilizarse para reivindicar el importante papel de los pueblos pescadores – que han habitado estos territorios durante siglos – como verdaderos guardianes de la biodiversidad y los ecosistemas. Como establecen estas Directrices, la conservación no debe llevarse a cabo a expensas de las comunidades, sino en colaboración con ellas. Por ello, la protección de sus derechos de tenencia y el reconocimiento de sus prácticas y conocimientos tradicionales es – en sí misma -, una estrategia de conservación.

La tríada defensiva: UNDROP, Directrices PPE y Tenencia

La fuerzade la UNDROP para los pueblos pescadores radica en su capacidad de dialogar con otros instrumentos internacionales. En este sentido, para que la protección sea efectiva, la Declaración debe leerse a la luz de las Directrices PPE y de las Directrices Voluntarias sobre la Gobernanza Responsable de la Tenencia de la Tierra, la Pesca y los Bosques en el Contexto de la Seguridad Alimentaria Nacional (DVGT).

Mientras que las Directrices PPE y las DVGT proporcionan la hoja de ruta técnica para una gobernanza responsable, la UNDROP eleva estas recomendaciones al rango de Derechos Humanos. Juntas, forman un marco jurídico que permite a los pueblos pescadores exigir y luchar por la redistribución de la tierra/agua, el acceso preferencial a zonas de pesca y recursos, y la gestión colectiva de sus territorios acuáticos – tanto costeros como continentales – así como la protección contra cualquier desplazamiento o desalojo arbitrario e ilegal. Además, este marco respalda la garantía del Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI) y la realización de evaluaciones de impacto territorial frente a proyectos de “Economía Azul” a gran escala.

La UNDROP representa un instrumento precursor al reconocer el derecho al agua como un pilar esencial para la vida digna de los pueblos pescadores a pequeña escala y constituyendo la base misma de sus medios de subsistencia. Este derecho se entiende no sólo para el consumo humano, sino también para la producción de alimentos y, por extensión, para la pesca. Asimismo, al reconocer los sistemas de gestión comunitaria, este derecho refuerza la autonomía de las comunidades pesqueras en la gobernanza de sus territorios, donde el conocimiento tradicional desempeña un papel clave. Por último, la Declaración también establece disposiciones para que los Estados protejan a las comunidades frente a terceros, lo cual es crucial ante actividades extractivas o contaminantes que amenazan tanto el acceso a los territorios acuáticos como la integridad de los ecosistemas.

Las mujeres en el corazón de la pesca

Si la UNDROP ha de utilizarse como un escudo para los pueblos del mar, su protección debe ser particularmente sólida para las mujeres, que sostienen la vida y el tejido económico de sus comunidades, pero enfrentan una invisibilidad sistémica y jurídica. En la pesca artesanal, como en otros sectores rurales, la relación con el territorio está profundamente marcada por una dimensión de género: mientras los hombres suelen estar en el agua, el espacio productivo y vital de las mujeres es la orilla y la franja costera. Es allí donde procesan, secan y comercializan el pescado; en consecuencia, se ven desproporcionadamente afectadas por el acaparamiento de tierras y aguasy por el avance de la “economía azul”.

Este impacto diferenciado ha sido reconocido explícitamente por el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) en su Recomendación General N.º 34, al señalar que las mujeres rurales – incluidas las pescadoras – no constituyen un grupo homogéneo y sufren formas interseccionales de discriminación. Esta perspectiva ha sido reforzada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (OC-27/21), que establece que las mujeres que dependen de los recursos naturales enfrentan una “vulnerabilidad agravada” cuando su entorno es destruido, ya que se rompe no sólo su fuente de ingresos, sino también su tejido de cuidados y vida comunitaria.

Por lo tanto, bajo una lógica de protección integral, la UNDROP no puede interpretarse de forma aislada, sino en diálogo permanente con la CEDAW y las Directrices PPE, y en particular su capítulo 8. Esta articulación normativa constituye la base para exigir que los Estados reconozcan plenamente el trabajo de las mujeres en la pesca, respeten sus conocimientos sobre el uso sostenible de los recursos y garanticen la seguridad de tenencia de las tierras adyacentes al agua. Esto es esencial para que las pescadoras dejen de ser invisibles y actúen como actoras, responsables en la toma de decisiones y beneficiarias de las mismas.

En este sentido, el artículo 4 de la UNDROP establece disposiciones para que los Estados adopten medidas para eliminar la discriminación contra las mujeres pescadoras y garantizar su participación plena y efectiva en todos los procesos de toma de decisiones. Asimismo, reconoce sus derechos a acceder a recursos productivos, servicios y protección social en igualdad de condiciones, abordando las desigualdades estructurales que enfrentan. De este modo, el artículo 4 no sólo complementa los estándares de la CEDAW, sino que también consolida un enfoque transformador que exige políticas públicas con perspectiva de género en la pesca artesanal.

Del reconocimiento a la realización: la UNDROP como instrumento vivo para la pesca en pequeña escala

Aunque el término “campesino” configura gran parte del lenguaje de la UNDROP, su alcance es inequívoco: las y los pescadores y trabajadores de la pesca en pequeña escala son titulares plenos de derechos bajo este instrumento. Como sostuvo recientemente el Colectivo Internacional de Apoyo a los Trabajadores de la Pesca ( ICSF por sus siglas en inglés) ante el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la UNDROP, el desafío ya no es de reconocimiento, sino de realización. Es momento de derribar definitivamente la “frontera invisible” que históricamente ha excluido al agua de los debates agrarios y garantizar que las comunidades pesqueras se apropien de la Declaración como su propio escudo.

Desde esta perspectiva, hacer que la UNDROP tenga sentido en la vida de las comunidades pesqueras requiere ir más allá de una lectura meramente declarativa de los derechos. La Declaración debe movilizarse junto con las Directrices PPE y DVGT, no solo como instrumentos complementarios, sino como parte de una arquitectura coherente para la gobernanza pesquera basada en derechos. En este marco, los derechos humanos dejan de ser garantías abstractas y se convierten en herramientas de acción, arraigadas en las experiencias vividas, los sistemas de conocimiento y la organización colectiva de las comunidades.

En última instancia, transformar la UNDROP en una herramienta operativa es tanto un proceso político como colectivo. Depende del fortalecimiento de las capacidades de las organizaciones de pesca en pequeña escala, de su participación activa en los espacios de toma de decisiones y del refuerzo de las alianzas estratégicas que sostienen sus luchas. La experiencia histórica demuestra que el cambio duradero surge de esta interacción entre la resistencia comunitaria y una presencia técnica y política sostenida en los espacios de gobernanza global.

La UNDROP puede servir como una brújula vital, pero solo si es timoneada activamente por las propias comunidades que busca proteger. La tarea que queda por delante es asegurar que los pueblos pesqueros no solo se vean reflejados en esta Declaración, sino que la utilicen como una herramienta para proteger el futuro de sus territorios, sus medios de vida y sus derechos.

Candelaria Aráoz Falcón – Colectivo Internacional de Apoyo a los Trabajadores de la Pesca (ICSF)

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La Vía Campesina lanza su documento de posicionamiento sobre las guerras en el mundo, en el marco de los 30 años del Día Internacional de las Luchas Campesinas.

Bagnolet, 17 de abril de 2026 |  Hoy se conmemora 30 años de la masacre de Eldorado do Carajás, un lamentable hecho que marcó un hito dentro de La Vía Campesina, donde campesinxs sin tierra de Brasil fueron asesinados por la policía federal por defender su derecho a la reforma agraria. Kilómetros más allá y 30 años después de lo ocurrido, el mundo sigue sangrando a pueblos y familias inocentes en un escenario cada vez más crítico marcado por presión del poder imperial y las tensiones geopolíticas.

Conmemorando el Día Internacional de las Luchas Campesinas, nuestro movimiento presenta el documento de posicionamiento: Soberanía Alimentaria frente a la guerra, el imperialismo y el hambre de los pueblos en el mundo, un documento que aborda elementos clave para comprender el impacto de las guerras y el poder imperial en la Soberanía Alimentaria de los pueblos. El documento ha considerado cifras importantes que nos han brindado los reportes del Comité de Pesca de la FAO a través de su informe del Situación de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo (SOFI), el Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo, la Agencia de la ONU para lx s Refugiadxs (ACNUR), entre otros; respecto a los conflictos globales y los impactos en los sistemas alimentarios en los países afectados.

“Vivimos una era de convergencia de crisis sin precedentes. Nunca en la historia reciente han estallado tantos conflictos armados simultáneamente en tantos continentes. Las guerras en Gaza, Líbano, Mali, Ucrania, Sudán, Yemen, Myanmar, el Sahel, la República Democrática del Congo y Siria no son tragedias aisladas. Son las erupciones sintomáticas de un único sistema global estructuralmente enfermo, construido sobre la lógica de la acumulación de capital sin fin, el racismo estructural, la escalada de tensiones del poder geopolítico,la extracción de recursos y la dominación imperial neolocolonialista.”

La Vía Campesina, como movimiento donde convergen organizaciones campesinas a nivel global, ha reflexionado al respecto y denunciado constantemente el uso del hambre como arma de guerra y el negocio que está detrás. Con la destrucción y la ocupación militar se benefician las economías de EEUU, Israel y muchos países del norte global; promoviendo genocidios en curso y ejerciendo una suma incalculable de violaciones de derechos humanos y crímenes contra la humanidad, con riesgo de quedar impunes, donde las mujeres y la niñez son las más vulnerables.

Invitamos a nuestras organizaciones miembros y organizaciones aliados a estudiar y compartir el documento como herramienta popular de estudio y aporte del campesinado global en primera voz.

¡Unidxs contra el imperialismo, el neocolonialismo, la criminalización de nuestras luchas y el despojo de nuestros territorios!

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El CETIM y La Vía Campesina estuvieron en Yaundé, Camerún, para seguir de cerca los trabajos de la 14.ª Conferencia Ministerial de la OMC (26-29 de marzo de 2026). El CETIM y La Vía Campesina abogan por el desmantelamiento de la OMC, ya que su paradigma se basa en una arquitectura económica y comercial profundamente asimétrica, al servicio de los intereses del capital transnacional y en detrimento de los pueblos y las economías locales, en particular en los países del Sur.

La Conferencia Ministerial concluyó sin una declaración final ni la reforma que se había anunciado. La mayoría de los temas, entre ellos la agricultura, el comercio electrónico o la facilitación de las inversiones, se remitieron a Ginebra por falta de consenso. Numerosos participantes atribuyen este fracaso en gran parte a la estrategia de Estados Unidos, que condicionó toda negociación a la adopción de una moratoria permanente sobre los aranceles relacionados con el comercio electrónico, lo que provocó fuertes tensiones, especialmente entre los países del Sur. Las divergencias sobre este tema, así como sobre otras prioridades como la seguridad alimentaria o las normas de propiedad intelectual, bloquearon las negociaciones. Este fracaso confirma así el análisis según el cual la OMC se encuentra hoy en día ampliamente paralizada, incapaz de tomar decisiones favorables a un desarrollo comercial justo y equitativo, y subraya la necesidad de replantearse en profundidad el sistema comercial internacional hacia un marco verdaderamente democrático, que no margine las voces de los pueblos y los países del Sur.

La Declaración de Yaundé que reproducimos a continuación, publicada por La Vía Campesina, pone de relieve los efectos sistémicos de un modelo comercial que subordina la alimentación a la lógica del lucro, acelera la marginación de los pequeños productores de alimentos y compromete la soberanía de los pueblos sobre sus sistemas alimentarios. En un contexto marcado por crisis geopolíticas, económicas y medioambientales, la creciente dependencia de los mercados mundiales no solo se presenta como un callejón sin salida, sino como un factor que agrava las vulnerabilidades estructurales que oprimen a los pueblos.

Ante esta crisis multidimensional, la Declaración de Yaundé de LVC pretende ser portadora de esperanza, al proponer una alternativa política e institucional estructurada. Al afirmar la soberanía alimentaria como principio fundamental, LVC y el CETIM abogan por una refundación del comercio internacional basada en la primacía de los derechos humanos, la solidaridad entre los pueblos y el respeto de los ecosistemas. En consonancia con los principios consagrados en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los campesinos y otras personas que trabajan en zonas rurales (UNDROP), este nuevo marco debe defender y reforzar el reconocimiento de los derechos campesinos a la tierra, las semillas, la biodiversidad y la soberanía alimentaria, entre otros. Es necesario sacar la agricultura de la OMC y superar el marco actual de la OMC para construir un nuevo sistema comercial al servicio de la autodeterminación de los pueblos.

Leer la Declaración de Yaundé

Leer el comunicado del CETIM, previo a la Conferencia Ministeiral: La OMC en un callejón sin salida: ¿ La Conferencia Ministerial la salvara?

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La decisión del gobierno de Sri Lanka de establecer plantas de energía solar en Hambantota ha provocado una fuerte reacción de sindicatos campesinos y grupos ambientalistas. Más de 1.000 acres de bosque (un hábitat crítico para elefantes y zona de biodiversidad) han sido talados para dar paso a la llamada iniciativa de energía verde liderada por 17 empresas solares. Más de 5.000 familias agricultoras en áreas como Mayurapura y Gonnooruwa enfrentan ahora un aumento del conflicto entre humanos y elefantes, lo que amenaza su seguridad, sus cultivos y su soberanía alimentaria.

Reproducimos un llamamiento de MONLAR en el que se solicita a sus aliados de la comunidad internacional que escriban al Presidente de Sri Lanka para denunciar esta medida y exigir la suspensión inmediata de las operaciones de desmonte en curso.

A los miembros de la comunidad internacional de la sociedad civil y del activismo

Les escribimos como el Movimiento por la Reforma Agraria y de la Tierra para llamar su atención urgente sobre una grave crisis de derechos humanos y ambiental que se está desarrollando en el distrito de Hambantota, en Sri Lanka, y que está siendo deliberadamente disfrazada como una iniciativa de energía “verde”.

Las comunidades agrícolas de Hambantota no son ajenas a la lucha. Pasaron meses protestando y defendiendo sus derechos para lograr la oficialización del corredor de elefantes, una protección legal histórica para las rutas ancestrales de los elefantes asiáticos en peligro y los medios de vida de las comunidades que comparten ese territorio. Tras esa misma victoria, 17 empresas solares han intervenido, despejando las tierras que esas comunidades lucharon por proteger. Su lucha está siendo borrada.

Esta no es la primera vez que la población de Hambantota enfrenta el despojo.

La región ya ha soportado el peso de la Iniciativa de la Franja y la Ruta, incluyendo el controvertido arrendamiento del Puerto de Hambantota y una urbanización agresiva que las comunidades rechazaron firmemente, lo que ha provocado desplazamientos forzados y proyectos de desarrollo impuestos sin transparencia ni consentimiento. La actual expansión solar sigue el mismo patrón: un desarrollo irregular que avanza en contra de la ley y de los derechos de las comunidades, con consecuencias tanto para las personas como para los animales.

Aunque se presenta como energía renovable, esta expansión solar masiva está devastando más de 1.000 acres de bosque dentro de la Reserva de Elefantes Gestionada de Hambantota (MER), utilizando maquinaria pesada y fuego intencional para despejar corredores críticos de vida silvestre, apropiándose “verde” de tierras que sostienen tanto a elefantes en peligro como a comunidades agrícolas locales.

El impacto

• Conflicto humano-elefante: Al bloquear corredores ancestrales de movimiento (como Sanakku Gala y Kapapu Wewa) con cercas eléctricas, el proyecto está empujando a los elefantes hacia las aldeas.
• Crisis de medios de vida: Más de 5.000 familias agricultoras en zonas como Mayurapura y Gonnooruwa enfrentan un aumento del conflicto entre humanos y elefantes, lo que pone en riesgo su seguridad, sus cultivos y su seguridad alimentaria.
• Fallos de gobernanza: Los informes indican que estos proyectos han eludido las Evaluaciones de Impacto Ambiental (EIA) obligatorias y han ignorado las protestas de las comunidades locales y de los conservacionistas.
• Acción climática contraproducente: Como señalan expertos locales, la tala y quema de bosques de zonas secas libera carbono almacenado y altera los patrones locales de lluvia, socavando los objetivos de reducción de emisiones que el proyecto solar afirma perseguir.

Una transición justa debe ser inclusiva, transparente y ecológicamente sostenible. Si la energía renovable se construye sobre las ruinas de la biodiversidad y el desplazamiento de las poblaciones rurales empobrecidas, reproduce la misma lógica extractiva de la era de los combustibles fósiles que pretende eliminar.

LLAMADO A LA SOLIDARIDAD INTERNACIONAL

Solicitamos a su organización que muestre solidaridad con las comunidades afectadas de Hambantota mediante el envío de una carta formal al Presidente de Sri Lanka. Su posicionamiento internacional puede ejercer la presión necesaria para:

1. La paralización inmediata de todas las actividades de desmonte dentro de la Reserva de Elefantes Gestionada.
2. El estricto cumplimiento de la ley, garantizando que se realicen y se hagan públicas Evaluaciones de Impacto Ambiental (EIA) completas y Evaluaciones de Impacto Arqueológico.
3. La priorización de la energía solar en techos y en tierras degradadas (como minas abandonadas), en lugar de bosques primarios y tierras agrícolas productivas, tal como recomiendan los defensores ambientales locales.

Nos honraría contar con su voz junto a la nuestra para exigir una transición que sea verdaderamente justa tanto para las personas como para el planeta.

En solidaridad,
EQUIPO MONLAR

La plantilla de correo electrónico que debe ser enviada por movimientos y organizaciones al Presidente de Sri Lanka puede encontrarse a continuación. Por favor, lea las instrucciones para completar la plantilla en la página 2 del documento:

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