(Ginebra, 16 de septiembre de 2026) — La Vía Campesina, con el apoyo de CETIM y FIAN Internacional, se encuentra en Ginebra del 12 al 19 de septiembre para participar en el 63.º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (CDH), que se celebra del 7 de septiembre al 7 de octubre de 2026.

Este 63.º período de sesiones es especialmente importante para nosotrxs, como campesinado, ya que los Estados miembros de la ONU examinarán la renovación del mandato del Grupo de Trabajo de Expertos sobre los Derechos de los Campesinos y Otras Personas que Trabajan en Zonas Rurales. El mandato de tres años del Grupo de Trabajo, que comenzó en 2023, llega a su fin en octubre.

Por lo tanto, es fundamental que los Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos apoyen y voten a favor de la renovación del mandato.

¿Por qué es importante para nosotrxs la UNDROP?

La UNDROP es muy importante para nosotrxs porque luchamos por su adopción para proteger los derechos y el papel del campesinado y otras personas que trabajan en zonas rurales. Son quienes alimentan a la población, preservan la biodiversidad, protegen los ecosistemas y sostienen las economías y culturas locales.

La UNDROP proporciona un marco de derechos humanos reconocido internacionalmente que respalda medidas como la reforma agraria integral, la protección y el fortalecimiento de los sistemas tradicionales de semillas y la promoción de la producción alimentaria local. Refuerza la legitimidad de los Estados a la hora de adoptar políticas que protejan al campesinado y respalden la soberanía alimentaria.

La Declaración permite también alzar la voz a los países y comunidades cuyas economías siguen siendo en gran medida rurales.

Como explica Elizabeth Mpofu, campesina de Zimbabue:

«Las comunidades rurales y el campesinado producen más del 80 % de los alimentos que consumimos. Es más, nosotras, especialmente las mujeres, somos la columna vertebral de los mercados locales de alimentos, ya que suministramos una amplia diversidad de productos que no se encuentra en los supermercados ni en las tiendas. Esto permite a nuestros gobiernos estar más libres para centrarse en otras necesidades urgentes de desarrollo social, físico y económico. A través de nuestros sistemas de semillas campesinas, hemos creado economías rurales dinámicas, generado empleo para millones de personas y educado a nuestrxs hijxs.

Mi historia es la historia de miles de millones de mujeres rurales que desempeñan un papel importante en la reproducción social del trabajo y en la lucha contra el hambre, la malnutrición, el desempleo y la pobreza en todo el mundo.»

Nuestra misión en Ginebra

Nuestra misión aquí es continuar con la labor de incidencia que iniciamos hace casi treinta años, cuando pusimos en marcha este proceso de reconocimiento de los derechos campesinos a escala internacional.

La delegación de LVC se reunirá con las misiones de los Estados miembros del CDH de la ONU y colaborará con ellas para abogar por la renovación del mandato del Grupo de Trabajo de Expertos sobre la UNDROP.

El Grupo de Trabajo es fundamental para garantizar la continuidad de los esfuerzos internacionales destinados a impulsar la aplicación de la UNDROP. Fomenta el diálogo, la cooperación y la capacitación entre los Estados, lxs expertxs independientes y lxs titulares de derechos de la UNDROP.

El Grupo de Trabajo también garantiza que las realidades y las luchas del campesinado y otras personas que trabajan en las zonas rurales sigan estando representadas en el sistema de la ONU. Su labor refuerza la lucha por la soberanía y la seguridad alimentarias.

Defensa del derecho a las semillas

Durante su estancia en Ginebra, los delegados de LVC participarán y contribuirán a un evento paralelo y una conferencia pública sobre el derecho a las semillas, tras la presentación, hoy mismo, del informe del Grupo de Trabajo de la UNDROP sobre el Derecho a las Semillas ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

Consulta aquí el informe

El Derecho a las Semillas es fundamental para la lucha por los derechos campesinos, la soberanía alimentaria y la agroecología. Los sistemas de semillas campesinas, construidos a lo largo de generaciones de conocimiento, intercambio y gestión colectiva, son esenciales para proteger la biodiversidad, mantener los sistemas alimentarios locales y reforzar la autonomía de las comunidades rurales.

Para La Vía Campesina, renovar el mandato del Grupo de Trabajo no se trata simplemente de mantener un mecanismo de la ONU. Se trata de garantizar que las voces, los derechos y las luchas de los campesinos sigan siendo visibles y reconocidos dentro del sistema internacional de derechos humanos.

¡Globalicemos la lucha! ¡Globalicemos la esperanza!

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La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales (UNDROP) se está convirtiendo cada vez más en un instrumento normativo y político clave para transformar los sistemas alimentarios y agrícolas, en particular en el Sur Global. En un contexto de creciente concentración corporativa, mercantilización y dependencias externas, la UNDROP ofrece un marco para fortalecer los derechos campesinos, la soberanía alimentaria y el control democrático sobre el desarrollo rural.

Su creciente influencia es el resultado tanto de la apropiación por parte de las bases, en el seno de las organizaciones campesinas y rurales, como de su progresiva integración en los marcos jurídicos internacionales y nacionales. Los mecanismos de derechos humanos de la ONU, los tribunales, los órganos legislativos y las instituciones públicas recurren cada vez más a la UNDROP para interpretar derechos y elaborar políticas relativas a la tierra, las semillas, la alimentación, la salud, el clima y los medios de vida rurales. Los recientes avances en países como Honduras, Colombia, Kenia, Ecuador y Brasil ilustran este giro hacia la aplicación práctica.

Para el Sur Global, la UNDROP ofrece una oportunidad estratégica para fortalecer la soberanía alimentaria y agrícola, apoyar las vías agroecológicas, proteger la biodiversidad y las prácticas tradicionales, y reducir la dependencia de los mercados mundiales. Su aplicación efectiva requiere una movilización política sostenida, un compromiso institucional y una mayor cooperación entre los Estados, los organismos de derechos humanos, las y los profesionales del derecho y titulares de derechos.

En la coyuntura internacional actual, marcada por una crisis sistémica y multidimensional, los sistemas alimentarios y agrícolas se han convertido en espacios estratégicos donde los actores económicos dominantes (las empresas transnacionales, el sector del agronegocio y los agentes financieros), aprovechando una arquitectura jurídica internacional asimétrica que rige el comercio y la propiedad intelectual, persiguen estrategias destinadas a consolidar su influencia y control sobre las cadenas alimentarias. Estas estrategias tienen como objetivo principal asegurar el acceso a los recursos y mercados dentro de un marco más amplio de mercantilización generalizada y maximización de los beneficios. Dentro de este complejo panorama internacional, sin embargo, también existen motivos para un prudente optimismo. En particular, una tendencia perceptible y creciente señala la progresiva consolidación de la UNDROP como una referencia normativa clave tanto a nivel nacional como internacional. Si bien los desafíos para su aplicación integral y efectiva siguen siendo considerables, es igualmente evidente que la UNDROP se está convirtiendo en un punto de anclaje crucial para decisiones, leyes, políticas públicas, debates e incluso negociaciones en diversos mecanismos y espacios multilaterales. Esta creciente relevancia no es casual; es el resultado de un proceso dinámico de socialización, promoción y desarrollo de capacidades que va más allá del respaldo formal, transformando la Declaración en una herramienta viva para promover los derechos que consagra.

Apropiación social y legitimidad desde las bases

Uno de los principales motores de este progreso es el proceso de apropiación de la UNDROP por parte de sus propios titulares de derechos. Esto ha fortalecido su legitimidad y ha garantizado que la Declaración funcione como una palanca tanto jurídica como política para reclamar derechos, monitorear situaciones y entablar un diálogo significativo con las autoridades públicas a fin de orientar las leyes nacionales y las políticas públicas.

Lejos de ser un instrumento abstracto, la UNDROP es utilizada activamente por las comunidades campesinas y las organizaciones rurales como un marco normativo para estructurar sus demandas y estrategias. Esta dinámica refuerza su carácter transformador y su capacidad para influir en realidades concretas y marcos institucionales. Así, los derechos humanos dejan de ser nociones abstractas y se convierten en herramientas prácticas para la acción, fundamentadas en las realidades vividas, los conocimientos y las formas colectivas de organización de las comunidades.

El papel de los mecanismos y órganos internacionales de protección de los derechos humanos

El Grupo de Trabajo de Expertos de las Naciones Unidas sobre la UNDROP ha desempeñado un papel central en la promoción de la Declaración, en la clarificación y el avance de su aplicación. A través del diálogo con los Estados y otros actores, la elaboración de orientaciones interpretativas y la difusión de su narrativa en los espacios multilaterales pertinentes, este mecanismo de la ONU ha contribuido de manera significativa a posicionar la Declaración dentro del sistema internacional de derechos humanos.

Más allá del Grupo de Trabajo de Expertos, varios mecanismos de derechos humanos de la ONU han contribuido a fortalecer la interpretación y visibilidad de la UNDROP. Por ejemplo, los Relatores Especiales sobre el derecho a la alimentación han desempeñado un papel clave en la integración de los principios de la Declaración en debates más amplios sobre los sistemas alimentarios, enfatizando los derechos a la tierra, a las semillas y a la soberanía alimentaria (https://www.ohchr.org/en/special-procedures/sr-food/annual-thematic-reports). De manera similar, el Relator Especial sobre los derechos humanos y el medio ambiente ha destacado la relevancia de la UNDROP en el contexto del cambio climático y la protección ambiental, reforzando el papel del campesinado, de las comunidades pesqueras artesanales, de los pastores, las comunidades nómadas y los Pueblos Indígenas como guardianes de los recursos naturales.

Los órganos creados en virtud de los tratados de la ONU también han impulsado este proceso. En particular, la Observación General No. 26 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales sobre la tierra refleja principios fundamentales de la UNDROP, incluyendo el acceso seguro y equitativo a la tierra y el reconocimiento de los sistemas de tenencia consuetudinarios (https://www.ohchr.org/en/documents/general-comments-and-recommendations/ec12gc26-general-comment-no-26-2022-land-and). En un sentido más amplio, las observaciones finales abordan cada vez más cuestiones centrales de la Declaración, contribuyendo a su consolidación normativa dentro del sistema internacional de derechos humanos.

De igual forma, la labor del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) ilustra un avance gradual hacia la convergencia entre los derechos de las mujeres y los derechos de las mujeres rurales. Aunque la Recomendación General No. 34 sobre las mujeres rurales (2016) precedió a la adopción de la UNDROP en 2018, anticipa en gran medida sus preocupaciones al enfatizar el derecho a la tierra, el acceso a los recursos naturales y la seguridad alimentaria para las mujeres rurales. Desde la adopción de la UNDROP, la CEDAW ha recurrido cada vez más a este instrumento en sus observaciones finales dirigidas a los Estados. En estas instancias, la UNDROP sirve como un marco interpretativo complementario para fortalecer las obligaciones de los Estados con respecto a la no discriminación, particularmente en lo que respecta al acceso de las mujeres rurales a la tierra, a los medios de vida y a la participación en los procesos de toma de decisiones. Por lo tanto, la UNDROP se está integrando gradualmente en la práctica de la CEDAW como un instrumento de referencia, contribuyendo a una comprensión ampliada de los derechos de las mujeres rurales.

De la retórica a la práctica: avances jurisprudenciales y legislativos

Un número creciente de Estados reconoce el valor de la UNDROP como una herramienta práctica para proteger a las poblaciones rurales y cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos. Esta creciente apertura está creando condiciones favorables para su progresiva integración en los marcos jurídicos y las políticas públicas.

Jurisprudencia y casos legales
La consolidación de la UNDROP se refleja en desarrollos jurisprudenciales concretos en diferentes países. Los tribunales nacionales utilizan cada vez más la Declaración como una fuente normativa legítima para interpretar la legislación nacional y respaldar las decisiones judiciales. Estas prácticas institucionales positivas demuestran cómo los aparatos estatales en su conjunto están alineando sus marcos nacionales con las normas internacionales de derechos humanos para proteger los derechos campesinos, la alimentación, la biodiversidad, la salud, entre otros (https://defendingpeasantsrights.org/en/home/).

La decisión de 2018 de la Corte Suprema de Honduras representa un hito en este sentido. Al declarar inconstitucional la llamada «Ley Monsanto», la Corte se basó explícitamente en el artículo 19 de la UNDROP (el derecho a las semillas), afirmando que los sistemas campesinos de semillas están protegidos por las normas internacionales de derechos humanos. El fallo enfatizó que criminalizar la conservación y el intercambio de semillas socava tanto las prácticas culturales como la soberanía alimentaria, marcando una de las primeras aplicaciones judiciales directas de la Declaración (https://defendingpeasantsrights.org/en/honduras-supreme-court-uses-undrop-article-19-on-the-right-to-seeds-to-declare-unconstitutional-the-monsanto-law/).

Esta tendencia jurisprudencial ha continuado y se ha expandido. En 2020, la Corte Interamericana de Derechos Humanos comenzó a articular la complementariedad entre los derechos de los Pueblos Indígenas y los de las y los campesinos en Argentina, señalando una importante evolución hacia una comprensión más inclusiva de los derechos colectivos en contextos rurales. Este caso marca un hito a este respecto, ya que la Corte utilizó explícitamente tanto la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas como la UNDROP, estableciendo puentes interpretativos entre ambos marcos (https://defendingpeasantsrights.org/en/inter-american-court-of-human-rights-first-case-law-on-the-links-between-the-declarations-on-the-rights-of-peasants-and-indigenous-peoples/).

En Canadá, un desarrollo importante ilustra otro caso de cómo la UNDROP se utiliza como una herramienta interpretativa persuasiva. En 2020, el Tribunal Superior de Justicia de Ontario se basó en el artículo 23 de la Declaración (derecho a la salud) en un caso relacionado con trabajadores agrícolas migrantes expuestos a condiciones de vida inseguras y de hacinamiento durante la pandemia de COVID-19. De manera significativa, el Tribunal reconoció a la UNDROP como parte del cuerpo más amplio de normas de derechos humanos que pueden informar la interpretación del derecho interno. Este caso demuestra la relevancia jurídica práctica de la Declaración incluso en Estados que no la han apoyado y destaca su potencial para respaldar el litigio estratégico destinado a fortalecer la protección de las y los trabajadores rurales (https://defendingpeasantsrights.org/en/interview-of-jessie-macinnis/).

En Colombia, la Corte Constitucional ha abierto nuevos caminos al vincular los derechos campesinos con el cambio climático y la vulnerabilidad ambiental. En una decisión histórica de 2025 relativa a personas campesinas desplazadas por desastres naturales, la Corte los reconoció como sujetos de especial protección constitucional y destacó la obligación del Estado de adoptar medidas diferenciadas que aborden sus vulnerabilidades específicas (https://defendingpeasantsrights.org/en/colombia-constitutional-court-decision-protects-peasants-displaced-by-natural-disasters/).

Finalmente, en Kenia, una decisión histórica de la Corte Suprema en noviembre de 2025 anuló disposiciones de la legislación nacional sobre semillas que en la práctica criminalizaban las prácticas tradicionales de semillas. La Corte concluyó que estas medidas violaban las protecciones constitucionales y eran incompatibles con los estándares internacionales, incluida la UNDROP (artículo 19). Es importante destacar que el fallo reconoció a los sistemas campesinos de semillas no simplemente como actividades económicas, sino como parte integral de la identidad cultural, la biodiversidad y la resiliencia (https://defendingpeasantsrights.org/en/landmark-victory-for-kenyan-peasants-and-seed-sovereignty/).

Innovaciones legislativas y de políticas públicas
En el ámbito legislativo y de las políticas públicas, la UNDROP sirve cada vez más como referencia para el desarrollo de marcos jurídicos innovadores.

En Colombia, la reforma constitucional del artículo 64 adoptada en julio de 2023 representa un hito histórico. Si bien mantiene la obligación del Estado de apoyar el acceso a la tierra y el desarrollo rural, la reforma va más allá al reconocer explícitamente al campesinado como sujeto de derecho y de especial protección. Afirma su identidad distintiva, arraigada en su relación con la tierra, la producción de alimentos y la territorialidad, y lo reconoce como sujeto político. Este logro, resultado de una larga movilización de las organizaciones campesinas, crea un mandato constitucional para alinear progresivamente las leyes y políticas nacionales con las disposiciones reflejadas en la UNDROP (https://defendingpeasantsrights.org/en/colombia-recognition-of-peasants-as-subjects-of-rights-interview-with-martha-elena-huertas-moya/).

En Ecuador, la ratificación de la UNDROP por parte de la Asamblea Nacional en 2023, tras una labor de incidencia sostenida por parte de los movimientos campesinos e indígenas, ha fortalecido su papel como marco orientador para los procesos legislativos. Este reconocimiento facilita la integración de los derechos campesinos en las políticas públicas y refuerza la legitimidad de la Declaración dentro del ordenamiento jurídico interno (https://defendingpeasantsrights.org/en/ecuadorian-peasants-win-ratification-of-undrop-by-their-legislative-assembly/).

En Brasil, el Consejo Nacional de Derechos Humanos adoptó en 2025 una importante resolución que reconoce a la UNDROP como una norma clave para la protección de las poblaciones rurales. La medida exige su aplicación transversal en todas las políticas públicas y alienta a las instituciones estatales a alinear sus acciones con la Declaración, marcando un paso importante hacia su institucionalización a nivel nacional (https://defendingpeasantsrights.org/en/brazil-national-council-for-human-rights-adopts-key-regulation-to-advance-the-implementation-of-undrop/).

En Cuba, diversas iniciativas adoptadas desde la Declaración reflejan un esfuerzo sistemático por traducir sus disposiciones en políticas públicas concretas (https://defendingpeasantsrights.org/en/report-on-the-promotion-and-implementation-of-the-undrop-in-cuba/). Procesos similares, a menudo impulsados desde las bases, también están surgiendo en países como Nepal, Indonesia, Níger, Congo y Senegal.

Una oportunidad estratégica para el Sur Global

En conjunto, estos desarrollos muestran que la UNDROP se está perfilando como un punto de referencia cada vez más influyente en la gobernanza de los derechos campesinos, rurales y agrarios.

Para los países del Sur Global, este desarrollo representa una oportunidad estratégica que va más allá del mero cumplimiento de los derechos humanos. Al integrar la UNDROP en los marcos jurídicos y las políticas públicas nacionales, los Estados pueden fortalecer la protección de los sistemas alimentarios locales y del campesinado, afirmando así una mayor soberanía sobre la producción de alimentos y las cadenas de valor agrícolas. En un contexto marcado por la creciente concentración del poder de mercado y las dependencias neocoloniales externas, promover la UNDROP como un principio rector para las políticas agrícolas y alimentarias ayudará a reducir la vulnerabilidad ante las crisis mundiales al ampliar el margen de maniobra de las políticas públicas nacionales. En otras palabras, el objetivo es movilizar este marco jurídico para avanzar en la realización del derecho al desarrollo, entendido aquí como el derecho de los pueblos a determinar sus propios sistemas y políticas de desarrollo rural, de manera autodeterminada (https://defendingpeasantsrights.org/en/the-right-to-development-a-leverage-for-food-sovereignty-and-the-un-declaration-on-the-rights-of-peasants-undrop/).

Al mismo tiempo, la UNDROP ofrece un marco coherente para promover vías de desarrollo agroecológico que sean más equitativas y sostenibles en las zonas rurales, en particular a través de sus disposiciones sobre el derecho a las semillas, el medio ambiente, el agua y la biodiversidad. Apoyar las prácticas y tradiciones rurales a pequeña escala no es solo una cuestión de justicia social, sino también una palanca estratégica para promover la protección ambiental y fomentar respuestas adaptativas a la crisis climática.

En este contexto, es importante promover los foros multilaterales como marcos para el diálogo estratégico entre los Estados, así como entre expertos independientes, mecanismos de la ONU y titulares de derechos, con el fin de fomentar el intercambio de experiencias y buenas prácticas. De hecho, es necesaria una dinámica política colectiva para elevar y fortalecer el estatus político de la UNDROP a nivel nacional, de modo que pueda servir de base para la interpretación judicial, particularmente a través de la capacitación de jueces, abogados y funcionarios públicos, así como la armonización de la legislación nacional y las políticas públicas con sus disposiciones.

En este sentido, podemos trazar vínculos directos entre la UNDROP y las demandas históricas más amplias de un Nuevo Orden Económico Internacional (NOEI) y el derecho al desarrollo. La realización de los derechos campesinos y de otras personas que trabajan en las zonas rurales requiere salvaguardar el espacio político de los Estados del Sur Global para que puedan proteger y fortalecer los sistemas alimentarios y agrícolas locales frente a los efectos distorsionadores de las exportaciones agrícolas altamente subsidiadas del Norte Global. Dicho espacio político abarca la capacidad de regular las importaciones, brindar apoyo público a pequeños productores, mantener reservas estratégicas de alimentos y aplicar políticas de desarrollo agrario y rural que respondan a las prioridades nacionales en lugar de a los imperativos del sector agroindustrial transnacional y de los mercados globales liberalizados.

Desde esta perspectiva, los movimientos sociales, las organizaciones de la sociedad civil y los Estados comprometidos pueden movilizar a la UNDROP no meramente como un marco legal de derechos humanos, sino también como una palanca que presupone un orden económico internacional capaz de hacer efectivos esos derechos. Muchas de las limitaciones estructurales identificadas por las y los defensores del NOEI, incluidos los términos de intercambio desiguales y las asimetrías en el poder de toma de decisiones, continúan dando forma a las condiciones bajo las cuales las comunidades rurales buscan ejercer sus derechos. Por lo tanto, la implementación de la UNDROP plantea cuestiones que se extienden más allá de la reforma legal interna hasta abarcar la arquitectura dominante del comercio internacional, la inversión y las finanzas. Sin abordar estas desigualdades estructurales, los derechos consagrados en la Declaración corren el riesgo de seguir siendo, en gran medida, aspiracionales.

Conclusión

La UNDROP ha dejado de ser un instrumento puramente declarativo para convertirse en una herramienta operativa en múltiples niveles. Su creciente uso en los tribunales, la legislación y las políticas públicas refleja un proceso de socialización e institucionalización progresiva que está redefiniendo el lugar de los derechos campesinos y de otras personas que trabajan en las zonas rurales dentro del derecho internacional contemporáneo.

La aplicación de la UNDROP es, por su propia naturaleza, un proceso profundamente político y colectivo. Es a través de la interacción entre la participación popular y la incidencia institucional como se forja una correlación de fuerzas favorable, necesaria para lograr cambios tangibles en el terreno. En este contexto, la UNDROP debe servir como una brújula esencial, una hoja de ruta colectiva, en apoyo de los esfuerzos para democratizar los sistemas alimentarios y agrícolas, pero solo con la condición de que las propias comunidades se apropien de ella y la defiendan activamente, a la luz de sus intereses concretos.

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Este artículo fue publicado originalmente en la revista Lendemains Solidaires, disponible en francés aquí.

La soberanía alimentaria se define como el derecho de los pueblos a una alimentación sana y culturalmente apropiada, producida mediante métodos ecológicamente sostenibles, así como el derecho de los pueblos a definir su propio sistema alimentario y agrícola. La Vía Campesina (LVC) insiste en que los modos de producción agroecológicos diversificados, impulsados por el campesinado y basados en experiencias milenarias y conocimientos tradicionales, son esenciales para garantizar a todas y todos una alimentación sana, asegurando al mismo tiempo la armonía con los ecosistemas naturales. Este paradigma sitúa las aspiraciones y necesidades de quienes producen, distribuyen y consumen los alimentos en el centro de los sistemas y políticas alimentarias, en lugar de las exigencias de los mercados y del agronegocio. Se trata de un marco que defiende fundamentalmente los intereses de las futuras generaciones.

Contexto

La historia y el surgimiento del concepto de soberanía alimentaria, proclamado por La Vía Campesina en 1996, están vinculados al fracaso de la implementación del concepto de seguridad alimentaria promovido por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Este nuevo concepto buscaba responder a los desafíos del hambre y la malnutrición, que afectaban y siguen afectando particularmente, de manera paradójica, a las zonas rurales.

Durante la Cumbre Mundial sobre la Alimentación de 1996, La Vía Campesina acuñó el término soberanía alimentaria afirmando la centralidad de las y los pequeños productores de alimentos, la sabiduría acumulada por generaciones, la autonomía y la diversidad de las comunidades rurales y urbanas, así como la solidaridad entre los pueblos, como elementos esenciales para elaborar políticas alimentarias y agrícolas.

Debemos recordar que la única manera de hacer oír la voz de la campesinado es a través de la unión y construcción de amplias alianzas, más allá de todas las fronteras. Los movimientos sociales rurales y urbanos, los sindicatos, los actores de la sociedad civil, los gobiernos progresistas, las y los académicos y los científicos independientes deben unirse para defender esta visión común del futuro. Las mujeres rurales y las demás minorías de género oprimidas deben ocupar un lugar igualitario en las instancias de dirección de nuestro movimiento, en todos los niveles. Debemos sembrar las semillas de la solidaridad en nuestras comunidades y luchar contra todas las formas de discriminación que dividen a las sociedades rurales.

Con motivo de la conmemoración de los 25 años de La Vía Campesina, se afirmó que la soberanía alimentaria constituye un verdadero manifiesto para el futuro de nuestro planeta. Es una idea que une a la humanidad y nos pone al servicio de la Madre Tierra que nos alimenta.

"La soberanía alimentaria constituye un verdadero manifiesto para el futuro de nuestro planeta."

Vincular la soberanía alimentaria con el derecho al desarrollo

Vincular la soberanía alimentaria con el marco y el concepto del derecho al desarrollo es particularmente pertinente. En efecto, este último debe entenderse como el derecho de las poblaciones campesinas y rurales a concebir y construir sus propios modelos de desarrollo rural, en coherencia con los principios de la soberanía alimentaria.

El derecho al desarrollo se concibe como un proceso de empoderamiento que implica necesariamente la movilización social y la lucha. Se trata de un derecho programático que exige medidas estructurales y específicas por parte de las autoridades públicas en favor de las comunidades y de las trabajadoras y trabajadores rurales. El derecho al desarrollo es también un instrumento político y un marco jurídico para combatir las políticas perjudiciales de la globalización neoliberal que marginan al campesinado familiar.

La interrelación entre el derecho al desarrollo, la soberanía alimentaria y los derechos campesinos también se destaca durante las negociaciones del proyecto de Pacto sobre el Derecho al Desarrollo en el seno de la ONU[1]. Este proyecto busca reforzar jurídicamente y consolidar el marco del derecho al desarrollo, iniciado por la Declaración de las Naciones Unidas sobre el Derecho al Desarrollo (1986).

Así, el texto del proyecto de Pacto incluye una disposición específica que reconoce el derecho de las y los campesinos “a determinar y desarrollar prioridades y estrategias para ejercer su derecho al desarrollo”. Esta referencia explícita constituye un avance tanto jurídico como político. Refuerza la interpretación del derecho al desarrollo como un derecho colectivo perteneciente a los pueblos y comunidades, en particular a las poblaciones rurales históricamente excluidas de los procesos de toma de decisiones.

Al referirse explícitamente al campesinado y poblaciones rurales como actores clave del desarrollo, este futuro instrumento jurídico reforzará la centralidad de la autodeterminación en la definición de las prioridades agrícolas, económicas y territoriales. También consolidará la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales (UNDROP), la cual reconoce que las y los campesinos no deben ser simples beneficiarios de las políticas públicas, sino titulares de derechos capaces de concebir e implementar sus propios modelos de desarrollo (arts. 3 y 10 de la UNDROP).

¿Qué es el desarrollo rural para el campesinado?

Nuestra visión del desarrollo está centrada en el desarrollo de la agricultura campesina a través de la agroecología, única garantía de medios de vida y condiciones laborales dignas y justas para las poblaciones del mundo entero, especialmente en las zonas rurales. Es decir, los pueblos rurales como corazón de la producción alimentaria. Por eso La Vía Campesina propuso y finalmente logró, en 2018, la adopción de la UNDROP, que constituye una contribución a la realización de la soberanía alimentaria.

Para lograrlo, necesitamos políticas públicas que regulen los mercados agrícolas y alimentarios, ya que las y los campesinos generalmente no perciben ingresos dignos provenientes de sus actividades de producción de alimentos, lo que compromete sus medios de vida y la continuidad de la producción (artículo 16 de la UNDROP). Esto se debe a un sistema alimentario dominante basado en los mecanismos del mercado y controlado por el agronegocio.

Entre estos mecanismos de regulación, defendemos los precios mínimos garantizados (Minimum Support Prices – MSP), es decir, la obligación de los Estados de fijar precios que cubran los costos de producción campesina y garanticen un margen de ingresos equitativo. Este mecanismo invierte la lógica del dumping, que empuja los precios hacia abajo, y protege así la dignidad campesina.

También defendemos las compras públicas y las reservas alimentarias públicas. Exigimos la restauración de sistemas públicos de almacenamiento de alimentos para regular los mercados y estabilizar los precios. Las autoridades públicas deberían comprar las cosechas durante los períodos de recolección para garantizar precios mínimos, y luego liberarlas en períodos de escasez para evitar la especulación. Los precios mínimos garantizados, las compras públicas y las reservas públicas se implementan, por ejemplo, en Indonesia e India.

"Las autoridades públicas deberían comprar las cosechas durante los períodos de recolección para garantizar precios mínimos, y luego liberarlas en períodos de escasez para evitar la especulación."

Estos mecanismos son indispensables, ya que el modelo neoliberal ha desmantelado estas herramientas de regulación, exponiendo a las y los pequeños productores a la competencia de las grandes explotaciones agroindustriales fuertemente subsidiadas. Además, la especulación bursátil sobre los productos alimentarios provoca inestabilidades de precios a escala mundial y empuja a millones de personas a situaciones de precariedad alimentaria, en beneficio exclusivo de una minoría. La Vía Campesina llama a fortalecer las cadenas de suministro locales y regionales, afirmando que el comercio debe privilegiar los circuitos cortos antes que los flujos transcontinentales.

Reforma agraria, derecho a la tierra y derecho al desarrollo

La reforma agraria está vinculada al derecho a la tierra y al control de los territorios, reconocidos como derechos fundamentales inscritos en el derecho internacional de los derechos humanos, particularmente en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (art. 11) y en la UNDROP (art. 17). Muchas acciones del agronegocio violan o amenazan el derecho a la tierra: conflictos agrarios, criminalización, desalojos, acaparamiento de tierras, acaparamiento verde (“green grabbing”), concentración de la tierra impulsada por el agronegocio en favor de la agricultura industrial a gran escala (monocultivos), mercados de carbono, agrocombustibles y mecanismos de compensación de la biodiversidad, actividades mineras, así como los llamados proyectos de “desarrollo” como la construcción de autopistas, represas, etc. Por estas razones, La Vía Campesina lucha en todos los niveles por una reforma agraria integral, centrada en los intereses y derechos de los pueblos rurales.

Este enfoque va más allá de la simple titulación de tierras y llama a una redistribución efectiva y equitativa de la tierra. Incluye la fijación de límites claros al tamaño de la propiedad de la tierra, la prohibición de la venta de tierras a terceros y a entidades extranjeras, así como la expropiación de explotaciones basadas en trabajo ilegal o esclavo, especialmente en la agricultura industrial a gran escala y en las grandes plantaciones.

"Este enfoque va más allá de la simple titulación de tierras y llama a una redistribución efectiva y equitativa de la tierra."

Esta visión también se opone a las “contrarreformas” basadas en el mercado, promovidas por el Banco Mundial en los años noventa, que condujeron a la privatización de las tierras y a una nueva ola de concentración de la tierra en manos de una pequeña minoría depredadora, imponiendo un modelo único de desarrollo rural, arraigado en el neoliberalismo y favorable a los intereses del agronegocio.

La lucha por el derecho a la tierra mediante la implementación de la reforma agraria forma así parte integral del derecho al desarrollo: es una lucha por la autodeterminación y por el derecho a definir sus propios sistemas de tenencia de la tierra. Defendemos una comprensión política de la tierra como ecosistema social y productivo esencial para la vida y no como un simple activo financiero.

Agroecología, derecho a las semillas y derecho al desarrollo

En 2015, durante el segundo Foro Mundial sobre la Soberanía Alimentaria (Foro Nyéléni)[2], las delegaciones que representaban a diversas organizaciones y movimientos sociales de pequeños productores de alimentos y consumidores se reunieron para alcanzar una comprensión común de la agroecología como componente clave de la soberanía alimentaria.

La agroecología busca transformar y mejorar nuestra realidad material en los sistemas alimentarios, frente a un mundo rural devastado por la producción alimentaria industrial y, hoy en día, por las supuestas revoluciones verde y azul. La agroecología es, por tanto, también política: busca cuestionar y transformar las estructuras de poder en la sociedad. Coloca el control de las semillas, la biodiversidad, las tierras y territorios, las aguas, los conocimientos, la cultura y todos los bienes comunes en manos de los pueblos que alimentan al mundo.

El control de las semillas locales y autóctonas es un medio de producción clave frente a la ofensiva de las industrias semilleras, que buscan consolidar la agricultura química, al tiempo que amenazan la biodiversidad. Estas industrias desarrollan semillas basadas en organismos genéticamente modificados (OGM), al mismo tiempo que promueven las patentes (derechos de propiedad intelectual), en detrimento de las semillas locales y campesinas. Por ello, La Vía Campesina rechaza firmemente la mercantilización de la vida, particularmente a través de los OGM, las patentes, así como la privatización y comercialización de la biodiversidad.

En este sentido, el movimiento defiende el derecho colectivo e inalienable de las y los campesinos a conservar, utilizar, intercambiar y vender sus semillas, de conformidad con el Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura (art. 9.3) y la UNDROP (art. 19).

Frente a los intentos industriales de imponer la biología sintética, La Vía Campesina organiza intercambios de semillas y campañas para preservar los sistemas comunitarios tradicionales de gestión de la biodiversidad. Una vez más, la lucha por los derechos sobre las semillas se arraiga en el derecho al desarrollo y en el derecho del campesinado a concebir e implementar sus propios modelos de desarrollo semillero basados en sus conocimientos indígenas tradicionales.

La globalización neoliberal contra los derechos campesinos

Las instituciones financieras y comerciales internacionales son las principales fuerzas responsables de las violaciones de los derechos campesinos y del desmantelamiento de los sistemas alimentarios campesinos. El tríptico compuesto por la Organización Mundial del Comercio (OMC), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial impide a los gobiernos, especialmente a los del Sur global, implementar políticas públicas esenciales en favor de las poblaciones rurales, mediante mecanismos y condicionalidades coercitivas. Estos actores neoliberales han forzado la reducción del papel del Estado en la provisión de servicios públicos, al mismo tiempo que aumentaban el del sector privado (a través de las privatizaciones).

"Estos actores neoliberales han forzado la reducción del papel del Estado en la provisión de servicios públicos, al mismo tiempo que aumentaban el del sector privado."

En este sentido, es importante recordar que la integración de la agricultura en el régimen mundial de libre comercio a través del Acuerdo sobre la Agricultura de la OMC (1994) constituyó un punto de inflexión devastador. Esta política transformó los alimentos en una simple mercancía y desreguló sistemáticamente los sistemas agrícolas, desmantelando las herramientas de regulación de los mercados, como los precios mínimos de intervención y las reservas públicas. Las consecuencias fueron sistémicas: caída de los precios agrícolas, destrucción de los mercados campesinos locales, pérdida de autonomía sobre las semillas y expulsión de millones de campesinas y campesinos de sus territorios en beneficio de grandes terratenientes.

El acto trágico del campesino surcoreano Lee Kyung Hae, quien se quitó la vida en Cancún en 2003 llevando una pancarta que proclamaba “la OMC mata a los campesinos”, sigue siendo emblemático de la violencia de este sistema neoliberal y neocolonial-imperialista.

Sin embargo, el régimen comercial neoliberal no se limita a la OMC: también se caracteriza por la proliferación de acuerdos de libre comercio e inversión a niveles regional, multilateral y bilateral. Además, hoy en día también enfrentamos las políticas comerciales de Estados Unidos, que obligan a los países a abrir totalmente sus mercados, sin reciprocidad.

La lucha por un marco comercial alternativo

En respuesta a los daños causados por el Acuerdo sobre la Agricultura de la OMC, La Vía Campesina lanzó un proceso destinado a exigir urgentemente la creación de un nuevo marco comercial internacional basado en la soberanía alimentaria. Este nuevo marco debe basarse en la solidaridad, la cooperación internacional y la justicia social. Su objetivo principal es redefinir la función del comercio, ya no como una herramienta de maximización de las ganancias de las empresas transnacionales, sino como un instrumento que garantice los derechos humanos y la soberanía alimentaria.

Al afirmar que el comercio agrícola y alimentario debe respetar los derechos humanos y que la alimentación es un derecho humano fundamental y no una mercancía, La Vía Campesina aboga por un nuevo marco comercial que proteja los derechos campesinos y legitime medidas estatales como la protección de los mercados contra el dumping y la garantía de precios de apoyo para los productores.

"La Vía Campesina aboga por un nuevo marco comercial que proteja los derechos campesinos y legitime medidas estatales como la protección de los mercados contra el dumping y la garantía de precios de apoyo para los productores."

Con este fin, La Vía Campesina identifica a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) como el foro legítimo para construir este nuevo consenso multilateral, capaz de realinear las normas del comercio mundial con los derechos humanos.

Conclusión

El derecho al desarrollo, tal como lo entiende La Vía Campesina, constituye una respuesta integrada y radical a los fracasos sistémicos del modelo neoliberal. Se define por la realización de la justicia social, la sostenibilidad ecológica y el respeto de la dignidad de las poblaciones rurales.

Seguiremos luchando por nuestros derechos por todos los medios a nuestro alcance y, ante todo, mediante la movilización popular de nuestras bases. Seguiremos fortaleciendo nuestra incidencia a través de instrumentos jurídicos internacionales, como la UNDROP, para exigir la implementación de políticas públicas redistributivas y regulatorias capaces de concretar nuestro derecho al desarrollo, es decir, nuestro derecho a definir nuestros propios sistemas y modelos de desarrollo rural y agrícola, a la luz del paradigma de la soberanía alimentaria.

Al poner el énfasis en la autonomía y los saberes campesinos, y al situar a las mujeres rurales y a la juventud en el centro de la lucha, La Vía Campesina propone un camino que privilegia la protección de los ecosistemas y de las comunidades por encima de la acumulación de capital, reafirmando así su compromiso con una transformación sistémica del orden económico, comercial, financiero y social mundial.

[1] https://docs.un.org/es/A/HRC/54/50

[2] https://nyeleni.org/fr/

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Más que un acto conmemorativo, el webinario ofreció un espacio de intercambio entre organizaciones campesinas y rurales, así como movimientos sociales que trabajan en diversos contextos de Asia y África. Se centró en el intercambio de experiencias vividas de lucha y resistencia, al tiempo que examinó cómo los cambios geopolíticos y geoeconómicos en curso están afectando a las comunidades rurales. Entre los participantes se encontraban miembros de La Vía Campesina y organizaciones socias como SPI (Indonesia), CBOP (Burkina Faso), MONLAR (Sri Lanka), CAJF (Sudán) y PKRC (Pakistán). El evento también contó con la participación de Shalmali Guttal, miembro experta del Grupo de Trabajo de la ONU sobre la UNDROP para la región de Asia.

Mira el webinario completo a continuación (realizado en un formato multilingüe, con participantes que hablan en inglés, bahasa indonesia o francés):

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La adopción de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en Zonas Rurales (UNDROP) en 2018 marcó un hito histórico para la justicia rural. Sin embargo, hasta la fecha, su desarrollo e implementación se han centrado en gran medida en el campesinado. Es fundamental recordar que los derechos consagrados en la UNDROP son plenamente aplicables a otros pueblos que viven y trabajan en territorios rurales y acuáticos, incluidos los pueblos pescadores. El artículo 1, párrafo 2 de la UNDROP es muy claro al respecto: “Esta Declaración se aplica a toda persona que se dedique a la agricultura artesanal o de pequeña escala, la siembra de cultivos, la cría de ganado, el pastoreo, la pesca, la silvicultura, la caza o la recolección, así como a la artesanía relacionada con la agricultura u otras ocupaciones conexas en una zona rural”.

En este sentido, resulta fundamental seguir abogando por la ampliación del alcance de la UNDROP, fortalecer su apropiación por parte de los pueblos pescadores y promover su visibilidad como sujetos plenos de derechos.

Interpretando la UNDROP desde los territorios acuáticos

Durante décadas, la lucha por los derechos territoriales se ha imaginado casi exclusivamente en términos de tierra. Sin embargo, al hablar de territorios en el contexto de la pesca en pequeña escala, es imprescindible destacar la interdependencia absoluta entre el agua y la tierra para los medios de vida, la soberanía alimentaria y la identidad cultural de estas comunidades. La costa y los cuerpos de agua continentales representan un entorno vital completo donde convergen la vida cotidiana, los medios de subsistencia y la cultura; donde termina la tierra, el territorio continúa en el agua.

Bajo este espíritu, una contribución fundamental que la pesca artesanal puede aportar a la interpretación de la UNDROP es el uso de conceptos paradigmáticos surgidos desde las ciencias sociales y los movimientos sociales en América Latina y el Caribe, como el Maritorio o Territorio de Vida. Este reconoce las áreas costeras y marinas de uso colectivo como espacios de soberanía alimentaria conformados por las personas que tradicionalmente los habitan; lugares entendidos como espacios espirituales e interculturales de “afecto con la naturaleza y la ancestralidad”, y no meramente como zonas de extracción.

A su vez, esta visión se expande hacia el concepto de Acuatorio, un término que permite comprender las “territorialidades anfibias” de las comunidades que habitan estos espacios. Esta perspectiva reconoce que la protección de la pesca artesanal requiere un enfoque que trate todos los ecosistemas acuáticos – ríos, lagunas, humedales – por igual, como territorios indivisibles de tierra y agua.

En consecuencia, el derecho a la tierra y a otros recursos naturales consagrado en el artículo 17 de la UNDROP debe interpretarse como un marco que abarca las complejas relaciones que las comunidades pesqueras mantienen con sus entornos acuáticos, reafirmando que el agua y la tierra constituyen dimensiones inseparables de este derecho.

Las amenazas: el “Acaparamiento de Océanos” y la Economía Azul

Hoy en día, los territorios pesqueros enfrentan una embestida sin precedentes de amenazas a sus vidas y medios de subsistencia. Bajo el pretexto de desarrollo y sostenibilidad, proyectos de turismo de lujo, energía offshore, acuicultura y pesca industrial, y exploración minera en aguas profundas están destruyendo los ecosistemas marinos y acaparando zonas de pesca y puntos de desembarque. Esto se conoce como Ocean Grabbing (acaparamiento de los océanos) o Blue Grabbing (acaparamiento azul).

Incluso, algunos enfoques de conservación ambiental, cuando se aplican bajo el modelo de “fortaleza” – es decir, áreas protegidas cerradas que excluyen a los habitantes tradicionales – también se han convertido en una amenaza. La UNDROP, en diálogo con las Directrices Voluntarias para Lograr la Sostenibilidad de la Pesca en Pequeña Escala en el Contexto de la Seguridad Alimentaria y la Erradicación de la Pobreza (Directrices PPE), debe utilizarse para reivindicar el importante papel de los pueblos pescadores – que han habitado estos territorios durante siglos – como verdaderos guardianes de la biodiversidad y los ecosistemas. Como establecen estas Directrices, la conservación no debe llevarse a cabo a expensas de las comunidades, sino en colaboración con ellas. Por ello, la protección de sus derechos de tenencia y el reconocimiento de sus prácticas y conocimientos tradicionales es – en sí misma -, una estrategia de conservación.

La tríada defensiva: UNDROP, Directrices PPE y Tenencia

La fuerzade la UNDROP para los pueblos pescadores radica en su capacidad de dialogar con otros instrumentos internacionales. En este sentido, para que la protección sea efectiva, la Declaración debe leerse a la luz de las Directrices PPE y de las Directrices Voluntarias sobre la Gobernanza Responsable de la Tenencia de la Tierra, la Pesca y los Bosques en el Contexto de la Seguridad Alimentaria Nacional (DVGT).

Mientras que las Directrices PPE y las DVGT proporcionan la hoja de ruta técnica para una gobernanza responsable, la UNDROP eleva estas recomendaciones al rango de Derechos Humanos. Juntas, forman un marco jurídico que permite a los pueblos pescadores exigir y luchar por la redistribución de la tierra/agua, el acceso preferencial a zonas de pesca y recursos, y la gestión colectiva de sus territorios acuáticos – tanto costeros como continentales – así como la protección contra cualquier desplazamiento o desalojo arbitrario e ilegal. Además, este marco respalda la garantía del Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI) y la realización de evaluaciones de impacto territorial frente a proyectos de “Economía Azul” a gran escala.

La UNDROP representa un instrumento precursor al reconocer el derecho al agua como un pilar esencial para la vida digna de los pueblos pescadores a pequeña escala y constituyendo la base misma de sus medios de subsistencia. Este derecho se entiende no sólo para el consumo humano, sino también para la producción de alimentos y, por extensión, para la pesca. Asimismo, al reconocer los sistemas de gestión comunitaria, este derecho refuerza la autonomía de las comunidades pesqueras en la gobernanza de sus territorios, donde el conocimiento tradicional desempeña un papel clave. Por último, la Declaración también establece disposiciones para que los Estados protejan a las comunidades frente a terceros, lo cual es crucial ante actividades extractivas o contaminantes que amenazan tanto el acceso a los territorios acuáticos como la integridad de los ecosistemas.

Las mujeres en el corazón de la pesca

Si la UNDROP ha de utilizarse como un escudo para los pueblos del mar, su protección debe ser particularmente sólida para las mujeres, que sostienen la vida y el tejido económico de sus comunidades, pero enfrentan una invisibilidad sistémica y jurídica. En la pesca artesanal, como en otros sectores rurales, la relación con el territorio está profundamente marcada por una dimensión de género: mientras los hombres suelen estar en el agua, el espacio productivo y vital de las mujeres es la orilla y la franja costera. Es allí donde procesan, secan y comercializan el pescado; en consecuencia, se ven desproporcionadamente afectadas por el acaparamiento de tierras y aguasy por el avance de la “economía azul”.

Este impacto diferenciado ha sido reconocido explícitamente por el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) en su Recomendación General N.º 34, al señalar que las mujeres rurales – incluidas las pescadoras – no constituyen un grupo homogéneo y sufren formas interseccionales de discriminación. Esta perspectiva ha sido reforzada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (OC-27/21), que establece que las mujeres que dependen de los recursos naturales enfrentan una “vulnerabilidad agravada” cuando su entorno es destruido, ya que se rompe no sólo su fuente de ingresos, sino también su tejido de cuidados y vida comunitaria.

Por lo tanto, bajo una lógica de protección integral, la UNDROP no puede interpretarse de forma aislada, sino en diálogo permanente con la CEDAW y las Directrices PPE, y en particular su capítulo 8. Esta articulación normativa constituye la base para exigir que los Estados reconozcan plenamente el trabajo de las mujeres en la pesca, respeten sus conocimientos sobre el uso sostenible de los recursos y garanticen la seguridad de tenencia de las tierras adyacentes al agua. Esto es esencial para que las pescadoras dejen de ser invisibles y actúen como actoras, responsables en la toma de decisiones y beneficiarias de las mismas.

En este sentido, el artículo 4 de la UNDROP establece disposiciones para que los Estados adopten medidas para eliminar la discriminación contra las mujeres pescadoras y garantizar su participación plena y efectiva en todos los procesos de toma de decisiones. Asimismo, reconoce sus derechos a acceder a recursos productivos, servicios y protección social en igualdad de condiciones, abordando las desigualdades estructurales que enfrentan. De este modo, el artículo 4 no sólo complementa los estándares de la CEDAW, sino que también consolida un enfoque transformador que exige políticas públicas con perspectiva de género en la pesca artesanal.

Del reconocimiento a la realización: la UNDROP como instrumento vivo para la pesca en pequeña escala

Aunque el término “campesino” configura gran parte del lenguaje de la UNDROP, su alcance es inequívoco: las y los pescadores y trabajadores de la pesca en pequeña escala son titulares plenos de derechos bajo este instrumento. Como sostuvo recientemente el Colectivo Internacional de Apoyo a los Trabajadores de la Pesca ( ICSF por sus siglas en inglés) ante el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la UNDROP, el desafío ya no es de reconocimiento, sino de realización. Es momento de derribar definitivamente la “frontera invisible” que históricamente ha excluido al agua de los debates agrarios y garantizar que las comunidades pesqueras se apropien de la Declaración como su propio escudo.

Desde esta perspectiva, hacer que la UNDROP tenga sentido en la vida de las comunidades pesqueras requiere ir más allá de una lectura meramente declarativa de los derechos. La Declaración debe movilizarse junto con las Directrices PPE y DVGT, no solo como instrumentos complementarios, sino como parte de una arquitectura coherente para la gobernanza pesquera basada en derechos. En este marco, los derechos humanos dejan de ser garantías abstractas y se convierten en herramientas de acción, arraigadas en las experiencias vividas, los sistemas de conocimiento y la organización colectiva de las comunidades.

En última instancia, transformar la UNDROP en una herramienta operativa es tanto un proceso político como colectivo. Depende del fortalecimiento de las capacidades de las organizaciones de pesca en pequeña escala, de su participación activa en los espacios de toma de decisiones y del refuerzo de las alianzas estratégicas que sostienen sus luchas. La experiencia histórica demuestra que el cambio duradero surge de esta interacción entre la resistencia comunitaria y una presencia técnica y política sostenida en los espacios de gobernanza global.

La UNDROP puede servir como una brújula vital, pero solo si es timoneada activamente por las propias comunidades que busca proteger. La tarea que queda por delante es asegurar que los pueblos pesqueros no solo se vean reflejados en esta Declaración, sino que la utilicen como una herramienta para proteger el futuro de sus territorios, sus medios de vida y sus derechos.

Candelaria Aráoz Falcón – Colectivo Internacional de Apoyo a los Trabajadores de la Pesca (ICSF)

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La Vía Campesina lanza su documento de posicionamiento sobre las guerras en el mundo, en el marco de los 30 años del Día Internacional de las Luchas Campesinas.

Bagnolet, 17 de abril de 2026 |  Hoy se conmemora 30 años de la masacre de Eldorado do Carajás, un lamentable hecho que marcó un hito dentro de La Vía Campesina, donde campesinxs sin tierra de Brasil fueron asesinados por la policía federal por defender su derecho a la reforma agraria. Kilómetros más allá y 30 años después de lo ocurrido, el mundo sigue sangrando a pueblos y familias inocentes en un escenario cada vez más crítico marcado por presión del poder imperial y las tensiones geopolíticas.

Conmemorando el Día Internacional de las Luchas Campesinas, nuestro movimiento presenta el documento de posicionamiento: Soberanía Alimentaria frente a la guerra, el imperialismo y el hambre de los pueblos en el mundo, un documento que aborda elementos clave para comprender el impacto de las guerras y el poder imperial en la Soberanía Alimentaria de los pueblos. El documento ha considerado cifras importantes que nos han brindado los reportes del Comité de Pesca de la FAO a través de su informe del Situación de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo (SOFI), el Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo, la Agencia de la ONU para lx s Refugiadxs (ACNUR), entre otros; respecto a los conflictos globales y los impactos en los sistemas alimentarios en los países afectados.

“Vivimos una era de convergencia de crisis sin precedentes. Nunca en la historia reciente han estallado tantos conflictos armados simultáneamente en tantos continentes. Las guerras en Gaza, Líbano, Mali, Ucrania, Sudán, Yemen, Myanmar, el Sahel, la República Democrática del Congo y Siria no son tragedias aisladas. Son las erupciones sintomáticas de un único sistema global estructuralmente enfermo, construido sobre la lógica de la acumulación de capital sin fin, el racismo estructural, la escalada de tensiones del poder geopolítico,la extracción de recursos y la dominación imperial neolocolonialista.”

La Vía Campesina, como movimiento donde convergen organizaciones campesinas a nivel global, ha reflexionado al respecto y denunciado constantemente el uso del hambre como arma de guerra y el negocio que está detrás. Con la destrucción y la ocupación militar se benefician las economías de EEUU, Israel y muchos países del norte global; promoviendo genocidios en curso y ejerciendo una suma incalculable de violaciones de derechos humanos y crímenes contra la humanidad, con riesgo de quedar impunes, donde las mujeres y la niñez son las más vulnerables.

Invitamos a nuestras organizaciones miembros y organizaciones aliados a estudiar y compartir el documento como herramienta popular de estudio y aporte del campesinado global en primera voz.

¡Unidxs contra el imperialismo, el neocolonialismo, la criminalización de nuestras luchas y el despojo de nuestros territorios!

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El CETIM y La Vía Campesina estuvieron en Yaundé, Camerún, para seguir de cerca los trabajos de la 14.ª Conferencia Ministerial de la OMC (26-29 de marzo de 2026). El CETIM y La Vía Campesina abogan por el desmantelamiento de la OMC, ya que su paradigma se basa en una arquitectura económica y comercial profundamente asimétrica, al servicio de los intereses del capital transnacional y en detrimento de los pueblos y las economías locales, en particular en los países del Sur.

La Conferencia Ministerial concluyó sin una declaración final ni la reforma que se había anunciado. La mayoría de los temas, entre ellos la agricultura, el comercio electrónico o la facilitación de las inversiones, se remitieron a Ginebra por falta de consenso. Numerosos participantes atribuyen este fracaso en gran parte a la estrategia de Estados Unidos, que condicionó toda negociación a la adopción de una moratoria permanente sobre los aranceles relacionados con el comercio electrónico, lo que provocó fuertes tensiones, especialmente entre los países del Sur. Las divergencias sobre este tema, así como sobre otras prioridades como la seguridad alimentaria o las normas de propiedad intelectual, bloquearon las negociaciones. Este fracaso confirma así el análisis según el cual la OMC se encuentra hoy en día ampliamente paralizada, incapaz de tomar decisiones favorables a un desarrollo comercial justo y equitativo, y subraya la necesidad de replantearse en profundidad el sistema comercial internacional hacia un marco verdaderamente democrático, que no margine las voces de los pueblos y los países del Sur.

La Declaración de Yaundé que reproducimos a continuación, publicada por La Vía Campesina, pone de relieve los efectos sistémicos de un modelo comercial que subordina la alimentación a la lógica del lucro, acelera la marginación de los pequeños productores de alimentos y compromete la soberanía de los pueblos sobre sus sistemas alimentarios. En un contexto marcado por crisis geopolíticas, económicas y medioambientales, la creciente dependencia de los mercados mundiales no solo se presenta como un callejón sin salida, sino como un factor que agrava las vulnerabilidades estructurales que oprimen a los pueblos.

Ante esta crisis multidimensional, la Declaración de Yaundé de LVC pretende ser portadora de esperanza, al proponer una alternativa política e institucional estructurada. Al afirmar la soberanía alimentaria como principio fundamental, LVC y el CETIM abogan por una refundación del comercio internacional basada en la primacía de los derechos humanos, la solidaridad entre los pueblos y el respeto de los ecosistemas. En consonancia con los principios consagrados en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los campesinos y otras personas que trabajan en zonas rurales (UNDROP), este nuevo marco debe defender y reforzar el reconocimiento de los derechos campesinos a la tierra, las semillas, la biodiversidad y la soberanía alimentaria, entre otros. Es necesario sacar la agricultura de la OMC y superar el marco actual de la OMC para construir un nuevo sistema comercial al servicio de la autodeterminación de los pueblos.

Leer la Declaración de Yaundé

Leer el comunicado del CETIM, previo a la Conferencia Ministeiral: La OMC en un callejón sin salida: ¿ La Conferencia Ministerial la salvara?

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Los Pueblos Indígenas y los movimientos sociales reafirman su unidad y su apoyo a los organizadores de la CIRADR+20, pero rechazan la declaración de la conferencia en la ceremonia de clausura

Por La Via Campesina (28 Febrero 2026)

Comunicado del Comité Internacional de Planificación para la Soberanía Alimentaria (CIP)

CARTAGENA DE INDIAS, 28/02/2026 – En la sesión de clausura de la Conferencia Internacional sobre Reforma Agraria y Desarrollo Rural (CIRADR+20), los Pueblos Indígenas y los movimientos sociales, representados por el Comité Internacional de Planificación para la Soberanía Alimentaria (CIP)*, emitieron una contundente declaración política afirmando su “unidad irreductible” frente a los ataques continuos contra sus derechos.

Los movimientos expresaron su agradecimiento a los Gobiernos de Colombia y Brasil por volver a situar la reforma agraria en la agenda del diálogo político internacional y por incluir sus voces en el proceso de la conferencia. También destacaron la necesidad de que los gobiernos y los pueblos del Sur Global se mantengan unidos en defensa del derecho internacional y de los derechos humanos, señalando que Irán enfrenta actualmente lo que describen como otro ataque imperialista.

La declaración del CIP reafirmó que los derechos de los Pueblos Indígenas y de los campesinos están firmemente reconocidos en el derecho internacional, incluidos los instrumentos adoptados por la Asamblea General de las Naciones Unidas, como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (DNUDPI) y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales (UNDROP). El CIP rechazó cualquier intento de retroceder en estos derechos reconocidos.

Una preocupación central planteada fue la equiparación de los Pueblos Indígenas con el concepto vago de “comunidades locales”, repetido múltiples veces en la declaración de los gobiernos presentada al plenario. Si bien reconocieron la importancia de la Conferencia, los movimientos afirmaron que “no pueden aceptar la declaración” adoptada al concluir la misma. Se comprometieron a seguir participando en los procesos de seguimiento para garantizar que sus derechos sean respetados, protegidos y garantizados.

Las organizaciones de Pueblos Indígenas articuladas en CIP a través del Consejo Internacional de Tratados Indios (IITC) subrayaron que que los tres mecanismos de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas han distinguido claramente las características únicas, los orígenes y el estatus jurídico de los derechos de los Pueblos Indígenas, y advirtieron que agruparlos con comunidades indefinidas socava esas protecciones. Preocupaciones similares fueron expresadas por los pueblos pescadores, los pastores nómadas, los campesinos, los trabajadores rurales y las comunidades móviles y artesanales cuyos derechos territoriales y de movilidad deben ser reconocidos explícitamente.

La declaración llamó a una reforma agraria del siglo XXI que sea inclusiva de los Pueblos Indígenas, campesinos, pueblos pescadores, pastores, mujeres, jóvenes, personas con diversidad de género, comunidades afrodescendientes, agricultores familiares y trabajadores rurales. Subrayó que la reforma agraria debe ir más allá de la redistribución de la tierra para abarcar bosques, océanos, ríos, tierras de pastoreo y rutas migratorias. Redistribución, Reconocimiento, Restitución y Regulación deben conformar los ejes mutuamente reforzadores de una reforma agraria integral, atendiendo a las distintas realidades que existen en todo el mundo. La soberanía alimentaria y la agroecología, afirmaron, deben ser pilares centrales de esta transformación. La estrategia y los pasos concretos hacia una reforma agraria transformadora están expuestos en el documento de posición del CIP lanzado antes de la CIRADR+20.

La declaración concluyó con un llamado a todos los gobiernos a entablar un diálogo de buena fe sobre los derechos de los Pueblos Indígenas, los derechos de los pueblos pescadores y de los pastores nómadas, los derechos de las mujeres y la agroecología.

“La reforma agraria, la soberanía alimentaria y la justicia social, agraria y ambiental solo se lograrán a través de la lucha”, afirmó la declaración. “Estamos regresando a nuestros territorios para organizar a nuestros pueblos y defender el futuro de nuestras comunidades y de la Madre Tierra”.

* QUIÉNES SOMOS: El Comité Internacional de Planificación para la Soberanía Alimentaria

El Comité Internacional de Planificación para la Soberanía Alimentaria (CIP) es una plataforma mundial autónoma y autoorganizada de organizaciones de productores de alimentos a pequeña escala y trabajadores rurales, así como de movimientos sociales de base/comunitarios, cuyo objetivo es impulsar la agenda de la Soberanía Alimentaria a nivel mundial y regional. Más de 6000 organizaciones y 300 millones de productores de alimentos a pequeña escala se autoorganizan a través del CIP, compartiendo los principios y los 6 pilares de la Soberanía Alimentaria tal como se establecen en la Declaración de Nyeleni 2007 y su informe de síntesis.

El CIP facilita el diálogo y el debate entre actores de la sociedad civil, gobiernos y otros actores en el ámbito de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición, creando un espacio de discusión autónomo de partidos políticos, instituciones, gobiernos y el sector privado.

La legitimidad del CIP se basa en su capacidad de dar voz a las preocupaciones y luchas que una amplia variedad de organizaciones de la sociedad civil y movimientos sociales enfrentan en su práctica cotidiana de incidencia a nivel local, subnacional, regional y global.

Leer la Declaracion final del CIP

Leer el posicionamiento del CIP sobre la reforma agraria

Leer la nota informativa de la Via Campesina sobre la reforma agraria

Entrevista colaborativa sobre las conclusiones de la CIRADR+20 y del Foro de los Pueblos y de los Movimientos Sociales

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En la víspera de la II Conferencia Intergubernamental histórica sobre reforma agraria y desarrollo rural,  cerca de 300  delegades que representan a campesinxs, Pueblos Indígenas, pescadores artesanales, pastoralistas y trabajadoras rurales—organizadxs a través del Comité Internacional de Planificación para la Soberanía Alimentaria (CIP)—han llegado a Cartagena para el ‘Foro de Pueblos y Movimientos Sociales: Unidxs por la Tierra, el Agua, los Territorios y la Dignidad’, que se llevará a cabo del 22 al 23 de febrero en el Hotel Almirante, Cartagena de Indias.

Este espacio autónomo sirve como un escenario crítico para que nuestros movimientos sociales globales unifiquen nuestra voz antes de que comience la II Conferencia Internacional sobre Reforma Agraria y Desarrollo Rural (CIRADR+20) el 24 de febrero, donde todos los miembros del IPC participarán activamente en las plenarias y paneles oficiales.

Dos décadas después de la primera Conferencia Internacional sobre Reforma Agraria y Desarrollo Rural (CIRADR+20), las crisis en torno a la tierra, el agua, los bosques y los océanos se están intensificando, ya que los recursos se concentran, mercantilizan y deterioran cada vez más.

La primera CIRADR, celebrada en Porto Alegre, Brasil, en 2006 con la participación de estados de todos los continentes, subrayó la importancia de las reformas agrarias redistributivas. También fue un hito en la historiade las Naciones Unidas, ya que puso en marcha un proceso democrático que permitió una participación fuerte y autogestionada de organizaciones que representan a campesinxs, personas sin tierras, Pueblos Indígenas, pescadores y trabajadores de la pesca, pastoralistas, trabajadoras y otras comunidades rurales.

Veinte años después, CIRADR+20 ofrece una oportunidad histórica para reafirmar la importancia de la reforma agraria y el desarrollo rural, hacer un balance de ejemplos transformadores de reforma agraria, actualizar el significado de la reforma agraria y forjar una visión compartida para una transformación popular, feminista, decolonial y eco-social. Demandamos a los estados y a las instituciones internacionales no otra ronda de compromisos voluntarios, sino compromisos reales y acciones concretas, vinculantes y medibles para un cambio estructural.

Desde 2006, hemos llevado a cabo campañas exitosas por marcos normativos globales significativos, incluyendo las Directrices sobre Tenencia (2012), la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (UNDRIP, 2007) y la Declaración de la ONU sobre Derechos Campesinos (UNDROP, 2018).

Estos instrumentos internacionales de derechos humanos afirman que los estados tienen el deber de garantizar el acceso equitativo y el control sobre la tierra, la pesca, los bosques y el agua como parte de la realización de sus derechos a la alimentación, agua, vivienda, trabajo, salud y un nivel de vida adecuado.

Sin embargo, la implementación de políticas, programas y mecanismos que aseguren los derechos de los pueblos rurales y fortalezcan el desarrollo rural sigue siendo profundamente inadecuada.

Los estados, las instituciones de la ONU y las organizaciones de las personas deben evaluar colectivamente lo que se ha hecho y lo que no se ha hecho. Renovar la voluntad política para aplicar estos instrumentos existentes y enfrentar las barreras sistémicas que bloquean su realización. Traducir las obligaciones y compromisos de los estados, así como los principios de derechos humanos, en políticas públicas redistributivas que pongan los territorios bajo el control de quienes alimentan, protegen y cuidan al mundo.

En el centro de las demandas de nuestros movimientos está una comprensión holística de los territorios.

A diferencia de la visión estrecha y tecnocrática de la tierra como un «factor de producción,» el IPC ve los territorios como espacios vivos que encarnan la base espiritual, cultural y material de la soberanía de un pueblo. Defender el territorio es defender los ciclos de cuidado y renovación que sostienen al planeta.

Nuestra visión colectiva de una «Reforma Agraria Integral y Feminista» se basa en el marco de las 4Rs:

• Reconocimiento: Respetar y proteger los sistemas de tenencia colectiva y consuetudinaria, particularmente para Pueblos Indígenas y comunidades marginadas.
• Redistribución: Asegurar la transferencia equitativa de tierras, poder y riqueza a campesinxs sin tierra, mujeres y jóvenes, estableciendo límites a la propiedad de tierras corporativas.
• Restitución y Reparación: Devolver el control a quienes han sido despojadxs por la colonización, los conflictos y los desalojos forzados, incluyendo la liquidación de deudas históricas a naciones indígenas.
• Regulación: Implementar regulaciones estrictas de interés público para limitar la influencia de las fuerzas del mercado y la especulación financiera sobre los bienes naturales.

En este sentido, nuestras demandas principales y propuestas hacia CIRADR+20 son las siguientes:

• Reconocer las Causas Raíz: Los estados deben realizar una evaluación honesta de los factores estructurales que impulsan la crisis actual, incluyendo los fracasos de las reformas basadas en el mercado y el impacto de la militarización y la ocupación.
• Comprometerse a la Transformación Estructural: Rechazar la mercantilización de la naturaleza y avanzar hacia políticas públicas que transfieran el poder de las corporaciones a las personas, prestando especial atención a mujeres, jóvenes y pueblos diversos en género y sexualidad.
• Implementación de Políticas Nacionales: Desarrollar planes de reforma agraria integral y sensibles al género que prioricen los derechos de mujeres, jóvenes y trabajadores sin tierra, especialmente de castas y grupos históricamente oprimidos.
• Responsabilidad Corporativa y Justicia Financiera: Poner fin a las apropiaciones de recursos por parte de corporaciones y «desfinanciar» la tierra y el agua, sacándolas de la lógica de los mercados especulativos.
• Mecanismos de Monitoreo Fuertes: Fortalecer el papel del CFS en el monitoreo de la implementación de las Directrices sobre Tenencia y los resultados y compromisos de CIRADR+20. Los resultados de CIRADR+20 deben informarse a todas las instituciones relevantes de la ONU, incluyendo el Sistema de Derechos Humanos de la ONU, las Convenciones de Río (CDB, UNFCCC y UNCCD), UNCTAD, IFAD, UNDP, etc. Establecer observatorios internacionales, nacionales y regionales para monitorear el progreso y reformar el Observatorio Global de Tierras de la FAO en una plataforma participativa para datos liderados por la comunidad.

Nuestro documento de posición captura estas demandas en toda su complejidad y detalle (English, Español, Français)

La lucha por la reforma agraria hoy es inseparable de la lucha contra el colapso ecológico y la expansión imperialista. En Cartagena, los movimientos sociales del mundo se mantienen firmes:

¡Control popular sobre la tierra, el agua y los territories YA!

¡Reforma Agraria Popular Ya!

Declaración final del Foro de Pueblos y Movimientos Sociales: Unidxs por la Tierra, el Agua, los Territorios y la Dignidad :

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Defendiendo los Derechos Campesinos republica por la presente el Manifiesto Público que lanza el Movimiento Internacional de los Pueblos Afectados por Represas, Crímenes Socioambientales y la Crisis Climática. Este nuevo movimiento internacional fue creado en el IV Encuentro Internacional de Comunidades Afectadas por Represas y la Crisis Climática, realizado en Belém, Brasil, en noviembre de 2025, tras más de una década de colaboración y esfuerzos coordinados por parte de movimientos sociales de distintas regiones del mundo.

El Movimiento Internacional de los Pueblos Afectados por Represas, Crímenes Socioambientales y la Crisis Climática surge para unirse a los pueblos rurales y a otros grupos sociales en sus luchas por los derechos humanos y la justicia socioambiental. Como titulares de derechos de la UNDROP, los pueblos rurales suelen encontrarse entre los más afectados por los mismos problemas que este nuevo movimiento combate. Por ello, el movimiento representa una plataforma internacional clave para movilizar estrategias de incidencia que promuevan la implementación de la UNDROP como una herramienta concreta para proteger los derechos de los pueblos rurales afectados por crímenes socioambientales.

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1: ¿Qué es la Asamblea de Mujeres Rurales y cuáles son sus principales áreas de trabajo?

La Asamblea de Mujeres Rurales es una red de movimientos de campesinas, pescadoras, trabajadoras agrícolas, migrantes y mujeres sin tierra, todas ellas residentes y trabajadoras en las zonas rurales de la región del sur de África. Estamos presentes en 11 países y contamos con cerca de 200 000 miembros. Se trata, por tanto, de un movimiento muy singular de mujeres rurales en la región.

Básicamente, la Asamblea de Mujeres Rurales da voz a las mujeres rurales y les permite actuar en cuestiones relacionadas con el acceso a la tierra y al agua, el derecho a la alimentación, el derecho a las semillas y, por supuesto, nos ocupamos de cuestiones patriarcales que afectan especialmente a las mujeres de las zonas rurales. Otro aspecto fundamental de nuestro trabajo es la justicia climática, que tiene un impacto considerable en la región, debido en gran medida a los numerosos ciclones que la azotan repetidamente, así como a otras crisis climaticas relacionadas.

Además, nos ocupamos de casos de violencia de género. En este sentido, desarrollamos ciclos de estudio en diferentes países, que son espacios que nos permiten debatir sobre cuestiones relacionadas con la violencia contra las mujeres.

También somos las guardianas de nuestras semillas, porque creemos que las semillas son nuestra vida, nuestro patrimonio, nuestra identidad, que no queremos perder. Nos encontramos en una situación en la que las empresas transnacionales, las empresas semilleras, quieren que eliminemos nuestras semillas, heredadas durante generaciones y generaciones. Estamos resistiendo ante ello.

2: ¿Por qué están aquí en Ginebra esta semana? ¿Cuáles son sus expectativas?

Estamos aquí en Ginebra para la 11.ª sesión de negociaciones sobre un tratado jurídicamente vinculante para regular las empresas transnacionales. Estamos aquí porque nuestras comunidades sufren a diario la violencia de las empresas transnacionales. A las personas de las comunidades les están arrebatando sus tierras, donde nosotras, las mujeres, cultivamos. También tenemos problemas relacionados con la crisis climática, como ya se ha dicho. Estas empresas deberían pagar por la contaminación, los daños y las pérdidas que sufrimos cada año. Sequías, inundaciones, entre otros hechos. Por eso estamos aquí, para contribuir a la elaboración de un tratado vinculante que responsabilice a estas empresas. Nuestro objetivo es que se apruebe el tratado para poder prevenir estas catástrofes.

Estamos aquí para hacer oír nuestra voz, porque cuando estamos en nuestros países podemos emitir declaraciones, pero estas no llegan a las Naciones Unidas. Por eso estamos aquí, en múltiples movimientos y comunidades, y una voz colectiva de diferentes países puede tener peso..

Estamos aquí como parte de la Campaña Global para Reivendicar la Soberania de los Pueblos, Desmantelar el Poder Corporativo y Poner fin a la Impunidad, una potente coalición de movimientos sociales, organizaciones progresistas y comunidades afectadas por las transnacionales, para plantear los problemas de las mujeres rurales del Sur Global. Estar aquí es fundamental para nosotras y forma parte de nuestra estrategia de incidencia como Asamblea de Mujeres Rurales. Queremos invertir y participar en diferentes plataformas para defender nuestros intereses a nivel local, nacional e internacional, y utilizar estos espacios de formulación de políticas globales o incluso los instrumentos de las Naciones Unidas para amplificar realmente nuestra voz.

3: ¿Cómo se relaciona la lucha por un tratado vinculante fuerte para regular las empresas transnacionales con la protección y la aplicación de los derechos campesinos, tal y como se describe en la UNDROP?

Hay una fuerte conexión. Me complació mucho saber que en el artículo 15.7 del borrador del tratado vinculante se ha incluido una disposición sobre los derechos campesinos y las poblaciones rurales, que ha recibido un fuerte apoyo de casi todos los países, en particular de Colombia y Palestina. El hecho de que los derechos campesinos se incluyan en este tratado dice mucho de la UNDROP. Este instrumento nos ayudará a impulsar nuestra agenda, de promoción y aplicación de la UNDROP en nuestros países. Nuestros países, por ejemplo Sudáfrica, votaron en favor de la declaración en 2018, pero todavía no contamos con una política que aplique la UNDROP. La existencia de este tratado vinculante reforzará nuestra labor de promoción y nuestro trabajo en nuestros países para garantizar que nuestros gobiernos rindan cuentas de la aplicación de ambos instrumentos. Por lo tanto, estos dos marcos jurídicos serán vehículos clave que utilizaremos en nuestras estrategias de promoción.

Es necesario resaltar que las violaciones que cometen las empresas transnacionales afectan precisamente los derechos que nos otorga la UNDROP. En particular, el derecho a las semillas, el derecho a la tierra y el derecho al agua. Cuando se adopte este tratado, dispondremos de una herramienta vinculante a la cual podremos recurrir para defendernos.

4: ¿Cómo afectan las actividades de las empresas transnacionales a sus comunidades?

En primer lugar, las empresas transnacionales quieren quitarnos nuestras semillas e imponer sus propias semillas industriales. Estas entidades vienen contaminando nuestra agua, causando enfermedades. La contaminación no solo afecta a las personas, sino también a los animales y los cultivos. Como resultado, padecemos enfermedades que ni siquiera reconocemos; a veces, incluso nuestros propios países nos dicen que no saben cómo tratarlas. Estos son los impactos a los que nos enfrentamos como resultado de lo que las empresas transnacionales están haciendo en nuestras comunidades.

La soberanía sobre las semillas ya no es un derecho. Las semillas han sido mercantilizadas por las empresas transnacionales. Se han convertido en una fuente de acumulación de capital en detrimento de la población rural pobre. Nuestros gobiernos ignoran que nuestras semillas son resistentes a los efectos del cambio climático. Nuestras semillas se pueden plantar varias veces. Cuando se compran semillas híbridas, solo duran un año. Si se intenta plantarlas después, no germinan. Nuestras semillas, en cambio, son resistentes: podemos plantarlas durante muchos años. Por lo tanto, tenemos seguridad alimentaria en casa y en la comunidad. Nuestras semillas son perfectas. No son perjudiciales. Tienen propiedades curativas y muchos nutrientes. Los alimentos que se obtienen de ellas se pueden cocinar de diferentes maneras. Se dice que hay hambre en Zambia. Eso es porque se sigue el pensamiento del mundo empresarial. Si pudiéramos pensar como piensan las mujeres rurales, habría mucha comida en Zambia. Ni siquiera debería haber hambre allí. Por lo tanto, este tratado también nos ayudará y protegerá nuestras semillas.

Las semillas híbridas son caras en comparación con nuestras propias semillas, ya que requieren fertilizantes y productos químicos. Si se plantan híbridas sin fertilizantes, no se obtiene nada. Por eso, también estamos tratando de promover nuestras propias semillas autóctonas, a pesar de las amenazas a las que nos enfrentamos por parte de nuestros gobiernos. Con el apoyo de nuestros gobiernos, las empresas transnacionales nos roban nuestras semillas, las convierten en híbridas y nos hacen pagar por ellas. Tenemos derecho a decir no a lo que nos ofrecen.

Además, están contaminando el medio ambiente y nos dicen que no debemos talar nuestros árboles para que estos puedan limpiar el carbono. Están interesados en desarrollar los mercados de créditos de carbono. Vienen a nuestras zonas y se apoderan de grandes extensiones de tierra. Dicen que ni siquiera debemos ir a recoger setas allí, que no debemos ir a recoger orugas allí. Ponen guardias para que no podamos ir a buscar leña. Así que tenemos nuestra propia tierra, pero no tenemos control sobre ella. Es muy intimidante. Venden carbono por mucho dinero, pero nosotros no obtenemos nada de eso.

También se apoderan de la tierra porque quieren explotar la minería, mientras que nosotras somos desplazadas de una tierra en la que hemos vivido durante tantos años. Incluso dañan las tumbas que se encuentran en esas tierras. Por lo tanto, es muy deshumanizante. Hay mucha impunidad en lo que hacen.

Estas empresas transnacionales han destruido nuestra tierra con la contaminación. Tienes un campo que no podrás utilizar durante los próximos 10 años porque ha sido dañado con minerales tóxicos desconocidos que han pasado por la zona. En la provincia de Copperbelt, en Zambia, que está cerca de donde vivimos, las empresas transnacionales contaminaron el río Kafue, que atraviesa todo el país. No podemos acceder al agua en tres cuartas partes de la tierra por la que pasa el río Kafue. No podemos comer ningún pescado de allí.

En Sudáfrica, los pescadores han denunciado a nuestro Gobierno —en particular a nuestro Departamento de Recursos Minerales y Energía— por realizar voladuras en el océano y por trabajar y colaborar con la empresa Shell, que buscaba petróleo en el océano en la parte oriental de Sudáfrica. Tenemos un caso similar en lo que respecta al titanio, que lleva mucho tiempo produciéndose también en la parte oriental de Sudáfrica, en Mbizana, donde las comunidades se están levantando y diciendo: «Tenemos derecho a decir no». El principio del consentimiento libre, previo e informado de las comunidades afectadas debe ser respetado. Se trata de un largo proceso judicial, y estas entidades deben rendir cuentas ahora. Deben pagar. Necesitamos reparaciones. Durante este proceso de resistencia, se han perdido vidas, defensoras han sido asesinadas y muchas están amenazadas en este mismo momento.

5: ¿Cómo han movilizado la UNDROP en África Australen favor de los derechos de las mujeres rurales?

En primer lugar, nos aseguramos de que nuestros miembros comprendieran lo que representa esta declaración y, por lo tanto, cuáles son los derechos que contiene. Llevamos a cabo una intensa labor de capacitación, educación y sensibilización entre nuestros miembros sobre sus derechos y sobre cómo involucrarse para defenderlos. Se trata de una declaración adoptada por las Naciones Unidas que todos los países deben aplicar, por lo que era fundamental para nosotros asegurarnos de que nuestras comunidades comprendieran sus derechos. Cada país tiene una estrategia de promoción, para amplificar la UNDROP en sus comunidades.

Por ejemplo, en Sudáfrica hemos llevado a cabo una campaña llamada “Una mujer, una hectárea de tierra”, para proporcionar más tierra a las mujeres. Combinamos esa campaña con la UNDROP, especialmente el derecho a la tierra, el derecho a la soberanía alimentaria y el derecho a utilizar nuestras semillas.

Como mujeres rurales de diferentes países, celebramos cada año festivales de alimentos y semillas. Lo hacemos para identificar qué semillas se han perdido, cuáles nos quedan y cómo podemos hacer un mejor uso de cada una. Ahora queremos crear bancos de semillas y campos de demostración donde podamos plantar estas semillas, para poder multiplicarlas. También desarrollamos iniciativas de intercambio de semillas. Trabajamos para aumentar nuestras reservas de semillas, de modo que, al resistirnos a las empresas transnacionales, también demostremos la fuerza de lo que tenemos.

En Suazilandia, por ejemplo, estamos involucrando a funcionarios del Gobierno en la aplicación de la UNDROP. Hemos colaborado con varios ministerios, incluido el Ministerio de Agricultura, pero aún no se han obtenido resultados concretos, ya que aún no han dado prioridad a la cuestión. También hemos comenzado a traducir la UNDROP a los idiomas locales para que sea accesible a nuestra población, a las mujeres.

6: ¿Cuál es su mensaje para los Estados del África meridional en relación con su participación en el proceso del Tratado vinculante?

Lo fundamental en este podio es escuchar las voces del Sur Global, especialmente las de nuestros gobiernos africanos. Queremos que pongan fin a la impunidad de las empresas. Tienen que actuar por nuestra gente, por nuestras comunidades, por los pobres, por nuestras naciones. En Sudáfrica, por ejemplo, tenemos una gran constitución en materia de derechos humanos. Sudáfrica ha firmado declaraciones y se ha comprometido históricamente con la UNDROP. Por lo tanto, exigimos que nuestra voz sea escuchada y que estos instrumentos sean implementados.

Nos gustaría que más países africanos participaran activamente en este proceso de negociación del Tratado vinculante. Los gobiernos deben intervenir, encontrar mercados para nuestros alimentos autóctonos y promocionarlos, y ayudar al campesinado. Si no tenemos maíz, tenemos sorgo, diferentes tipos de frijoles, yuca. Podemos preparar una comida con eso. Por lo tanto, deberían anteponer la vida de su pueblo a la protección de los llamados inversores que vienen a nuestros países solo para saquearlos. Extraen los minerales, se los llevan y, cuando regresan, nos vemos obligados a recomprar nuestros propios recursos a un precio muy elevado.

Si las empresas vienen como inversores a nuestros países, que construyan escuelas, carreteras, hospitales. El gobierno debería plantar cara y luchar por nosotras. Debenejar de mirar los beneficios y mirar las vidas de nuestro pueblo!

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Defendiendo los Derechos Campesinos traduce y republica el comunicado de prensa emitido por el Grupo de Trabajo de Expertos de la ONU sobre UNDROP, del 11 de diciembre de 2025 (disponible en inglés aquí).

GINEBRA – Expertos de la ONU celebraron hoy un fallo histórico del Tribunal Superior de Kenia que declaró inconstitucionales las disposiciones de la Ley de Semillas y Variedades de Plantas que criminalizaban la conservación, el uso, el intercambio y la venta de semillas indígenas y semillas conservadas por los campesinos y las campesinas.*

“Este fallo reconoce correctamente que el intercambio de semillas no es un delito, sino un elemento fundamental de la identidad, la resiliencia y la contribución de los campesinos y las campesinas a los sistemas alimentarios nacionales”, afirmó el Grupo de Trabajo.

El Tribunal Superior de Kenia determinó que la ley, que otorgaba derechos exclusivos de comercialización y propiedad sobre las semillas a los criadores y a las empresas semilleras, y exponía a los campesinos y campesinas a posibles penas de hasta dos años de prisión por conservar o compartir semillas, violaba los derechos de estas personas a la vida, al sustento y a la alimentación. El Tribunal subrayó que las prácticas de intercambio de semillas, que se han mantenido durante siglos, constituyen la columna vertebral de la seguridad alimentaria y del patrimonio cultural de Kenia.

“Esta decisión es una afirmación significativa de que los derechos humanos de los/as campesinos/as y los imperativos de la seguridad alimentaria y la biodiversidad deben prevalecer sobre regímenes de propiedad intelectual excesivamente restrictivos”, señaló el Grupo de Trabajo.

Los expertos señalaron que disposiciones similares, a menudo basadas en la Ley de 1991 de la Unión Internacional para la Protección de Nuevas Variedades de Plantas (UPOV), se han incorporado a las leyes nacionales en muchos países, criminalizando prácticas ancestrales en la agricultura indígena y campesina.

“El fallo keniano envía un mensaje claro y oportuno: las obligaciones en materia de derechos humanos no pueden estar subordinadas a monopolios comerciales de semillas ni a interpretaciones restrictivas de los derechos de los obtentores de plantas”, afirmó el Grupo de Trabajo.

La decisión es coherente con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales (UNDROP), en particular el artículo 19, que reconoce el derecho a las semillas, incluyendo el derecho a conservar, usar, intercambiar y vender semillas conservadas por los/as campesinos/as o material de propagación. Los expertos recordaron su Documento Informativo sobre el Derecho a las Semillas**, que aclara que los Estados deben garantizar que las políticas de semillas, los esquemas de certificación y los marcos de propiedad intelectual se diseñen y apliquen de manera que respeten, protejan y cumplan estos derechos, y que los sistemas de semillas gestionados por campesinos/as sean legalmente reconocidos y apoyados activamente.

“Los tribunales desempeñan un papel crítico para garantizar que las leyes nacionales cumplan con las normas internacionales de derechos humanos”, señaló el Grupo de Trabajo. “Cuando los marcos legislativos han criminalizado los sistemas tradicionales de semillas o restringido las prácticas consuetudinarias campesinas, la revisión judicial ofrece una salvaguarda esencial para restaurar la primacía de los derechos humanos y el derecho a la alimentación.”

Los expertos elogiaron el coraje y la perseverancia de los/as campesinos/as, pueblos indígenas y actores de la sociedad civil de Kenia que se movilizaron para garantizar los derechos sobre las semillas ante el Tribunal. “Su determinación es una inspiración para los movimientos campesinos de todo el mundo y demuestra que, cuando los tribunales defienden los derechos humanos, protegen no solo los medios de vida de los pequeños agricultores y los pueblos indígenas, sino también el futuro de sistemas alimentarios diversos, resilientes y soberanos”, afirmaron.

“El fallo de Kenia debería inspirar interpretaciones similares basadas en derechos humanos de las leyes sobre semillas y los regímenes de protección de variedades vegetales en otras jurisdicciones”, concluyó el Grupo de Trabajo.

*El Grupo de Trabajo sobre Derechos Campesinos y otras personas que trabajan en zonas rurales está compuesto por cinco expertos independientes de todas las regiones del mundo. El Presidente-Rapporteur es Carlos Duarte (Colombia), y los otros miembros son Geneviève Savigny (Francia); Shalmali Guttal (India), Uche Ewelukwa Ofodile (Nigeria) y Davit Hakobyan (Armenia).

**Documento informativo sobre el derecho a las semillas, emitido por el Grupo de Trabajo en relación con la Undécima Sesión del Órgano Rector del Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura (TIRFAA), celebrada del 24 al 29 de noviembre de 2025, detalla cómo los Estados pueden integrar las obligaciones de la UNDROP bajo el derecho a las semillas para proteger las prácticas tradicionales de los/as campesinos/as y los Pueblos Indígenas, así como la biodiversidad.

Los Relatores Especiales / Expertos Independientes / Grupos de Trabajo son expertos en derechos humanos independientes nombrados por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. En conjunto, estos expertos se conocen como los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Los expertos de Procedimientos Especiales trabajan de manera voluntaria; no son personal de la ONU y no reciben salario por su labor. Si bien la oficina de Derechos Humanos de la ONU actúa como secretaría de los Procedimientos Especiales, los expertos ejercen su función a título individual y son independientes de cualquier gobierno u organización, incluida la ACNUDH y la ONU. Cualquier opinión o punto de vista presentado es únicamente del autor y no representa necesariamente a la ONU ni a la ACNUDH.

Las observaciones y recomendaciones específicas por país de los mecanismos de derechos humanos de la ONU, incluidos los procedimientos especiales, los órganos de tratados y el Examen Periódico Universal, se pueden consultar en el Índice Universal de Derechos Humanos https://uhri.ohchr.org/es/

Página de país de Derechos Humanos de la ONU – Kenia

Para consultas y solicitudes de medios, contactar a: Jamshid GAZIYEV, Secretario del Grupo de Trabajo sobre campesinos y trabajadores/as rurales (jamshid.gaziyev@un.org).

Para consultas de medios relacionadas con otros expertos independientes de la ONU, contactar a Maya Derouaz (maya.derouaz@un.org) o Dharisha Indraguptha (dharisha.indraguptha@un.org)

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