Evento paralelo en la ONU: Desafíos y buenas prácticas en la promoción de los derechos campesinos y trabajadores rurales en América Latina

El 18 de septiembre de 2025, con motivo de la 60ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU), se celebró en el Palacio de las Naciones Unidas en Ginebra una conferencia paralela que reunió a actores comprometidos con la protección de los derechos campesinas y de las comunidades rurales. Bajo el título «Promover los derechos campesinos y otras personas que trabajan en zonas rurales a través de la UNDROP: retos y buenas prácticas en América Latina», esta conferencia, coorganizada por La Vía Campesina, el Foro Mundial de Pescadores y Trabajadores de la Pesca (WFFP), FIAN Internacional y el CETIM, con el apoyo de la Academia de Derechos Humanos de Ginebra, RAISE y la coalición suiza «Les Amis de la Déclaration», fue una oportunidad para debatir los principales retos e iniciativas innovadoras con movimientos campesinos y Estados comprometidos con los derechos campesinos en América Latina.

Entre otros objetivos, este evento pretendía poner de relieve los múltiples retos a los que se enfrentan actualmente las comunidades rurales en todo el mundo. También tenía como objetivo explorar cómo la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales (UNDROP) puede influir en los marcos jurídicos y en las políticas publicas para proteger mejor a estas comunidades, reforzar sus derechos y promover la justicia social. Por último, el evento permitió destacar la movilización de los movimientos campesinos y las organizaciones rurales de toda América Latina, que trabajan a todos los niveles para promover y aplicar la UNDROP.

Como moderadora, Sibylle Dirren, representante de FIAN Internacional ante la ONU, destacó el papel crucial de la UNDROP como poderosa herramienta para defender y promover los derechos de las comunidades rurales.

Carlos Duarte, presidente del Grupo de Trabajo de Expertos de la ONU sobre los derechos campesinos y otras personas que trabajan en zonas rurales, recordó la crítica situación de las comunidades rurales, que se enfrentan al despojo, la falta de acceso a la tierra y al agua, así como al acaparamiento de los recursos naturales. Lamentó las dificultades de las organizaciones campesinas para hacerse oír en los foros internacionales, como las COP o el Convenio Mundial sobre la Diversidad Biológica, a pesar de que estas comunidades se ven directamente concernidas por la protección de la biodiversidad y los retos climáticos. El Sr. Duarte también señaló la persecución y la represión de que son víctimas lxs líderxs campesinxs en muchas regiones del mundo. Por último, insistió en la necesidad de reforzar la participación de las mujeres rurales, a menudo invisibilizadas a pesar de ser «la columna vertebral del mundo campesino».

Alfonzo Simon Raylan, representante del Sindicato de Trabajadores del Mar (SITRAMAR), organización miembro del Foro Mundial de Pueblos Pescadores, dio la voz de alarma sobre la situación de las comunidades pescadoras artesanales de la región indígena de Ngöbe-Buglé (Panamá). Desde 2010, con el pretexto de la conservación del medio ambiente, una prohibición de la pesca priva a estas comunidades de su principal fuente de subsistencia, lo que agrava la pobreza y el hambre. Las poblaciones viven en condiciones difíciles, con acceso limitado a la educación, la atención sanitaria y los servicios básicos. El Sr. Raylan denunció la falta de apoyo del Estado y la violenta represión que sufren los pueblos indígenas cuando defienden sus derechos.

Tres representantes de La Vía Campesina del continente latinoamericano compartieron sus experiencias a través de mensajes vídeo. Martha Huertas Moya, miembro de FENACOA/La Vía Campesina Colombia, presentó un balance alentador para el campesinado colombiano, marginado durante mucho tiempo. El reconocimiento de los derechos campesinos en la Constitución del país y en las políticas públicas ha permitido una mejor distribución de la tierra y la garantía de derechos antes inaccesibles. No obstante, insistió en la necesidad de crear una jurisdicción agraria y rural y de aumentar los presupuestos asignados al mundo campesino para consolidar estos avances. Arturo Aliaga, miembro de la ANAP/La Vía Campesina Cuba, destacó los avances concretos en materia de derechos campesinos, soberanía alimentaria y agroecología en el país. El representante campesino declaró que, gracias a la voluntad política afirmada de las autoridades publicas y a la capacidad de la ANAP de participar directamente en la elaboración de políticas y en la creación de marcos legislativos en la materia, la promoción y la aplicación de la UNDROP son ahora una realidad. Anderson Amaro, representante del MPA/La Vía Campesina Brasil, presentó la forma en que los movimientos sociales rurales brasileños movilizan la UNDROP en su lucha por unas condiciones de vida y de trabajo dignas. Más concretamente, el líder campesino se refirió a la estrategia de promoción en curso, cuyo objetivo es integrar la Declaración en la labor de los actores del sistema judicial nacional, los ministerios competentes y la agenda parlamentaria nacional y departamental.

Adriana Fillol Mazo, profesora de la Universidad de Sevilla y de la Academia de Ginebra, presentó la UNDROP como una herramienta jurídica concreta para proteger a las comunidades rurales. Sin embargo, señaló la existencia de varias amenazas, como la digitalización y las tecnologías agrícolas, que pueden aumentar la dependencia y la exclusión. La falta de relevo generacional también fragiliza el futuro de la agricultura campesina. Las mujeres rurales también se enfrentan a importantes obstáculos para acceder a la tierra y a una vida digna. A esto se suman la presión económica, la violencia y la incertidumbre climática, que están provocando una crisis silenciosa de salud mental en las zonas rurales. Concluyó haciendo un llamamiento para que se considere a lxs campesinxs, pescadorxs y pueblos indígenas no como problemas que hay que gestionar, sino como socios estratégicos esenciales para construir sistemas alimentarios justos, resilientes y sostenibles.

Raffaele Morgantini, representante del CETIM ante la ONU, clausuró el evento con una nota de esperanza para las comunidades rurales, gracias al surgimiento de jurisprudencias progresistas. De hecho, en varios sistemas judiciales están apareciendo sentencias favorables a los derechos campesinos. En Honduras, la Corte Suprema invocó la UNDROP para proteger las semillas campesinas contra la «ley Monsanto», una ley aprobada por el Parlamento que favorecía las semillas industriales y que, por lo tanto, fue derogada. En Colombia, la Corte Constitucional concedió su protección a una pareja de campesinos obligados a abandonar sus tierras tras repetidas inundaciones. En febrero de 2020, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó una sentencia en la que ordenaba el restablecimiento de una población indígena en sus tierras ancestrales, utilizando de manera complementaria la UNDROP y la UNDRIP (Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas). Existen otros ejemplos en Kenia o Canadá, que abarcan derechos relacionados con las semillas y la salud. El Sr. Morgantini destacó que estos avances no habrían sido posibles sin las sólidas alianzas entre los movimientos campesinos, lxs defensorxs de los derechos humanos, lxs juristas, lxs académicxs y el compromiso de las autoridades públicas. Estas colaboraciones permiten transformar los principios en acciones concretas en las comunidades rurales, los tribunales y las políticas nacionales.

Leer también nuestra entrevista exclusiva al Presidente del Grupo de trabajo Carlos Duarte y nuestro articulo sobre el informe de dicho Grupo de trabajo presentado ante la 60a sesion del Consejo de los derechos humanos