Expertos de la ONU instan a que se imponga una responsabilidad vinculante a las empresas agrícolas para salvaguardar los derechos de los campesinos y la seguridad alimentaria mundial

Antes de la próxima sesión de negociación de la ONU (20–24 de octubre de 2025) para elaborar un tratado jurídicamente vinculante sobre las empresas transnacionales, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Campesinos y Otras Personas que Trabajan en Zonas Rurales y el Relator Especial sobre el Derecho a la Alimentación han emitido una poderosa declaración conjunta instando «a que se imponga una responsabilidad vinculante a las empresas agrícolas para salvaguardar los derechos de los campesinos y la seguridad alimentaria mundial.»

Las empresas agroindustriales transnacionales se encuentran entre los principales infractores de los derechos consagrados en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales (UNDROP). La declaración subraya la urgente necesidad de un instrumento internacional sólido y aplicable para hacer que estos actores rindan cuentas.

Los expertos destacan la importancia de utilizar la UNDROP como base legal en el desarrollo del tratado, señalando que proporciona un marco fundamental para abordar las injusticias sistémicas que enfrentan los agricultores a pequeña escala, pescadores, pastores y trabajadores rurales. Tal como enfatizan: “Los derechos consagrados en la UNDROP —incluidos los derechos a la tierra, las semillas, la biodiversidad y la participación— deben implementarse mediante leyes vinculantes y mecanismos sólidos de rendición de cuentas.”

Lea la declaración completa aquí:

GINEBRA — Un grupo de poderosas empresas controla ahora gran parte de la producción agrícola mundial, los mercados de insumos y las cadenas de suministro alimentario. Esta concentración de poder socava la autonomía de los pequeños agricultores, exacerba la desigualdad y pone en peligro los fundamentos ecológicos de nuestros sistemas alimentarios, advirtieron hoy expertos de la ONU*.

En sus informes a la Asamblea General de la ONU**, el Grupo de Trabajo sobre los campesinos y los trabajadores rurales y el Relator Especial sobre el derecho a la alimentación advirtieron que el creciente dominio de las empresas transnacionales y la agroindustria en los sistemas alimentarios mundiales supone una amenaza cada vez mayor para la seguridad alimentaria, los medios de vida rurales y los derechos humanos.

«Los campesinos y los pequeños agricultores alimentan a la mayoría de la población mundial con alimentos saludables y diversos. Sin embargo, cada vez están más marginados y desposeídos por la expansión de los sistemas alimentarios impulsados por las empresas», afirmaron los expertos. «El modelo actual de agroindustria, respaldado por Estados poderosos, da prioridad a los beneficios económicos por encima de las personas y el planeta. Esto debe cambiar».

Las prácticas corporativas, como la adquisición de tierras a gran escala, la monopolización de semillas y agroquímicos, la especulación alimentaria, la agricultura por contrato explotadora y la creciente captura corporativa de los espacios de toma de decisiones tradicionalmente ocupados por los campesinos y los trabajadores rurales en la gobernanza de los sistemas alimentarios, han generado, en conjunto, profundas dependencias que erosionan la resiliencia rural y socavan la autonomía de quienes sostienen nuestros sistemas alimentarios. Además, las tecnologías digitales están remodelando aún más los sistemas alimentarios, a menudo ampliando el control corporativo mediante la apropriación de datos agrícolas. Estas tendencias, junto con la crisis climática, han agravado aún más la amenaza al derecho a la alimentación de millones de personas.

Los expertos reafirmaron que la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales (UNDROP) ofrece un marco jurídico fundamental para abordar las injusticias sistémicas a las que se enfrentan los pequeños agricultores, pescadores, pastores y trabajadores agrícolas rurales.

«Los Estados tienen la obligación de regular la actividad empresarial, prevenir los abusos y las violaciones contra los derechos humanos y garantizar el acceso a la justicia de las víctimas», afirmaron.

«Los compromisos voluntarios no son suficientes. Los derechos consagrados en la UNDROP, incluidos los derechos a la tierra, las semillas, la biodiversidad y la participación, deben ser garantizados mediante leyes vinculantes y mecanismos de rendición de cuentas sólidos. Para garantizar que la digitalización sirva a sistemas alimentarios equitativos y sostenibles, la gobernanza de los datos debe proteger los derechos, los conocimientos y la autonomía de los agricultores».

Los campesinos y los trabajadores rurales afectados negativamente por las malas prácticas de las empresas, desde el acaparamiento de tierras y la exposición a sustancias tóxicas hasta el robo de salarios y los desalojos forzosos, siguen luchando por acceder a recursos efectivos.

El Grupo de Trabajo y el Relator Especial hicieron un llamamiento a todos los gobiernos, al sector privado y a los organismos de las Naciones Unidas para que sitúen a los pequeños agricultores, pescadores, pastores y trabajadores rurales en el centro de las políticas alimentarias y la gobernanza mundial.

«Los alimentos no son una mercancía, son un derecho humano», afirmaron. «Debemos actuar ahora para garantizar que quienes alimentan al mundo puedan vivir y trabajar con dignidad, libres de explotación y miedo».

Antes de la próxima sesión del Grupo de Trabajo Intergubernamental de composición abierta sobre las empresas transnacionales y otras empresas con respecto a los derechos humanos, los expertos instaron a todos los Estados miembros a dar prioridad a la finalización de un tratado jurídicamente vinculante para regular las empresas, incluidas las instituciones financieras, y hacerlas responsables de los abusos y las violaciones de los derechos humanos.

«Un tratado vinculante es esencial para cerrar la brecha de rendición de cuentas y reequilibrar el poder en nuestros sistemas alimentarios. Sin obligaciones vinculantes, la impunidad de las empresas seguirá erosionando los derechos humanos y la capacidad del planeta para alimentarse de forma sostenible», afirmaron.