La soberanía alimentaria como palanca para poner fin a la impunidad corporativa: un contundente evento paralelo en la ONU con la participación de movimientos sociales y titulares de derechos de la UNDROP.

Los sistemas alimentarios mundiales se encuentran hoy en el epicentro de una profunda confrontación entre dos paradigmas irreconciliables: un modelo extractivista y agroindustrial impulsado por el capital transnacional, y la lucha de los pueblos y las comunidades rurales por la soberanía alimentaria, la justicia ambiental y el derecho a la salud. Durante el duodécimo período de sesiones de las negociaciones de las Naciones Unidas hacia un instrumento jurídicamente vinculante sobre las empresas transnacionales y los derechos humanos en octubre de 2026, defensores de derechos humanos de primera línea y movimientos sociales de la Campaña Global para Reivindicar la Soberanía de los Pueblos, Desmantelar el Poder de las Transnacionales y poner Fin a la Impunidad llevaron las experiencias vividas por campesinos, mujeres rurales y pescadores artesanales directamente a la arena multilateral. Desde la desregulación de las semillas genéticamente modificadas en Europa y la criminalización de las semillas indígenas y campesinas en el sur de África, hasta el acaparamiento generacional de tierras en Uganda, la destrucción costera en Sri Lanka y el ciclo global de dependencia agrotóxica y farmacéutica, los testimonios recogidos en este informe exponen la naturaleza sistémica de la impunidad corporativa. Al tender puentes entre las luchas territoriales de base y el derecho internacional de los derechos humanos, este panel subrayó un claro imperativo político: lograr la soberanía alimentaria y proteger los bienes comunes requiere exigir responsabilidades legales a las empresas transnacionales en virtud de un tratado internacional sólido y vinculante.

El evento paralelo titulado «La soberanía alimentaria como palanca para poner fin a la impunidad corporativa: voces de mujeres rurales, campesinos y pescadores por sistemas alimentarios justos y resilientes» tuvo lugar el miércoles 14 de octubre de 2026 en las Naciones Unidas, en el marco del duodécimo período de sesiones del grupo de trabajo intergubernamental de composición abierta (OEIGWG) sobre las empresas transnacionales y los derechos humanos. El evento, que reunió a una coalición internacional de movimientos sociales, visibilizó los brutales impactos del poder corporativo transnacional sobre las comunidades rurales. Los movimientos reivindicaron el derecho de los pueblos a la soberanía alimentaria y exigieron la elaboración de un instrumento jurídicamente vinculante eficaz para poner fin a la impunidad de las empresas transnacionales.

Este evento partió del análisis del control corporativo sobre los sistemas alimentarios mundiales, el cual constituye una de las amenazas más graves para los derechos humanos, los ecosistemas y la supervivencia de las comunidades. Lejos de alimentar al planeta, las empresas transnacionales imponen un modelo agroindustrial y extractivista impulsado por la especulación financiera y la maximización de las ganancias. Este sistema se basa en monocultivos, acuicultura industrial, contaminación, organismos genéticamente modificados, agroquímicos y operaciones concentradas de alimentación animal que dependen del uso masivo de antibióticos y antivirales. Al mismo tiempo, los tratados de libre comercio y de inversión refuerzan esta arquitectura al poner a los campesinos y pescadores artesanales en competencia directa con los gigantes del agronegocio, mientras permiten a los inversores extranjeros demandar a los Estados ante tribunales de arbitraje cada vez que adoptan regulaciones destinadas a proteger sus tierras, sus aguas o la salud pública. En oposición directa a este régimen de despojo, el modelo de soberanía alimentaria, articulado y defendido a través del Foro Internacional para la Soberanía Alimentaria de Nyéléni, prioriza los mercados locales y nacionales, empodera a las comunidades campesinas y pesqueras, y reconoce el papel central de las mujeres rurales en la producción, el procesamiento, la distribución y la gestión de los alimentos.

La primera intervención del panel estuvo a cargo de Pierre Maison, representante de la Confédération paysanne y del movimiento internacional La Vía Campesina en Francia. Revisó la génesis y la definición estricta de la soberanía alimentaria para denunciar su cooptación política: «El concepto de soberanía alimentaria, desarrollado por La Vía Campesina a partir de 1996 en respuesta al concepto de seguridad alimentaria, es el derecho de los pueblos, campesinos, comunidades y países a definir sus propios modelos agrícolas, pesqueros y políticas alimentarias (por ejemplo, qué se cultiva, cómo se cultiva y para quién) y, sobre todo, a respetar la soberanía alimentaria de otros países (es decir, sin recurrir al dumping)». Ilustró esta distorsión semántica con el ejemplo de Francia, que cuenta con un Ministerio de Agricultura y Soberanía Alimentaria que, sin embargo, fomenta la producción para la exportación sin preocuparse por las consecuencias en los mercados de terceros países, a pesar de que «la soberanía alimentaria, por el contrario, busca reemplazar la competencia por la solidaridad».

Pierre Maison expuso a continuación el retroceso normativo observado en la Unión Europea. Si bien el Pacto Verde y su estrategia «De la granja a la mesa» establecían objetivos ambiciosos para reducir a la mitad el uso de plaguicidas y alcanzar el 25 % de las tierras agrícolas bajo agricultura ecológica, la influencia de los grupos de presión de las semillas y los agroquímicos ha provocado un giro completo. Dos reglamentos sobre semillas adoptados recientemente desregulan las nuevas técnicas genómicas (NTG), que se asimilan a nuevos OGM. La mayoría de estas semillas podrán cultivarse sin evaluación previa de riesgos y sin etiquetado para el consumidor, lo que conlleva un riesgo importante de dispersión y contaminación de las semillas campesinas, mientras se reduce considerablemente el espacio legal que permite el intercambio de semillas campesinas. Además, se está adoptando a nivel europeo una ley denominada «Ómnibus» relativa a la evaluación de los plaguicidas. Bajo el pretexto de la simplificación administrativa, este texto debilita considerablemente los controles: «Hasta ahora, la autorización para utilizar un plaguicida se concedía por tres años antes de su reevaluación. Sin embargo, esta ley exige que dicha autorización se conceda de forma indefinida. También prevé ampliar el período durante el cual se puede vender un plaguicida después de haber sido prohibido. Asimismo, se ha demostrado que ciertas partes de esta ley son extractos copiados y pegados directamente de una organización agrícola afín al agronegocio».

Frente a esta ofensiva legislativa, el 3 de octubre tuvieron lugar movilizaciones coordinadas por La Vía Campesina en varios países europeos, que reunieron especialmente a 15 000 personas cerca de una fábrica de Syngenta al sur de París, donde convergieron campesinos, asociaciones ecologistas y víctimas de cánceres relacionados con los plaguicidas. Durante estas concentraciones, se condenó enérgicamente la práctica del «colonialismo verde», término que se refiere al hecho de que «los plaguicidas cuyo uso está prohibido en la Unión Europea se siguen produciendo dentro de la UE para su exportación». Pierre Maison concluyó su intervención recordando que la influencia de las empresas transnacionales viola sistemáticamente varias disposiciones de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales (UNDROP), en particular los derechos a las semillas, a la diversidad biológica, a la salud, al agua potable y a un medio ambiente sano, de ahí el imperativo de adoptar un tratado vinculante sólido, ya que la Declaración en sí misma no tiene fuerza ejecutiva vinculante.

Dando seguimiento a este análisis sobre las semillas y la tierra, Zakithi Sibandze, representante de la Asamblea de Mujeres Rurales (Rural Women Assembly – RWA) de Suazilandia, aportó una perspectiva del sur de África sobre las consecuencias de la cooperación internacional y la captura corporativa en la soberanía alimentaria. Estructuró su intervención en torno a tres amenazas principales que pesan sobre los sistemas alimentarios locales. En primer lugar, denunció la criminalización de las semillas indígenas a través de marcos legales inspirados en la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV), cuya promoción a nivel de la Unión Africana ha contado recientemente con el apoyo financiero de Bayer y del Banco Mundial. En segundo lugar, destacó la proliferación de toxinas procedentes de fertilizantes químicos, plaguicidas y la industria extractiva, citando en particular el caso de la mina de Maloma, que contaminan los recursos hídricos y obstaculizan los esfuerzos de las comunidades por practicar la agroecología. En tercer lugar, cuestionó la agricultura por contrato y el acaparamiento de tierras. Zakithi Sibandze destacó el vínculo orgánico entre la tierra y el patrimonio fitogenético: «Sin tierra no hay soberanía alimentaria; del mismo modo, sin semillas indígenas resilientes no puede haber sistemas alimentarios resilientes». Reafirmando que la alimentación africana es intrínsecamente resiliente, exigió que el futuro Tratado Vinculante asigne responsabilidad legal a las empresas transnacionales a lo largo de sus cadenas globales de valor, garantice una reparación integral para las comunidades afectadas y consagre la primacía incondicional de los derechos humanos sobre las normas comerciales: «Pedimos un Tratado Vinculante que proteja a las personas que alimentan al planeta, no a las corporaciones que lo envenenan».

La realidad concreta y generacional del acaparamiento de tierras fue profundizada a continuación por Rehema Bavuma, representante de FIAN Uganda, a través de un detallado estudio de caso sobre la experiencia de la comunidad de Kaweri, cuya lucha por la justicia dura ya veinticinco años. Aunque el café es un importante producto de exportación para Uganda, el caso de Kaweri ilustra los abusos que se producen cuando la inversión prevalece sobre los derechos fundamentales. En agosto de 2001, aproximadamente 4 000 personas de cuatro aldeas del distrito de Mubende, en el centro de Uganda, fueron desalojadas por la fuerza por las fuerzas de seguridad ugandesas para dar paso a la plantación de café de Kaweri, operada por una filial del grupo alemán Neumann Kaffee Gruppe. Algunos miembros de la comunidad fueron obligados, bajo amenaza de uso de la fuerza, a firmar documentos redactados en inglés que no comprendían. Durante este brutal desalojo, se demolieron viviendas, se destruyeron cultivos y las familias campesinas perdieron todo acceso a sus tierras productoras de alimentos, donde también se encontraban sus cementerios, iglesias, mezquitas e instituciones culturales. Incluso la escuela primaria de la comunidad fue ocupada para servir como sede de la plantación.

Al abordar la noción misma del consentimiento libre, previo e informado, Rehema Bavuma planteó una pregunta fundamental a la asamblea: «¿Podemos hablar realmente de consentimiento cuando las comunidades no tienen ninguna oportunidad genuina de comprender, cuestionar o rechazar las decisiones que afectan a sus tierras?». Hoy en día, esta plantación abarca aproximadamente 2 500 hectáreas y produce anualmente entre 1 600 y 3 000 toneladas de café para los mercados comerciales, generando ganancias continuas durante un cuarto de siglo mientras las familias desposeídas luchan por sobrevivir. Los procedimientos judiciales, iniciados ya en 2002 por las comunidades, han estado marcados por innumerables recursos y retrasos procesales. No fue hasta enero de 2025 cuando comenzó un proceso de indemnización para 258 familias que aceptaron la oferta del gobierno, mientras que otras 143 familias siguen adelante con sus reclamaciones ante los tribunales.

El costo humano de esta lentitud judicial es particularmente elevado, ya que 81 representantes de familias fallecieron antes de poder obtener justicia. Como subrayó Rehema Bavuma: «El daño causado por el despojo puede ocurrir en cuestión de días, pero obtener justicia puede llevar toda una generación». El caso de Kaweri, que involucra a una empresa que opera en Uganda pero cuya sociedad matriz está domiciliada en Alemania, demuestra de manera flagrante los obstáculos a los que se enfrentan las víctimas cuando buscan exigir cuentas a los actores económicos a través de las fronteras y de complejas estructuras societarias. Para FIAN, la adopción de un Tratado Vinculante es indispensable para prevenir tales violaciones, garantizar la participación efectiva de las comunidades y otorgar a las poblaciones el derecho a impugnar las inversiones perjudiciales antes de que el daño sea irreversible. Rehema Bavuma concluyó su intervención recordando la esencia misma de este paradigma: «Porque la soberanía alimentaria no consiste simplemente en producir alimentos. Se trata de proteger los derechos de las personas a la tierra, a los medios de subsistencia y a tener una voz significativa en las decisiones que afectan a sus vidas».

Ampliando la cuestión a los ecosistemas acuáticos y marinos, Herman Kumara, del Movimiento Nacional de Solidaridad Pesquera de Sri Lanka (National Fisheries Solidarity Movement) y secretario general del Foro Mundial de Pueblos Pescadores (WFFP), tomó la palabra para denunciar los impactos de la acuicultura industrial. Expresó la profunda preocupación del WFFP por el programa de «Transformación Azul» promovido por el Comité de Pesca (COFI) de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), que orienta el futuro de la producción pesquera mientras descuida los derechos y la importancia crucial de las comunidades pesqueras artesanales. La expansión de las empresas transnacionales en el sector de la acuicultura tiene lugar haciendo caso omiso de las leyes nacionales y conduce a violaciones sistemáticas de los derechos humanos, a la contaminación de las masas de agua, al acaparamiento de tierras costeras y a la destrucción de los ecosistemas de manglares.

Herman Kumara recordó que el movimiento mundial por la soberanía alimentaria de Nyéléni ha hecho de la campaña mundial contra la acuicultura industrial uno de sus seis ejes estratégicos prioritarios. La lógica de la soberanía alimentaria de las comunidades pesqueras (que concibe la alimentación como una forma de vida, un medio de subsistencia y un patrimonio cultural) es diametralmente opuesta a la de las empresas transnacionales, «que ven nuestros alimentos, nuestra agua y nuestros territorios como mercancías y recursos que deben explotarse para obtener ganancias».

Por último, la dimensión transversal de la salud pública dentro de las luchas territoriales fue desarrollada por Candelaria Araoz Falcon, representante del Movimiento para la Salud de los Pueblos (People’s Health Movement – PHM), seguida por la presencia en el panel de Letícia Paranhos, de Amigos de la Tierra Internacional (FoEI). Candelaria Araoz Falcon afirmó desde el principio que la soberanía alimentaria es inseparable del derecho a la salud, el cual no se define únicamente por factores biológicos, sino que está determinado social y políticamente por las relaciones de poder y el control sobre los bienes comunes: «Partimos de una premisa clara: no hay cuerpos sanos en territorios enfermos y saqueados».

Ofreció un análisis estructural de lo que denomina «el ciclo del lucro», un mecanismo extractivista transnacional articulado en dos fases distintas. En la primera fase, el modelo agroindustrial enferma a las poblaciones: a través de los monocultivos, los agrotóxicos, los organismos transgénicos, la ganadería intensiva y la acuicultura industrial dependiente de los antibióticos, envenena el aire, el suelo, el agua y los alimentos. Este proceso provoca cánceres, malformaciones congénitas, alteraciones endocrinas y trastornos respiratorios, y acelera la resistencia a los antimicrobianos, considerada una de las mayores amenazas para la salud pública mundial. Simultáneamente, la industria alimentaria inunda los mercados con productos ultraprocesados diseñados para el lucro en lugar de la nutrición, alimentando una pandemia mundial de enfermedades crónicas no transmisibles. En la segunda fase, interviene la industria farmacéutica (Big Pharma): «Mientras el agronegocio y la industria alimentaria nos enferman, las grandes farmacéuticas se lucran gestionando los síntomas mediante una dependencia médica y farmacológica perpetua. La misma estructura corporativa que te enferma es la que luego te vende los medicamentos».

Para el Movimiento para la Salud de los Pueblos y el movimiento de Nyéléni, estos dos sectores tratan la alimentación y la salud como meros activos financieros destinados a la acumulación de capital. Este modelo afecta a todos los territorios: destruye las fuentes directas de nutrición de las comunidades pesqueras, sume a las familias campesinas expuestas a los plaguicidas en el endeudamiento y el empobrecimiento debido a la privatización de la atención sanitaria, y golpea de manera desproporcionada a las mujeres rurales. Estas últimas sufren una exposición directa a sustancias tóxicas en un contexto de precariedad, invisibilidad y falta total de protección social o baja por enfermedad, mientras asumen, mediante un agotador trabajo no remunerado, la carga del cuidado de los niños, los enfermos y los ancianos.

Candelaria Araoz Falcon concluyó denunciando la captura corporativa de los espacios de gobernanza mundial, observando cómo ciertas agencias multilaterales promueven falsas soluciones tecnológicas, como los alimentos fortificados o la acuicultura a gran escala, que sirven a los intereses financieros de las empresas agroindustriales y farmacéuticas en detrimento de la agroecología, las dietas tradicionales y las economías locales. Ante esta constatación, lanzó un llamamiento solemne a las delegaciones estatales que participan en las negociaciones de la ONU: «La soberanía alimentaria y el derecho a la salud no pueden hacerse realidad bajo el manto de la impunidad corporativa: la vida de las comunidades y la protección de nuestros bienes comunes deben prevalecer sobre las ganancias del capital transnacional. Por eso instamos a los Estados a apoyar el texto propuesto por la Campaña Global para un Tratado Vinculante sólido y eficaz. Hacemos un llamado urgente, especialmente a los Estados del Sur Global: no cedan a la presión corporativa ni acepten débiles normas voluntarias».

Para cerrar estas intervenciones, Letícia Paranhos, de Amigos de la Tierra Internacional (FoEI), situó a las empresas transnacionales en el centro de una arquitectura de impunidad que obstaculiza la justicia climática y social. Destacó que el capitalismo, el racismo, el patriarcado, el imperialismo y la explotación de la clase trabajadora conforman un único sistema que debe combatirse de manera integral, recordando que no hay agroecología sin luchas feministas y antirracistas, ni justicia ambiental mientras continúen el apartheid y el genocidio en Palestina. Condenando firmemente las falsas soluciones de mercado —como los mercados de carbono, las compensaciones y la agrominería— por ser instrumentos del colonialismo verde, recalcó que quienes defienden la agroecología y la soberanía alimentaria y quienes exigen normas vinculantes sobre las empresas transnacionales se encuentran unidos en un mismo frente de lucha: «Creo que nuestro papel como campaña es garantizar la politización cruzada entre nuestras luchas, denunciar los marcos voluntarios como una falsa solución que solo continúa garantizando el statu quo de este sistema».