Las empresas agroindustriales transnacionales se encuentran entre los principales infractores de los derechos consagrados en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales (UNDROP). La declaración subraya la urgente necesidad de un instrumento internacional sólido y aplicable para hacer que estos actores rindan cuentas.

Los expertos destacan la importancia de utilizar la UNDROP como base legal en el desarrollo del tratado, señalando que proporciona un marco fundamental para abordar las injusticias sistémicas que enfrentan los agricultores a pequeña escala, pescadores, pastores y trabajadores rurales. Tal como enfatizan: “Los derechos consagrados en la UNDROP —incluidos los derechos a la tierra, las semillas, la biodiversidad y la participación— deben implementarse mediante leyes vinculantes y mecanismos sólidos de rendición de cuentas.”

Lea la declaración completa aquí:

GINEBRA — Un grupo de poderosas empresas controla ahora gran parte de la producción agrícola mundial, los mercados de insumos y las cadenas de suministro alimentario. Esta concentración de poder socava la autonomía de los pequeños agricultores, exacerba la desigualdad y pone en peligro los fundamentos ecológicos de nuestros sistemas alimentarios, advirtieron hoy expertos de la ONU*.

En sus informes a la Asamblea General de la ONU**, el Grupo de Trabajo sobre los campesinos y los trabajadores rurales y el Relator Especial sobre el derecho a la alimentación advirtieron que el creciente dominio de las empresas transnacionales y la agroindustria en los sistemas alimentarios mundiales supone una amenaza cada vez mayor para la seguridad alimentaria, los medios de vida rurales y los derechos humanos.

«Los campesinos y los pequeños agricultores alimentan a la mayoría de la población mundial con alimentos saludables y diversos. Sin embargo, cada vez están más marginados y desposeídos por la expansión de los sistemas alimentarios impulsados por las empresas», afirmaron los expertos. «El modelo actual de agroindustria, respaldado por Estados poderosos, da prioridad a los beneficios económicos por encima de las personas y el planeta. Esto debe cambiar».

Las prácticas corporativas, como la adquisición de tierras a gran escala, la monopolización de semillas y agroquímicos, la especulación alimentaria, la agricultura por contrato explotadora y la creciente captura corporativa de los espacios de toma de decisiones tradicionalmente ocupados por los campesinos y los trabajadores rurales en la gobernanza de los sistemas alimentarios, han generado, en conjunto, profundas dependencias que erosionan la resiliencia rural y socavan la autonomía de quienes sostienen nuestros sistemas alimentarios. Además, las tecnologías digitales están remodelando aún más los sistemas alimentarios, a menudo ampliando el control corporativo mediante la apropriación de datos agrícolas. Estas tendencias, junto con la crisis climática, han agravado aún más la amenaza al derecho a la alimentación de millones de personas.

Los expertos reafirmaron que la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales (UNDROP) ofrece un marco jurídico fundamental para abordar las injusticias sistémicas a las que se enfrentan los pequeños agricultores, pescadores, pastores y trabajadores agrícolas rurales.

«Los Estados tienen la obligación de regular la actividad empresarial, prevenir los abusos y las violaciones contra los derechos humanos y garantizar el acceso a la justicia de las víctimas», afirmaron.

«Los compromisos voluntarios no son suficientes. Los derechos consagrados en la UNDROP, incluidos los derechos a la tierra, las semillas, la biodiversidad y la participación, deben ser garantizados mediante leyes vinculantes y mecanismos de rendición de cuentas sólidos. Para garantizar que la digitalización sirva a sistemas alimentarios equitativos y sostenibles, la gobernanza de los datos debe proteger los derechos, los conocimientos y la autonomía de los agricultores».

Los campesinos y los trabajadores rurales afectados negativamente por las malas prácticas de las empresas, desde el acaparamiento de tierras y la exposición a sustancias tóxicas hasta el robo de salarios y los desalojos forzosos, siguen luchando por acceder a recursos efectivos.

El Grupo de Trabajo y el Relator Especial hicieron un llamamiento a todos los gobiernos, al sector privado y a los organismos de las Naciones Unidas para que sitúen a los pequeños agricultores, pescadores, pastores y trabajadores rurales en el centro de las políticas alimentarias y la gobernanza mundial.

«Los alimentos no son una mercancía, son un derecho humano», afirmaron. «Debemos actuar ahora para garantizar que quienes alimentan al mundo puedan vivir y trabajar con dignidad, libres de explotación y miedo».

Antes de la próxima sesión del Grupo de Trabajo Intergubernamental de composición abierta sobre las empresas transnacionales y otras empresas con respecto a los derechos humanos, los expertos instaron a todos los Estados miembros a dar prioridad a la finalización de un tratado jurídicamente vinculante para regular las empresas, incluidas las instituciones financieras, y hacerlas responsables de los abusos y las violaciones de los derechos humanos.

«Un tratado vinculante es esencial para cerrar la brecha de rendición de cuentas y reequilibrar el poder en nuestros sistemas alimentarios. Sin obligaciones vinculantes, la impunidad de las empresas seguirá erosionando los derechos humanos y la capacidad del planeta para alimentarse de forma sostenible», afirmaron.

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GINEBRA – 15 de octubre de 2025 – En el Día Internacional de las Mujeres Rurales, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre los Derechos de los Campesinos, Campesinas y Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales hizo un llamado urgente a la acción, exigiendo a los Estados y a las empresas que pongan fin a la discriminación sistémica, la violencia y la exclusión económica que enfrentan las mujeres rurales en todo el mundo. A pesar de producir más del 70 % de los alimentos del mundo en desarrollo y liderar los esfuerzos de adaptación al cambio climático, las mujeres campesinas y otras mujeres que trabajan en zonas rurales (mujeres rurales) siguen siendo uno de los grupos más marginados, enfrentando graves violaciones a sus derechos humanos fundamentales.

El llamado urgente a la acción destaca una serie de violaciones de derechos interrelacionadas que configuran las duras realidades que enfrentan las mujeres rurales en todo el mundo. El Grupo de Trabajo insta, por tanto, a los Estados, las instituciones multilaterales, el sector privado y la sociedad civil a respetar y garantizar los derechos de las mujeres rurales, tal como están consagrados en la UNDROP, mediante acciones concretas en sus respectivos ámbitos.

Ver declaración completa (en inglés) a continuación:

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Entre otros objetivos, este evento pretendía poner de relieve los múltiples retos a los que se enfrentan actualmente las comunidades rurales en todo el mundo. También tenía como objetivo explorar cómo la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales (UNDROP) puede influir en los marcos jurídicos y en las políticas publicas para proteger mejor a estas comunidades, reforzar sus derechos y promover la justicia social. Por último, el evento permitió destacar la movilización de los movimientos campesinos y las organizaciones rurales de toda América Latina, que trabajan a todos los niveles para promover y aplicar la UNDROP.

Como moderadora, Sibylle Dirren, representante de FIAN Internacional ante la ONU, destacó el papel crucial de la UNDROP como poderosa herramienta para defender y promover los derechos de las comunidades rurales.

Carlos Duarte, presidente del Grupo de Trabajo de Expertos de la ONU sobre los derechos campesinos y otras personas que trabajan en zonas rurales, recordó la crítica situación de las comunidades rurales, que se enfrentan al despojo, la falta de acceso a la tierra y al agua, así como al acaparamiento de los recursos naturales. Lamentó las dificultades de las organizaciones campesinas para hacerse oír en los foros internacionales, como las COP o el Convenio Mundial sobre la Diversidad Biológica, a pesar de que estas comunidades se ven directamente concernidas por la protección de la biodiversidad y los retos climáticos. El Sr. Duarte también señaló la persecución y la represión de que son víctimas lxs líderxs campesinxs en muchas regiones del mundo. Por último, insistió en la necesidad de reforzar la participación de las mujeres rurales, a menudo invisibilizadas a pesar de ser «la columna vertebral del mundo campesino».

Alfonzo Simon Raylan, representante del Sindicato de Trabajadores del Mar (SITRAMAR), organización miembro del Foro Mundial de Pueblos Pescadores, dio la voz de alarma sobre la situación de las comunidades pescadoras artesanales de la región indígena de Ngöbe-Buglé (Panamá). Desde 2010, con el pretexto de la conservación del medio ambiente, una prohibición de la pesca priva a estas comunidades de su principal fuente de subsistencia, lo que agrava la pobreza y el hambre. Las poblaciones viven en condiciones difíciles, con acceso limitado a la educación, la atención sanitaria y los servicios básicos. El Sr. Raylan denunció la falta de apoyo del Estado y la violenta represión que sufren los pueblos indígenas cuando defienden sus derechos.

Tres representantes de La Vía Campesina del continente latinoamericano compartieron sus experiencias a través de mensajes vídeo. Martha Huertas Moya, miembro de FENACOA/La Vía Campesina Colombia, presentó un balance alentador para el campesinado colombiano, marginado durante mucho tiempo. El reconocimiento de los derechos campesinos en la Constitución del país y en las políticas públicas ha permitido una mejor distribución de la tierra y la garantía de derechos antes inaccesibles. No obstante, insistió en la necesidad de crear una jurisdicción agraria y rural y de aumentar los presupuestos asignados al mundo campesino para consolidar estos avances. Arturo Aliaga, miembro de la ANAP/La Vía Campesina Cuba, destacó los avances concretos en materia de derechos campesinos, soberanía alimentaria y agroecología en el país. El representante campesino declaró que, gracias a la voluntad política afirmada de las autoridades publicas y a la capacidad de la ANAP de participar directamente en la elaboración de políticas y en la creación de marcos legislativos en la materia, la promoción y la aplicación de la UNDROP son ahora una realidad. Anderson Amaro, representante del MPA/La Vía Campesina Brasil, presentó la forma en que los movimientos sociales rurales brasileños movilizan la UNDROP en su lucha por unas condiciones de vida y de trabajo dignas. Más concretamente, el líder campesino se refirió a la estrategia de promoción en curso, cuyo objetivo es integrar la Declaración en la labor de los actores del sistema judicial nacional, los ministerios competentes y la agenda parlamentaria nacional y departamental.

Adriana Fillol Mazo, profesora de la Universidad de Sevilla y de la Academia de Ginebra, presentó la UNDROP como una herramienta jurídica concreta para proteger a las comunidades rurales. Sin embargo, señaló la existencia de varias amenazas, como la digitalización y las tecnologías agrícolas, que pueden aumentar la dependencia y la exclusión. La falta de relevo generacional también fragiliza el futuro de la agricultura campesina. Las mujeres rurales también se enfrentan a importantes obstáculos para acceder a la tierra y a una vida digna. A esto se suman la presión económica, la violencia y la incertidumbre climática, que están provocando una crisis silenciosa de salud mental en las zonas rurales. Concluyó haciendo un llamamiento para que se considere a lxs campesinxs, pescadorxs y pueblos indígenas no como problemas que hay que gestionar, sino como socios estratégicos esenciales para construir sistemas alimentarios justos, resilientes y sostenibles.

Raffaele Morgantini, representante del CETIM ante la ONU, clausuró el evento con una nota de esperanza para las comunidades rurales, gracias al surgimiento de jurisprudencias progresistas. De hecho, en varios sistemas judiciales están apareciendo sentencias favorables a los derechos campesinos. En Honduras, la Corte Suprema invocó la UNDROP para proteger las semillas campesinas contra la «ley Monsanto», una ley aprobada por el Parlamento que favorecía las semillas industriales y que, por lo tanto, fue derogada. En Colombia, la Corte Constitucional concedió su protección a una pareja de campesinos obligados a abandonar sus tierras tras repetidas inundaciones. En febrero de 2020, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó una sentencia en la que ordenaba el restablecimiento de una población indígena en sus tierras ancestrales, utilizando de manera complementaria la UNDROP y la UNDRIP (Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas). Existen otros ejemplos en Kenia o Canadá, que abarcan derechos relacionados con las semillas y la salud. El Sr. Morgantini destacó que estos avances no habrían sido posibles sin las sólidas alianzas entre los movimientos campesinos, lxs defensorxs de los derechos humanos, lxs juristas, lxs académicxs y el compromiso de las autoridades públicas. Estas colaboraciones permiten transformar los principios en acciones concretas en las comunidades rurales, los tribunales y las políticas nacionales.

Leer también nuestra entrevista exclusiva al Presidente del Grupo de trabajo Carlos Duarte y nuestro articulo sobre el informe de dicho Grupo de trabajo presentado ante la 60a sesion del Consejo de los derechos humanos

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La OIT, creada en 1919, es el primer organismo de las Naciones Unidas, y desde sus principios fue dedicado al trabajo y a los principios conexos de justicia social y derechos humanos. La OIT tiene la particularidad de ser un organismo tripartito, que reúne a representantes de los Estados miembros, así como a trabajadorxs y empresarios. Su misión es establecer normas internacionales, desarrollar políticas y diseñar programas para promover el trabajo decente.

Las Directrices son principios dirigidos a los miembros de la OIT y a otras partes interesadas implicadas en el desarrollo y la aplicación de políticas y medidas de trabajo decente en la industria agroalimentaria. Las Directrices definen el marco político en el que deben aplicarse las medidas para garantizar el trabajo decente en la industria agroalimentaria. Las Directrices se dividen en cinco capítulos. El capítulo 1 trata del ámbito de aplicación de las directrices y de los destinatarios. El capítulo 2 de las Directrices se centra en los principios y derechos fundamentales en el trabajo, a saber: la libertad de asociación y el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva; la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio; la abolición efectiva del trabajo infantil; la eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación; y un entorno de trabajo seguro y saludable. Todos los Estados miembros de la OIT están llamados a respetar, en virtud de su pertenencia a la Organización, los principios y derechos fundamentales en el trabajo, aunque no hayan ratificado todos los convenios fundamentales. El capítulo 3 trata de los puestos de trabajo decentes y el empleo productivo en la industria agroalimentaria. El capítulo 4 trata de la protección social y la protección de los trabajadores, y el capítulo 5, del diálogo social y el tripartismo.

La UITA, la federación sindical mundial que reúne a lxs trabajadorxs de toda la cadena alimentaria, participó en las negociaciones y en la adopción de los Principios. La UITA fue también un participante crucial en las negociaciones de la UNDROP en el Consejo de Derechos Humanos. La organización aportó su experiencia sobre los derechos de lxs trabajadorxs y se aseguró de que se tuvieran más en cuenta en la UNDROP. Para la UITA, estos principios de la OIT suponen un paso adelante, mostrando el camino a seguir hacia el trabajo digno en el sector agroalimentario. Pueden leer su comunicado de praensa tras la adopción de las Directrices aquí.

Las Directrices que presentamos hoy abordan cuestiones similares a las de la UNDROP y exigen el reconocimiento y la aplicación de los derechos que contiene. Entre ellos se encuentran, por supuesto, el derecho al trabajo, a la salud y a la seguridad en el trabajo (artículos 13 y 14) y a la libertad sindical (artículo 9), pero también el derecho a un nivel de vida digno y a los medios de producción (artículo 16), el derecho a la formación (artículo 25), el derecho a la seguridad social (artículo 10) y el derecho a una vivienda digna (artículo 24). Esta proximidad demuestra que también es pertinente para lxs trabajadorxs de la agricultura y la alimentación de utilizar tanto la UNDROP como las Directrices de la OIT. De este modo, estos dos textos internacionales se refuerzan mutuamente, ya que ambos convergen en los mismos derechos que deben respetarse para que se produzca una transición justa hacia una industria agroalimentaria ecológicamente y socialmente viable.

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Durante la 55ª sesión del Consejo de Derechos Humanos, en marzo de 2024, el Relator Especial sobre el derecho a la alimentación, el Sr. Michael Fakhri, presentó su informe anual.
Este año, el Relator ha destacado los retos a los que se enfrentan las comunidades pescadoras artesanales en el contexto de la crisis climática. En el informe se recomienda a los gobiernos a tomar medidas urgentes para proteger los derechos de estas comunidades, de todxs lxs trabajadorxs de la pesca y los pueblos indígenas, preservando al mismo tiempo la biodiversidad de los ecosistemas acuáticos, frente a un sistema dominante que promueve la pesca industrial a gran escala.

Constatación: las poblaciones afectadas y marginadas en el centro de la soberanía alimentaria

El informe anual del Relator Especial se centra en las personas cuyos medios de vida y suministro de alimentos están vinculados a los océanos y ríos: pescadorxs artesanales, trabajadorxs de la pesca y pueblos indígenas. Al considerar el derecho a la alimentación de estas poblaciones, comienza esbozando su situación actual. Según el Relator, estas personas se enfrentan a dos crisis actuales: la sobrepesca y el cambio climático, al tiempo que siguen haciendo frente a las consecuencias de la pandemia del Covid-19, que ha tenido un gran impacto sobre ellos (§2-6).

El Relator Especial también desea destacar los problemas comunes y específicos de las poblaciones tratadas en el informe. Estas comparten un papel predominante en la alimentación de sus respectivas comunidades y en su vida económica. También son las primeras afectadas por los efectos del cambio climático, en particular la degradación de los ecosistemas marinos y los fenómenos meteorológicos extremos (huracanes, olas de calor), al tiempo que desempeñan un papel importante en la preservación del medio ambiente y la prevención de los efectos de las crisis climáticas (§7). Por último, estas comunidades están marginadas políticamente y sus voces rara vez se escuchan o se tienen en cuenta cuando se toman decisiones que les afectan (§8).

En cuanto a lxs pescadorxs artesanales, el Relator Especial destaca las Directrices voluntarias para garantizar la sostenibilidad de la pesca artesanal en el contexto de la seguridad alimentaria y la erradicación de la pobreza. Para el Relator, son « una herramienta necesaria en la lucha contra la marginación política y la exclusión de larga data de las comunidades que viven de la pesca artesanal « (§19) .

Para el Relator Especial, la libre determinación está en el centro de la relación entre los pueblos indígenas y su entorno costero y marino (§22). Señala que los pueblos indígenas que pescan consumen 15 veces más productos pesqueros que el resto de la población, lo que les hace especialmente dependientes desde el punto de vista nutricional (§21).

El Relator Especial subraya también la cuestión de género en el sector pesquero y, en particular, la división extremadamente sexista del trabajo en este sector: los hombres en la captura o la producción y las mujeres en la transformación y la venta. Señala que la inmensa mayoría de las mujeres trabajan en el sector informal y, por lo tanto, son extremadamente vulnerables (§26-27).

El ponente dedica varios párrafos a la situación de las trabajadoras de la pesca, subrayando en particular la peligrosidad de este sector. A lo largo de toda la cadena de producción, las trabajadoras están expuestas a peligros a veces mortales (§32). El Relator también se muestra preocupado por las condiciones salariales, ya que las trabajadoras tienen muy poca seguridad en el empleo y rara vez reciben un salario decente (§33-34). Del mismo modo, señala la práctica ausencia de protección social ampliada en este sector (§39). También recuerda la prevalencia del trabajo infantil en el sector y su peligrosidad desde todos los puntos de vista (§36-37). Por último, señala la escasa organización colectiva, asociativa y sindical, tanto por la informalidad del sector como por el bloqueo de la patronal (§35).

Una respuesta política a las crisis

En este contexto, el Relator subraya que la sobrepesca y la explotación industrial de los recursos marinos han alcanzado niveles críticos. Entre 1974 y 2017, la proporción de poblaciones explotadas a niveles biológicamente insostenibles pasó del 10% al 34,2%. Las crisis climáticas agravan estos problemas al alterar los ecosistemas marinos y desplazar a las poblaciones de peces (§41). En México, por ejemplo, el aumento de la temperatura del agua en varias regiones está provocando fenómenos meteorológicos extremos (§45). El informe señala también que « algunas poblaciones de especies vegetales ya han desaparecido localmente, y las previsiones muestran una tendencia al aumento de las tasas de extinción, sobre todo en las regiones más cálidas ». Al mismo tiempo, la explotación de petróleo y gas en alta mar agrava la situación al contaminar los océanos y obstaculizar los medios de subsistencia de los pescadores artesanales, como ocurre en Guyana, donde estas plataformas bloquean los caladeros tradicionales (§42-44).

Sin embargo, las iniciativas locales y un enfoque holístico de adaptación al cambio climático ofrecen destellos de esperanza. Por ejemplo, en Sudáfrica, la solidaridad entre comunidades pescadoras artesanales, reforzada por sentencias judiciales favorables, que reconocen en particular las consecuencias de las perforaciones de petróleo y gas sobre los derechos de lxs pescadorxs artesanales, muestra el potencial de resiliencia de las comunidades costeras (§46).

Para garantizar un futuro sostenible, el Relator considera que « la adaptación requiere un conjunto de decisiones tanto políticas, sociales y culturales como económicas y ecológicas » (§47), con políticas integradoras y un uso juicioso de los conocimientos tradicionales e indígenas.

Derecho internacional

Para arrojar luz sobre la situación de estas poblaciones, el Relator examina el marco jurídico internacional. Su visión de éste es muy crítica, pues afirma que los convenios internacionales han favorecido a menudo la explotación intensiva de los recursos marinos sin tener en cuenta las necesidades de las comunidades costeras y los pueblos indígenas. Por ejemplo, la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982, aunque pretende conciliar la extracción con la restauración de las poblaciones de peces y la biodiversidad, considera los océanos ante todo como recursos naturales que deben ser explotados y gestionados por los Estados de forma que se permita la extracción del máximo posible de recursos (§52). El Relator subraya que las políticas de subvenciones a la pesca, a menudo equivocadas, han contribuido al exceso de capacidad de las flotas pesqueras y a la sobrepesca, poniendo en peligro la sostenibilidad de las poblaciones (§71-72).

Mercantilización y financiarización de los océanos y la vida acuática

Además de los retos de la sobrepesca y las crisis climáticas, estas comunidades se enfrentan a la creciente mercantilización y financiarización de los océanos. Según el ponente, tres sistemas económicos plantean problemas importantes: la economía azul, las finanzas azules y la transformación azul. Estos enfoques, que se centran en el crecimiento económico, a menudo dejan de lado los derechos humanos, la seguridad alimentaria y las necesidades de las comunidades pescadoraes artesanales.

Las finanzas azules son un sistema que convierte el océano en un activo financiero, acentuando así las desigualdades, comprometiendo una gobernanza transparente y creando riesgos de violación de los derechos humanos, en particular para los pueblos indígenas y las comunidades pescadoras artesanales. Uno de los instrumentos más comunes son los canjes de deuda por naturaleza. Según esta práctica, un país industrializado canjea la deuda de un país en desarrollo por la promesa de este último de dedicar la totalidad o parte de la suma adeudada a la protección del medio ambiente. Sin embargo, no hay beneficios financieros y ecológicos claros, los costes de transacción son elevados, falta transparencia y existe la posibilidad de que se desvíen a paraísos fiscales (§90). Los riesgos se agudizan con la adopción del Marco Global de Biodiversidad (Marco de Kunming-Montreal), en relación con el cual los pueblos indígenas subrayan el riesgo de desposesión de sus territorios mediante la creación de acuerdos coloniales de conservación, en particular mediante el establecimiento de zonas protegidas fuera del alcance de las actividades humanas (§90).

Del mismo modo, el Relator subraya que el sistema de economía azul promovido por el Banco Mundial, que se centra en el uso sostenible de los recursos marinos para promover el crecimiento económico, es un enfoque que no se aparta en absoluto del curso habitual de la economía capitalista (§76) y que a menudo descuida los derechos humanos, la seguridad alimentaria y los elementos sociales y económicos necesarios para que estas poblaciones puedan satisfacer sus necesidades, en particular al ignorar a lxs pescadorxs artesanales que participan en la gestión equitativa de los recursos marinos dentro de los sistemas comunitarios (§77-78).

El Relator destaca también el sistema de transformación azul de la FAO para equilibrar los intereses económicos con los derechos humanos mediante el desarrollo de sistemas alimentarios acuáticos sostenibles. La acuicultura se contempla como una solución al agotamiento de las poblaciones de peces y a la inseguridad alimentaria, pero el Relator señala que entraña riesgos como la propagación de enfermedades y la fuga de peces de piscifactoría que contaminan las poblaciones silvestres, afectando así a las poblaciones autóctonas, y sobre todo que « el hambre y la malnutrición no se deben a la falta de alimentos y, por lo tanto, no son un problema de producción » . (§82).

Conclusión y recomendaciones

Al mismo tiempo, en todo el informe se pone de manifiesto la gran importancia de la adopción en 2018 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales (UNDROP). El Relator no duda en utilizar la Declaración como base y apoyo de sus recomendaciones, como aquella en la que recuerda que « los Estados deben proteger los ecosistemas relacionados con el agua […], y esforzarse por restaurarlos, teniendo en cuenta los estrechos vínculos entre los pescadores y la naturaleza », repitiendo así los apartados 4 y 5 del artículo 21 de la Declaración. También hace hincapié en la UNDROP con respecto a la aplicación de las Directrices voluntarias, y en particular en el derecho a la participación de los pescadores y trabajadores de la pesca (§19). También se basa en la UNDROP para recordar el derecho de lxs trabajadorxs a la organización colectiva (§35), un derecho que se encuentra en su artículo 13§5. Más allá de estos ejemplos, cabe señalar que el Relator Especial cita la UNDROP cada vez que se trata uno de los derechos que contiene. Este uso sistemático demuestra que la UNDROP se ha integrado bien como base legítima para la reivindicación de los derechos y para los cambios necesarios para su aplicación.

Ante estos complejos retos, el Relator Especial propone una serie de vías a explorar para responder a estas cuestiones. En general, recomienda que los Estados reconozcan y apoyen a las comunidades pescadoras artesanales, los pueblos indígenas y lxs trabajadorxs de la pesca, garantizando su participación en los procesos de toma de decisiones (§94). Más concretamente, los Estados deben proteger los derechos consuetudinarios sobre la tierra y los derechos de los pueblos indígenas, así como el derecho de las mujeres pescadoras a un trabajo digno (§96). También deben preservar los ecosistemas acuáticos, teniendo en cuenta los conocimientos locales y apoyando a lxs pescadorxs artesanales en sus actividades (§97). Para garantizar la equidad en los mercados, los Estados deben introducir sistemas de protección social, mejorar el acceso a la financiación y a los mercados y reforzar la capacidad de negociación de los trabajadores de la pesca (§98). En conclusión, subraya la importancia estratégica de crear planes de acción nacionales para la pesca a pequeña escala con el fin de apoyar la aplicación de las Directrices voluntarias para la sostenibilidad de la pesca a pequeña escala, y de replantear el enfoque de la economía azul dando prioridad a los derechos humanos y a la sostenibilidad medioambiental (§101).

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Integración de la UNDROP en el trabajo del Consejo de Derechos Humanos y de los Procedimientos Especiales

UNDROP en el Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos

Cuando creó el Consejo de Derechos Humanos en 2006, la Asamblea General de la ONU decidió que realizaría «un examen periódico universal, basado en información objetiva y fidedigna, del cumplimiento por cada Estado de sus obligaciones y compromisos en materia de derechos humanos de una forma que garantice la universalidad de la cobertura y la igualdad de trato respecto de todos los Estados».

En el Examen Periódico Universal (EPU), todos los Estados miembros de la ONU son evaluados por sus homólogos, que formulan recomendaciones para una mejor aplicación de los derechos humanos en el país examinado. El Estado examinado puede decidir entonces si acepta o si sólo toma nota de las recomendaciones formuladas.

Siguiendo los ejemplos de Bolivia, Sudáfrica, Portugal y Suiza, que formularon recomendaciones del EPU para impulsar su aplicación en otros países, los Estados deberían utilizar el EPU para proteger y promover los derechos de los campesinos.

Creación de un nuevo Procedimiento especial

Los Procedimientos especiales de la ONU reciben mandatos del Consejo de Derechos Humanos para promover y proteger los derechos humanos. Tienen mandatos temáticos, por ejemplo sobre la tortura o el derecho a la alimentación, o mandatos que abarcan todos los derechos humanos en un país concreto. Incluyen relatores especiales, expertos independientes, representantes especiales del Secretario General de la ONU y grupos de trabajo. Elaboran informes temáticos anuales, realizan visitas a países y envían comunicaciones a los Estados sobre violaciones de los derechos humanos. Pueden renovarse sin limitación, mientras que sus titulares no pueden ejercer más de seis años.

En su 54ª sesión, del 11 de septiembre al 13 de octubre de 2023, el Consejo de Derechos Humanos adoptó una resolución sobre los derechos de los campesinos y otras personas que trabajan en zonas rurales (A/HRC/RES/54/9). Con esta resolución, el Consejo creó un Grupo de Trabajo sobre la UNDROP, compuesto por 5 expertos independientes de las cinco regiones de la ONU. La resolución del Consejo de Derechos Humanos otorga al Grupo de Trabajo un amplio mandato: promover la difusión y aplicación del UNDROP; identificar lagunas en su aplicación y formular recomendaciones para subsanarlas; identificar y difundir buenas prácticas en este ámbito procedentes de diversas fuentes; facilitar los intercambios y la cooperación internacional sobre la UNDROP; colaborar con los órganos pertinentes de las organizaciones intergubernamentales; e informar al Consejo de Derechos Humanos y a la Asamblea General de las Naciones Unidas. Para cumplir este mandato, el Grupo de Trabajo tendrá las mismas competencias que los demás Procedimientos Especiales, tal y como se ha descrito anteriormente.

En la 55ª sesión (febrero-abril de 2024), los titulares de mandatos fueron nombrados de la siguiente manera:

• Sra. Uche Ewelukwa OFODILE (Nigeria)
• Sra. Shalmadi GUTTAL (India)
• Sr. Davit Hakobyan (Armenia)
• Sra. Geneviève SAVIGNY (Francia)
• Sr. Carlos Duarte (Colombia)

La creación de este Grupo de Trabajo colma una importante laguna en materia de rendición de cuentas en el sistema de derechos humanos de las Naciones Unidas. Este nuevo órgano puede actuar como un catalizador a favor de la Declaración, proporcionando visibilidad y un importante apoyo para avanzar en la promoción y protección de los derechos establecidos en la UNDROP, aclarando las implicaciones de la Declaración, compartiendo las mejores prácticas y los principales retos, y recomendando medidas concretas a adoptar por los Estados y otros actores.

Ejemplos de inclusión de la UNDROP en el trabajo de los Procedimientos especiales

Siguiendo el ejemplo del Relator Especial de la ONU sobre el derecho a la alimentación, que incluyó la UNDROP en sus recientes informes sobre violencia, sobre semillas y sobre la pandemia de Covid-19, todos los procedimientos especiales de la ONU deberían incluir la UNDROP en su trabajo.

En su informe de 2020 sobre deuda privada y derechos humanos, el Experto Independiente de la ONU sobre los efectos de la deuda externa, explicó que le preocupaba la deuda de las familias campesinas: «Dado que la tierra es a veces la garantía de los préstamos contraídos por los pequeños agricultores, el riesgo de pérdida de sus medios de subsistencia en caso de impago de la deuda es evidente cuando se enfrentan a un desastre natural, una mala cosecha o la caída de los precios de los productos básicos, a pesar de que deberían estar protegidos en tales situaciones por la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los campesinos y otras personas que trabajan en zonas rurales».

La Relatora Especial de la ONU sobre el derecho a una vivienda adecuada, en sus Directrices de 2020 para la aplicación del derecho a una vivienda adecuada, se refirió a la UNDROP y afirmó que: «a) Los desalojos forzosos, tal como se definen en el derecho internacional de los derechos humanos, deben prohibirse en todas las circunstancias, independientemente de la situación de propiedad o tenencia de los afectados. Las víctimas de desalojos forzosos deben recibir una indemnización adecuada, reparación y acceso a una vivienda o a tierras productivas, según proceda».

El Grupo de Trabajo sobre la discriminación contra las mujeres y las niñas en su informe de 2020 sobre los derechos humanos de la mujer en el cambiante mundo del trabajo, recomendó a los Estados que «garanticen la igualdad de derechos de la mujer a poseer, controlar y acceder a la tierra, el crédito y otros recursos productivos» y garantizar «el disfrute sin discriminación por las campesinas y otras mujeres que trabajan en las zonas rurales de todos los derechos humanos y libertades fundamentales establecidos en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los campesinos y de otras personas que trabajan en las zonas rurales, incluidos el empleo decente, la igualdad de remuneración y las prestaciones de protección social, el acceso a actividades generadoras de ingresos y la protección contra todas las formas de violencia».

El Relator Especial sobre derechos humanos y medio ambiente incluyó numerosas referencias a UNDROP en su informe de 2020 sobre una biosfera sana. Para él «Cada vez se reconocen más los vínculos entre los derechos humanos y la salud de la biosfera. En recientes declaraciones de las Naciones Unidas se reconoce que los pueblos indígenas y los campesinos tienen derecho «a la conservación y protección del medio ambiente y de la capacidad productiva de sus tierras»». Refiriéndose a la UNDROP, subrayó que «los Estados tienen obligaciones particulares para con los pueblos indígenas y las comunidades locales y campesinas. La máxima prioridad implica el reconocimiento de sus títulos, tenencias y derechos sobre la tierra, reconociendo la existencia de diferentes costumbres y sistemas, incluyendo la propiedad colectiva y los modelos de gobernanza. (…) Los Estados están obligados a prevenir los abusos contra los derechos humanos -desalojos, desplazamientos, palizas, torturas y asesinatos- derivados de la conservación excluyente y militarizada. Los Estados deben «adoptar medidas apropiadas para promover y proteger los conocimientos tradicionales, las innovaciones y las prácticas de los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales, incluidos los sistemas agrarios, pastoriles, forestales, pesqueros, ganaderos y agroecológicos tradicionales pertinentes para la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica.

El Relator Especial sobre los derechos humanos y el medio ambiente también incorporó a UNDROP en su informe de 2021, en el que documentaba las catastróficas consecuencias para el medio ambiente, la salud y los derechos humanos de los sistemas alimentarios industriales, las dietas poco saludables y el desperdicio de alimentos, pero también ofrecía orientación basada en los derechos humanos para una acción transformadora de cara al futuro.

El Relator Especial sobre agua y saneamiento también se basó en la UNDROP para enmarcar su informe de 2022 a la Asamblea General sobre el cumplimiento de los derechos humanos al agua potable y al saneamiento en las comunidades rurales empobrecidas.

Para encontrar todas las referencias a la UNDROP, visite nuestra página dedicada aquí.

Integración de la UNDROP en las resoluciones del Consejo de Derechos Humanos

El trabajo de inclusión de la UNDROP en todos los niveles de la ONU, llevado a cabo por los procedimientos especiales, los Estados y las organizaciones de la sociedad civil, ha dado nuevos frutos con un renovado interés por parte del Consejo de Derechos Humanos. Este interés estuvo marcado, por supuesto, en primer lugar por la creación del Grupo de Trabajo sobre UNDOP, como ya hemos mencionado, pero también por la inclusión de UNDROP en otras resoluciones del Consejo.

Este fue el caso de la resolución sobre la promoción y protección de los derechos económicos, sociales y culturales en el contexto de la lucha contra las desigualdades, adoptada al final de la 54ª sesión del Consejo en octubre de 2023, que incorporó a UNDROP en el marco jurídico en el que se basaba la resolución. También cabe mencionar la resolución sobre el derecho a la alimentación, adoptada al final de la 55ª sesión del Consejo, en abril de 2024, que, basándose en la UNDROP, reconoció «la contribución realizada por los campesinos, los pequeños agricultores, los agricultores familiares y otras personas que trabajan y viven en zonas rurales, los pescadores artesanales y los pescadores en pequeña escala de todas las regiones del mundo contribuyen al desarrollo y la realización del derecho a la alimentación, la seguridad alimentaria y la nutrición, que son esenciales para la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible».

Llamamientos a la acción dentro de la ONU

Con motivo del primer aniversario de la UNDROP, el 17 de diciembre de 2019, nueve procedimientos especiales de la ONU y cuatro miembros de órganos de tratados de la ONU publicaron una declaración conjunta en la que se comprometían a proteger los derechos campesinos y de otros trabajadores rurales, a integrar estos derechos en el ejercicio de sus mandatos y a orientar a los Estados sobre cómo pueden aplicarlos. Pidieron al Consejo de Derechos Humanos que cree un nuevo procedimiento especial para supervisar la UNDROP, y a los Estados que protejan a los defensores de los derechos humanos a la tierra, el medio ambiente y los recursos naturales, que son las primeras víctimas de la criminalización, la intimidación y los ataques contra su integridad física y su vida. Los titulares de estos mandatos subrayaron que los campesinos y otros trabajadores rurales «deben ser reconocidos como agentes de cambio y actores esenciales en la implementación local, nacional e internacional de (…) La UNDROP, y no sólo como víctimas de discriminación o en términos de vulnerabilidad». Pidieron la creación de un Fondo de Contribuciones Voluntarias de las Naciones Unidas para los campesinos y otros trabajadores rurales, con el fin de apoyar su participación en las actividades del sistema de las Naciones Unidas. Añadieron que la aplicación efectiva de la UNDROP no se llevará a cabo sin una participación significativa de las bases.

El 16 de diciembre de 2022, doce titulares de mandatos de procedimientos especiales de la ONU hicieron pública una declaración conjunta sobre la necesidad de actuar en relación con la UNDROP, en la que destacaban que «además de su exposición desproporcionada a la degradación medioambiental, las sustancias tóxicas, el acaparamiento de tierras y el cambio climático, los campesinos y los trabajadores rurales también sufren las cargas causadas por la pobreza, el hambre y la malnutrición. Más recientemente, su situación se ha vuelto aún más calamitosa, debido a los efectos directos de la pandemia del COVID-19, así como a su posterior impacto nocivo sobre los alimentos y la crisis del coste de la vida».

Los procedimientos especiales de la ONU elogiaron a los campesinos y otros trabajadores rurales de todo el mundo que han demostrado una gran resistencia ante los múltiples retos y la opresión interseccional a la que se enfrentan ellos y sus comunidades, y pidieron a los Estados que hagan más para protegerlos, apoyarlos y escucharlos. Para los procedimientos especiales, «la UNDROP proporciona un marco para permitir una transición justa hacia un sistema alimentario en el que florezcan la biodiversidad y los derechos humanos. (…) La UNDROP no sólo proporciona un reconocimiento de los derechos y contribuciones de los campesinos y trabajadores rurales, sino que también sirve como hoja de ruta para que los Estados, la ONU, las empresas y otras partes interesadas tomen medidas concretas sobre el terreno».

Además, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos ha destacado a los Estados virtuosos en este ámbito, animando a otros Estados miembros a inspirarse en las buenas prácticas ya establecidas en algunas legislaciones nacionales para contribuir a la aplicación del UNDROP. Un ejemplo de ello son las felicitaciones dirigidas a Colombia en el informe de la Oficina del Alto Comisionado sobre la situación de los derechos humanos en Colombia en marzo de 2024. Estas felicitaciones se referían a la reforma del artículo 64 de la Constitución colombiana, que reconoce a los campesinos como sujetos de derecho y de especial protección, y a la aprobación del Acto Legislativo 03 de 2023, que crea una jurisdicción especializada agraria y rural.

Integración de UNDROP en el trabajo de los órganos de tratados

Los órganos de tratados de la ONU están compuestos por entre 10 y 25 expertos independientes. Supervisan la aplicación de los tratados de derechos humanos de la ONU. Examinan los informes periódicos de los Estados Partes sobre las medidas adoptadas para aplicar los tratados de derechos humanos de la ONU. También examinan las comunicaciones en las que se denuncian violaciones de los derechos protegidos por los tratados de derechos humanos de la ONU. Presentan recomendaciones a los Estados Partes en forma de «observaciones finales» al término del examen de los informes periódicos, y de «dictámenes» al término del examen de los procedimientos de comunicación. También adoptan observaciones generales o recomendaciones generales en las que definen los derechos y las obligaciones de los Estados consagrados en los tratados de derechos humanos de la ONU. Y adoptan declaraciones sobre cuestiones o situaciones de actualidad que son especialmente relevantes para la aplicación de los tratados de derechos humanos de la ONU.

Todos los órganos de tratados de la ONU deberían incluir también el seguimiento de la UNDROP en su trabajo. El hecho de que la UNDROP se base en una serie de tratados de la ONU de derechos humanos que estos órganos supervisan, como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, facilitará la labor de los órganos de tratados de la ONU a la hora de considerar cómo deben interpretarse las obligaciones estatales en virtud de su tratado concreto en el contexto de los derechos de loscampesinos y de otros trabajadores rurales.

En su declaración conjunta publicada con los procedimientos especiales de la ONU en diciembre de 2019, cuatro miembros de los órganos de tratados de la ONU – el Comité sobre los Trabajadores Migratorios, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Comité CEDAW), el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Comité de los Derechos del Niño – se comprometieron a integrar, o recomendar la integración de la supervisión de la UNDROP en el ejercicio de sus mandatos, para proteger los derechos de los campesinos y otros trabajadores rurales, y proporcionar orientación a los Estados sobre cómo pueden implementar UNDROP. Desde entonces, se han hecho algunas referencias a la UNDROP en los trabajos de los órganos de tratados de la ONU.

Comité DESC

En sus Observaciones Finales a Guinea en 2020, el Comité de DESC recomendó al Estado que «garantice progresivamente a todos los campesinos el acceso a los programas de apoyo y a las soluciones agroecológicas sin discriminación, respetando la elección de cada uno, de acuerdo con la UNDROP».

El Comité también se refirió a la UNDROP en su Observación General No.25 sobre Ciencia y DESC adoptada en 2020. Utilizando la UNDROP estableció que: «el derecho a participar en el progreso científico y sus aplicaciones en la agricultura y a disfrutar de sus beneficios debe preservar, y no violar, el derecho de los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales a elegir las tecnologías que más les convengan». En su Observación, el Comité también afirma que: “los Estados partes deberían adoptar medidas adecuadas para que la investigación y el desarrollo agrícolas incorporen las necesidades de los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales y para que estos participen activamente en la determinación de las prioridades en materia de investigación y desarrollo y en su realización, teniendo en cuenta su experiencia y respetando sus culturas.”

Más recientemente, incluyó varias referencias a los derechos de los campesinos y otros trabajadores rurales en su Observación General sobre la tierra y los DESC, adoptada en 2022. En esta Observación General, el Comité DESC, por ejemplo, pidió a los Estados que «eviten adoptar políticas para mitigar el cambio climático, como la captura de carbono mediante la reforestación masiva o la protección de los bosques existentes, que conduzcan a diferentes formas de acaparamiento de tierras, especialmente cuando afectan a las tierras y territorios de poblaciones en situación de vulnerabilidad, como los campesinos o los pueblos indígenas».

Comité de la CEDAW

En su Recomendación General sobre los derechos de las mujeres rurales, adoptada en 2016, el Comité de la CEDAW hizo numerosas referencias a los derechos de las mujeres campesinas, aunque fue adoptada antes que la UNDROP. También es importante señalar que en sus Observaciones Finales a Colombia en 2019, el Comité CEDAW, por ejemplo, recomendó al Estado que «considere la posibilidad de incorporar los principios contenidos en la UNDROP en los instrumentos jurídicos y normativos relativos a las mujeres rurales».

Comité de derechos humanos (sobre derechos civiles y políticos)

En 2019, el Comité de Derechos Humanos se convirtió en el primer órgano de tratados de la ONU en referirse a la UNDROP en su jurisprudencia, con su decisión en Portillo Cáceres y otros c. Paraguay. En este caso, el Comité de Derechos Humanos explicó que Portillo Cáceres y los miembros de su familia – una familia campesina que había sido envenenada por los agroquímicos utilizados en las grandes plantaciones cercanas, que también contaminaron sus tierras y otros recursos naturales – dependen de sus cultivos, árboles frutales, ganado, pesca y recursos hídricos para su sustento. Añadió que tienen un apego y una dependencia especiales de la tierra, utilizando las palabras del artículo 1 de la UNDROP y remitiéndose a él. El Comité de Derechos Humanos concluyó que, por lo tanto, estos elementos pueden considerarse incluidos en el ámbito del «hogar», es decir, el lugar donde una persona reside o ejerce su ocupación habitual. Dado que la contaminación ha repercutido directamente en los cultivos, los árboles frutales, el ganado, la pesca y los recursos hídricos de la familia Cáceres, se ha violado su derecho a la intimidad, a la familia y al hogar.

Integración de la UNDROP en otros instrumentos internacionales

Mientras que los distintos órganos de los tratados han utilizado la Declaración como referencia, también se ha hecho referencia a ella en varios borradores que incluyen los derechos de los campesinos. En el proyecto de Pacto Internacional sobre el Derecho al Desarrollo presentado en la 54ª sesión del Consejo de Derechos Humanos (A/HRC/54/50), se mencionan sus disposiciones en el preámbulo. Además, el artículo 18 de este proyecto se refiere directamente a los derechos de los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales, inspirándose en el UNDROP. Establece que los campesinos y otros habitantes de las zonas rurales tienen derecho a definir sus propias prioridades y estrategias de desarrollo, y a participar activa y libremente en la formulación y aplicación de leyes y políticas que afecten a sus vidas y medios de subsistencia. También establece que los Estados deben consultar y cooperar con estas poblaciones de forma transparente antes de adoptar leyes o políticas que puedan tener un impacto en sus derechos.

El último borrador revisado de la Declaración sobre los Derechos Humanos y la Solidaridad Internacional (A/HRC/53/32*) expone una serie de argumentos a favor de la revisión para tener en cuenta la evolución en la ONU y en todo el mundo, así como otros instrumentos clave como el UNDROP. De hecho, el informe del Experto Independiente afirma que: «Recordando la determinación de los Estados, consagrada en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los campesinos y otras personas que trabajan en zonas rurales, de dar un paso adelante en el compromiso de la comunidad internacional de lograr avances significativos en la acción en materia de derechos humanos, mediante un esfuerzo mayor y sostenido de cooperación y solidaridad internacionales, en particular con respecto a las medidas que deben adoptarse para cooperar en la solución de los problemas transfronterizos de tenencia de la tierra a que se enfrentan los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales que se extienden más allá de las fronteras internacionales. «

Academia de DIH y de DH a Ginebra – 2019 – La Aplicación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales

REFERENCIAS SOBRE LA UNDROP EN LA LABOR DE LOS MECANISMOS DE DERECHOS HUMANOS DE LAS NACIONES UNIDAS

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Para el Día Internacional de lxs Campesinxs, Defendiendo los Derechos Campesinos y La Vía Campesina te invitan a su webinario dedicado al nuevo Grupo de Trabajo del Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre la UNDROP.

El Consejo de Derechos Humanos creó el dicho Grupo de Trabajo en octubre del año pasado, y sus miembros comenzarán pronto sus mandatos. Ha llegado pues el momento de poner en foco esta nueva etapa en la implementación de la UNDROP y hacerlo accesible a todos las y los titulares de derechos.

Únete a nosotros para dialogar con lxs expertxs elegidxs del Grupe de Trabajo y lxs representantes de los movimientos rurales sobre cómo utilizar esta nueva palanca en la lucha por los Derechos Campesinos.

Informaciones prácticas

• El webinario tendrá lugar el miércoles 24 de abril de 12 a 14 horas UTC, para saber a qué hora será en su zona horaria haga clic aquí.
• Para recibir nueva información y un recordatorio REGÍSTRESE AQUÍ.
• ENLACE DE CONEXIÓN ZOOM
• Interpretación en francés, inglés y español

Programa

• Introducción de Fian Internacional y CETIM: ¿Qué es un grupo de trabajo de la ONU? ¿Por qué y cómo La Vía Campesina siempre tuvo la intención de tener uno sobre la UNDROP?
• Plenaria con lxs expertxs elegidxs del grupo de trabajo – moderada por Christophe Golay de la Geneva Academy
• Perspectivas abiertas por el nuevo grupo de trabajo: Para La Vía Campesina, para Defendiendo los Derechos Campesinos
• Palabras de clausura: Morgan Ody (Coordinadora Internacional de La Vía Campesina)

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Ha llegado el momento de que la aplicación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los campesinos y otras personas que trabajan en zonas rurales (UNDROP) se aborde a nivel internacional. Es en este contexto que La Vía Campesina (LVC) y sus aliados, abogan por la creación de un mecanismo internacional de seguimiento de los derechos de lxs campesinxs, en forma de un procedimiento especial de la ONU. En la 54ª sesión del Consejo de Derechos Humanos que comenzó el 11 de septiembre, la Misión Permanente del Estado Plurinacional de Bolivia presentará una resolución para crear este mecanismo.

Tras la adopción del UNDROP por la Asamblea General de la ONU en 2018, las organizaciones campesinas y rurales comenzaron a luchar por la aplicación de los derechos consagrados en este instrumento histórico. Los titulares de derechos del UNDROP están utilizando las herramientas clave que tienen en sus manos para avanzar hacia la realización de los derechos de lxs campesinxs y la soberanía alimentaria y para crear sistemas alimentarios igualitarios y verdaderamente sostenibles. Están concienciando y formando sobre el UNDROP, supervisando su aplicación, participando en actividades de promoción a distintos niveles y recurriendo a la justicia, entre otras iniciativas.

En algunos países, las autoridades públicas dieron algunos pasos adelante en la aplicación de la Declaración, plasmando su contenido en la legislación nacional o desarrollando políticas públicas basadas en los derechos y disposiciones reconocidos en la declaración. Sin embargo, a pesar de estos avances, lxs campesinxs y otras personas que trabajan en las zonas rurales siguen siendo sistemáticamente oprimidos por un sistema económico creado para los intereses del sector agroalimentario más agresivo y de las empresas transnacionales (ETN). Queda mucho por hacer.

Se han realizado muy pocos esfuerzos para supervisar la aplicación del UNDROP a escala internacional. Así pues, la naturaleza y las causas profundas de las violaciones sistemáticas contra los trabajadores rurales y de las asimetrías históricas de poder en las zonas rurales no se han abordado adecuadamente en los foros internacionales.

LVC, CETIM y FIAN Internacional, con el apoyo de la Fundación Rosa-Luxemburg, elaboraron una nota de incidencia para explicar cómo funcionaría este Procedimiento Especial y por qué puede ser una herramienta poderosa para promover e implementar el UNDROP.

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¡Novedad!

• Relator Especial sobre el derecho a la alimentación – 2024 – La pesca y el derecho a la alimentación en el contexto del cambio climático

Procedimientos Especial del Consejo de Derechos Humanos

Examen Periódico Universal

• Recomendaciones sobre la UNDROP en el EPU

Declaraciones conjuntas

• Procedimientos Especiales – 2022 – Declaración sobre la necesidad de adoptar medidas para aplicar la UNDROP
• Procedimientos Especiales y Órganos de Tratados – 2019 – Declaración sobre la necesidad de adoptar medidas para aplicar la UNDROP

Relator Especial sobre el derecho a la alimentación

• Relator Especial sobre el derecho a la alimentación – 2024 -La pesca y el derecho a la alimentación en el contexto del cambio climático
• Relator Especial sobre el derecho a la alimentación – 2023 – Informe sobre la violencia
• Relator Especial sobre el derecho a la alimentación – 2022 – Informe sobre la pandemia de COVID-19
• Relator Especial sobre el derecho a la alimentación – 2022 – Informe sobre las semillas
• Relator Especial sobre el derecho a la alimentación – 2021 -El derecho a la alimentación
• Relator Especial sobre el derecho a la alimentación – 2020 -Perspectiva crítica de los sistemas alimentarios, las crisis alimentarias y el futuro del derecho a la alimentación
• Relator Especial sobre el derecho a la alimentación- 2020 – El derecho a la alimentación en el contexto de la política comercial y el derecho mercantil internacionales

Relator Especial sobre el derecho al agua y al saneamiento

• Relator Especial sobre el derecho al agua y al saneamiento – 2022 – Informe sobre las comunidades rurales empobrecidas

Relator Especial sobre Derechos Humanos y Medio Ambiente

• Relator Especial sobre Derechos Humanos y Medio Ambiente – 2021 – Informe sobre Alimentación sana y sostenible: Reducción del impacto ambiental de los sistemas alimentarios en los derechos humanos
• Relator Especial sobre Derechos Humanos y Medio Ambiente – 2020 – Informe sobe derechos humanos y biosfera saludable

Experto Independiente sobre las consecuencias de la deuda externa y las obligaciones financieras internacionales conexas de los Estados para el pleno goce de todos los derechos humanos

• Experto Independiente sobre las consecuencias de la deuda externa y las obligaciones financieras internacionales conexas de los Estados para el pleno goce de todos los derechos humanos – 2020 – Informe sobre deuda privada y derechos humanos

Grupo de Trabajo sobre la cuestión de la discriminación contra las mujeres y las niñas

• Grupo de Trabajo sobre la cuestión de la discriminación contra las mujeres y las niñas – 2020 – Informe sobre los derechos humanos de la mujer en el cambiante mundo del trabajo

Relatora Especial sobre una vivienda adecuada

• Relatora Especial sobre una vivienda adecuada como elemento integrante del derecho a un nivel de vida adecuado y sobre el derecho de no discriminación a este respecto – 2019 – Directrices para la Aplicación del Derecho a una Vivienda Adecuada

Órganos de tratados

Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales

• Comité DESC – 2022 – Observación general sobre la tierra y los DESC
• Comité DESC – 2020 – Observaciones finales a Guinea
• Comité DESC – 2020 – Observación general, relativa a la ciencia y los derechos económicos, sociales y culturales
• Comité de DESC – 2019 – Observaciones finales a Camerún

Comité de Derechos Humanos

• Comité de Derechos Humanos – 2019 – Portillo Cáceres y otros c. Paraguay

Comité de la CEDAW

• Comité de la CEDAW – 2019 – Observaciones finales a Colombia
• Comité CEDAW – 2016 – Recomendación general sobre los derechos de las mujeres rurales

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(1) Miembros de FOD : UNITERRE, MAPC, CETIM, FIAN – SUISSE, FASTEN AKTION, HEKS/EPER, SWISSAID, ALLIANCE SUD, The Geneva Academy of International Humanitarian Law and Human Rights

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La entrada Instrumentos internacionales y regionales para defender y promover los intereses y los derechos de los agricultores y las agricultoras familiares se publicó primero en Defending Peasants' Rights.

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