Desafíos sistémicos y buenas prácticas en las zonas rurales – el 2.º informe del Grupo de Trabajo de la ONU sobre Derechos Campesinos

Este artículo fue publicado originalmente en el sitio web de La Vía Campesina el 25 de septiembre de 2025 (disponible aquí)

Siete años después de la adopción de la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos  Campesinos y otras personas que trabajan en zonas rurales (UNDROP), la situación sigue siendo desigual: algunos avances jurídicos y políticos son innegables, pero las violaciones y amenazas sistémicas persisten, e incluso se intensifican. Durante la 60.ª sesión del Consejo de Derechos Humanos, La Vía Campesina, representada por Alberto Silva por la organización suiza Uniterre y en nombre del CETIM, y FIAN, representada por Alfonzo Simón (Foro Mundial de Pescadores WFFP, organización panameña SITRAMAR), subrayaron la importancia de situar a lxs campesinxs y las comunidades rurales en el centro de las políticas públicas y de proteger sus derechos territoriales y de propiedad frente a las crecientes amenazas.

El segundo informe del Grupo de Trabajo de la ONU presentado ofrece un panorama impactante: acaparamiento de tierras y océanos, “green grabbing” en nombre de la compensación de carbono, violencia y criminalización de lxs defensores, discriminación persistente contra las mujeres rurales. Sin embargo, junto a estos desafíos, el informe también destaca experiencias positivas, donde reformas agrarias, mecanismos judiciales innovadores e iniciativas agroecológicas demuestran que es posible situar a lxs campesinxs en el corazón de las políticas públicas. Entre amenazas crecientes y buenas prácticas inspiradoras, este informe recuerda la urgencia de una acción colectiva para convertir la UNDROP en una verdadera hoja de ruta para la dignidad y la justicia social, económica y climática en las zonas rurales.

Síntesis del 2.º informe sobre la UNDROP: desafíos y recomendaciones

Desde el acaparamiento de tierras y océanos hasta la violencia, criminalización y represión de campesinxs y pescadores, pasando por las semillas, las crisis climáticas, la discriminación y la seguridad social, el último informe del Grupo de Trabajo ofrece un panorama de los desafíos sistémicos a los que se enfrentan las personas titulares de derechos previstos por la UNDROP.

El informe alerta especialmente sobre el aumento del “acaparamiento verde”, es decir, la apropiación de tierras con fines de compensación de carbono. Bajo el pretexto de la protección ambiental sostenible, gigantes de las energías fósiles como Shell continúan invirtiendo masivamente en proyectos de compensación, reforzando así el control de las sociedades transnacionales (STN) sobre las tierras y la financiarización de la naturaleza. Estas prácticas de “green grabbing” representan hoy alrededor del 20 % de todas las adquisiciones de tierras a gran escala, afectando directamente a las comunidades rurales. Lo mismo ocurre con el acaparamiento de los océanos; el programa de economía azul (con acuerdos comerciales y planificación del espacio marino) conduce a la mercantilización de los océanos y a la apropiación de los bienes comunes tradicionales por las STN.

«A nivel mundial, el 1 % de las explotaciones agrícolas hoy en día explotan el 70 % de las tierras agrícolas mundiales, mientras que el 84 % de las explotaciones agrícolas solo controlan el 12 % de las tierras agrícolas. El 10 % más rico de la población rural acapara el 60 % del valor de las tierras agrícolas, mientras que el 50 % más pobre solo acapara el 3 %.» cf. Informe A/HRC/60/33 del Grupo de Trabajo sobre los Derechos Campesinos, parte II.F. sobre la concentración de la propiedad de la tierra.

En un contexto de fuerte competencia por la tierra y los recursos, las comunidades rurales sufren violencia, desalojos forzosos, destrucción y represión.

Los derechos de las mujeres campesinas, en particular en materia de propiedad de la tierra, participación política y acceso a los recursos, siguen siendo ampliamente vulnerados debido a normas patriarcales, marcos legales discriminatorios y opresiones interseccionales relacionadas con el género, la ruralidad, la clase o la etnia. Las mujeres campesinas enfrentan exclusión de la toma de decisiones, privación de herencia y control agrícola, sobrecarga de trabajo doméstico no remunerado, violencia de género y acceso restringido a la educación y la atención sanitaria. Esta discriminación estructural aumenta la pobreza y la inseguridad alimentaria, revelando la urgencia de reformas legales, sociales y económicas para garantizar sus derechos y la justicia.

A pesar de ello, el informe también recoge buenas prácticas observadas en algunos Estados, entre ellas: en Mali, la nueva ley sobre tierras agrícolas, elaborada en el marco de una plataforma multi-actor, se cita como un buen ejemplo de participación adecuada y efectiva de los campesinos en los procesos políticos; en Colombia, la creación del tribunal agrícola tiene como objetivo asegurar la presencia de jueces y fiscales dedicados exclusivamente a la resolución rápida y simplificada de los conflictos agrarios; la ley de tierras de Ghana incluye una protección innovadora que anula cualquier decisión o práctica del régimen de tierras consuetudinarias que genere discriminación.

El Grupo de Trabajo recomienda, entre otras cosas, fortalecer el reconocimiento jurídico y la protección de las organizaciones campesinas, sindicatos, cooperativas y movimientos de defensa de los derechos de la tierra, así como de los derechos territoriales de todas las personas titulares de derechos. Llama a derogar las leyes antiterroristas y de orden público utilizadas para criminalizar las luchas campesinas, a llevar a cabo reformas agrarias equitativas, a eliminar prácticas discriminatorias hacia las mujeres rurales y a reorientar las políticas agrícolas. Los expertos insisten en la necesidad de que los Estados reconozcan la UNDROP, integren los derechos campesinos en sus marcos institucionales y jurídicos, así como en las estrategias climáticas, para garantizar que los financiamientos apoyen directamente sus soluciones, en lugar de los intereses comerciales de las STN.

Leer el informe: https://www.ohchr.org/en/documents/thematic-reports/ahrc6033-rights-peasants-and-other-people-working-rural-areas-report

El diálogo interactivo en la sesión plenaria del Consejo de Derechos Humanos de la ONU

El pasado miércoles 17 de septiembre de 2025, durante la 60.ª sesión del Consejo de Derechos Humanos, el Presidente del Grupo de Trabajo sobre Derechos Campesinos, Sr. Carlos Duarte, presentó el 2.º informe del Grupo en sesión plenaria. Si bien es motivo de alegría el creciente número de países que reconocen los Derechos Campesinos en sus Constituciones y legislaciones, también aumentan las amenazas y la violencia hacia las comunidades rurales e indígenas. Ante esto, Carlos Duarte recuerda que la UNDROP es una hoja de ruta clara y que es hora de actuar colectivamente para garantizar una vida digna a los campesinos.

Durante el diálogo interactivo, la mayoría de los Estados destacó que lxs campesinxs son esenciales en la lucha contra la pobreza y para la seguridad alimentaria. Se expresó gran preocupación por la concentración de tierras en manos de unos pocos y los problemas de acceso a la tierra. Los Estados insistieron en la necesidad de políticas rurales sostenibles, mejor acceso a la tierra, agua, crédito y mercados, y recordaron que lxs campesinxs deben participar directamente en las decisiones que les afectan. Varios países (Bolivia, Gambia, Ghana, Tanzania, Camerún, Malaui, Honduras, México, Sudán, Cuba, Venezuela) destacaron desafíos recurrentes: acaparamiento de tierras, criminalización de los defensores de derechos humanos, estigmatización, discriminación de género, violencia, efectos del cambio climático y conflictos armados. Insisten en la importancia de políticas agrícolas resilientes, prácticas sostenibles y financiamiento climático dirigido a soluciones campesinas más que comerciales. Muchos Estados reafirmaron su apoyo al Grupo de Trabajo y su voluntad de cooperación, y también llaman a proteger a los defensores de los derechos campesinos y a garantizar mecanismos de implementación más sólidos de la UNDROP.

Además, presentaron acciones emprendidas para promover e implementar los derechos campesinos: en materia de tierras, Colombia ha iniciado una Reforma Rural Integral derivada del acuerdo de paz, mientras que Côte d’Ivoire, Malaui, Togo, Burkina Faso e India han adoptado leyes o creado agencias para regularizar y asegurar el acceso a la tierra. Varios países destacaron iniciativas específicas a favor de las mujeres rurales: entrega de títulos de propiedad, programas de empoderamiento en Azerbaiyán, México, Malasia y Bangladesh. Otros han reforzado la protección social y los servicios básicos en las zonas rurales, como Portugal, España y Argelia, así como programas de apoyo económico y técnico a pequeños productores (Gambia, Camerún, Egipto, Irak). Por último, algunos Estados insistieron en medidas para aumentar la resiliencia frente al cambio climático mediante la promoción de prácticas agrícolas sostenibles, acceso a crédito e insumos resistentes (Bangladesh, Brasil, Indonesia, Irán).

Alberto Silva de La Via Campesina (representante de la organización suiza Uniterre) hablando en nombre del CETIM destacó que el informe del Grupo de Trabajo presenta experiencias positivas que pueden inspirar a todos los Estados miembros. “Estas demuestran que situar a los campesinos en el centro de las políticas públicas permite mejorar las condiciones de vida y trabajo en las zonas rurales”, además alertó sobre los desafíos existenciales a los que se enfrenta la humanidad: acaparamiento de tierras, erosión de la biodiversidad, amenaza sobre las semillas por la selección industrial y la degradación ambiental.

“Ante estas amenazas, la UNDROP es una herramienta jurídica y política eficaz y concreta, que permite fortalecer los marcos legislativos nacionales y abrir espacios de diálogo inclusivo. Llamó a los Estados a colaborar con lxs campesinxs y el Grupo de Trabajo para avanzar en los derechos campesinos consagrados en la UNDROP”.

Alfonzo Simón, del Foro Mundial de Pescadores WFFP (representante de la organización panameña SITRAMAR), hablando en nombre de FIAN, agradeció al Grupo de Trabajo por su informe, el cual reconoce la erosión de los derechos territoriales (tierra, ríos, aguas…).
Los pescadores, pueblos indígenas y comunidades rurales de Panamá enfrentan una fuerte represión cuando defienden sus derechos o resisten los desplazamientos forzados. Aunque son guardianes de la biodiversidad y de los sistemas alimentarios, sus modos de vida están cada vez más amenazados por la industria agroalimentaria y extractiva, así como por agendas de conservación como la iniciativa 30×30.

“Nosotros, los pescadores y pescadoras indígenas, no somos una amenaza para la biodiversidad, somos sus guardianes y guardianas. Nuestras voces deben ser escuchadas y nuestros derechos protegidos.”

Alfonzo vino desde Panamá para denunciar la situación urgente de los pescadores y pescadoras indígenas Ngäbe Buglé, quienes están siendo amenazados por el gobierno con la suspensión de la pesca en la isla Escudo de Veraguas, su último sitio ancestral de pesca.
Solicita al Grupo de Trabajo que inste al Estado panameño a poner fin a estas medidas, a la violencia, y que reconozca sus derechos (consagrados por la UNDRIP y la UNDROP), así como que garantice su participación en las decisiones que impactan su forma de vida.