Involucrando a los titulares de derechos de la UNDROP en el próximo informe temático del Grupo de Trabajo

Defendiendo los Derechos de los Campesinos continúa colaborando estrechamente con los expertos del Grupo de Trabajo de la ONU sobre la UNDROP. En marzo de 2026, organizamos un diálogo en línea con el anterior presidente del Grupo de Trabajo, Carlos Duarte, reuniendo a titulares de derechos de la UNDROP de todo el mundo para aportar contribuciones directas al próximo informe temático del Grupo de Trabajo sobre los Territorios Rurales Terrestres y Marinos.

Este informe, cuya presentación está prevista ante la Asamblea General de la ONU en Nueva York durante el segundo período de sesiones de 2026, examinará cómo las violaciones relacionadas con la tierra, el agua y los bosques afectan la dignidad, la estabilidad y los medios de vida de los campesinos y trabajadores rurales en todo el mundo. Las contribuciones de los titulares de derechos y de sus movimientos y organizaciones representativas fueron fundamentales para fundamentar el informe en las realidades vividas y las luchas de los pueblos que trabajan en los territorios rurales y acuáticos, quienes enfrentan múltiples formas de violaciones y amenazas a medida que avanzan las prácticas de acaparamiento verde y azul en un mundo cada vez más controlado por el capital privado y las empresas transnacionales.

Este debate tuvo lugar tras la Convocatoria oficial para el envío de contribuciones publicada por el Grupo de Trabajo, que reunió numerosas aportaciones. Véalas aquí:

El Grupo de Trabajo de la ONU sobre la UNDROP concluye su visita oficial a Ghana

El Grupo de Trabajo llevó a cabo su primera visita oficial a un país desde el inicio de su mandato, realizando una misión de diez días a Ghana. Durante la visita, los expertos se reunieron con una amplia variedad de titulares de derechos de la UNDROP, incluidos pequeños agricultores, pescadores artesanales y pastores, así como con autoridades públicas y diversos representantes de la sociedad civil. Si bien señalaron importantes avances legislativos y de políticas públicas, destacaron los desafíos persistentes relacionados con el acceso a la tierra, la pobreza, la exclusión, la degradación ambiental y el acceso limitado a la financiación y a los mercados.

El Grupo de Trabajo subrayó la necesidad de una implementación más sólida de las leyes y políticas existentes para garantizar que la transformación agrícola de Ghana beneficie a las comunidades rurales y refleje plenamente los derechos reconocidos en la UNDROP.

Lea aquí la declaración de fin de misión con las conclusiones preliminares.

¡Conozca las dos nuevas subcategorías del sitio web! 

Titulares de derechos

La UNDROP reconoce como titulares de derechos a una amplia variedad de sectores rurales, lo que permite que diversos grupos rurales que a menudo enfrentan marginación y múltiples violaciones de los derechos humanos utilicen la UNDROP como una herramienta jurídica y política para proteger sus derechos fundamentales a nivel nacional, regional e internacional. Esta nueva subcategoría tiene como objetivo no solo destacar la pluralidad de los titulares de derechos de la UNDROP, sino también ofrecer orientación sobre la interpretación de la definición de «campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales» contenida en el artículo 1 de la Declaración. Incluye valiosas contribuciones de Shalmali Guttal, presidenta del Grupo de Trabajo de la ONU sobre la UNDROP, así como de lxs propixs titulares de derechos, quienes participaron en una mesa redonda en línea celebrada durante nuestro seminario web público de 2025.

Haga clic aquí para acceder a la nueva subcategoría Titulares de derechos en Defendiendo los Derechos Campesinos.

Leyes y políticas nacionales 

La apropiación y movilización de la UNDROP por parte de los movimientos y organizaciones rurales ha dado lugar cada vez más a importantes victorias en los ámbitos legislativo y de políticas públicas en distintos países, especialmente en América del Sur. Esta nueva subcategoría tiene como finalidad reunir los principales avances legislativos y de políticas públicas obtenidos como resultado de la incidencia política liderada por sectores rurales y sus aliados, orientada a crear o modificar marcos jurídicos nacionales que protejan los derechos de los campesinos, los pueblos pescadores, los nómadas y los pastores, así como de otros titulares de derechos, a la luz de las disposiciones de la UNDROP.

En los últimos años, hemos sido testigos de una influencia creciente de la UNDROP en la configuración de leyes y políticas a nivel nacional, gracias a la movilización de los movimientos rurales que dan vida a este instrumento jurídico en sus luchas. Estas victorias no solo contribuyen a salvaguardar los derechos de los pueblos rurales, sino que también favorecen el surgimiento de prácticas que pueden orientar futuros desarrollos legislativos y de políticas públicas en favor de los derechos de quienes viven y trabajan en las zonas rurales.

Haga clic aquí para acceder a la nueva subcategoría Leyes y políticas nacionales en Defendiendo los Derechos Campesinos.

¡Suscríbete a nuestro boletín informativo!

Envíenos sus propuestas de publicaciones y futuras colaboraciones

Únete a nosotros en las redes sociales para mantenerte inspirado y amplificar las voces de las luchas rurales

La entrada Defendiendo los Derechos Campesinos – Boletín n°10 se publicó primero en Defending Peasants' Rights.

La experiencia de Cuba demuestra que los principios y disposiciones consagrados en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales (UNDROP) pueden traducirse de manera concreta en políticas públicas, marcos jurídicos e iniciativas orientadas a garantizar y promover los derechos de las comunidades campesinas. El presente informe recoge los avances alcanzados y las principales iniciativas desarrolladas en este sentido, poniendo de relieve el compromiso del Estado y de los propios titulares de derechos con la promoción y protección de los derechos campesinos.

Esta experiencia constituye, asimismo, una referencia de interés para otros países y contextos. Demuestra que, incluso en condiciones de vulnerabilidad debida a una ofensiva imperialista continua, y frente a desafíos enormes debido a la guerra economica externa, es posible avanzar en la implementación de los derechos reconocidos en la UNDROP cuando existe voluntad política, un marco institucional favorable y una participación activa y movilización de las organizaciones y comunidades de base.

Más allá de sus particularidades nacionales, el caso cubano ofrece aprendizajes y elementos de inspiración para otros países que buscan fortalecer sus políticas públicas y marcos jurídicos en favor de los derechos de las personas que viven y trabajan en las zonas rurales.

A continuación, encontrará el informe completo:

La entrada Informe sobre la promoción e implementación de la UNDROP en Cuba se publicó primero en Defending Peasants' Rights.

Tras la reciente aprobación de la «Ley para el Fortalecimiento y Protección del Sector Agroindustrial, Proyectos de Energía, Turismo, Ganadería y Pequeños Productores Agrícolas de Honduras», que promueve y protege los intereses del agronegocio, se han emitido 1.000 órdenes de desalojo contra comunidades campesinas. Esta ley agrava un contexto ya marcado por la violencia, la criminalización y la intimidación que sufren numerosos movimientos campesinos que luchan por su derecho histórico a la tierra, a la alimentación y a la soberanía alimentaria. Entre los hechos más graves se encuentra la masacre ocurrida el 21 de mayo de 2026 en la comunidad de Rigores, departamento de Colón, que dejó un saldo de 20 campesinos asesinados.

Defendiendo los Derechos Campesinos expresa su solidaridad con los pueblos y las comunidades de Honduras, en particular con las organizaciones campesinas, indígenas y afrodescendientes que actualmente enfrentan desalojos y otras formas de violencia. Asimismo, respaldamos las demandas de estas organizaciones para garantizar el acceso a la justicia en los ámbitos local, nacional e internacional, y hacemos un llamado a que se protejan y se respeten los derechos consagrados en la Declaracion de la ONU sobre los derechos de los campesinos y de otras personas que trabajan en zonas rurales.

Les invitamos a leer los comunicados elaborados por La Vía Campesina Honduras sobre estos recientes acontecimientos:

La Vía Campesina Honduras expresa enérgico rechazo frente a órdenes de desalojos masivos: https://viacampesina.org/es/la-via-campesina-honduras-expresa-energico-rechazo-frente-a-ordenes-de-desalojos-masivos/

La Vía Campesina Honduras denuncia masacre de campesinxs en la comunidad Colón: https://viacampesina.org/es/la-via-campesina-honduras-denuncia-masacre-de-campesinxs-en-la-comunidad-colon/

La entrada Comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes bajo ataque en Honduras se publicó primero en Defending Peasants' Rights.

Publicado por: Relatora Especial sobre el derecho humano a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible

Plazo límite: 21 de agosto de 2026

Propósito: Informar la preparación del informe temático para el 64ºperíodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas

Antecedentes

Las personas defensoras de derechos humanos y del ambiente (personas defensoras ambientales) desempeñan un papel fundamental en la protección del derecho humano a un ambiente limpio, saludable y sostenible, así como de todos los demás derechos humanos. Su labor contribuye directamente a proteger los ecosistemas y la biodiversidad, asegurar un clima seguro, mejorar la calidad del aire, proteger el agua y las cuencas hidrográficas, promover alimentos producidos de forma saludable y sostenible, y lograr entornos libres de sustancias tóxicas. La labor de las personas defensoras ambientales es fundamental para el avance de los elementos procedimentales del derecho a un ambiente saludable: el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia. Estos son derechos humanos reconocidos y pilares fundamentales del Estado de derecho, la gobernanza democrática y las sociedades en paz.

El papel de las personas defensoras ambientales es especialmente vital hoy en día, ya que la humanidad se enfrenta las triples crisis planetarias de cambio climático, pérdida de biodiversidad y contaminación tóxica, agravada por las desigualdades sistémicas y la discriminación. En todo el mundo, las personas defensoras ambientales están identificando y aplicando activamente soluciones alternativas viables a las triples crisis planetarias, con soluciones que abarcan desde la protección de ecosistemas frágiles en tierra y en el océano hasta el fomento de las energías renovables y sostenibles. Esto contribuye a lograr la rendición de cuentas, al tiempo que apoya a los Estados en el cumplimiento de sus obligaciones. Si bien ha habido un mayor reconocimiento del papel crucial de las personas defensoras de los derechos humanos y del ambiente por parte de las instituciones, en general, los riesgos, la violencia y la represión a los que se siguen enfrentando estas personas defensoras están aumentando en todas las regiones. Estos riesgos se reflejan en el cierre de los espacios cívicos, la estigmatización, el acoso, la vigilancia, las demandas estratégicas contra la participación pública (SLAPP por sus siglas en inglés), la criminalización, las amenazas, los ataques e incluso los asesinatos y las desapariciones forzadas.

Las personas y los grupos en situaciones de marginación, incluidos los Pueblos Indígenas, el campesinado, las comunidades costeras y pesqueras, Afrodescendientes, las mujeres y las niñas, las infancias y la juventud, las personas mayores, las personas LGTBQ+ y quienes viven en zonas altamente contaminadas, se encuentran en situaciones especialmente vulnerables. Las personas defensoras de los derechos humanos en el terreno se enfrentan a mayores riesgos, agravados por los conflictos, la guerra y las economías ilegales, mientras que también se han documentado mayores riesgos para periodistas, abogadas y abogados e incluso científicas y científicos que trabajan por un ambiente saludable.

Comprender mejor la situación a la que se enfrentan las personas defensoras ambientales en todo el mundo y encontrar medidas eficaces para su protección es urgente e importante en sí mismo, pero también para resolver las triples crisis planetarias. Comprender la situación requiere tener en cuenta los impactos diferenciados a los que se enfrentan las personas defensoras ambientales según la región, el sector, el género y la edad, entre otros, con miras a la protección de sus derechos y a la aplicación efectiva del derecho a un ambiente saludable.

Objetivos

En este informe, la Relatora Especial examina la situación de las personas defensoras del ambiente, que trabajan en el contexto de las triples crisis planetarias, centrándose en cómo las violaciones de que son objeto afectan también a la realización del derecho humano a un ambiente limpio, saludable y sostenible. El informe describirá las obligaciones de los Estados y los actores no estatales, en virtud del derecho internacional y las normas de derechos humanos, de proteger a las personas defensoras ambientales, así como el deber de los Estados de proteger el ambiente y el sistema climático, evitando daños adicionales. Con ello, la Relatora Especial pretende contribuir a la comprensión de la situación de las personas defensoras ambientales desde una perspectiva individual y colectiva, reconociendo que, si bien muchos de ellos lideran y llevan a cabo acciones individuales, estas suelen formar parte de esfuerzos comunitarios o colectivos más amplios.

La Relatora Especial formulará recomendaciones concretas a los Estados y otras partes interesadas para garantizar la protección de las personas defensoras ambientales y la aplicación efectiva del derecho a un ambiente saludable, incluso en relación con medidas colectivas desde un enfoque interseccional.

Preguntas clave y tipos de contribuciones/comentarios solicitados

La Relatora Especial invita a los Estados, la sociedad civil, los Pueblos Indígenas, las personas Afrodescendientes, personas campesinas, niñas, niños y jóvenes, comunidades pesqueras artesanales, la academia, las empresas y otros actores interesados a presentar información sobre las siguientes cuestiones:

1. En relación con la situación de las personas defensoras de derechos humanos y del ambientePor favor, presentar información sobre:
   • Los riesgos específicos que se enfrentan las personas defensoras ambientales, incluidos los Pueblos Indígenas, las mujeres y las niñas, los niños y la juventud, personas campesinas, comunidades costeras, comunidades rurales, periodistas, abogadas y abogados, personas científicas, las personas LGTBQ+ y las personas que viven en zonas altamente contaminadas, entre otros. Por favor, describa los impactos de estos riesgos y ataques en sus comunidades, colectivos, trabajo y resultados en materia de protección ambiental, así como consideraciones específicas aplicables a regiones o sectores que puedan ser relevantes.
   • El uso de medidas legales para restringir, limitar u obstaculizar el trabajo de las personas defensoras ambientales, incluyendo el impacto en el espacio cívico, el uso de demandas estratégicas contra la participación pública (SLAPP), el uso del derecho penal u otros mecanismos para crear un «efecto disuasorio».
   • Tipos de repercusiones, incluidas las repercusiones psicosociales de las amenazas, la violencia y la represión sobre las personas defensoras ambientales. Por favor, detalle las formas en que estos ataques pueden generar o exacerbar conflictos internos dentro de las comunidades, las organizaciones y los movimientos sociales.
   • Factores que podrían estar contribuyendo al empeoramiento de la situación de las personas defensoras ambientales.
2. Políticas, legislación y otras medidas existentes de actores estatales y no estatales para la protección de las personas defensoras ambientalesPor favor, presentar información sobre:
   • Políticas, normativas y prácticas adoptadas por los Estados, las empresas y/o las instituciones financieras para identificar, mitigar, prevenir, perseguir y subsanar los riesgos e impactos sobre las personas defensoras ambientales, incluso en el contexto de sectores de alto riesgo como las industrias extractivas, la agroindustria, la energía y las infraestructuras, así como información sobre los obstáculos a la rendición de cuentas y al acceso a la justicia. Indique si los mecanismos contemplan la protección individual y colectiva e incluya ejemplos de su aplicación;
   • Ejemplos de medidas adoptadas por actores no estatales para garantizar una participación significativa de las personas defensoras ambientales afectadas o potencialmente afectadas, como personas, colectivos y comunidades, incluidos los Pueblos Indígenas y otros grupos en situaciones vulnerables, y medidas para evitar contribuir a amenazas, represalias o conflictos. Incluya información sobre el éxito o el fracaso de estas medidas;
   • Mecanismos de reclamación y procesos de reparación establecidos por actores no estatales que sean relevantes para la protección de las personas defensoras ambientales, incluyendo su accesibilidad, eficacia y aplicación en la práctica.
3. Otras medidas eficaces para la protección de las personas defensoras ambientales

Sírvase proporcionar información sobre:

• Ejemplos concretos de medidas eficaces más allá de los marcos jurídicos o las políticas, para garantizar un entorno seguro y propicio para las personas defensoras ambientales, incluidas medidas para la protección individual, colectiva y/o de las comunidades.
• Explicación de si estas medidas tienen en cuenta un enfoque interseccional y cómo se aplica, así como el proceso para concebir, planificar y aplicar dichas medidas.
• Ejemplos de medidas estructurales para la protección efectiva de las personas defensoras ambientales que garanticen un entorno seguro y propicio para el desempeño de su labor.

¿Cómo se utilizarán las contribuciones?

Le rogamos que su contribución sea concisa y se limite a un máximo de 5 páginas (o 2.500 palabras). Las contribuciones pueden abordar todas o algunas de las preguntas anteriores.

Las aportaciones deben enviarse únicamente en inglés, francés o español.

Agradecemos sus esfuerzos por enviar sus valiosas aportaciones para este informe, así como su colaboración y apoyo a la aplicación de este mandato. Si dispone de información que haya enviado con anterioridad a otros procedimientos especiales o mecanismos de derechos humanos y que pueda ser relevante, le instamos a que la señale para evitar duplicidades y coordinarnos de forma más eficaz.

Fecha límite de presentación: 21 de agosto de 2026.

La entrada Convocatoria de aportaciones : Personas defensoras de derechos humanos y del ambiente y el derecho a un ambiente saludable se publicó primero en Defending Peasants' Rights.

*Imagen: El mundo campesino. Elena Rusca

Entrevista con Geneviève Savigny, miembro del Grupo de Trabajo de la ONU sobre los Derechos de los Campesinos (UNDROP)

Ginebra, 25 de junio de 2026 — Elena Rusca

Mientras las crisis alimentarias, climáticas y geopolíticas se intensifican, los campesinos —quienes alimentan a la mayoría de la humanidad— siguen siendo de los más expuestos a la pobreza, la expropiación y la violencia. Desde 2018, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos (UNDROP) ofrece un marco inédito para proteger sus derechos colectivos, sus semillas, sus tierras y sus saberes. Pero su implementación sigue siendo frágil. Geneviève Savigny, miembro del Grupo de Trabajo encargado de la UNDROP, analiza los desafíos agrarios, semilleros y políticos que atraviesan hoy los campos del mundo —desde África Occidental hasta América Latina.

La UNDROP: un texto histórico nacido de las luchas campesinas

Adoptada en 2018 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, la Declaración de los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en Zonas Rurales es uno de los instrumentos más ambiciosos del sistema internacional. Fruto de casi veinte años de movilización impulsada por La Vía Campesina, busca proteger a quienes producen la mayor parte de los alimentos del planeta, pero que siguen siendo los más expuestos a la pobreza, la expropiación, la violencia y la marginación política.

La UNDROP reconoce derechos rara vez explicitados en otros textos internacionales:

• el derecho a la tierra,
• el derecho a las semillas,
• el derecho al agua,
• la protección contra los desalojos,
• la participación en las decisiones,
• los derechos colectivos y consuetudinarios,
• el reconocimiento de los saberes campesinos.

Para garantizar su implementación, el Consejo de Derechos Humanos creó en 2023 un Grupo de Trabajo compuesto por cinco expertos independientes. Geneviève Savigny, campesina y exmiembro de la Confederación Campesina y de La Vía Campesina, forma parte de él.

Un grupo de trabajo internacional para defender los derechos campesinos

— ¿Cómo se formó su grupo de trabajo?

G. Savigny: «El grupo de trabajo fue formado por el Consejo de Derechos Humanos después de que se adoptara una resolución en otoño de 2023. Fuimos seleccionados durante el invierno y nos encontramos cinco personas. Personalmente, soy campesina, exmiembro de la Confederación Campesina y de La Vía Campesina. También están Carlos, antropólogo y profesor en Colombia; David, profesor de derecho en Armenia; Shalmalee, exdirectora de la ONG Focus on Global South; y Uche, profesora de derecho nigeriana que trabaja en Estados Unidos.»

— ¿Cómo trabajan concretamente?

G. Savigny: «Nuestro grupo tiene dos sesiones anuales de cinco días presenciales, normalmente una en Ginebra y otra en Nueva York. Este año preferimos reemplazar la segunda sesión por visitas a países. Acabamos de hacer una visita a Ghana y otra está prevista en noviembre en Paraguay. Cada vez somos dos personas del grupo más nuestro equipo asalariado.»

— ¿Qué hacen durante estas visitas?

G. Savigny: «Nos reunimos con representantes de los distintos ministerios vinculados a la agricultura y la alimentación, y luego con representantes de campesinos, pescadores, pastores y mujeres rurales. En Ghana, las reuniones debían pasar por el gobierno o por autoridades locales para poder encontrarnos con los jefes de aldea. El objetivo es entender cómo se aplican los derechos campesinos, cuáles son los puntos fuertes y qué se puede mejorar. Luego elaboramos un informe que se presentará en otoño.»

La participación: un derecho esencial pero difícil de ejercer

— Publicaron un informe sobre el derecho a la participación. ¿Cuáles fueron sus conclusiones?

G. Savigny: «La participación es realmente indispensable para que la situación de los campesinos y campesinas sea tomada en cuenta y resuelta de la manera adecuada. Pero aún queda mucho por hacer, incluso por razones materiales: la traducción, la distancia, las dificultades para desplazarse a los lugares de poder.

En cuanto a las mujeres, existe una dificultad particular para liberarse de las tareas domésticas y del trabajo cotidiano para poder participar en las decisiones que les conciernen. Es un nivel de dificultad adicional en un mundo rural donde el trabajo es muy absorbente y a menudo aislado.»

Semillas: un desafío crucial frente a las multinacionales

— Este año trabajan sobre el derecho a las semillas. ¿Por qué es tan importante?

G. Savigny: «El artículo diecinueve de la UNDROP detalla cómo los campesinos deben tener derecho a mantener los sistemas de semillas campesinas: guardar, reproducir, intercambiar y vender semillas. El Estado también debe favorecer la existencia de este sistema. No siempre es así, ya que existe un sistema comercial muy dinámico, incluso agresivo, según cómo se mire.»

— ¿Los OGM influyen en esta problemática?

G. Savigny: «Sí, por supuesto. Con los avances tecnológicos, ahora tenemos formas mucho más fáciles y rápidas de hacer OGM. Para facilitar su difusión y comercialización, las empresas semilleras ya no quieren que se llamen OGM, sino NGT, Nuevas Técnicas Genómicas. Buscan que se reconozca que podrían aparecer en la naturaleza, por lo que no habría necesidad de etiquetarlos.

Pero ¡hay patentes depositadas sobre ellos! Y existe el temor de que los rasgos patentados, que no están etiquetados, puedan aparecer naturalmente en plantas de campesinos que los habían seleccionado durante años.»

— ¿Qué implica esto para los campesinos?

G. Savigny: «La patente del sistema CRISPR-Cas, por ejemplo, pertenece a una sola empresa. Hay una concentración cada vez mayor de derechos que determinan si se puede o no multiplicar las semillas. Frente a esto, muchas leyes semilleras imponen reglas estrictas para el reconocimiento y la comercialización de semillas, lo que entra en contradicción con el derecho campesino a las semillas.

Los campesinos deben reivindicar este derecho, y los Estados deben darse cuenta de que, incluso para la biodiversidad y la resiliencia de las plantas, no se debe detener la selección a pequeña escala que realizan los campesinos locales. Hay todo un sistema que preservar si queremos mantener una biodiversidad y una diversidad de cultivos importantes.»

Tierra y territorio: derechos colectivos por reconocer

— También trabajan sobre la cuestión de la tierra. ¿Cuál es el principal desafío?

G. Savigny: «Trabajamos sobre el artículo diecisiete de la declaración, sobre los derechos a la tierra y al territorio. De manera interesante, la UNDROP destaca la importancia de los derechos colectivos y consuetudinarios. Es importante porque en muchos lugares ahí está el problema: como no hay títulos de propiedad claros, se entra en una zona informal.»

— ¿Y en Suiza, cómo ve el acceso a la tierra?

G. Savigny: «Creo que el derecho a la tierra sirve para iluminar nuevas vías. Se necesita un acceso seguro a la tierra, no necesariamente la propiedad. Espero que en Suiza podamos desarrollar modos de alquiler o formas de propiedad colectiva que den seguridad a quienes la cultivan.

Hay un gran problema: toda una generación llega al final de su carrera con pensiones pequeñas y pocos recursos. A veces no quieren transmitir la tierra a los jóvenes. Es un problema social general. Si queremos una producción alimentaria de calidad, también debemos resolver el problema del acceso a la tierra.

Comprar es prohibitivo. Y hay que tener cuidado porque en algunos países, incluso en Europa, son empresas las que compran las tierras.»

América Latina: una campesinización atacada pero fundamental

— Para los lectores chilenos, ¿qué mirada tiene sobre la campesinización en América Latina?

G. Savigny: «En América Latina, la campesinización me parece fundamental. Junto con los pueblos indígenas, constituyen el núcleo de una agricultura que, al mismo tiempo, está completamente atacada por el desarrollo de una agricultura industrial muy intensiva.

Esto se refuerza con los acuerdos de libre comercio destinados a aumentar la exportación de productos y materias primas. Lo que dicen los campesinos de allá es que eso no va en el sentido de su protección.

Es un espacio que no conozco perfectamente, pero que parece tan rico y variado. Desde un punto de vista cultural, es campesino e indígena. En América Latina, el modo de producción artesanal sigue siendo muy importante. La calidad de la alimentación también proviene de poder comer verduras frescas en todas partes.»

— ¿Es también una lucha contra las transnacionales?

G. Savigny: «Por supuesto. A los pequeños campesinos hay que apoyarlos; a las transnacionales, hay que ponerles límites, porque tienen una tendencia natural —creo que es incluso su oficio— a expandirse, concentrarse y obtener más beneficios. Pero deben existir límites, porque si no, es destructivo tanto ambiental como socialmente.

No es nuestro mandato directo, pero nos enfrentamos a esta cuestión indirectamente. Nuestras recomendaciones al final de cada informe se dirigen a los Estados, a las entidades de la ONU, a otras instituciones y también a las entidades privadas, a quienes pedimos respetar la ley y la normativa internacional, y velar por los derechos humanos en todas las circunstancias.»

Los “procedimientos especiales” de la ONU: explicar el mandato

— ¿Puede explicar qué son los procedimientos especiales?

G. Savigny: «Los grupos de trabajo forman parte de los procedimientos especiales, como los relatores especiales. Se concentran en un aspecto particular de los derechos humanos, como el derecho a la alimentación o el derecho al agua. Nosotros somos un grupo de trabajo: en lugar de un solo relator especial, somos cinco, lo que corresponde a la diversidad y amplitud del tema.

Nuestro papel es implementar la Declaración de los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en Zonas Rurales, la UNDROP. Es un texto adoptado en 2018 por la Asamblea General de la ONU que reúne veintiocho artículos que resumen los derechos necesarios para la actividad campesina.

Precisa qué es un campesino, las obligaciones de los Estados, la no discriminación, los derechos de las mujeres, el derecho a los recursos, el derecho a la participación, a la información, a la educación, etc., detallado de manera adaptada al medio rural.»

El Grupo de Trabajo presentará sus informes sobre tierra y semillas en septiembre próximo en Ginebra. Estos documentos, que serán presentados ante la Asamblea General de la ONU, deberían aportar una luz crucial.

La entrada Sin tierra, sin semillas, no hay futuro campesino se publicó primero en Defending Peasants' Rights.

Las protestas han logrado unificar a una impresionante coalición de organizaciones campesinas y de trabajadores rurales y urbanos. En el centro de esta movilización se encuentran poderosas organizaciones campesinas, como la Federación Tupac Katari, la Federación de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia «Bartolina Sisa» y la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), que se han movilizado en todo el país para resistir, hacer frente y exigir el respeto de sus derechos fundamentales.

La lucha actual demuestra la enorme fuerza política de las organizaciones campesinas en Bolivia. Las protestas no se limitan a la tierra o a los subsidios a los combustibles; representan un profundo rechazo a un modelo político y económico dominante que es percibido como una violación de los derechos del campesinado, de los principios de la soberanía alimentaria y como un factor de marginación de las comunidades rurales e indígenas.

Les invitamos a leer las siguientes tres declaraciones de solidaridad con la lucha del pueblo boliviano:

CLOC–La Vía Campesina
https://viacampesina.org/en/2026/06/bolivia-cloc-la-via-campesina-rejects-the-divisive-and-polarizing-actions-promoted-by-rodrigo-paz/

Federación Bartolina Sisa (organización boliviana miembro de La Vía Campesina)
https://viacampesina.org/en/2026/06/bolivia-the-bartolina-sisa-organization-reaffirms-unity-denounces-government-attempts-at-division-and-co-optation/

CETIM
https://www.cetim.ch/bolivia-solidarity-with-popular-struggles-for-food-sovereignty-and-social-justice/

La entrada En solidaridad con las organizaciones campesinas e indígenas de Bolivia se publicó primero en Defending Peasants' Rights.

El estudio examina la creciente tendencia de las contrarreformas agrarias en América Latina y el Caribe y su impacto sobre los derechos a la tierra garantizados por procesos anteriores de reforma agraria. Muestra cómo los recientes cambios legales, institucionales y administrativos están contribuyendo a una renovada concentración de la tierra y a una creciente presión sobre lxs campesinxs, los Pueblos Indígenas, las comunidades afrodescendientes y otras poblaciones rurales. El informe también identifica las principales formas que adoptan estas contrarreformas (reformas legales, financiarización de la tierra, acaparamiento verde impulsado por corporaciones y despojo promovido por el Estado) y analiza sus implicaciones para la justicia territorial y el desarrollo rural.

Asimismo, analiza los patrones actuales de concentración de la tierra en toda la región, destacando cómo las desigualdades históricas están siendo reforzadas por la financiarización y las adquisiciones de tierras a gran escala, condiciones estructurales que constituyen el trasfondo de las contrarreformas contemporáneas. A partir de estudios de caso de Bolivia, Argentina, Brasil, El Salvador, Guatemala, Honduras, Ecuador, así como de países del Caribe, explora una serie de medidas legales e institucionales que han debilitado las protecciones sobre la tierra, incluyendo la reclasificación administrativa, la desregulación, las políticas territoriales restrictivas, los procedimientos acelerados de expropiación, la criminalización de los conflictos relacionados con la tierra y la revocación de títulos de propiedad.

Además, identifica tendencias regionales más amplias y las evalúa a la luz de las normas internacionales de derechos humanos, argumentando que estas reformas reflejan un cambio más amplio en la gobernanza de la tierra que favorece la concentración económica mientras erosiona las protecciones reconocidas en los instrumentos internacionales, especialmente en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales (UNDROP).

El estudio concluye destacando una contradicción apremiante del actual momento agrario: mientras se logran avances significativos en el reconocimiento formal de los derechos de los pueblos rurales, los mecanismos administrativos, procedimentales y económicos necesarios para hacer efectivos esos derechos se están debilitando de manera constante a través de una arquitectura jurídica global que considera la tierra, los territorios y los recursos naturales como meros activos financieros.

Escucha el pódcast sobre este estudio:

Lea el estudio completo aquí:

La entrada Contrarreformas Agrarias: Anatomía de un Despojo en Progreso se publicó primero en Defending Peasants' Rights.

La entrada Conferencia: Sembrando Futuro – La lucha por la soberanía alimentaria de las mujeres campesinas en El Salvador se publicó primero en Defending Peasants' Rights.

Este estudio ofrece el primer mapeo regional de las leyes que reconocen a lxs campesinxs y otras poblaciones rurales en América Latina. Analiza 170 disposiciones legales vigentesa en 23 países entre 1917 y 2025, ofreciendo una visión comparativa de cómo los derechos campesinos son reconocidos en los sistemas jurídicos nacionales.

Los hallazgos muestran que el reconocimiento legal de lxs campesinxs está ampliamente extendido en la región. Casi la mitad de las leyes analizadas reconocen explícitamente los derechos campesinos, mientras que el 88% contiene alguna forma de reconocimiento o protección para las poblaciones rurales. Brasil cuenta con el mayor número de instrumentos legales relevantes, mientras que Colombia y Panamá destacan por la solidez de sus marcos legales. Más de la mitad de todas las normas identificadas fueron adoptadas entre 2010 y 2025, lo que demuestra una creciente atención política a las cuestiones campesinas.

Los temas más comunes son la agricultura familiar, el acceso a la tierra, la reforma agraria y la soberanía alimentaria. Sin embargo, aún persisten importantes brechas en áreas como los derechos de las mujeres rurales, la agroecología, el derecho a las semillas y la participación política.

El estudio también examina la relación entre las leyes nacionales y la UNDROP. Aunque solo cuatro instrumentos legales hacen referencia explícita a la Declaración, muchas leyes incorporan sus principios. Colombia, Ecuador y Bolivia ofrecen algunos de los ejemplos más sólidos de alineación con la UNDROP.

El informe concluye que América Latina se ha convertido en un referente global para el reconocimiento legal de lxs campesinxs, al tiempo que destaca la necesidad de una implementación más sólida de la UNDROP mediante el reconocimiento constitucional, una mayor protección de las mujeres rurales, un mayor apoyo a la agroecología y al derecho a las semillas, y mejores mecanismos de participación política.

Escucha el pódcast sobre este estudio:

Ver el estudio completo a continuación:

La entrada Reconocimiento del Campesinado en América Latina a Través de la UNDROP: Hallazgos Clave se publicó primero en Defending Peasants' Rights.

Este artículo fue publicado originalmente en la revista Lendemains Solidaires, disponible en francés aquí.

La soberanía alimentaria se define como el derecho de los pueblos a una alimentación sana y culturalmente apropiada, producida mediante métodos ecológicamente sostenibles, así como el derecho de los pueblos a definir su propio sistema alimentario y agrícola. La Vía Campesina (LVC) insiste en que los modos de producción agroecológicos diversificados, impulsados por el campesinado y basados en experiencias milenarias y conocimientos tradicionales, son esenciales para garantizar a todas y todos una alimentación sana, asegurando al mismo tiempo la armonía con los ecosistemas naturales. Este paradigma sitúa las aspiraciones y necesidades de quienes producen, distribuyen y consumen los alimentos en el centro de los sistemas y políticas alimentarias, en lugar de las exigencias de los mercados y del agronegocio. Se trata de un marco que defiende fundamentalmente los intereses de las futuras generaciones.

Contexto

La historia y el surgimiento del concepto de soberanía alimentaria, proclamado por La Vía Campesina en 1996, están vinculados al fracaso de la implementación del concepto de seguridad alimentaria promovido por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Este nuevo concepto buscaba responder a los desafíos del hambre y la malnutrición, que afectaban y siguen afectando particularmente, de manera paradójica, a las zonas rurales.

Durante la Cumbre Mundial sobre la Alimentación de 1996, La Vía Campesina acuñó el término soberanía alimentaria afirmando la centralidad de las y los pequeños productores de alimentos, la sabiduría acumulada por generaciones, la autonomía y la diversidad de las comunidades rurales y urbanas, así como la solidaridad entre los pueblos, como elementos esenciales para elaborar políticas alimentarias y agrícolas.

Debemos recordar que la única manera de hacer oír la voz de la campesinado es a través de la unión y construcción de amplias alianzas, más allá de todas las fronteras. Los movimientos sociales rurales y urbanos, los sindicatos, los actores de la sociedad civil, los gobiernos progresistas, las y los académicos y los científicos independientes deben unirse para defender esta visión común del futuro. Las mujeres rurales y las demás minorías de género oprimidas deben ocupar un lugar igualitario en las instancias de dirección de nuestro movimiento, en todos los niveles. Debemos sembrar las semillas de la solidaridad en nuestras comunidades y luchar contra todas las formas de discriminación que dividen a las sociedades rurales.

Con motivo de la conmemoración de los 25 años de La Vía Campesina, se afirmó que la soberanía alimentaria constituye un verdadero manifiesto para el futuro de nuestro planeta. Es una idea que une a la humanidad y nos pone al servicio de la Madre Tierra que nos alimenta.

"La soberanía alimentaria constituye un verdadero manifiesto para el futuro de nuestro planeta."

Vincular la soberanía alimentaria con el derecho al desarrollo

Vincular la soberanía alimentaria con el marco y el concepto del derecho al desarrollo es particularmente pertinente. En efecto, este último debe entenderse como el derecho de las poblaciones campesinas y rurales a concebir y construir sus propios modelos de desarrollo rural, en coherencia con los principios de la soberanía alimentaria.

El derecho al desarrollo se concibe como un proceso de empoderamiento que implica necesariamente la movilización social y la lucha. Se trata de un derecho programático que exige medidas estructurales y específicas por parte de las autoridades públicas en favor de las comunidades y de las trabajadoras y trabajadores rurales. El derecho al desarrollo es también un instrumento político y un marco jurídico para combatir las políticas perjudiciales de la globalización neoliberal que marginan al campesinado familiar.

La interrelación entre el derecho al desarrollo, la soberanía alimentaria y los derechos campesinos también se destaca durante las negociaciones del proyecto de Pacto sobre el Derecho al Desarrollo en el seno de la ONU[1]. Este proyecto busca reforzar jurídicamente y consolidar el marco del derecho al desarrollo, iniciado por la Declaración de las Naciones Unidas sobre el Derecho al Desarrollo (1986).

Así, el texto del proyecto de Pacto incluye una disposición específica que reconoce el derecho de las y los campesinos “a determinar y desarrollar prioridades y estrategias para ejercer su derecho al desarrollo”. Esta referencia explícita constituye un avance tanto jurídico como político. Refuerza la interpretación del derecho al desarrollo como un derecho colectivo perteneciente a los pueblos y comunidades, en particular a las poblaciones rurales históricamente excluidas de los procesos de toma de decisiones.

Al referirse explícitamente al campesinado y poblaciones rurales como actores clave del desarrollo, este futuro instrumento jurídico reforzará la centralidad de la autodeterminación en la definición de las prioridades agrícolas, económicas y territoriales. También consolidará la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales (UNDROP), la cual reconoce que las y los campesinos no deben ser simples beneficiarios de las políticas públicas, sino titulares de derechos capaces de concebir e implementar sus propios modelos de desarrollo (arts. 3 y 10 de la UNDROP).

¿Qué es el desarrollo rural para el campesinado?

Nuestra visión del desarrollo está centrada en el desarrollo de la agricultura campesina a través de la agroecología, única garantía de medios de vida y condiciones laborales dignas y justas para las poblaciones del mundo entero, especialmente en las zonas rurales. Es decir, los pueblos rurales como corazón de la producción alimentaria. Por eso La Vía Campesina propuso y finalmente logró, en 2018, la adopción de la UNDROP, que constituye una contribución a la realización de la soberanía alimentaria.

Para lograrlo, necesitamos políticas públicas que regulen los mercados agrícolas y alimentarios, ya que las y los campesinos generalmente no perciben ingresos dignos provenientes de sus actividades de producción de alimentos, lo que compromete sus medios de vida y la continuidad de la producción (artículo 16 de la UNDROP). Esto se debe a un sistema alimentario dominante basado en los mecanismos del mercado y controlado por el agronegocio.

Entre estos mecanismos de regulación, defendemos los precios mínimos garantizados (Minimum Support Prices – MSP), es decir, la obligación de los Estados de fijar precios que cubran los costos de producción campesina y garanticen un margen de ingresos equitativo. Este mecanismo invierte la lógica del dumping, que empuja los precios hacia abajo, y protege así la dignidad campesina.

También defendemos las compras públicas y las reservas alimentarias públicas. Exigimos la restauración de sistemas públicos de almacenamiento de alimentos para regular los mercados y estabilizar los precios. Las autoridades públicas deberían comprar las cosechas durante los períodos de recolección para garantizar precios mínimos, y luego liberarlas en períodos de escasez para evitar la especulación. Los precios mínimos garantizados, las compras públicas y las reservas públicas se implementan, por ejemplo, en Indonesia e India.

"Las autoridades públicas deberían comprar las cosechas durante los períodos de recolección para garantizar precios mínimos, y luego liberarlas en períodos de escasez para evitar la especulación."

Estos mecanismos son indispensables, ya que el modelo neoliberal ha desmantelado estas herramientas de regulación, exponiendo a las y los pequeños productores a la competencia de las grandes explotaciones agroindustriales fuertemente subsidiadas. Además, la especulación bursátil sobre los productos alimentarios provoca inestabilidades de precios a escala mundial y empuja a millones de personas a situaciones de precariedad alimentaria, en beneficio exclusivo de una minoría. La Vía Campesina llama a fortalecer las cadenas de suministro locales y regionales, afirmando que el comercio debe privilegiar los circuitos cortos antes que los flujos transcontinentales.

Reforma agraria, derecho a la tierra y derecho al desarrollo

La reforma agraria está vinculada al derecho a la tierra y al control de los territorios, reconocidos como derechos fundamentales inscritos en el derecho internacional de los derechos humanos, particularmente en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (art. 11) y en la UNDROP (art. 17). Muchas acciones del agronegocio violan o amenazan el derecho a la tierra: conflictos agrarios, criminalización, desalojos, acaparamiento de tierras, acaparamiento verde (“green grabbing”), concentración de la tierra impulsada por el agronegocio en favor de la agricultura industrial a gran escala (monocultivos), mercados de carbono, agrocombustibles y mecanismos de compensación de la biodiversidad, actividades mineras, así como los llamados proyectos de “desarrollo” como la construcción de autopistas, represas, etc. Por estas razones, La Vía Campesina lucha en todos los niveles por una reforma agraria integral, centrada en los intereses y derechos de los pueblos rurales.

Este enfoque va más allá de la simple titulación de tierras y llama a una redistribución efectiva y equitativa de la tierra. Incluye la fijación de límites claros al tamaño de la propiedad de la tierra, la prohibición de la venta de tierras a terceros y a entidades extranjeras, así como la expropiación de explotaciones basadas en trabajo ilegal o esclavo, especialmente en la agricultura industrial a gran escala y en las grandes plantaciones.

"Este enfoque va más allá de la simple titulación de tierras y llama a una redistribución efectiva y equitativa de la tierra."

Esta visión también se opone a las “contrarreformas” basadas en el mercado, promovidas por el Banco Mundial en los años noventa, que condujeron a la privatización de las tierras y a una nueva ola de concentración de la tierra en manos de una pequeña minoría depredadora, imponiendo un modelo único de desarrollo rural, arraigado en el neoliberalismo y favorable a los intereses del agronegocio.

La lucha por el derecho a la tierra mediante la implementación de la reforma agraria forma así parte integral del derecho al desarrollo: es una lucha por la autodeterminación y por el derecho a definir sus propios sistemas de tenencia de la tierra. Defendemos una comprensión política de la tierra como ecosistema social y productivo esencial para la vida y no como un simple activo financiero.

Agroecología, derecho a las semillas y derecho al desarrollo

En 2015, durante el segundo Foro Mundial sobre la Soberanía Alimentaria (Foro Nyéléni)[2], las delegaciones que representaban a diversas organizaciones y movimientos sociales de pequeños productores de alimentos y consumidores se reunieron para alcanzar una comprensión común de la agroecología como componente clave de la soberanía alimentaria.

La agroecología busca transformar y mejorar nuestra realidad material en los sistemas alimentarios, frente a un mundo rural devastado por la producción alimentaria industrial y, hoy en día, por las supuestas revoluciones verde y azul. La agroecología es, por tanto, también política: busca cuestionar y transformar las estructuras de poder en la sociedad. Coloca el control de las semillas, la biodiversidad, las tierras y territorios, las aguas, los conocimientos, la cultura y todos los bienes comunes en manos de los pueblos que alimentan al mundo.

El control de las semillas locales y autóctonas es un medio de producción clave frente a la ofensiva de las industrias semilleras, que buscan consolidar la agricultura química, al tiempo que amenazan la biodiversidad. Estas industrias desarrollan semillas basadas en organismos genéticamente modificados (OGM), al mismo tiempo que promueven las patentes (derechos de propiedad intelectual), en detrimento de las semillas locales y campesinas. Por ello, La Vía Campesina rechaza firmemente la mercantilización de la vida, particularmente a través de los OGM, las patentes, así como la privatización y comercialización de la biodiversidad.

En este sentido, el movimiento defiende el derecho colectivo e inalienable de las y los campesinos a conservar, utilizar, intercambiar y vender sus semillas, de conformidad con el Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura (art. 9.3) y la UNDROP (art. 19).

Frente a los intentos industriales de imponer la biología sintética, La Vía Campesina organiza intercambios de semillas y campañas para preservar los sistemas comunitarios tradicionales de gestión de la biodiversidad. Una vez más, la lucha por los derechos sobre las semillas se arraiga en el derecho al desarrollo y en el derecho del campesinado a concebir e implementar sus propios modelos de desarrollo semillero basados en sus conocimientos indígenas tradicionales.

La globalización neoliberal contra los derechos campesinos

Las instituciones financieras y comerciales internacionales son las principales fuerzas responsables de las violaciones de los derechos campesinos y del desmantelamiento de los sistemas alimentarios campesinos. El tríptico compuesto por la Organización Mundial del Comercio (OMC), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial impide a los gobiernos, especialmente a los del Sur global, implementar políticas públicas esenciales en favor de las poblaciones rurales, mediante mecanismos y condicionalidades coercitivas. Estos actores neoliberales han forzado la reducción del papel del Estado en la provisión de servicios públicos, al mismo tiempo que aumentaban el del sector privado (a través de las privatizaciones).

"Estos actores neoliberales han forzado la reducción del papel del Estado en la provisión de servicios públicos, al mismo tiempo que aumentaban el del sector privado."

En este sentido, es importante recordar que la integración de la agricultura en el régimen mundial de libre comercio a través del Acuerdo sobre la Agricultura de la OMC (1994) constituyó un punto de inflexión devastador. Esta política transformó los alimentos en una simple mercancía y desreguló sistemáticamente los sistemas agrícolas, desmantelando las herramientas de regulación de los mercados, como los precios mínimos de intervención y las reservas públicas. Las consecuencias fueron sistémicas: caída de los precios agrícolas, destrucción de los mercados campesinos locales, pérdida de autonomía sobre las semillas y expulsión de millones de campesinas y campesinos de sus territorios en beneficio de grandes terratenientes.

El acto trágico del campesino surcoreano Lee Kyung Hae, quien se quitó la vida en Cancún en 2003 llevando una pancarta que proclamaba “la OMC mata a los campesinos”, sigue siendo emblemático de la violencia de este sistema neoliberal y neocolonial-imperialista.

Sin embargo, el régimen comercial neoliberal no se limita a la OMC: también se caracteriza por la proliferación de acuerdos de libre comercio e inversión a niveles regional, multilateral y bilateral. Además, hoy en día también enfrentamos las políticas comerciales de Estados Unidos, que obligan a los países a abrir totalmente sus mercados, sin reciprocidad.

La lucha por un marco comercial alternativo

En respuesta a los daños causados por el Acuerdo sobre la Agricultura de la OMC, La Vía Campesina lanzó un proceso destinado a exigir urgentemente la creación de un nuevo marco comercial internacional basado en la soberanía alimentaria. Este nuevo marco debe basarse en la solidaridad, la cooperación internacional y la justicia social. Su objetivo principal es redefinir la función del comercio, ya no como una herramienta de maximización de las ganancias de las empresas transnacionales, sino como un instrumento que garantice los derechos humanos y la soberanía alimentaria.

Al afirmar que el comercio agrícola y alimentario debe respetar los derechos humanos y que la alimentación es un derecho humano fundamental y no una mercancía, La Vía Campesina aboga por un nuevo marco comercial que proteja los derechos campesinos y legitime medidas estatales como la protección de los mercados contra el dumping y la garantía de precios de apoyo para los productores.

"La Vía Campesina aboga por un nuevo marco comercial que proteja los derechos campesinos y legitime medidas estatales como la protección de los mercados contra el dumping y la garantía de precios de apoyo para los productores."

Con este fin, La Vía Campesina identifica a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) como el foro legítimo para construir este nuevo consenso multilateral, capaz de realinear las normas del comercio mundial con los derechos humanos.

Conclusión

El derecho al desarrollo, tal como lo entiende La Vía Campesina, constituye una respuesta integrada y radical a los fracasos sistémicos del modelo neoliberal. Se define por la realización de la justicia social, la sostenibilidad ecológica y el respeto de la dignidad de las poblaciones rurales.

Seguiremos luchando por nuestros derechos por todos los medios a nuestro alcance y, ante todo, mediante la movilización popular de nuestras bases. Seguiremos fortaleciendo nuestra incidencia a través de instrumentos jurídicos internacionales, como la UNDROP, para exigir la implementación de políticas públicas redistributivas y regulatorias capaces de concretar nuestro derecho al desarrollo, es decir, nuestro derecho a definir nuestros propios sistemas y modelos de desarrollo rural y agrícola, a la luz del paradigma de la soberanía alimentaria.

Al poner el énfasis en la autonomía y los saberes campesinos, y al situar a las mujeres rurales y a la juventud en el centro de la lucha, La Vía Campesina propone un camino que privilegia la protección de los ecosistemas y de las comunidades por encima de la acumulación de capital, reafirmando así su compromiso con una transformación sistémica del orden económico, comercial, financiero y social mundial.

[1] https://docs.un.org/es/A/HRC/54/50

[2] https://nyeleni.org/fr/

La entrada El derecho al desarrollo: una herramienta para la soberanía alimentaria y la implementación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos Campesinos se publicó primero en Defending Peasants' Rights.

Más que un acto conmemorativo, el webinario ofreció un espacio de intercambio entre organizaciones campesinas y rurales, así como movimientos sociales que trabajan en diversos contextos de Asia y África. Se centró en el intercambio de experiencias vividas de lucha y resistencia, al tiempo que examinó cómo los cambios geopolíticos y geoeconómicos en curso están afectando a las comunidades rurales. Entre los participantes se encontraban miembros de La Vía Campesina y organizaciones socias como SPI (Indonesia), CBOP (Burkina Faso), MONLAR (Sri Lanka), CAJF (Sudán) y PKRC (Pakistán). El evento también contó con la participación de Shalmali Guttal, miembro experta del Grupo de Trabajo de la ONU sobre la UNDROP para la región de Asia.

Mira el webinario completo a continuación (realizado en un formato multilingüe, con participantes que hablan en inglés, bahasa indonesia o francés):

La entrada Webinario internacional – Revitalizando el espíritu de Bandung para fortalecer la solidaridad del Sur global se publicó primero en Defending Peasants' Rights.

Ghana: La transformación rural corre el riesgo de dejar atrás a los/as campesinos/as; se necesita voluntad política para avanzar, dicen expertos de la ONU

ACRA – Ghana se encuentra al borde de una transformación agrícola, pero existe una necesidad urgente de garantizar que los pequeños agricultores, pescadores artesanales y pastores no queden atrás en la implementación por parte del país de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales (UNDROP), señaló hoy el Grupo de Trabajo sobre los derechos de los campesinos y otras personas que trabajan en zonas rurales en una declaración.

“Ghana cuenta con un sólido marco de derechos humanos y ha demostrado una voluntad genuina de comprometerse con sus obligaciones a través de la Ley de Pesca y Acuicultura de 2025, la Ley de Protección Social de 2025, la Ley de Acción Afirmativa (Equidad de Género) de 2024, y la ratificación del Convenio de la OIT sobre el Trabajo en la Pesca (núm. 188)”, afirmó el Grupo de Trabajo en una declaración al concluir su visita oficial al país.

“Sin embargo, persiste una brecha entre la ley y las políticas y su implementación efectiva en el terreno. Los pequeños agricultores, pescadores artesanales y pastores, que constituyen la verdadera columna vertebral de la producción de alimentos, siguen sufriendo pobreza y exclusión”, añadieron.

Los expertos advirtieron que la apuesta del gobierno por una agricultura mecanizada y orientada a la exportación corre el riesgo de consolidar un sistema alimentario dual. Este modelo favorece en gran medida a la agricultura comercial a gran escala e intensiva en insumos, mientras que el sector agrario familiar queda cada vez más marginado.

La inseguridad en la tenencia de la tierra sigue siendo un desafío, ya que el sistema dual de tenencia del país expone a los agricultores de subsistencia a desposesiones repentinas con recursos legales limitados.

“Las mujeres, los jóvenes y las personas mayores que se dedican a la agricultura enfrentan desventajas acumuladas dentro de los sistemas tanto estatutarios como consuetudinarios. A pesar de sus funciones críticas en la agricultura y la pesca, y a pesar de las fuertes protecciones legales, las mujeres siguen excluidas de la propiedad de la tierra y de la toma de decisiones debido a normas sociales profundamente arraigadas”, añadieron.

Ghana enfrenta simultáneamente una grave emergencia ambiental impulsada por la minería ilegal de oro, o «galamsey».

“El galamsey es la emergencia ambiental más aguda, de más rápido crecimiento y más politizada que enfrenta el país. La contaminación de los ríos, la destrucción de tierras agrícolas y la propagación de la contaminación por metales pesados se extienden mucho más allá de los sitios mineros”, señalaron los expertos. Sostenida por intereses poderosos, se ha convertido en una emergencia nacional de seguridad, de seguridad alimentaria y nutricional, y de salud pública, entrelazada con la captura de élites.

Los expertos también destacaron la profunda exclusión multidimensional de los pastores.

“Su modo de vida nómada los hace estructuralmente invisibles para sistemas de gobernanza diseñados en torno a la tenencia sedentaria. Muchos miembros de las comunidades Fulbe enfrentan obstáculos para obtener documentación de ciudadanía, lo que los coloca efectivamente fuera del alcance de cualquier marco de protección legal”.

La erosión de las zonas de pastoreo, agravada por la presión climática y la expansión agrícola, está generando un ciclo creciente de conflicto entre pastores y campesinos asentados.

Las barreras económicas, como el dominio de intermediarios, la deficiente infraestructura vial rural y la ausencia de cadenas de frío, provocan pérdidas poscosecha catastróficas, agravadas por los impactos del cambio climático. Los pequeños agricultores y pescadores artesanales también quedan excluidos del acceso al financiamiento debido a su incapacidad para ofrecer garantías convencionales.

“El marco normativo y legislativo que ha construido Ghana constituye una base sólida que merece respeto por los derechos humanos. Sin embargo, implementar leyes para abordar todos estos problemas exige un auténtico coraje político que desafíe intereses arraigados, así como un compromiso con un cambio más profundo de las normas sociales, sin el cual los marcos legales permanecen como aspiraciones”, afirmaron los expertos. La UNDROP exige nada menos que esto, en nombre de los campesinos, pescadores, pastores y otros trabajadores rurales.

El Grupo de Trabajo presentará un informe sobre la visita, con sus conclusiones y recomendaciones, al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en septiembre de 2026.

Véase la declaración final de la misión sobre la visita al país en Ghana a continuación (solo en inglés):

El Grupo de Trabajo sobre los Campesinos y otras personas que trabajan en zonas rurales está compuesto por cinco expertos independientes de todas las regiones del mundo. El/la Presidente(a)-Relator(a) es Carlos Duarte (Colombia); los demás miembros son Geneviève Savigny (Francia); Shalmali Guttal (India), Uche Ewelukwa Ofodile (Nigeria) y Davit Hakobyan (Armenia).

Los Relatores Especiales/Expertos Independientes/Grupos de Trabajo son expertos independientes en derechos humanos nombrados por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. En conjunto, estos expertos se denominan Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan a título voluntario; no son personal de la ONU y no reciben salario por su labor. Aunque la Oficina de Derechos Humanos de la ONU actúa como secretaría de los Procedimientos Especiales, los expertos actúan a título individual y son independientes de cualquier gobierno u organización, incluido el ACNUDH y las Naciones Unidas. Cualquier opinión o punto de vista presentado corresponde exclusivamente a su autor y no representa necesariamente los de la ONU o el ACNUDH.

Las observaciones y recomendaciones específicas por país de los mecanismos de derechos humanos de la ONU, incluidos los procedimientos especiales, los órganos de tratados y el Examen Periódico Universal, pueden encontrarse en el Índice Universal de Derechos Humanos: https://uhri.ohchr.org/es/

Página de país de Derechos Humanos de la ONU – Ghana

Para consultas y solicitudes de medios de comunicación, por favor contacte a: Cynthia Prah (prah@un.org), Oficial de Información Pública en Accra, o Stee Asbjornsen (stee.asbjornsen@un.org) en Ginebra.

Para consultas de medios relacionadas con otros expertos independientes de la ONU, por favor contacte a Maya Derouaz (maya.derouaz@un.org) o Dharisha Indraguptha (dharisha.indraguptha@un.org).

Siga las noticias relacionadas con los expertos independientes en derechos humanos de la ONU en Twitter: @UN_SPExperts.

La entrada Visita oficial del Grupo de trabajo sobre UNDROP a Ghana: Desafios y oportunidades se publicó primero en Defending Peasants' Rights.