“Por organizar a mujeres rurales de África Austral como una fuerza unida que defiende la tierra, las semillas y autonomía sobre sus cuerpos frente al despojo corporativo y patriarcal.”

La Asamblea de Mujeres Rurales (RWA, por Rural Women’s Assembly) es un movimiento transnacional y autogestionado que reúne a más de 178.000 personas a lo largo de once países de África Austral. Dedicadas a la agricultura a pequeña escala, defienden la autonomía sobre la tierra, las semillas y sus cuerpos frente al despojo de las grandes empresas agroindustriales y las estructuras patriarcales. Al rechazar el modelo tradicional de las ONGs y adoptar una estructura horizontal liderada por voluntarias, RWA ha construido una de las mayores plataformas autónomas de mujeres rurales de la región, reconocidas como “Guardianas de la Tierra, la Vida, las Semillas y el Amor”.

A través de la agroecología feminista y la soberanía alimentaria y de las semillas, RWA desafía el control empresarial sobre los sistemas alimentarios de la región y, al mismo tiempo, fortalece la resiliencia de las comunidades frente a los impactos climáticos. Ha establecido 24 espacios para la multiplicación de semillas y documentado cientos de variedades de semillas indígenas, protegiendo los sistemas tradicionales de semillas de la comercialización.

Mediante círculos de sanación y redes transfronterizas de apoyo mutuo, RWA ha logrado que mujeres históricamente excluidas de la propiedad de la tierra se conviertan en una voz política unida y persistente que, en palabras de su coordinadora regional, Mercia Andrews, es más “ruidosa” que “radical”. Esa voz contribuyó a lograr la aprobación de una ley zambiana de 2016 que exige la asignación equitativa de tierras a las mujeres, así como el histórico proyecto de ley de 2018 sobre delitos sexuales y violencia doméstica de Esuatini.

Biografía

La Asamblea de Mujeres Rurales es un movimiento transnacional integrado por más de 178.000 pequeños agricultores y agricultoras de once países de África Austral, que se enfrenta al acaparamiento corporativo de tierras y al patriarcado para alcanzar la seguridad alimentaria y defender la autonomía corporal.

A través de la agroecología feminista, la soberanía de las semillas y la organización de base, ha convertido a las mujeres rurales en una fuerza política independiente que está transformando los derechos sobre la tierra y los sistemas alimentarios en toda la región.

El legado del régimen colonial de asentamiento

África Austral es una región marcada por una historia compartida de colonialismo de asentamiento. Lo que la distingue del resto del continente es la magnitud y la permanencia del asentamiento europeo, que condujo no solo al control político, sino también a la apropiación directa de tierras cultivables. En toda la región, los colonos se apoderaron de las tierras fértiles y las redistribuyeron entre ellos, mientras que las poblaciones locales quedaron confinadas en territorios más pequeños y menos productivos. Como consecuencia, los hombres se vieron obligados a trabajar en las minas o en las tierras de los colonos, dejando a las mujeres a cargo de la mayor parte de la agricultura de subsistencia. Por ello, las mujeres rurales dependen en gran medida de los recursos naturales y de la agricultura para subsistir, pero a menudo se les niega el acceso a la propiedad formal de la tierra, así como al crédito, a la tecnología y a los espacios de toma de decisiones.

Mercia Andrews, coordinadora regional de la Asamblea de Mujeres Rurales (RWA, por sus siglas en inglés), explicó que la situación de las mujeres en África Austral se ve aún más agravada por el hecho de que sus tierras se encuentran «en el ojo del huracán» de la crisis climática. Tan solo en 2026, Madagascar sufrió dos ciclones de gran magnitud, mientras las tormentas avanzaban hacia Mauricio, Malaui, Mozambique y Sudáfrica, al tiempo que la costa occidental de la región soportaba una sequía extrema. África Austral también está experimentando la degradación de los suelos y de los recursos hídricos, así como la pérdida de biodiversidad, fenómenos que provocan desplazamientos masivos de población.

Las industrias extractivas y la agroindustria corporativa de la región agravan aún más estas barreras medioambientales. A través de marcos jurídicos como el Acta de 1991 del Convenio de la UPOV, las empresas reivindican derechos de propiedad intelectual sobre variedades de semillas, lo que amenaza la capacidad de los agricultores y agricultoras para guardar, intercambiar y vender libremente sus propias semillas. El acaparamiento de tierras a gran escala para la extracción de materias primas también está relacionado con un aumento de la violencia de género, en un contexto marcado por la violencia estructural.

Guardianas de la tierra, la vida, las semillas y el amor

La dolorosa historia colonial de la región y sus estructuras de poder basadas en la explotación han estado presentes en la trayectoria de la Asamblea de Mujeres Rurales (RWA) desde sus inicios. En 2009, el movimiento celebró su primera reunión, en la que 250 mujeres rurales de toda la región se congregaron en la provincia de Limpopo, Sudáfrica, con el objetivo de superar las divisiones heredadas del colonialismo y del apartheid que aún persistían entre los países miembros.

Sus fundadoras establecieron tres objetivos: construir un nuevo regionalismo que conectara a las mujeres más allá de las fronteras; crear una plataforma común para hacer frente a crisis como la pobreza alimentaria y el despojo de tierras; y combatir la pandemia del VIH/sida.

De este proceso surgió la estructura que define al movimiento: un modelo horizontal, impulsado por el voluntariado y gobernado por un Grupo de Referencia integrado por tres representantes de cada una de las once secciones nacionales.

Actualmente, el movimiento está presente en Esuatini, Lesoto, Madagascar, Malaui, Mauricio, Mozambique, Namibia, Sudáfrica, Tanzania, Zambia y Zimbabue.

Agroecología feminista y soberanía de las semillas

La Asamblea de Mujeres Rurales (RWA) practica la agroecología feminista, un enfoque integral que vincula la transformación ecológica de los sistemas alimentarios con las relaciones sociales que los sustentan. Más allá de promover una agricultura sostenible o aumentar la participación de las mujeres en las cadenas de valor, su objetivo fundamental es la autonomía de las mujeres: garantizar su acceso a la tierra, el agua, las semillas y los ingresos, así como el control sobre estos recursos; asegurar su participación en la toma de decisiones; y reconocer sus conocimientos indígenas y su capacidad de acción política.

Este enfoque también aborda las causas estructurales de la desigualdad: la división sexual del trabajo, la carga no remunerada del trabajo doméstico y de cuidados, y las distintas formas de violencia y dominación presentes en los hogares, las comunidades y las instituciones. El objetivo es construir un sistema alimentario basado en la equidad y la justicia en todos los niveles. El movimiento defiende los bienes comunes agrícolas frente a lo que denomina «marcos neoliberales» y la «oenegización» (NGOisation), que despolitiza las luchas rurales.

El trabajo de la Asamblea en materia de agroecología surgió de una demanda de sus propias integrantes. Tras una primera etapa centrada en la reivindicación de derechos, las mujeres le dijeron a la RWA: «Hemos oído hablar de nuestros derechos, pero no nos alimentamos de derechos». En respuesta, la organización puso en marcha una Escuela de Agroecología para que sus integrantes aprendieran estas estrategias integrales.

Como resultado, las participantes han reducido los costes de producción al sustituir los fertilizantes sintéticos por recursos naturales y, al mismo tiempo, han reforzado su resiliencia frente al cambio climático mediante suelos más saludables, capaces de retener el agua, y sistemas de cultivo diversificados que resisten mejor los fenómenos meteorológicos extremos.

En 2025, el movimiento reforzó aún más los conocimientos de sus integrantes sobre sus derechos a las semillas y a la tierra mediante la traducción de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales (UNDROP) a las lenguas locales. Más de 18.000 mujeres participaron en esta iniciativa.

En su papel de «guardianas de las semillas», la RWA ha creado bancos de semillas y espacios de multiplicación para reproducir variedades tradicionales destinadas al intercambio y la venta entre sus integrantes. En 2025, llevó a cabo una investigación que documentó 45 cereales, 31 frutas, 64 legumbres y 20 tubérculos en siete países, con la participación de 720 mujeres. Los resultados de esta investigación se difundieron internacionalmente a través de la exposición fotodocumental Guardianas de la tierra, las semillas y la vida (Guardians of Land, Seed and Life), que visibiliza a las agricultoras rurales y su papel como conservadoras de semillas, guardianas de los conocimientos locales y pilares fundamentales de los sistemas alimentarios de sus comunidades.

Construir un movimiento de mujeres «revoltosas»

Cada año, la Asamblea de Mujeres Rurales (RWA) organiza una Escuela Feminista, un encuentro de una semana de duración concebido para desarrollar una conciencia feminista y una identidad compartida entre sus once secciones nacionales. «Todas somos ecofeministas africanas, somos panafricanistas y compartimos una filosofía común de la RWA», afirmó Andrews, quien explicó la importancia de contar con una filosofía y una visión del mundo compartidas para impulsar la transformación que desean. «Somos las guardianas de la tierra, la vida y las semillas. Luchamos contra el patriarcado».

La escuela se complementa con un curso en línea que se celebra cada dos semanas y que puede reunir simultáneamente a entre 300 y 400 mujeres de toda la región. Andrews forma parte del equipo docente, junto con facilitadoras externas y un equipo creado mediante lo que ella denomina una «formación de formadoras», para que ninguna escuela dependa de una sola voz. Estos encuentros han abierto espacios de diálogo sobre temas que rara vez se abordan en otros ámbitos, desde la salud reproductiva y el conocimiento del propio cuerpo hasta la diversidad sexual y la sexualidad.

La educación feminista de la RWA va acompañada de una acción persistente, a veces «revoltosa», a nivel de las aldeas. En la provincia sudafricana de Limpopo, cuando una autoridad tradicional negó a una viuda un terreno donde enterrar a su marido, treinta integrantes de la RWA cargaron el ataúd en un coche fúnebre, lo llevaron hasta la oficina del jefe tradicional y le dijeron: «Ya que no quieres que este hombre descanse en paz, te lo traeremos aquí para que tú tampoco puedas descansar, igual que él». En menos de una hora, les concedieron el terreno.

En Namibia, después de que las vallas instaladas por el Gobierno para impedir que los elefantes destruyeran los cultivos llevaran años sin repararse, las integrantes del movimiento colocaron un vehículo gubernamental en el camino que los elefantes recorrían cada noche. «Queremos vivir en armonía con la fauna silvestre», relató Andrews, «pero si no van a ayudarnos, […] les mostraremos lo que vivimos a diario». Esta táctica obligó a alcanzar un acuerdo para instalar vallas adecuadas.

Andrews denomina acciones como estas «armas de los débiles»: pequeñas victorias acumulativas que refuerzan la confianza de las mujeres en su capacidad para lograr avances cuando actúan colectivamente. Como ella misma señala, estas experiencias les demuestran que «juntas, como colectivo, pueden conseguir avances».

Influir en las políticas públicas de toda la región

Además de lograr victorias a nivel local, la Asamblea de Mujeres Rurales (RWA) impulsa cambios jurídicos concretos. El movimiento ejerció presión para contribuir a la aprobación del Proyecto de Ley sobre Delitos Sexuales y Violencia Doméstica de Esuatini, en 2018, y de una ley zambiana de 2016 que establece la asignación equitativa de tierras.

El movimiento también consiguió una sentencia histórica que permite a las mujeres de Esuatini registrar tierras a su propio nombre, un derecho conquistado gracias al caso de una de sus integrantes. Tras la muerte de sus padres, un tío se apropió de las tierras familiares e intentó expulsarla a ella y a sus hermanas. Ellas se negaron a marcharse, continuaron cultivando las tierras y lo expulsaban cada vez que regresaba, mientras emprendían acciones legales para impugnar el derecho consuetudinario que impedía a las viudas y a las hijas heredar tierras. Tras años de litigio y con el apoyo de la RWA, ganaron el caso.

La RWA también ha ejercido una presión similar sobre las industrias extractivas. El movimiento formó parte de una coalición que llevó a Shell ante los tribunales por sus actividades de minería en los fondos marinos frente a las costas de Sudáfrica. El caso llevó al Tribunal Constitucional del país a reconocer, por primera vez, que este tipo de minería podía provocar la destrucción del medioambiente.

«A menudo decimos que recurrir a la vía judicial está bien», afirmó Andrews. «Pero debe combinarse con el activismo, porque, si no se ejerce presión […], la vía legal no tiene demasiada fuerza. Y, lo más importante, nuestras acciones deben inspirar y generar esperanza».

Solidaridad entre los pueblos

Los círculos de sanación (Healing Circles) son uno de los métodos que utiliza la Asamblea de Mujeres Rurales (RWA) para crear espacios seguros en los que las mujeres puedan compartir sus experiencias traumáticas. Esta iniciativa surgió de una investigación participativa que el movimiento llevó a cabo en ocho países para comprender a qué tipo de apoyo podían acceder realmente las mujeres rurales que sufrían violencia de género, violencia doméstica o delitos sexuales graves.

A pesar de las ambiciosas promesas de los gobiernos, la RWA constató que a las mujeres rurales les resultaba extremadamente difícil acceder a los servicios disponibles. Por ello, el movimiento creó sus propios mecanismos de apoyo y formó a consejeras comunitarias, conocidas como «referentes en violencia de género» (GBV champions), para trabajar en escuelas y comunidades y facilitar círculos de sanación en los que las mujeres pudieran compartir sus experiencias.

La misma ética de solidaridad impulsa las iniciativas de ayuda mutua transfronteriza de la RWA. Integrantes del movimiento procedentes de Zambia han viajado a Malaui para entregar semillas y suministros básicos tras fenómenos climáticos extremos. En Mozambique, mujeres del norte del país se desplazaron al sur para ayudar a reconstruir campos de cultivo inundados. En Sudáfrica, las integrantes de la RWA han organizado repetidamente colectas de fondos, alimentos y otros artículos esenciales para apoyar a las mujeres que se han quedado sin hogar a causa de desastres climáticos e incendios. En Esuatini, las integrantes se movilizaron durante los disturbios de 2021 para ayudar a mujeres que habían recibido disparos.

Esto es lo que la RWA denomina «solidaridad entre los pueblos»: un apoyo basado en la presencia, el compromiso y el trabajo compartido, y no únicamente en la ayuda económica.

«Tenemos nuestras propias respuestas», afirmó Andrews. «Conservamos las semillas. Somos las guardianas del sistema alimentario […]. La gente debe comprender la diferencia entre la caridad y la solidaridad».

Mira la participación de la Asamblea de Mujeres Rurales (RWA) en el seminario web de Defending Peasants’ Rights del 10 de diciembre de 2025: https://defendingpeasantsrights.org/video-de-nuestro-webinario-nada-sobre-nosotrxs-sin-nosotrxs-hacer-efectivo-el-derecho-a-la-participacion-de-los-pueblos-y-personas-trabajadoras-rurales-mediante-la-undrop/

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Los pastores nómadas y trashumantes se enfrentan a amenazas cada vez mayores contra sus territorios, sus recursos hídricos y sus rutas tradicionales de pastoreo. El acaparamiento de tierras, la privatización de las tierras comunales, las restricciones fronterizas y las políticas que obstaculizan la movilidad pastoral amenazan sus medios de vida, sus prácticas culturales y sus formas de vida. Estos desafíos también ponen en riesgo su contribución fundamental a la conservación de la biodiversidad, la gestión sostenible de la tierra y el desarrollo de sistemas alimentarios resilientes.

La UNDROP ofrece un marco esencial para hacer frente a estos desafíos. Como instrumento internacional que reconoce explícitamente los derechos de los campesinos y de otras personas que trabajan en las zonas rurales, reafirma los derechos de los pastores a la tierra y los recursos naturales, a la soberanía alimentaria, a participar en la toma de decisiones y a preservar sus conocimientos y prácticas tradicionales. La ficha informativa explora cómo puede movilizarse la UNDROP para fortalecer sus luchas y promover el reconocimiento y la protección de los derechos de los pueblos indígenas nómadas.

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El informe señala una extrema desigualdad territorial: el 85 por ciento de las explotaciones agrícolas tienen menos de dos hectáreas, pero controlan solo el 9 por ciento de las tierras cultivables, mientras que el 0,1 por ciento más grande controla más de la mitad. El despojo también afecta a las pesquerías, los territorios pastoriles y las zonas destinadas a proyectos climáticos, de conservación y de energías renovables, así como a las comunidades afectadas por conflictos y desplazamientos.

El informe pide medidas más firmes y vinculantes para proteger los derechos territoriales, incluido el reconocimiento jurídico de los territorios colectivos y consuetudinarios, la restitución y la compensación por el despojo, y derechos más sólidos para las mujeres rurales. También recomienda limitar la concentración de la tierra y el agua, llevar a cabo reformas agrarias y redistribución, establecer instrumentos jurídicamente vinculantes de derechos humanos para regular a las empresas, y garantizar una consulta significativa y el consentimiento libre, previo e informado para los proyectos de desarrollo y relacionados con el clima.

Lea el informe completo a continuación:

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La semilla es el primer eslabón de toda cadena alimentaria. Sin embargo, aquello que durante milenios fue un bien común custodiado por comunidades campesinas se encuentra hoy en el centro de una disputa global entre los derechos humanos, la soberanía alimentaria y la propiedad intelectual.

Un nuevo informe presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sostiene que la gobernanza internacional de las semillas se inclina cada vez más hacia la mercantilización, la concentración corporativa y la criminalización de prácticas ancestrales como conservar, intercambiar o vender semillas campesinas.

El documento, titulado El derecho a las semillas: custodia, cercamiento y resistencia, fue elaborado por el Grupo de Trabajo sobre los derechos de los campesinos y de otras personas que trabajan en las zonas rurales. Su presentación estuvo a cargo de Shamlali Guttal, presidenta del Grupo de Trabajo, quien también presentó el informe sobre la visita oficial realizada a Ghana del 5 al 14 de mayo de 2026.

El diagnóstico es contundente: las semillas están siendo progresivamente transformadas de patrimonio biocultural en mercancías sometidas a regímenes de propiedad intelectual, certificación comercial y control corporativo.

De bien común a propiedad privada

El informe identifica dos modelos enfrentados. El primero concibe las semillas como bienes comunes que sustentan la soberanía alimentaria, la biodiversidad y los derechos colectivos de los pueblos rurales. El segundo las considera activos económicos sujetos a patentes, certificados de obtentor y reglas comerciales globales.

Según el Grupo de Trabajo, el equilibrio entre ambas visiones se ha roto claramente en favor de la segunda.

Durante la presentación del informe, Shamlali Guttal recordó que las semillas no son simples mercancías para los campesinos y los pueblos indígenas.

“Las semillas son el comienzo de cada comida, la memoria de cada cosecha y la esperanza de la vida futura. Son una herencia viva, desarrollada durante generaciones mediante la selección, el intercambio y la adaptación a distintos suelos, ecosistemas y climas”.

Guttal también subrayó que el artículo 19 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos reconoce el derecho de los campesinos a conservar, utilizar, controlar, proteger y desarrollar sus propias semillas. En consecuencia, los Estados tienen la obligación de respetar, proteger y hacer efectivo ese derecho.

Las normas internacionales sobre propiedad intelectual, los acuerdos comerciales y los sistemas de certificación han generado restricciones crecientes para quienes conservan, intercambian o venden semillas fuera de los circuitos comerciales. Lo que durante siglos constituyó una práctica campesina habitual comienza a ser tratado como una infracción legal en numerosos países.

La concentración del mercado mundial

La privatización de las semillas avanza paralelamente a una concentración sin precedentes de la industria. El informe señala que cuatro empresas —Bayer, Corteva, Syngenta y BASF— controlan más de la mitad del mercado mundial de semillas comerciales.

Esta concentración no solo afecta los precios. También orienta la investigación genética, condiciona las políticas agrícolas y favorece variedades homogéneas diseñadas para sistemas agrícolas intensivos, dependientes de fertilizantes y pesticidas.

Ello erosiona la diversidad agrícola y aumenta la dependencia de los agricultores respecto de las grandes empresas proveedoras de semillas e insumos.

Frente a esta tendencia, el informe destaca la importancia de los sistemas de semillas gestionados por los propios agricultores. En algunas regiones de África y Asia, estos sistemas proporcionan hasta el 90 % de las semillas utilizadas en los cultivos alimentarios.

Durante su intervención, Guttal explicó que estos sistemas tradicionales son el principal reservorio de diversidad genética agrícola y constituyen una base fundamental para la soberanía alimentaria y la resiliencia frente al cambio climático.

El Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura reconoce los derechos de los agricultores y establece un sistema multilateral de acceso y participación en los beneficios. Sin embargo, el Grupo de Trabajo advirtió que estos compromisos se aplican de manera desigual y que los recursos destinados al fondo de beneficios siguen siendo insuficientes.

Cuando guardar semillas se convierte en delito

Uno de los aspectos más alarmantes del informe es la descripción de un proceso creciente de criminalización de las prácticas tradicionales relacionadas con las semillas.

En distintos países, agricultores han sido perseguidos judicialmente por intercambiar, reutilizar o vender material de siembra conservado en sus explotaciones. El informe documenta casos en África, Asia, América Latina y Europa, con sanciones que incluyen multas elevadas e incluso penas de prisión.

Los regímenes de protección de variedades vegetales, especialmente los inspirados en el Acta de 1991 del Convenio de la UPOV, amplían los derechos exclusivos de los obtentores sobre el material de reproducción. En algunos países, las restricciones pueden alcanzar prácticas tan habituales como guardar semillas de una cosecha para utilizarlas en la siguiente.

El documento también alerta sobre el uso creciente de tecnologías de vigilancia, marcadores genéticos, drones e imágenes satelitales para detectar presuntas infracciones vinculadas a semillas protegidas.

Para el Grupo de Trabajo, existe una paradoja evidente: mientras los sistemas campesinos continúan proporcionando entre el 70 % y el 90 % de las semillas utilizadas en numerosos países, son precisamente estos sistemas los que enfrentan mayores restricciones legales.

Guttal advirtió además sobre la expansión de las patentes sobre secuencias genéticas y sobre la utilización de información obtenida de bases de datos digitales.

“Las secuencias genéticas pueden ser registradas o patentadas sin que se haya utilizado físicamente la semilla. Esta práctica puede permitir que los recursos genéticos sean utilizados sin respetar las obligaciones de participación en los beneficios”.

Las guardianas invisibles

El informe dedica una atención particular al papel de las mujeres rurales. Las identifica como principales custodias de la diversidad genética y como responsables de la selección, conservación y transmisión de conocimientos sobre semillas en gran parte del mundo.

Sin embargo, las políticas agrícolas y los marcos regulatorios suelen invisibilizar esta contribución. La privatización de las semillas y la imposición de sistemas de certificación afectan de manera desproporcionada a las mujeres, ya que restringen prácticas fundamentales para su autonomía económica y alimentaria.

La erosión de los sistemas tradicionales no implica únicamente la pérdida de biodiversidad. También reduce el margen de acción de quienes históricamente han sostenido la seguridad alimentaria a nivel local.

Por ello, el Grupo de Trabajo pide que los Estados garanticen la igualdad de las mujeres rurales en la gobernanza de las semillas mediante una tenencia segura de la tierra, una representación efectiva en los órganos de decisión y el reconocimiento de sus conocimientos tradicionales y de su papel como principales custodias de las semillas.

Biodiversidad amenazada

Para la ONU, la disputa por las semillas es inseparable de la crisis ecológica global. La pérdida acelerada de diversidad genética vegetal aparece como una de las señales más preocupantes de la agricultura industrial contemporánea.

El informe señala que aproximadamente tres cuartas partes de la diversidad genética de los cultivos se perdieron durante el siglo XX, a medida que las variedades locales, adaptadas a sus territorios, fueron sustituidas por un número cada vez más reducido de variedades comerciales.

La expansión de los organismos genéticamente modificados y de las nuevas tecnologías de edición genética incrementa además los riesgos de contaminación genética y de apropiación privada de recursos desarrollados históricamente por comunidades campesinas e indígenas.

El documento recoge casos de contaminación de variedades autóctonas de maíz y algodón con material genéticamente modificado no autorizado en América Latina. También denuncia demandas contra agricultores que no habían plantado conscientemente semillas patentadas, pero cuyos campos contenían plantas procedentes de ese material.

El informe advierte asimismo sobre nuevas formas de biopiratería asociadas a la digitalización de secuencias genéticas. Gracias a estas tecnologías, empresas e instituciones pueden registrar y patentar características biológicas derivadas de variedades tradicionales sin acceder físicamente a las semillas de origen.

Esta práctica debilita los mecanismos de reparto de beneficios y puede facilitar la apropiación de conocimientos desarrollados por comunidades campesinas e indígenas.

Por esa razón, Guttal pidió que las nuevas técnicas genómicas sean sometidas a evaluaciones independientes de riesgo y a requisitos de trazabilidad y etiquetado antes de cualquier proceso de desregulación.

Semillas, territorio y conflictos

La defensa de las semillas no puede separarse de la defensa de la tierra. El informe subraya que los sistemas tradicionales dependen de territorios vivos donde las comunidades puedan cultivar, intercambiar y transmitir conocimientos entre generaciones.

Por ello, los desplazamientos forzados, los acaparamientos de tierras, los megaproyectos agroindustriales, los conflictos armados y la degradación ambiental constituyen amenazas directas para el derecho a las semillas.

La pérdida de territorios implica también la pérdida de conocimientos, variedades adaptadas localmente y redes comunitarias de intercambio que sostienen la resiliencia de los sistemas alimentarios.

En este sentido, el Grupo de Trabajo recomendó que, en situaciones de conflicto armado, ocupación u otras crisis, las semillas campesinas y las infraestructuras relacionadas con ellas sean reconocidas como bienes civiles esenciales para la supervivencia de la población.

Resistencia campesina y victorias judiciales

Frente a estas tendencias, el documento recoge numerosas experiencias de resistencia. Cooperativas, bancos comunitarios de semillas, ferias de intercambio y programas de fitomejoramiento participativo continúan sosteniendo una parte esencial de la biodiversidad agrícola mundial.

Guttal destacó que estas iniciativas no deben ser tratadas como actividades marginales, sino como bienes públicos que merecen el mismo apoyo que los programas formales de mejoramiento de semillas.

El Grupo de Trabajo también destaca varias experiencias jurídicas y políticas. Entre ellas se encuentra la Ley Modelo Africana para la Protección de los Derechos de las Comunidades Locales, los Agricultores y los Mejoradores, desarrollada mediante el Protocolo de Arusha de la ARIPO, que ofrece una alternativa compatible con los derechos humanos frente al modelo de la UPOV de 1991.

La legislación de la India protege expresamente el derecho de los agricultores a conservar, utilizar, intercambiar y vender semillas guardadas en sus explotaciones, junto con los derechos de los obtentores.

En Brasil, el Programa de Adquisición de Alimentos orienta la contratación pública hacia semillas tradicionales y agroecológicas.

El informe recoge además varias victorias judiciales. En 2021, la Corte Suprema de Honduras declaró inconstitucional la ley nacional de protección de variedades vegetales, invocando el artículo 19 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos.

En Kenia, tanto la Corte Suprema como el Tribunal Superior han reconocido la protección constitucional de las prácticas consuetudinarias campesinas de intercambio de semillas. En noviembre de 2025, el Tribunal Superior sostuvo que “compartir semillas no es un delito”, una decisión cuyo alcance, según el Grupo de Trabajo, supera las fronteras del país.

Estas experiencias muestran que otra gobernanza de las semillas es posible, basada en los derechos humanos, la soberanía alimentaria y la conservación de la biodiversidad.

Una disputa sobre el futuro de la alimentación

Más allá de la cuestión agrícola, el informe plantea una interrogante política fundamental: ¿quién controla los recursos que permiten producir alimentos?

La conclusión del Grupo de Trabajo es inequívoca. Las semillas no pueden reducirse a simples mercancías. Constituyen la base material de derechos fundamentales como la alimentación, la salud, la cultura y un medio ambiente sano.

Considerarlas exclusivamente como objetos de propiedad privada no solo amenaza la biodiversidad y la soberanía alimentaria, sino que profundiza la dependencia económica de millones de agricultores en todo el mundo.

Por ello, el Grupo de Trabajo insta a los Estados a reconocer y proteger los sistemas de semillas campesinos, fortalecer la agroecología y garantizar el derecho de las comunidades rurales a conservar, intercambiar, desarrollar y vender sus propias semillas.

En palabras de Shamlali Guttal, proteger las semillas significa proteger también a las comunidades que las han cuidado durante generaciones: sus derechos, sus territorios, sus conocimientos y su capacidad de hacer frente al cambio climático y a otras crisis.

En otras palabras, devolver a las semillas su condición original: patrimonio vivo de los pueblos antes que mercancía de los mercados.

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(Ginebra, 16 de septiembre de 2026) — La Vía Campesina, con el apoyo de CETIM y FIAN Internacional, se encuentra en Ginebra del 12 al 19 de septiembre para participar en el 63.º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (CDH), que se celebra del 7 de septiembre al 7 de octubre de 2026.

Este 63.º período de sesiones es especialmente importante para nosotrxs, como campesinado, ya que los Estados miembros de la ONU examinarán la renovación del mandato del Grupo de Trabajo de Expertos sobre los Derechos de los Campesinos y Otras Personas que Trabajan en Zonas Rurales. El mandato de tres años del Grupo de Trabajo, que comenzó en 2023, llega a su fin en octubre.

Por lo tanto, es fundamental que los Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos apoyen y voten a favor de la renovación del mandato.

¿Por qué es importante para nosotrxs la UNDROP?

La UNDROP es muy importante para nosotrxs porque luchamos por su adopción para proteger los derechos y el papel del campesinado y otras personas que trabajan en zonas rurales. Son quienes alimentan a la población, preservan la biodiversidad, protegen los ecosistemas y sostienen las economías y culturas locales.

La UNDROP proporciona un marco de derechos humanos reconocido internacionalmente que respalda medidas como la reforma agraria integral, la protección y el fortalecimiento de los sistemas tradicionales de semillas y la promoción de la producción alimentaria local. Refuerza la legitimidad de los Estados a la hora de adoptar políticas que protejan al campesinado y respalden la soberanía alimentaria.

La Declaración permite también alzar la voz a los países y comunidades cuyas economías siguen siendo en gran medida rurales.

Como explica Elizabeth Mpofu, campesina de Zimbabue:

«Las comunidades rurales y el campesinado producen más del 80 % de los alimentos que consumimos. Es más, nosotras, especialmente las mujeres, somos la columna vertebral de los mercados locales de alimentos, ya que suministramos una amplia diversidad de productos que no se encuentra en los supermercados ni en las tiendas. Esto permite a nuestros gobiernos estar más libres para centrarse en otras necesidades urgentes de desarrollo social, físico y económico. A través de nuestros sistemas de semillas campesinas, hemos creado economías rurales dinámicas, generado empleo para millones de personas y educado a nuestrxs hijxs.

Mi historia es la historia de miles de millones de mujeres rurales que desempeñan un papel importante en la reproducción social del trabajo y en la lucha contra el hambre, la malnutrición, el desempleo y la pobreza en todo el mundo.»

Nuestra misión en Ginebra

Nuestra misión aquí es continuar con la labor de incidencia que iniciamos hace casi treinta años, cuando pusimos en marcha este proceso de reconocimiento de los derechos campesinos a escala internacional.

La delegación de LVC se reunirá con las misiones de los Estados miembros del CDH de la ONU y colaborará con ellas para abogar por la renovación del mandato del Grupo de Trabajo de Expertos sobre la UNDROP.

El Grupo de Trabajo es fundamental para garantizar la continuidad de los esfuerzos internacionales destinados a impulsar la aplicación de la UNDROP. Fomenta el diálogo, la cooperación y la capacitación entre los Estados, lxs expertxs independientes y lxs titulares de derechos de la UNDROP.

El Grupo de Trabajo también garantiza que las realidades y las luchas del campesinado y otras personas que trabajan en las zonas rurales sigan estando representadas en el sistema de la ONU. Su labor refuerza la lucha por la soberanía y la seguridad alimentarias.

Defensa del derecho a las semillas

Durante su estancia en Ginebra, los delegados de LVC participarán y contribuirán a un evento paralelo y una conferencia pública sobre el derecho a las semillas, tras la presentación, hoy mismo, del informe del Grupo de Trabajo de la UNDROP sobre el Derecho a las Semillas ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

Consulta aquí el informe

El Derecho a las Semillas es fundamental para la lucha por los derechos campesinos, la soberanía alimentaria y la agroecología. Los sistemas de semillas campesinas, construidos a lo largo de generaciones de conocimiento, intercambio y gestión colectiva, son esenciales para proteger la biodiversidad, mantener los sistemas alimentarios locales y reforzar la autonomía de las comunidades rurales.

Para La Vía Campesina, renovar el mandato del Grupo de Trabajo no se trata simplemente de mantener un mecanismo de la ONU. Se trata de garantizar que las voces, los derechos y las luchas de los campesinos sigan siendo visibles y reconocidos dentro del sistema internacional de derechos humanos.

¡Globalicemos la lucha! ¡Globalicemos la esperanza!

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Objetivo: Proporcionar información al Grupo de Trabajo sobre los derechos de los campesinos y de las campesinas en el marco de su visita a Paraguay.

Plazo: 14 de septiembre de 2026

Antecedentes

El Grupo de Trabajo sobre los derechos de los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales, establecido en virtud de la resolución 54/9 del Consejo de Derechos Humanos, realizará una visita al país en Paraguay del 16 al 27 de noviembre de 2026, por invitación del Gobierno de Paraguay.

La visita tendrá como objetivo realizar una evaluación independiente, imparcial y objetiva de los avances logrados en la implementación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales (UNDROP) en Paraguay. El Grupo de Trabajo emitirá una declaración detallada al término de su misión el 27 de noviembre de 2026 y presentará un informe final al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en 2027.

El Grupo de Trabajo invita a personas y organizaciones, incluidos campesinos y campesinas, pescadores y pescadoras de pequeña escala, trabajadores y trabajadoras rurales, organizaciones de la sociedad civil, activistas y académicos y académicas, a compartir información sobre las cuestiones que se detallan a continuación, con el fin de contribuir a la preparación de la visita.

Principales preguntas y tipos de aportes/comentarios solicitados

Todos los aportes son bienvenidos. Las preguntas que figuran a continuación sirven como guía y no constituyen una lista exhaustiva. Responda únicamente a aquellas que sean más pertinentes para su vida, trabajo o experiencia.

1. ¿Qué avances ha logrado Paraguay en la protección de los derechos de los campesinos, las comunidades rurales y los trabajadores y trabajadoras rurales? Comparta buenas prácticas, leyes o políticas pertinentes.
2. ¿Cuáles son los principales desafíos para la implementación de la UNDROP y la protección de los derechos de los campesinos y trabajadores rurales en Paraguay? ¿Qué lecciones aprendidas puede compartir?
3. ¿Qué medidas legislativas, judiciales, administrativas o de política pública ha adoptado Paraguay —o no ha adoptado— para hacer efectivos los derechos de los campesinos y trabajadores rurales establecidos en la UNDROP? ¿Hay alguna medida que considere progresiva o regresiva?
4. ¿Cuáles son los principales desafíos sociales, económicos, políticos y ambientales que afectan a las comunidades campesinas, los pueblos indígenas y los trabajadores rurales?
5. ¿Cuáles son las principales tendencias y actores que influyen en los medios de vida de los campesinos y trabajadores rurales, así como en su acceso a la tierra, el agua y los recursos naturales y productivos?
6. ¿Qué cuestiones afectan específicamente a las mujeres y niñas rurales?
7. ¿Qué desafíos enfrentan en Paraguay los trabajadores y trabajadoras de la agricultura, la acuicultura y la silvicultura, así como los pescadores y pescadoras artesanales?
8. ¿Qué lugares, organizaciones o comunidades debería visitar el Grupo de Trabajo para conocer estas cuestiones de primera mano?
9. Comparta cualquier informe, investigación u otro documento pertinente.

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La entrada Convocatoria para aportes – Visita del Grupo de Trabajo sobre la UNDROP a Paraguay se publicó primero en Defending Peasants' Rights.

La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales (UNDROP) se está convirtiendo cada vez más en un instrumento normativo y político clave para transformar los sistemas alimentarios y agrícolas, en particular en el Sur Global. En un contexto de creciente concentración corporativa, mercantilización y dependencias externas, la UNDROP ofrece un marco para fortalecer los derechos campesinos, la soberanía alimentaria y el control democrático sobre el desarrollo rural.

Su creciente influencia es el resultado tanto de la apropiación por parte de las bases, en el seno de las organizaciones campesinas y rurales, como de su progresiva integración en los marcos jurídicos internacionales y nacionales. Los mecanismos de derechos humanos de la ONU, los tribunales, los órganos legislativos y las instituciones públicas recurren cada vez más a la UNDROP para interpretar derechos y elaborar políticas relativas a la tierra, las semillas, la alimentación, la salud, el clima y los medios de vida rurales. Los recientes avances en países como Honduras, Colombia, Kenia, Ecuador y Brasil ilustran este giro hacia la aplicación práctica.

Para el Sur Global, la UNDROP ofrece una oportunidad estratégica para fortalecer la soberanía alimentaria y agrícola, apoyar las vías agroecológicas, proteger la biodiversidad y las prácticas tradicionales, y reducir la dependencia de los mercados mundiales. Su aplicación efectiva requiere una movilización política sostenida, un compromiso institucional y una mayor cooperación entre los Estados, los organismos de derechos humanos, las y los profesionales del derecho y titulares de derechos.

En la coyuntura internacional actual, marcada por una crisis sistémica y multidimensional, los sistemas alimentarios y agrícolas se han convertido en espacios estratégicos donde los actores económicos dominantes (las empresas transnacionales, el sector del agronegocio y los agentes financieros), aprovechando una arquitectura jurídica internacional asimétrica que rige el comercio y la propiedad intelectual, persiguen estrategias destinadas a consolidar su influencia y control sobre las cadenas alimentarias. Estas estrategias tienen como objetivo principal asegurar el acceso a los recursos y mercados dentro de un marco más amplio de mercantilización generalizada y maximización de los beneficios. Dentro de este complejo panorama internacional, sin embargo, también existen motivos para un prudente optimismo. En particular, una tendencia perceptible y creciente señala la progresiva consolidación de la UNDROP como una referencia normativa clave tanto a nivel nacional como internacional. Si bien los desafíos para su aplicación integral y efectiva siguen siendo considerables, es igualmente evidente que la UNDROP se está convirtiendo en un punto de anclaje crucial para decisiones, leyes, políticas públicas, debates e incluso negociaciones en diversos mecanismos y espacios multilaterales. Esta creciente relevancia no es casual; es el resultado de un proceso dinámico de socialización, promoción y desarrollo de capacidades que va más allá del respaldo formal, transformando la Declaración en una herramienta viva para promover los derechos que consagra.

Apropiación social y legitimidad desde las bases

Uno de los principales motores de este progreso es el proceso de apropiación de la UNDROP por parte de sus propios titulares de derechos. Esto ha fortalecido su legitimidad y ha garantizado que la Declaración funcione como una palanca tanto jurídica como política para reclamar derechos, monitorear situaciones y entablar un diálogo significativo con las autoridades públicas a fin de orientar las leyes nacionales y las políticas públicas.

Lejos de ser un instrumento abstracto, la UNDROP es utilizada activamente por las comunidades campesinas y las organizaciones rurales como un marco normativo para estructurar sus demandas y estrategias. Esta dinámica refuerza su carácter transformador y su capacidad para influir en realidades concretas y marcos institucionales. Así, los derechos humanos dejan de ser nociones abstractas y se convierten en herramientas prácticas para la acción, fundamentadas en las realidades vividas, los conocimientos y las formas colectivas de organización de las comunidades.

El papel de los mecanismos y órganos internacionales de protección de los derechos humanos

El Grupo de Trabajo de Expertos de las Naciones Unidas sobre la UNDROP ha desempeñado un papel central en la promoción de la Declaración, en la clarificación y el avance de su aplicación. A través del diálogo con los Estados y otros actores, la elaboración de orientaciones interpretativas y la difusión de su narrativa en los espacios multilaterales pertinentes, este mecanismo de la ONU ha contribuido de manera significativa a posicionar la Declaración dentro del sistema internacional de derechos humanos.

Más allá del Grupo de Trabajo de Expertos, varios mecanismos de derechos humanos de la ONU han contribuido a fortalecer la interpretación y visibilidad de la UNDROP. Por ejemplo, los Relatores Especiales sobre el derecho a la alimentación han desempeñado un papel clave en la integración de los principios de la Declaración en debates más amplios sobre los sistemas alimentarios, enfatizando los derechos a la tierra, a las semillas y a la soberanía alimentaria (https://www.ohchr.org/en/special-procedures/sr-food/annual-thematic-reports). De manera similar, el Relator Especial sobre los derechos humanos y el medio ambiente ha destacado la relevancia de la UNDROP en el contexto del cambio climático y la protección ambiental, reforzando el papel del campesinado, de las comunidades pesqueras artesanales, de los pastores, las comunidades nómadas y los Pueblos Indígenas como guardianes de los recursos naturales.

Los órganos creados en virtud de los tratados de la ONU también han impulsado este proceso. En particular, la Observación General No. 26 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales sobre la tierra refleja principios fundamentales de la UNDROP, incluyendo el acceso seguro y equitativo a la tierra y el reconocimiento de los sistemas de tenencia consuetudinarios (https://www.ohchr.org/en/documents/general-comments-and-recommendations/ec12gc26-general-comment-no-26-2022-land-and). En un sentido más amplio, las observaciones finales abordan cada vez más cuestiones centrales de la Declaración, contribuyendo a su consolidación normativa dentro del sistema internacional de derechos humanos.

De igual forma, la labor del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) ilustra un avance gradual hacia la convergencia entre los derechos de las mujeres y los derechos de las mujeres rurales. Aunque la Recomendación General No. 34 sobre las mujeres rurales (2016) precedió a la adopción de la UNDROP en 2018, anticipa en gran medida sus preocupaciones al enfatizar el derecho a la tierra, el acceso a los recursos naturales y la seguridad alimentaria para las mujeres rurales. Desde la adopción de la UNDROP, la CEDAW ha recurrido cada vez más a este instrumento en sus observaciones finales dirigidas a los Estados. En estas instancias, la UNDROP sirve como un marco interpretativo complementario para fortalecer las obligaciones de los Estados con respecto a la no discriminación, particularmente en lo que respecta al acceso de las mujeres rurales a la tierra, a los medios de vida y a la participación en los procesos de toma de decisiones. Por lo tanto, la UNDROP se está integrando gradualmente en la práctica de la CEDAW como un instrumento de referencia, contribuyendo a una comprensión ampliada de los derechos de las mujeres rurales.

De la retórica a la práctica: avances jurisprudenciales y legislativos

Un número creciente de Estados reconoce el valor de la UNDROP como una herramienta práctica para proteger a las poblaciones rurales y cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos. Esta creciente apertura está creando condiciones favorables para su progresiva integración en los marcos jurídicos y las políticas públicas.

Jurisprudencia y casos legales
La consolidación de la UNDROP se refleja en desarrollos jurisprudenciales concretos en diferentes países. Los tribunales nacionales utilizan cada vez más la Declaración como una fuente normativa legítima para interpretar la legislación nacional y respaldar las decisiones judiciales. Estas prácticas institucionales positivas demuestran cómo los aparatos estatales en su conjunto están alineando sus marcos nacionales con las normas internacionales de derechos humanos para proteger los derechos campesinos, la alimentación, la biodiversidad, la salud, entre otros (https://defendingpeasantsrights.org/en/home/).

La decisión de 2018 de la Corte Suprema de Honduras representa un hito en este sentido. Al declarar inconstitucional la llamada «Ley Monsanto», la Corte se basó explícitamente en el artículo 19 de la UNDROP (el derecho a las semillas), afirmando que los sistemas campesinos de semillas están protegidos por las normas internacionales de derechos humanos. El fallo enfatizó que criminalizar la conservación y el intercambio de semillas socava tanto las prácticas culturales como la soberanía alimentaria, marcando una de las primeras aplicaciones judiciales directas de la Declaración (https://defendingpeasantsrights.org/en/honduras-supreme-court-uses-undrop-article-19-on-the-right-to-seeds-to-declare-unconstitutional-the-monsanto-law/).

Esta tendencia jurisprudencial ha continuado y se ha expandido. En 2020, la Corte Interamericana de Derechos Humanos comenzó a articular la complementariedad entre los derechos de los Pueblos Indígenas y los de las y los campesinos en Argentina, señalando una importante evolución hacia una comprensión más inclusiva de los derechos colectivos en contextos rurales. Este caso marca un hito a este respecto, ya que la Corte utilizó explícitamente tanto la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas como la UNDROP, estableciendo puentes interpretativos entre ambos marcos (https://defendingpeasantsrights.org/en/inter-american-court-of-human-rights-first-case-law-on-the-links-between-the-declarations-on-the-rights-of-peasants-and-indigenous-peoples/).

En Canadá, un desarrollo importante ilustra otro caso de cómo la UNDROP se utiliza como una herramienta interpretativa persuasiva. En 2020, el Tribunal Superior de Justicia de Ontario se basó en el artículo 23 de la Declaración (derecho a la salud) en un caso relacionado con trabajadores agrícolas migrantes expuestos a condiciones de vida inseguras y de hacinamiento durante la pandemia de COVID-19. De manera significativa, el Tribunal reconoció a la UNDROP como parte del cuerpo más amplio de normas de derechos humanos que pueden informar la interpretación del derecho interno. Este caso demuestra la relevancia jurídica práctica de la Declaración incluso en Estados que no la han apoyado y destaca su potencial para respaldar el litigio estratégico destinado a fortalecer la protección de las y los trabajadores rurales (https://defendingpeasantsrights.org/en/interview-of-jessie-macinnis/).

En Colombia, la Corte Constitucional ha abierto nuevos caminos al vincular los derechos campesinos con el cambio climático y la vulnerabilidad ambiental. En una decisión histórica de 2025 relativa a personas campesinas desplazadas por desastres naturales, la Corte los reconoció como sujetos de especial protección constitucional y destacó la obligación del Estado de adoptar medidas diferenciadas que aborden sus vulnerabilidades específicas (https://defendingpeasantsrights.org/en/colombia-constitutional-court-decision-protects-peasants-displaced-by-natural-disasters/).

Finalmente, en Kenia, una decisión histórica de la Corte Suprema en noviembre de 2025 anuló disposiciones de la legislación nacional sobre semillas que en la práctica criminalizaban las prácticas tradicionales de semillas. La Corte concluyó que estas medidas violaban las protecciones constitucionales y eran incompatibles con los estándares internacionales, incluida la UNDROP (artículo 19). Es importante destacar que el fallo reconoció a los sistemas campesinos de semillas no simplemente como actividades económicas, sino como parte integral de la identidad cultural, la biodiversidad y la resiliencia (https://defendingpeasantsrights.org/en/landmark-victory-for-kenyan-peasants-and-seed-sovereignty/).

Innovaciones legislativas y de políticas públicas
En el ámbito legislativo y de las políticas públicas, la UNDROP sirve cada vez más como referencia para el desarrollo de marcos jurídicos innovadores.

En Colombia, la reforma constitucional del artículo 64 adoptada en julio de 2023 representa un hito histórico. Si bien mantiene la obligación del Estado de apoyar el acceso a la tierra y el desarrollo rural, la reforma va más allá al reconocer explícitamente al campesinado como sujeto de derecho y de especial protección. Afirma su identidad distintiva, arraigada en su relación con la tierra, la producción de alimentos y la territorialidad, y lo reconoce como sujeto político. Este logro, resultado de una larga movilización de las organizaciones campesinas, crea un mandato constitucional para alinear progresivamente las leyes y políticas nacionales con las disposiciones reflejadas en la UNDROP (https://defendingpeasantsrights.org/en/colombia-recognition-of-peasants-as-subjects-of-rights-interview-with-martha-elena-huertas-moya/).

En Ecuador, la ratificación de la UNDROP por parte de la Asamblea Nacional en 2023, tras una labor de incidencia sostenida por parte de los movimientos campesinos e indígenas, ha fortalecido su papel como marco orientador para los procesos legislativos. Este reconocimiento facilita la integración de los derechos campesinos en las políticas públicas y refuerza la legitimidad de la Declaración dentro del ordenamiento jurídico interno (https://defendingpeasantsrights.org/en/ecuadorian-peasants-win-ratification-of-undrop-by-their-legislative-assembly/).

En Brasil, el Consejo Nacional de Derechos Humanos adoptó en 2025 una importante resolución que reconoce a la UNDROP como una norma clave para la protección de las poblaciones rurales. La medida exige su aplicación transversal en todas las políticas públicas y alienta a las instituciones estatales a alinear sus acciones con la Declaración, marcando un paso importante hacia su institucionalización a nivel nacional (https://defendingpeasantsrights.org/en/brazil-national-council-for-human-rights-adopts-key-regulation-to-advance-the-implementation-of-undrop/).

En Cuba, diversas iniciativas adoptadas desde la Declaración reflejan un esfuerzo sistemático por traducir sus disposiciones en políticas públicas concretas (https://defendingpeasantsrights.org/en/report-on-the-promotion-and-implementation-of-the-undrop-in-cuba/). Procesos similares, a menudo impulsados desde las bases, también están surgiendo en países como Nepal, Indonesia, Níger, Congo y Senegal.

Una oportunidad estratégica para el Sur Global

En conjunto, estos desarrollos muestran que la UNDROP se está perfilando como un punto de referencia cada vez más influyente en la gobernanza de los derechos campesinos, rurales y agrarios.

Para los países del Sur Global, este desarrollo representa una oportunidad estratégica que va más allá del mero cumplimiento de los derechos humanos. Al integrar la UNDROP en los marcos jurídicos y las políticas públicas nacionales, los Estados pueden fortalecer la protección de los sistemas alimentarios locales y del campesinado, afirmando así una mayor soberanía sobre la producción de alimentos y las cadenas de valor agrícolas. En un contexto marcado por la creciente concentración del poder de mercado y las dependencias neocoloniales externas, promover la UNDROP como un principio rector para las políticas agrícolas y alimentarias ayudará a reducir la vulnerabilidad ante las crisis mundiales al ampliar el margen de maniobra de las políticas públicas nacionales. En otras palabras, el objetivo es movilizar este marco jurídico para avanzar en la realización del derecho al desarrollo, entendido aquí como el derecho de los pueblos a determinar sus propios sistemas y políticas de desarrollo rural, de manera autodeterminada (https://defendingpeasantsrights.org/en/the-right-to-development-a-leverage-for-food-sovereignty-and-the-un-declaration-on-the-rights-of-peasants-undrop/).

Al mismo tiempo, la UNDROP ofrece un marco coherente para promover vías de desarrollo agroecológico que sean más equitativas y sostenibles en las zonas rurales, en particular a través de sus disposiciones sobre el derecho a las semillas, el medio ambiente, el agua y la biodiversidad. Apoyar las prácticas y tradiciones rurales a pequeña escala no es solo una cuestión de justicia social, sino también una palanca estratégica para promover la protección ambiental y fomentar respuestas adaptativas a la crisis climática.

En este contexto, es importante promover los foros multilaterales como marcos para el diálogo estratégico entre los Estados, así como entre expertos independientes, mecanismos de la ONU y titulares de derechos, con el fin de fomentar el intercambio de experiencias y buenas prácticas. De hecho, es necesaria una dinámica política colectiva para elevar y fortalecer el estatus político de la UNDROP a nivel nacional, de modo que pueda servir de base para la interpretación judicial, particularmente a través de la capacitación de jueces, abogados y funcionarios públicos, así como la armonización de la legislación nacional y las políticas públicas con sus disposiciones.

En este sentido, podemos trazar vínculos directos entre la UNDROP y las demandas históricas más amplias de un Nuevo Orden Económico Internacional (NOEI) y el derecho al desarrollo. La realización de los derechos campesinos y de otras personas que trabajan en las zonas rurales requiere salvaguardar el espacio político de los Estados del Sur Global para que puedan proteger y fortalecer los sistemas alimentarios y agrícolas locales frente a los efectos distorsionadores de las exportaciones agrícolas altamente subsidiadas del Norte Global. Dicho espacio político abarca la capacidad de regular las importaciones, brindar apoyo público a pequeños productores, mantener reservas estratégicas de alimentos y aplicar políticas de desarrollo agrario y rural que respondan a las prioridades nacionales en lugar de a los imperativos del sector agroindustrial transnacional y de los mercados globales liberalizados.

Desde esta perspectiva, los movimientos sociales, las organizaciones de la sociedad civil y los Estados comprometidos pueden movilizar a la UNDROP no meramente como un marco legal de derechos humanos, sino también como una palanca que presupone un orden económico internacional capaz de hacer efectivos esos derechos. Muchas de las limitaciones estructurales identificadas por las y los defensores del NOEI, incluidos los términos de intercambio desiguales y las asimetrías en el poder de toma de decisiones, continúan dando forma a las condiciones bajo las cuales las comunidades rurales buscan ejercer sus derechos. Por lo tanto, la implementación de la UNDROP plantea cuestiones que se extienden más allá de la reforma legal interna hasta abarcar la arquitectura dominante del comercio internacional, la inversión y las finanzas. Sin abordar estas desigualdades estructurales, los derechos consagrados en la Declaración corren el riesgo de seguir siendo, en gran medida, aspiracionales.

Conclusión

La UNDROP ha dejado de ser un instrumento puramente declarativo para convertirse en una herramienta operativa en múltiples niveles. Su creciente uso en los tribunales, la legislación y las políticas públicas refleja un proceso de socialización e institucionalización progresiva que está redefiniendo el lugar de los derechos campesinos y de otras personas que trabajan en las zonas rurales dentro del derecho internacional contemporáneo.

La aplicación de la UNDROP es, por su propia naturaleza, un proceso profundamente político y colectivo. Es a través de la interacción entre la participación popular y la incidencia institucional como se forja una correlación de fuerzas favorable, necesaria para lograr cambios tangibles en el terreno. En este contexto, la UNDROP debe servir como una brújula esencial, una hoja de ruta colectiva, en apoyo de los esfuerzos para democratizar los sistemas alimentarios y agrícolas, pero solo con la condición de que las propias comunidades se apropien de ella y la defiendan activamente, a la luz de sus intereses concretos.

La entrada La creciente centralidad de la UNDROP en la gobernanza internacional de los derechos campesinos y de otras personas que trabajan en las zonas rurales se publicó primero en Defending Peasants' Rights.

El nuevo informe del Grupo de Trabajo de la ONU sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales analiza la creciente disputa en torno a las semillas desde la perspectiva de los derechos humanos, la soberanía alimentaria y la biodiversidad. En el centro de este debate se encuentra el derecho a las semillas: el derecho de los campesinos y las campesinas a desarrollar, conservar, utilizar, intercambiar y vender sus propias semillas y las semillas que han guardado de sus cosechas. El informe muestra cómo el poder corporativo, los regímenes de propiedad intelectual, la certificación de semillas y las normas comerciales están impulsando el cercamiento y la privatización de las semillas, criminalizando prácticas ancestrales y socavando la autonomía de las comunidades campesinas. Asimismo, pone de manifiesto las crecientes amenazas de la biopiratería y el deterioro de los sistemas tradicionales de semillas.

El informe también destaca importantes victorias de los pueblos rurales que resisten al control corporativo. En Honduras, los campesinos y las campesinas contribuyeron a la anulación de la llamada «Ley Monsanto», mientras que en Kenia, una sentencia judicial histórica confirmó que compartir semillas no constituye un delito. En Colombia y Zambia, campesinos, campesinas y sus aliados se han movilizado contra leyes restrictivas sobre las semillas. En todo el mundo, las comunidades están creando bancos de semillas, cooperativas y ferias de semillas, desarrollando programas participativos de mejoramiento y defendiendo sistemas agroecológicos. Estas luchas tienen lugar en un contexto en el que el cambio climático, la erosión genética, el desplazamiento, los conflictos y las nuevas biotecnologías intensifican la disputa por el control de los pilares de nuestros sistemas alimentarios. Para los movimientos campesinos y rurales, la lucha por las semillas forma parte de una lucha más amplia por la tierra, el agua, la biodiversidad, la autonomía y el derecho de los pueblos a decidir sobre sus propios sistemas alimentarios.

El Grupo de Trabajo pide un cambio decisivo de rumbo frente a las políticas que tratan las semillas como propiedad corporativa y como mercancías. Sobre la base del artículo 19 de la UNDROP, exige la protección de los derechos de los campesinos y las campesinas a conservar, intercambiar y vender semillas, así como apoyo público a los sistemas comunitarios de semillas y a la agroecología, y medidas para hacer frente a los regímenes restrictivos de propiedad intelectual y a la biopiratería. Les invitamos a leer el informe completo y a apoyar a los pueblos rurales que defienden las semillas como un bien común vivo, resisten su mercantilización corporativa y luchan por la soberanía alimentaria.

La entrada Nuevo informe del Grupo de Trabajo de la ONU sobre la UNDROP acerca del derecho a las semillas: defender los bienes comunes y resistir el control corporativo se publicó primero en Defending Peasants' Rights.

La inteligencia artificial, controlada por las grandes empresas tecnológicas transnacionales del Norte global, refuerza las estructuras de poder capitalistas y configura la agricultura mundial. La IARAA tiene como objetivo reorientar esta tecnología al servicio al servicio de los pueblos y las comunidades rurales y romper así el monopolio tecnológico. De este modo, contribuye a reforzar la soberanía alimentaria y a construir sistemas agrícolas más justos, democráticos y sostenibles, convirtiendo la tecnología en una verdadera palanca de emancipación y justicia social el campesinado.

Con el fin de comprender mejor este proyecto e inspirar a los movimientos rurales de distintas partes del mundo, la plataforma Defendiendo los Derechos Campesinos realizó la siguiente entrevista con representantes de los movimientos que idearon y desarrollaron esta iniciativa:

1. ¿Qué es la IARAA y cómo surgió la iniciativa dentro de la Marcha Mundial de las Mujeres y del MST?

La IARAA es la Inteligencia Artificial para la Reforma Agraria y la Agroecología, una herramienta creada por los movimientos populares que surge con el propósito de democratizar el conocimiento agroecológico y fortalecer la Reforma Agraria Popular. Nació a partir del Curso de Inteligencia Artificial para Movimientos Populares del Sur Global, que se llevó a cabo en Shanghái, en julio de 2025. En ese momento, además de apropiarse de manera crítica y técnica de las tecnologías relacionadas con la IA, las activistas de los movimientos de diversos países entraron en contacto con el modelo chino de desarrollo tecnológico. Esa experiencia nos llevó a reflexionar sobre la construcción de la lucha por la soberanía tecnológica en nuestros países y a crear herramientas para librar esa batalla.

El Movimiento de los Trabajadores Sin Tierra de Brasil (MST) y la Marcha Mundial de las Mujeres (MMM) participaron en la creación de este curso y, junto con la Asociación Internacional para la Cooperación Popular (Baobab), decidieron crear la IARAA para que sirviera como herramienta para la masificación de la agroecología, el feminismo popular y nuestra perspectiva sobre la soberanía tecnológica en Brasil.

Para construir la base de conocimiento que alimenta la herramienta, reunimos un equipo de especialistas en agroecología provenientes del MST y de la Marcha Mundial de las Mujeres, en representación de todas las regiones de Brasil. Fueron estos compañeros y compañeras quienes definieron los fundamentos conceptuales, políticos y técnicos que orientan las respuestas de la IARAA. Al mismo tiempo, capacitamos a militantes de los propios movimientos en las áreas más técnicas del desarrollo de la IA, particularmente en las arquitecturas de RAG que sustentan la herramienta. No queríamos depender de un equipo técnico externo que no comprendiera el proyecto político, sino formar activistas que entendieran esta apuesta política en todas sus dimensiones. Contamos con el apoyo de aliados internacionalistas con mayor experiencia acumulada en el desarrollo de herramientas de RAG, y esa colaboración fue fundamental.

2. ¿Cómo definen el papel de la IARAA dentro de la estrategia más amplia de la lucha popular por la soberanía alimentaria?

La IARAA no es una herramienta aislada. Es parte de un proyecto estratégico más amplio. Se suma a las diferentes formas de lucha que buscan superar el modelo del agronegocio. Es una herramienta que busca fortalecer la agroecología en los territorios, entendida por los movimientos como una perspectiva estratégica de proyecto político y de enfrentamiento a la crisis ambiental impuesta por el agronegocio. Socializar la acumulación de conocimiento agroecológico constituye una de las tareas fundamentales en esta batalla.

El agente «Semeadura» está dirigido a quienes están en el campo y necesitan una orientación práctica y rápida. El perfil «Mutirão» va más allá: fue desarrollado para apoyar a técnicos, líderes y educadores populares en la organización de procesos participativos y de formación de base, siendo un instrumento de apoyo no solo a la producción, sino a la propia organización popular en los territorios. Por su parte, el perfil «Quintal Produtivo» ofrece una capacidad diferenciada para abordar en profundidad conceptos, debates teóricos y fundamentos políticos de la agroecología, y sirve como referencia para el estudio, la elaboración teórica y la formación de activistas, estudiantes y cuadros de los movimientos.

Al ofrecer un repositorio de conocimiento agroecológico curado por los movimientos, la IARAA contribuye a que cada persona que la utiliza llegue mejor preparada a las visitas técnicas, a los trabajos comunitarios, a las escuelas del campo y a las asambleas. Potencia lo que ya existe y fortalece la lucha por lo que aún queda por conquistar. La IARAA también demuestra, en la práctica, que los movimientos populares son capaces de crear sus propias herramientas tecnológicas. Esto no es poca cosa en un mundo en el que el desarrollo de la inteligencia artificial está concentrado en manos de unas pocas corporaciones transnacionales. Pero sigue siendo una experiencia muy limitada, principalmente por la falta de infraestructura. Superar esta dependencia tecnológica exige una estrategia de soberanía digital popular, que debe ir de la mano de la lucha por la soberanía alimentaria y la soberanía energética.

3. ¿De qué manera la IARAA incorpora una perspectiva feminista y contribuye a enfrentar las desigualdades de género en el acceso a la tecnología y en la producción de conocimiento en el campo?

Nuestra perspectiva no consiste solo en garantizar el acceso de las mujeres a la tecnología, sino en situar a las mujeres como sujetas de la tecnología. Cuando las mujeres no participan en el diseño, el desarrollo y el control de las herramientas digitales, es probable que estas herramientas no respondan a las necesidades de la vida de las mujeres. Esto tiene consecuencias concretas: la mayor parte de las IA comerciales presenta sesgos de género profundos, no reconoce el trabajo no remunerado de las mujeres en la reproducción de la vida cuando piensa en la «economía», y trata la agricultura como si fuera una actividad neutra, sin considerar que la forma en que las mujeres practican la agricultura es específica, diversa y es la que, en gran medida, sustenta la vida.

En la IARAA, abordamos esto en varias dimensiones. Primero, en la base de conocimientos: incluimos un amplio conjunto de materiales sobre feminismo popular y agroecología feminista, para que la herramienta se base en estas elaboraciones al construir sus respuestas, y no en los marcos androcéntricos (la cual se refiere a una visión centrada en el hombre, que se presenta como norma universal en detrimento de las mujeres y otras identidades) que dominan la producción hegemónica de conocimiento. Segundo, en la organización de la herramienta: hay principios del feminismo popular integrados en las instrucciones que guían a la IARAA, lo que hace que siempre tenga en cuenta la división sexual del trabajo, la necesidad de construir el feminismo popular y la superación del patriarcado al elaborar una respuesta. En tercer lugar, en el equipo: contamos con una coordinación técnica y política integrada por muchas mujeres, lo que plantea otra forma de desarrollar tecnología, a partir de otros saberes, otras preguntas y otras prioridades.

La IARAA está diseñada para fortalecer y dar visibilidad a las experiencias de las mujeres del campo, reconociendo el trabajo invisible que realizan y brindando un apoyo concreto a la organización de su lucha, reconociéndolas como sujetos de la agroecología.

4. ¿De qué manera puede la IARAA contribuir concretamente a la implementación de los derechos previstos en la UNDROP, especialmente el derecho a la información (art. 11), a los medios de producción (art. 16), a la reforma agraria (art. 17) y a la soberanía alimentaria (art. 15)?

La UNDROP es un hito fundamental porque reconoce que las campesinas y los campesinos tienen derechos específicos que el sistema capitalista niega sistemáticamente. La IARAA se posiciona como un instrumento de apoyo en la lucha por la materialización de estos derechos.

En cuanto al derecho a la información, lo que observamos es que, a diferencia de los chatbots comerciales que simplifican las respuestas y homogeneizan las prácticas, la IARAA está siendo programada para tomar en cuenta en sus respuestas la diversidad de biomas, sistemas de producción, organización social y condiciones materiales de los territorios. El derecho a una información de calidad, con referencias políticas, contextualizada y en un lenguaje accesible es fundamental en la IARAA.

En cuanto a los medios de producción y la soberanía alimentaria, las empresas transnacionales como John Deere, BASF y Microsoft han avanzado mucho en la Agricultura 4.0, implementando sistemas tecnológicos que recopilan datos de cientos de miles de hectáreas a través de las grandes empresas tecnológicas. Con ello, concentran cada vez más poder y ganan más fuerza para avanzar con su proyecto de destrucción. La IARAA va en la dirección opuesta: pone la tecnología avanzada al servicio de las familias campesinas, potenciando su capacidad productiva sin generar dependencia tecnológica y ofreciendo recomendaciones alineadas con la agroecología, la organización popular y la diversidad de los sistemas de producción.

En cuanto a la reforma agraria, creemos que la IARAA es un instrumento para apoyar la lucha y promover la organización y la masificación de la agroecología. La Reforma Agraria Popular se consolida en la capacidad de las familias campesinas para producir, permanecer y organizarse en el territorio conquistado. Una comunidad que tiene acceso a conocimientos agroecológicos de calidad y con orientación política produce mejor, diversifica su producción, reduce la dependencia de insumos externos y fortalece su autonomía. Al mismo tiempo, la IARAA apoya a los líderes y técnicos que trabajan en los asentamientos en la organización de procesos de capacitación, en la planificación productiva colectiva y en la sistematización de experiencias que puedan difundirse entre los territorios. También contribuye a la formación política de militantes y estudiantes que necesitan asimilar los fundamentos teóricos de la cuestión agraria y de la agroecología para participar en la lucha.

5. ¿Cuál es el papel de la cooperación internacional, a través de la alianza con China, en el proyecto? ¿Cómo se ha desarrollado esta alianza?

La alianza con Baobab y con compañeros y compañeras de China fue fundamental para que la IARAA se hiciera realidad. Observar de cerca el modelo chino de desarrollo tecnológico nos brindó mucha inspiración: un modelo en el que el Estado orienta la tecnología para que sirva al pueblo, en el que los datos se tratan como un factor de producción al servicio de un proyecto colectivo. Contamos con apoyo técnico concreto de compañeros y compañeras que viven en una sociedad donde este debate y este desarrollo están más avanzados, y que ya han acumulado experiencia en el desarrollo de herramientas de RAG y de modelos de lenguaje de código abierto. En este sentido, esta fue y sigue siendo una colaboración fundamental.

Al mismo tiempo, sabemos que es necesario que, desde Brasil, creemos nuestras propias herramientas basadas en la lucha de nuestros movimientos y arraigadas en nuestra realidad. La realidad de dependencia tecnológica, de baja industrialización y de inversión históricamente insuficiente en ciencia y tecnología que caracteriza a Brasil y a gran parte del Sur Global pesa concretamente sobre la posibilidad de desarrollar proyectos como la IARAA. En este sentido, la cooperación Sur-Sur es fundamental para hacer viables experiencias, compartir conocimientos técnicos y construir juntos proyectos que reflejen nuestra identidad y sirvan para resolver nuestros propios problemas.

6. ¿Cómo garantizar que el conocimiento campesino no se diluya dentro de la lógica hegemónica de la IA? ¿Y cómo ampliar el uso de la IARAA a gran escala sin perder la sensibilidad hacia las realidades locales?

La lógica de los grandes modelos de lenguaje tiende a la homogeneización y a la reproducción de sesgos que reproducen la lógica de la agricultura comercial. Para abordar esto, hemos realizado diversas adaptaciones en la arquitectura del sistema de la IARAA. Uno de los elementos centrales de esto es la base de conocimiento, que está formada por documentos producidos por los movimientos y por instituciones de investigación comprometidas con la agroecología (folletos, manuales técnicos, sistematizaciones de experiencias territoriales, materiales de capacitación, publicaciones científicas agroecológicas y elaboraciones políticas de los propios movimientos). Al funcionar sobre una arquitectura RAG, la IARAA no buscará sus respuestas en Internet ni en los repositorios genéricos que alimentan a las IA comerciales, repletos de los sesgos del agronegocio y del pensamiento hegemónico sobre la agricultura.

La base de conocimiento de la IARAA se construyó prestando atención a la diversidad de los territorios brasileños: hay materiales sobre diferentes biomas, sistematizaciones de experiencias agroecológicas de distintas regiones del país y elaboraciones que abarcan diferentes sistemas productivos, cultivos y condiciones climáticas. Esta diversidad es intencional y busca garantizar que la herramienta tenga una capacidad real para abordar situaciones específicas, y no solo una agricultura genérica y descontextualizada. Aun así, sin duda hay preguntas para las que la IARAA todavía no tiene una respuesta suficiente en su base de datos, y en esos casos se le orienta a no inventar. En estas situaciones, la IARAA anima a las personas a buscar la información con las organizaciones y compañeros de su territorio. Fue diseñada para no ser el punto final de una conversación, sino un punto de partida: fomenta el diálogo en la comunidad, el intercambio de conocimientos entre vecinos y la consulta a los líderes locales. La interacción con la herramienta debe abrir puertas a la organización colectiva.

Uno de los mayores desafíos en la construcción de la IARAA consiste precisamente en reunir todo este acervo en formato escrito para que sirva como base de conocimiento de la IA, ya que se encuentra disperso en múltiples repositorios y, a veces, solo existe en forma oral. La IARAA no reemplaza el saber de los pueblos. Puede ampliarlo y facilitar su circulación entre diferentes territorios y generaciones, y debe estar en constante proceso de perfeccionamiento por parte de los movimientos para seguir cumpliendo este papel.

7. ¿De qué manera se puede articular la IARAA con la política pública de Asistencia Técnica y Extensión Rural (ATER) dirigida a campesinos y pequeños agricultores en Brasil, garantizando que actúe como instrumento para fortalecer la asistencia técnica y no como mecanismo de sustitución del trabajo técnico humano en el campo?

Uno de los principios de la IARRA es que es una herramienta de apoyo y no de sustitución de la ATER. La ausencia o precariedad de la Asistencia Técnica y Extensión Rural (ATER) pública en gran parte de los territorios brasileños es una realidad que no podemos ignorar. La ampliación de la ATER de base agroecológica como un derecho es una lucha histórica de los movimientos, y creemos que ninguna herramienta tecnológica sustituirá este trabajo. Pero la IARAA puede desempeñar un papel concreto e inmediato: ser un apoyo confiable para la producción agroecológica en el presente. Sin embargo, hay límites que la herramienta nunca podrá traspasar: el análisis sistémico del agroecosistema, el vínculo de confianza construido a lo largo del tiempo entre el técnico o la técnica y la familia agricultora, la interpretación del territorio realizada por quienes lo conocen de cerca en todas sus dimensiones. La IARAA incluso está programada para alentar a las personas a buscar la ATER de su territorio y exigir este derecho.

8. ¿Cuáles son los desafíos de plasmar los procesos de formación política y de conciencia de clase en una herramienta de inteligencia artificial?

Esto sigue siendo un gran desafío, porque nuestra inteligencia colectiva como movimientos no reside únicamente en los documentos que escribimos. Reside en las interacciones, en las experiencias políticas que vivimos con el cuerpo, no solo con la mente. Pero el acervo técnico que hemos construido, especialmente con compañeros y compañeras que dominan el desarrollo de arquitecturas RAG, nos ha permitido ir más allá de lo que imaginábamos posible al principio en este aspecto. Logramos plasmar varios de nuestros principios políticos en la arquitectura de la herramienta, y estos se toman en cuenta de manera rigurosa en la mayoría de las respuestas. Esto solo fue posible porque las personas que desarrollaron la herramienta comprendían profundamente tanto la tecnología como el proyecto político.

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Involucrando a los titulares de derechos de la UNDROP en el próximo informe temático del Grupo de Trabajo

Defendiendo los Derechos de los Campesinos continúa colaborando estrechamente con los expertos del Grupo de Trabajo de la ONU sobre la UNDROP. En marzo de 2026, organizamos un diálogo en línea con el anterior presidente del Grupo de Trabajo, Carlos Duarte, reuniendo a titulares de derechos de la UNDROP de todo el mundo para aportar contribuciones directas al próximo informe temático del Grupo de Trabajo sobre los Territorios Rurales Terrestres y Marinos.

Este informe, cuya presentación está prevista ante la Asamblea General de la ONU en Nueva York durante el segundo período de sesiones de 2026, examinará cómo las violaciones relacionadas con la tierra, el agua y los bosques afectan la dignidad, la estabilidad y los medios de vida de los campesinos y trabajadores rurales en todo el mundo. Las contribuciones de los titulares de derechos y de sus movimientos y organizaciones representativas fueron fundamentales para fundamentar el informe en las realidades vividas y las luchas de los pueblos que trabajan en los territorios rurales y acuáticos, quienes enfrentan múltiples formas de violaciones y amenazas a medida que avanzan las prácticas de acaparamiento verde y azul en un mundo cada vez más controlado por el capital privado y las empresas transnacionales.

Este debate tuvo lugar tras la Convocatoria oficial para el envío de contribuciones publicada por el Grupo de Trabajo, que reunió numerosas aportaciones. Véalas aquí:

El Grupo de Trabajo de la ONU sobre la UNDROP concluye su visita oficial a Ghana

El Grupo de Trabajo llevó a cabo su primera visita oficial a un país desde el inicio de su mandato, realizando una misión de diez días a Ghana. Durante la visita, los expertos se reunieron con una amplia variedad de titulares de derechos de la UNDROP, incluidos pequeños agricultores, pescadores artesanales y pastores, así como con autoridades públicas y diversos representantes de la sociedad civil. Si bien señalaron importantes avances legislativos y de políticas públicas, destacaron los desafíos persistentes relacionados con el acceso a la tierra, la pobreza, la exclusión, la degradación ambiental y el acceso limitado a la financiación y a los mercados.

El Grupo de Trabajo subrayó la necesidad de una implementación más sólida de las leyes y políticas existentes para garantizar que la transformación agrícola de Ghana beneficie a las comunidades rurales y refleje plenamente los derechos reconocidos en la UNDROP.

Lea aquí la declaración de fin de misión con las conclusiones preliminares.

¡Conozca las dos nuevas subcategorías del sitio web! 

Nueva categoria sobre las y los titulares de derechos de la UNDROP

La UNDROP reconoce como titulares de derechos a una amplia variedad de sectores rurales, lo que permite que diversos grupos rurales que a menudo enfrentan marginación y múltiples violaciones de los derechos humanos utilicen la UNDROP como una herramienta jurídica y política para proteger sus derechos fundamentales a nivel nacional, regional e internacional. Esta nueva subcategoría tiene como objetivo no solo destacar la pluralidad de los titulares de derechos de la UNDROP, sino también ofrecer orientación sobre la interpretación de la definición de «campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales» contenida en el artículo 1 de la Declaración. Incluye valiosas contribuciones de Shalmali Guttal, presidenta del Grupo de Trabajo de la ONU sobre la UNDROP, así como de lxs propixs titulares de derechos, quienes participaron en una mesa redonda en línea celebrada durante nuestro seminario web público de 2025.

Haga clic aquí para acceder a la nueva subcategoría Titulares de derechos en Defendiendo los Derechos Campesinos.

Leyes y políticas nacionales 

La apropiación y movilización de la UNDROP por parte de los movimientos y organizaciones rurales ha dado lugar cada vez más a importantes victorias en los ámbitos legislativo y de políticas públicas en distintos países, especialmente en América del Sur. Esta nueva subcategoría tiene como finalidad reunir los principales avances legislativos y de políticas públicas obtenidos como resultado de la incidencia política liderada por sectores rurales y sus aliados, orientada a crear o modificar marcos jurídicos nacionales que protejan los derechos de los campesinos, los pueblos pescadores, los nómadas y los pastores, así como de otros titulares de derechos, a la luz de las disposiciones de la UNDROP.

En los últimos años, hemos sido testigos de una influencia creciente de la UNDROP en la configuración de leyes y políticas a nivel nacional, gracias a la movilización de los movimientos rurales que dan vida a este instrumento jurídico en sus luchas. Estas victorias no solo contribuyen a salvaguardar los derechos de los pueblos rurales, sino que también favorecen el surgimiento de prácticas que pueden orientar futuros desarrollos legislativos y de políticas públicas en favor de los derechos de quienes viven y trabajan en las zonas rurales.

Haga clic aquí para acceder a la nueva subcategoría Leyes y políticas nacionales en Defendiendo los Derechos Campesinos.

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La entrada Defendiendo los Derechos Campesinos – Boletín n°10 se publicó primero en Defending Peasants' Rights.

La experiencia de Cuba demuestra que los principios y disposiciones consagrados en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales (UNDROP) pueden traducirse de manera concreta en políticas públicas, marcos jurídicos e iniciativas orientadas a garantizar y promover los derechos de las comunidades campesinas. El presente informe recoge los avances alcanzados y las principales iniciativas desarrolladas en este sentido, poniendo de relieve el compromiso del Estado y de los propios titulares de derechos con la promoción y protección de los derechos campesinos.

Esta experiencia constituye, asimismo, una referencia de interés para otros países y contextos. Demuestra que, incluso en condiciones de vulnerabilidad debida a una ofensiva imperialista continua, y frente a desafíos enormes debido a la guerra economica externa, es posible avanzar en la implementación de los derechos reconocidos en la UNDROP cuando existe voluntad política, un marco institucional favorable y una participación activa y movilización de las organizaciones y comunidades de base.

Más allá de sus particularidades nacionales, el caso cubano ofrece aprendizajes y elementos de inspiración para otros países que buscan fortalecer sus políticas públicas y marcos jurídicos en favor de los derechos de las personas que viven y trabajan en las zonas rurales.

A continuación, encontrará el informe completo:

La entrada Informe sobre la promoción e implementación de la UNDROP en Cuba se publicó primero en Defending Peasants' Rights.

Tras la reciente aprobación de la «Ley para el Fortalecimiento y Protección del Sector Agroindustrial, Proyectos de Energía, Turismo, Ganadería y Pequeños Productores Agrícolas de Honduras», que promueve y protege los intereses del agronegocio, se han emitido 1.000 órdenes de desalojo contra comunidades campesinas. Esta ley agrava un contexto ya marcado por la violencia, la criminalización y la intimidación que sufren numerosos movimientos campesinos que luchan por su derecho histórico a la tierra, a la alimentación y a la soberanía alimentaria. Entre los hechos más graves se encuentra la masacre ocurrida el 21 de mayo de 2026 en la comunidad de Rigores, departamento de Colón, que dejó un saldo de 20 campesinos asesinados.

Defendiendo los Derechos Campesinos expresa su solidaridad con los pueblos y las comunidades de Honduras, en particular con las organizaciones campesinas, indígenas y afrodescendientes que actualmente enfrentan desalojos y otras formas de violencia. Asimismo, respaldamos las demandas de estas organizaciones para garantizar el acceso a la justicia en los ámbitos local, nacional e internacional, y hacemos un llamado a que se protejan y se respeten los derechos consagrados en la Declaracion de la ONU sobre los derechos de los campesinos y de otras personas que trabajan en zonas rurales.

Les invitamos a leer los comunicados elaborados por La Vía Campesina Honduras sobre estos recientes acontecimientos:

La Vía Campesina Honduras expresa enérgico rechazo frente a órdenes de desalojos masivos: https://viacampesina.org/es/la-via-campesina-honduras-expresa-energico-rechazo-frente-a-ordenes-de-desalojos-masivos/

La Vía Campesina Honduras denuncia masacre de campesinxs en la comunidad Colón: https://viacampesina.org/es/la-via-campesina-honduras-denuncia-masacre-de-campesinxs-en-la-comunidad-colon/

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