La Vía Campesina lanza su documento de posicionamiento sobre las guerras en el mundo, en el marco de los 30 años del Día Internacional de las Luchas Campesinas.

Bagnolet, 17 de abril de 2026 |  Hoy se conmemora 30 años de la masacre de Eldorado do Carajás, un lamentable hecho que marcó un hito dentro de La Vía Campesina, donde campesinxs sin tierra de Brasil fueron asesinados por la policía federal por defender su derecho a la reforma agraria. Kilómetros más allá y 30 años después de lo ocurrido, el mundo sigue sangrando a pueblos y familias inocentes en un escenario cada vez más crítico marcado por presión del poder imperial y las tensiones geopolíticas.

Conmemorando el Día Internacional de las Luchas Campesinas, nuestro movimiento presenta el documento de posicionamiento: Soberanía Alimentaria frente a la guerra, el imperialismo y el hambre de los pueblos en el mundo, un documento que aborda elementos clave para comprender el impacto de las guerras y el poder imperial en la Soberanía Alimentaria de los pueblos. El documento ha considerado cifras importantes que nos han brindado los reportes del Comité de Pesca de la FAO a través de su informe del Situación de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo (SOFI), el Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo, la Agencia de la ONU para lx s Refugiadxs (ACNUR), entre otros; respecto a los conflictos globales y los impactos en los sistemas alimentarios en los países afectados.

“Vivimos una era de convergencia de crisis sin precedentes. Nunca en la historia reciente han estallado tantos conflictos armados simultáneamente en tantos continentes. Las guerras en Gaza, Líbano, Mali, Ucrania, Sudán, Yemen, Myanmar, el Sahel, la República Democrática del Congo y Siria no son tragedias aisladas. Son las erupciones sintomáticas de un único sistema global estructuralmente enfermo, construido sobre la lógica de la acumulación de capital sin fin, el racismo estructural, la escalada de tensiones del poder geopolítico,la extracción de recursos y la dominación imperial neolocolonialista.”

La Vía Campesina, como movimiento donde convergen organizaciones campesinas a nivel global, ha reflexionado al respecto y denunciado constantemente el uso del hambre como arma de guerra y el negocio que está detrás. Con la destrucción y la ocupación militar se benefician las economías de EEUU, Israel y muchos países del norte global; promoviendo genocidios en curso y ejerciendo una suma incalculable de violaciones de derechos humanos y crímenes contra la humanidad, con riesgo de quedar impunes, donde las mujeres y la niñez son las más vulnerables.

Invitamos a nuestras organizaciones miembros y organizaciones aliados a estudiar y compartir el documento como herramienta popular de estudio y aporte del campesinado global en primera voz.

¡Unidxs contra el imperialismo, el neocolonialismo, la criminalización de nuestras luchas y el despojo de nuestros territorios!

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Las personas campesinas, pescadoras, pastoras, ganaderas, los trabajadores/as rurales y pueblos rurales son actores fundamentales en la transformación de los sistemas alimentarios y en la construcción de caminos hacia la soberanía alimentaria global. Por ello, la protección de sus derechos es clave para el futuro de la humanidad y de un planeta sostenible.

Una herramienta fundamental para proteger sus derechos es la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales (UNDROP). Esta proporciona un marco sólido para orientar políticas públicas, leyes y programas que salvaguarden la dignidad, los medios de vida y el derecho de las poblaciones rurales.

Defendiendo los Derechos Campesinos es una plataforma global para organizaciones y comunidades rurales que permite compartir conocimientos, amplificar luchas y construir poder colectivo para la implementación de sus derechos en todo el mundo.

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El CETIM y La Vía Campesina estuvieron en Yaundé, Camerún, para seguir de cerca los trabajos de la 14.ª Conferencia Ministerial de la OMC (26-29 de marzo de 2026). El CETIM y La Vía Campesina abogan por el desmantelamiento de la OMC, ya que su paradigma se basa en una arquitectura económica y comercial profundamente asimétrica, al servicio de los intereses del capital transnacional y en detrimento de los pueblos y las economías locales, en particular en los países del Sur.

La Conferencia Ministerial concluyó sin una declaración final ni la reforma que se había anunciado. La mayoría de los temas, entre ellos la agricultura, el comercio electrónico o la facilitación de las inversiones, se remitieron a Ginebra por falta de consenso. Numerosos participantes atribuyen este fracaso en gran parte a la estrategia de Estados Unidos, que condicionó toda negociación a la adopción de una moratoria permanente sobre los aranceles relacionados con el comercio electrónico, lo que provocó fuertes tensiones, especialmente entre los países del Sur. Las divergencias sobre este tema, así como sobre otras prioridades como la seguridad alimentaria o las normas de propiedad intelectual, bloquearon las negociaciones. Este fracaso confirma así el análisis según el cual la OMC se encuentra hoy en día ampliamente paralizada, incapaz de tomar decisiones favorables a un desarrollo comercial justo y equitativo, y subraya la necesidad de replantearse en profundidad el sistema comercial internacional hacia un marco verdaderamente democrático, que no margine las voces de los pueblos y los países del Sur.

La Declaración de Yaundé que reproducimos a continuación, publicada por La Vía Campesina, pone de relieve los efectos sistémicos de un modelo comercial que subordina la alimentación a la lógica del lucro, acelera la marginación de los pequeños productores de alimentos y compromete la soberanía de los pueblos sobre sus sistemas alimentarios. En un contexto marcado por crisis geopolíticas, económicas y medioambientales, la creciente dependencia de los mercados mundiales no solo se presenta como un callejón sin salida, sino como un factor que agrava las vulnerabilidades estructurales que oprimen a los pueblos.

Ante esta crisis multidimensional, la Declaración de Yaundé de LVC pretende ser portadora de esperanza, al proponer una alternativa política e institucional estructurada. Al afirmar la soberanía alimentaria como principio fundamental, LVC y el CETIM abogan por una refundación del comercio internacional basada en la primacía de los derechos humanos, la solidaridad entre los pueblos y el respeto de los ecosistemas. En consonancia con los principios consagrados en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los campesinos y otras personas que trabajan en zonas rurales (UNDROP), este nuevo marco debe defender y reforzar el reconocimiento de los derechos campesinos a la tierra, las semillas, la biodiversidad y la soberanía alimentaria, entre otros. Es necesario sacar la agricultura de la OMC y superar el marco actual de la OMC para construir un nuevo sistema comercial al servicio de la autodeterminación de los pueblos.

Leer la Declaración de Yaundé

Leer el comunicado del CETIM, previo a la Conferencia Ministeiral: La OMC en un callejón sin salida: ¿ La Conferencia Ministerial la salvara?

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La decisión del gobierno de Sri Lanka de establecer plantas de energía solar en Hambantota ha provocado una fuerte reacción de sindicatos campesinos y grupos ambientalistas. Más de 1.000 acres de bosque (un hábitat crítico para elefantes y zona de biodiversidad) han sido talados para dar paso a la llamada iniciativa de energía verde liderada por 17 empresas solares. Más de 5.000 familias agricultoras en áreas como Mayurapura y Gonnooruwa enfrentan ahora un aumento del conflicto entre humanos y elefantes, lo que amenaza su seguridad, sus cultivos y su soberanía alimentaria.

Reproducimos un llamamiento de MONLAR en el que se solicita a sus aliados de la comunidad internacional que escriban al Presidente de Sri Lanka para denunciar esta medida y exigir la suspensión inmediata de las operaciones de desmonte en curso.

A los miembros de la comunidad internacional de la sociedad civil y del activismo

Les escribimos como el Movimiento por la Reforma Agraria y de la Tierra para llamar su atención urgente sobre una grave crisis de derechos humanos y ambiental que se está desarrollando en el distrito de Hambantota, en Sri Lanka, y que está siendo deliberadamente disfrazada como una iniciativa de energía “verde”.

Las comunidades agrícolas de Hambantota no son ajenas a la lucha. Pasaron meses protestando y defendiendo sus derechos para lograr la oficialización del corredor de elefantes, una protección legal histórica para las rutas ancestrales de los elefantes asiáticos en peligro y los medios de vida de las comunidades que comparten ese territorio. Tras esa misma victoria, 17 empresas solares han intervenido, despejando las tierras que esas comunidades lucharon por proteger. Su lucha está siendo borrada.

Esta no es la primera vez que la población de Hambantota enfrenta el despojo.

La región ya ha soportado el peso de la Iniciativa de la Franja y la Ruta, incluyendo el controvertido arrendamiento del Puerto de Hambantota y una urbanización agresiva que las comunidades rechazaron firmemente, lo que ha provocado desplazamientos forzados y proyectos de desarrollo impuestos sin transparencia ni consentimiento. La actual expansión solar sigue el mismo patrón: un desarrollo irregular que avanza en contra de la ley y de los derechos de las comunidades, con consecuencias tanto para las personas como para los animales.

Aunque se presenta como energía renovable, esta expansión solar masiva está devastando más de 1.000 acres de bosque dentro de la Reserva de Elefantes Gestionada de Hambantota (MER), utilizando maquinaria pesada y fuego intencional para despejar corredores críticos de vida silvestre, apropiándose “verde” de tierras que sostienen tanto a elefantes en peligro como a comunidades agrícolas locales.

El impacto

• Conflicto humano-elefante: Al bloquear corredores ancestrales de movimiento (como Sanakku Gala y Kapapu Wewa) con cercas eléctricas, el proyecto está empujando a los elefantes hacia las aldeas.
• Crisis de medios de vida: Más de 5.000 familias agricultoras en zonas como Mayurapura y Gonnooruwa enfrentan un aumento del conflicto entre humanos y elefantes, lo que pone en riesgo su seguridad, sus cultivos y su seguridad alimentaria.
• Fallos de gobernanza: Los informes indican que estos proyectos han eludido las Evaluaciones de Impacto Ambiental (EIA) obligatorias y han ignorado las protestas de las comunidades locales y de los conservacionistas.
• Acción climática contraproducente: Como señalan expertos locales, la tala y quema de bosques de zonas secas libera carbono almacenado y altera los patrones locales de lluvia, socavando los objetivos de reducción de emisiones que el proyecto solar afirma perseguir.

Una transición justa debe ser inclusiva, transparente y ecológicamente sostenible. Si la energía renovable se construye sobre las ruinas de la biodiversidad y el desplazamiento de las poblaciones rurales empobrecidas, reproduce la misma lógica extractiva de la era de los combustibles fósiles que pretende eliminar.

LLAMADO A LA SOLIDARIDAD INTERNACIONAL

Solicitamos a su organización que muestre solidaridad con las comunidades afectadas de Hambantota mediante el envío de una carta formal al Presidente de Sri Lanka. Su posicionamiento internacional puede ejercer la presión necesaria para:

1. La paralización inmediata de todas las actividades de desmonte dentro de la Reserva de Elefantes Gestionada.
2. El estricto cumplimiento de la ley, garantizando que se realicen y se hagan públicas Evaluaciones de Impacto Ambiental (EIA) completas y Evaluaciones de Impacto Arqueológico.
3. La priorización de la energía solar en techos y en tierras degradadas (como minas abandonadas), en lugar de bosques primarios y tierras agrícolas productivas, tal como recomiendan los defensores ambientales locales.

Nos honraría contar con su voz junto a la nuestra para exigir una transición que sea verdaderamente justa tanto para las personas como para el planeta.

En solidaridad,
EQUIPO MONLAR

La plantilla de correo electrónico que debe ser enviada por movimientos y organizaciones al Presidente de Sri Lanka puede encontrarse a continuación. Por favor, lea las instrucciones para completar la plantilla en la página 2 del documento:

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Desde su llegada al poder mediante un golpe de Estado en septiembre de 2022, el capitán Ibrahim Traoré ejerce la presidencia de Burkina Faso sin dejar a nadie indiferente: para algunos, encarna un giro histórico que marca una ruptura con el orden neocolonial y el inicio de una revolución panafricana popular; para otros, se trata de un nuevo golpe de fuerza despótico orquestado por un régimen militar. Este artículo intenta aportar una perspectiva original, a la luz de las correlaciones de fuerzas existentes, dando voz a los movimientos sociales burkineses —en particular a las y los campesinos.

Burkina Faso enfrenta desde hace años una situación de guerra, principalmente en el norte, bajo la amenaza yihadista, y desde 2022 sufre una presión internacional creciente, que se ha manifestado mediante regímenes de sanciones impuestos por Francia, el Banco Mundial, la Unión Europea y la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO). Heredero de un largo pasado colonial y de una deuda ilegítima, el gobierno de Traoré busca restaurar la soberanía nacional e inscribirse en una nueva dinámica panafricana.

Junto con sus socios de la Alianza de los Estados del Sahel —Malí y Níger—, el país cuestiona el franco CFA y contempla una moneda independiente o común, al tiempo que se desvincula progresivamente del FMI, del Banco Mundial y del BCEAO (Banco Central de los Estados de África Occidental). El rechazo a nuevos préstamos occidentales marca una voluntad de salir de la dependencia financiera.

En el plano económico, Burkina Faso ha emprendido una dinámica de nacionalización de sectores estratégicos. En 2023, el Estado retomó el control de las grandes minas de oro. Un nuevo código minero adoptado en 2024 refuerza la soberanía sobre los recursos, aumenta la participación estatal en las empresas mineras, impone la transformación local y crea una reserva estratégica de oro. En 2025, se inauguró un centro de tratamiento de residuos mineros.

La reconquista económica también abarca el sector agroalimentario, mediante nacionalizaciones e industrialización de fábricas en los ámbitos de la producción azucarera, la transformación láctea y la producción/transformación del tomate, un sector clave del país. A pesar de un contexto regional conflictivo, estas decisiones constituyen palancas esenciales para consolidar una soberanía real y reforzar la capacidad del Estado para financiar políticas sociales.

La palabra al campesinado

En Burkina Faso, el 80% de la población activa trabaja en la agricultura (alrededor del 32% del PIB nacional) y cerca del 90% de las explotaciones son familiares de menos de cinco hectáreas, lo que caracteriza la predominancia de una agricultura de subsistencia. Esto muestra hasta qué punto los pequeños productores de alimentos, campesinas/os, nómadas, ganaderos y comunidades de pescadores artesanales son actores centrales de la sociedad.

A la luz de esto, el gobierno lanzó su “Ofensiva agropastoral y pesquera 2023-2025”, con el objetivo de alcanzar la autosuficiencia y la soberanía alimentaria. En este marco, se han realizado numerosas inversiones: equipos agrícolas, infraestructuras de transformación local, apoyo a las cadenas de cereales, arroz y horticultura. Los resultados son palpables: la producción de tomate, arroz y maíz aumentó considerablemente entre 2022 y 2024 y, desde entonces, el éxodo rural ha disminuido¹.

Más allá de las cifras, impresiona el compromiso de las comunidades rurales. Durante mucho tiempo marginadas, constituyen el núcleo del nuevo proyecto de sociedad, ahora reconocidas como sujetos políticos del cambio. Dos líderes de base, el Sr. Alassane Nakande (figura clave de la Convergencia de luchas por la tierra y el agua de África Occidental² y director ejecutivo del Movimiento Africano por los Derechos Ambientales) y la Sra. Ouédraogo Ouandegma (presidenta de la Coordinación Burkinesa de Organizaciones Campesinas, miembro de La Vía Campesina y del Sindicato de Trabajadores Agropastorales), dan testimonio de los profundos cambios en curso. Estos avances permiten promover una agenda campesina conforme a los principios de la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Campesinos y otras personas que trabajan en zonas rurales (UNDROP), que reconoce derechos fundamentales como el derecho a la tierra y a las semillas.

Fortalecimiento de la producción campesina local

Para la Sra. Ouandegma, la iniciativa de protección y promoción de la producción local “es positiva, ya que acompaña concretamente a las organizaciones campesinas en la consolidación de sus medios de producción, cadenas productivas, cooperativas y mercados locales”. La representante destaca los “esfuerzos gubernamentales”, que han “permitido acceder a herramientas y materiales de producción y transformación agrícola (unidades de transformación de arroz, tractores…)”. Gracias a esta iniciativa, “son los pequeños productores y cooperativas quienes suministran directamente sus productos a hospitales, ayuntamientos, comedores escolares, prisiones… lo que ha permitido implementar circuitos cortos, abrir los mercados a los pequeños productores y promover los productos locales”.

Política agraria y derecho a la tierra

Históricamente, Burkina Faso ha enfrentado grandes oleadas de acaparamiento de tierras por operadores privados y financieros que se han beneficiado de un marco legal impreciso y permisivo. Frente a esto, el Sr. Nakande subraya que “gracias a la voluntad de las autoridades de abordar este fenómeno mediante la revisión de leyes favorables al acaparamiento, se está haciendo posible una mejor redistribución de la tierra”. Añade que estos cambios legislativos están “acompañados de medidas de apoyo, especialmente kits de instalación para jóvenes agricultores”. El proceso se inscribe en una lógica más amplia de fortalecimiento de la seguridad y soberanía alimentaria, con otras iniciativas en curso —investigación-acción, estudios de viabilidad y medidas concretas— destinadas a “valorizar el papel de los productores agrícolas y devolverles un lugar central en las políticas públicas”.

Por su parte, la Sra. Ouandegma afirma que la política agraria “refuerza la seguridad y el reconocimiento jurídico de los derechos de uso de la tierra para campesinos y campesinas”. También celebra el compromiso del gobierno de otorgar al menos el 30% de los títulos de propiedad a mujeres productoras.

Políticas agroecológicas

En el ámbito de la agroecología —concepto clave impulsado por el movimiento campesino internacional—, el Sr. Nakande señala que “a nivel de la Asamblea Nacional y del Senado se ha creado una comisión conjunta para abordar los desafíos relacionados con la promoción de la agroecología. En la misma línea, se ha aprobado una ley que promueve el uso de insumos biológicos”.

En su estrategia nacional (SND-AE 2023-2027), el gobierno apoya la intensificación de prácticas agroecológicas en colaboración con organizaciones campesinas, con el fin de garantizar de forma sostenible la seguridad alimentaria y nutricional en un contexto marcado por crisis climáticas: disminución de las lluvias, degradación de suelos y recursos hídricos, pérdida de biodiversidad, sequías, inundaciones, etc.

Otro gran eje es la demanda de abandono progresivo de pesticidas químicos impulsada por actores rurales. Para ello, se han abierto nuevos espacios de diálogo y negociación. La Sra. Ouandegma destaca una “voluntad compartida, tanto del movimiento rural como de las autoridades, de orientar decididamente al país hacia una transición agroecológica tangible”.

Protección de las semillas campesinas

En cuanto a los recursos fitogenéticos y la protección de las semillas campesinas, el Sr. Nakande observa avances positivos. En primer lugar, la “creación de una comisión dedicada a los recursos fitogenéticos, que ofrece un marco político para promover las propuestas campesinas”. En segundo lugar, la adopción de una nueva ley agropastoral que reconoce el estatus de agricultor/campesino y refuerza la protección del derecho a las semillas. “Esta ley sienta las bases de un marco favorable para la conservación de semillas, en particular mediante la creación de una base de datos dedicada”. Según él, se trata de un verdadero salto cualitativo: “a partir de ahora, cada campesina/o podrá participar activamente en la preservación del sistema alimentario local y en el mantenimiento de la biodiversidad”.

Una dialéctica en curso

Es evidente que el campesinado debe constituir una fuerza política central en el proceso de transformación social, económica y política de Burkina Faso. Este proceso se hará con él o no se hará. Sin embargo, todo proceso de transformación política conlleva inevitablemente trayectorias dialécticas, marcadas por tensiones internas y contradicciones constantes, más aún en un país como Burkina Faso. No obstante, la mayoría de los análisis externos tienden a ignorar esta complejidad, en favor de juicios simplistas, descontextualizados y a menudo eurocéntricos.

Todo proceso político transformador que aspire a ser progresista necesita debate democrático. Las críticas internas y externas —si son constructivas y no responden a lógicas imperialistas— pueden y deben contribuir a orientar este proceso hacia una verdadera emancipación popular y a corregir el rumbo si es necesario. Lo que ocurre en Burkina Faso es un intento inédito de renovación panafricana, centrado en un modelo de desarrollo autocentrado y autodeterminado, en un continente que sigue sufriendo el yugo neocolonial. En este contexto, el gobierno de Traoré cuenta con un apoyo popular considerable, especialmente de movimientos sociales rurales y de la juventud, que rechazan la fatalidad neocolonial y reclaman soberanía nacional y popular.

No se trata de idealizar. Pero, en un mundo aún estructurado por profundas relaciones de dominación neocolonial, todo intento de liberación nacional merece ser examinado y acompañado, especialmente si está impulsado por las clases populares y los movimientos sociales de base. En este tipo de procesos, la única garantía real contra retrocesos es un diálogo pedagógico entre las fuerzas populares y el gobierno. El desafío permanente, para el CETIM, es seguir siendo una plataforma para la soberanía popular, arraigada en el apoyo de las masas y no aislada de ellas.

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Contexto:

A medida que el control corporativo y la concentración sobre los recursos naturales se expanden, muchos campesinxs, pueblos pescadores, pueblos indígenas, pastores, comunidades migrantes y trabajadorxs rurales enfrentan una creciente desposesión de sus territorios — tierra, agua, bosques y semillas —, lo que amenaza sus medios de vida, culturas y el derecho a la alimentación y a la soberanía alimentaria.

El Grupo de Trabajo de la ONU sobre la UNDROP está actualmente preparando su informe sobre los territorios de tierra y mar, examinando cómo las violaciones relacionadas con la tierra, el agua y los bosques afectan la dignidad, la estabilidad y los medios de vida de los campesinos y trabajadores rurales.

La Red Global por el Derecho a la Alimentación y la Nutrición y DefendingPeasantsRights.org le invitan a este diálogo con Carlos Duarte para intercambiar perspectivas con lxs titulares de derechos de la UNDROP y aportar contribuciones al próximo informe temático.

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Una nueva iniciativa de comunicación ha sido lanzada recientemente en Colombia con el objetivo de acercar el conocimiento académico al público en general. Se trata de una serie de podcasts impulsada por el Instituto de Estudios Interculturales y la especialización en Jurisdicción Agraria de la Universidad Javeriana de Cali, en alianza con el Observatorio de Tierras Rurales. La propuesta busca transformar investigaciones recientes en contenidos accesibles y atractivos, ampliando el alcance de debates clave sobre los derechos de los pueblos rurales.

Al aire desde hace aproximadamente un mes, el proyecto apuesta por un lenguaje claro y formatos multimedia para dialogar con organizaciones campesinas, trabajadores rurales, pueblos indígenas, pastores y pescadores. La iniciativa pública alrededor de dos contenidos mensuales, combinando audio y texto, lo que facilita el acceso a información especializada para públicos diversos.

Las temáticas abordadas parten del contexto colombiano, pero trascienden las fronteras nacionales. Los episodios incluyen reflexiones relevantes para América Latina y el Caribe, así como análisis de alcance global, como la concentración de la tierra y sus implicaciones sociales, económicas y políticas. De este modo, el podcast se consolida como un espacio de circulación de conocimiento crítico sobre problemáticas agrarias contemporáneas.

Lectores e interesados de distintas regiones están invitados a conocer y seguir esta iniciativa. Los episodios, disponibles en español e inglés, pueden escucharse en https://soundcloud.com/carlos-duarte-44 y https://www.observatoriodetierras.org/podcast/, mientras que las publicaciones escritas están disponibles en https://www.observatoriodetierras.org/publicaciones/. Se trata de una oportunidad valiosa para acceder a debates actuales en formatos más inclusivos y comprensibles.

Destacamos particularmente el último episodio lanzado sobre el estado de la discusión actual en torno a la gobernanza, el acceso y la desigualdad en el acceso a la tierra a nivel global, desagregado por regiones analíticas. Disponible en español e inglés.

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Los Pueblos Indígenas y los movimientos sociales reafirman su unidad y su apoyo a los organizadores de la CIRADR+20, pero rechazan la declaración de la conferencia en la ceremonia de clausura

Por La Via Campesina (28 Febrero 2026)

Comunicado del Comité Internacional de Planificación para la Soberanía Alimentaria (CIP)

CARTAGENA DE INDIAS, 28/02/2026 – En la sesión de clausura de la Conferencia Internacional sobre Reforma Agraria y Desarrollo Rural (CIRADR+20), los Pueblos Indígenas y los movimientos sociales, representados por el Comité Internacional de Planificación para la Soberanía Alimentaria (CIP)*, emitieron una contundente declaración política afirmando su “unidad irreductible” frente a los ataques continuos contra sus derechos.

Los movimientos expresaron su agradecimiento a los Gobiernos de Colombia y Brasil por volver a situar la reforma agraria en la agenda del diálogo político internacional y por incluir sus voces en el proceso de la conferencia. También destacaron la necesidad de que los gobiernos y los pueblos del Sur Global se mantengan unidos en defensa del derecho internacional y de los derechos humanos, señalando que Irán enfrenta actualmente lo que describen como otro ataque imperialista.

La declaración del CIP reafirmó que los derechos de los Pueblos Indígenas y de los campesinos están firmemente reconocidos en el derecho internacional, incluidos los instrumentos adoptados por la Asamblea General de las Naciones Unidas, como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (DNUDPI) y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales (UNDROP). El CIP rechazó cualquier intento de retroceder en estos derechos reconocidos.

Una preocupación central planteada fue la equiparación de los Pueblos Indígenas con el concepto vago de “comunidades locales”, repetido múltiples veces en la declaración de los gobiernos presentada al plenario. Si bien reconocieron la importancia de la Conferencia, los movimientos afirmaron que “no pueden aceptar la declaración” adoptada al concluir la misma. Se comprometieron a seguir participando en los procesos de seguimiento para garantizar que sus derechos sean respetados, protegidos y garantizados.

Las organizaciones de Pueblos Indígenas articuladas en CIP a través del Consejo Internacional de Tratados Indios (IITC) subrayaron que que los tres mecanismos de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas han distinguido claramente las características únicas, los orígenes y el estatus jurídico de los derechos de los Pueblos Indígenas, y advirtieron que agruparlos con comunidades indefinidas socava esas protecciones. Preocupaciones similares fueron expresadas por los pueblos pescadores, los pastores nómadas, los campesinos, los trabajadores rurales y las comunidades móviles y artesanales cuyos derechos territoriales y de movilidad deben ser reconocidos explícitamente.

La declaración llamó a una reforma agraria del siglo XXI que sea inclusiva de los Pueblos Indígenas, campesinos, pueblos pescadores, pastores, mujeres, jóvenes, personas con diversidad de género, comunidades afrodescendientes, agricultores familiares y trabajadores rurales. Subrayó que la reforma agraria debe ir más allá de la redistribución de la tierra para abarcar bosques, océanos, ríos, tierras de pastoreo y rutas migratorias. Redistribución, Reconocimiento, Restitución y Regulación deben conformar los ejes mutuamente reforzadores de una reforma agraria integral, atendiendo a las distintas realidades que existen en todo el mundo. La soberanía alimentaria y la agroecología, afirmaron, deben ser pilares centrales de esta transformación. La estrategia y los pasos concretos hacia una reforma agraria transformadora están expuestos en el documento de posición del CIP lanzado antes de la CIRADR+20.

La declaración concluyó con un llamado a todos los gobiernos a entablar un diálogo de buena fe sobre los derechos de los Pueblos Indígenas, los derechos de los pueblos pescadores y de los pastores nómadas, los derechos de las mujeres y la agroecología.

“La reforma agraria, la soberanía alimentaria y la justicia social, agraria y ambiental solo se lograrán a través de la lucha”, afirmó la declaración. “Estamos regresando a nuestros territorios para organizar a nuestros pueblos y defender el futuro de nuestras comunidades y de la Madre Tierra”.

* QUIÉNES SOMOS: El Comité Internacional de Planificación para la Soberanía Alimentaria

El Comité Internacional de Planificación para la Soberanía Alimentaria (CIP) es una plataforma mundial autónoma y autoorganizada de organizaciones de productores de alimentos a pequeña escala y trabajadores rurales, así como de movimientos sociales de base/comunitarios, cuyo objetivo es impulsar la agenda de la Soberanía Alimentaria a nivel mundial y regional. Más de 6000 organizaciones y 300 millones de productores de alimentos a pequeña escala se autoorganizan a través del CIP, compartiendo los principios y los 6 pilares de la Soberanía Alimentaria tal como se establecen en la Declaración de Nyeleni 2007 y su informe de síntesis.

El CIP facilita el diálogo y el debate entre actores de la sociedad civil, gobiernos y otros actores en el ámbito de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición, creando un espacio de discusión autónomo de partidos políticos, instituciones, gobiernos y el sector privado.

La legitimidad del CIP se basa en su capacidad de dar voz a las preocupaciones y luchas que una amplia variedad de organizaciones de la sociedad civil y movimientos sociales enfrentan en su práctica cotidiana de incidencia a nivel local, subnacional, regional y global.

Leer la Declaracion final del CIP

Leer el posicionamiento del CIP sobre la reforma agraria

Leer la nota informativa de la Via Campesina sobre la reforma agraria

Entrevista colaborativa sobre las conclusiones de la CIRADR+20 y del Foro de los Pueblos y de los Movimientos Sociales

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Introduzione

Nei campi aperti della Valle del Giordano e lungo i pendii rocciosi delle colline a sud di Hebron, i contadini palestinesi lottano per la loro esistenza. Qui l’agricoltura è un atto quotidiano di sopravvivenza all’interno di un sistema coloniale consolidato che utilizza leggi ad hoc, violenza e strangolamento economico per separare le persone dalla loro terra.

Da ottobre 2023, il saccheggio della Cisgiordania si è intensificato. In questo, nulla è arbitrario. Gli ordini di demolizione vengono eseguiti con precisione burocratica, la violenza dei coloni si espande con piena protezione militare; risorse vitali come acqua, pascoli e mobilità vengono tagliate ai palestinesi sotto il pretesto della “sovranità”. In una dichiarazione² rivelatrice e sfrontata, il ministro delle Finanze israeliano Bezalel Smotrich si è vantato del fatto che il 2024 abbia segnato un anno record nelle demolizioni di case e strutture palestinesi, celebrandolo come un successo nell’imposizione del controllo israeliano sull’Area C³. In un ambiente così apertamente ostile, la nozione di sviluppo diventa paradossale e perfino una stabilità minima appare irraggiungibile.

Questa violenza non è accidentale, è strutturale. I contadini palestinesi non vengono considerati individui che violano regolamenti, ma ostacoli geografici da rimuovere. In luoghi come Wadi al-Seeq e Khan al-Ahmar, comunità beduine e rurali affrontano attacchi sistematici: raccolti bruciati, pozzi avvelenati, bestiame rubato e movimenti impediti. Tutto ciò fa parte di una strategia calcolata, volta a creare condizioni di vita insostenibili che portano allo sfollamento di intere zone senza dover emettere un singolo ordine ufficiale di espulsione.

Sul piano economico, l’agricoltura viene soffocata. L’occupazione israeliana controlla l’85% delle risorse idriche della Cisgiordania, mentre ai palestinesi viene negato il permesso di conservare i pozzi o perforarne di nuovi. Secondo i dati della Banca Mondiale, la produttività agricola palestinese è diminuita di almeno il 35% negli ultimi sei mesi⁶. In netto contrasto, i vicini insediamenti agricoli israeliani prosperano grazie all’accesso illimitato all’acqua, alle infrastrutture e ai mercati internazionali, evidenziando la profonda disuguaglianza che si inscrive in questo territorio.

Considerare il contadino palestinese solo come un simbolo di resilienza o di nostalgia significa mancare il punto centrale della questione. Oggi il contadino è la prima linea di difesa della sovranità sulla terra, della giustizia ambientale e del diritto stesso alla vita. La lotta non è volta al singolo raccolto, ma alla salvaguardia della possibilità stessa di una presenza palestinese duratura sulla terra, oltre i ghetti urbani e le enclavi frammentate.

Questo articolo cerca di mettere in luce il sistema brutale di violenza che sta dietro queste violazioni e di amplificare le voci dei contadini – donne e uomini – che continuano a coltivare la loro terra in sfida, in memoria e con la ferma convinzione che la terra sopravviverà al regime che cerca di cancellarli.

Cancellare le comunità attraverso il furto della terra e l’espulsione

La politica decennale di confisca della terra e di sfollamento forzato portata avanti dalle forze di occupazione israeliana in Cisgiordania si è intensificata drammaticamente dal 7 ottobre 2023, trasformandosi in un’operazione su larga scala volta a ridisegnare la realtà demografica della regione. La strategia alla base di questo processo non è più limitata ad atti isolati di espropriazione: è diventata una campagna sistematica di cancellazione territoriale e ingegneria demografica, che colpisce le fondamenta stesse della vita contadina palestinese.

Secondo l’Ufficio delle Nazioni Unite per il Coordinamento degli Affari Umanitari (OCHA), Israele ha confiscato oltre 50.000 dunum⁵ di terra agricola palestinese nei mesi successivi a ottobre 2023, segnando la più grande ondata di confische in oltre due decenni. Questi accaparramenti di terra sono concentrati in regioni agricole cruciali, tra cui la parte settentrionale della Valle del Giordano, le colline a sud di Hebron e le fasce rurali che circondano Nablus e Salfit. Queste zone non sono scelte casualmente: rappresentano il cuore dell’agricoltura palestinese e gli ultimi spazi in cui persistono pratiche agricole tradizionali nonostante l’espansione coloniale e il controllo militare. Parallelamente, il ritmo degli sfollamenti forzati è aumentato. Più di 180 famiglie contadine sono state espulse dalle loro case, situate in Area C, dove Israele mantiene piena autorità civile e militare. Queste espulsioni sono spesso precedute da un duplice assalto: prima l’emissione di ordini di demolizione o sfratto attraverso quadri legali opachi; poi una raffica di violenze dei coloni. Queste violenze vanno dall’incendio dei raccolti e al furto di bestiame fino ad attacchi con munizioni vere e incendi delle abitazioni. Queste azioni vengono generalmente compiute con impunità e sotto lo sguardo e la protezione delle forze militari israeliane.

Villaggi come Al-Zubeidat ed Ein al-Hilweh nella Valle del Giordano e Masafer Yatta nelle colline a sud di Hebron hanno sopportato il peso maggiore di questa aggressione. In queste ed altre comunità rurali, milizie di coloni sostenute dalla polizia di frontiera e dotate di armi militari invadono regolarmente i terreni agricoli, intimidiscono i residenti e distruggono le loro proprietà. L’obiettivo è chiaro: rendere queste aree inabitabili per i palestinesi e costringerli a trasferirsi per aprire la strada a un’ulteriore espansione degli insediamenti. Amnesty International e B’Tselem hanno documentato decine di attacchi coordinati di questo tipo tra ottobre 2023 e marzo 2024.

L’espansione delle colonie è la spina dorsale di questa strategia. Dall’ottobre 2023 il governo israeliano ha avanzato piani per oltre 13.000 nuove unità abitative negli insediamenti in Cisgiordania, con un aumento del 40% rispetto agli anni precedenti. Questi progetti sono accompagnati dalla costruzione di nuove strade riservate ai coloni israeliani e dalla disposizione di posti di blocco militari che frammentano le terre palestinesi in una serie di enclavi scollegate tra loro. Attualmente, in molte zone, i palestinesi devono attraversare cancelli elettronici o ottenere permessi militari per accedere ai propri campi. L’effetto è uno strangolamento lento ma deliberato della vita rurale palestinese, in cui mobilità, coltivazione e coesione comunitaria vengono progressivamente minate.

Al di là dell’impatto materiale, queste azioni erodono il tessuto sociale delle comunità contadine. Quando la strada che connette un villaggio con il mercato viene interrotta, o quando un’incursione notturna dei coloni provoca la perdita di un’intera stagione di raccolto, il colpo non è solo economico ma anche psicologico. I contadini vengono spinti verso una scelta impossibile: sopportare una vita sotto minaccia costante, o abbandonare la terra che ha sostenuto le loro famiglie per generazioni. Con il crollo dei mezzi di sussistenza agricoli, le famiglie non hanno altra alternativa che cercare lavori precari negli insediamenti israeliani o migrare verso i centri urbani, rafforzando ulteriormente la dipendenza economica proprio da coloro che li stanno espropriando.

Questa campagna di espropriazione coincide con uno degli episodi più letali della storia palestinese contemporanea: il genocidio in corso a Gaza, dove più di 160.000 persone sono state uccise o ferite. Mentre l’attenzione globale è concentrata sulla guerra a Gaza, l’occupazione israeliana sta silenziosamente accelerando il proprio progetto di trasformazione demografica in Cisgiordania. Secondo un rapporto pubblicato su Blinx del 2025, l’anno in corso ha già stabilito un record per le demolizioni di abitazioni in Cisgiordania: una testimonianza impressionante del tentativo di Israele di cancellare intere comunità palestinesi sotto gli occhi della comunità internazionale.

In sintesi, la confisca delle terre e lo sfollamento forzato in Cisgiordania sono strumenti di ingegneria etnica. Queste politiche sono progettate per creare realtà di fatto irreversibili, frammentare la geografia e distruggere la possibilità di uno Stato palestinese vitale e contiguo. Nella loro essenza più profonda, rappresentano un attacco all’esistenza stessa, trasformando ogni contadino palestinese in un difensore in prima linea dell’identità, della dignità e della sopravvivenza.

Escalation degli attacchi dei coloni

Negli ultimi mesi la violenza dei coloni in Cisgiordania ha subito una trasformazione pericolosa. Non si tratta più di attacchi isolati, ma di una campagna organizzata e sostenuta di pulizia etnica che prende deliberatamente di mira i contadini palestinesi e le loro comunità. Gruppi di coloni armati, che operano con crescente coordinazione e impunità, spesso sotto lo sguardo o la protezione delle forze militari israeliane, sono ormai centrali in una più ampia strategia volta a svuotare la Palestina rurale dalla sua popolazione indigena e a rafforzare il controllo coloniale sul territorio. Secondo Amnesty International (2024), nei quattro mesi successivi allo scoppio della guerra genocidaria a Gaza sono stati documentati oltre 410 attacchi contro contadini palestinesi, con un aumento del 75% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Queste aggressioni sono metodiche, coordinate e perseguono un obiettivo chiaro: recidere il rapporto tra i palestinesi e la loro terra.

Le tattiche utilizzate sono violente e hanno anche una forte valenza simbolica. Nelle aree di Ramallah e Nablus, in villaggi come Turmus Ayya, Al-Mughayyir e Madama, i coloni hanno distrutto oltre 6.200 alberi di ulivo, molti dei quali secolari. L’ulivo, simbolo di radicamento e sopravvivenza economica palestinese, viene così divelto dall’identità culturale ed economica del popolo. Human Rights Watch (2024) ha riportato 45 attacchi incendiari contro abitazioni, strutture di stoccaggio e silos per il grano in villaggi vicini agli insediamenti, compiuti dopo incursioni coordinate di coloni sotto la protezione dell’esercito israeliano. Ai vigili del fuoco palestinesi è stato spesso impedito di accedere alle aree, permettendo alle fiamme di distruggere infrastrutture essenziali e beni legati all’allevamento.

Forse lo sviluppo più allarmante è l’aumento delle aggressioni fisiche dirette. B’Tselem (2024) ha documentato 380 episodi violenti, tra cui pestaggi, uso di armi da fuoco e l’espulsione forzata di famiglie mentre lavoravano le proprie terre. Almeno 10 agricoltori sono stati uccisi e decine hanno riportato gravi ferite, con molti rimasti permanentemente disabili e impossibilitati a tornare al lavoro agricolo.

Queste azioni fanno parte di una politica sistemica più ampia. In pochi mesi i coloni hanno preso il controllo di 270 appezzamenti agricoli palestinesi e oltre l’85% delle denunce presentate dai palestinesi per violenze dei coloni è stato archiviato senza indagine, segnalando una complicità ufficiale nel processo di pulizia etnica. Una delle caratteristiche più allarmanti dell’attuale violenza dei coloni è il coordinamento diretto e visibile tra coloni armati e la “polizia di frontiera” israeliana. In zone come Masafer Yatta, Qusra e Al-Zubeidat, i coloni arrivano spesso in convogli organizzati, molti dei quali visibilmente armati di fucili automatici, mentre l’esercito israeliano rimane a guardare o assiste attivamente limitando i movimenti dei palestinesi, emettendo ordini arbitrari di evacuazione o chiudendo le strade di accesso. Questo paesaggio militarizzato ha spinto intere comunità agricole sull’orlo del collasso. Dall’ottobre 2023, più di 180 famiglie palestinesi sono state sfollate con la forza a causa di una combinazione di attacchi dei coloni e isolamento imposto militarmente. Questa forma di violenza coloniale dei coloni deve essere riconosciuta per ciò che è: una campagna sostenuta dallo Stato per smantellare l’economia rurale palestinese, fratturare la coesione delle comunità e trasformare forzatamente produttori agricoli indipendenti in una forza lavoro dipendente dai mercati e dai salari israeliani.La violenza in corso sta soffocando il sistema agricolo palestinese, minandone la sostenibilità attraverso la diffusione della paura, il sabotaggio delle infrastrutture essenziali e la negazione dell’accesso degli agricoltori alla terra e all’acqua. Si tratta di una strategia deliberata di cancellazione graduale e sistematica.

La comunità internazionale, pur concentrata sulla catastrofica situazione genocidaria in corso a Gaza, non deve trascurare questo processo parallelo in Cisgiordania: un processo che utilizza gli strumenti dell’espansione coloniale, dell’imposizione dell’apartheid e del terrore dei coloni per sradicare i palestinesi dalla loro terra, negare loro il diritto al cibo e distruggere le fondamenta della loro esistenza rurale.

Questa forma di violenza coloniale deve essere riconosciuta per ciò che è: una campagna sostenuta dallo Stato per smantellare l’economia rurale palestinese, fratturare la coesione delle comunità e trasformare forzatamente produttori agricoli indipendenti in una forza lavoro dipendente dai mercati e dai salari israeliani.

Strumentalizzazione della politica dell’acqua e la frammentazione dell’agricoltura palestinese

In Cisgiordania la scarsità d’acqua è il risultato diretto di una politica israeliana di controllo delle risorse vitali e di indebolimento della resilienza agricola palestinese. Dal 7 ottobre 2023, le autorità israeliane hanno intensificato le restrizioni all’accesso all’acqua, aggravando un sistema decennale di controllo idro-politico progettato per erodere l’autosufficienza palestinese e consolidare l’espansione coloniale d’insediamento.

Secondo Amnesty International (2024), Israele controlla oltre l’85% delle risorse idriche della Cisgiordania e nega sistematicamente ai palestinesi i permessi di conservare i pozzi o perforarne di nuovi. Dall’inizio della guerra più di 240 pozzi agricoli sono stati distrutti o sigillati dalle forze israeliane – un aumento del 20% rispetto all’anno precedente (OCHA, 2024). Questi pozzi, particolarmente concentrati nella Valle del Giordano e nelle colline a sud di Hebron, erano essenziali per l’irrigazione dei terreni agricoli. La loro perdita ha contribuito a un calo del 32% delle terre irrigate e al quasi collasso della produzione di ortaggi e agrumi in ampie parti della Cisgiordania (FAO, 2024).

La scarsità d’acqua è ulteriormente aggravata dall’aumento vertiginoso dei sui costi: il prezzo dell’acqua trasportata è aumentato del 65% dalla fine del 2023, rendendo l’irrigazione inaccessibile per la maggior parte dei contadini. In aree come Salfit, Tubas e Qalqilya, molte famiglie sono state obbligate ad adottare tipi di colture più resistenti alla siccità o abbandonare completamente l’attività agricola, causando perdita di reddito e disoccupazione diffusa.

Le forze israeliane hanno inoltre preso di mira le infrastrutture idriche di base. B’Tselem (2024) riporta numerosi casi in cui i militari hanno confiscato serbatoi d’acqua utilizzati per l’irrigazione, soprattutto in comunità agricole remote che non hanno accesso alla rete idrica. Parallelamente, oltre 75 sorgenti naturali, un tempo vitali per i pastori palestinesi, sono state sequestrate o trasformate in parchi e siti ricreativi ad uso esclusivo dei coloni, limitando ulteriormente l’accesso comunitario a fonti d’acqua essenziali.

Le conseguenze economiche sono gravi. La Banca Mondiale (2024) rileva che l’inflazione alimentare in Cisgiordania ha superato il 41%, come risultato diretto dell’interruzione della produzione e della riduzione dell’offerta locale. Questa crisi colpisce in modo sproporzionato le famiglie rurali e a basso reddito, che si trovano ormai ad affrontare un doppio fardello : la diminuzione dei ricavi agricoli e l’aumento insostenibile dei prezzi dei beni alimentari di base. Allo stesso tempo, il collasso dei sistemi alimentari locali ha rafforzato la dipendenza palestinese dai mercati israeliani e dagli aiuti internazionali.

A Gaza, la situazione è ancora più catastrofica. Il blocco e la guerra in corso hanno paralizzato l’intera infrastruttura idrica. Oltre il 70% delle serre e dei sistemi di irrigazione è stato distrutto e il 98,1% delle famiglie prive di accesso all’acqua dichiara di aver cessato completamente le attività agricole (FSALWG, 2025). L’accesso all’acqua potabile è diventato quasi impossibile, con rischi crescenti di contaminazione mentre l’ingresso di forniture essenziali per la purificazione dell’acqua rimane bloccato.

Queste dinamiche non sono casuali: rappresentano una strategia deliberata di destabilizzazione agricola. Interrompendo l’accesso all’acqua, limitando la riparazione delle infrastrutture e favorendo l’accesso dei coloni, Israele sta implementando un sistema strutturale di apartheid idrico, in violazione del diritto internazionale. Nel contesto palestinese, l’acqua è un’arma politica. La politica idrica delle forze di occupazione è diventata un meccanismo centrale per sradicare la vita rurale palestinese, smantellare le basi della sovranità alimentare e approfondire la dipendenza economica e territoriale. La lotta per l’acqua è dunque inseparabile dalla più ampia lotta per la terra, la dignità e l’autodeterminazione.

L’articolo 11 del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali (ICESCR) sancisce il diritto a un’alimentazione adeguata e alla libertà dalla fame, mentre il Commento generale n. 15 riconosce esplicitamente l’accesso all’acqua come fondamentale per la dignità umana e la salute. La negazione sistematica dell’acqua ai palestinesi, inclusa la distruzione dei pozzi e i regimi discriminatori di autorizzazione, costituisce una chiara violazione di questi obblighi.

La sovranità alimentare, una pratica che sfida la cancellazione strutturale

Oggi i contadini palestinesi coltivano in condizioni che vanno ben oltre la semplice difficoltà. I loro campi sono circondati da insediamenti, sorvegliati da presidi militari e costantemente minacciati da ordini di demolizione o sequestro. In questo contesto l’agricoltura non è più solo un mezzo di sostentamento: è divenuta un atto politico. Ogni appezzamento di terra coltivato, ogni raccolto strappato a un suolo minacciato, è una testimonianza di perseveranza e di un rifiuto di scomparire. Di fronte all’isolamento, alla distruzione e all’esclusione, i contadini insistono nel rimanere, nel seminare, nel prendersi cura della terra e nel rinnovare il loro legame con essa come parte della più ampia lotta palestinese per la libertà e l’autodeterminazione.

Questa resistenza quotidiana si estende oltre le restrizioni militari, includendo il diniego di accesso, la distruzione delle infrastrutture, la confisca degli strumenti e l’ostruzione dei mercati. Secondo l’Istituto di Studi per il Medio Oriente (IMES, 2024), oltre il 70% degli agricoltori nell’Area C ha dichiarato di aver affrontato ostacoli diretti o attacchi che hanno interrotto o danneggiato il loro lavoro nell’ultimo anno.

In risposta all’intensificarsi delle pressioni e alla deprivazione sistemica, molte comunità agricole palestinesi stanno recuperando conoscenze agricole tradizionali. Un elemento centrale di questo processo è la banca dei semi creata dall’Unione dei Comitati di Lavoro Agricolo (Union of Agricultural Work Committees) che conserva e distribuisce varietà locali resistenti alla siccità. Questi semi, salvati, scambiati e coltivati al di fuori del controllo israeliano e delle multinazionali, sono diventati simboli viventi di sovranità alimentare e di resistenza, consentendo agli agricoltori palestinesi di riappropriarsi del controllo su cosa coltivano e su come lo coltivano. In questo modo, resistono alla dipendenza imposta da sistemi di input esterni e affermano un futuro agricolo guidato a livello locale, fondato su resilienza, memoria e autonomia.

Parallelamente a questi sforzi, gli agricoltori stanno recuperando pratiche come la raccolta dell’acqua piovana, l’agricoltura secca, la costruzione di terrazzamenti in pietra e metodi agroecologici a basso costo. Si tratta di risposte strategiche e rigenerative alle restrizioni israeliane sull’acqua. Secondo l’International Institute for Environment and Development (IIED, 2024), il 44% degli agricoltori palestinesi nelle aree soggette a restrizioni o chiusure ha adottato almeno una tecnica tradizionale nell’ultimo anno, non solo per sopravvivere, ma per continuare a coltivare sotto assedio.

Nel contesto palestinese la sovranità alimentare non è uno slogan. È una pratica quotidiana che sfida sistemi di espulsione e cancellazione, riconnette le comunità alla propria terra e ridefinisce la sopravvivenza non nonostante l’occupazione, ma come forma di resistenza ad essa.

L’agricoltura, come prima linea nella lotta per la liberazione

In Palestina l’agricoltura non si svolge in condizioni normali. Avviene sotto assedio, all’ombra dei bulldozer e sotto la minaccia quotidiana di essere rimossi dalla propria terra. Ciò che si sta svolgendo nelle comunità rurali è uno sforzo calcolato per separare le persone dalla loro terra, svuotare le campagne dei loro abitanti e spezzare la volontà collettiva attraverso strumenti coordinati di confisca, incendi, blocchi e fame.

Eppure la terra continua a essere coltivata come atto di determinazione. Chi semina oggi non insegue semplicemente un raccolto: si aggrappa ad una genealogia, affermando con il proprio lavoro che la terra non si misura in ettari ma in dignità, memoria e vita. Ogni stagione lavorata da mani palestinesi scrive una nuova riga nella storia ininterrotta della resistenza.

In questo contesto, l’Unione dei Comitati di Lavoro Agricolo (Union of Agricultural Work Committees) sta costruendo una realtà diversa. Attraverso il suo lavoro difende le risorse, recupera la terra, rafforza la sovranità alimentare e ricompone la vita agricola all’interno di un quadro di resistenza e sopravvivenza. Che si tratti della conservazione dei semi autoctoni, del sostegno alla produzione agroecologica o della creazione di cooperative guidate dagli agricoltori, l’UAWC aiuta le comunità a resistere con struttura, forza e finalità.

Fare agricoltura in Palestina è una scelta deliberata e quotidiana di rimanere radicati. Ogni atto di coltivazione sotto occupazione afferma che la terra non sarà abbandonata, anche quando viene recintata, bombardata o confiscata. In questa lotta, l’agricoltura diventa più di una produzione alimentare: diventa politica, protezione e una via da seguire.

I palestinesi stanno piantando il loro futuro, mantenendo la loro posizione e sfidando il mondo a riconoscere cosa significhi davvero una resistenza radicata nella terra. E in questo c’è un appello non solo alla solidarietà, ma a un impegno condiviso.

Postscriptum: situazione in Palestina occupata un anno dopo – 17 aprile 2026

Un anno dopo la pubblicazione di quest’articolo, la situazione in Palestina occupata rimane critica.

A Gaza, Israele ha violato numerose volte il cessate il fuoco entrato in vigore il 10 ottobre 2025, causando, secondo i dati riportati dall’OCHA altri 689morti e 1.860 feriti.

In Cisgiordania, il genocidio prende altre forme, più ‘lente’ (come alcuni Palestinesi le hanno definite), ma comunque efficaci nel portare avanti il progetto coloniale di rimozione forzata dei palestinesi dalla terra e di controllo di territorio.

L’ OCHAriporta che in questi primi mesi del 2026, il numero di sfollati in Cisgiordania è già superiore a quello registrato in tutto il 2025. Questo dato va letto in relazione all’aumento degli attacchi da parte dei coloni, spesso perpetrati con la protezione dell’esercito di occupazione israeliano. E’stato calcolato che nel 2025 siano stati compiuti 23.827 attacchi contro palestinesi, di cui 5.770 contro proprietà – inclusi incendi di case, strutture, veicoli, e furto – 1.393 contro terre e risorse naturali; e 16.664 contro individui, alcuni dei quali con conseguenze mortali. Questi attacchi hanno inoltre causato la distruzione di oltre 35.273 alberi, tra cui circa 26.988 ulivi. Dall’inizio del 2026, altri 4000 attacchi contro i cittadini palestinesi e le loro proprietà sono già stati registrati.

Inoltre, ai palestinesi viene negato l’accesso a decine di migliaia di dunum di terre agricole e a centinaia di migliaia di dunum di pascoli, con conseguenze allarmanti per la sovranità alimentare palestinese. A tal riguardo, è importante segnalare che nell’agosto 2025, Israele ha distrutto l’unità di moltiplicazione della banca dei semi dell’Unione dei Comitati di Lavoro Agricolo ad Hebron che ospitava circa 70 varietà di semi autoctoni palestinesi.

Mentre gli attacchi al mondo contadino continuano, 54 nuove colonie sono state approvate dal governo Israeliano nel 2025 e 86 avamposti stabiliti su terre palestinesi.

In questo contesto, celebriamo oggi e ogni giorno la lotta del popolo palestinese per la propria terra, riaffermando la necessità di sostenere questa lotta attraverso azioni concrete e continuative per porre fine al genocidio e a decenni di colonialismo di popolamento perpetrati con il supporto europeo e statunitense.

1. Il testo originale è in inglese e quindi non presenta distinzione di genere nelle desinenze. Ciononostante, il testo parla anche del lavoro spesso invisibilizzato delle contadine palestinesi.
   [1]  Dichiarazione fatta il 1° aprile 2025. ︎
2. Dichiarazione fatta il 1° aprile 2025. ︎
3. Con gli Accordi di Oslo, la Cisgiordania è stata divisa in Area A, B e C. L’area C, tutt’ora sotto il controllo diretto di Israele, corrisponde a circa il 67% della Cisgiordania e include la maggior parte delle terre agricole e dei pascoli, dove la violenza dei coloni è particolarmente intensa. ︎
4. L’autore fa riferimento all’ultimo trimestre del 2024, ed il primo del 2025. ︎
5. Ovvero 5.000 ettari (1 ettaro corrisponde a 10 dunum), equivalenti a circa 7.000 campi da calcio. ︎

La entrada Coltivare nei luoghi da cui il mondo distoglie lo sguardo se publicó primero en Defending Peasants' Rights.

Celebrado en el contexto del más reciente informe del Grupo de Trabajo de la ONU, centrado específicamente en el derecho a la participación de los pueblos rurales, el debate exploró cómo este derecho —lejos de ser una formalidad procedimental— constituye una piedra angular de la gobernanza democrática y un pilar central de los derechos civiles y políticos de los pueblos rurales. El webinario creó un espacio de intercambio entre actores de base y mecanismos internacionales de derechos humanos, fortaleciendo los puentes entre las luchas locales y la incidencia a nivel global.

El webinario situó en el centro del debate las conclusiones del informe del Grupo de Trabajo de la ONU, examinando:

• La importancia democrática y política de la participación en el marco de la UNDROP
• Los obstáculos que impiden a las comunidades rurales influir en la toma de decisiones públicas
• Las recomendaciones del Grupo de Trabajo a los Estados
• Estrategias prácticas y buenas prácticas que fortalecen una participación significativa
• El papel de la incidencia colectiva y la solidaridad en el avance de la implementación

Panelistas:

• Carlos Duarte, actual Presidente del Grupo de Trabajo de la ONU sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales
• Loupa Pius, Alianza Mundial de Pueblos Indígenas Móviles (WAMIP)
• Modesta Arévalos Ortiz, Federación Internacional de Movimientos Católicos de Adultos Rurales (FIMARC)
• Jones Spartegus, Foro Mundial de Pescadores y Trabajadores de la Pesca (WFFP)
• Norah Mlondobozi, Asamblea de Mujeres Rurales (RWA)
• Saúl Vicente, Unidad de la Fuerza Indígena y Campesina (UFIC – México)
• Paula Gioia, La Vía Campesina (LVC)

A través de sus intervenciones, las y los panelistas compartieron experiencias regionales, perspectivas comunitarias y estrategias de los movimientos para fortalecer la participación a nivel local, nacional e internacional.

Les invitamos a ver la grabación y a sumarse a este importante diálogo como parte del esfuerzo colectivo más amplio para garantizar que quienes alimentan al mundo y protegen sus ecosistemas estén plenamente incluidos en la definición de las políticas y decisiones que determinan su futuro.

Webinario celebrado el 10 de diciembre de 2025.

La entrada Video de nuestro webinario | Nada sobre nosotrxs sin nosotrxs – Hacer efectivo el derecho a la participación de los pueblos y personas trabajadoras rurales mediante la UNDROP se publicó primero en Defending Peasants' Rights.

En la víspera de la II Conferencia Intergubernamental histórica sobre reforma agraria y desarrollo rural,  cerca de 300  delegades que representan a campesinxs, Pueblos Indígenas, pescadores artesanales, pastoralistas y trabajadoras rurales—organizadxs a través del Comité Internacional de Planificación para la Soberanía Alimentaria (CIP)—han llegado a Cartagena para el ‘Foro de Pueblos y Movimientos Sociales: Unidxs por la Tierra, el Agua, los Territorios y la Dignidad’, que se llevará a cabo del 22 al 23 de febrero en el Hotel Almirante, Cartagena de Indias.

Este espacio autónomo sirve como un escenario crítico para que nuestros movimientos sociales globales unifiquen nuestra voz antes de que comience la II Conferencia Internacional sobre Reforma Agraria y Desarrollo Rural (CIRADR+20) el 24 de febrero, donde todos los miembros del IPC participarán activamente en las plenarias y paneles oficiales.

Dos décadas después de la primera Conferencia Internacional sobre Reforma Agraria y Desarrollo Rural (CIRADR+20), las crisis en torno a la tierra, el agua, los bosques y los océanos se están intensificando, ya que los recursos se concentran, mercantilizan y deterioran cada vez más.

La primera CIRADR, celebrada en Porto Alegre, Brasil, en 2006 con la participación de estados de todos los continentes, subrayó la importancia de las reformas agrarias redistributivas. También fue un hito en la historiade las Naciones Unidas, ya que puso en marcha un proceso democrático que permitió una participación fuerte y autogestionada de organizaciones que representan a campesinxs, personas sin tierras, Pueblos Indígenas, pescadores y trabajadores de la pesca, pastoralistas, trabajadoras y otras comunidades rurales.

Veinte años después, CIRADR+20 ofrece una oportunidad histórica para reafirmar la importancia de la reforma agraria y el desarrollo rural, hacer un balance de ejemplos transformadores de reforma agraria, actualizar el significado de la reforma agraria y forjar una visión compartida para una transformación popular, feminista, decolonial y eco-social. Demandamos a los estados y a las instituciones internacionales no otra ronda de compromisos voluntarios, sino compromisos reales y acciones concretas, vinculantes y medibles para un cambio estructural.

Desde 2006, hemos llevado a cabo campañas exitosas por marcos normativos globales significativos, incluyendo las Directrices sobre Tenencia (2012), la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (UNDRIP, 2007) y la Declaración de la ONU sobre Derechos Campesinos (UNDROP, 2018).

Estos instrumentos internacionales de derechos humanos afirman que los estados tienen el deber de garantizar el acceso equitativo y el control sobre la tierra, la pesca, los bosques y el agua como parte de la realización de sus derechos a la alimentación, agua, vivienda, trabajo, salud y un nivel de vida adecuado.

Sin embargo, la implementación de políticas, programas y mecanismos que aseguren los derechos de los pueblos rurales y fortalezcan el desarrollo rural sigue siendo profundamente inadecuada.

Los estados, las instituciones de la ONU y las organizaciones de las personas deben evaluar colectivamente lo que se ha hecho y lo que no se ha hecho. Renovar la voluntad política para aplicar estos instrumentos existentes y enfrentar las barreras sistémicas que bloquean su realización. Traducir las obligaciones y compromisos de los estados, así como los principios de derechos humanos, en políticas públicas redistributivas que pongan los territorios bajo el control de quienes alimentan, protegen y cuidan al mundo.

En el centro de las demandas de nuestros movimientos está una comprensión holística de los territorios.

A diferencia de la visión estrecha y tecnocrática de la tierra como un «factor de producción,» el IPC ve los territorios como espacios vivos que encarnan la base espiritual, cultural y material de la soberanía de un pueblo. Defender el territorio es defender los ciclos de cuidado y renovación que sostienen al planeta.

Nuestra visión colectiva de una «Reforma Agraria Integral y Feminista» se basa en el marco de las 4Rs:

• Reconocimiento: Respetar y proteger los sistemas de tenencia colectiva y consuetudinaria, particularmente para Pueblos Indígenas y comunidades marginadas.
• Redistribución: Asegurar la transferencia equitativa de tierras, poder y riqueza a campesinxs sin tierra, mujeres y jóvenes, estableciendo límites a la propiedad de tierras corporativas.
• Restitución y Reparación: Devolver el control a quienes han sido despojadxs por la colonización, los conflictos y los desalojos forzados, incluyendo la liquidación de deudas históricas a naciones indígenas.
• Regulación: Implementar regulaciones estrictas de interés público para limitar la influencia de las fuerzas del mercado y la especulación financiera sobre los bienes naturales.

En este sentido, nuestras demandas principales y propuestas hacia CIRADR+20 son las siguientes:

• Reconocer las Causas Raíz: Los estados deben realizar una evaluación honesta de los factores estructurales que impulsan la crisis actual, incluyendo los fracasos de las reformas basadas en el mercado y el impacto de la militarización y la ocupación.
• Comprometerse a la Transformación Estructural: Rechazar la mercantilización de la naturaleza y avanzar hacia políticas públicas que transfieran el poder de las corporaciones a las personas, prestando especial atención a mujeres, jóvenes y pueblos diversos en género y sexualidad.
• Implementación de Políticas Nacionales: Desarrollar planes de reforma agraria integral y sensibles al género que prioricen los derechos de mujeres, jóvenes y trabajadores sin tierra, especialmente de castas y grupos históricamente oprimidos.
• Responsabilidad Corporativa y Justicia Financiera: Poner fin a las apropiaciones de recursos por parte de corporaciones y «desfinanciar» la tierra y el agua, sacándolas de la lógica de los mercados especulativos.
• Mecanismos de Monitoreo Fuertes: Fortalecer el papel del CFS en el monitoreo de la implementación de las Directrices sobre Tenencia y los resultados y compromisos de CIRADR+20. Los resultados de CIRADR+20 deben informarse a todas las instituciones relevantes de la ONU, incluyendo el Sistema de Derechos Humanos de la ONU, las Convenciones de Río (CDB, UNFCCC y UNCCD), UNCTAD, IFAD, UNDP, etc. Establecer observatorios internacionales, nacionales y regionales para monitorear el progreso y reformar el Observatorio Global de Tierras de la FAO en una plataforma participativa para datos liderados por la comunidad.

Nuestro documento de posición captura estas demandas en toda su complejidad y detalle (English, Español, Français)

La lucha por la reforma agraria hoy es inseparable de la lucha contra el colapso ecológico y la expansión imperialista. En Cartagena, los movimientos sociales del mundo se mantienen firmes:

¡Control popular sobre la tierra, el agua y los territories YA!

¡Reforma Agraria Popular Ya!

Declaración final del Foro de Pueblos y Movimientos Sociales: Unidxs por la Tierra, el Agua, los Territorios y la Dignidad :

La entrada CIRADR+20 debe ir más allá de soluciones tecnocráticas para implementar una reforma agraria real e integral: Movimientos Sociales Globales en Cartagena se publicó primero en Defending Peasants' Rights.

En un escenario regional atravesado por una crisis multidimensional —marcada por el avance del agronegocio, la criminalización de las luchas populares y el debilitamiento de los derechos colectivos— el campesinado continúa siendo uno de los sujetos más vulnerados y, al mismo tiempo, uno de los más estratégicos para la soberanía alimentaria, la defensa de los territorios y la justicia social. En este contexto, la implementación efectiva de la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales (UNDROP) se vuelve una tarea urgente y profundamente política.

Con el objetivo de fortalecer este proceso, la CLOC–Vía Campesina ha impulsado la creación de un Observatorio de derechos campesinos, una iniciativa pensada como herramienta de articulación, monitoreo, visibilización y apoyo a las luchas rurales en América Latina y el Caribe.

En esta entrevista, Diego Monton, dirigente y referente del Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI)-Somos Tierra de Argentina y de la CLOC–Vía Campesina, profundiza en los objetivos, alcances y desafíos de este nuevo instrumento colectivo, así como en su potencial para respaldar las luchas campesinas, incidir en las políticas públicas y fortalecer la organización popular.

¿Cuáles son los objetivos centrales de este nuevo Observatorio? ¿Y cómo esperan pueda fortalecer las luchas populares en las zonas rurales e influir en las políticas públicas en materia de derechos campesinos en América Latina y el Caribe?

El Observatorio es una iniciativa que pretende ser un instrumento fundamentalmente de la CLOC y de La Via Campesina en América Latina, pero también de otras organizaciones aliadas. Además, queremos que sea también un insumo para el propio Grupo de trabajo de expertos de la ONU sobre UNDROP, en tanto ponga a disposición información relevante de lo que va corriendo en cada uno de los países.

El objetivo central es por ende, por un lado, visibilizar las situaciones de vulneración de derechos campesinos en los países y en la región, pero también hacer hincapié en las experiencias positivas, en dos niveles. Por un lado, en torno a legislaciones y políticas públicas que se basan en la UNDROP y van convirtiendo los derechos planteados en acciones concretas de los Estados. Por otro lado, visibilizando las iniciativas propias de las organizaciones rurales, como acciones concretas y que permiten garantizar derechos al campesinado.

El Observatorio, además, quiere ofrecer una herramienta de consulta para las organizaciones: un espacio en el que se pongan a disposición, desde la perspectiva de la propia Declaración, diversos estudios e informes. Queremos producir información y proporcionar análisis y conocimientos que sean de rápido acceso y que sirvan como base para la formulación de políticas públicas y legislaciones. A través de la construcción de nexos entre las organizaciones, el colectivo de derechos campesinos de la CLOC y el propio Grupo de expertos de la ONU, el Observatorio servirá a dar un seguimiento sistematizado del proceso de promoción e implementación de la UNDROP.

En un contexto de crisis multidimensional sistémica, marcada por una ofensiva frontal de las élites dominantes que copan con el auge del neofascismo, la situación en las zonas rurales es de más en más conflictiva: ¿cómo contribuirá el Observatorio a visibilizar y defender los derechos campesinos frente a prácticas depredadoras del agronegocio (acaparamiento de tierras, los transgénicos o la criminalización de protestas)?

El Observatorio tiene que poder dialogar con las luchas campesinas y contribuir a fortalecerlas. De hecho, en estos contextos de crisis, la estrategia de algunos Estados o del propio capital financiero del agronegocio es estigmatizar la vida y el trabajo campesino.

La UNDROP permite legitimar el papel del campesinado, no sólo consagrando sus derechos, sino reconociendo el papel que cumple en favor de la soberanía alimentaria, contra el cambio climático y el fenómeno de la migración.

Más derechos campesinos significa también más derechos para las y los trabajadores de todos los países y nos proponemos contribuir desde la comunicación y el acceso a información, de manera a fortalecer los espacios de negociación de las organizaciones. Estamos convencidos de que el principal instrumento que tiene el campesinado en América Latina es la movilización, la lucha y la organización activa. El Observatorio pretende justamente acompañar esos procesos, pero también acompañar a aquellas instituciones públicas que tienen buenas intenciones y que van a poder encontrar, además de información específica, experiencias concretas sobre las cuales poder crear o desarrollar nuevas iniciativas.

Además, vamos a tener círculos académicos aportando y nutriéndose del Observatorio. Y como dije antes, el propio Grupo de trabajo de expertos de la ONU sobre la UNDROP se ha comprometido a contribuir con informes y artículos para el Observatorio, y a utilizar sus informes para alimentar la incidencia a nivel internacional.

¿Qué estructura y cuáles herramientas y metodologías presenta el Observatorio para monitorear y documentar? Y también, ¿qué tipo de datos o indicadores considerarán clave para su evaluación?

Bueno, en esta primera etapa la estructura es muy sencilla, con un staff reducido en términos de la coordinación del Observatorio y algunas personas sistematizadoras. Se está trabajando en articulación con la CLOC, en función de distintas experiencias de investigación participativa, en articulación con la Alianza Biodiversidad, organizaciones de derechos humanos de la región y otras redes.

La apuesta es que sea un trabajo en red cooperativa que permita sumar esfuerzos y visibilizar muchas cosas que se están haciendo y publicando en varios espacios.

Hay agencias de noticias de la situación en el campo en distintos países que van haciendo sus trabajos y apuntamos a poder sistematizar y centralizar, de una manera complementaria, todo ese trabajo que se viene haciendo en paralelo.

También estamos trabajando para fortalecer la parte financiera del Observatorio, de manera a poder establecer un grupo de investigación propio que permita identificar las principales experiencias de las cuales nos vamos nutriendo, para poder profundizar el nivel de investigación y contar después con un buen manual de políticas públicas asociadas a la UNDROP. Esto tiene que permitir que cada vez que hayan avances en términos institucionales, se puedan obtener rápidamente ideas y protocolos de acción para avanzar en una implementación institucional de la UNDROP, como así también para el trabajo parlamentario en todos aquellos países que todavía necesitan profundizar y adaptar su legislación a la misma.

¿De qué manera las organizaciones rurales y sus aliados — como el sitio web Defendiendo los Derechos Campesinos — pueden colaborar con este nuevo observatorio?

Hay una dirección de correo electrónico, observatorioderechoscampesinos@gmail.com, en la cual se puede entrar en contacto con la coordinación del observatorio y enviar informes, artículos y propuestas.

Además de eso, en América Latina, dentro del colectivo de derechos campesinos, se ha ido construyendo una red para que los agregados de los países estén trabajando en poner el Observatorio en línea. O sea que la propia orgánica de la CLOC también es un mecanismo.

Esperamos también que podamos construir una colaboración fructuosa con el sitio web Defendiendo los Derechos Campesinos, para reforzarse mutuamente y avanzar hacia la realización de los derechos fundamentales de los pueblos del campo.

La entrada El Observatorio de derechos campesinos: una herramienta clave para la implementación de la UNDROP en América Latina se publicó primero en Defending Peasants' Rights.