Este artículo fue publicado originalmente en la revista Lendemains Solidaires, disponible en francés aquí.

La soberanía alimentaria se define como el derecho de los pueblos a una alimentación sana y culturalmente apropiada, producida mediante métodos ecológicamente sostenibles, así como el derecho de los pueblos a definir su propio sistema alimentario y agrícola. La Vía Campesina (LVC) insiste en que los modos de producción agroecológicos diversificados, impulsados por el campesinado y basados en experiencias milenarias y conocimientos tradicionales, son esenciales para garantizar a todas y todos una alimentación sana, asegurando al mismo tiempo la armonía con los ecosistemas naturales. Este paradigma sitúa las aspiraciones y necesidades de quienes producen, distribuyen y consumen los alimentos en el centro de los sistemas y políticas alimentarias, en lugar de las exigencias de los mercados y del agronegocio. Se trata de un marco que defiende fundamentalmente los intereses de las futuras generaciones.

Contexto

La historia y el surgimiento del concepto de soberanía alimentaria, proclamado por La Vía Campesina en 1996, están vinculados al fracaso de la implementación del concepto de seguridad alimentaria promovido por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Este nuevo concepto buscaba responder a los desafíos del hambre y la malnutrición, que afectaban y siguen afectando particularmente, de manera paradójica, a las zonas rurales.

Durante la Cumbre Mundial sobre la Alimentación de 1996, La Vía Campesina acuñó el término soberanía alimentaria afirmando la centralidad de las y los pequeños productores de alimentos, la sabiduría acumulada por generaciones, la autonomía y la diversidad de las comunidades rurales y urbanas, así como la solidaridad entre los pueblos, como elementos esenciales para elaborar políticas alimentarias y agrícolas.

Debemos recordar que la única manera de hacer oír la voz de la campesinado es a través de la unión y construcción de amplias alianzas, más allá de todas las fronteras. Los movimientos sociales rurales y urbanos, los sindicatos, los actores de la sociedad civil, los gobiernos progresistas, las y los académicos y los científicos independientes deben unirse para defender esta visión común del futuro. Las mujeres rurales y las demás minorías de género oprimidas deben ocupar un lugar igualitario en las instancias de dirección de nuestro movimiento, en todos los niveles. Debemos sembrar las semillas de la solidaridad en nuestras comunidades y luchar contra todas las formas de discriminación que dividen a las sociedades rurales.

Con motivo de la conmemoración de los 25 años de La Vía Campesina, se afirmó que la soberanía alimentaria constituye un verdadero manifiesto para el futuro de nuestro planeta. Es una idea que une a la humanidad y nos pone al servicio de la Madre Tierra que nos alimenta.

"La soberanía alimentaria constituye un verdadero manifiesto para el futuro de nuestro planeta."

Vincular la soberanía alimentaria con el derecho al desarrollo

Vincular la soberanía alimentaria con el marco y el concepto del derecho al desarrollo es particularmente pertinente. En efecto, este último debe entenderse como el derecho de las poblaciones campesinas y rurales a concebir y construir sus propios modelos de desarrollo rural, en coherencia con los principios de la soberanía alimentaria.

El derecho al desarrollo se concibe como un proceso de empoderamiento que implica necesariamente la movilización social y la lucha. Se trata de un derecho programático que exige medidas estructurales y específicas por parte de las autoridades públicas en favor de las comunidades y de las trabajadoras y trabajadores rurales. El derecho al desarrollo es también un instrumento político y un marco jurídico para combatir las políticas perjudiciales de la globalización neoliberal que marginan al campesinado familiar.

La interrelación entre el derecho al desarrollo, la soberanía alimentaria y los derechos campesinos también se destaca durante las negociaciones del proyecto de Pacto sobre el Derecho al Desarrollo en el seno de la ONU[1]. Este proyecto busca reforzar jurídicamente y consolidar el marco del derecho al desarrollo, iniciado por la Declaración de las Naciones Unidas sobre el Derecho al Desarrollo (1986).

Así, el texto del proyecto de Pacto incluye una disposición específica que reconoce el derecho de las y los campesinos “a determinar y desarrollar prioridades y estrategias para ejercer su derecho al desarrollo”. Esta referencia explícita constituye un avance tanto jurídico como político. Refuerza la interpretación del derecho al desarrollo como un derecho colectivo perteneciente a los pueblos y comunidades, en particular a las poblaciones rurales históricamente excluidas de los procesos de toma de decisiones.

Al referirse explícitamente al campesinado y poblaciones rurales como actores clave del desarrollo, este futuro instrumento jurídico reforzará la centralidad de la autodeterminación en la definición de las prioridades agrícolas, económicas y territoriales. También consolidará la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales (UNDROP), la cual reconoce que las y los campesinos no deben ser simples beneficiarios de las políticas públicas, sino titulares de derechos capaces de concebir e implementar sus propios modelos de desarrollo (arts. 3 y 10 de la UNDROP).

¿Qué es el desarrollo rural para el campesinado?

Nuestra visión del desarrollo está centrada en el desarrollo de la agricultura campesina a través de la agroecología, única garantía de medios de vida y condiciones laborales dignas y justas para las poblaciones del mundo entero, especialmente en las zonas rurales. Es decir, los pueblos rurales como corazón de la producción alimentaria. Por eso La Vía Campesina propuso y finalmente logró, en 2018, la adopción de la UNDROP, que constituye una contribución a la realización de la soberanía alimentaria.

Para lograrlo, necesitamos políticas públicas que regulen los mercados agrícolas y alimentarios, ya que las y los campesinos generalmente no perciben ingresos dignos provenientes de sus actividades de producción de alimentos, lo que compromete sus medios de vida y la continuidad de la producción (artículo 16 de la UNDROP). Esto se debe a un sistema alimentario dominante basado en los mecanismos del mercado y controlado por el agronegocio.

Entre estos mecanismos de regulación, defendemos los precios mínimos garantizados (Minimum Support Prices – MSP), es decir, la obligación de los Estados de fijar precios que cubran los costos de producción campesina y garanticen un margen de ingresos equitativo. Este mecanismo invierte la lógica del dumping, que empuja los precios hacia abajo, y protege así la dignidad campesina.

También defendemos las compras públicas y las reservas alimentarias públicas. Exigimos la restauración de sistemas públicos de almacenamiento de alimentos para regular los mercados y estabilizar los precios. Las autoridades públicas deberían comprar las cosechas durante los períodos de recolección para garantizar precios mínimos, y luego liberarlas en períodos de escasez para evitar la especulación. Los precios mínimos garantizados, las compras públicas y las reservas públicas se implementan, por ejemplo, en Indonesia e India.

"Las autoridades públicas deberían comprar las cosechas durante los períodos de recolección para garantizar precios mínimos, y luego liberarlas en períodos de escasez para evitar la especulación."

Estos mecanismos son indispensables, ya que el modelo neoliberal ha desmantelado estas herramientas de regulación, exponiendo a las y los pequeños productores a la competencia de las grandes explotaciones agroindustriales fuertemente subsidiadas. Además, la especulación bursátil sobre los productos alimentarios provoca inestabilidades de precios a escala mundial y empuja a millones de personas a situaciones de precariedad alimentaria, en beneficio exclusivo de una minoría. La Vía Campesina llama a fortalecer las cadenas de suministro locales y regionales, afirmando que el comercio debe privilegiar los circuitos cortos antes que los flujos transcontinentales.

Reforma agraria, derecho a la tierra y derecho al desarrollo

La reforma agraria está vinculada al derecho a la tierra y al control de los territorios, reconocidos como derechos fundamentales inscritos en el derecho internacional de los derechos humanos, particularmente en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (art. 11) y en la UNDROP (art. 17). Muchas acciones del agronegocio violan o amenazan el derecho a la tierra: conflictos agrarios, criminalización, desalojos, acaparamiento de tierras, acaparamiento verde (“green grabbing”), concentración de la tierra impulsada por el agronegocio en favor de la agricultura industrial a gran escala (monocultivos), mercados de carbono, agrocombustibles y mecanismos de compensación de la biodiversidad, actividades mineras, así como los llamados proyectos de “desarrollo” como la construcción de autopistas, represas, etc. Por estas razones, La Vía Campesina lucha en todos los niveles por una reforma agraria integral, centrada en los intereses y derechos de los pueblos rurales.

Este enfoque va más allá de la simple titulación de tierras y llama a una redistribución efectiva y equitativa de la tierra. Incluye la fijación de límites claros al tamaño de la propiedad de la tierra, la prohibición de la venta de tierras a terceros y a entidades extranjeras, así como la expropiación de explotaciones basadas en trabajo ilegal o esclavo, especialmente en la agricultura industrial a gran escala y en las grandes plantaciones.

"Este enfoque va más allá de la simple titulación de tierras y llama a una redistribución efectiva y equitativa de la tierra."

Esta visión también se opone a las “contrarreformas” basadas en el mercado, promovidas por el Banco Mundial en los años noventa, que condujeron a la privatización de las tierras y a una nueva ola de concentración de la tierra en manos de una pequeña minoría depredadora, imponiendo un modelo único de desarrollo rural, arraigado en el neoliberalismo y favorable a los intereses del agronegocio.

La lucha por el derecho a la tierra mediante la implementación de la reforma agraria forma así parte integral del derecho al desarrollo: es una lucha por la autodeterminación y por el derecho a definir sus propios sistemas de tenencia de la tierra. Defendemos una comprensión política de la tierra como ecosistema social y productivo esencial para la vida y no como un simple activo financiero.

Agroecología, derecho a las semillas y derecho al desarrollo

En 2015, durante el segundo Foro Mundial sobre la Soberanía Alimentaria (Foro Nyéléni)[2], las delegaciones que representaban a diversas organizaciones y movimientos sociales de pequeños productores de alimentos y consumidores se reunieron para alcanzar una comprensión común de la agroecología como componente clave de la soberanía alimentaria.

La agroecología busca transformar y mejorar nuestra realidad material en los sistemas alimentarios, frente a un mundo rural devastado por la producción alimentaria industrial y, hoy en día, por las supuestas revoluciones verde y azul. La agroecología es, por tanto, también política: busca cuestionar y transformar las estructuras de poder en la sociedad. Coloca el control de las semillas, la biodiversidad, las tierras y territorios, las aguas, los conocimientos, la cultura y todos los bienes comunes en manos de los pueblos que alimentan al mundo.

El control de las semillas locales y autóctonas es un medio de producción clave frente a la ofensiva de las industrias semilleras, que buscan consolidar la agricultura química, al tiempo que amenazan la biodiversidad. Estas industrias desarrollan semillas basadas en organismos genéticamente modificados (OGM), al mismo tiempo que promueven las patentes (derechos de propiedad intelectual), en detrimento de las semillas locales y campesinas. Por ello, La Vía Campesina rechaza firmemente la mercantilización de la vida, particularmente a través de los OGM, las patentes, así como la privatización y comercialización de la biodiversidad.

En este sentido, el movimiento defiende el derecho colectivo e inalienable de las y los campesinos a conservar, utilizar, intercambiar y vender sus semillas, de conformidad con el Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura (art. 9.3) y la UNDROP (art. 19).

Frente a los intentos industriales de imponer la biología sintética, La Vía Campesina organiza intercambios de semillas y campañas para preservar los sistemas comunitarios tradicionales de gestión de la biodiversidad. Una vez más, la lucha por los derechos sobre las semillas se arraiga en el derecho al desarrollo y en el derecho del campesinado a concebir e implementar sus propios modelos de desarrollo semillero basados en sus conocimientos indígenas tradicionales.

La globalización neoliberal contra los derechos campesinos

Las instituciones financieras y comerciales internacionales son las principales fuerzas responsables de las violaciones de los derechos campesinos y del desmantelamiento de los sistemas alimentarios campesinos. El tríptico compuesto por la Organización Mundial del Comercio (OMC), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial impide a los gobiernos, especialmente a los del Sur global, implementar políticas públicas esenciales en favor de las poblaciones rurales, mediante mecanismos y condicionalidades coercitivas. Estos actores neoliberales han forzado la reducción del papel del Estado en la provisión de servicios públicos, al mismo tiempo que aumentaban el del sector privado (a través de las privatizaciones).

"Estos actores neoliberales han forzado la reducción del papel del Estado en la provisión de servicios públicos, al mismo tiempo que aumentaban el del sector privado."

En este sentido, es importante recordar que la integración de la agricultura en el régimen mundial de libre comercio a través del Acuerdo sobre la Agricultura de la OMC (1994) constituyó un punto de inflexión devastador. Esta política transformó los alimentos en una simple mercancía y desreguló sistemáticamente los sistemas agrícolas, desmantelando las herramientas de regulación de los mercados, como los precios mínimos de intervención y las reservas públicas. Las consecuencias fueron sistémicas: caída de los precios agrícolas, destrucción de los mercados campesinos locales, pérdida de autonomía sobre las semillas y expulsión de millones de campesinas y campesinos de sus territorios en beneficio de grandes terratenientes.

El acto trágico del campesino surcoreano Lee Kyung Hae, quien se quitó la vida en Cancún en 2003 llevando una pancarta que proclamaba “la OMC mata a los campesinos”, sigue siendo emblemático de la violencia de este sistema neoliberal y neocolonial-imperialista.

Sin embargo, el régimen comercial neoliberal no se limita a la OMC: también se caracteriza por la proliferación de acuerdos de libre comercio e inversión a niveles regional, multilateral y bilateral. Además, hoy en día también enfrentamos las políticas comerciales de Estados Unidos, que obligan a los países a abrir totalmente sus mercados, sin reciprocidad.

La lucha por un marco comercial alternativo

En respuesta a los daños causados por el Acuerdo sobre la Agricultura de la OMC, La Vía Campesina lanzó un proceso destinado a exigir urgentemente la creación de un nuevo marco comercial internacional basado en la soberanía alimentaria. Este nuevo marco debe basarse en la solidaridad, la cooperación internacional y la justicia social. Su objetivo principal es redefinir la función del comercio, ya no como una herramienta de maximización de las ganancias de las empresas transnacionales, sino como un instrumento que garantice los derechos humanos y la soberanía alimentaria.

Al afirmar que el comercio agrícola y alimentario debe respetar los derechos humanos y que la alimentación es un derecho humano fundamental y no una mercancía, La Vía Campesina aboga por un nuevo marco comercial que proteja los derechos campesinos y legitime medidas estatales como la protección de los mercados contra el dumping y la garantía de precios de apoyo para los productores.

"La Vía Campesina aboga por un nuevo marco comercial que proteja los derechos campesinos y legitime medidas estatales como la protección de los mercados contra el dumping y la garantía de precios de apoyo para los productores."

Con este fin, La Vía Campesina identifica a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) como el foro legítimo para construir este nuevo consenso multilateral, capaz de realinear las normas del comercio mundial con los derechos humanos.

Conclusión

El derecho al desarrollo, tal como lo entiende La Vía Campesina, constituye una respuesta integrada y radical a los fracasos sistémicos del modelo neoliberal. Se define por la realización de la justicia social, la sostenibilidad ecológica y el respeto de la dignidad de las poblaciones rurales.

Seguiremos luchando por nuestros derechos por todos los medios a nuestro alcance y, ante todo, mediante la movilización popular de nuestras bases. Seguiremos fortaleciendo nuestra incidencia a través de instrumentos jurídicos internacionales, como la UNDROP, para exigir la implementación de políticas públicas redistributivas y regulatorias capaces de concretar nuestro derecho al desarrollo, es decir, nuestro derecho a definir nuestros propios sistemas y modelos de desarrollo rural y agrícola, a la luz del paradigma de la soberanía alimentaria.

Al poner el énfasis en la autonomía y los saberes campesinos, y al situar a las mujeres rurales y a la juventud en el centro de la lucha, La Vía Campesina propone un camino que privilegia la protección de los ecosistemas y de las comunidades por encima de la acumulación de capital, reafirmando así su compromiso con una transformación sistémica del orden económico, comercial, financiero y social mundial.

[1] https://docs.un.org/es/A/HRC/54/50

[2] https://nyeleni.org/fr/

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La adopción de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en Zonas Rurales (UNDROP) en 2018 marcó un hito histórico para la justicia rural. Sin embargo, hasta la fecha, su desarrollo e implementación se han centrado en gran medida en el campesinado. Es fundamental recordar que los derechos consagrados en la UNDROP son plenamente aplicables a otros pueblos que viven y trabajan en territorios rurales y acuáticos, incluidos los pueblos pescadores. El artículo 1, párrafo 2 de la UNDROP es muy claro al respecto: “Esta Declaración se aplica a toda persona que se dedique a la agricultura artesanal o de pequeña escala, la siembra de cultivos, la cría de ganado, el pastoreo, la pesca, la silvicultura, la caza o la recolección, así como a la artesanía relacionada con la agricultura u otras ocupaciones conexas en una zona rural”.

En este sentido, resulta fundamental seguir abogando por la ampliación del alcance de la UNDROP, fortalecer su apropiación por parte de los pueblos pescadores y promover su visibilidad como sujetos plenos de derechos.

Interpretando la UNDROP desde los territorios acuáticos

Durante décadas, la lucha por los derechos territoriales se ha imaginado casi exclusivamente en términos de tierra. Sin embargo, al hablar de territorios en el contexto de la pesca en pequeña escala, es imprescindible destacar la interdependencia absoluta entre el agua y la tierra para los medios de vida, la soberanía alimentaria y la identidad cultural de estas comunidades. La costa y los cuerpos de agua continentales representan un entorno vital completo donde convergen la vida cotidiana, los medios de subsistencia y la cultura; donde termina la tierra, el territorio continúa en el agua.

Bajo este espíritu, una contribución fundamental que la pesca artesanal puede aportar a la interpretación de la UNDROP es el uso de conceptos paradigmáticos surgidos desde las ciencias sociales y los movimientos sociales en América Latina y el Caribe, como el Maritorio o Territorio de Vida. Este reconoce las áreas costeras y marinas de uso colectivo como espacios de soberanía alimentaria conformados por las personas que tradicionalmente los habitan; lugares entendidos como espacios espirituales e interculturales de “afecto con la naturaleza y la ancestralidad”, y no meramente como zonas de extracción.

A su vez, esta visión se expande hacia el concepto de Acuatorio, un término que permite comprender las “territorialidades anfibias” de las comunidades que habitan estos espacios. Esta perspectiva reconoce que la protección de la pesca artesanal requiere un enfoque que trate todos los ecosistemas acuáticos – ríos, lagunas, humedales – por igual, como territorios indivisibles de tierra y agua.

En consecuencia, el derecho a la tierra y a otros recursos naturales consagrado en el artículo 17 de la UNDROP debe interpretarse como un marco que abarca las complejas relaciones que las comunidades pesqueras mantienen con sus entornos acuáticos, reafirmando que el agua y la tierra constituyen dimensiones inseparables de este derecho.

Las amenazas: el “Acaparamiento de Océanos” y la Economía Azul

Hoy en día, los territorios pesqueros enfrentan una embestida sin precedentes de amenazas a sus vidas y medios de subsistencia. Bajo el pretexto de desarrollo y sostenibilidad, proyectos de turismo de lujo, energía offshore, acuicultura y pesca industrial, y exploración minera en aguas profundas están destruyendo los ecosistemas marinos y acaparando zonas de pesca y puntos de desembarque. Esto se conoce como Ocean Grabbing (acaparamiento de los océanos) o Blue Grabbing (acaparamiento azul).

Incluso, algunos enfoques de conservación ambiental, cuando se aplican bajo el modelo de “fortaleza” – es decir, áreas protegidas cerradas que excluyen a los habitantes tradicionales – también se han convertido en una amenaza. La UNDROP, en diálogo con las Directrices Voluntarias para Lograr la Sostenibilidad de la Pesca en Pequeña Escala en el Contexto de la Seguridad Alimentaria y la Erradicación de la Pobreza (Directrices PPE), debe utilizarse para reivindicar el importante papel de los pueblos pescadores – que han habitado estos territorios durante siglos – como verdaderos guardianes de la biodiversidad y los ecosistemas. Como establecen estas Directrices, la conservación no debe llevarse a cabo a expensas de las comunidades, sino en colaboración con ellas. Por ello, la protección de sus derechos de tenencia y el reconocimiento de sus prácticas y conocimientos tradicionales es – en sí misma -, una estrategia de conservación.

La tríada defensiva: UNDROP, Directrices PPE y Tenencia

La fuerzade la UNDROP para los pueblos pescadores radica en su capacidad de dialogar con otros instrumentos internacionales. En este sentido, para que la protección sea efectiva, la Declaración debe leerse a la luz de las Directrices PPE y de las Directrices Voluntarias sobre la Gobernanza Responsable de la Tenencia de la Tierra, la Pesca y los Bosques en el Contexto de la Seguridad Alimentaria Nacional (DVGT).

Mientras que las Directrices PPE y las DVGT proporcionan la hoja de ruta técnica para una gobernanza responsable, la UNDROP eleva estas recomendaciones al rango de Derechos Humanos. Juntas, forman un marco jurídico que permite a los pueblos pescadores exigir y luchar por la redistribución de la tierra/agua, el acceso preferencial a zonas de pesca y recursos, y la gestión colectiva de sus territorios acuáticos – tanto costeros como continentales – así como la protección contra cualquier desplazamiento o desalojo arbitrario e ilegal. Además, este marco respalda la garantía del Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI) y la realización de evaluaciones de impacto territorial frente a proyectos de “Economía Azul” a gran escala.

La UNDROP representa un instrumento precursor al reconocer el derecho al agua como un pilar esencial para la vida digna de los pueblos pescadores a pequeña escala y constituyendo la base misma de sus medios de subsistencia. Este derecho se entiende no sólo para el consumo humano, sino también para la producción de alimentos y, por extensión, para la pesca. Asimismo, al reconocer los sistemas de gestión comunitaria, este derecho refuerza la autonomía de las comunidades pesqueras en la gobernanza de sus territorios, donde el conocimiento tradicional desempeña un papel clave. Por último, la Declaración también establece disposiciones para que los Estados protejan a las comunidades frente a terceros, lo cual es crucial ante actividades extractivas o contaminantes que amenazan tanto el acceso a los territorios acuáticos como la integridad de los ecosistemas.

Las mujeres en el corazón de la pesca

Si la UNDROP ha de utilizarse como un escudo para los pueblos del mar, su protección debe ser particularmente sólida para las mujeres, que sostienen la vida y el tejido económico de sus comunidades, pero enfrentan una invisibilidad sistémica y jurídica. En la pesca artesanal, como en otros sectores rurales, la relación con el territorio está profundamente marcada por una dimensión de género: mientras los hombres suelen estar en el agua, el espacio productivo y vital de las mujeres es la orilla y la franja costera. Es allí donde procesan, secan y comercializan el pescado; en consecuencia, se ven desproporcionadamente afectadas por el acaparamiento de tierras y aguasy por el avance de la “economía azul”.

Este impacto diferenciado ha sido reconocido explícitamente por el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) en su Recomendación General N.º 34, al señalar que las mujeres rurales – incluidas las pescadoras – no constituyen un grupo homogéneo y sufren formas interseccionales de discriminación. Esta perspectiva ha sido reforzada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (OC-27/21), que establece que las mujeres que dependen de los recursos naturales enfrentan una “vulnerabilidad agravada” cuando su entorno es destruido, ya que se rompe no sólo su fuente de ingresos, sino también su tejido de cuidados y vida comunitaria.

Por lo tanto, bajo una lógica de protección integral, la UNDROP no puede interpretarse de forma aislada, sino en diálogo permanente con la CEDAW y las Directrices PPE, y en particular su capítulo 8. Esta articulación normativa constituye la base para exigir que los Estados reconozcan plenamente el trabajo de las mujeres en la pesca, respeten sus conocimientos sobre el uso sostenible de los recursos y garanticen la seguridad de tenencia de las tierras adyacentes al agua. Esto es esencial para que las pescadoras dejen de ser invisibles y actúen como actoras, responsables en la toma de decisiones y beneficiarias de las mismas.

En este sentido, el artículo 4 de la UNDROP establece disposiciones para que los Estados adopten medidas para eliminar la discriminación contra las mujeres pescadoras y garantizar su participación plena y efectiva en todos los procesos de toma de decisiones. Asimismo, reconoce sus derechos a acceder a recursos productivos, servicios y protección social en igualdad de condiciones, abordando las desigualdades estructurales que enfrentan. De este modo, el artículo 4 no sólo complementa los estándares de la CEDAW, sino que también consolida un enfoque transformador que exige políticas públicas con perspectiva de género en la pesca artesanal.

Del reconocimiento a la realización: la UNDROP como instrumento vivo para la pesca en pequeña escala

Aunque el término “campesino” configura gran parte del lenguaje de la UNDROP, su alcance es inequívoco: las y los pescadores y trabajadores de la pesca en pequeña escala son titulares plenos de derechos bajo este instrumento. Como sostuvo recientemente el Colectivo Internacional de Apoyo a los Trabajadores de la Pesca ( ICSF por sus siglas en inglés) ante el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la UNDROP, el desafío ya no es de reconocimiento, sino de realización. Es momento de derribar definitivamente la “frontera invisible” que históricamente ha excluido al agua de los debates agrarios y garantizar que las comunidades pesqueras se apropien de la Declaración como su propio escudo.

Desde esta perspectiva, hacer que la UNDROP tenga sentido en la vida de las comunidades pesqueras requiere ir más allá de una lectura meramente declarativa de los derechos. La Declaración debe movilizarse junto con las Directrices PPE y DVGT, no solo como instrumentos complementarios, sino como parte de una arquitectura coherente para la gobernanza pesquera basada en derechos. En este marco, los derechos humanos dejan de ser garantías abstractas y se convierten en herramientas de acción, arraigadas en las experiencias vividas, los sistemas de conocimiento y la organización colectiva de las comunidades.

En última instancia, transformar la UNDROP en una herramienta operativa es tanto un proceso político como colectivo. Depende del fortalecimiento de las capacidades de las organizaciones de pesca en pequeña escala, de su participación activa en los espacios de toma de decisiones y del refuerzo de las alianzas estratégicas que sostienen sus luchas. La experiencia histórica demuestra que el cambio duradero surge de esta interacción entre la resistencia comunitaria y una presencia técnica y política sostenida en los espacios de gobernanza global.

La UNDROP puede servir como una brújula vital, pero solo si es timoneada activamente por las propias comunidades que busca proteger. La tarea que queda por delante es asegurar que los pueblos pesqueros no solo se vean reflejados en esta Declaración, sino que la utilicen como una herramienta para proteger el futuro de sus territorios, sus medios de vida y sus derechos.

Candelaria Aráoz Falcón – Colectivo Internacional de Apoyo a los Trabajadores de la Pesca (ICSF)

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Las personas campesinas, pescadoras, pastoras, ganaderas, los trabajadores/as rurales y pueblos rurales son actores fundamentales en la transformación de los sistemas alimentarios y en la construcción de caminos hacia la soberanía alimentaria global. Por ello, la protección de sus derechos es clave para el futuro de la humanidad y de un planeta sostenible.

Una herramienta fundamental para proteger sus derechos es la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales (UNDROP). Esta proporciona un marco sólido para orientar políticas públicas, leyes y programas que salvaguarden la dignidad, los medios de vida y el derecho de las poblaciones rurales.

Defendiendo los Derechos Campesinos es una plataforma global para organizaciones y comunidades rurales que permite compartir conocimientos, amplificar luchas y construir poder colectivo para la implementación de sus derechos en todo el mundo.

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El CETIM y La Vía Campesina estuvieron en Yaundé, Camerún, para seguir de cerca los trabajos de la 14.ª Conferencia Ministerial de la OMC (26-29 de marzo de 2026). El CETIM y La Vía Campesina abogan por el desmantelamiento de la OMC, ya que su paradigma se basa en una arquitectura económica y comercial profundamente asimétrica, al servicio de los intereses del capital transnacional y en detrimento de los pueblos y las economías locales, en particular en los países del Sur.

La Conferencia Ministerial concluyó sin una declaración final ni la reforma que se había anunciado. La mayoría de los temas, entre ellos la agricultura, el comercio electrónico o la facilitación de las inversiones, se remitieron a Ginebra por falta de consenso. Numerosos participantes atribuyen este fracaso en gran parte a la estrategia de Estados Unidos, que condicionó toda negociación a la adopción de una moratoria permanente sobre los aranceles relacionados con el comercio electrónico, lo que provocó fuertes tensiones, especialmente entre los países del Sur. Las divergencias sobre este tema, así como sobre otras prioridades como la seguridad alimentaria o las normas de propiedad intelectual, bloquearon las negociaciones. Este fracaso confirma así el análisis según el cual la OMC se encuentra hoy en día ampliamente paralizada, incapaz de tomar decisiones favorables a un desarrollo comercial justo y equitativo, y subraya la necesidad de replantearse en profundidad el sistema comercial internacional hacia un marco verdaderamente democrático, que no margine las voces de los pueblos y los países del Sur.

La Declaración de Yaundé que reproducimos a continuación, publicada por La Vía Campesina, pone de relieve los efectos sistémicos de un modelo comercial que subordina la alimentación a la lógica del lucro, acelera la marginación de los pequeños productores de alimentos y compromete la soberanía de los pueblos sobre sus sistemas alimentarios. En un contexto marcado por crisis geopolíticas, económicas y medioambientales, la creciente dependencia de los mercados mundiales no solo se presenta como un callejón sin salida, sino como un factor que agrava las vulnerabilidades estructurales que oprimen a los pueblos.

Ante esta crisis multidimensional, la Declaración de Yaundé de LVC pretende ser portadora de esperanza, al proponer una alternativa política e institucional estructurada. Al afirmar la soberanía alimentaria como principio fundamental, LVC y el CETIM abogan por una refundación del comercio internacional basada en la primacía de los derechos humanos, la solidaridad entre los pueblos y el respeto de los ecosistemas. En consonancia con los principios consagrados en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los campesinos y otras personas que trabajan en zonas rurales (UNDROP), este nuevo marco debe defender y reforzar el reconocimiento de los derechos campesinos a la tierra, las semillas, la biodiversidad y la soberanía alimentaria, entre otros. Es necesario sacar la agricultura de la OMC y superar el marco actual de la OMC para construir un nuevo sistema comercial al servicio de la autodeterminación de los pueblos.

Leer la Declaración de Yaundé

Leer el comunicado del CETIM, previo a la Conferencia Ministeiral: La OMC en un callejón sin salida: ¿ La Conferencia Ministerial la salvara?

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Desde su llegada al poder mediante un golpe de Estado en septiembre de 2022, el capitán Ibrahim Traoré ejerce la presidencia de Burkina Faso sin dejar a nadie indiferente: para algunos, encarna un giro histórico que marca una ruptura con el orden neocolonial y el inicio de una revolución panafricana popular; para otros, se trata de un nuevo golpe de fuerza despótico orquestado por un régimen militar. Este artículo intenta aportar una perspectiva original, a la luz de las correlaciones de fuerzas existentes, dando voz a los movimientos sociales burkineses —en particular a las y los campesinos.

Burkina Faso enfrenta desde hace años una situación de guerra, principalmente en el norte, bajo la amenaza yihadista, y desde 2022 sufre una presión internacional creciente, que se ha manifestado mediante regímenes de sanciones impuestos por Francia, el Banco Mundial, la Unión Europea y la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO). Heredero de un largo pasado colonial y de una deuda ilegítima, el gobierno de Traoré busca restaurar la soberanía nacional e inscribirse en una nueva dinámica panafricana.

Junto con sus socios de la Alianza de los Estados del Sahel —Malí y Níger—, el país cuestiona el franco CFA y contempla una moneda independiente o común, al tiempo que se desvincula progresivamente del FMI, del Banco Mundial y del BCEAO (Banco Central de los Estados de África Occidental). El rechazo a nuevos préstamos occidentales marca una voluntad de salir de la dependencia financiera.

En el plano económico, Burkina Faso ha emprendido una dinámica de nacionalización de sectores estratégicos. En 2023, el Estado retomó el control de las grandes minas de oro. Un nuevo código minero adoptado en 2024 refuerza la soberanía sobre los recursos, aumenta la participación estatal en las empresas mineras, impone la transformación local y crea una reserva estratégica de oro. En 2025, se inauguró un centro de tratamiento de residuos mineros.

La reconquista económica también abarca el sector agroalimentario, mediante nacionalizaciones e industrialización de fábricas en los ámbitos de la producción azucarera, la transformación láctea y la producción/transformación del tomate, un sector clave del país. A pesar de un contexto regional conflictivo, estas decisiones constituyen palancas esenciales para consolidar una soberanía real y reforzar la capacidad del Estado para financiar políticas sociales.

La palabra al campesinado

En Burkina Faso, el 80% de la población activa trabaja en la agricultura (alrededor del 32% del PIB nacional) y cerca del 90% de las explotaciones son familiares de menos de cinco hectáreas, lo que caracteriza la predominancia de una agricultura de subsistencia. Esto muestra hasta qué punto los pequeños productores de alimentos, campesinas/os, nómadas, ganaderos y comunidades de pescadores artesanales son actores centrales de la sociedad.

A la luz de esto, el gobierno lanzó su “Ofensiva agropastoral y pesquera 2023-2025”, con el objetivo de alcanzar la autosuficiencia y la soberanía alimentaria. En este marco, se han realizado numerosas inversiones: equipos agrícolas, infraestructuras de transformación local, apoyo a las cadenas de cereales, arroz y horticultura. Los resultados son palpables: la producción de tomate, arroz y maíz aumentó considerablemente entre 2022 y 2024 y, desde entonces, el éxodo rural ha disminuido¹.

Más allá de las cifras, impresiona el compromiso de las comunidades rurales. Durante mucho tiempo marginadas, constituyen el núcleo del nuevo proyecto de sociedad, ahora reconocidas como sujetos políticos del cambio. Dos líderes de base, el Sr. Alassane Nakande (figura clave de la Convergencia de luchas por la tierra y el agua de África Occidental² y director ejecutivo del Movimiento Africano por los Derechos Ambientales) y la Sra. Ouédraogo Ouandegma (presidenta de la Coordinación Burkinesa de Organizaciones Campesinas, miembro de La Vía Campesina y del Sindicato de Trabajadores Agropastorales), dan testimonio de los profundos cambios en curso. Estos avances permiten promover una agenda campesina conforme a los principios de la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Campesinos y otras personas que trabajan en zonas rurales (UNDROP), que reconoce derechos fundamentales como el derecho a la tierra y a las semillas.

Fortalecimiento de la producción campesina local

Para la Sra. Ouandegma, la iniciativa de protección y promoción de la producción local “es positiva, ya que acompaña concretamente a las organizaciones campesinas en la consolidación de sus medios de producción, cadenas productivas, cooperativas y mercados locales”. La representante destaca los “esfuerzos gubernamentales”, que han “permitido acceder a herramientas y materiales de producción y transformación agrícola (unidades de transformación de arroz, tractores…)”. Gracias a esta iniciativa, “son los pequeños productores y cooperativas quienes suministran directamente sus productos a hospitales, ayuntamientos, comedores escolares, prisiones… lo que ha permitido implementar circuitos cortos, abrir los mercados a los pequeños productores y promover los productos locales”.

Política agraria y derecho a la tierra

Históricamente, Burkina Faso ha enfrentado grandes oleadas de acaparamiento de tierras por operadores privados y financieros que se han beneficiado de un marco legal impreciso y permisivo. Frente a esto, el Sr. Nakande subraya que “gracias a la voluntad de las autoridades de abordar este fenómeno mediante la revisión de leyes favorables al acaparamiento, se está haciendo posible una mejor redistribución de la tierra”. Añade que estos cambios legislativos están “acompañados de medidas de apoyo, especialmente kits de instalación para jóvenes agricultores”. El proceso se inscribe en una lógica más amplia de fortalecimiento de la seguridad y soberanía alimentaria, con otras iniciativas en curso —investigación-acción, estudios de viabilidad y medidas concretas— destinadas a “valorizar el papel de los productores agrícolas y devolverles un lugar central en las políticas públicas”.

Por su parte, la Sra. Ouandegma afirma que la política agraria “refuerza la seguridad y el reconocimiento jurídico de los derechos de uso de la tierra para campesinos y campesinas”. También celebra el compromiso del gobierno de otorgar al menos el 30% de los títulos de propiedad a mujeres productoras.

Políticas agroecológicas

En el ámbito de la agroecología —concepto clave impulsado por el movimiento campesino internacional—, el Sr. Nakande señala que “a nivel de la Asamblea Nacional y del Senado se ha creado una comisión conjunta para abordar los desafíos relacionados con la promoción de la agroecología. En la misma línea, se ha aprobado una ley que promueve el uso de insumos biológicos”.

En su estrategia nacional (SND-AE 2023-2027), el gobierno apoya la intensificación de prácticas agroecológicas en colaboración con organizaciones campesinas, con el fin de garantizar de forma sostenible la seguridad alimentaria y nutricional en un contexto marcado por crisis climáticas: disminución de las lluvias, degradación de suelos y recursos hídricos, pérdida de biodiversidad, sequías, inundaciones, etc.

Otro gran eje es la demanda de abandono progresivo de pesticidas químicos impulsada por actores rurales. Para ello, se han abierto nuevos espacios de diálogo y negociación. La Sra. Ouandegma destaca una “voluntad compartida, tanto del movimiento rural como de las autoridades, de orientar decididamente al país hacia una transición agroecológica tangible”.

Protección de las semillas campesinas

En cuanto a los recursos fitogenéticos y la protección de las semillas campesinas, el Sr. Nakande observa avances positivos. En primer lugar, la “creación de una comisión dedicada a los recursos fitogenéticos, que ofrece un marco político para promover las propuestas campesinas”. En segundo lugar, la adopción de una nueva ley agropastoral que reconoce el estatus de agricultor/campesino y refuerza la protección del derecho a las semillas. “Esta ley sienta las bases de un marco favorable para la conservación de semillas, en particular mediante la creación de una base de datos dedicada”. Según él, se trata de un verdadero salto cualitativo: “a partir de ahora, cada campesina/o podrá participar activamente en la preservación del sistema alimentario local y en el mantenimiento de la biodiversidad”.

Una dialéctica en curso

Es evidente que el campesinado debe constituir una fuerza política central en el proceso de transformación social, económica y política de Burkina Faso. Este proceso se hará con él o no se hará. Sin embargo, todo proceso de transformación política conlleva inevitablemente trayectorias dialécticas, marcadas por tensiones internas y contradicciones constantes, más aún en un país como Burkina Faso. No obstante, la mayoría de los análisis externos tienden a ignorar esta complejidad, en favor de juicios simplistas, descontextualizados y a menudo eurocéntricos.

Todo proceso político transformador que aspire a ser progresista necesita debate democrático. Las críticas internas y externas —si son constructivas y no responden a lógicas imperialistas— pueden y deben contribuir a orientar este proceso hacia una verdadera emancipación popular y a corregir el rumbo si es necesario. Lo que ocurre en Burkina Faso es un intento inédito de renovación panafricana, centrado en un modelo de desarrollo autocentrado y autodeterminado, en un continente que sigue sufriendo el yugo neocolonial. En este contexto, el gobierno de Traoré cuenta con un apoyo popular considerable, especialmente de movimientos sociales rurales y de la juventud, que rechazan la fatalidad neocolonial y reclaman soberanía nacional y popular.

No se trata de idealizar. Pero, en un mundo aún estructurado por profundas relaciones de dominación neocolonial, todo intento de liberación nacional merece ser examinado y acompañado, especialmente si está impulsado por las clases populares y los movimientos sociales de base. En este tipo de procesos, la única garantía real contra retrocesos es un diálogo pedagógico entre las fuerzas populares y el gobierno. El desafío permanente, para el CETIM, es seguir siendo una plataforma para la soberanía popular, arraigada en el apoyo de las masas y no aislada de ellas.

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Una nueva iniciativa de comunicación ha sido lanzada recientemente en Colombia con el objetivo de acercar el conocimiento académico al público en general. Se trata de una serie de podcasts impulsada por el Instituto de Estudios Interculturales y la especialización en Jurisdicción Agraria de la Universidad Javeriana de Cali, en alianza con el Observatorio de Tierras Rurales. La propuesta busca transformar investigaciones recientes en contenidos accesibles y atractivos, ampliando el alcance de debates clave sobre los derechos de los pueblos rurales.

Al aire desde hace aproximadamente un mes, el proyecto apuesta por un lenguaje claro y formatos multimedia para dialogar con organizaciones campesinas, trabajadores rurales, pueblos indígenas, pastores y pescadores. La iniciativa pública alrededor de dos contenidos mensuales, combinando audio y texto, lo que facilita el acceso a información especializada para públicos diversos.

Las temáticas abordadas parten del contexto colombiano, pero trascienden las fronteras nacionales. Los episodios incluyen reflexiones relevantes para América Latina y el Caribe, así como análisis de alcance global, como la concentración de la tierra y sus implicaciones sociales, económicas y políticas. De este modo, el podcast se consolida como un espacio de circulación de conocimiento crítico sobre problemáticas agrarias contemporáneas.

Lectores e interesados de distintas regiones están invitados a conocer y seguir esta iniciativa. Los episodios, disponibles en español e inglés, pueden escucharse en https://soundcloud.com/carlos-duarte-44 y https://www.observatoriodetierras.org/podcast/, mientras que las publicaciones escritas están disponibles en https://www.observatoriodetierras.org/publicaciones/. Se trata de una oportunidad valiosa para acceder a debates actuales en formatos más inclusivos y comprensibles.

Destacamos particularmente el último episodio lanzado sobre el estado de la discusión actual en torno a la gobernanza, el acceso y la desigualdad en el acceso a la tierra a nivel global, desagregado por regiones analíticas. Disponible en español e inglés.

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Los Pueblos Indígenas y los movimientos sociales reafirman su unidad y su apoyo a los organizadores de la CIRADR+20, pero rechazan la declaración de la conferencia en la ceremonia de clausura

Por La Via Campesina (28 Febrero 2026)

Comunicado del Comité Internacional de Planificación para la Soberanía Alimentaria (CIP)

CARTAGENA DE INDIAS, 28/02/2026 – En la sesión de clausura de la Conferencia Internacional sobre Reforma Agraria y Desarrollo Rural (CIRADR+20), los Pueblos Indígenas y los movimientos sociales, representados por el Comité Internacional de Planificación para la Soberanía Alimentaria (CIP)*, emitieron una contundente declaración política afirmando su “unidad irreductible” frente a los ataques continuos contra sus derechos.

Los movimientos expresaron su agradecimiento a los Gobiernos de Colombia y Brasil por volver a situar la reforma agraria en la agenda del diálogo político internacional y por incluir sus voces en el proceso de la conferencia. También destacaron la necesidad de que los gobiernos y los pueblos del Sur Global se mantengan unidos en defensa del derecho internacional y de los derechos humanos, señalando que Irán enfrenta actualmente lo que describen como otro ataque imperialista.

La declaración del CIP reafirmó que los derechos de los Pueblos Indígenas y de los campesinos están firmemente reconocidos en el derecho internacional, incluidos los instrumentos adoptados por la Asamblea General de las Naciones Unidas, como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (DNUDPI) y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales (UNDROP). El CIP rechazó cualquier intento de retroceder en estos derechos reconocidos.

Una preocupación central planteada fue la equiparación de los Pueblos Indígenas con el concepto vago de “comunidades locales”, repetido múltiples veces en la declaración de los gobiernos presentada al plenario. Si bien reconocieron la importancia de la Conferencia, los movimientos afirmaron que “no pueden aceptar la declaración” adoptada al concluir la misma. Se comprometieron a seguir participando en los procesos de seguimiento para garantizar que sus derechos sean respetados, protegidos y garantizados.

Las organizaciones de Pueblos Indígenas articuladas en CIP a través del Consejo Internacional de Tratados Indios (IITC) subrayaron que que los tres mecanismos de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas han distinguido claramente las características únicas, los orígenes y el estatus jurídico de los derechos de los Pueblos Indígenas, y advirtieron que agruparlos con comunidades indefinidas socava esas protecciones. Preocupaciones similares fueron expresadas por los pueblos pescadores, los pastores nómadas, los campesinos, los trabajadores rurales y las comunidades móviles y artesanales cuyos derechos territoriales y de movilidad deben ser reconocidos explícitamente.

La declaración llamó a una reforma agraria del siglo XXI que sea inclusiva de los Pueblos Indígenas, campesinos, pueblos pescadores, pastores, mujeres, jóvenes, personas con diversidad de género, comunidades afrodescendientes, agricultores familiares y trabajadores rurales. Subrayó que la reforma agraria debe ir más allá de la redistribución de la tierra para abarcar bosques, océanos, ríos, tierras de pastoreo y rutas migratorias. Redistribución, Reconocimiento, Restitución y Regulación deben conformar los ejes mutuamente reforzadores de una reforma agraria integral, atendiendo a las distintas realidades que existen en todo el mundo. La soberanía alimentaria y la agroecología, afirmaron, deben ser pilares centrales de esta transformación. La estrategia y los pasos concretos hacia una reforma agraria transformadora están expuestos en el documento de posición del CIP lanzado antes de la CIRADR+20.

La declaración concluyó con un llamado a todos los gobiernos a entablar un diálogo de buena fe sobre los derechos de los Pueblos Indígenas, los derechos de los pueblos pescadores y de los pastores nómadas, los derechos de las mujeres y la agroecología.

“La reforma agraria, la soberanía alimentaria y la justicia social, agraria y ambiental solo se lograrán a través de la lucha”, afirmó la declaración. “Estamos regresando a nuestros territorios para organizar a nuestros pueblos y defender el futuro de nuestras comunidades y de la Madre Tierra”.

* QUIÉNES SOMOS: El Comité Internacional de Planificación para la Soberanía Alimentaria

El Comité Internacional de Planificación para la Soberanía Alimentaria (CIP) es una plataforma mundial autónoma y autoorganizada de organizaciones de productores de alimentos a pequeña escala y trabajadores rurales, así como de movimientos sociales de base/comunitarios, cuyo objetivo es impulsar la agenda de la Soberanía Alimentaria a nivel mundial y regional. Más de 6000 organizaciones y 300 millones de productores de alimentos a pequeña escala se autoorganizan a través del CIP, compartiendo los principios y los 6 pilares de la Soberanía Alimentaria tal como se establecen en la Declaración de Nyeleni 2007 y su informe de síntesis.

El CIP facilita el diálogo y el debate entre actores de la sociedad civil, gobiernos y otros actores en el ámbito de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición, creando un espacio de discusión autónomo de partidos políticos, instituciones, gobiernos y el sector privado.

La legitimidad del CIP se basa en su capacidad de dar voz a las preocupaciones y luchas que una amplia variedad de organizaciones de la sociedad civil y movimientos sociales enfrentan en su práctica cotidiana de incidencia a nivel local, subnacional, regional y global.

Leer la Declaracion final del CIP

Leer el posicionamiento del CIP sobre la reforma agraria

Leer la nota informativa de la Via Campesina sobre la reforma agraria

Entrevista colaborativa sobre las conclusiones de la CIRADR+20 y del Foro de los Pueblos y de los Movimientos Sociales

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Celebrado en el contexto del más reciente informe del Grupo de Trabajo de la ONU, centrado específicamente en el derecho a la participación de los pueblos rurales, el debate exploró cómo este derecho —lejos de ser una formalidad procedimental— constituye una piedra angular de la gobernanza democrática y un pilar central de los derechos civiles y políticos de los pueblos rurales. El webinario creó un espacio de intercambio entre actores de base y mecanismos internacionales de derechos humanos, fortaleciendo los puentes entre las luchas locales y la incidencia a nivel global.

El webinario situó en el centro del debate las conclusiones del informe del Grupo de Trabajo de la ONU, examinando:

• La importancia democrática y política de la participación en el marco de la UNDROP
• Los obstáculos que impiden a las comunidades rurales influir en la toma de decisiones públicas
• Las recomendaciones del Grupo de Trabajo a los Estados
• Estrategias prácticas y buenas prácticas que fortalecen una participación significativa
• El papel de la incidencia colectiva y la solidaridad en el avance de la implementación

Panelistas:

• Carlos Duarte, actual Presidente del Grupo de Trabajo de la ONU sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales
• Loupa Pius, Alianza Mundial de Pueblos Indígenas Móviles (WAMIP)
• Modesta Arévalos Ortiz, Federación Internacional de Movimientos Católicos de Adultos Rurales (FIMARC)
• Jones Spartegus, Foro Mundial de Pescadores y Trabajadores de la Pesca (WFFP)
• Norah Mlondobozi, Asamblea de Mujeres Rurales (RWA)
• Saúl Vicente, Unidad de la Fuerza Indígena y Campesina (UFIC – México)
• Paula Gioia, La Vía Campesina (LVC)

A través de sus intervenciones, las y los panelistas compartieron experiencias regionales, perspectivas comunitarias y estrategias de los movimientos para fortalecer la participación a nivel local, nacional e internacional.

Les invitamos a ver la grabación y a sumarse a este importante diálogo como parte del esfuerzo colectivo más amplio para garantizar que quienes alimentan al mundo y protegen sus ecosistemas estén plenamente incluidos en la definición de las políticas y decisiones que determinan su futuro.

Webinario celebrado el 10 de diciembre de 2025.

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En la víspera de la II Conferencia Intergubernamental histórica sobre reforma agraria y desarrollo rural,  cerca de 300  delegades que representan a campesinxs, Pueblos Indígenas, pescadores artesanales, pastoralistas y trabajadoras rurales—organizadxs a través del Comité Internacional de Planificación para la Soberanía Alimentaria (CIP)—han llegado a Cartagena para el ‘Foro de Pueblos y Movimientos Sociales: Unidxs por la Tierra, el Agua, los Territorios y la Dignidad’, que se llevará a cabo del 22 al 23 de febrero en el Hotel Almirante, Cartagena de Indias.

Este espacio autónomo sirve como un escenario crítico para que nuestros movimientos sociales globales unifiquen nuestra voz antes de que comience la II Conferencia Internacional sobre Reforma Agraria y Desarrollo Rural (CIRADR+20) el 24 de febrero, donde todos los miembros del IPC participarán activamente en las plenarias y paneles oficiales.

Dos décadas después de la primera Conferencia Internacional sobre Reforma Agraria y Desarrollo Rural (CIRADR+20), las crisis en torno a la tierra, el agua, los bosques y los océanos se están intensificando, ya que los recursos se concentran, mercantilizan y deterioran cada vez más.

La primera CIRADR, celebrada en Porto Alegre, Brasil, en 2006 con la participación de estados de todos los continentes, subrayó la importancia de las reformas agrarias redistributivas. También fue un hito en la historiade las Naciones Unidas, ya que puso en marcha un proceso democrático que permitió una participación fuerte y autogestionada de organizaciones que representan a campesinxs, personas sin tierras, Pueblos Indígenas, pescadores y trabajadores de la pesca, pastoralistas, trabajadoras y otras comunidades rurales.

Veinte años después, CIRADR+20 ofrece una oportunidad histórica para reafirmar la importancia de la reforma agraria y el desarrollo rural, hacer un balance de ejemplos transformadores de reforma agraria, actualizar el significado de la reforma agraria y forjar una visión compartida para una transformación popular, feminista, decolonial y eco-social. Demandamos a los estados y a las instituciones internacionales no otra ronda de compromisos voluntarios, sino compromisos reales y acciones concretas, vinculantes y medibles para un cambio estructural.

Desde 2006, hemos llevado a cabo campañas exitosas por marcos normativos globales significativos, incluyendo las Directrices sobre Tenencia (2012), la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (UNDRIP, 2007) y la Declaración de la ONU sobre Derechos Campesinos (UNDROP, 2018).

Estos instrumentos internacionales de derechos humanos afirman que los estados tienen el deber de garantizar el acceso equitativo y el control sobre la tierra, la pesca, los bosques y el agua como parte de la realización de sus derechos a la alimentación, agua, vivienda, trabajo, salud y un nivel de vida adecuado.

Sin embargo, la implementación de políticas, programas y mecanismos que aseguren los derechos de los pueblos rurales y fortalezcan el desarrollo rural sigue siendo profundamente inadecuada.

Los estados, las instituciones de la ONU y las organizaciones de las personas deben evaluar colectivamente lo que se ha hecho y lo que no se ha hecho. Renovar la voluntad política para aplicar estos instrumentos existentes y enfrentar las barreras sistémicas que bloquean su realización. Traducir las obligaciones y compromisos de los estados, así como los principios de derechos humanos, en políticas públicas redistributivas que pongan los territorios bajo el control de quienes alimentan, protegen y cuidan al mundo.

En el centro de las demandas de nuestros movimientos está una comprensión holística de los territorios.

A diferencia de la visión estrecha y tecnocrática de la tierra como un «factor de producción,» el IPC ve los territorios como espacios vivos que encarnan la base espiritual, cultural y material de la soberanía de un pueblo. Defender el territorio es defender los ciclos de cuidado y renovación que sostienen al planeta.

Nuestra visión colectiva de una «Reforma Agraria Integral y Feminista» se basa en el marco de las 4Rs:

• Reconocimiento: Respetar y proteger los sistemas de tenencia colectiva y consuetudinaria, particularmente para Pueblos Indígenas y comunidades marginadas.
• Redistribución: Asegurar la transferencia equitativa de tierras, poder y riqueza a campesinxs sin tierra, mujeres y jóvenes, estableciendo límites a la propiedad de tierras corporativas.
• Restitución y Reparación: Devolver el control a quienes han sido despojadxs por la colonización, los conflictos y los desalojos forzados, incluyendo la liquidación de deudas históricas a naciones indígenas.
• Regulación: Implementar regulaciones estrictas de interés público para limitar la influencia de las fuerzas del mercado y la especulación financiera sobre los bienes naturales.

En este sentido, nuestras demandas principales y propuestas hacia CIRADR+20 son las siguientes:

• Reconocer las Causas Raíz: Los estados deben realizar una evaluación honesta de los factores estructurales que impulsan la crisis actual, incluyendo los fracasos de las reformas basadas en el mercado y el impacto de la militarización y la ocupación.
• Comprometerse a la Transformación Estructural: Rechazar la mercantilización de la naturaleza y avanzar hacia políticas públicas que transfieran el poder de las corporaciones a las personas, prestando especial atención a mujeres, jóvenes y pueblos diversos en género y sexualidad.
• Implementación de Políticas Nacionales: Desarrollar planes de reforma agraria integral y sensibles al género que prioricen los derechos de mujeres, jóvenes y trabajadores sin tierra, especialmente de castas y grupos históricamente oprimidos.
• Responsabilidad Corporativa y Justicia Financiera: Poner fin a las apropiaciones de recursos por parte de corporaciones y «desfinanciar» la tierra y el agua, sacándolas de la lógica de los mercados especulativos.
• Mecanismos de Monitoreo Fuertes: Fortalecer el papel del CFS en el monitoreo de la implementación de las Directrices sobre Tenencia y los resultados y compromisos de CIRADR+20. Los resultados de CIRADR+20 deben informarse a todas las instituciones relevantes de la ONU, incluyendo el Sistema de Derechos Humanos de la ONU, las Convenciones de Río (CDB, UNFCCC y UNCCD), UNCTAD, IFAD, UNDP, etc. Establecer observatorios internacionales, nacionales y regionales para monitorear el progreso y reformar el Observatorio Global de Tierras de la FAO en una plataforma participativa para datos liderados por la comunidad.

Nuestro documento de posición captura estas demandas en toda su complejidad y detalle (English, Español, Français)

La lucha por la reforma agraria hoy es inseparable de la lucha contra el colapso ecológico y la expansión imperialista. En Cartagena, los movimientos sociales del mundo se mantienen firmes:

¡Control popular sobre la tierra, el agua y los territories YA!

¡Reforma Agraria Popular Ya!

Declaración final del Foro de Pueblos y Movimientos Sociales: Unidxs por la Tierra, el Agua, los Territorios y la Dignidad :

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¡Una victoria histórica para lxs campesinxs kenianxs!

En noviembre se produjo una victoria judicial histórica para lxs campesinxs en Kenia. Como explica Karine Peschard en su artículo, la UNDROP proporcionó una importante ventaja jurídica en una decisión histórica tomada por el Tribunal Superior de Kenia a favor del derecho de lxs campesinxs a conservar, utilizar, compartir, intercambiar y vender semillas campesinas. Tres años después de que un grupo de campesinxs kenianxs presentara la demanda, el Tribunal Superior dictaminó que la Ley de Semillas y Variedades Vegetales de Kenia era inconstitucional, ya que la ley no solo penaliza la venta de semillas no certificadas, sino que también restringe el control de lxs campesinxs sobre las cosechas producidas a partir de variedades protegidas. Dado su importante resultado jurídico y político, esta sentencia “cambia las reglas del juego para millones de campesinos y campesinas kenianos y sienta un importante precedente para los derechos consagrados en la UNDROP y, en particular, el derecho a las semillas a escala mundial.”

En una contundente declaración en la que elogian la sentencia keniana, los expertos del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la UNDROP destacaron que “esta decisión es una afirmación significativa de que los derechos humanos de los/as campesinos/as y los imperativos de la seguridad alimentaria y la biodiversidad deben prevalecer sobre regímenes de propiedad intelectual excesivamente restrictivos.” 

La Unión Europea se muestra a favor de que las empresas monopolicen las patentes de semillas

En Europa, la Coordinación Europea de La Vía Campesina (ECVC) ha denunciado recientemente un perjudicial acuerdo provisional sobre OMG-NTG (organismos modificados genéticamente-nuevas técnicas genómicas) alcanzado por el presidente del Consejo Europeo junto con los negociadores del Parlamento y la Comisión de la UE. El acuerdo, que aún debe ser aprobado por lxs parlamentarixs de la UE y los Estados miembros, desregularía la mayoría de los nuevos cultivos transgénicos, tratándolos como si fueran plantas convencionales, al tiempo que eliminaría los requisitos de trazabilidad, etiquetado y detección. 

La importancia de un instrumento internacional jurídicamente vinculante para regular las empresas transnacionales y proteger el derecho de las mujeres rurales a las semillas

Con motivo de la 11.ª sesión de negociaciones para un tratado jurídicamente vinculante de las Naciones Unidas para regular las empresas transnacionales, celebrada en el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, en octubre de 2025, Defendiendo los Derechos Campesinos entrevistó a una delegación del movimiento del África Austral Rural Women’s Assembly (RWA). Ellas destacaron los impactos que sufren directamente las mujeres rurales y sus comunidades por las actividades de las empresas transnacionales que operan en sus territorios y países. Desde el monopolio de las semillas hasta la contaminación medioambiental y las violaciones de los derechos humanos, las empresas transnacionales han operado con impunidad en Zambia, Sudáfrica y Suazilandia.

A este respecto, lea también el comunicado de prensa publicado por el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la UNDROP en apoyo del proceso del tratado vinculante.

El 7.º aniversario de la UNDROP

La tan reñida Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales (UNDROP) celebra este mes su 7° aniversario. Adoptada el 17 de diciembre de 2018, esta declaración supone una victoria histórica para diversos movimientos rurales de base que abogaron enérgicamente por un instrumento capaz de definir, proteger y promover los derechos de las poblaciones rurales de todo el mundo. Como instrumento jurídico y político clave para la tan necesaria transformación sistémica de los sistemas alimentarios mundiales, la UNDROP ofrece una orientación internacional de primer orden para las leyes, políticas y programas rurales que protegen los derechos de quienes nos alimentan, salvaguardan el medio ambiente y promueven la soberanía alimentaria.

El Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la UNDROP ha publicado recientemente una declaración en la que conmemora el séptimo aniversario de la UNDROP y subraya su importancia fundamental para abordar las cuestiones intersectoriales y estructurales a las que se enfrentan las poblaciones rurales en el mundo neoliberal y capitalista actual. ¡Échale un vistazo aquí!

Envíenos sus propuestas de publicaciones y futuras colaboraciones!

Defendiendo los Derechos Campesinos les desea un próspero 2026 en el avance de los derechos de los pueblos rurales!

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1: ¿Qué es la Asamblea de Mujeres Rurales y cuáles son sus principales áreas de trabajo?

La Asamblea de Mujeres Rurales es una red de movimientos de campesinas, pescadoras, trabajadoras agrícolas, migrantes y mujeres sin tierra, todas ellas residentes y trabajadoras en las zonas rurales de la región del sur de África. Estamos presentes en 11 países y contamos con cerca de 200 000 miembros. Se trata, por tanto, de un movimiento muy singular de mujeres rurales en la región.

Básicamente, la Asamblea de Mujeres Rurales da voz a las mujeres rurales y les permite actuar en cuestiones relacionadas con el acceso a la tierra y al agua, el derecho a la alimentación, el derecho a las semillas y, por supuesto, nos ocupamos de cuestiones patriarcales que afectan especialmente a las mujeres de las zonas rurales. Otro aspecto fundamental de nuestro trabajo es la justicia climática, que tiene un impacto considerable en la región, debido en gran medida a los numerosos ciclones que la azotan repetidamente, así como a otras crisis climaticas relacionadas.

Además, nos ocupamos de casos de violencia de género. En este sentido, desarrollamos ciclos de estudio en diferentes países, que son espacios que nos permiten debatir sobre cuestiones relacionadas con la violencia contra las mujeres.

También somos las guardianas de nuestras semillas, porque creemos que las semillas son nuestra vida, nuestro patrimonio, nuestra identidad, que no queremos perder. Nos encontramos en una situación en la que las empresas transnacionales, las empresas semilleras, quieren que eliminemos nuestras semillas, heredadas durante generaciones y generaciones. Estamos resistiendo ante ello.

2: ¿Por qué están aquí en Ginebra esta semana? ¿Cuáles son sus expectativas?

Estamos aquí en Ginebra para la 11.ª sesión de negociaciones sobre un tratado jurídicamente vinculante para regular las empresas transnacionales. Estamos aquí porque nuestras comunidades sufren a diario la violencia de las empresas transnacionales. A las personas de las comunidades les están arrebatando sus tierras, donde nosotras, las mujeres, cultivamos. También tenemos problemas relacionados con la crisis climática, como ya se ha dicho. Estas empresas deberían pagar por la contaminación, los daños y las pérdidas que sufrimos cada año. Sequías, inundaciones, entre otros hechos. Por eso estamos aquí, para contribuir a la elaboración de un tratado vinculante que responsabilice a estas empresas. Nuestro objetivo es que se apruebe el tratado para poder prevenir estas catástrofes.

Estamos aquí para hacer oír nuestra voz, porque cuando estamos en nuestros países podemos emitir declaraciones, pero estas no llegan a las Naciones Unidas. Por eso estamos aquí, en múltiples movimientos y comunidades, y una voz colectiva de diferentes países puede tener peso..

Estamos aquí como parte de la Campaña Global para Reivendicar la Soberania de los Pueblos, Desmantelar el Poder Corporativo y Poner fin a la Impunidad, una potente coalición de movimientos sociales, organizaciones progresistas y comunidades afectadas por las transnacionales, para plantear los problemas de las mujeres rurales del Sur Global. Estar aquí es fundamental para nosotras y forma parte de nuestra estrategia de incidencia como Asamblea de Mujeres Rurales. Queremos invertir y participar en diferentes plataformas para defender nuestros intereses a nivel local, nacional e internacional, y utilizar estos espacios de formulación de políticas globales o incluso los instrumentos de las Naciones Unidas para amplificar realmente nuestra voz.

3: ¿Cómo se relaciona la lucha por un tratado vinculante fuerte para regular las empresas transnacionales con la protección y la aplicación de los derechos campesinos, tal y como se describe en la UNDROP?

Hay una fuerte conexión. Me complació mucho saber que en el artículo 15.7 del borrador del tratado vinculante se ha incluido una disposición sobre los derechos campesinos y las poblaciones rurales, que ha recibido un fuerte apoyo de casi todos los países, en particular de Colombia y Palestina. El hecho de que los derechos campesinos se incluyan en este tratado dice mucho de la UNDROP. Este instrumento nos ayudará a impulsar nuestra agenda, de promoción y aplicación de la UNDROP en nuestros países. Nuestros países, por ejemplo Sudáfrica, votaron en favor de la declaración en 2018, pero todavía no contamos con una política que aplique la UNDROP. La existencia de este tratado vinculante reforzará nuestra labor de promoción y nuestro trabajo en nuestros países para garantizar que nuestros gobiernos rindan cuentas de la aplicación de ambos instrumentos. Por lo tanto, estos dos marcos jurídicos serán vehículos clave que utilizaremos en nuestras estrategias de promoción.

Es necesario resaltar que las violaciones que cometen las empresas transnacionales afectan precisamente los derechos que nos otorga la UNDROP. En particular, el derecho a las semillas, el derecho a la tierra y el derecho al agua. Cuando se adopte este tratado, dispondremos de una herramienta vinculante a la cual podremos recurrir para defendernos.

4: ¿Cómo afectan las actividades de las empresas transnacionales a sus comunidades?

En primer lugar, las empresas transnacionales quieren quitarnos nuestras semillas e imponer sus propias semillas industriales. Estas entidades vienen contaminando nuestra agua, causando enfermedades. La contaminación no solo afecta a las personas, sino también a los animales y los cultivos. Como resultado, padecemos enfermedades que ni siquiera reconocemos; a veces, incluso nuestros propios países nos dicen que no saben cómo tratarlas. Estos son los impactos a los que nos enfrentamos como resultado de lo que las empresas transnacionales están haciendo en nuestras comunidades.

La soberanía sobre las semillas ya no es un derecho. Las semillas han sido mercantilizadas por las empresas transnacionales. Se han convertido en una fuente de acumulación de capital en detrimento de la población rural pobre. Nuestros gobiernos ignoran que nuestras semillas son resistentes a los efectos del cambio climático. Nuestras semillas se pueden plantar varias veces. Cuando se compran semillas híbridas, solo duran un año. Si se intenta plantarlas después, no germinan. Nuestras semillas, en cambio, son resistentes: podemos plantarlas durante muchos años. Por lo tanto, tenemos seguridad alimentaria en casa y en la comunidad. Nuestras semillas son perfectas. No son perjudiciales. Tienen propiedades curativas y muchos nutrientes. Los alimentos que se obtienen de ellas se pueden cocinar de diferentes maneras. Se dice que hay hambre en Zambia. Eso es porque se sigue el pensamiento del mundo empresarial. Si pudiéramos pensar como piensan las mujeres rurales, habría mucha comida en Zambia. Ni siquiera debería haber hambre allí. Por lo tanto, este tratado también nos ayudará y protegerá nuestras semillas.

Las semillas híbridas son caras en comparación con nuestras propias semillas, ya que requieren fertilizantes y productos químicos. Si se plantan híbridas sin fertilizantes, no se obtiene nada. Por eso, también estamos tratando de promover nuestras propias semillas autóctonas, a pesar de las amenazas a las que nos enfrentamos por parte de nuestros gobiernos. Con el apoyo de nuestros gobiernos, las empresas transnacionales nos roban nuestras semillas, las convierten en híbridas y nos hacen pagar por ellas. Tenemos derecho a decir no a lo que nos ofrecen.

Además, están contaminando el medio ambiente y nos dicen que no debemos talar nuestros árboles para que estos puedan limpiar el carbono. Están interesados en desarrollar los mercados de créditos de carbono. Vienen a nuestras zonas y se apoderan de grandes extensiones de tierra. Dicen que ni siquiera debemos ir a recoger setas allí, que no debemos ir a recoger orugas allí. Ponen guardias para que no podamos ir a buscar leña. Así que tenemos nuestra propia tierra, pero no tenemos control sobre ella. Es muy intimidante. Venden carbono por mucho dinero, pero nosotros no obtenemos nada de eso.

También se apoderan de la tierra porque quieren explotar la minería, mientras que nosotras somos desplazadas de una tierra en la que hemos vivido durante tantos años. Incluso dañan las tumbas que se encuentran en esas tierras. Por lo tanto, es muy deshumanizante. Hay mucha impunidad en lo que hacen.

Estas empresas transnacionales han destruido nuestra tierra con la contaminación. Tienes un campo que no podrás utilizar durante los próximos 10 años porque ha sido dañado con minerales tóxicos desconocidos que han pasado por la zona. En la provincia de Copperbelt, en Zambia, que está cerca de donde vivimos, las empresas transnacionales contaminaron el río Kafue, que atraviesa todo el país. No podemos acceder al agua en tres cuartas partes de la tierra por la que pasa el río Kafue. No podemos comer ningún pescado de allí.

En Sudáfrica, los pescadores han denunciado a nuestro Gobierno —en particular a nuestro Departamento de Recursos Minerales y Energía— por realizar voladuras en el océano y por trabajar y colaborar con la empresa Shell, que buscaba petróleo en el océano en la parte oriental de Sudáfrica. Tenemos un caso similar en lo que respecta al titanio, que lleva mucho tiempo produciéndose también en la parte oriental de Sudáfrica, en Mbizana, donde las comunidades se están levantando y diciendo: «Tenemos derecho a decir no». El principio del consentimiento libre, previo e informado de las comunidades afectadas debe ser respetado. Se trata de un largo proceso judicial, y estas entidades deben rendir cuentas ahora. Deben pagar. Necesitamos reparaciones. Durante este proceso de resistencia, se han perdido vidas, defensoras han sido asesinadas y muchas están amenazadas en este mismo momento.

5: ¿Cómo han movilizado la UNDROP en África Australen favor de los derechos de las mujeres rurales?

En primer lugar, nos aseguramos de que nuestros miembros comprendieran lo que representa esta declaración y, por lo tanto, cuáles son los derechos que contiene. Llevamos a cabo una intensa labor de capacitación, educación y sensibilización entre nuestros miembros sobre sus derechos y sobre cómo involucrarse para defenderlos. Se trata de una declaración adoptada por las Naciones Unidas que todos los países deben aplicar, por lo que era fundamental para nosotros asegurarnos de que nuestras comunidades comprendieran sus derechos. Cada país tiene una estrategia de promoción, para amplificar la UNDROP en sus comunidades.

Por ejemplo, en Sudáfrica hemos llevado a cabo una campaña llamada “Una mujer, una hectárea de tierra”, para proporcionar más tierra a las mujeres. Combinamos esa campaña con la UNDROP, especialmente el derecho a la tierra, el derecho a la soberanía alimentaria y el derecho a utilizar nuestras semillas.

Como mujeres rurales de diferentes países, celebramos cada año festivales de alimentos y semillas. Lo hacemos para identificar qué semillas se han perdido, cuáles nos quedan y cómo podemos hacer un mejor uso de cada una. Ahora queremos crear bancos de semillas y campos de demostración donde podamos plantar estas semillas, para poder multiplicarlas. También desarrollamos iniciativas de intercambio de semillas. Trabajamos para aumentar nuestras reservas de semillas, de modo que, al resistirnos a las empresas transnacionales, también demostremos la fuerza de lo que tenemos.

En Suazilandia, por ejemplo, estamos involucrando a funcionarios del Gobierno en la aplicación de la UNDROP. Hemos colaborado con varios ministerios, incluido el Ministerio de Agricultura, pero aún no se han obtenido resultados concretos, ya que aún no han dado prioridad a la cuestión. También hemos comenzado a traducir la UNDROP a los idiomas locales para que sea accesible a nuestra población, a las mujeres.

6: ¿Cuál es su mensaje para los Estados del África meridional en relación con su participación en el proceso del Tratado vinculante?

Lo fundamental en este podio es escuchar las voces del Sur Global, especialmente las de nuestros gobiernos africanos. Queremos que pongan fin a la impunidad de las empresas. Tienen que actuar por nuestra gente, por nuestras comunidades, por los pobres, por nuestras naciones. En Sudáfrica, por ejemplo, tenemos una gran constitución en materia de derechos humanos. Sudáfrica ha firmado declaraciones y se ha comprometido históricamente con la UNDROP. Por lo tanto, exigimos que nuestra voz sea escuchada y que estos instrumentos sean implementados.

Nos gustaría que más países africanos participaran activamente en este proceso de negociación del Tratado vinculante. Los gobiernos deben intervenir, encontrar mercados para nuestros alimentos autóctonos y promocionarlos, y ayudar al campesinado. Si no tenemos maíz, tenemos sorgo, diferentes tipos de frijoles, yuca. Podemos preparar una comida con eso. Por lo tanto, deberían anteponer la vida de su pueblo a la protección de los llamados inversores que vienen a nuestros países solo para saquearlos. Extraen los minerales, se los llevan y, cuando regresan, nos vemos obligados a recomprar nuestros propios recursos a un precio muy elevado.

Si las empresas vienen como inversores a nuestros países, que construyan escuelas, carreteras, hospitales. El gobierno debería plantar cara y luchar por nosotras. Debenejar de mirar los beneficios y mirar las vidas de nuestro pueblo!

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El 27 de noviembre de 2025, el Tribunal Superior de Kenia en Machakos dictó una sentencia muy esperada en el marco de un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley sobre semillas y variedades vegetales interpuesto por un grupo de campesinos y campesinas. El Tribunal dio la razón a los demandantes en todos los puntos, anulando varias secciones de la ley y sus reglamentos.

Como se indicó anteriormente en otro articulo del sitioweb “Defendiendo los derechos campesinos”, el recurso constitucional contra la Ley sobre semillas y variedades vegetales fue presentado en 2022 por quince campesinos y campesinas de la Seeds Savers Network contra la agencia gubernamental encargada de la aplicación de la ley.

Revisada en 2012, la Ley keniana sobre semillas y variedades vegetales es una ley draconiana que prohíbe a los campesinos y las campesinas conservar, compartir, intercambiar y vender semillas bajo pena de sanciones penales. En su decisión, la jueza declaró que varias disposiciones de la ley eran contrarias a la Constitución de Kenia, al Tratado sobre los Recursos Fitogenéticos de la FAO y a la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales (UNDROP). La jueza consideró que la Constitución debía interpretarse a la luz del artículo 9 del Tratado sobre los Recursos Fitogenéticos y del artículo 19 de la UNDROP, y que Kenia estaba obligada a cumplir sus obligaciones en virtud del derecho internacional en general y de los derechos humanos en particular.

Más concretamente, la jueza consideró que la sección de la ley que otorga a los inspectores la facultad de incautar y destruir semillas cuando tienen «motivos razonables» para creer que se ha infringido una disposición de la ley vulnera el derecho de los campesinos y las campesinas a la intimidad, al respeto de su domicilio y a la protección de sus bienes, tal y como se consagran en la Constitución. La jueza señaló que la falta de definición del término «motivos razonables» y de un mecanismo de control independiente podía dar lugar a abusos y decisiones arbitrarias.

Es importante señalar que la jueza declaró que varias disposiciones de la ley son inconstitucionales, ya que vulneran el derecho de los campesinos y las campesinas a conservar, utilizar, compartir, intercambiar y vender semillas conservadas en la explotación. Estas disposiciones penalizan la venta de semillas, salvo que se trate de semillas certificadas vendidas por comerciantes registrados, y limitan los derechos de los campesinos y las campesinas sobre sus cosechas procedentes de variedades protegidas.

La jueza consideró que, al restringir el derecho cultural a conservar, compartir e intercambiar semillas, estas disposiciones son contrarias a la Constitución, que afirma que el Estado debe reconocer el papel de la ciencia y las tecnologías indígenas, así como reconocer y proteger la propiedad de las semillas y variedades vegetales indígenas, sus diversas características y su uso por parte de las comunidades de Kenia. Teniendo en cuenta la importante contribución de los campesinos y las campesinas a la producción de alimentos, la jueza consideró que estas disposiciones también violaban el derecho a la alimentación garantizado por la Constitución y la obligación de Kenia de adoptar medidas legislativas, políticas y de otro tipo para garantizar su realización progresiva. Por último, la jueza también consideró que los exorbitantes gastos de registro, asociados a los estrictos requisitos de registro, constituían una discriminación indirecta contra los campesinos y campesinas.

En cuanto al derecho a la participación, la jueza observó que muchas de las cuestiones planteadas en la demanda podrían haberse evitado si el Gobierno hubiera garantizado el derecho a una participación adecuada y significativa de los campesinos y campesinas, las partes interesadas y el público en el proceso de elaboración de la legislación. La jueza ordenó al Gobierno que garantizara el derecho a la participación en el proceso de modificación de la ley para cumplir con la sentencia.

Aún no se sabe si el Gobierno de Kenia apelará esta decisión. En cualquier caso, esta decisión judicial cambia las reglas del juego para millones de campesinos y campesinas kenianos y sienta un importante precedente para los derechos consagrados en la UNDROP y, en particular, el derecho a las semillas a escala mundial.

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Sentencia del Tribunal Superior de Kenia, disponible aquí (en inglés):
https://new.kenyalaw.org/akn/ke/judgment/kehc/2025/18166/eng@2025-11-27

Constitución de Kenia (en particular los artículos 11, 21(2) y 43(1)):
https://kenyalaw.org/kl/fileadmin/pdfdownloads/TheConstitutionOfKenya.pdf

Ley de Kenia sobre semillas y variedades vegetales:
https://upovlex.upov.int/en/legislation/text/506145

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