La semilla es el primer eslabón de toda cadena alimentaria. Sin embargo, aquello que durante milenios fue un bien común custodiado por comunidades campesinas se encuentra hoy en el centro de una disputa global entre los derechos humanos, la soberanía alimentaria y la propiedad intelectual.

Un nuevo informe presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sostiene que la gobernanza internacional de las semillas se inclina cada vez más hacia la mercantilización, la concentración corporativa y la criminalización de prácticas ancestrales como conservar, intercambiar o vender semillas campesinas.

El documento, titulado El derecho a las semillas: custodia, cercamiento y resistencia, fue elaborado por el Grupo de Trabajo sobre los derechos de los campesinos y de otras personas que trabajan en las zonas rurales. Su presentación estuvo a cargo de Shamlali Guttal, presidenta del Grupo de Trabajo, quien también presentó el informe sobre la visita oficial realizada a Ghana del 5 al 14 de mayo de 2026.

El diagnóstico es contundente: las semillas están siendo progresivamente transformadas de patrimonio biocultural en mercancías sometidas a regímenes de propiedad intelectual, certificación comercial y control corporativo.

De bien común a propiedad privada

El informe identifica dos modelos enfrentados. El primero concibe las semillas como bienes comunes que sustentan la soberanía alimentaria, la biodiversidad y los derechos colectivos de los pueblos rurales. El segundo las considera activos económicos sujetos a patentes, certificados de obtentor y reglas comerciales globales.

Según el Grupo de Trabajo, el equilibrio entre ambas visiones se ha roto claramente en favor de la segunda.

Durante la presentación del informe, Shamlali Guttal recordó que las semillas no son simples mercancías para los campesinos y los pueblos indígenas.

“Las semillas son el comienzo de cada comida, la memoria de cada cosecha y la esperanza de la vida futura. Son una herencia viva, desarrollada durante generaciones mediante la selección, el intercambio y la adaptación a distintos suelos, ecosistemas y climas”.

Guttal también subrayó que el artículo 19 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos reconoce el derecho de los campesinos a conservar, utilizar, controlar, proteger y desarrollar sus propias semillas. En consecuencia, los Estados tienen la obligación de respetar, proteger y hacer efectivo ese derecho.

Las normas internacionales sobre propiedad intelectual, los acuerdos comerciales y los sistemas de certificación han generado restricciones crecientes para quienes conservan, intercambian o venden semillas fuera de los circuitos comerciales. Lo que durante siglos constituyó una práctica campesina habitual comienza a ser tratado como una infracción legal en numerosos países.

La concentración del mercado mundial

La privatización de las semillas avanza paralelamente a una concentración sin precedentes de la industria. El informe señala que cuatro empresas —Bayer, Corteva, Syngenta y BASF— controlan más de la mitad del mercado mundial de semillas comerciales.

Esta concentración no solo afecta los precios. También orienta la investigación genética, condiciona las políticas agrícolas y favorece variedades homogéneas diseñadas para sistemas agrícolas intensivos, dependientes de fertilizantes y pesticidas.

Ello erosiona la diversidad agrícola y aumenta la dependencia de los agricultores respecto de las grandes empresas proveedoras de semillas e insumos.

Frente a esta tendencia, el informe destaca la importancia de los sistemas de semillas gestionados por los propios agricultores. En algunas regiones de África y Asia, estos sistemas proporcionan hasta el 90 % de las semillas utilizadas en los cultivos alimentarios.

Durante su intervención, Guttal explicó que estos sistemas tradicionales son el principal reservorio de diversidad genética agrícola y constituyen una base fundamental para la soberanía alimentaria y la resiliencia frente al cambio climático.

El Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura reconoce los derechos de los agricultores y establece un sistema multilateral de acceso y participación en los beneficios. Sin embargo, el Grupo de Trabajo advirtió que estos compromisos se aplican de manera desigual y que los recursos destinados al fondo de beneficios siguen siendo insuficientes.

Cuando guardar semillas se convierte en delito

Uno de los aspectos más alarmantes del informe es la descripción de un proceso creciente de criminalización de las prácticas tradicionales relacionadas con las semillas.

En distintos países, agricultores han sido perseguidos judicialmente por intercambiar, reutilizar o vender material de siembra conservado en sus explotaciones. El informe documenta casos en África, Asia, América Latina y Europa, con sanciones que incluyen multas elevadas e incluso penas de prisión.

Los regímenes de protección de variedades vegetales, especialmente los inspirados en el Acta de 1991 del Convenio de la UPOV, amplían los derechos exclusivos de los obtentores sobre el material de reproducción. En algunos países, las restricciones pueden alcanzar prácticas tan habituales como guardar semillas de una cosecha para utilizarlas en la siguiente.

El documento también alerta sobre el uso creciente de tecnologías de vigilancia, marcadores genéticos, drones e imágenes satelitales para detectar presuntas infracciones vinculadas a semillas protegidas.

Para el Grupo de Trabajo, existe una paradoja evidente: mientras los sistemas campesinos continúan proporcionando entre el 70 % y el 90 % de las semillas utilizadas en numerosos países, son precisamente estos sistemas los que enfrentan mayores restricciones legales.

Guttal advirtió además sobre la expansión de las patentes sobre secuencias genéticas y sobre la utilización de información obtenida de bases de datos digitales.

“Las secuencias genéticas pueden ser registradas o patentadas sin que se haya utilizado físicamente la semilla. Esta práctica puede permitir que los recursos genéticos sean utilizados sin respetar las obligaciones de participación en los beneficios”.

Las guardianas invisibles

El informe dedica una atención particular al papel de las mujeres rurales. Las identifica como principales custodias de la diversidad genética y como responsables de la selección, conservación y transmisión de conocimientos sobre semillas en gran parte del mundo.

Sin embargo, las políticas agrícolas y los marcos regulatorios suelen invisibilizar esta contribución. La privatización de las semillas y la imposición de sistemas de certificación afectan de manera desproporcionada a las mujeres, ya que restringen prácticas fundamentales para su autonomía económica y alimentaria.

La erosión de los sistemas tradicionales no implica únicamente la pérdida de biodiversidad. También reduce el margen de acción de quienes históricamente han sostenido la seguridad alimentaria a nivel local.

Por ello, el Grupo de Trabajo pide que los Estados garanticen la igualdad de las mujeres rurales en la gobernanza de las semillas mediante una tenencia segura de la tierra, una representación efectiva en los órganos de decisión y el reconocimiento de sus conocimientos tradicionales y de su papel como principales custodias de las semillas.

Biodiversidad amenazada

Para la ONU, la disputa por las semillas es inseparable de la crisis ecológica global. La pérdida acelerada de diversidad genética vegetal aparece como una de las señales más preocupantes de la agricultura industrial contemporánea.

El informe señala que aproximadamente tres cuartas partes de la diversidad genética de los cultivos se perdieron durante el siglo XX, a medida que las variedades locales, adaptadas a sus territorios, fueron sustituidas por un número cada vez más reducido de variedades comerciales.

La expansión de los organismos genéticamente modificados y de las nuevas tecnologías de edición genética incrementa además los riesgos de contaminación genética y de apropiación privada de recursos desarrollados históricamente por comunidades campesinas e indígenas.

El documento recoge casos de contaminación de variedades autóctonas de maíz y algodón con material genéticamente modificado no autorizado en América Latina. También denuncia demandas contra agricultores que no habían plantado conscientemente semillas patentadas, pero cuyos campos contenían plantas procedentes de ese material.

El informe advierte asimismo sobre nuevas formas de biopiratería asociadas a la digitalización de secuencias genéticas. Gracias a estas tecnologías, empresas e instituciones pueden registrar y patentar características biológicas derivadas de variedades tradicionales sin acceder físicamente a las semillas de origen.

Esta práctica debilita los mecanismos de reparto de beneficios y puede facilitar la apropiación de conocimientos desarrollados por comunidades campesinas e indígenas.

Por esa razón, Guttal pidió que las nuevas técnicas genómicas sean sometidas a evaluaciones independientes de riesgo y a requisitos de trazabilidad y etiquetado antes de cualquier proceso de desregulación.

Semillas, territorio y conflictos

La defensa de las semillas no puede separarse de la defensa de la tierra. El informe subraya que los sistemas tradicionales dependen de territorios vivos donde las comunidades puedan cultivar, intercambiar y transmitir conocimientos entre generaciones.

Por ello, los desplazamientos forzados, los acaparamientos de tierras, los megaproyectos agroindustriales, los conflictos armados y la degradación ambiental constituyen amenazas directas para el derecho a las semillas.

La pérdida de territorios implica también la pérdida de conocimientos, variedades adaptadas localmente y redes comunitarias de intercambio que sostienen la resiliencia de los sistemas alimentarios.

En este sentido, el Grupo de Trabajo recomendó que, en situaciones de conflicto armado, ocupación u otras crisis, las semillas campesinas y las infraestructuras relacionadas con ellas sean reconocidas como bienes civiles esenciales para la supervivencia de la población.

Resistencia campesina y victorias judiciales

Frente a estas tendencias, el documento recoge numerosas experiencias de resistencia. Cooperativas, bancos comunitarios de semillas, ferias de intercambio y programas de fitomejoramiento participativo continúan sosteniendo una parte esencial de la biodiversidad agrícola mundial.

Guttal destacó que estas iniciativas no deben ser tratadas como actividades marginales, sino como bienes públicos que merecen el mismo apoyo que los programas formales de mejoramiento de semillas.

El Grupo de Trabajo también destaca varias experiencias jurídicas y políticas. Entre ellas se encuentra la Ley Modelo Africana para la Protección de los Derechos de las Comunidades Locales, los Agricultores y los Mejoradores, desarrollada mediante el Protocolo de Arusha de la ARIPO, que ofrece una alternativa compatible con los derechos humanos frente al modelo de la UPOV de 1991.

La legislación de la India protege expresamente el derecho de los agricultores a conservar, utilizar, intercambiar y vender semillas guardadas en sus explotaciones, junto con los derechos de los obtentores.

En Brasil, el Programa de Adquisición de Alimentos orienta la contratación pública hacia semillas tradicionales y agroecológicas.

El informe recoge además varias victorias judiciales. En 2021, la Corte Suprema de Honduras declaró inconstitucional la ley nacional de protección de variedades vegetales, invocando el artículo 19 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos.

En Kenia, tanto la Corte Suprema como el Tribunal Superior han reconocido la protección constitucional de las prácticas consuetudinarias campesinas de intercambio de semillas. En noviembre de 2025, el Tribunal Superior sostuvo que “compartir semillas no es un delito”, una decisión cuyo alcance, según el Grupo de Trabajo, supera las fronteras del país.

Estas experiencias muestran que otra gobernanza de las semillas es posible, basada en los derechos humanos, la soberanía alimentaria y la conservación de la biodiversidad.

Una disputa sobre el futuro de la alimentación

Más allá de la cuestión agrícola, el informe plantea una interrogante política fundamental: ¿quién controla los recursos que permiten producir alimentos?

La conclusión del Grupo de Trabajo es inequívoca. Las semillas no pueden reducirse a simples mercancías. Constituyen la base material de derechos fundamentales como la alimentación, la salud, la cultura y un medio ambiente sano.

Considerarlas exclusivamente como objetos de propiedad privada no solo amenaza la biodiversidad y la soberanía alimentaria, sino que profundiza la dependencia económica de millones de agricultores en todo el mundo.

Por ello, el Grupo de Trabajo insta a los Estados a reconocer y proteger los sistemas de semillas campesinos, fortalecer la agroecología y garantizar el derecho de las comunidades rurales a conservar, intercambiar, desarrollar y vender sus propias semillas.

En palabras de Shamlali Guttal, proteger las semillas significa proteger también a las comunidades que las han cuidado durante generaciones: sus derechos, sus territorios, sus conocimientos y su capacidad de hacer frente al cambio climático y a otras crisis.

En otras palabras, devolver a las semillas su condición original: patrimonio vivo de los pueblos antes que mercancía de los mercados.

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La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales (UNDROP) se está convirtiendo cada vez más en un instrumento normativo y político clave para transformar los sistemas alimentarios y agrícolas, en particular en el Sur Global. En un contexto de creciente concentración corporativa, mercantilización y dependencias externas, la UNDROP ofrece un marco para fortalecer los derechos campesinos, la soberanía alimentaria y el control democrático sobre el desarrollo rural.

Su creciente influencia es el resultado tanto de la apropiación por parte de las bases, en el seno de las organizaciones campesinas y rurales, como de su progresiva integración en los marcos jurídicos internacionales y nacionales. Los mecanismos de derechos humanos de la ONU, los tribunales, los órganos legislativos y las instituciones públicas recurren cada vez más a la UNDROP para interpretar derechos y elaborar políticas relativas a la tierra, las semillas, la alimentación, la salud, el clima y los medios de vida rurales. Los recientes avances en países como Honduras, Colombia, Kenia, Ecuador y Brasil ilustran este giro hacia la aplicación práctica.

Para el Sur Global, la UNDROP ofrece una oportunidad estratégica para fortalecer la soberanía alimentaria y agrícola, apoyar las vías agroecológicas, proteger la biodiversidad y las prácticas tradicionales, y reducir la dependencia de los mercados mundiales. Su aplicación efectiva requiere una movilización política sostenida, un compromiso institucional y una mayor cooperación entre los Estados, los organismos de derechos humanos, las y los profesionales del derecho y titulares de derechos.

En la coyuntura internacional actual, marcada por una crisis sistémica y multidimensional, los sistemas alimentarios y agrícolas se han convertido en espacios estratégicos donde los actores económicos dominantes (las empresas transnacionales, el sector del agronegocio y los agentes financieros), aprovechando una arquitectura jurídica internacional asimétrica que rige el comercio y la propiedad intelectual, persiguen estrategias destinadas a consolidar su influencia y control sobre las cadenas alimentarias. Estas estrategias tienen como objetivo principal asegurar el acceso a los recursos y mercados dentro de un marco más amplio de mercantilización generalizada y maximización de los beneficios. Dentro de este complejo panorama internacional, sin embargo, también existen motivos para un prudente optimismo. En particular, una tendencia perceptible y creciente señala la progresiva consolidación de la UNDROP como una referencia normativa clave tanto a nivel nacional como internacional. Si bien los desafíos para su aplicación integral y efectiva siguen siendo considerables, es igualmente evidente que la UNDROP se está convirtiendo en un punto de anclaje crucial para decisiones, leyes, políticas públicas, debates e incluso negociaciones en diversos mecanismos y espacios multilaterales. Esta creciente relevancia no es casual; es el resultado de un proceso dinámico de socialización, promoción y desarrollo de capacidades que va más allá del respaldo formal, transformando la Declaración en una herramienta viva para promover los derechos que consagra.

Apropiación social y legitimidad desde las bases

Uno de los principales motores de este progreso es el proceso de apropiación de la UNDROP por parte de sus propios titulares de derechos. Esto ha fortalecido su legitimidad y ha garantizado que la Declaración funcione como una palanca tanto jurídica como política para reclamar derechos, monitorear situaciones y entablar un diálogo significativo con las autoridades públicas a fin de orientar las leyes nacionales y las políticas públicas.

Lejos de ser un instrumento abstracto, la UNDROP es utilizada activamente por las comunidades campesinas y las organizaciones rurales como un marco normativo para estructurar sus demandas y estrategias. Esta dinámica refuerza su carácter transformador y su capacidad para influir en realidades concretas y marcos institucionales. Así, los derechos humanos dejan de ser nociones abstractas y se convierten en herramientas prácticas para la acción, fundamentadas en las realidades vividas, los conocimientos y las formas colectivas de organización de las comunidades.

El papel de los mecanismos y órganos internacionales de protección de los derechos humanos

El Grupo de Trabajo de Expertos de las Naciones Unidas sobre la UNDROP ha desempeñado un papel central en la promoción de la Declaración, en la clarificación y el avance de su aplicación. A través del diálogo con los Estados y otros actores, la elaboración de orientaciones interpretativas y la difusión de su narrativa en los espacios multilaterales pertinentes, este mecanismo de la ONU ha contribuido de manera significativa a posicionar la Declaración dentro del sistema internacional de derechos humanos.

Más allá del Grupo de Trabajo de Expertos, varios mecanismos de derechos humanos de la ONU han contribuido a fortalecer la interpretación y visibilidad de la UNDROP. Por ejemplo, los Relatores Especiales sobre el derecho a la alimentación han desempeñado un papel clave en la integración de los principios de la Declaración en debates más amplios sobre los sistemas alimentarios, enfatizando los derechos a la tierra, a las semillas y a la soberanía alimentaria (https://www.ohchr.org/en/special-procedures/sr-food/annual-thematic-reports). De manera similar, el Relator Especial sobre los derechos humanos y el medio ambiente ha destacado la relevancia de la UNDROP en el contexto del cambio climático y la protección ambiental, reforzando el papel del campesinado, de las comunidades pesqueras artesanales, de los pastores, las comunidades nómadas y los Pueblos Indígenas como guardianes de los recursos naturales.

Los órganos creados en virtud de los tratados de la ONU también han impulsado este proceso. En particular, la Observación General No. 26 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales sobre la tierra refleja principios fundamentales de la UNDROP, incluyendo el acceso seguro y equitativo a la tierra y el reconocimiento de los sistemas de tenencia consuetudinarios (https://www.ohchr.org/en/documents/general-comments-and-recommendations/ec12gc26-general-comment-no-26-2022-land-and). En un sentido más amplio, las observaciones finales abordan cada vez más cuestiones centrales de la Declaración, contribuyendo a su consolidación normativa dentro del sistema internacional de derechos humanos.

De igual forma, la labor del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) ilustra un avance gradual hacia la convergencia entre los derechos de las mujeres y los derechos de las mujeres rurales. Aunque la Recomendación General No. 34 sobre las mujeres rurales (2016) precedió a la adopción de la UNDROP en 2018, anticipa en gran medida sus preocupaciones al enfatizar el derecho a la tierra, el acceso a los recursos naturales y la seguridad alimentaria para las mujeres rurales. Desde la adopción de la UNDROP, la CEDAW ha recurrido cada vez más a este instrumento en sus observaciones finales dirigidas a los Estados. En estas instancias, la UNDROP sirve como un marco interpretativo complementario para fortalecer las obligaciones de los Estados con respecto a la no discriminación, particularmente en lo que respecta al acceso de las mujeres rurales a la tierra, a los medios de vida y a la participación en los procesos de toma de decisiones. Por lo tanto, la UNDROP se está integrando gradualmente en la práctica de la CEDAW como un instrumento de referencia, contribuyendo a una comprensión ampliada de los derechos de las mujeres rurales.

De la retórica a la práctica: avances jurisprudenciales y legislativos

Un número creciente de Estados reconoce el valor de la UNDROP como una herramienta práctica para proteger a las poblaciones rurales y cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos. Esta creciente apertura está creando condiciones favorables para su progresiva integración en los marcos jurídicos y las políticas públicas.

Jurisprudencia y casos legales
La consolidación de la UNDROP se refleja en desarrollos jurisprudenciales concretos en diferentes países. Los tribunales nacionales utilizan cada vez más la Declaración como una fuente normativa legítima para interpretar la legislación nacional y respaldar las decisiones judiciales. Estas prácticas institucionales positivas demuestran cómo los aparatos estatales en su conjunto están alineando sus marcos nacionales con las normas internacionales de derechos humanos para proteger los derechos campesinos, la alimentación, la biodiversidad, la salud, entre otros (https://defendingpeasantsrights.org/en/home/).

La decisión de 2018 de la Corte Suprema de Honduras representa un hito en este sentido. Al declarar inconstitucional la llamada «Ley Monsanto», la Corte se basó explícitamente en el artículo 19 de la UNDROP (el derecho a las semillas), afirmando que los sistemas campesinos de semillas están protegidos por las normas internacionales de derechos humanos. El fallo enfatizó que criminalizar la conservación y el intercambio de semillas socava tanto las prácticas culturales como la soberanía alimentaria, marcando una de las primeras aplicaciones judiciales directas de la Declaración (https://defendingpeasantsrights.org/en/honduras-supreme-court-uses-undrop-article-19-on-the-right-to-seeds-to-declare-unconstitutional-the-monsanto-law/).

Esta tendencia jurisprudencial ha continuado y se ha expandido. En 2020, la Corte Interamericana de Derechos Humanos comenzó a articular la complementariedad entre los derechos de los Pueblos Indígenas y los de las y los campesinos en Argentina, señalando una importante evolución hacia una comprensión más inclusiva de los derechos colectivos en contextos rurales. Este caso marca un hito a este respecto, ya que la Corte utilizó explícitamente tanto la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas como la UNDROP, estableciendo puentes interpretativos entre ambos marcos (https://defendingpeasantsrights.org/en/inter-american-court-of-human-rights-first-case-law-on-the-links-between-the-declarations-on-the-rights-of-peasants-and-indigenous-peoples/).

En Canadá, un desarrollo importante ilustra otro caso de cómo la UNDROP se utiliza como una herramienta interpretativa persuasiva. En 2020, el Tribunal Superior de Justicia de Ontario se basó en el artículo 23 de la Declaración (derecho a la salud) en un caso relacionado con trabajadores agrícolas migrantes expuestos a condiciones de vida inseguras y de hacinamiento durante la pandemia de COVID-19. De manera significativa, el Tribunal reconoció a la UNDROP como parte del cuerpo más amplio de normas de derechos humanos que pueden informar la interpretación del derecho interno. Este caso demuestra la relevancia jurídica práctica de la Declaración incluso en Estados que no la han apoyado y destaca su potencial para respaldar el litigio estratégico destinado a fortalecer la protección de las y los trabajadores rurales (https://defendingpeasantsrights.org/en/interview-of-jessie-macinnis/).

En Colombia, la Corte Constitucional ha abierto nuevos caminos al vincular los derechos campesinos con el cambio climático y la vulnerabilidad ambiental. En una decisión histórica de 2025 relativa a personas campesinas desplazadas por desastres naturales, la Corte los reconoció como sujetos de especial protección constitucional y destacó la obligación del Estado de adoptar medidas diferenciadas que aborden sus vulnerabilidades específicas (https://defendingpeasantsrights.org/en/colombia-constitutional-court-decision-protects-peasants-displaced-by-natural-disasters/).

Finalmente, en Kenia, una decisión histórica de la Corte Suprema en noviembre de 2025 anuló disposiciones de la legislación nacional sobre semillas que en la práctica criminalizaban las prácticas tradicionales de semillas. La Corte concluyó que estas medidas violaban las protecciones constitucionales y eran incompatibles con los estándares internacionales, incluida la UNDROP (artículo 19). Es importante destacar que el fallo reconoció a los sistemas campesinos de semillas no simplemente como actividades económicas, sino como parte integral de la identidad cultural, la biodiversidad y la resiliencia (https://defendingpeasantsrights.org/en/landmark-victory-for-kenyan-peasants-and-seed-sovereignty/).

Innovaciones legislativas y de políticas públicas
En el ámbito legislativo y de las políticas públicas, la UNDROP sirve cada vez más como referencia para el desarrollo de marcos jurídicos innovadores.

En Colombia, la reforma constitucional del artículo 64 adoptada en julio de 2023 representa un hito histórico. Si bien mantiene la obligación del Estado de apoyar el acceso a la tierra y el desarrollo rural, la reforma va más allá al reconocer explícitamente al campesinado como sujeto de derecho y de especial protección. Afirma su identidad distintiva, arraigada en su relación con la tierra, la producción de alimentos y la territorialidad, y lo reconoce como sujeto político. Este logro, resultado de una larga movilización de las organizaciones campesinas, crea un mandato constitucional para alinear progresivamente las leyes y políticas nacionales con las disposiciones reflejadas en la UNDROP (https://defendingpeasantsrights.org/en/colombia-recognition-of-peasants-as-subjects-of-rights-interview-with-martha-elena-huertas-moya/).

En Ecuador, la ratificación de la UNDROP por parte de la Asamblea Nacional en 2023, tras una labor de incidencia sostenida por parte de los movimientos campesinos e indígenas, ha fortalecido su papel como marco orientador para los procesos legislativos. Este reconocimiento facilita la integración de los derechos campesinos en las políticas públicas y refuerza la legitimidad de la Declaración dentro del ordenamiento jurídico interno (https://defendingpeasantsrights.org/en/ecuadorian-peasants-win-ratification-of-undrop-by-their-legislative-assembly/).

En Brasil, el Consejo Nacional de Derechos Humanos adoptó en 2025 una importante resolución que reconoce a la UNDROP como una norma clave para la protección de las poblaciones rurales. La medida exige su aplicación transversal en todas las políticas públicas y alienta a las instituciones estatales a alinear sus acciones con la Declaración, marcando un paso importante hacia su institucionalización a nivel nacional (https://defendingpeasantsrights.org/en/brazil-national-council-for-human-rights-adopts-key-regulation-to-advance-the-implementation-of-undrop/).

En Cuba, diversas iniciativas adoptadas desde la Declaración reflejan un esfuerzo sistemático por traducir sus disposiciones en políticas públicas concretas (https://defendingpeasantsrights.org/en/report-on-the-promotion-and-implementation-of-the-undrop-in-cuba/). Procesos similares, a menudo impulsados desde las bases, también están surgiendo en países como Nepal, Indonesia, Níger, Congo y Senegal.

Una oportunidad estratégica para el Sur Global

En conjunto, estos desarrollos muestran que la UNDROP se está perfilando como un punto de referencia cada vez más influyente en la gobernanza de los derechos campesinos, rurales y agrarios.

Para los países del Sur Global, este desarrollo representa una oportunidad estratégica que va más allá del mero cumplimiento de los derechos humanos. Al integrar la UNDROP en los marcos jurídicos y las políticas públicas nacionales, los Estados pueden fortalecer la protección de los sistemas alimentarios locales y del campesinado, afirmando así una mayor soberanía sobre la producción de alimentos y las cadenas de valor agrícolas. En un contexto marcado por la creciente concentración del poder de mercado y las dependencias neocoloniales externas, promover la UNDROP como un principio rector para las políticas agrícolas y alimentarias ayudará a reducir la vulnerabilidad ante las crisis mundiales al ampliar el margen de maniobra de las políticas públicas nacionales. En otras palabras, el objetivo es movilizar este marco jurídico para avanzar en la realización del derecho al desarrollo, entendido aquí como el derecho de los pueblos a determinar sus propios sistemas y políticas de desarrollo rural, de manera autodeterminada (https://defendingpeasantsrights.org/en/the-right-to-development-a-leverage-for-food-sovereignty-and-the-un-declaration-on-the-rights-of-peasants-undrop/).

Al mismo tiempo, la UNDROP ofrece un marco coherente para promover vías de desarrollo agroecológico que sean más equitativas y sostenibles en las zonas rurales, en particular a través de sus disposiciones sobre el derecho a las semillas, el medio ambiente, el agua y la biodiversidad. Apoyar las prácticas y tradiciones rurales a pequeña escala no es solo una cuestión de justicia social, sino también una palanca estratégica para promover la protección ambiental y fomentar respuestas adaptativas a la crisis climática.

En este contexto, es importante promover los foros multilaterales como marcos para el diálogo estratégico entre los Estados, así como entre expertos independientes, mecanismos de la ONU y titulares de derechos, con el fin de fomentar el intercambio de experiencias y buenas prácticas. De hecho, es necesaria una dinámica política colectiva para elevar y fortalecer el estatus político de la UNDROP a nivel nacional, de modo que pueda servir de base para la interpretación judicial, particularmente a través de la capacitación de jueces, abogados y funcionarios públicos, así como la armonización de la legislación nacional y las políticas públicas con sus disposiciones.

En este sentido, podemos trazar vínculos directos entre la UNDROP y las demandas históricas más amplias de un Nuevo Orden Económico Internacional (NOEI) y el derecho al desarrollo. La realización de los derechos campesinos y de otras personas que trabajan en las zonas rurales requiere salvaguardar el espacio político de los Estados del Sur Global para que puedan proteger y fortalecer los sistemas alimentarios y agrícolas locales frente a los efectos distorsionadores de las exportaciones agrícolas altamente subsidiadas del Norte Global. Dicho espacio político abarca la capacidad de regular las importaciones, brindar apoyo público a pequeños productores, mantener reservas estratégicas de alimentos y aplicar políticas de desarrollo agrario y rural que respondan a las prioridades nacionales en lugar de a los imperativos del sector agroindustrial transnacional y de los mercados globales liberalizados.

Desde esta perspectiva, los movimientos sociales, las organizaciones de la sociedad civil y los Estados comprometidos pueden movilizar a la UNDROP no meramente como un marco legal de derechos humanos, sino también como una palanca que presupone un orden económico internacional capaz de hacer efectivos esos derechos. Muchas de las limitaciones estructurales identificadas por las y los defensores del NOEI, incluidos los términos de intercambio desiguales y las asimetrías en el poder de toma de decisiones, continúan dando forma a las condiciones bajo las cuales las comunidades rurales buscan ejercer sus derechos. Por lo tanto, la implementación de la UNDROP plantea cuestiones que se extienden más allá de la reforma legal interna hasta abarcar la arquitectura dominante del comercio internacional, la inversión y las finanzas. Sin abordar estas desigualdades estructurales, los derechos consagrados en la Declaración corren el riesgo de seguir siendo, en gran medida, aspiracionales.

Conclusión

La UNDROP ha dejado de ser un instrumento puramente declarativo para convertirse en una herramienta operativa en múltiples niveles. Su creciente uso en los tribunales, la legislación y las políticas públicas refleja un proceso de socialización e institucionalización progresiva que está redefiniendo el lugar de los derechos campesinos y de otras personas que trabajan en las zonas rurales dentro del derecho internacional contemporáneo.

La aplicación de la UNDROP es, por su propia naturaleza, un proceso profundamente político y colectivo. Es a través de la interacción entre la participación popular y la incidencia institucional como se forja una correlación de fuerzas favorable, necesaria para lograr cambios tangibles en el terreno. En este contexto, la UNDROP debe servir como una brújula esencial, una hoja de ruta colectiva, en apoyo de los esfuerzos para democratizar los sistemas alimentarios y agrícolas, pero solo con la condición de que las propias comunidades se apropien de ella y la defiendan activamente, a la luz de sus intereses concretos.

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La inteligencia artificial, controlada por las grandes empresas tecnológicas transnacionales del Norte global, refuerza las estructuras de poder capitalistas y configura la agricultura mundial. La IARAA tiene como objetivo reorientar esta tecnología al servicio al servicio de los pueblos y las comunidades rurales y romper así el monopolio tecnológico. De este modo, contribuye a reforzar la soberanía alimentaria y a construir sistemas agrícolas más justos, democráticos y sostenibles, convirtiendo la tecnología en una verdadera palanca de emancipación y justicia social el campesinado.

Con el fin de comprender mejor este proyecto e inspirar a los movimientos rurales de distintas partes del mundo, la plataforma Defendiendo los Derechos Campesinos realizó la siguiente entrevista con representantes de los movimientos que idearon y desarrollaron esta iniciativa:

1. ¿Qué es la IARAA y cómo surgió la iniciativa dentro de la Marcha Mundial de las Mujeres y del MST?

La IARAA es la Inteligencia Artificial para la Reforma Agraria y la Agroecología, una herramienta creada por los movimientos populares que surge con el propósito de democratizar el conocimiento agroecológico y fortalecer la Reforma Agraria Popular. Nació a partir del Curso de Inteligencia Artificial para Movimientos Populares del Sur Global, que se llevó a cabo en Shanghái, en julio de 2025. En ese momento, además de apropiarse de manera crítica y técnica de las tecnologías relacionadas con la IA, las activistas de los movimientos de diversos países entraron en contacto con el modelo chino de desarrollo tecnológico. Esa experiencia nos llevó a reflexionar sobre la construcción de la lucha por la soberanía tecnológica en nuestros países y a crear herramientas para librar esa batalla.

El Movimiento de los Trabajadores Sin Tierra de Brasil (MST) y la Marcha Mundial de las Mujeres (MMM) participaron en la creación de este curso y, junto con la Asociación Internacional para la Cooperación Popular (Baobab), decidieron crear la IARAA para que sirviera como herramienta para la masificación de la agroecología, el feminismo popular y nuestra perspectiva sobre la soberanía tecnológica en Brasil.

Para construir la base de conocimiento que alimenta la herramienta, reunimos un equipo de especialistas en agroecología provenientes del MST y de la Marcha Mundial de las Mujeres, en representación de todas las regiones de Brasil. Fueron estos compañeros y compañeras quienes definieron los fundamentos conceptuales, políticos y técnicos que orientan las respuestas de la IARAA. Al mismo tiempo, capacitamos a militantes de los propios movimientos en las áreas más técnicas del desarrollo de la IA, particularmente en las arquitecturas de RAG que sustentan la herramienta. No queríamos depender de un equipo técnico externo que no comprendiera el proyecto político, sino formar activistas que entendieran esta apuesta política en todas sus dimensiones. Contamos con el apoyo de aliados internacionalistas con mayor experiencia acumulada en el desarrollo de herramientas de RAG, y esa colaboración fue fundamental.

2. ¿Cómo definen el papel de la IARAA dentro de la estrategia más amplia de la lucha popular por la soberanía alimentaria?

La IARAA no es una herramienta aislada. Es parte de un proyecto estratégico más amplio. Se suma a las diferentes formas de lucha que buscan superar el modelo del agronegocio. Es una herramienta que busca fortalecer la agroecología en los territorios, entendida por los movimientos como una perspectiva estratégica de proyecto político y de enfrentamiento a la crisis ambiental impuesta por el agronegocio. Socializar la acumulación de conocimiento agroecológico constituye una de las tareas fundamentales en esta batalla.

El agente «Semeadura» está dirigido a quienes están en el campo y necesitan una orientación práctica y rápida. El perfil «Mutirão» va más allá: fue desarrollado para apoyar a técnicos, líderes y educadores populares en la organización de procesos participativos y de formación de base, siendo un instrumento de apoyo no solo a la producción, sino a la propia organización popular en los territorios. Por su parte, el perfil «Quintal Produtivo» ofrece una capacidad diferenciada para abordar en profundidad conceptos, debates teóricos y fundamentos políticos de la agroecología, y sirve como referencia para el estudio, la elaboración teórica y la formación de activistas, estudiantes y cuadros de los movimientos.

Al ofrecer un repositorio de conocimiento agroecológico curado por los movimientos, la IARAA contribuye a que cada persona que la utiliza llegue mejor preparada a las visitas técnicas, a los trabajos comunitarios, a las escuelas del campo y a las asambleas. Potencia lo que ya existe y fortalece la lucha por lo que aún queda por conquistar. La IARAA también demuestra, en la práctica, que los movimientos populares son capaces de crear sus propias herramientas tecnológicas. Esto no es poca cosa en un mundo en el que el desarrollo de la inteligencia artificial está concentrado en manos de unas pocas corporaciones transnacionales. Pero sigue siendo una experiencia muy limitada, principalmente por la falta de infraestructura. Superar esta dependencia tecnológica exige una estrategia de soberanía digital popular, que debe ir de la mano de la lucha por la soberanía alimentaria y la soberanía energética.

3. ¿De qué manera la IARAA incorpora una perspectiva feminista y contribuye a enfrentar las desigualdades de género en el acceso a la tecnología y en la producción de conocimiento en el campo?

Nuestra perspectiva no consiste solo en garantizar el acceso de las mujeres a la tecnología, sino en situar a las mujeres como sujetas de la tecnología. Cuando las mujeres no participan en el diseño, el desarrollo y el control de las herramientas digitales, es probable que estas herramientas no respondan a las necesidades de la vida de las mujeres. Esto tiene consecuencias concretas: la mayor parte de las IA comerciales presenta sesgos de género profundos, no reconoce el trabajo no remunerado de las mujeres en la reproducción de la vida cuando piensa en la «economía», y trata la agricultura como si fuera una actividad neutra, sin considerar que la forma en que las mujeres practican la agricultura es específica, diversa y es la que, en gran medida, sustenta la vida.

En la IARAA, abordamos esto en varias dimensiones. Primero, en la base de conocimientos: incluimos un amplio conjunto de materiales sobre feminismo popular y agroecología feminista, para que la herramienta se base en estas elaboraciones al construir sus respuestas, y no en los marcos androcéntricos (la cual se refiere a una visión centrada en el hombre, que se presenta como norma universal en detrimento de las mujeres y otras identidades) que dominan la producción hegemónica de conocimiento. Segundo, en la organización de la herramienta: hay principios del feminismo popular integrados en las instrucciones que guían a la IARAA, lo que hace que siempre tenga en cuenta la división sexual del trabajo, la necesidad de construir el feminismo popular y la superación del patriarcado al elaborar una respuesta. En tercer lugar, en el equipo: contamos con una coordinación técnica y política integrada por muchas mujeres, lo que plantea otra forma de desarrollar tecnología, a partir de otros saberes, otras preguntas y otras prioridades.

La IARAA está diseñada para fortalecer y dar visibilidad a las experiencias de las mujeres del campo, reconociendo el trabajo invisible que realizan y brindando un apoyo concreto a la organización de su lucha, reconociéndolas como sujetos de la agroecología.

4. ¿De qué manera puede la IARAA contribuir concretamente a la implementación de los derechos previstos en la UNDROP, especialmente el derecho a la información (art. 11), a los medios de producción (art. 16), a la reforma agraria (art. 17) y a la soberanía alimentaria (art. 15)?

La UNDROP es un hito fundamental porque reconoce que las campesinas y los campesinos tienen derechos específicos que el sistema capitalista niega sistemáticamente. La IARAA se posiciona como un instrumento de apoyo en la lucha por la materialización de estos derechos.

En cuanto al derecho a la información, lo que observamos es que, a diferencia de los chatbots comerciales que simplifican las respuestas y homogeneizan las prácticas, la IARAA está siendo programada para tomar en cuenta en sus respuestas la diversidad de biomas, sistemas de producción, organización social y condiciones materiales de los territorios. El derecho a una información de calidad, con referencias políticas, contextualizada y en un lenguaje accesible es fundamental en la IARAA.

En cuanto a los medios de producción y la soberanía alimentaria, las empresas transnacionales como John Deere, BASF y Microsoft han avanzado mucho en la Agricultura 4.0, implementando sistemas tecnológicos que recopilan datos de cientos de miles de hectáreas a través de las grandes empresas tecnológicas. Con ello, concentran cada vez más poder y ganan más fuerza para avanzar con su proyecto de destrucción. La IARAA va en la dirección opuesta: pone la tecnología avanzada al servicio de las familias campesinas, potenciando su capacidad productiva sin generar dependencia tecnológica y ofreciendo recomendaciones alineadas con la agroecología, la organización popular y la diversidad de los sistemas de producción.

En cuanto a la reforma agraria, creemos que la IARAA es un instrumento para apoyar la lucha y promover la organización y la masificación de la agroecología. La Reforma Agraria Popular se consolida en la capacidad de las familias campesinas para producir, permanecer y organizarse en el territorio conquistado. Una comunidad que tiene acceso a conocimientos agroecológicos de calidad y con orientación política produce mejor, diversifica su producción, reduce la dependencia de insumos externos y fortalece su autonomía. Al mismo tiempo, la IARAA apoya a los líderes y técnicos que trabajan en los asentamientos en la organización de procesos de capacitación, en la planificación productiva colectiva y en la sistematización de experiencias que puedan difundirse entre los territorios. También contribuye a la formación política de militantes y estudiantes que necesitan asimilar los fundamentos teóricos de la cuestión agraria y de la agroecología para participar en la lucha.

5. ¿Cuál es el papel de la cooperación internacional, a través de la alianza con China, en el proyecto? ¿Cómo se ha desarrollado esta alianza?

La alianza con Baobab y con compañeros y compañeras de China fue fundamental para que la IARAA se hiciera realidad. Observar de cerca el modelo chino de desarrollo tecnológico nos brindó mucha inspiración: un modelo en el que el Estado orienta la tecnología para que sirva al pueblo, en el que los datos se tratan como un factor de producción al servicio de un proyecto colectivo. Contamos con apoyo técnico concreto de compañeros y compañeras que viven en una sociedad donde este debate y este desarrollo están más avanzados, y que ya han acumulado experiencia en el desarrollo de herramientas de RAG y de modelos de lenguaje de código abierto. En este sentido, esta fue y sigue siendo una colaboración fundamental.

Al mismo tiempo, sabemos que es necesario que, desde Brasil, creemos nuestras propias herramientas basadas en la lucha de nuestros movimientos y arraigadas en nuestra realidad. La realidad de dependencia tecnológica, de baja industrialización y de inversión históricamente insuficiente en ciencia y tecnología que caracteriza a Brasil y a gran parte del Sur Global pesa concretamente sobre la posibilidad de desarrollar proyectos como la IARAA. En este sentido, la cooperación Sur-Sur es fundamental para hacer viables experiencias, compartir conocimientos técnicos y construir juntos proyectos que reflejen nuestra identidad y sirvan para resolver nuestros propios problemas.

6. ¿Cómo garantizar que el conocimiento campesino no se diluya dentro de la lógica hegemónica de la IA? ¿Y cómo ampliar el uso de la IARAA a gran escala sin perder la sensibilidad hacia las realidades locales?

La lógica de los grandes modelos de lenguaje tiende a la homogeneización y a la reproducción de sesgos que reproducen la lógica de la agricultura comercial. Para abordar esto, hemos realizado diversas adaptaciones en la arquitectura del sistema de la IARAA. Uno de los elementos centrales de esto es la base de conocimiento, que está formada por documentos producidos por los movimientos y por instituciones de investigación comprometidas con la agroecología (folletos, manuales técnicos, sistematizaciones de experiencias territoriales, materiales de capacitación, publicaciones científicas agroecológicas y elaboraciones políticas de los propios movimientos). Al funcionar sobre una arquitectura RAG, la IARAA no buscará sus respuestas en Internet ni en los repositorios genéricos que alimentan a las IA comerciales, repletos de los sesgos del agronegocio y del pensamiento hegemónico sobre la agricultura.

La base de conocimiento de la IARAA se construyó prestando atención a la diversidad de los territorios brasileños: hay materiales sobre diferentes biomas, sistematizaciones de experiencias agroecológicas de distintas regiones del país y elaboraciones que abarcan diferentes sistemas productivos, cultivos y condiciones climáticas. Esta diversidad es intencional y busca garantizar que la herramienta tenga una capacidad real para abordar situaciones específicas, y no solo una agricultura genérica y descontextualizada. Aun así, sin duda hay preguntas para las que la IARAA todavía no tiene una respuesta suficiente en su base de datos, y en esos casos se le orienta a no inventar. En estas situaciones, la IARAA anima a las personas a buscar la información con las organizaciones y compañeros de su territorio. Fue diseñada para no ser el punto final de una conversación, sino un punto de partida: fomenta el diálogo en la comunidad, el intercambio de conocimientos entre vecinos y la consulta a los líderes locales. La interacción con la herramienta debe abrir puertas a la organización colectiva.

Uno de los mayores desafíos en la construcción de la IARAA consiste precisamente en reunir todo este acervo en formato escrito para que sirva como base de conocimiento de la IA, ya que se encuentra disperso en múltiples repositorios y, a veces, solo existe en forma oral. La IARAA no reemplaza el saber de los pueblos. Puede ampliarlo y facilitar su circulación entre diferentes territorios y generaciones, y debe estar en constante proceso de perfeccionamiento por parte de los movimientos para seguir cumpliendo este papel.

7. ¿De qué manera se puede articular la IARAA con la política pública de Asistencia Técnica y Extensión Rural (ATER) dirigida a campesinos y pequeños agricultores en Brasil, garantizando que actúe como instrumento para fortalecer la asistencia técnica y no como mecanismo de sustitución del trabajo técnico humano en el campo?

Uno de los principios de la IARRA es que es una herramienta de apoyo y no de sustitución de la ATER. La ausencia o precariedad de la Asistencia Técnica y Extensión Rural (ATER) pública en gran parte de los territorios brasileños es una realidad que no podemos ignorar. La ampliación de la ATER de base agroecológica como un derecho es una lucha histórica de los movimientos, y creemos que ninguna herramienta tecnológica sustituirá este trabajo. Pero la IARAA puede desempeñar un papel concreto e inmediato: ser un apoyo confiable para la producción agroecológica en el presente. Sin embargo, hay límites que la herramienta nunca podrá traspasar: el análisis sistémico del agroecosistema, el vínculo de confianza construido a lo largo del tiempo entre el técnico o la técnica y la familia agricultora, la interpretación del territorio realizada por quienes lo conocen de cerca en todas sus dimensiones. La IARAA incluso está programada para alentar a las personas a buscar la ATER de su territorio y exigir este derecho.

8. ¿Cuáles son los desafíos de plasmar los procesos de formación política y de conciencia de clase en una herramienta de inteligencia artificial?

Esto sigue siendo un gran desafío, porque nuestra inteligencia colectiva como movimientos no reside únicamente en los documentos que escribimos. Reside en las interacciones, en las experiencias políticas que vivimos con el cuerpo, no solo con la mente. Pero el acervo técnico que hemos construido, especialmente con compañeros y compañeras que dominan el desarrollo de arquitecturas RAG, nos ha permitido ir más allá de lo que imaginábamos posible al principio en este aspecto. Logramos plasmar varios de nuestros principios políticos en la arquitectura de la herramienta, y estos se toman en cuenta de manera rigurosa en la mayoría de las respuestas. Esto solo fue posible porque las personas que desarrollaron la herramienta comprendían profundamente tanto la tecnología como el proyecto político.

La entrada IARAA: Inteligencia Artificial al servicio del campesinado y de la soberanía alimentaria en Brasil se publicó primero en Defending Peasants' Rights.

Involucrando a los titulares de derechos de la UNDROP en el próximo informe temático del Grupo de Trabajo

Defendiendo los Derechos de los Campesinos continúa colaborando estrechamente con los expertos del Grupo de Trabajo de la ONU sobre la UNDROP. En marzo de 2026, organizamos un diálogo en línea con el anterior presidente del Grupo de Trabajo, Carlos Duarte, reuniendo a titulares de derechos de la UNDROP de todo el mundo para aportar contribuciones directas al próximo informe temático del Grupo de Trabajo sobre los Territorios Rurales Terrestres y Marinos.

Este informe, cuya presentación está prevista ante la Asamblea General de la ONU en Nueva York durante el segundo período de sesiones de 2026, examinará cómo las violaciones relacionadas con la tierra, el agua y los bosques afectan la dignidad, la estabilidad y los medios de vida de los campesinos y trabajadores rurales en todo el mundo. Las contribuciones de los titulares de derechos y de sus movimientos y organizaciones representativas fueron fundamentales para fundamentar el informe en las realidades vividas y las luchas de los pueblos que trabajan en los territorios rurales y acuáticos, quienes enfrentan múltiples formas de violaciones y amenazas a medida que avanzan las prácticas de acaparamiento verde y azul en un mundo cada vez más controlado por el capital privado y las empresas transnacionales.

Este debate tuvo lugar tras la Convocatoria oficial para el envío de contribuciones publicada por el Grupo de Trabajo, que reunió numerosas aportaciones. Véalas aquí:

El Grupo de Trabajo de la ONU sobre la UNDROP concluye su visita oficial a Ghana

El Grupo de Trabajo llevó a cabo su primera visita oficial a un país desde el inicio de su mandato, realizando una misión de diez días a Ghana. Durante la visita, los expertos se reunieron con una amplia variedad de titulares de derechos de la UNDROP, incluidos pequeños agricultores, pescadores artesanales y pastores, así como con autoridades públicas y diversos representantes de la sociedad civil. Si bien señalaron importantes avances legislativos y de políticas públicas, destacaron los desafíos persistentes relacionados con el acceso a la tierra, la pobreza, la exclusión, la degradación ambiental y el acceso limitado a la financiación y a los mercados.

El Grupo de Trabajo subrayó la necesidad de una implementación más sólida de las leyes y políticas existentes para garantizar que la transformación agrícola de Ghana beneficie a las comunidades rurales y refleje plenamente los derechos reconocidos en la UNDROP.

Lea aquí la declaración de fin de misión con las conclusiones preliminares.

¡Conozca las dos nuevas subcategorías del sitio web! 

Nueva categoria sobre las y los titulares de derechos de la UNDROP

La UNDROP reconoce como titulares de derechos a una amplia variedad de sectores rurales, lo que permite que diversos grupos rurales que a menudo enfrentan marginación y múltiples violaciones de los derechos humanos utilicen la UNDROP como una herramienta jurídica y política para proteger sus derechos fundamentales a nivel nacional, regional e internacional. Esta nueva subcategoría tiene como objetivo no solo destacar la pluralidad de los titulares de derechos de la UNDROP, sino también ofrecer orientación sobre la interpretación de la definición de «campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales» contenida en el artículo 1 de la Declaración. Incluye valiosas contribuciones de Shalmali Guttal, presidenta del Grupo de Trabajo de la ONU sobre la UNDROP, así como de lxs propixs titulares de derechos, quienes participaron en una mesa redonda en línea celebrada durante nuestro seminario web público de 2025.

Haga clic aquí para acceder a la nueva subcategoría Titulares de derechos en Defendiendo los Derechos Campesinos.

Leyes y políticas nacionales 

La apropiación y movilización de la UNDROP por parte de los movimientos y organizaciones rurales ha dado lugar cada vez más a importantes victorias en los ámbitos legislativo y de políticas públicas en distintos países, especialmente en América del Sur. Esta nueva subcategoría tiene como finalidad reunir los principales avances legislativos y de políticas públicas obtenidos como resultado de la incidencia política liderada por sectores rurales y sus aliados, orientada a crear o modificar marcos jurídicos nacionales que protejan los derechos de los campesinos, los pueblos pescadores, los nómadas y los pastores, así como de otros titulares de derechos, a la luz de las disposiciones de la UNDROP.

En los últimos años, hemos sido testigos de una influencia creciente de la UNDROP en la configuración de leyes y políticas a nivel nacional, gracias a la movilización de los movimientos rurales que dan vida a este instrumento jurídico en sus luchas. Estas victorias no solo contribuyen a salvaguardar los derechos de los pueblos rurales, sino que también favorecen el surgimiento de prácticas que pueden orientar futuros desarrollos legislativos y de políticas públicas en favor de los derechos de quienes viven y trabajan en las zonas rurales.

Haga clic aquí para acceder a la nueva subcategoría Leyes y políticas nacionales en Defendiendo los Derechos Campesinos.

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La entrada Defendiendo los Derechos Campesinos – Boletín n°10 se publicó primero en Defending Peasants' Rights.

*Imagen: El mundo campesino. Elena Rusca

Entrevista con Geneviève Savigny, miembro del Grupo de Trabajo de la ONU sobre los Derechos de los Campesinos (UNDROP)

Ginebra, 25 de junio de 2026 — Elena Rusca

Mientras las crisis alimentarias, climáticas y geopolíticas se intensifican, los campesinos —quienes alimentan a la mayoría de la humanidad— siguen siendo de los más expuestos a la pobreza, la expropiación y la violencia. Desde 2018, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos (UNDROP) ofrece un marco inédito para proteger sus derechos colectivos, sus semillas, sus tierras y sus saberes. Pero su implementación sigue siendo frágil. Geneviève Savigny, miembro del Grupo de Trabajo encargado de la UNDROP, analiza los desafíos agrarios, semilleros y políticos que atraviesan hoy los campos del mundo —desde África Occidental hasta América Latina.

La UNDROP: un texto histórico nacido de las luchas campesinas

Adoptada en 2018 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, la Declaración de los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en Zonas Rurales es uno de los instrumentos más ambiciosos del sistema internacional. Fruto de casi veinte años de movilización impulsada por La Vía Campesina, busca proteger a quienes producen la mayor parte de los alimentos del planeta, pero que siguen siendo los más expuestos a la pobreza, la expropiación, la violencia y la marginación política.

La UNDROP reconoce derechos rara vez explicitados en otros textos internacionales:

• el derecho a la tierra,
• el derecho a las semillas,
• el derecho al agua,
• la protección contra los desalojos,
• la participación en las decisiones,
• los derechos colectivos y consuetudinarios,
• el reconocimiento de los saberes campesinos.

Para garantizar su implementación, el Consejo de Derechos Humanos creó en 2023 un Grupo de Trabajo compuesto por cinco expertos independientes. Geneviève Savigny, campesina y exmiembro de la Confederación Campesina y de La Vía Campesina, forma parte de él.

Un grupo de trabajo internacional para defender los derechos campesinos

— ¿Cómo se formó su grupo de trabajo?

G. Savigny: «El grupo de trabajo fue formado por el Consejo de Derechos Humanos después de que se adoptara una resolución en otoño de 2023. Fuimos seleccionados durante el invierno y nos encontramos cinco personas. Personalmente, soy campesina, exmiembro de la Confederación Campesina y de La Vía Campesina. También están Carlos, antropólogo y profesor en Colombia; David, profesor de derecho en Armenia; Shalmalee, exdirectora de la ONG Focus on Global South; y Uche, profesora de derecho nigeriana que trabaja en Estados Unidos.»

— ¿Cómo trabajan concretamente?

G. Savigny: «Nuestro grupo tiene dos sesiones anuales de cinco días presenciales, normalmente una en Ginebra y otra en Nueva York. Este año preferimos reemplazar la segunda sesión por visitas a países. Acabamos de hacer una visita a Ghana y otra está prevista en noviembre en Paraguay. Cada vez somos dos personas del grupo más nuestro equipo asalariado.»

— ¿Qué hacen durante estas visitas?

G. Savigny: «Nos reunimos con representantes de los distintos ministerios vinculados a la agricultura y la alimentación, y luego con representantes de campesinos, pescadores, pastores y mujeres rurales. En Ghana, las reuniones debían pasar por el gobierno o por autoridades locales para poder encontrarnos con los jefes de aldea. El objetivo es entender cómo se aplican los derechos campesinos, cuáles son los puntos fuertes y qué se puede mejorar. Luego elaboramos un informe que se presentará en otoño.»

La participación: un derecho esencial pero difícil de ejercer

— Publicaron un informe sobre el derecho a la participación. ¿Cuáles fueron sus conclusiones?

G. Savigny: «La participación es realmente indispensable para que la situación de los campesinos y campesinas sea tomada en cuenta y resuelta de la manera adecuada. Pero aún queda mucho por hacer, incluso por razones materiales: la traducción, la distancia, las dificultades para desplazarse a los lugares de poder.

En cuanto a las mujeres, existe una dificultad particular para liberarse de las tareas domésticas y del trabajo cotidiano para poder participar en las decisiones que les conciernen. Es un nivel de dificultad adicional en un mundo rural donde el trabajo es muy absorbente y a menudo aislado.»

Semillas: un desafío crucial frente a las multinacionales

— Este año trabajan sobre el derecho a las semillas. ¿Por qué es tan importante?

G. Savigny: «El artículo diecinueve de la UNDROP detalla cómo los campesinos deben tener derecho a mantener los sistemas de semillas campesinas: guardar, reproducir, intercambiar y vender semillas. El Estado también debe favorecer la existencia de este sistema. No siempre es así, ya que existe un sistema comercial muy dinámico, incluso agresivo, según cómo se mire.»

— ¿Los OGM influyen en esta problemática?

G. Savigny: «Sí, por supuesto. Con los avances tecnológicos, ahora tenemos formas mucho más fáciles y rápidas de hacer OGM. Para facilitar su difusión y comercialización, las empresas semilleras ya no quieren que se llamen OGM, sino NGT, Nuevas Técnicas Genómicas. Buscan que se reconozca que podrían aparecer en la naturaleza, por lo que no habría necesidad de etiquetarlos.

Pero ¡hay patentes depositadas sobre ellos! Y existe el temor de que los rasgos patentados, que no están etiquetados, puedan aparecer naturalmente en plantas de campesinos que los habían seleccionado durante años.»

— ¿Qué implica esto para los campesinos?

G. Savigny: «La patente del sistema CRISPR-Cas, por ejemplo, pertenece a una sola empresa. Hay una concentración cada vez mayor de derechos que determinan si se puede o no multiplicar las semillas. Frente a esto, muchas leyes semilleras imponen reglas estrictas para el reconocimiento y la comercialización de semillas, lo que entra en contradicción con el derecho campesino a las semillas.

Los campesinos deben reivindicar este derecho, y los Estados deben darse cuenta de que, incluso para la biodiversidad y la resiliencia de las plantas, no se debe detener la selección a pequeña escala que realizan los campesinos locales. Hay todo un sistema que preservar si queremos mantener una biodiversidad y una diversidad de cultivos importantes.»

Tierra y territorio: derechos colectivos por reconocer

— También trabajan sobre la cuestión de la tierra. ¿Cuál es el principal desafío?

G. Savigny: «Trabajamos sobre el artículo diecisiete de la declaración, sobre los derechos a la tierra y al territorio. De manera interesante, la UNDROP destaca la importancia de los derechos colectivos y consuetudinarios. Es importante porque en muchos lugares ahí está el problema: como no hay títulos de propiedad claros, se entra en una zona informal.»

— ¿Y en Suiza, cómo ve el acceso a la tierra?

G. Savigny: «Creo que el derecho a la tierra sirve para iluminar nuevas vías. Se necesita un acceso seguro a la tierra, no necesariamente la propiedad. Espero que en Suiza podamos desarrollar modos de alquiler o formas de propiedad colectiva que den seguridad a quienes la cultivan.

Hay un gran problema: toda una generación llega al final de su carrera con pensiones pequeñas y pocos recursos. A veces no quieren transmitir la tierra a los jóvenes. Es un problema social general. Si queremos una producción alimentaria de calidad, también debemos resolver el problema del acceso a la tierra.

Comprar es prohibitivo. Y hay que tener cuidado porque en algunos países, incluso en Europa, son empresas las que compran las tierras.»

América Latina: una campesinización atacada pero fundamental

— Para los lectores chilenos, ¿qué mirada tiene sobre la campesinización en América Latina?

G. Savigny: «En América Latina, la campesinización me parece fundamental. Junto con los pueblos indígenas, constituyen el núcleo de una agricultura que, al mismo tiempo, está completamente atacada por el desarrollo de una agricultura industrial muy intensiva.

Esto se refuerza con los acuerdos de libre comercio destinados a aumentar la exportación de productos y materias primas. Lo que dicen los campesinos de allá es que eso no va en el sentido de su protección.

Es un espacio que no conozco perfectamente, pero que parece tan rico y variado. Desde un punto de vista cultural, es campesino e indígena. En América Latina, el modo de producción artesanal sigue siendo muy importante. La calidad de la alimentación también proviene de poder comer verduras frescas en todas partes.»

— ¿Es también una lucha contra las transnacionales?

G. Savigny: «Por supuesto. A los pequeños campesinos hay que apoyarlos; a las transnacionales, hay que ponerles límites, porque tienen una tendencia natural —creo que es incluso su oficio— a expandirse, concentrarse y obtener más beneficios. Pero deben existir límites, porque si no, es destructivo tanto ambiental como socialmente.

No es nuestro mandato directo, pero nos enfrentamos a esta cuestión indirectamente. Nuestras recomendaciones al final de cada informe se dirigen a los Estados, a las entidades de la ONU, a otras instituciones y también a las entidades privadas, a quienes pedimos respetar la ley y la normativa internacional, y velar por los derechos humanos en todas las circunstancias.»

Los “procedimientos especiales” de la ONU: explicar el mandato

— ¿Puede explicar qué son los procedimientos especiales?

G. Savigny: «Los grupos de trabajo forman parte de los procedimientos especiales, como los relatores especiales. Se concentran en un aspecto particular de los derechos humanos, como el derecho a la alimentación o el derecho al agua. Nosotros somos un grupo de trabajo: en lugar de un solo relator especial, somos cinco, lo que corresponde a la diversidad y amplitud del tema.

Nuestro papel es implementar la Declaración de los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en Zonas Rurales, la UNDROP. Es un texto adoptado en 2018 por la Asamblea General de la ONU que reúne veintiocho artículos que resumen los derechos necesarios para la actividad campesina.

Precisa qué es un campesino, las obligaciones de los Estados, la no discriminación, los derechos de las mujeres, el derecho a los recursos, el derecho a la participación, a la información, a la educación, etc., detallado de manera adaptada al medio rural.»

El Grupo de Trabajo presentará sus informes sobre tierra y semillas en septiembre próximo en Ginebra. Estos documentos, que serán presentados ante la Asamblea General de la ONU, deberían aportar una luz crucial.

La entrada Sin tierra, sin semillas, no hay futuro campesino se publicó primero en Defending Peasants' Rights.

Este artículo fue publicado originalmente en la revista Lendemains Solidaires, disponible en francés aquí.

La soberanía alimentaria se define como el derecho de los pueblos a una alimentación sana y culturalmente apropiada, producida mediante métodos ecológicamente sostenibles, así como el derecho de los pueblos a definir su propio sistema alimentario y agrícola. La Vía Campesina (LVC) insiste en que los modos de producción agroecológicos diversificados, impulsados por el campesinado y basados en experiencias milenarias y conocimientos tradicionales, son esenciales para garantizar a todas y todos una alimentación sana, asegurando al mismo tiempo la armonía con los ecosistemas naturales. Este paradigma sitúa las aspiraciones y necesidades de quienes producen, distribuyen y consumen los alimentos en el centro de los sistemas y políticas alimentarias, en lugar de las exigencias de los mercados y del agronegocio. Se trata de un marco que defiende fundamentalmente los intereses de las futuras generaciones.

Contexto

La historia y el surgimiento del concepto de soberanía alimentaria, proclamado por La Vía Campesina en 1996, están vinculados al fracaso de la implementación del concepto de seguridad alimentaria promovido por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Este nuevo concepto buscaba responder a los desafíos del hambre y la malnutrición, que afectaban y siguen afectando particularmente, de manera paradójica, a las zonas rurales.

Durante la Cumbre Mundial sobre la Alimentación de 1996, La Vía Campesina acuñó el término soberanía alimentaria afirmando la centralidad de las y los pequeños productores de alimentos, la sabiduría acumulada por generaciones, la autonomía y la diversidad de las comunidades rurales y urbanas, así como la solidaridad entre los pueblos, como elementos esenciales para elaborar políticas alimentarias y agrícolas.

Debemos recordar que la única manera de hacer oír la voz de la campesinado es a través de la unión y construcción de amplias alianzas, más allá de todas las fronteras. Los movimientos sociales rurales y urbanos, los sindicatos, los actores de la sociedad civil, los gobiernos progresistas, las y los académicos y los científicos independientes deben unirse para defender esta visión común del futuro. Las mujeres rurales y las demás minorías de género oprimidas deben ocupar un lugar igualitario en las instancias de dirección de nuestro movimiento, en todos los niveles. Debemos sembrar las semillas de la solidaridad en nuestras comunidades y luchar contra todas las formas de discriminación que dividen a las sociedades rurales.

Con motivo de la conmemoración de los 25 años de La Vía Campesina, se afirmó que la soberanía alimentaria constituye un verdadero manifiesto para el futuro de nuestro planeta. Es una idea que une a la humanidad y nos pone al servicio de la Madre Tierra que nos alimenta.

"La soberanía alimentaria constituye un verdadero manifiesto para el futuro de nuestro planeta."

Vincular la soberanía alimentaria con el derecho al desarrollo

Vincular la soberanía alimentaria con el marco y el concepto del derecho al desarrollo es particularmente pertinente. En efecto, este último debe entenderse como el derecho de las poblaciones campesinas y rurales a concebir y construir sus propios modelos de desarrollo rural, en coherencia con los principios de la soberanía alimentaria.

El derecho al desarrollo se concibe como un proceso de empoderamiento que implica necesariamente la movilización social y la lucha. Se trata de un derecho programático que exige medidas estructurales y específicas por parte de las autoridades públicas en favor de las comunidades y de las trabajadoras y trabajadores rurales. El derecho al desarrollo es también un instrumento político y un marco jurídico para combatir las políticas perjudiciales de la globalización neoliberal que marginan al campesinado familiar.

La interrelación entre el derecho al desarrollo, la soberanía alimentaria y los derechos campesinos también se destaca durante las negociaciones del proyecto de Pacto sobre el Derecho al Desarrollo en el seno de la ONU[1]. Este proyecto busca reforzar jurídicamente y consolidar el marco del derecho al desarrollo, iniciado por la Declaración de las Naciones Unidas sobre el Derecho al Desarrollo (1986).

Así, el texto del proyecto de Pacto incluye una disposición específica que reconoce el derecho de las y los campesinos “a determinar y desarrollar prioridades y estrategias para ejercer su derecho al desarrollo”. Esta referencia explícita constituye un avance tanto jurídico como político. Refuerza la interpretación del derecho al desarrollo como un derecho colectivo perteneciente a los pueblos y comunidades, en particular a las poblaciones rurales históricamente excluidas de los procesos de toma de decisiones.

Al referirse explícitamente al campesinado y poblaciones rurales como actores clave del desarrollo, este futuro instrumento jurídico reforzará la centralidad de la autodeterminación en la definición de las prioridades agrícolas, económicas y territoriales. También consolidará la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales (UNDROP), la cual reconoce que las y los campesinos no deben ser simples beneficiarios de las políticas públicas, sino titulares de derechos capaces de concebir e implementar sus propios modelos de desarrollo (arts. 3 y 10 de la UNDROP).

¿Qué es el desarrollo rural para el campesinado?

Nuestra visión del desarrollo está centrada en el desarrollo de la agricultura campesina a través de la agroecología, única garantía de medios de vida y condiciones laborales dignas y justas para las poblaciones del mundo entero, especialmente en las zonas rurales. Es decir, los pueblos rurales como corazón de la producción alimentaria. Por eso La Vía Campesina propuso y finalmente logró, en 2018, la adopción de la UNDROP, que constituye una contribución a la realización de la soberanía alimentaria.

Para lograrlo, necesitamos políticas públicas que regulen los mercados agrícolas y alimentarios, ya que las y los campesinos generalmente no perciben ingresos dignos provenientes de sus actividades de producción de alimentos, lo que compromete sus medios de vida y la continuidad de la producción (artículo 16 de la UNDROP). Esto se debe a un sistema alimentario dominante basado en los mecanismos del mercado y controlado por el agronegocio.

Entre estos mecanismos de regulación, defendemos los precios mínimos garantizados (Minimum Support Prices – MSP), es decir, la obligación de los Estados de fijar precios que cubran los costos de producción campesina y garanticen un margen de ingresos equitativo. Este mecanismo invierte la lógica del dumping, que empuja los precios hacia abajo, y protege así la dignidad campesina.

También defendemos las compras públicas y las reservas alimentarias públicas. Exigimos la restauración de sistemas públicos de almacenamiento de alimentos para regular los mercados y estabilizar los precios. Las autoridades públicas deberían comprar las cosechas durante los períodos de recolección para garantizar precios mínimos, y luego liberarlas en períodos de escasez para evitar la especulación. Los precios mínimos garantizados, las compras públicas y las reservas públicas se implementan, por ejemplo, en Indonesia e India.

"Las autoridades públicas deberían comprar las cosechas durante los períodos de recolección para garantizar precios mínimos, y luego liberarlas en períodos de escasez para evitar la especulación."

Estos mecanismos son indispensables, ya que el modelo neoliberal ha desmantelado estas herramientas de regulación, exponiendo a las y los pequeños productores a la competencia de las grandes explotaciones agroindustriales fuertemente subsidiadas. Además, la especulación bursátil sobre los productos alimentarios provoca inestabilidades de precios a escala mundial y empuja a millones de personas a situaciones de precariedad alimentaria, en beneficio exclusivo de una minoría. La Vía Campesina llama a fortalecer las cadenas de suministro locales y regionales, afirmando que el comercio debe privilegiar los circuitos cortos antes que los flujos transcontinentales.

Reforma agraria, derecho a la tierra y derecho al desarrollo

La reforma agraria está vinculada al derecho a la tierra y al control de los territorios, reconocidos como derechos fundamentales inscritos en el derecho internacional de los derechos humanos, particularmente en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (art. 11) y en la UNDROP (art. 17). Muchas acciones del agronegocio violan o amenazan el derecho a la tierra: conflictos agrarios, criminalización, desalojos, acaparamiento de tierras, acaparamiento verde (“green grabbing”), concentración de la tierra impulsada por el agronegocio en favor de la agricultura industrial a gran escala (monocultivos), mercados de carbono, agrocombustibles y mecanismos de compensación de la biodiversidad, actividades mineras, así como los llamados proyectos de “desarrollo” como la construcción de autopistas, represas, etc. Por estas razones, La Vía Campesina lucha en todos los niveles por una reforma agraria integral, centrada en los intereses y derechos de los pueblos rurales.

Este enfoque va más allá de la simple titulación de tierras y llama a una redistribución efectiva y equitativa de la tierra. Incluye la fijación de límites claros al tamaño de la propiedad de la tierra, la prohibición de la venta de tierras a terceros y a entidades extranjeras, así como la expropiación de explotaciones basadas en trabajo ilegal o esclavo, especialmente en la agricultura industrial a gran escala y en las grandes plantaciones.

"Este enfoque va más allá de la simple titulación de tierras y llama a una redistribución efectiva y equitativa de la tierra."

Esta visión también se opone a las “contrarreformas” basadas en el mercado, promovidas por el Banco Mundial en los años noventa, que condujeron a la privatización de las tierras y a una nueva ola de concentración de la tierra en manos de una pequeña minoría depredadora, imponiendo un modelo único de desarrollo rural, arraigado en el neoliberalismo y favorable a los intereses del agronegocio.

La lucha por el derecho a la tierra mediante la implementación de la reforma agraria forma así parte integral del derecho al desarrollo: es una lucha por la autodeterminación y por el derecho a definir sus propios sistemas de tenencia de la tierra. Defendemos una comprensión política de la tierra como ecosistema social y productivo esencial para la vida y no como un simple activo financiero.

Agroecología, derecho a las semillas y derecho al desarrollo

En 2015, durante el segundo Foro Mundial sobre la Soberanía Alimentaria (Foro Nyéléni)[2], las delegaciones que representaban a diversas organizaciones y movimientos sociales de pequeños productores de alimentos y consumidores se reunieron para alcanzar una comprensión común de la agroecología como componente clave de la soberanía alimentaria.

La agroecología busca transformar y mejorar nuestra realidad material en los sistemas alimentarios, frente a un mundo rural devastado por la producción alimentaria industrial y, hoy en día, por las supuestas revoluciones verde y azul. La agroecología es, por tanto, también política: busca cuestionar y transformar las estructuras de poder en la sociedad. Coloca el control de las semillas, la biodiversidad, las tierras y territorios, las aguas, los conocimientos, la cultura y todos los bienes comunes en manos de los pueblos que alimentan al mundo.

El control de las semillas locales y autóctonas es un medio de producción clave frente a la ofensiva de las industrias semilleras, que buscan consolidar la agricultura química, al tiempo que amenazan la biodiversidad. Estas industrias desarrollan semillas basadas en organismos genéticamente modificados (OGM), al mismo tiempo que promueven las patentes (derechos de propiedad intelectual), en detrimento de las semillas locales y campesinas. Por ello, La Vía Campesina rechaza firmemente la mercantilización de la vida, particularmente a través de los OGM, las patentes, así como la privatización y comercialización de la biodiversidad.

En este sentido, el movimiento defiende el derecho colectivo e inalienable de las y los campesinos a conservar, utilizar, intercambiar y vender sus semillas, de conformidad con el Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura (art. 9.3) y la UNDROP (art. 19).

Frente a los intentos industriales de imponer la biología sintética, La Vía Campesina organiza intercambios de semillas y campañas para preservar los sistemas comunitarios tradicionales de gestión de la biodiversidad. Una vez más, la lucha por los derechos sobre las semillas se arraiga en el derecho al desarrollo y en el derecho del campesinado a concebir e implementar sus propios modelos de desarrollo semillero basados en sus conocimientos indígenas tradicionales.

La globalización neoliberal contra los derechos campesinos

Las instituciones financieras y comerciales internacionales son las principales fuerzas responsables de las violaciones de los derechos campesinos y del desmantelamiento de los sistemas alimentarios campesinos. El tríptico compuesto por la Organización Mundial del Comercio (OMC), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial impide a los gobiernos, especialmente a los del Sur global, implementar políticas públicas esenciales en favor de las poblaciones rurales, mediante mecanismos y condicionalidades coercitivas. Estos actores neoliberales han forzado la reducción del papel del Estado en la provisión de servicios públicos, al mismo tiempo que aumentaban el del sector privado (a través de las privatizaciones).

"Estos actores neoliberales han forzado la reducción del papel del Estado en la provisión de servicios públicos, al mismo tiempo que aumentaban el del sector privado."

En este sentido, es importante recordar que la integración de la agricultura en el régimen mundial de libre comercio a través del Acuerdo sobre la Agricultura de la OMC (1994) constituyó un punto de inflexión devastador. Esta política transformó los alimentos en una simple mercancía y desreguló sistemáticamente los sistemas agrícolas, desmantelando las herramientas de regulación de los mercados, como los precios mínimos de intervención y las reservas públicas. Las consecuencias fueron sistémicas: caída de los precios agrícolas, destrucción de los mercados campesinos locales, pérdida de autonomía sobre las semillas y expulsión de millones de campesinas y campesinos de sus territorios en beneficio de grandes terratenientes.

El acto trágico del campesino surcoreano Lee Kyung Hae, quien se quitó la vida en Cancún en 2003 llevando una pancarta que proclamaba “la OMC mata a los campesinos”, sigue siendo emblemático de la violencia de este sistema neoliberal y neocolonial-imperialista.

Sin embargo, el régimen comercial neoliberal no se limita a la OMC: también se caracteriza por la proliferación de acuerdos de libre comercio e inversión a niveles regional, multilateral y bilateral. Además, hoy en día también enfrentamos las políticas comerciales de Estados Unidos, que obligan a los países a abrir totalmente sus mercados, sin reciprocidad.

La lucha por un marco comercial alternativo

En respuesta a los daños causados por el Acuerdo sobre la Agricultura de la OMC, La Vía Campesina lanzó un proceso destinado a exigir urgentemente la creación de un nuevo marco comercial internacional basado en la soberanía alimentaria. Este nuevo marco debe basarse en la solidaridad, la cooperación internacional y la justicia social. Su objetivo principal es redefinir la función del comercio, ya no como una herramienta de maximización de las ganancias de las empresas transnacionales, sino como un instrumento que garantice los derechos humanos y la soberanía alimentaria.

Al afirmar que el comercio agrícola y alimentario debe respetar los derechos humanos y que la alimentación es un derecho humano fundamental y no una mercancía, La Vía Campesina aboga por un nuevo marco comercial que proteja los derechos campesinos y legitime medidas estatales como la protección de los mercados contra el dumping y la garantía de precios de apoyo para los productores.

"La Vía Campesina aboga por un nuevo marco comercial que proteja los derechos campesinos y legitime medidas estatales como la protección de los mercados contra el dumping y la garantía de precios de apoyo para los productores."

Con este fin, La Vía Campesina identifica a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) como el foro legítimo para construir este nuevo consenso multilateral, capaz de realinear las normas del comercio mundial con los derechos humanos.

Conclusión

El derecho al desarrollo, tal como lo entiende La Vía Campesina, constituye una respuesta integrada y radical a los fracasos sistémicos del modelo neoliberal. Se define por la realización de la justicia social, la sostenibilidad ecológica y el respeto de la dignidad de las poblaciones rurales.

Seguiremos luchando por nuestros derechos por todos los medios a nuestro alcance y, ante todo, mediante la movilización popular de nuestras bases. Seguiremos fortaleciendo nuestra incidencia a través de instrumentos jurídicos internacionales, como la UNDROP, para exigir la implementación de políticas públicas redistributivas y regulatorias capaces de concretar nuestro derecho al desarrollo, es decir, nuestro derecho a definir nuestros propios sistemas y modelos de desarrollo rural y agrícola, a la luz del paradigma de la soberanía alimentaria.

Al poner el énfasis en la autonomía y los saberes campesinos, y al situar a las mujeres rurales y a la juventud en el centro de la lucha, La Vía Campesina propone un camino que privilegia la protección de los ecosistemas y de las comunidades por encima de la acumulación de capital, reafirmando así su compromiso con una transformación sistémica del orden económico, comercial, financiero y social mundial.

[1] https://docs.un.org/es/A/HRC/54/50

[2] https://nyeleni.org/fr/

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La adopción de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en Zonas Rurales (UNDROP) en 2018 marcó un hito histórico para la justicia rural. Sin embargo, hasta la fecha, su desarrollo e implementación se han centrado en gran medida en el campesinado. Es fundamental recordar que los derechos consagrados en la UNDROP son plenamente aplicables a otros pueblos que viven y trabajan en territorios rurales y acuáticos, incluidos los pueblos pescadores. El artículo 1, párrafo 2 de la UNDROP es muy claro al respecto: “Esta Declaración se aplica a toda persona que se dedique a la agricultura artesanal o de pequeña escala, la siembra de cultivos, la cría de ganado, el pastoreo, la pesca, la silvicultura, la caza o la recolección, así como a la artesanía relacionada con la agricultura u otras ocupaciones conexas en una zona rural”.

En este sentido, resulta fundamental seguir abogando por la ampliación del alcance de la UNDROP, fortalecer su apropiación por parte de los pueblos pescadores y promover su visibilidad como sujetos plenos de derechos.

Interpretando la UNDROP desde los territorios acuáticos

Durante décadas, la lucha por los derechos territoriales se ha imaginado casi exclusivamente en términos de tierra. Sin embargo, al hablar de territorios en el contexto de la pesca en pequeña escala, es imprescindible destacar la interdependencia absoluta entre el agua y la tierra para los medios de vida, la soberanía alimentaria y la identidad cultural de estas comunidades. La costa y los cuerpos de agua continentales representan un entorno vital completo donde convergen la vida cotidiana, los medios de subsistencia y la cultura; donde termina la tierra, el territorio continúa en el agua.

Bajo este espíritu, una contribución fundamental que la pesca artesanal puede aportar a la interpretación de la UNDROP es el uso de conceptos paradigmáticos surgidos desde las ciencias sociales y los movimientos sociales en América Latina y el Caribe, como el Maritorio o Territorio de Vida. Este reconoce las áreas costeras y marinas de uso colectivo como espacios de soberanía alimentaria conformados por las personas que tradicionalmente los habitan; lugares entendidos como espacios espirituales e interculturales de “afecto con la naturaleza y la ancestralidad”, y no meramente como zonas de extracción.

A su vez, esta visión se expande hacia el concepto de Acuatorio, un término que permite comprender las “territorialidades anfibias” de las comunidades que habitan estos espacios. Esta perspectiva reconoce que la protección de la pesca artesanal requiere un enfoque que trate todos los ecosistemas acuáticos – ríos, lagunas, humedales – por igual, como territorios indivisibles de tierra y agua.

En consecuencia, el derecho a la tierra y a otros recursos naturales consagrado en el artículo 17 de la UNDROP debe interpretarse como un marco que abarca las complejas relaciones que las comunidades pesqueras mantienen con sus entornos acuáticos, reafirmando que el agua y la tierra constituyen dimensiones inseparables de este derecho.

Las amenazas: el “Acaparamiento de Océanos” y la Economía Azul

Hoy en día, los territorios pesqueros enfrentan una embestida sin precedentes de amenazas a sus vidas y medios de subsistencia. Bajo el pretexto de desarrollo y sostenibilidad, proyectos de turismo de lujo, energía offshore, acuicultura y pesca industrial, y exploración minera en aguas profundas están destruyendo los ecosistemas marinos y acaparando zonas de pesca y puntos de desembarque. Esto se conoce como Ocean Grabbing (acaparamiento de los océanos) o Blue Grabbing (acaparamiento azul).

Incluso, algunos enfoques de conservación ambiental, cuando se aplican bajo el modelo de “fortaleza” – es decir, áreas protegidas cerradas que excluyen a los habitantes tradicionales – también se han convertido en una amenaza. La UNDROP, en diálogo con las Directrices Voluntarias para Lograr la Sostenibilidad de la Pesca en Pequeña Escala en el Contexto de la Seguridad Alimentaria y la Erradicación de la Pobreza (Directrices PPE), debe utilizarse para reivindicar el importante papel de los pueblos pescadores – que han habitado estos territorios durante siglos – como verdaderos guardianes de la biodiversidad y los ecosistemas. Como establecen estas Directrices, la conservación no debe llevarse a cabo a expensas de las comunidades, sino en colaboración con ellas. Por ello, la protección de sus derechos de tenencia y el reconocimiento de sus prácticas y conocimientos tradicionales es – en sí misma -, una estrategia de conservación.

La tríada defensiva: UNDROP, Directrices PPE y Tenencia

La fuerzade la UNDROP para los pueblos pescadores radica en su capacidad de dialogar con otros instrumentos internacionales. En este sentido, para que la protección sea efectiva, la Declaración debe leerse a la luz de las Directrices PPE y de las Directrices Voluntarias sobre la Gobernanza Responsable de la Tenencia de la Tierra, la Pesca y los Bosques en el Contexto de la Seguridad Alimentaria Nacional (DVGT).

Mientras que las Directrices PPE y las DVGT proporcionan la hoja de ruta técnica para una gobernanza responsable, la UNDROP eleva estas recomendaciones al rango de Derechos Humanos. Juntas, forman un marco jurídico que permite a los pueblos pescadores exigir y luchar por la redistribución de la tierra/agua, el acceso preferencial a zonas de pesca y recursos, y la gestión colectiva de sus territorios acuáticos – tanto costeros como continentales – así como la protección contra cualquier desplazamiento o desalojo arbitrario e ilegal. Además, este marco respalda la garantía del Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI) y la realización de evaluaciones de impacto territorial frente a proyectos de “Economía Azul” a gran escala.

La UNDROP representa un instrumento precursor al reconocer el derecho al agua como un pilar esencial para la vida digna de los pueblos pescadores a pequeña escala y constituyendo la base misma de sus medios de subsistencia. Este derecho se entiende no sólo para el consumo humano, sino también para la producción de alimentos y, por extensión, para la pesca. Asimismo, al reconocer los sistemas de gestión comunitaria, este derecho refuerza la autonomía de las comunidades pesqueras en la gobernanza de sus territorios, donde el conocimiento tradicional desempeña un papel clave. Por último, la Declaración también establece disposiciones para que los Estados protejan a las comunidades frente a terceros, lo cual es crucial ante actividades extractivas o contaminantes que amenazan tanto el acceso a los territorios acuáticos como la integridad de los ecosistemas.

Las mujeres en el corazón de la pesca

Si la UNDROP ha de utilizarse como un escudo para los pueblos del mar, su protección debe ser particularmente sólida para las mujeres, que sostienen la vida y el tejido económico de sus comunidades, pero enfrentan una invisibilidad sistémica y jurídica. En la pesca artesanal, como en otros sectores rurales, la relación con el territorio está profundamente marcada por una dimensión de género: mientras los hombres suelen estar en el agua, el espacio productivo y vital de las mujeres es la orilla y la franja costera. Es allí donde procesan, secan y comercializan el pescado; en consecuencia, se ven desproporcionadamente afectadas por el acaparamiento de tierras y aguasy por el avance de la “economía azul”.

Este impacto diferenciado ha sido reconocido explícitamente por el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) en su Recomendación General N.º 34, al señalar que las mujeres rurales – incluidas las pescadoras – no constituyen un grupo homogéneo y sufren formas interseccionales de discriminación. Esta perspectiva ha sido reforzada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (OC-27/21), que establece que las mujeres que dependen de los recursos naturales enfrentan una “vulnerabilidad agravada” cuando su entorno es destruido, ya que se rompe no sólo su fuente de ingresos, sino también su tejido de cuidados y vida comunitaria.

Por lo tanto, bajo una lógica de protección integral, la UNDROP no puede interpretarse de forma aislada, sino en diálogo permanente con la CEDAW y las Directrices PPE, y en particular su capítulo 8. Esta articulación normativa constituye la base para exigir que los Estados reconozcan plenamente el trabajo de las mujeres en la pesca, respeten sus conocimientos sobre el uso sostenible de los recursos y garanticen la seguridad de tenencia de las tierras adyacentes al agua. Esto es esencial para que las pescadoras dejen de ser invisibles y actúen como actoras, responsables en la toma de decisiones y beneficiarias de las mismas.

En este sentido, el artículo 4 de la UNDROP establece disposiciones para que los Estados adopten medidas para eliminar la discriminación contra las mujeres pescadoras y garantizar su participación plena y efectiva en todos los procesos de toma de decisiones. Asimismo, reconoce sus derechos a acceder a recursos productivos, servicios y protección social en igualdad de condiciones, abordando las desigualdades estructurales que enfrentan. De este modo, el artículo 4 no sólo complementa los estándares de la CEDAW, sino que también consolida un enfoque transformador que exige políticas públicas con perspectiva de género en la pesca artesanal.

Del reconocimiento a la realización: la UNDROP como instrumento vivo para la pesca en pequeña escala

Aunque el término “campesino” configura gran parte del lenguaje de la UNDROP, su alcance es inequívoco: las y los pescadores y trabajadores de la pesca en pequeña escala son titulares plenos de derechos bajo este instrumento. Como sostuvo recientemente el Colectivo Internacional de Apoyo a los Trabajadores de la Pesca ( ICSF por sus siglas en inglés) ante el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la UNDROP, el desafío ya no es de reconocimiento, sino de realización. Es momento de derribar definitivamente la “frontera invisible” que históricamente ha excluido al agua de los debates agrarios y garantizar que las comunidades pesqueras se apropien de la Declaración como su propio escudo.

Desde esta perspectiva, hacer que la UNDROP tenga sentido en la vida de las comunidades pesqueras requiere ir más allá de una lectura meramente declarativa de los derechos. La Declaración debe movilizarse junto con las Directrices PPE y DVGT, no solo como instrumentos complementarios, sino como parte de una arquitectura coherente para la gobernanza pesquera basada en derechos. En este marco, los derechos humanos dejan de ser garantías abstractas y se convierten en herramientas de acción, arraigadas en las experiencias vividas, los sistemas de conocimiento y la organización colectiva de las comunidades.

En última instancia, transformar la UNDROP en una herramienta operativa es tanto un proceso político como colectivo. Depende del fortalecimiento de las capacidades de las organizaciones de pesca en pequeña escala, de su participación activa en los espacios de toma de decisiones y del refuerzo de las alianzas estratégicas que sostienen sus luchas. La experiencia histórica demuestra que el cambio duradero surge de esta interacción entre la resistencia comunitaria y una presencia técnica y política sostenida en los espacios de gobernanza global.

La UNDROP puede servir como una brújula vital, pero solo si es timoneada activamente por las propias comunidades que busca proteger. La tarea que queda por delante es asegurar que los pueblos pesqueros no solo se vean reflejados en esta Declaración, sino que la utilicen como una herramienta para proteger el futuro de sus territorios, sus medios de vida y sus derechos.

Candelaria Aráoz Falcón – Colectivo Internacional de Apoyo a los Trabajadores de la Pesca (ICSF)

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Las personas campesinas, pescadoras, pastoras, ganaderas, los trabajadores/as rurales y pueblos rurales son actores fundamentales en la transformación de los sistemas alimentarios y en la construcción de caminos hacia la soberanía alimentaria global. Por ello, la protección de sus derechos es clave para el futuro de la humanidad y de un planeta sostenible.

Una herramienta fundamental para proteger sus derechos es la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales (UNDROP). Esta proporciona un marco sólido para orientar políticas públicas, leyes y programas que salvaguarden la dignidad, los medios de vida y el derecho de las poblaciones rurales.

Defendiendo los Derechos Campesinos es una plataforma global para organizaciones y comunidades rurales que permite compartir conocimientos, amplificar luchas y construir poder colectivo para la implementación de sus derechos en todo el mundo.

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El CETIM y La Vía Campesina estuvieron en Yaundé, Camerún, para seguir de cerca los trabajos de la 14.ª Conferencia Ministerial de la OMC (26-29 de marzo de 2026). El CETIM y La Vía Campesina abogan por el desmantelamiento de la OMC, ya que su paradigma se basa en una arquitectura económica y comercial profundamente asimétrica, al servicio de los intereses del capital transnacional y en detrimento de los pueblos y las economías locales, en particular en los países del Sur.

La Conferencia Ministerial concluyó sin una declaración final ni la reforma que se había anunciado. La mayoría de los temas, entre ellos la agricultura, el comercio electrónico o la facilitación de las inversiones, se remitieron a Ginebra por falta de consenso. Numerosos participantes atribuyen este fracaso en gran parte a la estrategia de Estados Unidos, que condicionó toda negociación a la adopción de una moratoria permanente sobre los aranceles relacionados con el comercio electrónico, lo que provocó fuertes tensiones, especialmente entre los países del Sur. Las divergencias sobre este tema, así como sobre otras prioridades como la seguridad alimentaria o las normas de propiedad intelectual, bloquearon las negociaciones. Este fracaso confirma así el análisis según el cual la OMC se encuentra hoy en día ampliamente paralizada, incapaz de tomar decisiones favorables a un desarrollo comercial justo y equitativo, y subraya la necesidad de replantearse en profundidad el sistema comercial internacional hacia un marco verdaderamente democrático, que no margine las voces de los pueblos y los países del Sur.

La Declaración de Yaundé que reproducimos a continuación, publicada por La Vía Campesina, pone de relieve los efectos sistémicos de un modelo comercial que subordina la alimentación a la lógica del lucro, acelera la marginación de los pequeños productores de alimentos y compromete la soberanía de los pueblos sobre sus sistemas alimentarios. En un contexto marcado por crisis geopolíticas, económicas y medioambientales, la creciente dependencia de los mercados mundiales no solo se presenta como un callejón sin salida, sino como un factor que agrava las vulnerabilidades estructurales que oprimen a los pueblos.

Ante esta crisis multidimensional, la Declaración de Yaundé de LVC pretende ser portadora de esperanza, al proponer una alternativa política e institucional estructurada. Al afirmar la soberanía alimentaria como principio fundamental, LVC y el CETIM abogan por una refundación del comercio internacional basada en la primacía de los derechos humanos, la solidaridad entre los pueblos y el respeto de los ecosistemas. En consonancia con los principios consagrados en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los campesinos y otras personas que trabajan en zonas rurales (UNDROP), este nuevo marco debe defender y reforzar el reconocimiento de los derechos campesinos a la tierra, las semillas, la biodiversidad y la soberanía alimentaria, entre otros. Es necesario sacar la agricultura de la OMC y superar el marco actual de la OMC para construir un nuevo sistema comercial al servicio de la autodeterminación de los pueblos.

Leer la Declaración de Yaundé

Leer el comunicado del CETIM, previo a la Conferencia Ministeiral: La OMC en un callejón sin salida: ¿ La Conferencia Ministerial la salvara?

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Desde su llegada al poder mediante un golpe de Estado en septiembre de 2022, el capitán Ibrahim Traoré ejerce la presidencia de Burkina Faso sin dejar a nadie indiferente: para algunos, encarna un giro histórico que marca una ruptura con el orden neocolonial y el inicio de una revolución panafricana popular; para otros, se trata de un nuevo golpe de fuerza despótico orquestado por un régimen militar. Este artículo intenta aportar una perspectiva original, a la luz de las correlaciones de fuerzas existentes, dando voz a los movimientos sociales burkineses —en particular a las y los campesinos.

Burkina Faso enfrenta desde hace años una situación de guerra, principalmente en el norte, bajo la amenaza yihadista, y desde 2022 sufre una presión internacional creciente, que se ha manifestado mediante regímenes de sanciones impuestos por Francia, el Banco Mundial, la Unión Europea y la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO). Heredero de un largo pasado colonial y de una deuda ilegítima, el gobierno de Traoré busca restaurar la soberanía nacional e inscribirse en una nueva dinámica panafricana.

Junto con sus socios de la Alianza de los Estados del Sahel —Malí y Níger—, el país cuestiona el franco CFA y contempla una moneda independiente o común, al tiempo que se desvincula progresivamente del FMI, del Banco Mundial y del BCEAO (Banco Central de los Estados de África Occidental). El rechazo a nuevos préstamos occidentales marca una voluntad de salir de la dependencia financiera.

En el plano económico, Burkina Faso ha emprendido una dinámica de nacionalización de sectores estratégicos. En 2023, el Estado retomó el control de las grandes minas de oro. Un nuevo código minero adoptado en 2024 refuerza la soberanía sobre los recursos, aumenta la participación estatal en las empresas mineras, impone la transformación local y crea una reserva estratégica de oro. En 2025, se inauguró un centro de tratamiento de residuos mineros.

La reconquista económica también abarca el sector agroalimentario, mediante nacionalizaciones e industrialización de fábricas en los ámbitos de la producción azucarera, la transformación láctea y la producción/transformación del tomate, un sector clave del país. A pesar de un contexto regional conflictivo, estas decisiones constituyen palancas esenciales para consolidar una soberanía real y reforzar la capacidad del Estado para financiar políticas sociales.

La palabra al campesinado

En Burkina Faso, el 80% de la población activa trabaja en la agricultura (alrededor del 32% del PIB nacional) y cerca del 90% de las explotaciones son familiares de menos de cinco hectáreas, lo que caracteriza la predominancia de una agricultura de subsistencia. Esto muestra hasta qué punto los pequeños productores de alimentos, campesinas/os, nómadas, ganaderos y comunidades de pescadores artesanales son actores centrales de la sociedad.

A la luz de esto, el gobierno lanzó su “Ofensiva agropastoral y pesquera 2023-2025”, con el objetivo de alcanzar la autosuficiencia y la soberanía alimentaria. En este marco, se han realizado numerosas inversiones: equipos agrícolas, infraestructuras de transformación local, apoyo a las cadenas de cereales, arroz y horticultura. Los resultados son palpables: la producción de tomate, arroz y maíz aumentó considerablemente entre 2022 y 2024 y, desde entonces, el éxodo rural ha disminuido¹.

Más allá de las cifras, impresiona el compromiso de las comunidades rurales. Durante mucho tiempo marginadas, constituyen el núcleo del nuevo proyecto de sociedad, ahora reconocidas como sujetos políticos del cambio. Dos líderes de base, el Sr. Alassane Nakande (figura clave de la Convergencia de luchas por la tierra y el agua de África Occidental² y director ejecutivo del Movimiento Africano por los Derechos Ambientales) y la Sra. Ouédraogo Ouandegma (presidenta de la Coordinación Burkinesa de Organizaciones Campesinas, miembro de La Vía Campesina y del Sindicato de Trabajadores Agropastorales), dan testimonio de los profundos cambios en curso. Estos avances permiten promover una agenda campesina conforme a los principios de la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Campesinos y otras personas que trabajan en zonas rurales (UNDROP), que reconoce derechos fundamentales como el derecho a la tierra y a las semillas.

Fortalecimiento de la producción campesina local

Para la Sra. Ouandegma, la iniciativa de protección y promoción de la producción local “es positiva, ya que acompaña concretamente a las organizaciones campesinas en la consolidación de sus medios de producción, cadenas productivas, cooperativas y mercados locales”. La representante destaca los “esfuerzos gubernamentales”, que han “permitido acceder a herramientas y materiales de producción y transformación agrícola (unidades de transformación de arroz, tractores…)”. Gracias a esta iniciativa, “son los pequeños productores y cooperativas quienes suministran directamente sus productos a hospitales, ayuntamientos, comedores escolares, prisiones… lo que ha permitido implementar circuitos cortos, abrir los mercados a los pequeños productores y promover los productos locales”.

Política agraria y derecho a la tierra

Históricamente, Burkina Faso ha enfrentado grandes oleadas de acaparamiento de tierras por operadores privados y financieros que se han beneficiado de un marco legal impreciso y permisivo. Frente a esto, el Sr. Nakande subraya que “gracias a la voluntad de las autoridades de abordar este fenómeno mediante la revisión de leyes favorables al acaparamiento, se está haciendo posible una mejor redistribución de la tierra”. Añade que estos cambios legislativos están “acompañados de medidas de apoyo, especialmente kits de instalación para jóvenes agricultores”. El proceso se inscribe en una lógica más amplia de fortalecimiento de la seguridad y soberanía alimentaria, con otras iniciativas en curso —investigación-acción, estudios de viabilidad y medidas concretas— destinadas a “valorizar el papel de los productores agrícolas y devolverles un lugar central en las políticas públicas”.

Por su parte, la Sra. Ouandegma afirma que la política agraria “refuerza la seguridad y el reconocimiento jurídico de los derechos de uso de la tierra para campesinos y campesinas”. También celebra el compromiso del gobierno de otorgar al menos el 30% de los títulos de propiedad a mujeres productoras.

Políticas agroecológicas

En el ámbito de la agroecología —concepto clave impulsado por el movimiento campesino internacional—, el Sr. Nakande señala que “a nivel de la Asamblea Nacional y del Senado se ha creado una comisión conjunta para abordar los desafíos relacionados con la promoción de la agroecología. En la misma línea, se ha aprobado una ley que promueve el uso de insumos biológicos”.

En su estrategia nacional (SND-AE 2023-2027), el gobierno apoya la intensificación de prácticas agroecológicas en colaboración con organizaciones campesinas, con el fin de garantizar de forma sostenible la seguridad alimentaria y nutricional en un contexto marcado por crisis climáticas: disminución de las lluvias, degradación de suelos y recursos hídricos, pérdida de biodiversidad, sequías, inundaciones, etc.

Otro gran eje es la demanda de abandono progresivo de pesticidas químicos impulsada por actores rurales. Para ello, se han abierto nuevos espacios de diálogo y negociación. La Sra. Ouandegma destaca una “voluntad compartida, tanto del movimiento rural como de las autoridades, de orientar decididamente al país hacia una transición agroecológica tangible”.

Protección de las semillas campesinas

En cuanto a los recursos fitogenéticos y la protección de las semillas campesinas, el Sr. Nakande observa avances positivos. En primer lugar, la “creación de una comisión dedicada a los recursos fitogenéticos, que ofrece un marco político para promover las propuestas campesinas”. En segundo lugar, la adopción de una nueva ley agropastoral que reconoce el estatus de agricultor/campesino y refuerza la protección del derecho a las semillas. “Esta ley sienta las bases de un marco favorable para la conservación de semillas, en particular mediante la creación de una base de datos dedicada”. Según él, se trata de un verdadero salto cualitativo: “a partir de ahora, cada campesina/o podrá participar activamente en la preservación del sistema alimentario local y en el mantenimiento de la biodiversidad”.

Una dialéctica en curso

Es evidente que el campesinado debe constituir una fuerza política central en el proceso de transformación social, económica y política de Burkina Faso. Este proceso se hará con él o no se hará. Sin embargo, todo proceso de transformación política conlleva inevitablemente trayectorias dialécticas, marcadas por tensiones internas y contradicciones constantes, más aún en un país como Burkina Faso. No obstante, la mayoría de los análisis externos tienden a ignorar esta complejidad, en favor de juicios simplistas, descontextualizados y a menudo eurocéntricos.

Todo proceso político transformador que aspire a ser progresista necesita debate democrático. Las críticas internas y externas —si son constructivas y no responden a lógicas imperialistas— pueden y deben contribuir a orientar este proceso hacia una verdadera emancipación popular y a corregir el rumbo si es necesario. Lo que ocurre en Burkina Faso es un intento inédito de renovación panafricana, centrado en un modelo de desarrollo autocentrado y autodeterminado, en un continente que sigue sufriendo el yugo neocolonial. En este contexto, el gobierno de Traoré cuenta con un apoyo popular considerable, especialmente de movimientos sociales rurales y de la juventud, que rechazan la fatalidad neocolonial y reclaman soberanía nacional y popular.

No se trata de idealizar. Pero, en un mundo aún estructurado por profundas relaciones de dominación neocolonial, todo intento de liberación nacional merece ser examinado y acompañado, especialmente si está impulsado por las clases populares y los movimientos sociales de base. En este tipo de procesos, la única garantía real contra retrocesos es un diálogo pedagógico entre las fuerzas populares y el gobierno. El desafío permanente, para el CETIM, es seguir siendo una plataforma para la soberanía popular, arraigada en el apoyo de las masas y no aislada de ellas.

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Una nueva iniciativa de comunicación ha sido lanzada recientemente en Colombia con el objetivo de acercar el conocimiento académico al público en general. Se trata de una serie de podcasts impulsada por el Instituto de Estudios Interculturales y la especialización en Jurisdicción Agraria de la Universidad Javeriana de Cali, en alianza con el Observatorio de Tierras Rurales. La propuesta busca transformar investigaciones recientes en contenidos accesibles y atractivos, ampliando el alcance de debates clave sobre los derechos de los pueblos rurales.

Al aire desde hace aproximadamente un mes, el proyecto apuesta por un lenguaje claro y formatos multimedia para dialogar con organizaciones campesinas, trabajadores rurales, pueblos indígenas, pastores y pescadores. La iniciativa pública alrededor de dos contenidos mensuales, combinando audio y texto, lo que facilita el acceso a información especializada para públicos diversos.

Las temáticas abordadas parten del contexto colombiano, pero trascienden las fronteras nacionales. Los episodios incluyen reflexiones relevantes para América Latina y el Caribe, así como análisis de alcance global, como la concentración de la tierra y sus implicaciones sociales, económicas y políticas. De este modo, el podcast se consolida como un espacio de circulación de conocimiento crítico sobre problemáticas agrarias contemporáneas.

Lectores e interesados de distintas regiones están invitados a conocer y seguir esta iniciativa. Los episodios, disponibles en español e inglés, pueden escucharse en https://soundcloud.com/carlos-duarte-44 y https://www.observatoriodetierras.org/podcast/, mientras que las publicaciones escritas están disponibles en https://www.observatoriodetierras.org/publicaciones/. Se trata de una oportunidad valiosa para acceder a debates actuales en formatos más inclusivos y comprensibles.

Destacamos particularmente el último episodio lanzado sobre el estado de la discusión actual en torno a la gobernanza, el acceso y la desigualdad en el acceso a la tierra a nivel global, desagregado por regiones analíticas. Disponible en español e inglés.

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Los Pueblos Indígenas y los movimientos sociales reafirman su unidad y su apoyo a los organizadores de la CIRADR+20, pero rechazan la declaración de la conferencia en la ceremonia de clausura

Por La Via Campesina (28 Febrero 2026)

Comunicado del Comité Internacional de Planificación para la Soberanía Alimentaria (CIP)

CARTAGENA DE INDIAS, 28/02/2026 – En la sesión de clausura de la Conferencia Internacional sobre Reforma Agraria y Desarrollo Rural (CIRADR+20), los Pueblos Indígenas y los movimientos sociales, representados por el Comité Internacional de Planificación para la Soberanía Alimentaria (CIP)*, emitieron una contundente declaración política afirmando su “unidad irreductible” frente a los ataques continuos contra sus derechos.

Los movimientos expresaron su agradecimiento a los Gobiernos de Colombia y Brasil por volver a situar la reforma agraria en la agenda del diálogo político internacional y por incluir sus voces en el proceso de la conferencia. También destacaron la necesidad de que los gobiernos y los pueblos del Sur Global se mantengan unidos en defensa del derecho internacional y de los derechos humanos, señalando que Irán enfrenta actualmente lo que describen como otro ataque imperialista.

La declaración del CIP reafirmó que los derechos de los Pueblos Indígenas y de los campesinos están firmemente reconocidos en el derecho internacional, incluidos los instrumentos adoptados por la Asamblea General de las Naciones Unidas, como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (DNUDPI) y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales (UNDROP). El CIP rechazó cualquier intento de retroceder en estos derechos reconocidos.

Una preocupación central planteada fue la equiparación de los Pueblos Indígenas con el concepto vago de “comunidades locales”, repetido múltiples veces en la declaración de los gobiernos presentada al plenario. Si bien reconocieron la importancia de la Conferencia, los movimientos afirmaron que “no pueden aceptar la declaración” adoptada al concluir la misma. Se comprometieron a seguir participando en los procesos de seguimiento para garantizar que sus derechos sean respetados, protegidos y garantizados.

Las organizaciones de Pueblos Indígenas articuladas en CIP a través del Consejo Internacional de Tratados Indios (IITC) subrayaron que que los tres mecanismos de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas han distinguido claramente las características únicas, los orígenes y el estatus jurídico de los derechos de los Pueblos Indígenas, y advirtieron que agruparlos con comunidades indefinidas socava esas protecciones. Preocupaciones similares fueron expresadas por los pueblos pescadores, los pastores nómadas, los campesinos, los trabajadores rurales y las comunidades móviles y artesanales cuyos derechos territoriales y de movilidad deben ser reconocidos explícitamente.

La declaración llamó a una reforma agraria del siglo XXI que sea inclusiva de los Pueblos Indígenas, campesinos, pueblos pescadores, pastores, mujeres, jóvenes, personas con diversidad de género, comunidades afrodescendientes, agricultores familiares y trabajadores rurales. Subrayó que la reforma agraria debe ir más allá de la redistribución de la tierra para abarcar bosques, océanos, ríos, tierras de pastoreo y rutas migratorias. Redistribución, Reconocimiento, Restitución y Regulación deben conformar los ejes mutuamente reforzadores de una reforma agraria integral, atendiendo a las distintas realidades que existen en todo el mundo. La soberanía alimentaria y la agroecología, afirmaron, deben ser pilares centrales de esta transformación. La estrategia y los pasos concretos hacia una reforma agraria transformadora están expuestos en el documento de posición del CIP lanzado antes de la CIRADR+20.

La declaración concluyó con un llamado a todos los gobiernos a entablar un diálogo de buena fe sobre los derechos de los Pueblos Indígenas, los derechos de los pueblos pescadores y de los pastores nómadas, los derechos de las mujeres y la agroecología.

“La reforma agraria, la soberanía alimentaria y la justicia social, agraria y ambiental solo se lograrán a través de la lucha”, afirmó la declaración. “Estamos regresando a nuestros territorios para organizar a nuestros pueblos y defender el futuro de nuestras comunidades y de la Madre Tierra”.

* QUIÉNES SOMOS: El Comité Internacional de Planificación para la Soberanía Alimentaria

El Comité Internacional de Planificación para la Soberanía Alimentaria (CIP) es una plataforma mundial autónoma y autoorganizada de organizaciones de productores de alimentos a pequeña escala y trabajadores rurales, así como de movimientos sociales de base/comunitarios, cuyo objetivo es impulsar la agenda de la Soberanía Alimentaria a nivel mundial y regional. Más de 6000 organizaciones y 300 millones de productores de alimentos a pequeña escala se autoorganizan a través del CIP, compartiendo los principios y los 6 pilares de la Soberanía Alimentaria tal como se establecen en la Declaración de Nyeleni 2007 y su informe de síntesis.

El CIP facilita el diálogo y el debate entre actores de la sociedad civil, gobiernos y otros actores en el ámbito de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición, creando un espacio de discusión autónomo de partidos políticos, instituciones, gobiernos y el sector privado.

La legitimidad del CIP se basa en su capacidad de dar voz a las preocupaciones y luchas que una amplia variedad de organizaciones de la sociedad civil y movimientos sociales enfrentan en su práctica cotidiana de incidencia a nivel local, subnacional, regional y global.

Leer la Declaracion final del CIP

Leer el posicionamiento del CIP sobre la reforma agraria

Leer la nota informativa de la Via Campesina sobre la reforma agraria

Entrevista colaborativa sobre las conclusiones de la CIRADR+20 y del Foro de los Pueblos y de los Movimientos Sociales

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