La inteligencia artificial, controlada por las grandes empresas tecnológicas transnacionales del Norte global, refuerza las estructuras de poder capitalistas y configura la agricultura mundial. La IARAA tiene como objetivo reorientar esta tecnología al servicio al servicio de los pueblos y las comunidades rurales y romper así el monopolio tecnológico. De este modo, contribuye a reforzar la soberanía alimentaria y a construir sistemas agrícolas más justos, democráticos y sostenibles, convirtiendo la tecnología en una verdadera palanca de emancipación y justicia social el campesinado.

Con el fin de comprender mejor este proyecto e inspirar a los movimientos rurales de distintas partes del mundo, la plataforma Defendiendo los Derechos Campesinos realizó la siguiente entrevista con representantes de los movimientos que idearon y desarrollaron esta iniciativa:

1. ¿Qué es la IARAA y cómo surgió la iniciativa dentro de la Marcha Mundial de las Mujeres y del MST?

La IARAA es la Inteligencia Artificial para la Reforma Agraria y la Agroecología, una herramienta creada por los movimientos populares que surge con el propósito de democratizar el conocimiento agroecológico y fortalecer la Reforma Agraria Popular. Nació a partir del Curso de Inteligencia Artificial para Movimientos Populares del Sur Global, que se llevó a cabo en Shanghái, en julio de 2025. En ese momento, además de apropiarse de manera crítica y técnica de las tecnologías relacionadas con la IA, las activistas de los movimientos de diversos países entraron en contacto con el modelo chino de desarrollo tecnológico. Esa experiencia nos llevó a reflexionar sobre la construcción de la lucha por la soberanía tecnológica en nuestros países y a crear herramientas para librar esa batalla.

El Movimiento de los Trabajadores Sin Tierra de Brasil (MST) y la Marcha Mundial de las Mujeres (MMM) participaron en la creación de este curso y, junto con la Asociación Internacional para la Cooperación Popular (Baobab), decidieron crear la IARAA para que sirviera como herramienta para la masificación de la agroecología, el feminismo popular y nuestra perspectiva sobre la soberanía tecnológica en Brasil.

Para construir la base de conocimiento que alimenta la herramienta, reunimos un equipo de especialistas en agroecología provenientes del MST y de la Marcha Mundial de las Mujeres, en representación de todas las regiones de Brasil. Fueron estos compañeros y compañeras quienes definieron los fundamentos conceptuales, políticos y técnicos que orientan las respuestas de la IARAA. Al mismo tiempo, capacitamos a militantes de los propios movimientos en las áreas más técnicas del desarrollo de la IA, particularmente en las arquitecturas de RAG que sustentan la herramienta. No queríamos depender de un equipo técnico externo que no comprendiera el proyecto político, sino formar activistas que entendieran esta apuesta política en todas sus dimensiones. Contamos con el apoyo de aliados internacionalistas con mayor experiencia acumulada en el desarrollo de herramientas de RAG, y esa colaboración fue fundamental.

2. ¿Cómo definen el papel de la IARAA dentro de la estrategia más amplia de la lucha popular por la soberanía alimentaria?

La IARAA no es una herramienta aislada. Es parte de un proyecto estratégico más amplio. Se suma a las diferentes formas de lucha que buscan superar el modelo del agronegocio. Es una herramienta que busca fortalecer la agroecología en los territorios, entendida por los movimientos como una perspectiva estratégica de proyecto político y de enfrentamiento a la crisis ambiental impuesta por el agronegocio. Socializar la acumulación de conocimiento agroecológico constituye una de las tareas fundamentales en esta batalla.

El agente «Semeadura» está dirigido a quienes están en el campo y necesitan una orientación práctica y rápida. El perfil «Mutirão» va más allá: fue desarrollado para apoyar a técnicos, líderes y educadores populares en la organización de procesos participativos y de formación de base, siendo un instrumento de apoyo no solo a la producción, sino a la propia organización popular en los territorios. Por su parte, el perfil «Quintal Produtivo» ofrece una capacidad diferenciada para abordar en profundidad conceptos, debates teóricos y fundamentos políticos de la agroecología, y sirve como referencia para el estudio, la elaboración teórica y la formación de activistas, estudiantes y cuadros de los movimientos.

Al ofrecer un repositorio de conocimiento agroecológico curado por los movimientos, la IARAA contribuye a que cada persona que la utiliza llegue mejor preparada a las visitas técnicas, a los trabajos comunitarios, a las escuelas del campo y a las asambleas. Potencia lo que ya existe y fortalece la lucha por lo que aún queda por conquistar. La IARAA también demuestra, en la práctica, que los movimientos populares son capaces de crear sus propias herramientas tecnológicas. Esto no es poca cosa en un mundo en el que el desarrollo de la inteligencia artificial está concentrado en manos de unas pocas corporaciones transnacionales. Pero sigue siendo una experiencia muy limitada, principalmente por la falta de infraestructura. Superar esta dependencia tecnológica exige una estrategia de soberanía digital popular, que debe ir de la mano de la lucha por la soberanía alimentaria y la soberanía energética.

3. ¿De qué manera la IARAA incorpora una perspectiva feminista y contribuye a enfrentar las desigualdades de género en el acceso a la tecnología y en la producción de conocimiento en el campo?

Nuestra perspectiva no consiste solo en garantizar el acceso de las mujeres a la tecnología, sino en situar a las mujeres como sujetas de la tecnología. Cuando las mujeres no participan en el diseño, el desarrollo y el control de las herramientas digitales, es probable que estas herramientas no respondan a las necesidades de la vida de las mujeres. Esto tiene consecuencias concretas: la mayor parte de las IA comerciales presenta sesgos de género profundos, no reconoce el trabajo no remunerado de las mujeres en la reproducción de la vida cuando piensa en la «economía», y trata la agricultura como si fuera una actividad neutra, sin considerar que la forma en que las mujeres practican la agricultura es específica, diversa y es la que, en gran medida, sustenta la vida.

En la IARAA, abordamos esto en varias dimensiones. Primero, en la base de conocimientos: incluimos un amplio conjunto de materiales sobre feminismo popular y agroecología feminista, para que la herramienta se base en estas elaboraciones al construir sus respuestas, y no en los marcos androcéntricos (la cual se refiere a una visión centrada en el hombre, que se presenta como norma universal en detrimento de las mujeres y otras identidades) que dominan la producción hegemónica de conocimiento. Segundo, en la organización de la herramienta: hay principios del feminismo popular integrados en las instrucciones que guían a la IARAA, lo que hace que siempre tenga en cuenta la división sexual del trabajo, la necesidad de construir el feminismo popular y la superación del patriarcado al elaborar una respuesta. En tercer lugar, en el equipo: contamos con una coordinación técnica y política integrada por muchas mujeres, lo que plantea otra forma de desarrollar tecnología, a partir de otros saberes, otras preguntas y otras prioridades.

La IARAA está diseñada para fortalecer y dar visibilidad a las experiencias de las mujeres del campo, reconociendo el trabajo invisible que realizan y brindando un apoyo concreto a la organización de su lucha, reconociéndolas como sujetos de la agroecología.

4. ¿De qué manera puede la IARAA contribuir concretamente a la implementación de los derechos previstos en la UNDROP, especialmente el derecho a la información (art. 11), a los medios de producción (art. 16), a la reforma agraria (art. 17) y a la soberanía alimentaria (art. 15)?

La UNDROP es un hito fundamental porque reconoce que las campesinas y los campesinos tienen derechos específicos que el sistema capitalista niega sistemáticamente. La IARAA se posiciona como un instrumento de apoyo en la lucha por la materialización de estos derechos.

En cuanto al derecho a la información, lo que observamos es que, a diferencia de los chatbots comerciales que simplifican las respuestas y homogeneizan las prácticas, la IARAA está siendo programada para tomar en cuenta en sus respuestas la diversidad de biomas, sistemas de producción, organización social y condiciones materiales de los territorios. El derecho a una información de calidad, con referencias políticas, contextualizada y en un lenguaje accesible es fundamental en la IARAA.

En cuanto a los medios de producción y la soberanía alimentaria, las empresas transnacionales como John Deere, BASF y Microsoft han avanzado mucho en la Agricultura 4.0, implementando sistemas tecnológicos que recopilan datos de cientos de miles de hectáreas a través de las grandes empresas tecnológicas. Con ello, concentran cada vez más poder y ganan más fuerza para avanzar con su proyecto de destrucción. La IARAA va en la dirección opuesta: pone la tecnología avanzada al servicio de las familias campesinas, potenciando su capacidad productiva sin generar dependencia tecnológica y ofreciendo recomendaciones alineadas con la agroecología, la organización popular y la diversidad de los sistemas de producción.

En cuanto a la reforma agraria, creemos que la IARAA es un instrumento para apoyar la lucha y promover la organización y la masificación de la agroecología. La Reforma Agraria Popular se consolida en la capacidad de las familias campesinas para producir, permanecer y organizarse en el territorio conquistado. Una comunidad que tiene acceso a conocimientos agroecológicos de calidad y con orientación política produce mejor, diversifica su producción, reduce la dependencia de insumos externos y fortalece su autonomía. Al mismo tiempo, la IARAA apoya a los líderes y técnicos que trabajan en los asentamientos en la organización de procesos de capacitación, en la planificación productiva colectiva y en la sistematización de experiencias que puedan difundirse entre los territorios. También contribuye a la formación política de militantes y estudiantes que necesitan asimilar los fundamentos teóricos de la cuestión agraria y de la agroecología para participar en la lucha.

5. ¿Cuál es el papel de la cooperación internacional, a través de la alianza con China, en el proyecto? ¿Cómo se ha desarrollado esta alianza?

La alianza con Baobab y con compañeros y compañeras de China fue fundamental para que la IARAA se hiciera realidad. Observar de cerca el modelo chino de desarrollo tecnológico nos brindó mucha inspiración: un modelo en el que el Estado orienta la tecnología para que sirva al pueblo, en el que los datos se tratan como un factor de producción al servicio de un proyecto colectivo. Contamos con apoyo técnico concreto de compañeros y compañeras que viven en una sociedad donde este debate y este desarrollo están más avanzados, y que ya han acumulado experiencia en el desarrollo de herramientas de RAG y de modelos de lenguaje de código abierto. En este sentido, esta fue y sigue siendo una colaboración fundamental.

Al mismo tiempo, sabemos que es necesario que, desde Brasil, creemos nuestras propias herramientas basadas en la lucha de nuestros movimientos y arraigadas en nuestra realidad. La realidad de dependencia tecnológica, de baja industrialización y de inversión históricamente insuficiente en ciencia y tecnología que caracteriza a Brasil y a gran parte del Sur Global pesa concretamente sobre la posibilidad de desarrollar proyectos como la IARAA. En este sentido, la cooperación Sur-Sur es fundamental para hacer viables experiencias, compartir conocimientos técnicos y construir juntos proyectos que reflejen nuestra identidad y sirvan para resolver nuestros propios problemas.

6. ¿Cómo garantizar que el conocimiento campesino no se diluya dentro de la lógica hegemónica de la IA? ¿Y cómo ampliar el uso de la IARAA a gran escala sin perder la sensibilidad hacia las realidades locales?

La lógica de los grandes modelos de lenguaje tiende a la homogeneización y a la reproducción de sesgos que reproducen la lógica de la agricultura comercial. Para abordar esto, hemos realizado diversas adaptaciones en la arquitectura del sistema de la IARAA. Uno de los elementos centrales de esto es la base de conocimiento, que está formada por documentos producidos por los movimientos y por instituciones de investigación comprometidas con la agroecología (folletos, manuales técnicos, sistematizaciones de experiencias territoriales, materiales de capacitación, publicaciones científicas agroecológicas y elaboraciones políticas de los propios movimientos). Al funcionar sobre una arquitectura RAG, la IARAA no buscará sus respuestas en Internet ni en los repositorios genéricos que alimentan a las IA comerciales, repletos de los sesgos del agronegocio y del pensamiento hegemónico sobre la agricultura.

La base de conocimiento de la IARAA se construyó prestando atención a la diversidad de los territorios brasileños: hay materiales sobre diferentes biomas, sistematizaciones de experiencias agroecológicas de distintas regiones del país y elaboraciones que abarcan diferentes sistemas productivos, cultivos y condiciones climáticas. Esta diversidad es intencional y busca garantizar que la herramienta tenga una capacidad real para abordar situaciones específicas, y no solo una agricultura genérica y descontextualizada. Aun así, sin duda hay preguntas para las que la IARAA todavía no tiene una respuesta suficiente en su base de datos, y en esos casos se le orienta a no inventar. En estas situaciones, la IARAA anima a las personas a buscar la información con las organizaciones y compañeros de su territorio. Fue diseñada para no ser el punto final de una conversación, sino un punto de partida: fomenta el diálogo en la comunidad, el intercambio de conocimientos entre vecinos y la consulta a los líderes locales. La interacción con la herramienta debe abrir puertas a la organización colectiva.

Uno de los mayores desafíos en la construcción de la IARAA consiste precisamente en reunir todo este acervo en formato escrito para que sirva como base de conocimiento de la IA, ya que se encuentra disperso en múltiples repositorios y, a veces, solo existe en forma oral. La IARAA no reemplaza el saber de los pueblos. Puede ampliarlo y facilitar su circulación entre diferentes territorios y generaciones, y debe estar en constante proceso de perfeccionamiento por parte de los movimientos para seguir cumpliendo este papel.

7. ¿De qué manera se puede articular la IARAA con la política pública de Asistencia Técnica y Extensión Rural (ATER) dirigida a campesinos y pequeños agricultores en Brasil, garantizando que actúe como instrumento para fortalecer la asistencia técnica y no como mecanismo de sustitución del trabajo técnico humano en el campo?

Uno de los principios de la IARRA es que es una herramienta de apoyo y no de sustitución de la ATER. La ausencia o precariedad de la Asistencia Técnica y Extensión Rural (ATER) pública en gran parte de los territorios brasileños es una realidad que no podemos ignorar. La ampliación de la ATER de base agroecológica como un derecho es una lucha histórica de los movimientos, y creemos que ninguna herramienta tecnológica sustituirá este trabajo. Pero la IARAA puede desempeñar un papel concreto e inmediato: ser un apoyo confiable para la producción agroecológica en el presente. Sin embargo, hay límites que la herramienta nunca podrá traspasar: el análisis sistémico del agroecosistema, el vínculo de confianza construido a lo largo del tiempo entre el técnico o la técnica y la familia agricultora, la interpretación del territorio realizada por quienes lo conocen de cerca en todas sus dimensiones. La IARAA incluso está programada para alentar a las personas a buscar la ATER de su territorio y exigir este derecho.

8. ¿Cuáles son los desafíos de plasmar los procesos de formación política y de conciencia de clase en una herramienta de inteligencia artificial?

Esto sigue siendo un gran desafío, porque nuestra inteligencia colectiva como movimientos no reside únicamente en los documentos que escribimos. Reside en las interacciones, en las experiencias políticas que vivimos con el cuerpo, no solo con la mente. Pero el acervo técnico que hemos construido, especialmente con compañeros y compañeras que dominan el desarrollo de arquitecturas RAG, nos ha permitido ir más allá de lo que imaginábamos posible al principio en este aspecto. Logramos plasmar varios de nuestros principios políticos en la arquitectura de la herramienta, y estos se toman en cuenta de manera rigurosa en la mayoría de las respuestas. Esto solo fue posible porque las personas que desarrollaron la herramienta comprendían profundamente tanto la tecnología como el proyecto político.

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Involucrando a los titulares de derechos de la UNDROP en el próximo informe temático del Grupo de Trabajo

Defendiendo los Derechos de los Campesinos continúa colaborando estrechamente con los expertos del Grupo de Trabajo de la ONU sobre la UNDROP. En marzo de 2026, organizamos un diálogo en línea con el anterior presidente del Grupo de Trabajo, Carlos Duarte, reuniendo a titulares de derechos de la UNDROP de todo el mundo para aportar contribuciones directas al próximo informe temático del Grupo de Trabajo sobre los Territorios Rurales Terrestres y Marinos.

Este informe, cuya presentación está prevista ante la Asamblea General de la ONU en Nueva York durante el segundo período de sesiones de 2026, examinará cómo las violaciones relacionadas con la tierra, el agua y los bosques afectan la dignidad, la estabilidad y los medios de vida de los campesinos y trabajadores rurales en todo el mundo. Las contribuciones de los titulares de derechos y de sus movimientos y organizaciones representativas fueron fundamentales para fundamentar el informe en las realidades vividas y las luchas de los pueblos que trabajan en los territorios rurales y acuáticos, quienes enfrentan múltiples formas de violaciones y amenazas a medida que avanzan las prácticas de acaparamiento verde y azul en un mundo cada vez más controlado por el capital privado y las empresas transnacionales.

Este debate tuvo lugar tras la Convocatoria oficial para el envío de contribuciones publicada por el Grupo de Trabajo, que reunió numerosas aportaciones. Véalas aquí:

El Grupo de Trabajo de la ONU sobre la UNDROP concluye su visita oficial a Ghana

El Grupo de Trabajo llevó a cabo su primera visita oficial a un país desde el inicio de su mandato, realizando una misión de diez días a Ghana. Durante la visita, los expertos se reunieron con una amplia variedad de titulares de derechos de la UNDROP, incluidos pequeños agricultores, pescadores artesanales y pastores, así como con autoridades públicas y diversos representantes de la sociedad civil. Si bien señalaron importantes avances legislativos y de políticas públicas, destacaron los desafíos persistentes relacionados con el acceso a la tierra, la pobreza, la exclusión, la degradación ambiental y el acceso limitado a la financiación y a los mercados.

El Grupo de Trabajo subrayó la necesidad de una implementación más sólida de las leyes y políticas existentes para garantizar que la transformación agrícola de Ghana beneficie a las comunidades rurales y refleje plenamente los derechos reconocidos en la UNDROP.

Lea aquí la declaración de fin de misión con las conclusiones preliminares.

¡Conozca las dos nuevas subcategorías del sitio web! 

Nueva categoria sobre las y los titulares de derechos de la UNDROP

La UNDROP reconoce como titulares de derechos a una amplia variedad de sectores rurales, lo que permite que diversos grupos rurales que a menudo enfrentan marginación y múltiples violaciones de los derechos humanos utilicen la UNDROP como una herramienta jurídica y política para proteger sus derechos fundamentales a nivel nacional, regional e internacional. Esta nueva subcategoría tiene como objetivo no solo destacar la pluralidad de los titulares de derechos de la UNDROP, sino también ofrecer orientación sobre la interpretación de la definición de «campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales» contenida en el artículo 1 de la Declaración. Incluye valiosas contribuciones de Shalmali Guttal, presidenta del Grupo de Trabajo de la ONU sobre la UNDROP, así como de lxs propixs titulares de derechos, quienes participaron en una mesa redonda en línea celebrada durante nuestro seminario web público de 2025.

Haga clic aquí para acceder a la nueva subcategoría Titulares de derechos en Defendiendo los Derechos Campesinos.

Leyes y políticas nacionales 

La apropiación y movilización de la UNDROP por parte de los movimientos y organizaciones rurales ha dado lugar cada vez más a importantes victorias en los ámbitos legislativo y de políticas públicas en distintos países, especialmente en América del Sur. Esta nueva subcategoría tiene como finalidad reunir los principales avances legislativos y de políticas públicas obtenidos como resultado de la incidencia política liderada por sectores rurales y sus aliados, orientada a crear o modificar marcos jurídicos nacionales que protejan los derechos de los campesinos, los pueblos pescadores, los nómadas y los pastores, así como de otros titulares de derechos, a la luz de las disposiciones de la UNDROP.

En los últimos años, hemos sido testigos de una influencia creciente de la UNDROP en la configuración de leyes y políticas a nivel nacional, gracias a la movilización de los movimientos rurales que dan vida a este instrumento jurídico en sus luchas. Estas victorias no solo contribuyen a salvaguardar los derechos de los pueblos rurales, sino que también favorecen el surgimiento de prácticas que pueden orientar futuros desarrollos legislativos y de políticas públicas en favor de los derechos de quienes viven y trabajan en las zonas rurales.

Haga clic aquí para acceder a la nueva subcategoría Leyes y políticas nacionales en Defendiendo los Derechos Campesinos.

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Publicado por: Relatora Especial sobre el derecho humano a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible

Plazo límite: 21 de agosto de 2026

Propósito: Informar la preparación del informe temático para el 64ºperíodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas

Antecedentes

Las personas defensoras de derechos humanos y del ambiente (personas defensoras ambientales) desempeñan un papel fundamental en la protección del derecho humano a un ambiente limpio, saludable y sostenible, así como de todos los demás derechos humanos. Su labor contribuye directamente a proteger los ecosistemas y la biodiversidad, asegurar un clima seguro, mejorar la calidad del aire, proteger el agua y las cuencas hidrográficas, promover alimentos producidos de forma saludable y sostenible, y lograr entornos libres de sustancias tóxicas. La labor de las personas defensoras ambientales es fundamental para el avance de los elementos procedimentales del derecho a un ambiente saludable: el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia. Estos son derechos humanos reconocidos y pilares fundamentales del Estado de derecho, la gobernanza democrática y las sociedades en paz.

El papel de las personas defensoras ambientales es especialmente vital hoy en día, ya que la humanidad se enfrenta las triples crisis planetarias de cambio climático, pérdida de biodiversidad y contaminación tóxica, agravada por las desigualdades sistémicas y la discriminación. En todo el mundo, las personas defensoras ambientales están identificando y aplicando activamente soluciones alternativas viables a las triples crisis planetarias, con soluciones que abarcan desde la protección de ecosistemas frágiles en tierra y en el océano hasta el fomento de las energías renovables y sostenibles. Esto contribuye a lograr la rendición de cuentas, al tiempo que apoya a los Estados en el cumplimiento de sus obligaciones. Si bien ha habido un mayor reconocimiento del papel crucial de las personas defensoras de los derechos humanos y del ambiente por parte de las instituciones, en general, los riesgos, la violencia y la represión a los que se siguen enfrentando estas personas defensoras están aumentando en todas las regiones. Estos riesgos se reflejan en el cierre de los espacios cívicos, la estigmatización, el acoso, la vigilancia, las demandas estratégicas contra la participación pública (SLAPP por sus siglas en inglés), la criminalización, las amenazas, los ataques e incluso los asesinatos y las desapariciones forzadas.

Las personas y los grupos en situaciones de marginación, incluidos los Pueblos Indígenas, el campesinado, las comunidades costeras y pesqueras, Afrodescendientes, las mujeres y las niñas, las infancias y la juventud, las personas mayores, las personas LGTBQ+ y quienes viven en zonas altamente contaminadas, se encuentran en situaciones especialmente vulnerables. Las personas defensoras de los derechos humanos en el terreno se enfrentan a mayores riesgos, agravados por los conflictos, la guerra y las economías ilegales, mientras que también se han documentado mayores riesgos para periodistas, abogadas y abogados e incluso científicas y científicos que trabajan por un ambiente saludable.

Comprender mejor la situación a la que se enfrentan las personas defensoras ambientales en todo el mundo y encontrar medidas eficaces para su protección es urgente e importante en sí mismo, pero también para resolver las triples crisis planetarias. Comprender la situación requiere tener en cuenta los impactos diferenciados a los que se enfrentan las personas defensoras ambientales según la región, el sector, el género y la edad, entre otros, con miras a la protección de sus derechos y a la aplicación efectiva del derecho a un ambiente saludable.

Objetivos

En este informe, la Relatora Especial examina la situación de las personas defensoras del ambiente, que trabajan en el contexto de las triples crisis planetarias, centrándose en cómo las violaciones de que son objeto afectan también a la realización del derecho humano a un ambiente limpio, saludable y sostenible. El informe describirá las obligaciones de los Estados y los actores no estatales, en virtud del derecho internacional y las normas de derechos humanos, de proteger a las personas defensoras ambientales, así como el deber de los Estados de proteger el ambiente y el sistema climático, evitando daños adicionales. Con ello, la Relatora Especial pretende contribuir a la comprensión de la situación de las personas defensoras ambientales desde una perspectiva individual y colectiva, reconociendo que, si bien muchos de ellos lideran y llevan a cabo acciones individuales, estas suelen formar parte de esfuerzos comunitarios o colectivos más amplios.

La Relatora Especial formulará recomendaciones concretas a los Estados y otras partes interesadas para garantizar la protección de las personas defensoras ambientales y la aplicación efectiva del derecho a un ambiente saludable, incluso en relación con medidas colectivas desde un enfoque interseccional.

Preguntas clave y tipos de contribuciones/comentarios solicitados

La Relatora Especial invita a los Estados, la sociedad civil, los Pueblos Indígenas, las personas Afrodescendientes, personas campesinas, niñas, niños y jóvenes, comunidades pesqueras artesanales, la academia, las empresas y otros actores interesados a presentar información sobre las siguientes cuestiones:

1. En relación con la situación de las personas defensoras de derechos humanos y del ambientePor favor, presentar información sobre:
   • Los riesgos específicos que se enfrentan las personas defensoras ambientales, incluidos los Pueblos Indígenas, las mujeres y las niñas, los niños y la juventud, personas campesinas, comunidades costeras, comunidades rurales, periodistas, abogadas y abogados, personas científicas, las personas LGTBQ+ y las personas que viven en zonas altamente contaminadas, entre otros. Por favor, describa los impactos de estos riesgos y ataques en sus comunidades, colectivos, trabajo y resultados en materia de protección ambiental, así como consideraciones específicas aplicables a regiones o sectores que puedan ser relevantes.
   • El uso de medidas legales para restringir, limitar u obstaculizar el trabajo de las personas defensoras ambientales, incluyendo el impacto en el espacio cívico, el uso de demandas estratégicas contra la participación pública (SLAPP), el uso del derecho penal u otros mecanismos para crear un «efecto disuasorio».
   • Tipos de repercusiones, incluidas las repercusiones psicosociales de las amenazas, la violencia y la represión sobre las personas defensoras ambientales. Por favor, detalle las formas en que estos ataques pueden generar o exacerbar conflictos internos dentro de las comunidades, las organizaciones y los movimientos sociales.
   • Factores que podrían estar contribuyendo al empeoramiento de la situación de las personas defensoras ambientales.
2. Políticas, legislación y otras medidas existentes de actores estatales y no estatales para la protección de las personas defensoras ambientalesPor favor, presentar información sobre:
   • Políticas, normativas y prácticas adoptadas por los Estados, las empresas y/o las instituciones financieras para identificar, mitigar, prevenir, perseguir y subsanar los riesgos e impactos sobre las personas defensoras ambientales, incluso en el contexto de sectores de alto riesgo como las industrias extractivas, la agroindustria, la energía y las infraestructuras, así como información sobre los obstáculos a la rendición de cuentas y al acceso a la justicia. Indique si los mecanismos contemplan la protección individual y colectiva e incluya ejemplos de su aplicación;
   • Ejemplos de medidas adoptadas por actores no estatales para garantizar una participación significativa de las personas defensoras ambientales afectadas o potencialmente afectadas, como personas, colectivos y comunidades, incluidos los Pueblos Indígenas y otros grupos en situaciones vulnerables, y medidas para evitar contribuir a amenazas, represalias o conflictos. Incluya información sobre el éxito o el fracaso de estas medidas;
   • Mecanismos de reclamación y procesos de reparación establecidos por actores no estatales que sean relevantes para la protección de las personas defensoras ambientales, incluyendo su accesibilidad, eficacia y aplicación en la práctica.
3. Otras medidas eficaces para la protección de las personas defensoras ambientales

Sírvase proporcionar información sobre:

• Ejemplos concretos de medidas eficaces más allá de los marcos jurídicos o las políticas, para garantizar un entorno seguro y propicio para las personas defensoras ambientales, incluidas medidas para la protección individual, colectiva y/o de las comunidades.
• Explicación de si estas medidas tienen en cuenta un enfoque interseccional y cómo se aplica, así como el proceso para concebir, planificar y aplicar dichas medidas.
• Ejemplos de medidas estructurales para la protección efectiva de las personas defensoras ambientales que garanticen un entorno seguro y propicio para el desempeño de su labor.

¿Cómo se utilizarán las contribuciones?

Le rogamos que su contribución sea concisa y se limite a un máximo de 5 páginas (o 2.500 palabras). Las contribuciones pueden abordar todas o algunas de las preguntas anteriores.

Las aportaciones deben enviarse únicamente en inglés, francés o español.

Agradecemos sus esfuerzos por enviar sus valiosas aportaciones para este informe, así como su colaboración y apoyo a la aplicación de este mandato. Si dispone de información que haya enviado con anterioridad a otros procedimientos especiales o mecanismos de derechos humanos y que pueda ser relevante, le instamos a que la señale para evitar duplicidades y coordinarnos de forma más eficaz.

Fecha límite de presentación: 21 de agosto de 2026.

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*Imagen: El mundo campesino. Elena Rusca

Entrevista con Geneviève Savigny, miembro del Grupo de Trabajo de la ONU sobre los Derechos de los Campesinos (UNDROP)

Ginebra, 25 de junio de 2026 — Elena Rusca

Mientras las crisis alimentarias, climáticas y geopolíticas se intensifican, los campesinos —quienes alimentan a la mayoría de la humanidad— siguen siendo de los más expuestos a la pobreza, la expropiación y la violencia. Desde 2018, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos (UNDROP) ofrece un marco inédito para proteger sus derechos colectivos, sus semillas, sus tierras y sus saberes. Pero su implementación sigue siendo frágil. Geneviève Savigny, miembro del Grupo de Trabajo encargado de la UNDROP, analiza los desafíos agrarios, semilleros y políticos que atraviesan hoy los campos del mundo —desde África Occidental hasta América Latina.

La UNDROP: un texto histórico nacido de las luchas campesinas

Adoptada en 2018 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, la Declaración de los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en Zonas Rurales es uno de los instrumentos más ambiciosos del sistema internacional. Fruto de casi veinte años de movilización impulsada por La Vía Campesina, busca proteger a quienes producen la mayor parte de los alimentos del planeta, pero que siguen siendo los más expuestos a la pobreza, la expropiación, la violencia y la marginación política.

La UNDROP reconoce derechos rara vez explicitados en otros textos internacionales:

• el derecho a la tierra,
• el derecho a las semillas,
• el derecho al agua,
• la protección contra los desalojos,
• la participación en las decisiones,
• los derechos colectivos y consuetudinarios,
• el reconocimiento de los saberes campesinos.

Para garantizar su implementación, el Consejo de Derechos Humanos creó en 2023 un Grupo de Trabajo compuesto por cinco expertos independientes. Geneviève Savigny, campesina y exmiembro de la Confederación Campesina y de La Vía Campesina, forma parte de él.

Un grupo de trabajo internacional para defender los derechos campesinos

— ¿Cómo se formó su grupo de trabajo?

G. Savigny: «El grupo de trabajo fue formado por el Consejo de Derechos Humanos después de que se adoptara una resolución en otoño de 2023. Fuimos seleccionados durante el invierno y nos encontramos cinco personas. Personalmente, soy campesina, exmiembro de la Confederación Campesina y de La Vía Campesina. También están Carlos, antropólogo y profesor en Colombia; David, profesor de derecho en Armenia; Shalmalee, exdirectora de la ONG Focus on Global South; y Uche, profesora de derecho nigeriana que trabaja en Estados Unidos.»

— ¿Cómo trabajan concretamente?

G. Savigny: «Nuestro grupo tiene dos sesiones anuales de cinco días presenciales, normalmente una en Ginebra y otra en Nueva York. Este año preferimos reemplazar la segunda sesión por visitas a países. Acabamos de hacer una visita a Ghana y otra está prevista en noviembre en Paraguay. Cada vez somos dos personas del grupo más nuestro equipo asalariado.»

— ¿Qué hacen durante estas visitas?

G. Savigny: «Nos reunimos con representantes de los distintos ministerios vinculados a la agricultura y la alimentación, y luego con representantes de campesinos, pescadores, pastores y mujeres rurales. En Ghana, las reuniones debían pasar por el gobierno o por autoridades locales para poder encontrarnos con los jefes de aldea. El objetivo es entender cómo se aplican los derechos campesinos, cuáles son los puntos fuertes y qué se puede mejorar. Luego elaboramos un informe que se presentará en otoño.»

La participación: un derecho esencial pero difícil de ejercer

— Publicaron un informe sobre el derecho a la participación. ¿Cuáles fueron sus conclusiones?

G. Savigny: «La participación es realmente indispensable para que la situación de los campesinos y campesinas sea tomada en cuenta y resuelta de la manera adecuada. Pero aún queda mucho por hacer, incluso por razones materiales: la traducción, la distancia, las dificultades para desplazarse a los lugares de poder.

En cuanto a las mujeres, existe una dificultad particular para liberarse de las tareas domésticas y del trabajo cotidiano para poder participar en las decisiones que les conciernen. Es un nivel de dificultad adicional en un mundo rural donde el trabajo es muy absorbente y a menudo aislado.»

Semillas: un desafío crucial frente a las multinacionales

— Este año trabajan sobre el derecho a las semillas. ¿Por qué es tan importante?

G. Savigny: «El artículo diecinueve de la UNDROP detalla cómo los campesinos deben tener derecho a mantener los sistemas de semillas campesinas: guardar, reproducir, intercambiar y vender semillas. El Estado también debe favorecer la existencia de este sistema. No siempre es así, ya que existe un sistema comercial muy dinámico, incluso agresivo, según cómo se mire.»

— ¿Los OGM influyen en esta problemática?

G. Savigny: «Sí, por supuesto. Con los avances tecnológicos, ahora tenemos formas mucho más fáciles y rápidas de hacer OGM. Para facilitar su difusión y comercialización, las empresas semilleras ya no quieren que se llamen OGM, sino NGT, Nuevas Técnicas Genómicas. Buscan que se reconozca que podrían aparecer en la naturaleza, por lo que no habría necesidad de etiquetarlos.

Pero ¡hay patentes depositadas sobre ellos! Y existe el temor de que los rasgos patentados, que no están etiquetados, puedan aparecer naturalmente en plantas de campesinos que los habían seleccionado durante años.»

— ¿Qué implica esto para los campesinos?

G. Savigny: «La patente del sistema CRISPR-Cas, por ejemplo, pertenece a una sola empresa. Hay una concentración cada vez mayor de derechos que determinan si se puede o no multiplicar las semillas. Frente a esto, muchas leyes semilleras imponen reglas estrictas para el reconocimiento y la comercialización de semillas, lo que entra en contradicción con el derecho campesino a las semillas.

Los campesinos deben reivindicar este derecho, y los Estados deben darse cuenta de que, incluso para la biodiversidad y la resiliencia de las plantas, no se debe detener la selección a pequeña escala que realizan los campesinos locales. Hay todo un sistema que preservar si queremos mantener una biodiversidad y una diversidad de cultivos importantes.»

Tierra y territorio: derechos colectivos por reconocer

— También trabajan sobre la cuestión de la tierra. ¿Cuál es el principal desafío?

G. Savigny: «Trabajamos sobre el artículo diecisiete de la declaración, sobre los derechos a la tierra y al territorio. De manera interesante, la UNDROP destaca la importancia de los derechos colectivos y consuetudinarios. Es importante porque en muchos lugares ahí está el problema: como no hay títulos de propiedad claros, se entra en una zona informal.»

— ¿Y en Suiza, cómo ve el acceso a la tierra?

G. Savigny: «Creo que el derecho a la tierra sirve para iluminar nuevas vías. Se necesita un acceso seguro a la tierra, no necesariamente la propiedad. Espero que en Suiza podamos desarrollar modos de alquiler o formas de propiedad colectiva que den seguridad a quienes la cultivan.

Hay un gran problema: toda una generación llega al final de su carrera con pensiones pequeñas y pocos recursos. A veces no quieren transmitir la tierra a los jóvenes. Es un problema social general. Si queremos una producción alimentaria de calidad, también debemos resolver el problema del acceso a la tierra.

Comprar es prohibitivo. Y hay que tener cuidado porque en algunos países, incluso en Europa, son empresas las que compran las tierras.»

América Latina: una campesinización atacada pero fundamental

— Para los lectores chilenos, ¿qué mirada tiene sobre la campesinización en América Latina?

G. Savigny: «En América Latina, la campesinización me parece fundamental. Junto con los pueblos indígenas, constituyen el núcleo de una agricultura que, al mismo tiempo, está completamente atacada por el desarrollo de una agricultura industrial muy intensiva.

Esto se refuerza con los acuerdos de libre comercio destinados a aumentar la exportación de productos y materias primas. Lo que dicen los campesinos de allá es que eso no va en el sentido de su protección.

Es un espacio que no conozco perfectamente, pero que parece tan rico y variado. Desde un punto de vista cultural, es campesino e indígena. En América Latina, el modo de producción artesanal sigue siendo muy importante. La calidad de la alimentación también proviene de poder comer verduras frescas en todas partes.»

— ¿Es también una lucha contra las transnacionales?

G. Savigny: «Por supuesto. A los pequeños campesinos hay que apoyarlos; a las transnacionales, hay que ponerles límites, porque tienen una tendencia natural —creo que es incluso su oficio— a expandirse, concentrarse y obtener más beneficios. Pero deben existir límites, porque si no, es destructivo tanto ambiental como socialmente.

No es nuestro mandato directo, pero nos enfrentamos a esta cuestión indirectamente. Nuestras recomendaciones al final de cada informe se dirigen a los Estados, a las entidades de la ONU, a otras instituciones y también a las entidades privadas, a quienes pedimos respetar la ley y la normativa internacional, y velar por los derechos humanos en todas las circunstancias.»

Los “procedimientos especiales” de la ONU: explicar el mandato

— ¿Puede explicar qué son los procedimientos especiales?

G. Savigny: «Los grupos de trabajo forman parte de los procedimientos especiales, como los relatores especiales. Se concentran en un aspecto particular de los derechos humanos, como el derecho a la alimentación o el derecho al agua. Nosotros somos un grupo de trabajo: en lugar de un solo relator especial, somos cinco, lo que corresponde a la diversidad y amplitud del tema.

Nuestro papel es implementar la Declaración de los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en Zonas Rurales, la UNDROP. Es un texto adoptado en 2018 por la Asamblea General de la ONU que reúne veintiocho artículos que resumen los derechos necesarios para la actividad campesina.

Precisa qué es un campesino, las obligaciones de los Estados, la no discriminación, los derechos de las mujeres, el derecho a los recursos, el derecho a la participación, a la información, a la educación, etc., detallado de manera adaptada al medio rural.»

El Grupo de Trabajo presentará sus informes sobre tierra y semillas en septiembre próximo en Ginebra. Estos documentos, que serán presentados ante la Asamblea General de la ONU, deberían aportar una luz crucial.

La entrada Sin tierra, sin semillas, no hay futuro campesino se publicó primero en Defending Peasants' Rights.

El estudio examina la creciente tendencia de las contrarreformas agrarias en América Latina y el Caribe y su impacto sobre los derechos a la tierra garantizados por procesos anteriores de reforma agraria. Muestra cómo los recientes cambios legales, institucionales y administrativos están contribuyendo a una renovada concentración de la tierra y a una creciente presión sobre lxs campesinxs, los Pueblos Indígenas, las comunidades afrodescendientes y otras poblaciones rurales. El informe también identifica las principales formas que adoptan estas contrarreformas (reformas legales, financiarización de la tierra, acaparamiento verde impulsado por corporaciones y despojo promovido por el Estado) y analiza sus implicaciones para la justicia territorial y el desarrollo rural.

Asimismo, analiza los patrones actuales de concentración de la tierra en toda la región, destacando cómo las desigualdades históricas están siendo reforzadas por la financiarización y las adquisiciones de tierras a gran escala, condiciones estructurales que constituyen el trasfondo de las contrarreformas contemporáneas. A partir de estudios de caso de Bolivia, Argentina, Brasil, El Salvador, Guatemala, Honduras, Ecuador, así como de países del Caribe, explora una serie de medidas legales e institucionales que han debilitado las protecciones sobre la tierra, incluyendo la reclasificación administrativa, la desregulación, las políticas territoriales restrictivas, los procedimientos acelerados de expropiación, la criminalización de los conflictos relacionados con la tierra y la revocación de títulos de propiedad.

Además, identifica tendencias regionales más amplias y las evalúa a la luz de las normas internacionales de derechos humanos, argumentando que estas reformas reflejan un cambio más amplio en la gobernanza de la tierra que favorece la concentración económica mientras erosiona las protecciones reconocidas en los instrumentos internacionales, especialmente en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales (UNDROP).

El estudio concluye destacando una contradicción apremiante del actual momento agrario: mientras se logran avances significativos en el reconocimiento formal de los derechos de los pueblos rurales, los mecanismos administrativos, procedimentales y económicos necesarios para hacer efectivos esos derechos se están debilitando de manera constante a través de una arquitectura jurídica global que considera la tierra, los territorios y los recursos naturales como meros activos financieros.

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La entrada Contrarreformas Agrarias: Anatomía de un Despojo en Progreso se publicó primero en Defending Peasants' Rights.

Este estudio ofrece el primer mapeo regional de las leyes que reconocen a lxs campesinxs y otras poblaciones rurales en América Latina. Analiza 170 disposiciones legales vigentesa en 23 países entre 1917 y 2025, ofreciendo una visión comparativa de cómo los derechos campesinos son reconocidos en los sistemas jurídicos nacionales.

Los hallazgos muestran que el reconocimiento legal de lxs campesinxs está ampliamente extendido en la región. Casi la mitad de las leyes analizadas reconocen explícitamente los derechos campesinos, mientras que el 88% contiene alguna forma de reconocimiento o protección para las poblaciones rurales. Brasil cuenta con el mayor número de instrumentos legales relevantes, mientras que Colombia y Panamá destacan por la solidez de sus marcos legales. Más de la mitad de todas las normas identificadas fueron adoptadas entre 2010 y 2025, lo que demuestra una creciente atención política a las cuestiones campesinas.

Los temas más comunes son la agricultura familiar, el acceso a la tierra, la reforma agraria y la soberanía alimentaria. Sin embargo, aún persisten importantes brechas en áreas como los derechos de las mujeres rurales, la agroecología, el derecho a las semillas y la participación política.

El estudio también examina la relación entre las leyes nacionales y la UNDROP. Aunque solo cuatro instrumentos legales hacen referencia explícita a la Declaración, muchas leyes incorporan sus principios. Colombia, Ecuador y Bolivia ofrecen algunos de los ejemplos más sólidos de alineación con la UNDROP.

El informe concluye que América Latina se ha convertido en un referente global para el reconocimiento legal de lxs campesinxs, al tiempo que destaca la necesidad de una implementación más sólida de la UNDROP mediante el reconocimiento constitucional, una mayor protección de las mujeres rurales, un mayor apoyo a la agroecología y al derecho a las semillas, y mejores mecanismos de participación política.

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La entrada Reconocimiento del Campesinado en América Latina a Través de la UNDROP: Hallazgos Clave se publicó primero en Defending Peasants' Rights.

Este artículo fue publicado originalmente en la revista Lendemains Solidaires, disponible en francés aquí.

La soberanía alimentaria se define como el derecho de los pueblos a una alimentación sana y culturalmente apropiada, producida mediante métodos ecológicamente sostenibles, así como el derecho de los pueblos a definir su propio sistema alimentario y agrícola. La Vía Campesina (LVC) insiste en que los modos de producción agroecológicos diversificados, impulsados por el campesinado y basados en experiencias milenarias y conocimientos tradicionales, son esenciales para garantizar a todas y todos una alimentación sana, asegurando al mismo tiempo la armonía con los ecosistemas naturales. Este paradigma sitúa las aspiraciones y necesidades de quienes producen, distribuyen y consumen los alimentos en el centro de los sistemas y políticas alimentarias, en lugar de las exigencias de los mercados y del agronegocio. Se trata de un marco que defiende fundamentalmente los intereses de las futuras generaciones.

Contexto

La historia y el surgimiento del concepto de soberanía alimentaria, proclamado por La Vía Campesina en 1996, están vinculados al fracaso de la implementación del concepto de seguridad alimentaria promovido por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Este nuevo concepto buscaba responder a los desafíos del hambre y la malnutrición, que afectaban y siguen afectando particularmente, de manera paradójica, a las zonas rurales.

Durante la Cumbre Mundial sobre la Alimentación de 1996, La Vía Campesina acuñó el término soberanía alimentaria afirmando la centralidad de las y los pequeños productores de alimentos, la sabiduría acumulada por generaciones, la autonomía y la diversidad de las comunidades rurales y urbanas, así como la solidaridad entre los pueblos, como elementos esenciales para elaborar políticas alimentarias y agrícolas.

Debemos recordar que la única manera de hacer oír la voz de la campesinado es a través de la unión y construcción de amplias alianzas, más allá de todas las fronteras. Los movimientos sociales rurales y urbanos, los sindicatos, los actores de la sociedad civil, los gobiernos progresistas, las y los académicos y los científicos independientes deben unirse para defender esta visión común del futuro. Las mujeres rurales y las demás minorías de género oprimidas deben ocupar un lugar igualitario en las instancias de dirección de nuestro movimiento, en todos los niveles. Debemos sembrar las semillas de la solidaridad en nuestras comunidades y luchar contra todas las formas de discriminación que dividen a las sociedades rurales.

Con motivo de la conmemoración de los 25 años de La Vía Campesina, se afirmó que la soberanía alimentaria constituye un verdadero manifiesto para el futuro de nuestro planeta. Es una idea que une a la humanidad y nos pone al servicio de la Madre Tierra que nos alimenta.

"La soberanía alimentaria constituye un verdadero manifiesto para el futuro de nuestro planeta."

Vincular la soberanía alimentaria con el derecho al desarrollo

Vincular la soberanía alimentaria con el marco y el concepto del derecho al desarrollo es particularmente pertinente. En efecto, este último debe entenderse como el derecho de las poblaciones campesinas y rurales a concebir y construir sus propios modelos de desarrollo rural, en coherencia con los principios de la soberanía alimentaria.

El derecho al desarrollo se concibe como un proceso de empoderamiento que implica necesariamente la movilización social y la lucha. Se trata de un derecho programático que exige medidas estructurales y específicas por parte de las autoridades públicas en favor de las comunidades y de las trabajadoras y trabajadores rurales. El derecho al desarrollo es también un instrumento político y un marco jurídico para combatir las políticas perjudiciales de la globalización neoliberal que marginan al campesinado familiar.

La interrelación entre el derecho al desarrollo, la soberanía alimentaria y los derechos campesinos también se destaca durante las negociaciones del proyecto de Pacto sobre el Derecho al Desarrollo en el seno de la ONU[1]. Este proyecto busca reforzar jurídicamente y consolidar el marco del derecho al desarrollo, iniciado por la Declaración de las Naciones Unidas sobre el Derecho al Desarrollo (1986).

Así, el texto del proyecto de Pacto incluye una disposición específica que reconoce el derecho de las y los campesinos “a determinar y desarrollar prioridades y estrategias para ejercer su derecho al desarrollo”. Esta referencia explícita constituye un avance tanto jurídico como político. Refuerza la interpretación del derecho al desarrollo como un derecho colectivo perteneciente a los pueblos y comunidades, en particular a las poblaciones rurales históricamente excluidas de los procesos de toma de decisiones.

Al referirse explícitamente al campesinado y poblaciones rurales como actores clave del desarrollo, este futuro instrumento jurídico reforzará la centralidad de la autodeterminación en la definición de las prioridades agrícolas, económicas y territoriales. También consolidará la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales (UNDROP), la cual reconoce que las y los campesinos no deben ser simples beneficiarios de las políticas públicas, sino titulares de derechos capaces de concebir e implementar sus propios modelos de desarrollo (arts. 3 y 10 de la UNDROP).

¿Qué es el desarrollo rural para el campesinado?

Nuestra visión del desarrollo está centrada en el desarrollo de la agricultura campesina a través de la agroecología, única garantía de medios de vida y condiciones laborales dignas y justas para las poblaciones del mundo entero, especialmente en las zonas rurales. Es decir, los pueblos rurales como corazón de la producción alimentaria. Por eso La Vía Campesina propuso y finalmente logró, en 2018, la adopción de la UNDROP, que constituye una contribución a la realización de la soberanía alimentaria.

Para lograrlo, necesitamos políticas públicas que regulen los mercados agrícolas y alimentarios, ya que las y los campesinos generalmente no perciben ingresos dignos provenientes de sus actividades de producción de alimentos, lo que compromete sus medios de vida y la continuidad de la producción (artículo 16 de la UNDROP). Esto se debe a un sistema alimentario dominante basado en los mecanismos del mercado y controlado por el agronegocio.

Entre estos mecanismos de regulación, defendemos los precios mínimos garantizados (Minimum Support Prices – MSP), es decir, la obligación de los Estados de fijar precios que cubran los costos de producción campesina y garanticen un margen de ingresos equitativo. Este mecanismo invierte la lógica del dumping, que empuja los precios hacia abajo, y protege así la dignidad campesina.

También defendemos las compras públicas y las reservas alimentarias públicas. Exigimos la restauración de sistemas públicos de almacenamiento de alimentos para regular los mercados y estabilizar los precios. Las autoridades públicas deberían comprar las cosechas durante los períodos de recolección para garantizar precios mínimos, y luego liberarlas en períodos de escasez para evitar la especulación. Los precios mínimos garantizados, las compras públicas y las reservas públicas se implementan, por ejemplo, en Indonesia e India.

"Las autoridades públicas deberían comprar las cosechas durante los períodos de recolección para garantizar precios mínimos, y luego liberarlas en períodos de escasez para evitar la especulación."

Estos mecanismos son indispensables, ya que el modelo neoliberal ha desmantelado estas herramientas de regulación, exponiendo a las y los pequeños productores a la competencia de las grandes explotaciones agroindustriales fuertemente subsidiadas. Además, la especulación bursátil sobre los productos alimentarios provoca inestabilidades de precios a escala mundial y empuja a millones de personas a situaciones de precariedad alimentaria, en beneficio exclusivo de una minoría. La Vía Campesina llama a fortalecer las cadenas de suministro locales y regionales, afirmando que el comercio debe privilegiar los circuitos cortos antes que los flujos transcontinentales.

Reforma agraria, derecho a la tierra y derecho al desarrollo

La reforma agraria está vinculada al derecho a la tierra y al control de los territorios, reconocidos como derechos fundamentales inscritos en el derecho internacional de los derechos humanos, particularmente en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (art. 11) y en la UNDROP (art. 17). Muchas acciones del agronegocio violan o amenazan el derecho a la tierra: conflictos agrarios, criminalización, desalojos, acaparamiento de tierras, acaparamiento verde (“green grabbing”), concentración de la tierra impulsada por el agronegocio en favor de la agricultura industrial a gran escala (monocultivos), mercados de carbono, agrocombustibles y mecanismos de compensación de la biodiversidad, actividades mineras, así como los llamados proyectos de “desarrollo” como la construcción de autopistas, represas, etc. Por estas razones, La Vía Campesina lucha en todos los niveles por una reforma agraria integral, centrada en los intereses y derechos de los pueblos rurales.

Este enfoque va más allá de la simple titulación de tierras y llama a una redistribución efectiva y equitativa de la tierra. Incluye la fijación de límites claros al tamaño de la propiedad de la tierra, la prohibición de la venta de tierras a terceros y a entidades extranjeras, así como la expropiación de explotaciones basadas en trabajo ilegal o esclavo, especialmente en la agricultura industrial a gran escala y en las grandes plantaciones.

"Este enfoque va más allá de la simple titulación de tierras y llama a una redistribución efectiva y equitativa de la tierra."

Esta visión también se opone a las “contrarreformas” basadas en el mercado, promovidas por el Banco Mundial en los años noventa, que condujeron a la privatización de las tierras y a una nueva ola de concentración de la tierra en manos de una pequeña minoría depredadora, imponiendo un modelo único de desarrollo rural, arraigado en el neoliberalismo y favorable a los intereses del agronegocio.

La lucha por el derecho a la tierra mediante la implementación de la reforma agraria forma así parte integral del derecho al desarrollo: es una lucha por la autodeterminación y por el derecho a definir sus propios sistemas de tenencia de la tierra. Defendemos una comprensión política de la tierra como ecosistema social y productivo esencial para la vida y no como un simple activo financiero.

Agroecología, derecho a las semillas y derecho al desarrollo

En 2015, durante el segundo Foro Mundial sobre la Soberanía Alimentaria (Foro Nyéléni)[2], las delegaciones que representaban a diversas organizaciones y movimientos sociales de pequeños productores de alimentos y consumidores se reunieron para alcanzar una comprensión común de la agroecología como componente clave de la soberanía alimentaria.

La agroecología busca transformar y mejorar nuestra realidad material en los sistemas alimentarios, frente a un mundo rural devastado por la producción alimentaria industrial y, hoy en día, por las supuestas revoluciones verde y azul. La agroecología es, por tanto, también política: busca cuestionar y transformar las estructuras de poder en la sociedad. Coloca el control de las semillas, la biodiversidad, las tierras y territorios, las aguas, los conocimientos, la cultura y todos los bienes comunes en manos de los pueblos que alimentan al mundo.

El control de las semillas locales y autóctonas es un medio de producción clave frente a la ofensiva de las industrias semilleras, que buscan consolidar la agricultura química, al tiempo que amenazan la biodiversidad. Estas industrias desarrollan semillas basadas en organismos genéticamente modificados (OGM), al mismo tiempo que promueven las patentes (derechos de propiedad intelectual), en detrimento de las semillas locales y campesinas. Por ello, La Vía Campesina rechaza firmemente la mercantilización de la vida, particularmente a través de los OGM, las patentes, así como la privatización y comercialización de la biodiversidad.

En este sentido, el movimiento defiende el derecho colectivo e inalienable de las y los campesinos a conservar, utilizar, intercambiar y vender sus semillas, de conformidad con el Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura (art. 9.3) y la UNDROP (art. 19).

Frente a los intentos industriales de imponer la biología sintética, La Vía Campesina organiza intercambios de semillas y campañas para preservar los sistemas comunitarios tradicionales de gestión de la biodiversidad. Una vez más, la lucha por los derechos sobre las semillas se arraiga en el derecho al desarrollo y en el derecho del campesinado a concebir e implementar sus propios modelos de desarrollo semillero basados en sus conocimientos indígenas tradicionales.

La globalización neoliberal contra los derechos campesinos

Las instituciones financieras y comerciales internacionales son las principales fuerzas responsables de las violaciones de los derechos campesinos y del desmantelamiento de los sistemas alimentarios campesinos. El tríptico compuesto por la Organización Mundial del Comercio (OMC), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial impide a los gobiernos, especialmente a los del Sur global, implementar políticas públicas esenciales en favor de las poblaciones rurales, mediante mecanismos y condicionalidades coercitivas. Estos actores neoliberales han forzado la reducción del papel del Estado en la provisión de servicios públicos, al mismo tiempo que aumentaban el del sector privado (a través de las privatizaciones).

"Estos actores neoliberales han forzado la reducción del papel del Estado en la provisión de servicios públicos, al mismo tiempo que aumentaban el del sector privado."

En este sentido, es importante recordar que la integración de la agricultura en el régimen mundial de libre comercio a través del Acuerdo sobre la Agricultura de la OMC (1994) constituyó un punto de inflexión devastador. Esta política transformó los alimentos en una simple mercancía y desreguló sistemáticamente los sistemas agrícolas, desmantelando las herramientas de regulación de los mercados, como los precios mínimos de intervención y las reservas públicas. Las consecuencias fueron sistémicas: caída de los precios agrícolas, destrucción de los mercados campesinos locales, pérdida de autonomía sobre las semillas y expulsión de millones de campesinas y campesinos de sus territorios en beneficio de grandes terratenientes.

El acto trágico del campesino surcoreano Lee Kyung Hae, quien se quitó la vida en Cancún en 2003 llevando una pancarta que proclamaba “la OMC mata a los campesinos”, sigue siendo emblemático de la violencia de este sistema neoliberal y neocolonial-imperialista.

Sin embargo, el régimen comercial neoliberal no se limita a la OMC: también se caracteriza por la proliferación de acuerdos de libre comercio e inversión a niveles regional, multilateral y bilateral. Además, hoy en día también enfrentamos las políticas comerciales de Estados Unidos, que obligan a los países a abrir totalmente sus mercados, sin reciprocidad.

La lucha por un marco comercial alternativo

En respuesta a los daños causados por el Acuerdo sobre la Agricultura de la OMC, La Vía Campesina lanzó un proceso destinado a exigir urgentemente la creación de un nuevo marco comercial internacional basado en la soberanía alimentaria. Este nuevo marco debe basarse en la solidaridad, la cooperación internacional y la justicia social. Su objetivo principal es redefinir la función del comercio, ya no como una herramienta de maximización de las ganancias de las empresas transnacionales, sino como un instrumento que garantice los derechos humanos y la soberanía alimentaria.

Al afirmar que el comercio agrícola y alimentario debe respetar los derechos humanos y que la alimentación es un derecho humano fundamental y no una mercancía, La Vía Campesina aboga por un nuevo marco comercial que proteja los derechos campesinos y legitime medidas estatales como la protección de los mercados contra el dumping y la garantía de precios de apoyo para los productores.

"La Vía Campesina aboga por un nuevo marco comercial que proteja los derechos campesinos y legitime medidas estatales como la protección de los mercados contra el dumping y la garantía de precios de apoyo para los productores."

Con este fin, La Vía Campesina identifica a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) como el foro legítimo para construir este nuevo consenso multilateral, capaz de realinear las normas del comercio mundial con los derechos humanos.

Conclusión

El derecho al desarrollo, tal como lo entiende La Vía Campesina, constituye una respuesta integrada y radical a los fracasos sistémicos del modelo neoliberal. Se define por la realización de la justicia social, la sostenibilidad ecológica y el respeto de la dignidad de las poblaciones rurales.

Seguiremos luchando por nuestros derechos por todos los medios a nuestro alcance y, ante todo, mediante la movilización popular de nuestras bases. Seguiremos fortaleciendo nuestra incidencia a través de instrumentos jurídicos internacionales, como la UNDROP, para exigir la implementación de políticas públicas redistributivas y regulatorias capaces de concretar nuestro derecho al desarrollo, es decir, nuestro derecho a definir nuestros propios sistemas y modelos de desarrollo rural y agrícola, a la luz del paradigma de la soberanía alimentaria.

Al poner el énfasis en la autonomía y los saberes campesinos, y al situar a las mujeres rurales y a la juventud en el centro de la lucha, La Vía Campesina propone un camino que privilegia la protección de los ecosistemas y de las comunidades por encima de la acumulación de capital, reafirmando así su compromiso con una transformación sistémica del orden económico, comercial, financiero y social mundial.

[1] https://docs.un.org/es/A/HRC/54/50

[2] https://nyeleni.org/fr/

La entrada El derecho al desarrollo: una herramienta para la soberanía alimentaria y la implementación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos Campesinos se publicó primero en Defending Peasants' Rights.

Más que un acto conmemorativo, el webinario ofreció un espacio de intercambio entre organizaciones campesinas y rurales, así como movimientos sociales que trabajan en diversos contextos de Asia y África. Se centró en el intercambio de experiencias vividas de lucha y resistencia, al tiempo que examinó cómo los cambios geopolíticos y geoeconómicos en curso están afectando a las comunidades rurales. Entre los participantes se encontraban miembros de La Vía Campesina y organizaciones socias como SPI (Indonesia), CBOP (Burkina Faso), MONLAR (Sri Lanka), CAJF (Sudán) y PKRC (Pakistán). El evento también contó con la participación de Shalmali Guttal, miembro experta del Grupo de Trabajo de la ONU sobre la UNDROP para la región de Asia.

Mira el webinario completo a continuación (realizado en un formato multilingüe, con participantes que hablan en inglés, bahasa indonesia o francés):

La entrada Webinario internacional – Revitalizando el espíritu de Bandung para fortalecer la solidaridad del Sur global se publicó primero en Defending Peasants' Rights.

En este marco, el texto identifica una serie de líneas de acción concretas para avanzar en esa dirección. Entre ellas, destaca la necesidad de impulsar estrategias sostenidas de incidencia —combinando presión, cabildeo y diálogo con los Estados—, así como de fortalecer alianzas entre organizaciones campesinas, sociedad civil, universidades y sindicatos. También subraya la importancia de producir y difundir información basada en datos, estructurar una estrategia de comunicación pública y abordar de forma fundamentada las principales críticas planteadas por los Estados que votaron en contra o se abstuvieron durante el proceso de adopción de la declaración.

Por último, el artículo propone medidas tanto a nivel internacional como nacional, entendidas como parte de un proceso más amplio de desarrollo normativo y político. Estas incluyen la creación de mecanismos específicos dentro del sistema de Naciones Unidas, la integración de la UNDROP como marco de referencia en políticas globales, la adaptación de legislaciones internas y su uso en decisiones judiciales y administrativas. Asimismo, se resalta la importancia de documentar las violaciones de estos derechos y de analizar su aplicación a distintos grupos, con el objetivo de traducir estos estándares en impactos concretos en la vida de las poblaciones rurales.

El artículo completo se encuentra disponible a continuación:

La entrada Perspectivas de consolidación de los derechos de los campesinos y otras personas que trabajan en el mundo rural en el ordenamiento internacional se publicó primero en Defending Peasants' Rights.

La adopción de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en Zonas Rurales (UNDROP) en 2018 marcó un hito histórico para la justicia rural. Sin embargo, hasta la fecha, su desarrollo e implementación se han centrado en gran medida en el campesinado. Es fundamental recordar que los derechos consagrados en la UNDROP son plenamente aplicables a otros pueblos que viven y trabajan en territorios rurales y acuáticos, incluidos los pueblos pescadores. El artículo 1, párrafo 2 de la UNDROP es muy claro al respecto: “Esta Declaración se aplica a toda persona que se dedique a la agricultura artesanal o de pequeña escala, la siembra de cultivos, la cría de ganado, el pastoreo, la pesca, la silvicultura, la caza o la recolección, así como a la artesanía relacionada con la agricultura u otras ocupaciones conexas en una zona rural”.

En este sentido, resulta fundamental seguir abogando por la ampliación del alcance de la UNDROP, fortalecer su apropiación por parte de los pueblos pescadores y promover su visibilidad como sujetos plenos de derechos.

Interpretando la UNDROP desde los territorios acuáticos

Durante décadas, la lucha por los derechos territoriales se ha imaginado casi exclusivamente en términos de tierra. Sin embargo, al hablar de territorios en el contexto de la pesca en pequeña escala, es imprescindible destacar la interdependencia absoluta entre el agua y la tierra para los medios de vida, la soberanía alimentaria y la identidad cultural de estas comunidades. La costa y los cuerpos de agua continentales representan un entorno vital completo donde convergen la vida cotidiana, los medios de subsistencia y la cultura; donde termina la tierra, el territorio continúa en el agua.

Bajo este espíritu, una contribución fundamental que la pesca artesanal puede aportar a la interpretación de la UNDROP es el uso de conceptos paradigmáticos surgidos desde las ciencias sociales y los movimientos sociales en América Latina y el Caribe, como el Maritorio o Territorio de Vida. Este reconoce las áreas costeras y marinas de uso colectivo como espacios de soberanía alimentaria conformados por las personas que tradicionalmente los habitan; lugares entendidos como espacios espirituales e interculturales de “afecto con la naturaleza y la ancestralidad”, y no meramente como zonas de extracción.

A su vez, esta visión se expande hacia el concepto de Acuatorio, un término que permite comprender las “territorialidades anfibias” de las comunidades que habitan estos espacios. Esta perspectiva reconoce que la protección de la pesca artesanal requiere un enfoque que trate todos los ecosistemas acuáticos – ríos, lagunas, humedales – por igual, como territorios indivisibles de tierra y agua.

En consecuencia, el derecho a la tierra y a otros recursos naturales consagrado en el artículo 17 de la UNDROP debe interpretarse como un marco que abarca las complejas relaciones que las comunidades pesqueras mantienen con sus entornos acuáticos, reafirmando que el agua y la tierra constituyen dimensiones inseparables de este derecho.

Las amenazas: el “Acaparamiento de Océanos” y la Economía Azul

Hoy en día, los territorios pesqueros enfrentan una embestida sin precedentes de amenazas a sus vidas y medios de subsistencia. Bajo el pretexto de desarrollo y sostenibilidad, proyectos de turismo de lujo, energía offshore, acuicultura y pesca industrial, y exploración minera en aguas profundas están destruyendo los ecosistemas marinos y acaparando zonas de pesca y puntos de desembarque. Esto se conoce como Ocean Grabbing (acaparamiento de los océanos) o Blue Grabbing (acaparamiento azul).

Incluso, algunos enfoques de conservación ambiental, cuando se aplican bajo el modelo de “fortaleza” – es decir, áreas protegidas cerradas que excluyen a los habitantes tradicionales – también se han convertido en una amenaza. La UNDROP, en diálogo con las Directrices Voluntarias para Lograr la Sostenibilidad de la Pesca en Pequeña Escala en el Contexto de la Seguridad Alimentaria y la Erradicación de la Pobreza (Directrices PPE), debe utilizarse para reivindicar el importante papel de los pueblos pescadores – que han habitado estos territorios durante siglos – como verdaderos guardianes de la biodiversidad y los ecosistemas. Como establecen estas Directrices, la conservación no debe llevarse a cabo a expensas de las comunidades, sino en colaboración con ellas. Por ello, la protección de sus derechos de tenencia y el reconocimiento de sus prácticas y conocimientos tradicionales es – en sí misma -, una estrategia de conservación.

La tríada defensiva: UNDROP, Directrices PPE y Tenencia

La fuerzade la UNDROP para los pueblos pescadores radica en su capacidad de dialogar con otros instrumentos internacionales. En este sentido, para que la protección sea efectiva, la Declaración debe leerse a la luz de las Directrices PPE y de las Directrices Voluntarias sobre la Gobernanza Responsable de la Tenencia de la Tierra, la Pesca y los Bosques en el Contexto de la Seguridad Alimentaria Nacional (DVGT).

Mientras que las Directrices PPE y las DVGT proporcionan la hoja de ruta técnica para una gobernanza responsable, la UNDROP eleva estas recomendaciones al rango de Derechos Humanos. Juntas, forman un marco jurídico que permite a los pueblos pescadores exigir y luchar por la redistribución de la tierra/agua, el acceso preferencial a zonas de pesca y recursos, y la gestión colectiva de sus territorios acuáticos – tanto costeros como continentales – así como la protección contra cualquier desplazamiento o desalojo arbitrario e ilegal. Además, este marco respalda la garantía del Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI) y la realización de evaluaciones de impacto territorial frente a proyectos de “Economía Azul” a gran escala.

La UNDROP representa un instrumento precursor al reconocer el derecho al agua como un pilar esencial para la vida digna de los pueblos pescadores a pequeña escala y constituyendo la base misma de sus medios de subsistencia. Este derecho se entiende no sólo para el consumo humano, sino también para la producción de alimentos y, por extensión, para la pesca. Asimismo, al reconocer los sistemas de gestión comunitaria, este derecho refuerza la autonomía de las comunidades pesqueras en la gobernanza de sus territorios, donde el conocimiento tradicional desempeña un papel clave. Por último, la Declaración también establece disposiciones para que los Estados protejan a las comunidades frente a terceros, lo cual es crucial ante actividades extractivas o contaminantes que amenazan tanto el acceso a los territorios acuáticos como la integridad de los ecosistemas.

Las mujeres en el corazón de la pesca

Si la UNDROP ha de utilizarse como un escudo para los pueblos del mar, su protección debe ser particularmente sólida para las mujeres, que sostienen la vida y el tejido económico de sus comunidades, pero enfrentan una invisibilidad sistémica y jurídica. En la pesca artesanal, como en otros sectores rurales, la relación con el territorio está profundamente marcada por una dimensión de género: mientras los hombres suelen estar en el agua, el espacio productivo y vital de las mujeres es la orilla y la franja costera. Es allí donde procesan, secan y comercializan el pescado; en consecuencia, se ven desproporcionadamente afectadas por el acaparamiento de tierras y aguasy por el avance de la “economía azul”.

Este impacto diferenciado ha sido reconocido explícitamente por el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) en su Recomendación General N.º 34, al señalar que las mujeres rurales – incluidas las pescadoras – no constituyen un grupo homogéneo y sufren formas interseccionales de discriminación. Esta perspectiva ha sido reforzada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (OC-27/21), que establece que las mujeres que dependen de los recursos naturales enfrentan una “vulnerabilidad agravada” cuando su entorno es destruido, ya que se rompe no sólo su fuente de ingresos, sino también su tejido de cuidados y vida comunitaria.

Por lo tanto, bajo una lógica de protección integral, la UNDROP no puede interpretarse de forma aislada, sino en diálogo permanente con la CEDAW y las Directrices PPE, y en particular su capítulo 8. Esta articulación normativa constituye la base para exigir que los Estados reconozcan plenamente el trabajo de las mujeres en la pesca, respeten sus conocimientos sobre el uso sostenible de los recursos y garanticen la seguridad de tenencia de las tierras adyacentes al agua. Esto es esencial para que las pescadoras dejen de ser invisibles y actúen como actoras, responsables en la toma de decisiones y beneficiarias de las mismas.

En este sentido, el artículo 4 de la UNDROP establece disposiciones para que los Estados adopten medidas para eliminar la discriminación contra las mujeres pescadoras y garantizar su participación plena y efectiva en todos los procesos de toma de decisiones. Asimismo, reconoce sus derechos a acceder a recursos productivos, servicios y protección social en igualdad de condiciones, abordando las desigualdades estructurales que enfrentan. De este modo, el artículo 4 no sólo complementa los estándares de la CEDAW, sino que también consolida un enfoque transformador que exige políticas públicas con perspectiva de género en la pesca artesanal.

Del reconocimiento a la realización: la UNDROP como instrumento vivo para la pesca en pequeña escala

Aunque el término “campesino” configura gran parte del lenguaje de la UNDROP, su alcance es inequívoco: las y los pescadores y trabajadores de la pesca en pequeña escala son titulares plenos de derechos bajo este instrumento. Como sostuvo recientemente el Colectivo Internacional de Apoyo a los Trabajadores de la Pesca ( ICSF por sus siglas en inglés) ante el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la UNDROP, el desafío ya no es de reconocimiento, sino de realización. Es momento de derribar definitivamente la “frontera invisible” que históricamente ha excluido al agua de los debates agrarios y garantizar que las comunidades pesqueras se apropien de la Declaración como su propio escudo.

Desde esta perspectiva, hacer que la UNDROP tenga sentido en la vida de las comunidades pesqueras requiere ir más allá de una lectura meramente declarativa de los derechos. La Declaración debe movilizarse junto con las Directrices PPE y DVGT, no solo como instrumentos complementarios, sino como parte de una arquitectura coherente para la gobernanza pesquera basada en derechos. En este marco, los derechos humanos dejan de ser garantías abstractas y se convierten en herramientas de acción, arraigadas en las experiencias vividas, los sistemas de conocimiento y la organización colectiva de las comunidades.

En última instancia, transformar la UNDROP en una herramienta operativa es tanto un proceso político como colectivo. Depende del fortalecimiento de las capacidades de las organizaciones de pesca en pequeña escala, de su participación activa en los espacios de toma de decisiones y del refuerzo de las alianzas estratégicas que sostienen sus luchas. La experiencia histórica demuestra que el cambio duradero surge de esta interacción entre la resistencia comunitaria y una presencia técnica y política sostenida en los espacios de gobernanza global.

La UNDROP puede servir como una brújula vital, pero solo si es timoneada activamente por las propias comunidades que busca proteger. La tarea que queda por delante es asegurar que los pueblos pesqueros no solo se vean reflejados en esta Declaración, sino que la utilicen como una herramienta para proteger el futuro de sus territorios, sus medios de vida y sus derechos.

Candelaria Aráoz Falcón – Colectivo Internacional de Apoyo a los Trabajadores de la Pesca (ICSF)

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La Vía Campesina lanza su documento de posicionamiento sobre las guerras en el mundo, en el marco de los 30 años del Día Internacional de las Luchas Campesinas.

Bagnolet, 17 de abril de 2026 |  Hoy se conmemora 30 años de la masacre de Eldorado do Carajás, un lamentable hecho que marcó un hito dentro de La Vía Campesina, donde campesinxs sin tierra de Brasil fueron asesinados por la policía federal por defender su derecho a la reforma agraria. Kilómetros más allá y 30 años después de lo ocurrido, el mundo sigue sangrando a pueblos y familias inocentes en un escenario cada vez más crítico marcado por presión del poder imperial y las tensiones geopolíticas.

Conmemorando el Día Internacional de las Luchas Campesinas, nuestro movimiento presenta el documento de posicionamiento: Soberanía Alimentaria frente a la guerra, el imperialismo y el hambre de los pueblos en el mundo, un documento que aborda elementos clave para comprender el impacto de las guerras y el poder imperial en la Soberanía Alimentaria de los pueblos. El documento ha considerado cifras importantes que nos han brindado los reportes del Comité de Pesca de la FAO a través de su informe del Situación de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo (SOFI), el Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo, la Agencia de la ONU para lx s Refugiadxs (ACNUR), entre otros; respecto a los conflictos globales y los impactos en los sistemas alimentarios en los países afectados.

“Vivimos una era de convergencia de crisis sin precedentes. Nunca en la historia reciente han estallado tantos conflictos armados simultáneamente en tantos continentes. Las guerras en Gaza, Líbano, Mali, Ucrania, Sudán, Yemen, Myanmar, el Sahel, la República Democrática del Congo y Siria no son tragedias aisladas. Son las erupciones sintomáticas de un único sistema global estructuralmente enfermo, construido sobre la lógica de la acumulación de capital sin fin, el racismo estructural, la escalada de tensiones del poder geopolítico,la extracción de recursos y la dominación imperial neolocolonialista.”

La Vía Campesina, como movimiento donde convergen organizaciones campesinas a nivel global, ha reflexionado al respecto y denunciado constantemente el uso del hambre como arma de guerra y el negocio que está detrás. Con la destrucción y la ocupación militar se benefician las economías de EEUU, Israel y muchos países del norte global; promoviendo genocidios en curso y ejerciendo una suma incalculable de violaciones de derechos humanos y crímenes contra la humanidad, con riesgo de quedar impunes, donde las mujeres y la niñez son las más vulnerables.

Invitamos a nuestras organizaciones miembros y organizaciones aliados a estudiar y compartir el documento como herramienta popular de estudio y aporte del campesinado global en primera voz.

¡Unidxs contra el imperialismo, el neocolonialismo, la criminalización de nuestras luchas y el despojo de nuestros territorios!

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Las personas campesinas, pescadoras, pastoras, ganaderas, los trabajadores/as rurales y pueblos rurales son actores fundamentales en la transformación de los sistemas alimentarios y en la construcción de caminos hacia la soberanía alimentaria global. Por ello, la protección de sus derechos es clave para el futuro de la humanidad y de un planeta sostenible.

Una herramienta fundamental para proteger sus derechos es la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales (UNDROP). Esta proporciona un marco sólido para orientar políticas públicas, leyes y programas que salvaguarden la dignidad, los medios de vida y el derecho de las poblaciones rurales.

Defendiendo los Derechos Campesinos es una plataforma global para organizaciones y comunidades rurales que permite compartir conocimientos, amplificar luchas y construir poder colectivo para la implementación de sus derechos en todo el mundo.

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