El estudio examina la creciente tendencia de las contrarreformas agrarias en América Latina y el Caribe y su impacto sobre los derechos a la tierra garantizados por procesos anteriores de reforma agraria. Muestra cómo los recientes cambios legales, institucionales y administrativos están contribuyendo a una renovada concentración de la tierra y a una creciente presión sobre lxs campesinxs, los Pueblos Indígenas, las comunidades afrodescendientes y otras poblaciones rurales. El informe también identifica las principales formas que adoptan estas contrarreformas (reformas legales, financiarización de la tierra, acaparamiento verde impulsado por corporaciones y despojo promovido por el Estado) y analiza sus implicaciones para la justicia territorial y el desarrollo rural.

Asimismo, analiza los patrones actuales de concentración de la tierra en toda la región, destacando cómo las desigualdades históricas están siendo reforzadas por la financiarización y las adquisiciones de tierras a gran escala, condiciones estructurales que constituyen el trasfondo de las contrarreformas contemporáneas. A partir de estudios de caso de Bolivia, Argentina, Brasil, El Salvador, Guatemala, Honduras, Ecuador, así como de países del Caribe, explora una serie de medidas legales e institucionales que han debilitado las protecciones sobre la tierra, incluyendo la reclasificación administrativa, la desregulación, las políticas territoriales restrictivas, los procedimientos acelerados de expropiación, la criminalización de los conflictos relacionados con la tierra y la revocación de títulos de propiedad.

Además, identifica tendencias regionales más amplias y las evalúa a la luz de las normas internacionales de derechos humanos, argumentando que estas reformas reflejan un cambio más amplio en la gobernanza de la tierra que favorece la concentración económica mientras erosiona las protecciones reconocidas en los instrumentos internacionales, especialmente en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales (UNDROP).

El estudio concluye destacando una contradicción apremiante del actual momento agrario: mientras se logran avances significativos en el reconocimiento formal de los derechos de los pueblos rurales, los mecanismos administrativos, procedimentales y económicos necesarios para hacer efectivos esos derechos se están debilitando de manera constante a través de una arquitectura jurídica global que considera la tierra, los territorios y los recursos naturales como meros activos financieros.

Escucha el pódcast sobre este estudio:

Lea el estudio completo aquí:

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Los Pueblos Indígenas y los movimientos sociales reafirman su unidad y su apoyo a los organizadores de la CIRADR+20, pero rechazan la declaración de la conferencia en la ceremonia de clausura

Por La Via Campesina (28 Febrero 2026)

Comunicado del Comité Internacional de Planificación para la Soberanía Alimentaria (CIP)

CARTAGENA DE INDIAS, 28/02/2026 – En la sesión de clausura de la Conferencia Internacional sobre Reforma Agraria y Desarrollo Rural (CIRADR+20), los Pueblos Indígenas y los movimientos sociales, representados por el Comité Internacional de Planificación para la Soberanía Alimentaria (CIP)*, emitieron una contundente declaración política afirmando su “unidad irreductible” frente a los ataques continuos contra sus derechos.

Los movimientos expresaron su agradecimiento a los Gobiernos de Colombia y Brasil por volver a situar la reforma agraria en la agenda del diálogo político internacional y por incluir sus voces en el proceso de la conferencia. También destacaron la necesidad de que los gobiernos y los pueblos del Sur Global se mantengan unidos en defensa del derecho internacional y de los derechos humanos, señalando que Irán enfrenta actualmente lo que describen como otro ataque imperialista.

La declaración del CIP reafirmó que los derechos de los Pueblos Indígenas y de los campesinos están firmemente reconocidos en el derecho internacional, incluidos los instrumentos adoptados por la Asamblea General de las Naciones Unidas, como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (DNUDPI) y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales (UNDROP). El CIP rechazó cualquier intento de retroceder en estos derechos reconocidos.

Una preocupación central planteada fue la equiparación de los Pueblos Indígenas con el concepto vago de “comunidades locales”, repetido múltiples veces en la declaración de los gobiernos presentada al plenario. Si bien reconocieron la importancia de la Conferencia, los movimientos afirmaron que “no pueden aceptar la declaración” adoptada al concluir la misma. Se comprometieron a seguir participando en los procesos de seguimiento para garantizar que sus derechos sean respetados, protegidos y garantizados.

Las organizaciones de Pueblos Indígenas articuladas en CIP a través del Consejo Internacional de Tratados Indios (IITC) subrayaron que que los tres mecanismos de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas han distinguido claramente las características únicas, los orígenes y el estatus jurídico de los derechos de los Pueblos Indígenas, y advirtieron que agruparlos con comunidades indefinidas socava esas protecciones. Preocupaciones similares fueron expresadas por los pueblos pescadores, los pastores nómadas, los campesinos, los trabajadores rurales y las comunidades móviles y artesanales cuyos derechos territoriales y de movilidad deben ser reconocidos explícitamente.

La declaración llamó a una reforma agraria del siglo XXI que sea inclusiva de los Pueblos Indígenas, campesinos, pueblos pescadores, pastores, mujeres, jóvenes, personas con diversidad de género, comunidades afrodescendientes, agricultores familiares y trabajadores rurales. Subrayó que la reforma agraria debe ir más allá de la redistribución de la tierra para abarcar bosques, océanos, ríos, tierras de pastoreo y rutas migratorias. Redistribución, Reconocimiento, Restitución y Regulación deben conformar los ejes mutuamente reforzadores de una reforma agraria integral, atendiendo a las distintas realidades que existen en todo el mundo. La soberanía alimentaria y la agroecología, afirmaron, deben ser pilares centrales de esta transformación. La estrategia y los pasos concretos hacia una reforma agraria transformadora están expuestos en el documento de posición del CIP lanzado antes de la CIRADR+20.

La declaración concluyó con un llamado a todos los gobiernos a entablar un diálogo de buena fe sobre los derechos de los Pueblos Indígenas, los derechos de los pueblos pescadores y de los pastores nómadas, los derechos de las mujeres y la agroecología.

“La reforma agraria, la soberanía alimentaria y la justicia social, agraria y ambiental solo se lograrán a través de la lucha”, afirmó la declaración. “Estamos regresando a nuestros territorios para organizar a nuestros pueblos y defender el futuro de nuestras comunidades y de la Madre Tierra”.

* QUIÉNES SOMOS: El Comité Internacional de Planificación para la Soberanía Alimentaria

El Comité Internacional de Planificación para la Soberanía Alimentaria (CIP) es una plataforma mundial autónoma y autoorganizada de organizaciones de productores de alimentos a pequeña escala y trabajadores rurales, así como de movimientos sociales de base/comunitarios, cuyo objetivo es impulsar la agenda de la Soberanía Alimentaria a nivel mundial y regional. Más de 6000 organizaciones y 300 millones de productores de alimentos a pequeña escala se autoorganizan a través del CIP, compartiendo los principios y los 6 pilares de la Soberanía Alimentaria tal como se establecen en la Declaración de Nyeleni 2007 y su informe de síntesis.

El CIP facilita el diálogo y el debate entre actores de la sociedad civil, gobiernos y otros actores en el ámbito de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición, creando un espacio de discusión autónomo de partidos políticos, instituciones, gobiernos y el sector privado.

La legitimidad del CIP se basa en su capacidad de dar voz a las preocupaciones y luchas que una amplia variedad de organizaciones de la sociedad civil y movimientos sociales enfrentan en su práctica cotidiana de incidencia a nivel local, subnacional, regional y global.

Leer la Declaracion final del CIP

Leer el posicionamiento del CIP sobre la reforma agraria

Leer la nota informativa de la Via Campesina sobre la reforma agraria

Entrevista colaborativa sobre las conclusiones de la CIRADR+20 y del Foro de los Pueblos y de los Movimientos Sociales

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1: ¿Qué es la Asamblea de Mujeres Rurales y cuáles son sus principales áreas de trabajo?

La Asamblea de Mujeres Rurales es una red de movimientos de campesinas, pescadoras, trabajadoras agrícolas, migrantes y mujeres sin tierra, todas ellas residentes y trabajadoras en las zonas rurales de la región del sur de África. Estamos presentes en 11 países y contamos con cerca de 200 000 miembros. Se trata, por tanto, de un movimiento muy singular de mujeres rurales en la región.

Básicamente, la Asamblea de Mujeres Rurales da voz a las mujeres rurales y les permite actuar en cuestiones relacionadas con el acceso a la tierra y al agua, el derecho a la alimentación, el derecho a las semillas y, por supuesto, nos ocupamos de cuestiones patriarcales que afectan especialmente a las mujeres de las zonas rurales. Otro aspecto fundamental de nuestro trabajo es la justicia climática, que tiene un impacto considerable en la región, debido en gran medida a los numerosos ciclones que la azotan repetidamente, así como a otras crisis climaticas relacionadas.

Además, nos ocupamos de casos de violencia de género. En este sentido, desarrollamos ciclos de estudio en diferentes países, que son espacios que nos permiten debatir sobre cuestiones relacionadas con la violencia contra las mujeres.

También somos las guardianas de nuestras semillas, porque creemos que las semillas son nuestra vida, nuestro patrimonio, nuestra identidad, que no queremos perder. Nos encontramos en una situación en la que las empresas transnacionales, las empresas semilleras, quieren que eliminemos nuestras semillas, heredadas durante generaciones y generaciones. Estamos resistiendo ante ello.

2: ¿Por qué están aquí en Ginebra esta semana? ¿Cuáles son sus expectativas?

Estamos aquí en Ginebra para la 11.ª sesión de negociaciones sobre un tratado jurídicamente vinculante para regular las empresas transnacionales. Estamos aquí porque nuestras comunidades sufren a diario la violencia de las empresas transnacionales. A las personas de las comunidades les están arrebatando sus tierras, donde nosotras, las mujeres, cultivamos. También tenemos problemas relacionados con la crisis climática, como ya se ha dicho. Estas empresas deberían pagar por la contaminación, los daños y las pérdidas que sufrimos cada año. Sequías, inundaciones, entre otros hechos. Por eso estamos aquí, para contribuir a la elaboración de un tratado vinculante que responsabilice a estas empresas. Nuestro objetivo es que se apruebe el tratado para poder prevenir estas catástrofes.

Estamos aquí para hacer oír nuestra voz, porque cuando estamos en nuestros países podemos emitir declaraciones, pero estas no llegan a las Naciones Unidas. Por eso estamos aquí, en múltiples movimientos y comunidades, y una voz colectiva de diferentes países puede tener peso..

Estamos aquí como parte de la Campaña Global para Reivendicar la Soberania de los Pueblos, Desmantelar el Poder Corporativo y Poner fin a la Impunidad, una potente coalición de movimientos sociales, organizaciones progresistas y comunidades afectadas por las transnacionales, para plantear los problemas de las mujeres rurales del Sur Global. Estar aquí es fundamental para nosotras y forma parte de nuestra estrategia de incidencia como Asamblea de Mujeres Rurales. Queremos invertir y participar en diferentes plataformas para defender nuestros intereses a nivel local, nacional e internacional, y utilizar estos espacios de formulación de políticas globales o incluso los instrumentos de las Naciones Unidas para amplificar realmente nuestra voz.

3: ¿Cómo se relaciona la lucha por un tratado vinculante fuerte para regular las empresas transnacionales con la protección y la aplicación de los derechos campesinos, tal y como se describe en la UNDROP?

Hay una fuerte conexión. Me complació mucho saber que en el artículo 15.7 del borrador del tratado vinculante se ha incluido una disposición sobre los derechos campesinos y las poblaciones rurales, que ha recibido un fuerte apoyo de casi todos los países, en particular de Colombia y Palestina. El hecho de que los derechos campesinos se incluyan en este tratado dice mucho de la UNDROP. Este instrumento nos ayudará a impulsar nuestra agenda, de promoción y aplicación de la UNDROP en nuestros países. Nuestros países, por ejemplo Sudáfrica, votaron en favor de la declaración en 2018, pero todavía no contamos con una política que aplique la UNDROP. La existencia de este tratado vinculante reforzará nuestra labor de promoción y nuestro trabajo en nuestros países para garantizar que nuestros gobiernos rindan cuentas de la aplicación de ambos instrumentos. Por lo tanto, estos dos marcos jurídicos serán vehículos clave que utilizaremos en nuestras estrategias de promoción.

Es necesario resaltar que las violaciones que cometen las empresas transnacionales afectan precisamente los derechos que nos otorga la UNDROP. En particular, el derecho a las semillas, el derecho a la tierra y el derecho al agua. Cuando se adopte este tratado, dispondremos de una herramienta vinculante a la cual podremos recurrir para defendernos.

4: ¿Cómo afectan las actividades de las empresas transnacionales a sus comunidades?

En primer lugar, las empresas transnacionales quieren quitarnos nuestras semillas e imponer sus propias semillas industriales. Estas entidades vienen contaminando nuestra agua, causando enfermedades. La contaminación no solo afecta a las personas, sino también a los animales y los cultivos. Como resultado, padecemos enfermedades que ni siquiera reconocemos; a veces, incluso nuestros propios países nos dicen que no saben cómo tratarlas. Estos son los impactos a los que nos enfrentamos como resultado de lo que las empresas transnacionales están haciendo en nuestras comunidades.

La soberanía sobre las semillas ya no es un derecho. Las semillas han sido mercantilizadas por las empresas transnacionales. Se han convertido en una fuente de acumulación de capital en detrimento de la población rural pobre. Nuestros gobiernos ignoran que nuestras semillas son resistentes a los efectos del cambio climático. Nuestras semillas se pueden plantar varias veces. Cuando se compran semillas híbridas, solo duran un año. Si se intenta plantarlas después, no germinan. Nuestras semillas, en cambio, son resistentes: podemos plantarlas durante muchos años. Por lo tanto, tenemos seguridad alimentaria en casa y en la comunidad. Nuestras semillas son perfectas. No son perjudiciales. Tienen propiedades curativas y muchos nutrientes. Los alimentos que se obtienen de ellas se pueden cocinar de diferentes maneras. Se dice que hay hambre en Zambia. Eso es porque se sigue el pensamiento del mundo empresarial. Si pudiéramos pensar como piensan las mujeres rurales, habría mucha comida en Zambia. Ni siquiera debería haber hambre allí. Por lo tanto, este tratado también nos ayudará y protegerá nuestras semillas.

Las semillas híbridas son caras en comparación con nuestras propias semillas, ya que requieren fertilizantes y productos químicos. Si se plantan híbridas sin fertilizantes, no se obtiene nada. Por eso, también estamos tratando de promover nuestras propias semillas autóctonas, a pesar de las amenazas a las que nos enfrentamos por parte de nuestros gobiernos. Con el apoyo de nuestros gobiernos, las empresas transnacionales nos roban nuestras semillas, las convierten en híbridas y nos hacen pagar por ellas. Tenemos derecho a decir no a lo que nos ofrecen.

Además, están contaminando el medio ambiente y nos dicen que no debemos talar nuestros árboles para que estos puedan limpiar el carbono. Están interesados en desarrollar los mercados de créditos de carbono. Vienen a nuestras zonas y se apoderan de grandes extensiones de tierra. Dicen que ni siquiera debemos ir a recoger setas allí, que no debemos ir a recoger orugas allí. Ponen guardias para que no podamos ir a buscar leña. Así que tenemos nuestra propia tierra, pero no tenemos control sobre ella. Es muy intimidante. Venden carbono por mucho dinero, pero nosotros no obtenemos nada de eso.

También se apoderan de la tierra porque quieren explotar la minería, mientras que nosotras somos desplazadas de una tierra en la que hemos vivido durante tantos años. Incluso dañan las tumbas que se encuentran en esas tierras. Por lo tanto, es muy deshumanizante. Hay mucha impunidad en lo que hacen.

Estas empresas transnacionales han destruido nuestra tierra con la contaminación. Tienes un campo que no podrás utilizar durante los próximos 10 años porque ha sido dañado con minerales tóxicos desconocidos que han pasado por la zona. En la provincia de Copperbelt, en Zambia, que está cerca de donde vivimos, las empresas transnacionales contaminaron el río Kafue, que atraviesa todo el país. No podemos acceder al agua en tres cuartas partes de la tierra por la que pasa el río Kafue. No podemos comer ningún pescado de allí.

En Sudáfrica, los pescadores han denunciado a nuestro Gobierno —en particular a nuestro Departamento de Recursos Minerales y Energía— por realizar voladuras en el océano y por trabajar y colaborar con la empresa Shell, que buscaba petróleo en el océano en la parte oriental de Sudáfrica. Tenemos un caso similar en lo que respecta al titanio, que lleva mucho tiempo produciéndose también en la parte oriental de Sudáfrica, en Mbizana, donde las comunidades se están levantando y diciendo: «Tenemos derecho a decir no». El principio del consentimiento libre, previo e informado de las comunidades afectadas debe ser respetado. Se trata de un largo proceso judicial, y estas entidades deben rendir cuentas ahora. Deben pagar. Necesitamos reparaciones. Durante este proceso de resistencia, se han perdido vidas, defensoras han sido asesinadas y muchas están amenazadas en este mismo momento.

5: ¿Cómo han movilizado la UNDROP en África Australen favor de los derechos de las mujeres rurales?

En primer lugar, nos aseguramos de que nuestros miembros comprendieran lo que representa esta declaración y, por lo tanto, cuáles son los derechos que contiene. Llevamos a cabo una intensa labor de capacitación, educación y sensibilización entre nuestros miembros sobre sus derechos y sobre cómo involucrarse para defenderlos. Se trata de una declaración adoptada por las Naciones Unidas que todos los países deben aplicar, por lo que era fundamental para nosotros asegurarnos de que nuestras comunidades comprendieran sus derechos. Cada país tiene una estrategia de promoción, para amplificar la UNDROP en sus comunidades.

Por ejemplo, en Sudáfrica hemos llevado a cabo una campaña llamada “Una mujer, una hectárea de tierra”, para proporcionar más tierra a las mujeres. Combinamos esa campaña con la UNDROP, especialmente el derecho a la tierra, el derecho a la soberanía alimentaria y el derecho a utilizar nuestras semillas.

Como mujeres rurales de diferentes países, celebramos cada año festivales de alimentos y semillas. Lo hacemos para identificar qué semillas se han perdido, cuáles nos quedan y cómo podemos hacer un mejor uso de cada una. Ahora queremos crear bancos de semillas y campos de demostración donde podamos plantar estas semillas, para poder multiplicarlas. También desarrollamos iniciativas de intercambio de semillas. Trabajamos para aumentar nuestras reservas de semillas, de modo que, al resistirnos a las empresas transnacionales, también demostremos la fuerza de lo que tenemos.

En Suazilandia, por ejemplo, estamos involucrando a funcionarios del Gobierno en la aplicación de la UNDROP. Hemos colaborado con varios ministerios, incluido el Ministerio de Agricultura, pero aún no se han obtenido resultados concretos, ya que aún no han dado prioridad a la cuestión. También hemos comenzado a traducir la UNDROP a los idiomas locales para que sea accesible a nuestra población, a las mujeres.

6: ¿Cuál es su mensaje para los Estados del África meridional en relación con su participación en el proceso del Tratado vinculante?

Lo fundamental en este podio es escuchar las voces del Sur Global, especialmente las de nuestros gobiernos africanos. Queremos que pongan fin a la impunidad de las empresas. Tienen que actuar por nuestra gente, por nuestras comunidades, por los pobres, por nuestras naciones. En Sudáfrica, por ejemplo, tenemos una gran constitución en materia de derechos humanos. Sudáfrica ha firmado declaraciones y se ha comprometido históricamente con la UNDROP. Por lo tanto, exigimos que nuestra voz sea escuchada y que estos instrumentos sean implementados.

Nos gustaría que más países africanos participaran activamente en este proceso de negociación del Tratado vinculante. Los gobiernos deben intervenir, encontrar mercados para nuestros alimentos autóctonos y promocionarlos, y ayudar al campesinado. Si no tenemos maíz, tenemos sorgo, diferentes tipos de frijoles, yuca. Podemos preparar una comida con eso. Por lo tanto, deberían anteponer la vida de su pueblo a la protección de los llamados inversores que vienen a nuestros países solo para saquearlos. Extraen los minerales, se los llevan y, cuando regresan, nos vemos obligados a recomprar nuestros propios recursos a un precio muy elevado.

Si las empresas vienen como inversores a nuestros países, que construyan escuelas, carreteras, hospitales. El gobierno debería plantar cara y luchar por nosotras. Debenejar de mirar los beneficios y mirar las vidas de nuestro pueblo!

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La Vía Campesina Brasil presentó una contribución escrita (disponible en inglés y portugués) en respuesta al llamado del Grupo de Trabajo de la ONU sobre la UNDROP, delineando los principales desafíos del campesinado brasileño. Elaborado colectivamente tras la realización de una formación sobre la UNDROP para organizaciones brasileñas de la LVC, el texto también presenta una visión colectiva sobre el estado actual del derecho a la participación de los campesinos y campesinas en Brasil.

Durante los meses de enero y marzo de 2025, se realizó una formación sobre la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Campesinos y de las Campesinas (UNDROP) para organizaciones miembro de La Vía Campesina en Brasil, con el apoyo de la organización de derechos humanos Terra de Direitos y del CETIM. Esta fue la primera formación sobre la UNDROP dirigida a movimientos sociales y organizaciones rurales de base en Brasil, siendo un ejemplo práctico de la implementación de la estrategia de La Vía Campesina Internacional de realizar capacitaciones sobre la Declaración para sus bases en los más diversos países.

El objetivo de la formación no fue solo dar a conocer la UNDROP entre sus titulares de derechos, sino también facilitar y fomentar una apropiación popular de esta Declaración en sus luchas políticas y jurídicas a nivel local, nacional, regional e internacional. La formación también tuvo como objetivo central la elaboración de un plan estratégico para incidir en diversas instancias gubernamentales, jurídicas y políticas, buscando la implementación de la Declaración con la participación activa de campesinos, campesinas y otros pueblos rurales cuyos derechos están consagrados en la UNDROP.

En el marco de esta primera formación en Brasil, las y los participantes de los diversos movimientos sociales que integran La Vía Campesina Brasil estudiaron la historia del proceso de construcción de la UNDROP y el contenido del instrumento, destacando los derechos a la tierra, a la biodiversidad, a las semillas y a la soberanía alimentaria. En un segundo momento, discutieron casos concretos de violaciones a los derechos establecidos por la UNDROP ocurridos en territorio nacional, perpetrados principalmente por empresas transnacionales y terratenientes del agronegocio.

Aprovechando el capital político de los movimientos sociales presentes, impulsar la implementación de la UNDROP desde una perspectiva popular es crucial en el arduo y prolongado trabajo por la justicia social, la reforma agraria y la soberanía alimentaria en el medio rural brasileño. En este sentido, el plan estratégico elaborado colectivamente durante la formación aportó una importante claridad sobre el camino a seguir para promover e implementar la UNDROP en Brasil y traducir sus disposiciones tanto en el ámbito legal como en las políticas públicas.

Entre las diversas iniciativas a realizar, se encuentra la incidencia ante las Naciones Unidas (ONU), especialmente ante su recién creado Grupo de Trabajo (GT) sobre la UNDROP. Al participar en los debates del GT y colaborar con su trabajo, las organizaciones campesinas y rurales alrededor del mundo pueden utilizar este mecanismo internacional para avanzar en la implementación de la UNDROP en sus respectivos países. Después de todo, una de las funciones del GT es precisamente recomendar, apoyar y acompañar a los países miembros de la ONU en la implementación de la Declaración, para que esta pueda ser un vector directo en la elaboración de políticas públicas, programas y leyes que realmente reparen las desigualdades en el campo.

En marzo de 2025, el GT lanzó una convocatoria pública para que organizaciones campesinas y rurales, así como gobiernos y otras instituciones, colaborarán con sus próximos dos estudios, en los que se abordarán los siguientes temas: i. tendencias globales en los desafíos que afectan a los campesinos y las campesinas; ii. derecho de los campesinos y campesinas a la participación equitativa. Así, La Vía Campesina Brasil, a través de la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT), el Movimiento de los Pequeños Agricultores (MPA), el Movimiento de los Afectados por Represas (MAB), el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST), junto con Terra de Direitos y con el apoyo técnico del CETIM, presentó un documento para contribuir a los estudios del GT desde los desafíos del campesinado brasileño. El documento, disponible aquí (en inglés y portugués), presenta una perspectiva colectiva sobre la actual coyuntura de los desafíos de los pueblos rurales en Brasil, cuya síntesis se presenta a continuación:

Los campesinos, las campesinas, pescadores artesanales, pueblos tradicionales y trabajadores rurales en Brasil enfrentan desafíos estructurales que amenazan sus modos de vida y derechos fundamentales. La concentración de tierras y los conflictos agrarios se agravan por la falta de reforma agraria y la privatización de áreas comunes, llevando a violencias e impunidad. Además, el acceso a políticas públicas es limitado por la burocracia, la falta de asistencia técnica e infraestructura, mientras que la crisis climática y los grandes proyectos, como represas, desplazan comunidades y degradan el medio ambiente. La identidad cultural campesina también es amenazada por el avance del agronegocio, que sustituye prácticas sostenibles por monocultivos e intensifica el uso de agrotóxicos. La criminalización de las luchas por derechos territoriales y la falta de acceso a la justicia también perpetúan la vulnerabilidad de estas poblaciones, especialmente indígenas, quilombolas y comunidades extractivistas, que sufren violencias y exclusión social.

El derecho a la participación de campesinos y trabajadores rurales en decisiones políticas aún enfrenta barreras significativas en Brasil. La exclusión de estos grupos se manifiesta en la falta de acceso a información, la dificultad de representación política efectiva y la ausencia de consultas previas, libres e informadas, especialmente en procesos de licenciamiento ambiental y formulación de políticas públicas. Comunidades tradicionales, como indígenas y quilombolas, frecuentemente ven sus derechos violados, sin canales adecuados para influir en decisiones que impactan sus territorios y modos de vida. Además, la marginalización política se agrava por la predominancia del agronegocio, que concentra poder y recursos, limitando la voz de la agricultura familiar y los pequeños productores en espacios decisorios nacionales e internacionales.

A pesar de estos desafíos, existen mecanismos y políticas que buscan ampliar la participación rural, como los Consejos de desarrollo agrícola (CONDRAF), foros de discusión y programas de fortalecimiento de la agricultura familiar. La Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Campesinos y las Campesinas (UNDROP) y el Convenio 169 de la OIT ofrecen bases legales para exigir consultas participativas. Sin embargo, la efectividad de estos instrumentos depende de la presión social, el acceso a la justicia y el compromiso del Estado en garantizar que las voces del campo sean escuchadas. Los movimientos sociales han desempeñado un papel crucial en esta lucha, promoviendo marchas, ocupaciones de tierras e incidencia política para asegurar que los derechos participativos no sean solo formales, sino concretos y transformadores.

Al igual que La Vía Campesina Brasil, la realización de procesos formativos sobre la UNDROP a nivel nacional y/o regional, la elaboración de un plan estratégico por parte de los movimientos locales para su promoción y la participación en el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Derechos Campesinos son pasos esenciales para implementar la UNDROP. Este es un camino fundamental para dar vida a la Declaración desde las bases, mediante la apropiación de sus derechos por los y las titulares de derechos y la incorporación de la UNDROP en sus luchas políticas y jurídicas por la justicia social y los derechos humanos de los pueblos del campo.

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El Movimiento para la Reforma Agraria y Agrícola (MONLAR), que representa a más de 5.000 trabajadores campesinxs de Sri Lanka, presentó recientemente una solicitud al gobierno en la que enumera varios casos de violación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos Campesinos y Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales, de la que Sri Lanka es signataria. También instó al Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Declaración a iniciar una evaluación sobre cómo las condiciones del FMI, otras instituciones financieras internacionales y la arquitectura global de la deuda violan los derechos humanos de campesinxs y trabajadores. La solicitud, de la que se reproduce un extracto a continuación, también revela cómo las instituciones financieras globales han implementado reformas económicas que han transferido la carga de la estabilización económica a los sectores más pobres de la sociedad mediante medidas de austeridad.

1,65 millones de campesinxs y pequeños productores de alimentos de Sri Lanka trabajan en menos de 2 hectáreas cada uno y, sin embargo, producen el 80% de los alimentos del país. Pero las políticas económicas impulsadas por la deuda y defendidas por el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial y el Banco Asiático de Desarrollo (BAD) han acabado con la autonomía de campesinxs y pescadores en la producción de alimentos y con su capacidad para garantizar la soberanía alimentaria. A través de diversos programas de ajuste estructural, las Instituciones Financieras Internacionales (IFI) empujan a Sri Lanka a dar prioridad a los cultivos comerciales para la exportación frente a los alimentos para el consumo interno. Las reformas agrícolas orientadas a la exportación, que integraron la agricultura intensiva en capital, han favorecido a las agroindustrias y debilitado a campesinxs y pequeños pescadores al hacerlos dependientes del mercado para insumos como semillas, fertilizantes, redes de pesca y embarcaciones. Como consecuencia del creciente coste de la producción de alimentos, campesinxs y pescadores están profundamente endeudados, desposeídos de sus tierras, convertidos en jornaleros agrícolas en sus tierras y emigrando a zonas industriales locales o al extranjero como trabajadores en régimen de servidumbre.

El fracaso del actual sistema agrícola a la hora de crear medios de vida dignos para campesinxs y otros trabajadores de las zonas rurales queda patente en los altísimos niveles de concentración de la pobreza en las zonas rurales y de plantaciones, donde vive más del 80% de los pobres de Sri Lanka.

Sri Lanka se enfrentó a una de las peores crisis económicas en 2022 al incumplir el pago de su deuda externa en abril de 2022. La crisis económica tuvo un impacto devastador en las comunidades rurales, provocando la duplicación de los índices de pobreza. El FMI, otras IFI y acreedores privados han utilizado la crisis y el impago de la deuda para empujar a Sri Lanka a su 17º programa con el FMI, un Servicio Ampliado del Fondo de 48 meses por valor de unos 3.000 millones de dólares.

El Movimiento por la Reforma Agraria y de la Tierra (MONLAR), que representa a más de 5.000 trabajadores campesinos de Sri Lanka, presentó recientemente al gobierno un escrito en el que enumera varios casos de violación de la Declaración de la ONU sobre los derechos de los campesinos y otras personas que trabajan en zonas rurales, de la que Sri Lanka es signataria.

La presentación, de la que reproducimos un extracto a continuación, también revela cómo las instituciones financieras mundiales han impuesto reformas económicas que han transferido la carga de la estabilización económica a los sectores más pobres de la sociedad a través de medidas de austeridad.

Violación del Artículo 2: Responsabilidad del Estado

Dos días antes de las elecciones presidenciales de septiembre de 2024, Sri Lanka se vio obligada a firmar un acuerdo con acreedores internacionales para reestructurar su deuda con prestamistas privados. Este acuerdo, que no se hizo público ni se debatió con el público, ni siquiera en el Parlamento de Sri Lanka, obligó al país a priorizar el pago de la deuda sobre los derechos de la población de Sri Lanka. Afectará gravemente a la capacidad del gobierno para invertir en la producción de alimentos, el desarrollo de los medios de subsistencia rurales y la seguridad social de las comunidades rurales.

Violación del artículo 4: No discriminación contra la mujer

A pesar de que su contribución no se reconoce ni se refleja en los marcos políticos nacionales, la participación de las campesinas en la producción alimentaria de Sri Lanka es fundamental. Las campesinas se enfrentan a numerosas barreras que les impiden alcanzar su pleno potencial: la falta de acceso y control sobre los recursos naturales, los mercados, los servicios financieros, la tecnología y las responsabilidades de cuidado. Sin embargo, las campesinas apoyan la producción de alimentos como miembros no remunerados de la familia, trabajadoras agrícolas o a través de huertos domésticos. Sin embargo, no se les reconoce ni se les da importancia en el gasto público a nivel macro. Por lo tanto, están excluidas a dos niveles: como mujeres y como pequeñas productoras de alimentos.

Violación del artículo 15: derecho a la alimentación y soberanía alimentaria

La desnutrición y la malnutrición han sido siempre motivo de grave preocupación en Sri Lanka, donde el 32,6% de las mujeres de entre 15 y 49 años padecen anemia y el 15,9% de la niñez presentan deficiencias por bajo peso al nacer. La situación ha empeorado entre las familias de los trabajadores agrícolas del sector de las plantaciones. A pesar de ser considerado un país “agrícola”, Sri Lanka depende en gran medida de la importación de alimentos. La vulnerabilidad de nuestra seguridad alimentaria se pone de manifiesto durante crisis como la pandemia, conflictos geopolíticos como la guerra entre Ucrania y Rusia, y la escasez de divisas.

La crisis económica de 2022 ha empeorado aún más la situación. Según el Programa Mundial de Alimentos, en enero de 2023, 6,3 millones de personas, es decir, más del 30% de la población de Sri Lanka, sufrían “inseguridad alimentaria” y necesitaban ayuda humanitaria. De ellas, unos 5,3 millones reducían o se saltaban comidas, y al menos 65.600 personas padecían inseguridad alimentaria grave. El aumento del IVA también disparó la inflación de los alimentos.

Violación del Artículo 16: Derecho a unos ingresos y medios de vida dignos y a los medios de producción

Las reformas económicas aplicadas a través del 17º programa del FMI han transferido la carga de la estabilización económica a los sectores más pobres de la sociedad a través de medidas de austeridad. La aplicación de los precios de la energía con recuperación de costes recomendados por el FMI casi ha triplicado los precios del combustible y la electricidad, lo que ha tenido efectos devastadores en los medios de subsistencia de los campesinos y la pesca. Los impuestos sobre equipos, semillas e insumos químicos han aumentado los costes de producción, sumiendo a los campesinos en la pobreza y el endeudamiento.

El endeudamiento de campesinxs y pescadores está vinculado principalmente a la expansión de la agricultura intensiva en capital y a la proliferación de los préstamos con ánimo de lucro por parte de bancos y sociedades financieras, como los préstamos de microfinanciación. Con la retirada del Estado de la concesión de créditos agrarios, el endeudamiento se ha convertido en una característica permanente en la vida de campesinxs y pescadores. Los suicidios entre campesinxs en la década de 1990 y entre las campesinas después de 2015 ilustran el carácter prolongado del endeudamiento en el sector agrario. Según las estadísticas nacionales de 2019, el endeudamiento es más frecuente en el sector rural y en el sector de las fincas que en el sector urbano. El 60,9% y el 64,4% de los hogares de los sectores rural y de las fincas, respectivamente, están endeudados. Vavuniya y Polonnaruwa, zonas predominantemente agrícolas, situadas también cerca de los mayores molinos arroceros propiedad de particulares, registraron las mayores incidencias de endeudamiento, con un 76,1% y un 70,3% de hogares endeudados.

Violación del Artículo 17: Derecho a la tierra

Las IFI, como el FMI y el Banco Mundial, abogan desde hace tiempo por privatizar los mercados de tierras en Sri Lanka. Los títulos de propiedad de la tierra se distribuyen a lxs agricultores levantando las restricciones para que lxs campesinxs vendan sus tierras proporcionadas por el Estado a personas ajenas a él, lo que ha sido una antigua exigencia de estas IFI. Con el actual programa del FMI, esta exigencia ha vuelto a la palestra, y el gobierno ha introducido un nuevo programa para proporcionar títulos de propiedad de la tierra a lxs campesinxs. Con la actual crisis económica y el endeudamiento de lxs campesinxs, MONLAR y muchas otras organizaciones temen que esta medida conduzca al despojo a gran escala de las tierras de lxs campesinxs.

En la actualidad, el Estado no reconoce el derecho consuetudinario a la tierra, por lo que muchos campesinxs han perdido las tierras que han cultivado y en las que han vivido durante generaciones. Debido a la falta de reconocimiento de la tenencia, muchas comunidades se ven desplazadas cuando llegan a sus pueblos proyectos y urbanizaciones a gran escala.

Aunque han pasado 15 años desde el final de la guerra, grandes extensiones de tierra en el Norte siguen bajo ocupación militar. Las comunidades minoritarias han utilizado estas tierras durante generaciones, antes y durante la guerra, y ocupan un lugar clave en sus medios de vida y su cultura. Algunos de los residentes de estas tierras son desplazados internos, mientras que otros siguen viviendo en campos de desplazados internos.

Violación del artículo 24: derecho a la vivienda

Incluso después de 200 años, los descendientes de las personas traídas a Sri Lanka desde el sur de la India como trabajadores contratados (comunidad Malaiyaga) en las plantaciones de té y caucho de Sri Lanka no son propietarios de sus viviendas ni de sus tierras. Se vieron obligados a vivir en las tierras de las plantaciones (propiedad del Estado y de empresas privadas) en viviendas de muy baja calidad. Carecen de acceso a la tierra para su producción alimentaria y siguen siendo vulnerables a los desalojos por parte de los terratenientes: las empresas de las plantaciones.

Recomendaciones al Gobierno de Sri Lanka

1. Salir inmediatamente de los acuerdos en curso con el FMI y de reestructuración de la deuda, ya que son desfavorables y perjudiciales. El gobierno debe negociar nuevos acuerdos que garanticen el desarrollo económico sostenible del país y los derechos socioeconómicos de campesinos, trabajadores y otras comunidades pobres y vulnerables.
2. Introducir las reformas necesarias en el marco jurídico y político local para hacer valer los derechos consagrados en el UNDROP. Algunas acciones inmediatas pueden ser:

• Revisar las leyes actuales relativas a la tierra, las semillas, el agua, la biodiversidad y otros recursos naturales para garantizar los derechos de lxs campesinos y otros trabajadores de las zonas rurales.
• Codificación de una nueva Constitución que integre los derechos sociales, económicos y culturales de campesinxs, trabajadores y otros como derechos humanos fundamentales.
• Reconocer la soberanía alimentaria y los derechos de lxs campesinxs y trabajadores rurales como prioridades clave en la formulación de su política agrícola, de desarrollo y económica.
• Realizar una auditoría de la deuda agraria y proporcionar alivio de la deuda, incluida su condonación.
• Reconocer a las mujeres como actores clave en la agricultura, la producción de alimentos y la economía rural. Asignar recursos a través de los presupuestos nacionales y locales para garantizar que las mujeres tengan acceso a recursos financieros accesibles y justos. El gobierno debe apoyar las acciones colectivas de las campesinas en los sistemas de producción, transformación, comercialización y ahorro de alimentos.
• Liberar todas las tierras ocupadas por los militares en el Norte y el Este a sus propietarios originales, y apoyar a los campesinos y otros productores de alimentos para que vuelvan a ganarse la vida en esas tierras.
• Reconocer y cumplir la demanda de la comunidad Malaiyaga de asignar tierras para su vivienda y la producción de alimentos.

MONLAR también pidió al Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Declaración de los Derechos Campesinos y Otras Personas que Trabajan en Zonas Rurales que inicie una evaluación de cómo las condiciones del FMI, otras IFI y la arquitectura de la deuda mundial violan los derechos humanos de los campesinos y trabajadores, y también que inicie un estudio entre países para examinar el impacto de la microfinanciación en las mujeres y el desarrollo rural.

La entrada Sri Lanka: MONLAR pide al gobierno de reformar la ley interna para adaptarla a la UNDROP se publicó primero en Defending Peasants' Rights.

Hoy unimos nuestras manos a las de campesinos, trabajadores rurales sin tierra, pequeños productores de alimentos, pueblos indígenas y otros pueblos que trabajan en zonas rurales de todo el mundo para conmemorar el Día Internacional de las Luchas Campesinas.

El acaparamiento de tierras sigue intensificándose, impulsado por la agroindustria, la minería, los proyectos energéticos y los llamados planes de «desarrollo». Se talan bosques y tierras ancestrales, se convierten nuestros territorios en emplazamientos comerciales y se privatizan las fuentes de agua, todo ello para dar paso a inversiones con ánimo de lucro.

Cuando los campesinos se resisten, se enfrentan a la represión. Se les acosa, vigila y etiqueta falsamente de «antidesarrollo» y enemigos del Estado. Muchos son encarcelados bajo acusaciones falsas. Otros nunca regresan a casa. Se ataca su derecho a organizarse y sus comunidades viven atemorizadas. Mientras tanto, quienes destruyen la tierra y violan los derechos humanos gozan de protección e incluso son recompensados.

Se trata de un esfuerzo sistemático para desmantelar la resistencia, silenciar la disidencia y despejar el camino a la acumulación de capital. Sin embargo, los campesinos siguen levantándose. Se organizan, resisten y reivindican su derecho a la tierra, a la alimentación y a una vida digna.

En este día, rendimos homenaje a los agricultores de Samahan ng Nagkakaisang Mamamayan ng Barangay Sumalo (SANAMABASU) Hermosa, Bataan, por su valentía. Desde 2009, la organización ha defendido incansablemente sus tierras frente al intento de Litton & Co., Inc. y Riverforest Development Corporation (RDC) de convertirlas para uso industrial, lo que llevó a su criminalización por parte de la corporación. Aunque los campesinos, acusados de delitos no excarcelables, fueron puestos en libertad bajo fianza el 8 de enero de 2025, la comunidad se enfrenta ahora a una nueva represión, ya que RDC ha presentado demandas de expulsión para desplazarlos de sus hogares y tierras de cultivo.

El 16 de septiembre de 2024, los mandatos de cinco Relatores Especiales y Grupos de Trabajo de las Naciones Unidas enviaron una comunicación conjunta a Litton & Co., Inc. y Riverforest Development Corporation (RDC), así como al Gobierno de la República de Filipinas. Esta comunicación ponía de manifiesto importantes preocupaciones en materia de derechos humanos en relación con la situación de la comunidad. Entre los principales problemas figuraban los desalojos forzosos, la demolición de viviendas, la restricción del acceso a las tierras cultivadas, la criminalización y la prohibición de las actividades agrícolas.

En una respuesta fechada el 16 de enero de 2025, RDC refutó las alegaciones. Afirmaron que las tierras en cuestión no eran aptas para la agricultura, alegando que ningún agricultor legítimo las cultivaba. Acusaron a algunos miembros de la comunidad de aprovecharse del Programa Integral de Reforma Agraria (CARP) en beneficio propio y calificaron sus acciones de ilegales. La RDC defendió la legalidad de los desalojos, alegando que sólo se dirigían contra quienes obstaculizaban los planes de desarrollo.

Mientras tanto, la respuesta del gobierno de Filipinas fechada el 23 de enero de 2025 afirmaba que el caso de estafa sindicada¹ presentado contra los agricultores «ya ha sido desestimado por insuficiencia de pruebas». También exponían otros esfuerzos del gobierno en materia de reforma agraria. Sin embargo, esto no es cierto, ya que los agricultores siguen asistiendo a las vistas judiciales en los dos casos pendientes de estafa sindicada.

El 28 de enero de 2025, la Comisión de Reforma Agraria de la Cámara de Representantes llevó a cabo una investigación en el Congreso sobre la criminalización y el acoso a los que se enfrentan los agricultores y los beneficiarios de la reforma agraria (ARB) en el país. A pesar de que se trata de un avance positivo, el Congreso se encuentra ahora en receso de sesiones hasta junio para dar margen a las próximas elecciones de mayo. Esto significa que se necesitará otro esfuerzo de presión en el próximo Congreso que comienza en julio, ya que un nuevo grupo de representantes ocupará los escaños del Congreso.

Con estos acontecimientos, reafirmamos nuestro compromiso con su causa y con todos los agricultores que se enfrentan al mismo dilema. Alzamos nuestras voces en unidad para exigir:

1. La aplicación de la reforma agraria y la redistribución de la tierra entre quienes la cultivan;
2. La protección de los dominios ancestrales y territorios indígenas;
3. Fin del acaparamiento de tierras y de las agresiones al desarrollo dirigidas por las empresas;
4. La derogación de leyes y políticas que favorecen a las empresas en detrimento de las comunidades;
5. Justicia para las víctimas de homicidios, detenciones y hostigamiento relacionados con la tierra;
6. El fin de la criminalización, militarización y etiquetado rojo de los líderes y defensores campesinos;
7. El reconocimiento y la protección de los derechos de los campesinos, consagrados en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales (UNDROP); y
8. Soberanía alimentaria, no sistemas alimentarios controlados por las empresas.

Honramos a los caídos, a los encarcelados por defender la tierra y a los que siguen luchando frente a las amenazas y el miedo. Vuestro valor perdura en cada semilla plantada, en cada barricada construida, en cada trozo de tierra recuperado y en cada lucha colectiva por la justicia ganada.

Tierra para los labradores. Justicia para los oprimidos.

¡Viva la resistencia campesina!

Firmado:

Organisations:

• Kilusan para sa Repormang Agraryo at Katarungang Panlipunan (KATARUNGAN), Philippines
• FIAN International
• FIAN Indonesia
• FIAN Switzerland
• FIAN Austria
• FIAN Nepal
• FIAN Sri Lanka
• Focus on the Global South 
• Centre Europe – Tiers Monde (CETIM)
• Habitat International Coalition-Housing and Land Rights Network
• National Fisheries Solidarity Movement in Sri Lanka 
• LOAM Sri Lanka
• Gaza Urban & Peri-urban Agriculture Platform (GUPAP), Gaza, Palestine   
• Pakistan Kissan Rabita Committee, Pakistan  
• Participatory Research & Action Network- PRAAN, Bangladesh
• Bangladesh Food Security Network- KHANI, Bangladesh
• Anti-jindal & Anti-POSCO Movement (JPPSS) Odisha, India
• Youth’s Forum for Protection of Human Rights, Manipur, India   
• Zambia Alliance for Agroecology and Biodiversity (ZAAB) 
• Seed and Knowledge Initiative (SKI) 
• UBINIG, Bangladesh 
• Coastal Action Network (CAN), India 
• Feminist Dalit Organization (FEDO), Nepal

Individuals: 

• Claudio Schuftan, PHM and WPHNA
• Prof. Dr. Anne C Bellows, Syracuse University, USA

1 La estafa sindicada se define en el Decreto Presidencial nº 1689 e implica a un grupo de cinco o más individuos que forman un sindicato para defraudar al público, normalmente con la intención de apropiarse indebidamente de fondos o bienes a gran escala, y se castiga con cadena perpetua.

La entrada Declaración conjunta de las organizaciones campesinas y de solidaridad en el Día Internacional de las Luchas Campesinas se publicó primero en Defending Peasants' Rights.

La entrada Labor de la FAO en relación conlos temas de la Declaración delas Naciones Unidas sobre losDerechos de los Campesinos yde Otras Personas que Trabajanen las Zonas Rurales se publicó primero en Defending Peasants' Rights.

¿Podría describirnos su organización, el MAP, sus principales ámbitos de lucha y los retos a los que el campesinado en Bélgica se enfrenta?

El Mouvement d’Action Paysanne (MAP) es una asociación belga de campesinos y ciudadanos. Creamos la Escuela Campesina Independiente, basada en una red de granjas escolares para transmitir conocimientos y técnicas agrícolas. Con MAP, defendemos una agricultura campesina sostenible y una soberanía alimentaria basada en la autonomía y la resiliencia. Hablamos aquí de autonomía técnica, pero también de autonomía de decisión, de autonomía operativa y de autonomía de grupo, es decir, de la posibilidad de organizarse dentro de una red campesina con su propio modo de funcionamiento e interdependencia. Y queremos que la agricultura sea lo suficientemente resiliente como para hacer frente a las numerosas crisis a las que nos enfrentamos actualmente, ya sean sociales, energéticas, climáticas o económicas.

Desde 2015, tenemos 5 prioridades: defender los derechos campesinos cambiando la ley, elaborar y difundir un discurso agrícola fuerte, organizar al campesinado, formar a (futuros) campesinos y campesinas para que puedan ser agentes del cambio y, por último, cultivar y reencantar el movimiento agrícola.

También participamos activamente en el Sistema Participativo de Garantía (SPG). Frente a unas etiquetas ecológicas que ya no significan gran cosa, y para acercar a consumidores y productores, hemos avanzado el concepto de SPG. Se trata de una herramienta de autocontrol compuesta por una granja acogedora, campesinas/os del mismo sector, un grupo de consumidores y un embajador. Basado en la confianza, una red de partes interesadas e intercambios de conocimientos, nos permite definir juntos objetivos para avanzar hacia la agroecología, co-construirlos y evaluar los progresos de forma regular y conjunta.

En cuanto a los retos, para nosotros la cuestión central son los ingresos de las campesinas y los campesinos. Varios factores dificultan la obtención de ingresos justos: costes de producción elevados en comparación con los productos importados producidos a muy bajo coste, menos tierras cultivables disponibles debido al desarrollo concreto, usos no alimentarios como la agrovoltaica, los agrocombustibles y la agricultura del carbono. En cuanto a la tierra, los precios por hectárea también están subiendo, principalmente debido a la apropiación de tierras por parte de grandes grupos industriales o inversores privados que se dedican a la agricultura industrial.

Ustedes han redactado y publicado una «Carta de Comunas Campesinas». ¿De qué trata y cuáles son sus objetivos?

Las Naciones Unidas han elaborado una Declaración de los Derechos Campesinos (UNDROP). Bélgica participa en una comisión para aplicar esta declaración en Europa, pero nos damos cuenta de que pocas personas, ciudadanos o políticos, la conocen. Nuestro objetivo es, por tanto, dar a conocer la UNDROP en los distintos niveles de gobierno, empezando por el más accesible a los ciudadanos: los municipios (o comunas). Y motivar a las autoridades locales para que la apliquen.

Por ello, hemos elaborado una Carta de Comunas Campesinas en la que se recogen los derechos consagrados en la UNDROP, con propuestas para su aplicación práctica a nivel local. La estamos distribuyendo en todos los municipios y entre los candidatos a las elecciones municipales de este otoño para inspirarles y motivarles a tomar partido y comprometerse. Con esta carta queremos que la UNDROP pase de lo global a lo local.

«Son las instancias políticas locales, los municipios, y sus representantes electos, quienes tienen el poder, el deber y la responsabilidad de implicar a todos los ciudadanos en la aplicación de medidas locales concretas».

Carta de Comunas Campesinas, MAP, p7

Para las elecciones municipales de 2018, el MAP ya había optado por interpelar a las autoridades políticas municipales (las más accesibles para los ciudadanos). Habíamos elaborado una carta basada en nuestros resultados sobre la agricultura campesina y que daba palancas de acción a nivel municipal. Así que repetimos la experiencia, esta vez poniendo de relieve la Declaración de los Derechos de los Campesinos y utilizándola como base para proponer acciones.

¿Cómo van a difundir la Carta entre los representantes electos?

Nombrando embajadores que transmitan la Carta a sus autoridades locales. No hay nada como el contacto directo de ciudadanas y ciudadanos motivados para hacer llegar el mensaje a las autoridades locales. En breve publicaremos un vídeo a este respeto.

Y no olvidemos el encuentro en nuestra Feria Campesina donde vamos a presentar y discutir de la Carta. Todos los años organizamos esta Feria, escaparate de la agroecología campesina y alternativa a la Grande Feria agricola de Libramont, un encuentro agroindustrial que se celebra el mismo fin de semana en la misma región. La Feria Campesina es, por tanto, el lugar ideal para presentar la UNDROP al mayor número posible de visitantes. Demasiada poca gente conoce la Declaración.

¿Puede darnos algunos ejemplos de los derechos consagrados en la UNDROP que han utilizado en su Carta, adaptándolos al contexto y al mandato municipal?

En la Carta incluimos 10 artículos de la UNDROP: artículo 2 obligaciones de los Estados, artículo 9 libertad de asociación, artículo 10 derecho a la participación, artículo 15 derecho a la alimentación y a la soberanía alimentaria, artículo 16 derecho a una renta digna y a los medios de producción, artículo 17 derecho a la tierra, artículo 18 derecho al medio ambiente, artículo 19 derecho a las semillas, artículo 20 derecho a la biodiversidad y artículo 25 derecho a la educación y a la formación.

El derecho para el que hacemos más propuestas es el derecho a la alimentación y a la soberanía alimentaria. Empezamos con propuestas generales, como informar a las y los ciudadanos de sus derechos, y luego pasamos a propuestas más concretas y específicas. A continuación, proponemos que las autoridades locales lleven a cabo evaluaciones de su autonomía alimentaria y agrícola, de las necesidades de sus residentes y de los recursos de que dispone la autoridad local. La siguiente etapa que proponemos es la construcción colectiva, con los residentes locales, de objetivos para la alimentación en la comunidad. Esto puede conducir, por ejemplo, a la creación de un sistema local de ayuda alimentaria sana, o de una restauración local basada en la agricultura. Para cada etapa, detallamos los procedimientos y damos ejemplos de autoridades locales que ya han aplicado estas propuestas.

También podemos hablar del derecho a la tierra: el acceso a la tierra es una cuestión clave hoy en día. Los principales pilares son animar a las campesinas y campesinos a establecerse y proteger la tierra en la que se cultivan los alimentos. Puedo dar ejemplos concretos de acciones que puede emprender un municipio, como poner a disposición terrenos comunales, permitir la instalación de viviendas ligeras, prohibir la urbanización de hormigón y buscar viviendas vacías.

También hemos elegido derechos políticos para destacar: la libertad de asociación y el derecho a la participación. En ambos casos, las autoridades locales pueden llevar a cabo un gran número de acciones.

¿Cómo ve la estrategia de promoción y aplicación de la Carta a escala nacional? En otras palabras, ¿cómo encaja esta Carta -dirigida específicamente a las autoridades locales/comunales- con la estrategia de promoción a nivel de las autoridades nacionales en Bélgica?

Para completar el círculo: ¡de lo local a lo global! Esperamos que las autoridades locales transmitan la Carta y la UNDROP a nivel regional y nacional. Hacer un seguimiento de todo esto va a requerir mucho trabajo. El 17 de abril, Día Internacional de la Lucha Campesina, será la ocasión de celebrar reuniones sobre la UNDROP, así como de hacer balance de las acciones basadas en la Carta. Pero el MAP necesitará apoyo para conseguirlo.

También estamos trabajando con socios, como FIAN Belgica, para difundir la UNDROP y la Carta entre todas las autoridades locales de Valonia y Bruselas.

También pensamos que sería una buena idea dar a conocer la UNDROP en el sector jurídico y en las facultades de Derecho y universidades, entre los futuros juristas, abogados y jueces… ¡está por ver cómo!

¿Qué papel cree que desempeñan las campesinas/os y ciudadanas/os en la difusión de UNDROP?

Tenemos una campaña del MAP llamada «Je suis paysan.ne» (Soy campesina/o), que es esencial para vincular el campesinado a la ciudadanía: ¡todos somos campesinas/os! ¿Por qué? Porque nuestros abuelos lo eran. Pero sobre todo ¡porque todos tenemos que alimentarnos cada día! La cuestión de la alimentación, y por tanto de la agricultura, cristaliza hoy en día todos los grandes retos de nuestra sociedad: la transmisión del saber y del conocimiento, la salud, la justicia social, la protección de la naturaleza, los desafíos climáticos y energéticos, etc.

Necesitamos construir urgentemente nuestra soberanía alimentaria. Todas las ciudadanas y ciudadanos tenemos un papel importante que desempeñar para dar a conocer nuestros derechos. ¡Es nuestro deber!

La entrada «UNDROP de lo local a lo global». – Entrevista con Serge Peereboom, de MAP Bélgica se publicó primero en Defending Peasants' Rights.

El Estado examinado puede decidir entonces si acepta o si sólo toma nota de las recomendaciones formuladas. En caso de aceptación, sera posible de hacer un seguimiento de la aplicación concreta de las recomendaciones. En el ciclo del EPU siguiente (cada 4 años), el Consejo de derechos humanos, y las organizaciones de la sociedad civil, evaluara la aplicación o falta de aplicación de las recomendaciones aceptadas en el ciclo anterior.

Se trata de un mecanismo útil en el sentido de que, en el caso de la UNDROP, permite a las organizaciones campesinas y de la sociedad civil emitir recomendaciones sobre la implementación de la UNDROP y de asegurar un seguimiento de ese proceso, como parte de la incidencia política en las autoridades publicas.

Ponemos a su disposición a continuación el informe elaborado por el CETIM sobre la aplicación de los derechos contenidos en el UNDROP por parte del Estado de Cuba. Para nosotros, se trata de un buen ejemplo de cómo puede utilizarse el mecanismo del EPU para supervisar las políticas nacionales en materia de derechos de lxs campesinxs. En el caso de Cuba, el CETIM reconoce y fomenta las buenas prácticas en relación con estos derechos, proporcionando un ejemplo de políticas de aplicación del UNDROP que podría inspirar a otros Estados.

La entrada Examen Periódico Universal de Cuba: el CETIM destaca las buenas prácticas en materia de derechos de lxs campesinxs se publicó primero en Defending Peasants' Rights.

Criminalización injusta

14 miembros de la minoría Isan que practican la agricultura familiar en el pueblo de Sab Wai, en Tailandia, han sido acusados injustamente de destruir e «invadir los bosques», a pesar de que vivían en esas tierras antes de que se convirtieran en el Parque Nacional protegido de Sai Thong en 1992.

Estas acusaciones se derivan del uso de las normas gubernamentales de 2014 para mitigar el cambio climático (Política de recuperación de bosques, Órdenes 64 y 66 de la NCPO). Se suponía que estas políticas, adoptadas en el marco de la participación de Tailandia en el Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques del Banco Mundial, impedirían el uso abusivo de terrenos forestales por parte de grandes empresas. En la práctica, sin embargo, 10 millones de personas -2.700 comunidades forestales- de toda Tailandia están amenazadas de desalojo de sus tierras¹. Aunque estas normas estipulaban que «cualquier operación no debe repercutir en las personas pobres que han vivido en estas tierras», más de 7.000 aldeanos son encarcelados cada año por «usurpación de bosques» (y más de 46.000 personas han sido detenidas desde que se aplicó la política²).

«El Gobierno tailandés está instrumentalizando su compromiso con el Acuerdo de París y la necesidad de reducir las emisiones de carbono y criminalizando a los aldeanos pobres, mientras que los pueblos indígenas y las comunidades dependientes de los bosques están contribuyendo realmente a la protección de los bosques a través de sus formas de vida y cultura tradicionales.³»

Fundación Manushya, 4 de agosto de 2022

En 2018, los 14 aldeanos de Sab Wai en cuestión fueron condenados a pagar multas, abandonar sus tierras y destruir todas sus instalaciones. 11 de ellos quedaron en libertad condicional y otros 3 fueron condenados a penas de prisión de entre 5 meses y 4 años. Estas sentencias fueron confirmadas por el Tribunal de Apelación en 2019 y por el Corte Suprema en 2021.

Recurso a los procedimientos especiales de la ONU

Ante esta situación, las organizaciones de derechos humanos⁴ apoyaron a los habitantes de Sab Wai y se dirigieron con ellos a los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

El 23 de junio de 2019, remitieron el caso a siete relatores especiales: sobre la extrema pobreza, sobre el derecho a la alimentación, sobre el derecho a una vivienda adecuada, sobre el derecho a un medio ambiente sano, sobre la libertad de opinión y de expresión, sobre la libertad de reunión pacífica y sobre los defensores de los derechos humanos. Los relatores especiales son expertos independientes nombrados por el Consejo de Derechos Humanos para informar sobre la situación de los derechos humanos y asesorar sobre su aplicación. Para ello, pueden emitir informes temáticos, realizar visitas a países, recibir denuncias y comunicarse con los Estados en cuestión.

Los aldeanos se pusieron en contacto con los Relatores Especiales y pidieron al gobierno tailandés que explicara sus acciones y su compatibilidad con el derecho internacional. En su comunicación con el gobierno tailandés, también advirtieron de que, si se llevaban a cabo los desalojos, se violarían los derechos humanos de los aldeanos, en particular sus derechos a la vivienda, la alimentación, el agua, la salud y el trabajo. Los Relatores Especiales señalan que: «Si bien el medio ambiente debe protegerse para garantizar el disfrute de los derechos humanos, el propio medio ambiente depende del ejercicio de los derechos humanos. Por lo tanto, es esencial que las políticas de conservación integren estos derechos⁵«.

El 10 de junio de 2020, un año después de la remisión de los relatores, el gobierno tailandés dio una respuesta parcial a sus preguntas, eludiendo en particular las frecuentes amenazas proferidas por los agentes del parque de Sai Thong contra los 14 aldeanos. Como la situación no mejoraba para ellos, en agosto de 2022 se envió una segunda queja urgente a los procedimientos especiales de la ONU.

Los Relatores especiales de la ONU han vuelto a dirigir su atención al gobierno tailandés. En su comunicación, deploran que las órdenes de desalojo se hayan dictado sin que se ofrecieran viviendas o tierras de cultivo alternativas, y sin que se pagaran indemnizaciones adecuadas. Destacan la contradicción (o hipocresía) de las autoridades, que criminalizan a las comunidades que dependen de los bosques y de la agricultura familiar con el pretexto de luchar contra el cambio climático, al tiempo que autorizan a numerosos inversores a operar en zonas protegidas e incluso retiran hectáreas de las reservas naturales para transformarlas en zonas económicas especiales.

Los Relatores especiales piden también recibir información precisa sobre esta situación y, a la espera de una respuesta de las autoridades tailandesas, solicitan que adopten todas las medidas cautelares necesarias para poner fin a las presuntas violaciones y evitar que se repitan.

Según informaciones recientes de la Fundación Manushya, la amenaza de desalojo de los aldeanos se ha levantado durante un año, mientras las autoridades encuentran una solución.

Convocatoria bienvenida de la Declaración sobre los Derechos de lxs Campesinxs

En su última comunicación, los Relatores especiales expresan su grave preocupación por el hecho de que el gobierno tailandés no tenga en cuenta el impacto de sus políticas sobre los derechos humanos de las comunidades dependientes de los bosques, en particular su derecho a un nivel de vida adecuado, incluyendo una alimentación y una vivienda adecuadas. Este derecho está reconocido en el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. También se menciona en varios artículos de la UNDROP, por ejemplo en los artículos 16 y 17.

Los Relatores especiales recurrieron a estos instrumentos internacionales de derechos humanos al final de su comunicación para recordar a Tailandia sus obligaciones. Tailandia ha ratificado el mencionado Pacto -que es un tratado vinculante- y votó a favor de la adopción de la UNDROP en la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Los Relatores invocaron dos artículos de la Declaración en el caso de los aldeanos de Sab Wai.

El artículo 17.1 reconoce el derecho de los campesinos y trabajadores de las zonas rurales a la tierra, las masas de agua, las zonas costeras y pesqueras, los pastos y los bosques. Pueden utilizarlos y «gestionarlos de manera sostenible, para garantizar un nivel de vida adecuado, disponer de un lugar donde vivir con seguridad, paz y dignidad, y desarrollar sus culturas«.

El artículo 18.3 establece que: «Los Estados cumplirán sus respectivas obligaciones internacionales en materia de lucha contra el cambio climático. Los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales tienen derecho a contribuir a la elaboración y aplicación de políticas nacionales y locales de adaptación al cambio climático y mitigación de sus efectos, incluso mediante el uso de conocimientos y prácticas tradicionales.«

La mención de estos artículos es importante, ya que atestigua el uso cada vez más frecuente de esta joven declaración -adoptada en 2018- en el sistema de la ONU (véase el artículo de Christophe Golay). El uso de la Declaración por parte de los Relatores no solo contribuye a dar a conocer el texto, sino sobre todo a establecer su alcance y llamar la atención de los Estados sobre la necesidad de incorporar estos derechos en sus políticas y legislaciones nacionales. También contribuye a poner de relieve la necesidad de un mecanismo especial dedicado a la Declaración en el seno del Consejo de Derechos Humanos (en octubre 2023, el Consejo de derechos humanos de la ONU a creado un nuevo mecanismo de seguimiento dedicado a la UNDROP, véase este articulo).

Cuanto más movilicen la Declaración los distintos organismos de la ONU y los campesinos y demás personas que trabajan en las zonas rurales, más se integrará en el panorama de los derechos humanos, convirtiéndose en un instrumento esencial a todos los niveles.

1. https://en.wikipedia.org/wiki/Sai_Thong_National_Park#cite_note-SCMP-20200202-4 ︎
2. https://www.mekongeye.com/2023/01/16/thailan-troubled-forest-policy/ ︎
3. Petition to the United Nations for urgent measures to protect the 14 inhabitants of Sab Wai https://www.manushyafoundation.org/_files/ugd/a0db76_b0596c8c728849b2b163130b061f4548.pdf p.4 ︎
4. Isaan Land Reform Network, Manushya Foundation, Focus on the Global South, iLAW, Protection International, Institute of Human Rights and Peace STudies Mahidol University, Rangsit University ︎
5. Communication from the special rapporteurs to the Thai Government, AL THA 7/2019, August 19, 2019. ︎

La entrada En nombre del clima: criminalización de comunidades campesinas y guardas forestales en Tailandia se publicó primero en Defending Peasants' Rights.

El 26 de octubre de 2023, ECVC organizó una mesa redonda para pedir a la Unión Europea que incluya la tierra agrícola en su agenda y que tenga en cuenta su propuesta de directiva así como el UNDROP, encuentra AQUÍ la nota de prensa del evento.

A continuación encontrará la introducción de ECVC a su propuesta de directiva y el texto completo de la propuesta para descargar.

Presentamos nuestra propuesta de directiva europea sobre la gobernanza de las tierras agrícolas. Para acabar con la concentración de la tierra: ¡más campesinxs en Europa!

Llevamos mucho tiempo exigiendo la aplicación del derecho a la tierra definido en el artículo 17 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y Otros Trabajadores Rurales. Hoy en día, este derecho está amenazado: la concentración y el acaparamiento de tierras provocan la desaparición de granjas, el aumento del precio de la tierra, la desvitalización de las zonas rurales y la industrialización de las prácticas. El uso de la tierra se encuentra en la encrucijada de los problemas económicos, sociales, ecológicos y climáticos de la agricultura europea.

No existe un marco europeo para la gobernanza de la tierra, pero muchas políticas europeas repercuten en el precio de la tierra, su estado o su distribución, empezando por la PAC y la asignación de subvenciones en función del número de hectáreas. Esta constatación es compartida por las propias instituciones europeas: la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas atestigua que la tierra no es una mercancía como las demás, el Parlamento reconoce las amenazas a las que se enfrenta y reclama una política de la tierra independiente de las meras fuerzas del mercado.

Así pues, apremiados por la urgencia, publicamos hoy una Propuesta de Directiva Europea sobre el Suelo Agrícola. Hemos analizado el estado de las tierras agrícolas y las medidas concretas para garantizar la realización del derecho a la tierra, y presentamos una propuesta global de directiva.

Es imperativo que la población agrícola se duplique de aquí a 2040, y esta directiva es esencial para alcanzar este objetivo. También es una herramienta para apoyar las reformas agrarias a nivel local y nacional. Es necesario que la Comisión retome la cuestión e incluya el acceso a la tierra en su plan de trabajo.

La entrada Propuesta de Directiva de la UE sobre suelo agrícola se publicó primero en Defending Peasants' Rights.

El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas vota a favor de la creación de un Grupo de Trabajo sobre UNDROP

El 12 de octubre, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas votó, por amplia mayoría, la creación de un Grupo de Trabajo dedicado a la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los campesinos y otras personas que trabajan en zonas rurales. Este Grupo de Trabajo estará compuesto por cinco expertos, con una representación geográfica equilibrada. La función de estos expertos consistirá en supervisar la aplicación efectiva del UNDROP. Se trata de una decisión capital del Consejo de Derechos Humanos, que refuerza el UNDROP a nivel internacional. Este procedimiento especial era una demanda de La Vía Campesina y sus aliados, ¡es una victoria para ellos y los derechos de los campesinos que todos celebramos!

Hemos publicado en Defendiendo los Derechos Campesinos la declaración completa de La Vía Campesina sobre esta victoria histórica AQUÍ y para saber más sobre este procedimiento especial, puedes leer AQUÍ una nota de incidencia política sobre el mismo.

¡Nuevos vídeos de formación
en nuestro canal Youtube!

La Vía Campesina y el CETIM han creado juntos un curso de formación sobre la UNDROP. Todos los materiales de formación están ya disponibles en nuestra página web y en nuestro canal de Youtube. Hemos reunido el material para tres sesiones de aprendizaje: Historia, Derechos Clave e Implementación. Para estas tres sesiones, pedimos a los líderes campesinos y a sus aliados que realizaran vídeos cortos explicando un tema y dando ejemplos concretos. Puedes encontrar todos estos vídeos en nuestro canal de Youtube @DefendingPeasantsRights

Cartel de la UNDROP

En apoyo de la UNDROP, FIAN Bélgica ha creado un cartel con los derechos que contiene. Esta obra de arte que presenta la UNDROP ha sido creada por la artista Murielle Lô. El código QR que aparece en la parte inferior del cartel enlaza con este sitio web. Para sensibilizar a la opinión pública sobre los derechos de lxs campesinxs, no dudes en descargar este cartel y darle la mayor difusión posible.

Puedes encontrar el cartel en varios formatos (pdf, png, eps) Aquí.

El derecho a las semillas en primer plano

Estos últimos meses hemos publicado varios contenidos relacionados con el derecho a las semillas. Publicamos un archivo de antes de la adopción del UNDROP: una entrevista a Guy Kastler, un campesino francés experto en el derecho a las semillas. En este vídeo, explica por qué el derecho a las semillas tiene que ser reconocido en UNDROP, sus explicaciones siguen siendo extremadamente relevantes hoy en día.

También publicamos un informe de investigación de Christophe Golay, de la Academia de Ginebra: El derecho a las semillas en África (en ing y fr) . Esta investigación se centra en la aplicación del derecho a las semillas en el contexto específico de África. Se suma al informe ya publicado sobre el derecho a las semillas en Europa.

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La entrada Defendiendo los Derechos Campesinos – Boletín n°3 se publicó primero en Defending Peasants' Rights.